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Categoría: Politica y Actualidad

  • La tragedia de las comarcas

    La comarca Ngöbe Buglé fue diseñada siguiendo el modelo de la comarca Guna Yala, pero con una enorme diferencia: los Gnobes no son Gunas, su cultura y forma de organización social son distintas. El Congreso General Guna trabaja como un cuasi estado. El problema de Guna Yala es que no son una región autónoma dentro de Panamá, pero tienen todo para serlo. Por lo menos los Gunas tienen una organización política clara, mientras que los Gnobes no pasan del caciquismo.

    Entonces la comarca Ngöbe Buglé pasa a tener todos los problemas de la comarca Guna, como la falta de una delimitación clara a nivel constitucional y de legislación, de dónde comienzan las leyes panameñas y dónde las de la comarca, y el limitar los derechos de propiedad a lo interno de la comarca para evitar colonos. A esto, la comarca Gnobe añade el problema que la organización política no es clara y no pasa de un caciquismo literal. El resultado es que la comarca Ngöbe Buglé es una demostración a nivel humano de la tragedia de los comunes. Lo que es de todos, no es de nadie, y lo que es de nadie los políticos lo asignan. No tienen propiedad privada con titularidad de manera individual dentro de la comarca, porque está prohibida, viviendo los indígenas en una especie de “comunismo primitivo”, o más bien, sin adornos ni alegorías, en un “latifundio de estado”. Donde la comarca es una región autónoma del Estado con propiedad colectiva estatal, que es usufructuada de manera consuetudinaria por los indígenas, pero a la hora de la verdad, cuando se necesite una explotación minera como Cerro Colorado, o hidroeléctrica, los políticos del gobierno central lo asignan a terceros fuera de la comarca, sin importar mucho la opinión de los indígenas; los cuales solo reciben promesas de escuelas o agua potable, y sí muchos perdigones si salen a protestar a la Panamericana en San Félix.

    Las comarcas deprimen mucho los indicadores socioeconómicos de Panamá; en PIB per cápita, en pobreza extrema, en distribución del ingreso, en salubridad, escolaridad, en educación. Y la comarca Ngöbe Buglé es la más problemática de todas. La idea de una comarca como una especie de reservorio biológico humano, de una reserva zoológica humana, de un museo viviente, donde nos limpiamos la conciencia por el trato dado a los indígenas por 500 años diciendo, “métanse en ese hueco y no salgan de allí jamás”, son un fracaso. Los Gunas tienen otros problemas distintos, pero por lo menos cuentan con una organización política clara; los Emberá Wounan son pocos pero por estar cerca de la zona canalera, pueden beneficiarse del turismo y explotarlo. El tema es que el grupo más numeroso es el más pobre y el menos organizado, con caciques que parecen más interesados en explotar personalmente su capacidad de conseguir votos para los partidos grandes, que ayudar a su comunidad. Y esa miseria se vio reflejada en el asesinato ritual de 7 personas en el Terrón. Donde la ignorancia, el fanatismo, la ausencia de Estado en su expresión más básica, el monopolio de la violencia, se combinaron para crear una tragedia. Tragedia que se va a seguir repitiendo en el futuro de alguna manera u otra en cuanto no cambie la situación de la comarca.

    Dicho esto, las comarcas tienen algo positivo, que es el evitar la deforestación que es endémica de las áreas fuera de la comarca, donde la cultura de potreros amenaza tanto la selva tropical como la cuenca de las hidroeléctricas y del propio canal de Panamá. Así que la solución es buscar un balance entre preservar la cultura indígena de cada etnia, pero integrarlas al mundo globalizado. Porque aunque no sea políticamente correcto decirlo, lo cierto es que el éxito económico tiene raíces culturales. Una cultura de agricultores pre feudales o de cazadores recolectores, no puede tener los mismos valores de una cultura basada en comercio, la ciencia y la técnica. En algunas cosas los indígenas tendrán que aprender a adaptarse.  Como en su momento lo hicieron los indígenas Seminoles de la Florida. Que convirtieron su reserva en una especie de corporación cooperativa a lo interno, pero en una empresa multinacional a lo externo, y hoy son más ricos que muchos norteamericanos blancos.

    Para lograr eso, tendrían que hacerse en Panamá varias cosas. Todas ellas implican romper con el modelo unitario de Estado heredados de la constitución colombiana de 1886.

    Primero, crear una figura jurídica que permita a las comarcas funcionar como cooperativas a lo interno, con derechos de propiedad definidos para los habitantes de la comarca dentro de esa cooperativa o régimen de propiedad horizontal. La figura de las corporaciones de desarrollo indígena que existen en otros países, debe traerse a Panamá.

    Segundo, dar a las comarcas la última palabra como propietarias del subsuelo de las explotaciones mineras dentro de las mismas, y que las regalías de estas explotaciones vayan principalmente a las comarcas. Lo mismo se debe hacer con las explotaciones hidrográficas.

    Tercero, educación. La educación debe ser bilingüe o trilingüe. Por un lado debemos reconocer que los idiomas indígenas son idiomas, no dialectos, aunque frecuentemente la traducción de la Biblia a estos idiomas por los evangélicos, contribuye a fijar un dialecto tradicional como dialecto estándar. Ese dialecto estándar debe ser la base del sistema educativo, eso sí, combinado con el español y de ser posible con el inglés, para asegurar la inserción del indígena en el mundo, sin perder su identidad, pero dispuesto a interactuar con la cultura nacional y la universal. Y con fuerza en las ciencias. Si realmente el indígena vive más apegado a la naturaleza, debería ser muy apto para las ciencias naturales.

    Pero está claro que dejar las cosas como están no ayuda a nadie, no ayuda a los indígenas, y no ayuda a Panamá.

  • Los trabajos se crean en las empresas no en el gobierno

    En La Prensa del 14 de enero de 2020 sale a relucir una vez más esa tendencia de ver a la sociedad como un hato de ganado que debe ser harreado por los iluminados burócratas estatales. El titular que me movió a escribir al respecto lee: “Nuevas plazas de empleo para jóvenes, un desafío en la estrategia del Gobierno.” Según parece, son muchos a quienes les cuesta entender que la función propia del gobierno no está en hacer sino en ver que se haga sin trampas. Es así ya que cuando el gobierno se toma la tarea de hacer, deja de ser juez para convertirse en parte; pero una parte chambona, y peor, que no rinde cuentas ante nadie.

    La influencia gubernamental para ayudar en la creación de plazas de trabajo o de desempleo va de la mano con el fiel cumplimiento del buen mandato constitucional que le sea delegado por la comunidad. Y digo “que le sea delegado”, ya que mucho hemos prostituido la ley a partir de la misma constitución. Y el buen mandato, según dice nuestra constitución tiene el “…fin supremo de fortalecer la Nación y garantizar la libertad…” Lástima que luego se va diluyendo y extraviando en incoherencias. Y mucho peor, que en la práctica eluden constantemente ese mandato fundamental.

    No se puede “fortalecer la nación” confiscando fondos al sector productivo para crecer el sector centralizado bajo la baladí presunción de que el gobierno podrá hacer aquello que no logran hacer los ciudadanos; que en el caso que nos ocupa es la creación de plazas de trabajo.

    Lastimosamente, desde los dictados keynesianos se alega que con más intervención estatal se pueden mejorar economías flacas. Es menester separar la función gubernamental de seguridad, de velador por la libertad y la justicia y la función de constructor de infraestructuras civiles . Hacer más carreteras y contratar a más policías no aumenta el empleo productivo; ese que sólo viene a través de las empresas ciudadanas, que pueden beneficiarse de esa infraestructura, pero el asunto como todo, es definir cuál es beneficiosa y cuál se hace para otros beneficios no tan santos.

    Si a estas alturas todavía no vemos el error de creer que vamos a prosperar lanzando toneladas de dinero del sector contribuyente en obras gubernamentales, ello significa que no lo haremos. Particularmente hoy que sufrimos la resaca o goma de la parranda, endeudamiento, coimas y corrupción. Y es que en la medida en que le restas dinero al ciudadano contribuyente, mengua la inversión productiva, con lo cual terminamos desacelerando la actividad comercial. Los impuestos tienen su lugar y función, pero comedidamente. ¿O será que usted es uno de los que creen que el gobierno puede dar mejor uso al dinero suyo?

    La resta económica al sector corporativo, sector que apenas representa una pequeña parte de los ingresos estatales, producirá una disminución en la actividad económica y en las plazas de trabajo. Lo mismo que volcarse a pedir prestado para financiar obras que a menudo se desvían en corrupción.

    Por otro lado, cuando el gobierno gasta dinero cacareando sus obras y alegando que estas producen trabajos, los ciudadanos se van con el cuento y pierden vista de la verdadera naturaleza de una economía de mercado. Estudios en los EE.UU. han demostrado que el producto de supuestos estímulos y subsidios terminan deteriorando la economía. ¿Y qué mayor prueba del poder del dinero en manos ciudadanos que el aumento de la economía estadounidense con la baja de los impuestos del gobierno actual?

    Obvio que una nación necesita gobierno y funcionarios públicos; el asunto está en buen culantro, pero no tanto. La proposición keynesiana de que los gobiernos pueden cebar la bomba de la economía a punta de dinero de los contribuyentes no tiene sentido. Preguntemos a Laffit Pincay acerca del secreto de ganar las carreras de caballo… ¡afloja las riendas al caballo!

  • ¿Qué es la propiedad privada?

    Hay pocas expresiones comúnmente usadas que sean tan mal entendidas como la frase “propiedad privada” (PP); y, a riesgo de simple y cansón lloveré sobre mojado. Y es que la importancia de entender lo que es y lo que implica la PP es primordial; es decir, aquello que viene delante de todo, lo principal, originario, primitivo y esencial, sin lo cual la misma Creación pierde rumbo y sentido. “Privado” es aquello personal de cada individuo, tal como su mismo cuerpo, pensamiento y derecho de transitar, sin el cual no podría mantener la vida. Dicho de otra manera: Es privado porque no puedes privar a la persona de ello… de su misma vida.

    El término “mercado” se refiere a la acción humana que no debe ser dirigida por el estado. La gente está dispuesta a ofrecer, comprar y vender bienes y servicios de su pertenencia; cada quien según sus particulares condiciones y a riesgo de no ser aceptado por un comprador. Si no entendemos y respetamos los derechos de propiedad, el mercado deja de ser un encuentro libre y voluntario entre las partes, que en adelante se verán obligados a interactuar en función del criterio de burócratas gubernamentales.

    También hay propiedad en los atributos de las personas, tal como la inteligencia, talento, voz, belleza y tal, los cuales no quedan sujetas al dominio público estatal. Los problemas comienzan cuando comenzamos a hablar de una “propiedad colectiva” a la vez que vamos negando los derechos a la propiedad del individuo. Semejante distorsión de la naturaleza humana nos coloca en un ambiente irreal o sintético en el cual las personas ya no piensan y calculan por cuenta propia sino en atención a mandatos coercitivos centrales.

    Los socialistas y comunistas sostienen que los medios de producción son propios de la comunidad y no de cada quien, como también puede ser de un grupo de personas. Algunos dicen que Marx y otros comunistas no niegan derechos de propiedad de cosas como la casa, la ropa, el auto y tal; sino a los medios de producción. Y no de toda producción sino de aquella que esclaviza al trabajador. El problema con semejante enfoque está en la dificultad para definir los medios de producción, tales como la inteligencia, la capacidad creativa, dedicación, don de mando o de organizar el trabajo de otros y tal.

    Pero la misma naturaleza va mucho más allá en estos temas, tal como bien lo señalara en su momento San Pablo Magno explicando que se trata de una realidad antropológica fundamental. Que la producción provechosa no es la del simple trabajo sino la de un trabajo dirigido con finalidad y astucia provechosa para todos. Y el problema es que son pocos los que tienen la capacidad creativa y organizativa.

    Recuerdo estar sentado con trabajadores que sostenían que nuestra empresa no pertenecía sino a todos nuestros empleados. Algo así como: Al darte empleo te estoy concediendo parte de la empresa que yo financié. Pero… ¿que ocurriría si los propietarios abandonan la empresa y la dejan en manos de quienes alegan ser sus dueños? ¿O será que mantendrán a los dueños como esclavos?

    Todo lo anterior nos lleva al estudio de la catalactica o cataxia que es la ciencia de los intercambios comerciales. De cómo el libre mercado logra las relaciones de intercambio y los precios. Es el análisis de los precios tal como son y no como algunos politicastros demagogos quieren que sean, porque ello se traduce en votos.

    Hoy día que va en aumento la tendencia de abolir la institución de la propiedad privada a través de limitaciones impuestas en ley, tal como las de control de precios y salarios mínimos, sorprenden los resultados de pobres economías. No debía ser difícil de entender los fenómenos que se producen al restar control a los propietarios de las empresas y dárselo a demagogos.

    En síntesis, en una economía o sociedad de libre mercado, los propietarios del capital, grandes y chicos, pueden disfrutar del producto de su ingenio y esfuerzo riesgoso en la medida en que ello se traduce en la satisfacción del consumidor. En fin, la propiedad sólo se convierte en valioso activo cuando es empleada en beneficio del consumidor y no en beneficio de burócratas o sindicalistas interesados.

  • ¿Realmente las sanciones económicas ayudan a tumbar dictaduras?

    El mes pasado se cumplieron 30 años de la invasión que derrocó a Manuel Antonio Noriega en Panamá y dejó una herida abierta, como conmemorar los muertos de la invasión. Las cientos de víctimas inocentes cuyo único delito fue estar en el lugar equivocado en el peor momento y los que murieron peleando por una Patria definida por los que reprimieron a un Pueblo, luego de robarse dos elecciones.

    Los que vivimos esa época, recordamos cómo la invasión fue el final de una película en cámara lenta… donde desde 1987, Noriega y el PRD tomaban las peores decisiones cada vez que tenían la oportunidad, y los gringos hacían lo mismo por su lado, hasta meterse en el callejón sin salida donde la única opción era la militar. Porque antes hubo muchas opciones, pero el camino se fue cerrando en un baile letal de dos partes. Y uno de los cierres fue la toma de sanciones económicas por parte de los Estados Unidos.

    Porque el Panamá que salía periódicamente a las calles en 1987, en 1988 estuvo curiosamente silencioso, aún durante el olvidado intento de golpe del 16 de Marzo de 1988. Las calles estuvieron desiertas… Las sanciones económicas impuestas en la segunda mitad de 1987, hicieron que la economía decayera tanto que muchos jóvenes al final, emigraron; que la gente pensara menos en protestar y más en ver como conservaban su trabajo y pagaban la renta. Las sanciones desactivaron a la calle. Los negocios privados se enfriaron así que la gente pasó a depender más aún de los cheques del gobierno.  Bueno, las sanciones no provocaron en 1941 que Japón abandonara China, sino que atacara a los Estados Unidos. Las sanciones comerciales no derribaron al gobierno comunista de Cuba. Las sanciones comerciales en Venezuela han más bien desactivado la calle, no han acelerado la caída de Maduro, que ahora puede usar la comida para ganar obediencias. Las sanciones comerciales han radicalizado y escalado más a Irán.


    Un periodista gringo entrevista a una joven universitaria en Irán. Está sorprendido por el amigable tratamiento que le da la gente de Irán. La joven le dice al periodista “las peleas las arman los gobiernos, no la gente”. Esto es cierto. Y en países donde hay algún nivel de economía privada, no dependiente del Estado, nada perjudica más a una dictadura de que la economía no dependa de ellos, que florezca, porque eso le da independencia a los ciudadanos frente al poder. Nada ayuda más a una dictadura que hacer que la gente dependa del estado para vivir y pensar. Por eso las sanciones que limitan al turismo ayudan a las dictaduras, porque fortalecen el dominio de las narrativas de las dictaduras. Cuando hay contacto persona a persona, es más improbable que el monopolio del estado sobre lo que pasa afuera de sus fronteras se mantenga. Lo mismo pasa con el comercio. Hayek lo dijo en su momento, “donde no pasan las mercancías, terminan pasando las balas”. El comercio mata dos pájaros de un tiro, permite que la gente viva de sus propios medios y permite que la gente tenga contacto con otras personas.

    Por lo tanto, las sanciones hechas de manera general, ayudan a las dictaduras. Últimamente se está dando una modalidad más limitada, las sanciones focalizadas en los líderes, y empresas estatales. Lo hemos visto en el caso de Rusia, Venezuela, Cuba e Irán. El problema es que aún así, en las dictaduras la mayoría de las empresas son estatales, el peso del estado en la economía suele tener consecuencias políticas. Una de las razones por las cuales los países petroleros suelen ser dictaduras.

    Así que las sanciones estatales terminan afectado a toda la economía.

    Por lo tanto, la herramienta de sanciones económicas, suelen apuntalar a los dictadores, no a  derribarlos. Además les permiten usar el nacionalismo como arma. Y eso lo vimos muy bien en 1988 en Panamá.

  • El salario mínimo viola derechos de propiedad

    Tanto los comunistas como los socialistas no creen en los derechos de propiedad, comenzando por el derecho de cada persona a su propio cuerpo y vida, así como las vidas de sus hijos. Cuando los politicastros toman control del salario de tus empleados, pierdes control de tu negocio y ningún burrócrata saldrá a pagarte una ganancia mínima.

    La inmensa mayoría de las empresas son pequeñas y nadie te garantiza contra la quiebra. Sin embargo, de ellas dependen la mayoría de los trabajos. ¿Verdaderamente crees que un burrócrata sabrá cuánto debes pagar a tus colaboradores? La economía de un país no es asunto de tripas sino de corazón; y, en especial, del corazón de que pone en riesgo todos sus ahorros para montar un negocio. Las dificultades y riesgo de montar empresas es tal que de cada 10 empresas que abren, a los diez años sólo subsiste una; y muchas de esas quiebras se deben a obstáculos burrocráticos.

    Y, por “obstáculos”, no sólo hablo de controles de precio sino de leyes perversas e incumplibles; muchas de las cuales emanan no a través del proceso legislativo formal sino por intermedio del cuarto poder del estado constituido por todos esos funcionarios que se pasan todo el día ingeniándose para ver cómo le hacen la vida imposible a quienes montan empresas. Unos porque quieren justificar sus puestos y otros porque quieren facilitar coimas.

    Más tristes son las mismas asociaciones empresariales que caen en el rejuego demagógico. Muchos del sector empresarial se sientan en una mesa tripartita (empresa/laboral/gobierno), aduciendo que es con el fin de llegar a un acuerdo laboral de salario mínimo. La cruda realidad es que lo más probable es que están allí para figurar; ya que jamás llegan a un acuerdo y el gobierno de turno se lleva el supuesto triunfo.

    La Prensa, citando a la ministra de trabajo, Doris Zapata, dice que: “…busca impactar en la reactivación de la economía.” Y no dudo que así será. Lo que queda por ver es la clase de impacto. La economía no es algo que se puede manejar por control remoto.

    Si los votantes creen que un aumento del Salario Mínimo ayuda a los trabajadores, entonces los politicastros tendrán un incentivo para agregar demagogia al caldo. El verdadero Salario Mínimo es cero; es decir, será lo que recibirán los que no logren trabajo. Si aumentas el precio de un producto o servicio, bajará el consumo. O, como ocurre hoy día más y más, que los emprendedores comenzarán a contratar robots.

    Pero el Salario Mínimo por dictamen estatal no sólo afecta lo que pagan los empleadores sino quienes lograrán empleo o quienes lo pierden. Probable es que el trabajador habilidoso salga favorecido y no así el joven sin experiencia.

    Y como se ha dicho tantas veces: Si un aumento de 0.20 es tan bueno, por qué no uno de $20.00? Absurdo creer que el Salario Mínimo es como los letreros de velocidad en las calles; que pueden ser dictados al capricho de burrócratas.

    A fin de cuentas, el tema de fondo es si queremos socialismo o empresarialismo. El socialismo es totalitarismo y el empresario creen en la libre empresa. Simplemente, no podemos legislar eso que llaman “salario de vida”, que es lo que necesita la gente para poner la paila en casa, igual que no podemos dictar cuanta yuca sembrará el agricultor para alimentar a su familia. La economía no queda sujeta a las leyes de los gobiernos sino de acción de los particulares; como bien lo señala nuestra constitución.

    Y, como dice el título de este escrito, el Salario Mínimo viola lo que ni el Creador optó por violar; vale decir, dar al ser humano la libertad para hacer el bien o a equivocarse; ya que sin ello ni siquiera somos humanos.

  • Apertura del juego político.

    Se inicia el 2020 y el presidente se dirigió a la Asamblea Nacional. Una nota importante con carácter algo subjetivo. Por un lado, está bien de que nuestro presidente deja de referirse a sí mismo en tercera persona. Aunque el discurso, lleno de referencias a sí mismo, “yo pienso”, “yo siento”, “yo hice”, “yo dispuse”, deja claro que existe cierta inseguridad en la persona del Presidente, que lo obliga a tener que dejar claro en la Asamblea Nacional, de que él es el que manda y tiene la última palabra en su gestión. El discurso fue en partes un reitero de sus discursos de campaña y una rendición de cuentas de la gestión ya hecha en los primeros cinco meses de gobierno.

    Para empezar, se deja claro lo que todos sabemos pero no se ha reiterado lo suficiente. Los panameños tenían hace 10 años un país que debía 11 mil millones de dólares, y ahora tienen un país que debe más de 30 mil millones de dólares. La enormidad de los sucedidos es aterradora y es lamentable que los medios no la destaquen más. El gobierno de Ricardo Martinelli endeudó más en 5 años que en 106 de vida republicana, dejó un país con el doble de deuda del que heredó de Martin Torrijos. Y se pasea por las calles gozando de la admiración popular, y es muy probable que pueda correr en el 2024 para presidente, con buenas posibilidades de ganar. Su sucesor, Juan Carlos Varela, añadió casi 10 millones de deuda más. Hoy los panameños deben tres veces lo que debían 10 años antes. Laurentino Cortizo también declaró lo que todos sabemos, que el desempleo ha aumentado en los últimos años, pero fuera de programas de obras públicas para reactivar la economía y crear empleos temporales, no se habló de reformar el Código de Trabajo o las leyes de salario mínimo. De hecho el gobierno no ha podido resistirse a la práctica de subir bianualmente el salario mínimo, aunque sea de manera simbólica con un pequeño aumento del 3%. En un año donde la economía está recesiva, se debió hacer docencia sobre no subir el salario mínimo.

    El presidente resalta las carencias que heredó del gobierno anterior. El lastre de la inseguridad, que viene decayendo desde el 2006. El lastre de la educación pública, lastre eterno desde los años 70s del siglo pasado. El lastre del Seguro Social, el cual promete no privatizar, aunque seguro tendrá que hacer reformas duras y urgentes en el tema de la edad de jubilación y en el tema de los servicios médicos. Reformas en las cuales no se quiso entrar en detalle, salvo el no privatizar y la carta de las buenas intenciones de lo que se desea de los servicios médicos. Las respuestas en temas como la seguridad y la educación siguen siendo iguales de vagas. Ya es un hábito de los políticos, cuando se habla de políticas públicas, hablar vagamente como si se estuviera en campaña o dejar las cosas a un futuro gran dialogo… el problema es que los políticos son electos para dar soluciones concretas. Lo que significa que tienen que atreverse a proponer políticas públicas concretas. Dejar el tema de las reformar constitucionales o de la Caja del Seguro Social en manos de un diálogo futuro, son dar directrices; es dejar que quienes quieren pescar en río revuelto y usar la demagogia lo hagan. Y esos personajes no son precisamente amigos del presidente.

    Luego estamos en el tema del agro. Laurentino Cortizo ha tenido durante toda su carrera política una preocupación constante por el agro. Eso es visible en quienes lo conocen. Lo único malo es que por ahora es más de lo mismo, más FECI, más subsidios como la compra de jamones por parte del Estado. Los gobiernos PRD se caracterizan por sus programas de obras públicas y las mejoras a la administración pública (y éste parece seguir) pasando leyes, nombrando magistrados, y saneando las cuentas pendientes del Estado.

    Mi crítica al discurso es que fuera de reiterar las promesas de campaña y dando muestras del trabajo que se hace para cumplirlas, no se mencionan los retos pendientes globales regionales.

    La recesión global, el aumento del proteccionismo y las guerras comerciales, cómo vamos a balancear los negocios perdidos por las listas negras y grises de la OCDE, GAFI, con la creación de otros negocios.

    En otras palabras, siguen muchas interrogantes pendientes del período Varela. Laurentino Cortizo hizo bien en recordarle a los presentes lo malo que fue el gobierno anterior. Pero no ha tomado medidas con la suficiente rapidez para establecer mundial y nacionalmente una diferencia fundamental con su predecesor, que devuelva la confianza tanto al inversionista como al consumidor de que las cosas han cambiado y Nito Cortizo no es Juan Carlos Varela. En este sentido tal vez el carácter conciliador y prudente del nuevo presidente actúan en su contra.

  • Crisis de la Organización Mundial de Comercio: Impacto para Panamá

    La fecha de 10 de diciembre de 2019 pasará a la historia como el día en que la Organización Mundial de Comercio (OMC), con sede en Ginebra, perdió el poder de hacer cumplir las reglas del comercio internacional derivadas de los acuerdos multilaterales. En esa fecha, el mandato de dos de los tres jueces restantes (el mínimo establecido para que sus decisiones tengan efecto), del Órgano de Apelación de la OMC expiró. Las esperanzas de que fuesen reemplazados se vieron frustradas tras 12 años de sistemático veto a todos los nombramientos por parte de Estados Unidos.

    La consecuencia inmediata de esta crisis es que las catorce disputas llevadas ante la OMC y que se encuentran en instancia de apelación quedarán en el limbo. Una de ellas es la de Panamá en su conflicto con Colombia en torno a los aranceles impuestos a los textiles y calzados provenientes de la Zona Libre de Colón.

    El Órgano de Apelación, al cual comúnmente se le denomina la “Corte Suprema” del comercio internacional, compuesto por un panel de siete jueces era la última instancia en el sistema de resolución de controversias entre los países miembros. Este sistema de solución de diferencias fortalecía particularmente la voz de las economías pequeñas y medianas. Las violaciones por parte de estados poderosos de las normas existentes de la OMC podían ser sancionadas efectivamente.

    Estados Unidos, es uno de los países que más hizo uso del mecanismo de arbitraje. Es el Órgano  de Apelación que el pasado octubre, por ejemplo, falló a su favor en el contencioso entre Airbus y Boeing, dos meses después de haber autorizado a este país a aplicar contramedidas contra la Unión Europea (UE) por valor de 7.500 millones de dólares en este mismo conflicto comercial.

    Antes de Donald Trump, las administraciones de Bush y Obama ya habían bloqueado las designaciones de jueces a manera de protesta por la manera como opera la OMC. Entre los reproches que Estados Unidos le hace a las OMC, es que le limita la capacidad a este país para combatir las prácticas comerciales injustas de China y otros países. Los líderes mundiales se han comprometido con reformar la institución pero no logran alcanzar un consenso sobre el contenido de dicha reforma en un contexto caracterizado por desafíos complejos para el sistema comercial internacional y crecientes tensiones entre ciertas potencias comerciales, lo cuales han dado como resultado la proliferación de medidas y contramedidas que ahora pesan sobre el desarrollo comercial y hacen que las negociaciones sobre el futuro de la OMC sean más difíciles.

    El panorama actual es incierto. “Este es un escenario de pérdida para todos que agravará el contexto económico global”, lamentó el Director General, Roberto Acévedo, añadiendo que frente a esta situación, los países podrían optar por «medidas temporales» o «mecanismos alternativos», pero siempre en el contexto del sistema de solución de disputas, que es visto como el único que puede ofrecer un trato equitativo a un país pequeño en litigio contra una potencia comercial. Acevedo reconoció también que el riesgo de que los países pierdan confianza y tomen medidas unilaterales está presente, pero advirtió de que esto aumentaría la incertidumbre, lo que a su vez redundaría en menos inversiones, menos crecimiento económico y menos creación de empleo.

    La “ley de la Selva” o el poder del más fuerte, corre el peligro de regir el comercio mundial en los próximos años, en particular con respecto a los conflictos que oponen los Estados Unidos a potencias como China o la Unión Europea. Los expertos coinciden en señalar que si bien la globalización actual apunta a que haya una apertura más completa de los países y del comercio internacional, el nuevo paradigma de los intercambios se va a centrar en el futuro en una mayor regionalización de las transacciones y en la construcción de bloques concretos. De hecho, los grandes grupos regionales ya están en proceso de organizarse para tener un peso económico.

    La UE manifestó que “no apoyará ni condonará un sistema de relaciones económicas basadas en el poder.” En espera de encontrar una solución satisfactoria para todos los 164 miembros de la OMC, la UE, Noruega y Canadá exploran la posibilidad de crear un mecanismo de arbitraje alternativo. Se espera que a esta iniciativa se sumen China y otros países en desarrollo tales como Argentina, Brasil, Chile, Turquía.  Por su parte, Suiza se moviliza con otros 59 países desarrollados y en desarrollo para asegurar el éxito de la próxima Conferencia Ministerial de la OMC en junio de 2020 en Kazajistán.

    Los trabajos y debates en los que participe Panamá en el seno de la OMC en Ginebra son vitales para el país, pues lo que resulte tendrá incidencia en la economía panameña. Panamá es una economía que ha prosperado gracias al comercio internacional, de manera que debe con fuerza apoyar el multilateralismo y toda propuesta que ofrezca instrumentos funcionales y transparentes para hacer frente a los desafíos actuales de una economía con una multiplicidad de retos y oportunidades.

  • ¿Desigualdad o envidia?

    Cuando el sacrificio de Abel fue respetado por Dios y el suyo no, Caín asesinó a su hermano. Fue un asesinato de envidia (Génesis 4:3-8). Más aún, el mismo Jesucristo fue asesinado por los líderes religiosos de su día por razones de envidia. Como bien reza el proverbio 14:30, “El corazón sano es vida para el cuerpo, pero la envidia es putrefacción hasta los huesos.” Ser tentado por la envidia no es pecado, sino el permitir que semejante pasión supure y se torne destructiva. Una definición interesante del término “envidia” es la de “tristeza por el bien ajeno.” Típicamente el envidioso no se afana en mejorar su posición sino en desmejorar a quien posee lo que el envidioso desordenadamente anhela.

    ¿Alguna vez has notado lo poco que se escribe o aborda el tema de la envidia en los medios y entre la gente? ¿Te has preguntado por qué un tema humano tan fundamental no se aborda más a menudo?

    La envidia es un impulso que se anida en nuestros corazones, y que surge desde el momento en que nuestro entorno social nos lleva a la comparación. Comparar no es malo, lo malo está en anidar resentimientos y empollar los demonios que se constituyen en la fuente de otras perversiones; como la gula, pereza, avaricia, la soberbia y la ira.

    La envidia es comparación que nos impulsa a aspirar por aquello que otros poseen y que deseamos. En otras palabras, como todo en la vida, las cosas, bien usadas pueden conducir al bien y mal usadas son destructivas. Así, desde el momento en que ves en el vecino aquello que ansías para ti. puede comenzar el proceso de comparación y cuestionamiento.

    Compartir sanamente es bueno. Pero ¿qué ocurre cuando se pretende lo inalcanzable; tal como sería la búsqueda de la belleza física del vecino o la vecina? En tal situación y anidando una envidia destructiva, se ansía y hasta procura la destrucción de lo ajeno e inalcanzable. Ello, típicamente, termina con la destrucción propia; tal como en Venezuela.

    Claman el rechazo a una desigualdad que les aflige pero que no logran definir. La misma naturaleza es desigual, pero no podemos decir que sea perversa. Lo que hacemos frente a esas realidades es lo que puede ser positivo o patológico. Por ejemplo, aumentar impuestos bajo la falsa premisa de que con ello lograremos equiparar desigualdades no sólo es llevarse a engaño, sino que probablemente nos llevará al desfiladero.

    Recién, al enterarnos de que Panamá va adelante en los índices del peor rendimiento educativo, salen los sabiondos a culpar la desigualdad socioeconómica. El problema no es, en sí, la desigualdad, sino los resultados de nefastas políticas. La solución está en adoptar sanas políticas y no aquellas que sólo procuran venganza por algún mal real o imaginado.

    El gobierno estatal sólo puede ser instrumento de equiparación a través de la tutela de la vida, la libertad y la propiedad. Pretender equiparación mediante la manipulación de lo que es propio de cada quien, sólo conduce a mayor desigualdad. Más aún, hoy día que las computadoras, los teléfonos móviles y la tecnología van permitiendo que hasta los más pobres logren acceso a las mejores bibliotecas y al conocimiento en general, se abren posibilidades insospechadas.

    El mayor peligro no está en que algunos logren ventajas bien habidas, sino a que la envidia nos lleve a votar por políticas que reducen nuestro sagrado derecho de escoger y a ser libres; que es el único camino que conduce a la auténtica riqueza.

  • Pisando realidades educativas

    Nuevamente sale a relucir lo que ya conocemos a cansancio; que el sistema educativo en Panamá es perverso. Y para no ser discordes con la trayectoria de incompetencia imperante, los comentarios noticiosos, junto con los de las llamadas “autoridades” educativas, insisten en llover sobre mojado.

    Que si Panamá “ocupó la posición número 71 entre 79 países. No necesitábamos las pruebas Pisa para despertar a lo consabido. Más allá, las noticias abundan a cansancio sobre puestos, porcentajes y tonterías. Lo que no sale en las noticias son las causas profundas de semejante drama.

    A todo esto, las máximas “autoridades” del NODUCA, nos reaseguran que ya todo está analizado y que esos hallazgos favorecen a nuestro sistema educativo. Esta noche tendré pesadillas en torno a ello.

    Otros medios noticiosos acusan a “la brecha económica”. ¡Ajá! ¿Será que si cerramos la brecha por el camino de Cuba Venezuela en problema se supera? ¿Aún no saben que el NODUCA despilfarra más que las escuelas privadas para terminar con peores resultados? Si seguimos por la vía de la “condición socioeconómica” el problema se torna más tétrico, ya que es harto improbable que podamos superar lo socioeconómico por la ruta en que vamos.

    Hablar de “erradicar la desigualdad desde los lugares de enseñanza…” es bobería superlativa. En otras palabras, y como ya señalé, por esa vía el problema no tiene solución. Y “hacer un llamado para que ayuden a mejorar la calidad del sistema educativo” es irreal y vergonzoso.

    En síntesis, todo el reportaje noticioso y los comentarios de las autoridades, tanto públicas como privadas, llueven sobre mojado sin decir nada. Entonces, veamos algo de lo que no dicen.

    En su momento, la ministra Lucy Molinar, dijo una verdad que ha pasado agachada. Dijo en una reunión en la APEDE que “el problema de la educación es que está politizada”. Es decir, sintetizó toda la patología en una sola oración.

    Decir qué “el sistema está politizado” significa que el “sistema”, si es que sistema es, está manejado por una institución política (el gobierno). Pero más aún, una institución política que responde a intereses de gremios educativos gubernamentales sindicados ¿Y si eso no es politizado…? Abundemos en el tema.

    El gobierno político no está para hacer o reemplazar al ciudadano en las actividades que son propias del ciudadano, y no del estado. El gobierno está para proteger al consumidor contra estafas. Pero, cuando el gobierno o los panameños decimos que “los ciudadanos no servimos para educar, y debemos recurrir al Chapulín político gubernamental para que nos que se ocupen de “educar” a nuestros hijos… ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que los ciudadanos somos una retahíla de inútiles que dependen del sistema político gubernamental para que venga y nos limpie el traserito.

    Insistir en lo consabido, de que el sistema no sirve, es absurdo. Y, si logramos entender esto, entonces debemos pasar al siguiente plano; el de preguntarnos ¿Qué es lo que sí sirve? Y ¿por dónde emprendemos el camino de recuperación?

    Lo que sí sirve es devolver al ciudadano su sagrado derecho a escoger. En el caso que nos ocupa, sería a escoger no sólo dónde educamos a nuestros hijos, sino cómo los educamos; y no que los presupuestos lleguen directamente a través del NODUCA, a escuelas que no responden ante los padres sino… ¿ante…? Creo que sería ‘ante nadie’.

    Lo ideal es cerrar las escuelas del NODUCA, y brindar al ciudadano los recursos necesarios para coadyuvar con su educación. Pero como eso no es ‘políticamente potable’, entonces sugiero pongamos a las escuelas del NODUCA competir de tú a tú con las privadas. Que el dinero llegue a los centros académicos estatales o privados vía los clientes… eee… digo, los padres de familia; a ver si no canta otro gallo.

  • ¿Qué esperamos de los nuevos magistrados?

    El gobierno anunció nuevas magistradas, y estas se ven muy bien. Por ahora se evitó nombrar amiguetes del presidente, o militantes del partido como se rumoreaba o resignadamente se esperaba. Los candidatos a magistrado parecen todos abogadas y abogados profesionales y competentes. Los suplentes, bueno, salvo uno que otro con vínculos partidistas, parecen tener buenas calificaciones.

    Para los estándares de los gobiernos anteriores, esto es un gran avance. Significa que por primera vez se oye un reclamo de la sociedad civil, de despolitizar la corte y parar el amiguismo en la justicia. Es un buen avance, pero tenemos que ir más allá.

    Como en el sistema actual la Corte Suprema de Justicia interpreta la Constitución, ya que afortunadamente no tenemos un Tribunal Constitucional, tenemos que no sólo revisar la hoja de vida educativa de los candidatos a magistrados, y sus conocimientos sobre las ramas del derecho de las Salas de la Corte Suprema de Justicia para la cual fueron asignados, sino sus tendencias ideológicas en fallos. si han sido jueces de menor instancia, o en sus escritos académicos si no lo han sido. Esto es importante no solo para ver la probidad e independencia política de los candidatos, de lo cual existe un déficit en la Justicia Panameña, sino que más que eso, ver si por fin revertimos la tendencia histórica latinoamericana, donde la ley más que proteger a los ciudadanos individuales frente al poder, o a las minorías, la justicia, sobre todo la justicia constitucional latinoamericana, tiende a justificar el poder y sus actos, no a contenerlos y limitarlos. Y es allí donde existe un gran déficit histórico.

    En realidad, la tendencia histórica ha sido a que las Cortes Supremas de Justicia, lejos de limitar al estado, tienden a justificar sus intrusiones en los derechos individuales y limitar los derechos de propiedad. No solo en nombre del bien común sino de intereses particulares cercanos al poder.

    Sería bueno saber cuál es la postura de los candidatos a magistrados (y los ya electos) sobre temas como los retenes, el control de precios, la portación de armas, consumo de drogas, el matrimonio igualitario, la libertad de expresión y la penalización de la calumnia e injuria. Temas que afectan derechos individuales.

    También es bueno hablar de los otros derechos, los derechos sociales. ¿Cómo los ven? ¿Como justificaciones para expandir el estado con más clientelismo, o como obligaciones del Estado de garantizar el marco para que estos derechos prosperen?.

    Una ventaja del sistema actual de la Corte Suprema de Justicia es que los magistrados, aparte de ver temas constitucionales, tienen que ver el día a día judicial de sus ramas del derecho. Esto los mantiene con los pies en la tierra y los hace ver la realidad de la sociedad panameña. La propuesta de un Tribunal Constitucional muy de moda en la región, tiende a separar a los magistrados del día a día de la práctica judicial y los convierte en una especie de Olimpo jurídico, donde sólo se ven los temas constitucionales relacionados con el Estado. Al final, los Tribunales Constitucionales terminan más altamente politizados, y se convierten en una especie de legisladores mediante fallos judiciales.

    Teniendo en cuenta las ventajas del sistema actual, sería bueno aparte de ver sus conocimientos sobre las salas de la corte a la cual están destinados, saber su opinión sobre temas constitucionales.

    Por ahora, estos nombramientos, basados en méritos profesionales y académicos y no en amiguismo o sectarismo son un gran avance, pero tenemos que ir pensando más allá. Un magistrado debe ser alguien comprometido con la democracia y con los ciudadanos de a pie. Y eso solo se aprende interrogando a los candidatos en audiencias públicas y buscando su rastro de papel en escritos académicos, artículos o fallos judiciales. El sistema judicial es el punto más débil de la libertad económica panameña, es ineficiente en proteger derechos de propiedad y aplicar contratos. El sistema judicial es ineficiente en el área penal, afectando a la seguridad pública, generando impunidad, la desigualdad en los resultados dependiendo de la clase social o vínculos políticos de los imputados.

    El sistema actual es ineficiente en impartir justicia de manera rápida. El sistema de justicia administrativa tiende a ser un mero aval de las decisiones convenientes al poder. Todo el proceso en todas las ramas es predominantemente escrito, y terriblemente burocrático. No se han tomado medidas para usar todas las herramientas de la tecnología moderna, como expedientes digitales online, filmaciones y grabaciones digitalizadas de audiencias. Notificaciones automáticas online y físicas mediante pool de notificadores seleccionados por algoritmos y verificados por GPS. Todos esos avances se han implantado en países cercanos mucho más pobres, pero acá no, porque sería el fin de varios negocios privados de miembros del sistema judicial…

    El problema es que mientras tengamos los diputados que tengamos, que son representantes de intereses regionales, y no tengamos una asamblea bicameral, con una cámara superior que represente intereses nacionales, dudamos que podamos llevar nuestra selección de magistrados al siguiente nivel. Pero algo es algo, y por lo menos el actual presidente está tratando de hacer lo correcto. Un cambio fundamental con los presidentes anteriores. Y merecen aplaudirse. Porque el sistema judicial es el más cuestionado de los Poderes del Estado, y tiene una función básica que cumplir.