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¿Realmente las sanciones económicas ayudan a tumbar dictaduras?

El mes pasado se cumplieron 30 años de la invasión que derrocó a Manuel Antonio Noriega en Panamá y dejó una herida abierta, como conmemorar los muertos de la invasión. Las cientos de víctimas inocentes cuyo único delito fue estar en el lugar equivocado en el peor momento y los que murieron peleando por una Patria definida por los que reprimieron a un Pueblo, luego de robarse dos elecciones.

Los que vivimos esa época, recordamos cómo la invasión fue el final de una película en cámara lenta… donde desde 1987, Noriega y el PRD tomaban las peores decisiones cada vez que tenían la oportunidad, y los gringos hacían lo mismo por su lado, hasta meterse en el callejón sin salida donde la única opción era la militar. Porque antes hubo muchas opciones, pero el camino se fue cerrando en un baile letal de dos partes. Y uno de los cierres fue la toma de sanciones económicas por parte de los Estados Unidos.

Porque el Panamá que salía periódicamente a las calles en 1987, en 1988 estuvo curiosamente silencioso, aún durante el olvidado intento de golpe del 16 de Marzo de 1988. Las calles estuvieron desiertas… Las sanciones económicas impuestas en la segunda mitad de 1987, hicieron que la economía decayera tanto que muchos jóvenes al final, emigraron; que la gente pensara menos en protestar y más en ver como conservaban su trabajo y pagaban la renta. Las sanciones desactivaron a la calle. Los negocios privados se enfriaron así que la gente pasó a depender más aún de los cheques del gobierno.  Bueno, las sanciones no provocaron en 1941 que Japón abandonara China, sino que atacara a los Estados Unidos. Las sanciones comerciales no derribaron al gobierno comunista de Cuba. Las sanciones comerciales en Venezuela han más bien desactivado la calle, no han acelerado la caída de Maduro, que ahora puede usar la comida para ganar obediencias. Las sanciones comerciales han radicalizado y escalado más a Irán.


Un periodista gringo entrevista a una joven universitaria en Irán. Está sorprendido por el amigable tratamiento que le da la gente de Irán. La joven le dice al periodista “las peleas las arman los gobiernos, no la gente”. Esto es cierto. Y en países donde hay algún nivel de economía privada, no dependiente del Estado, nada perjudica más a una dictadura de que la economía no dependa de ellos, que florezca, porque eso le da independencia a los ciudadanos frente al poder. Nada ayuda más a una dictadura que hacer que la gente dependa del estado para vivir y pensar. Por eso las sanciones que limitan al turismo ayudan a las dictaduras, porque fortalecen el dominio de las narrativas de las dictaduras. Cuando hay contacto persona a persona, es más improbable que el monopolio del estado sobre lo que pasa afuera de sus fronteras se mantenga. Lo mismo pasa con el comercio. Hayek lo dijo en su momento, “donde no pasan las mercancías, terminan pasando las balas”. El comercio mata dos pájaros de un tiro, permite que la gente viva de sus propios medios y permite que la gente tenga contacto con otras personas.

Por lo tanto, las sanciones hechas de manera general, ayudan a las dictaduras. Últimamente se está dando una modalidad más limitada, las sanciones focalizadas en los líderes, y empresas estatales. Lo hemos visto en el caso de Rusia, Venezuela, Cuba e Irán. El problema es que aún así, en las dictaduras la mayoría de las empresas son estatales, el peso del estado en la economía suele tener consecuencias políticas. Una de las razones por las cuales los países petroleros suelen ser dictaduras.

Así que las sanciones estatales terminan afectado a toda la economía.

Por lo tanto, la herramienta de sanciones económicas, suelen apuntalar a los dictadores, no a  derribarlos. Además les permiten usar el nacionalismo como arma. Y eso lo vimos muy bien en 1988 en Panamá.

About the author

Ricardo Soto

Ricardo Soto

Ricardo Soto Barrios, abogado, especialista en políticas públicas, egresado de la Universidad Santa María la Antigua. Políticamente liberal, ha participado en muchos proyectos donde se analizan las políticas públicas de Panamá desde un punto de vista liberal y se proponen alternativas. Ha trabajado en la Policía Nacional de Panamá, el Ministerio de Gobierno, y AMPYME, además de ejercer la práctica privada.

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