Etiqueta: Asamblea

  • Asamblea o mesas de negociación?: crisis de representación

    Este domingo pasado, en Inbuenostv, mientras conversábamos con los aspirantes a una curul en la Asamblea en Panamá, se me ocurrió plantear lo grave de ver cómo temas propios de ese órgano legislativo, se estaban discutiendo (y lo peor, negociando) en un tú a tú entre el Ejecutivo y los designados (o autodesignados) representantes populares. Me pregunto si se está leyendo lo peligroso de esta situación, que en la academia se la denomina “crisis de representación”.

    Para ser breve, la república admite dos formas de gobernarse: la democracia directa, donde no hay mediación entre el ciudadano y el gobierno, entonces por cada decisión que se necesita tomar se somete a referéndum; o la democracia indirecta, que es la que descansa en el diseño constitucional panameño, donde la voluntad del ciudadano se expresa a través de los representantes, que para ello se dedican a los asuntos públicos mientras los primeros se dedican a sus negocios.

    Conviene precisar que la representación tiene carácter público, el debate entonces es público porque todo lo que deba debatirse involucra a toda la sociedad, una Asamblea no puede convertir intereses privados en una cuestión pública mediante un debate y ley en el congreso. Con ello se infiere que los derechos individuales no pueden estar sometidos a discusión pública y he allí el principal carácter de una Asamblea: la delimitación y freno ante el avance del poder del Ejecutivo, entendiendo al poder en modo weberiano de “la posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena”. Para ejemplificar lo anterior, una Asamblea no puede ni debe pasar una ley que beneficie a unos pocos a costa del resto de la sociedad.

    Sin embargo, ya Bertrand de Jouvenel advertía que “el poder es expansivo por su propia naturaleza” y la clase política, una vez que llega al poder, sólo se esfuerza por diseñar los mecanismos para preservarse en el mismo. La teoría de la representación política de la defensa de lo público termina convirtiéndose en un instrumento privado y selectivo para la defensa de intereses privados y selectivos. Esta situación puede perdurar mientras no se produzcan crisis, especialmente económicas, como la que se produce a raíz de las malas decisiones gubernamentales tomadas en respuesta a la pandemia, entre otras tantas malas decisiones que ya se venían dando en materia económica.

    Inevitablemente, la secuencia de conductas previo al quiebre del sistema político que moralmente hay que evitar, comienza con un profundo malestar entre los representados. Este sentimiento de falta de representatividad se traduce en un sentimiento de desapego y desconfianza por parte de la ciudadanía en los partidos y en las instituciones políticas. Inicialmente, los representantes políticos atienden la voz de descontento ciudadano que lo vemos traducido en reuniones, comisiones, alguna invitación a debatir.

    Un segundo momento de esta secuencia se caracteriza por la lenta y completa desatención y desconexión de los partidos políticos tradicionales ante las consecuencias concretas de aquel descontento, ya el ciudadano siente que las promesas iniciales se diluyen en el tiempo y, así, se llega al tercer momento, cuando se produce la doble crisis, tanto de representados como de representantes. El representado se siente defraudado por la política y exige un cambio (no tiene muy claro qué cambio, pero lo quiere) y el representante, ya totalmente abocado a su propia causa de permanecer en el poder, que ya no sabe bien a quién o qué, tiene que representar.

    En este contexto, se abre la puerta de entrada a la escena política de movimientos sociales de todo tipo que canalizan y se apropian de ese descontento social, que pueden terminar en finales pacíficos como movimientos o nuevos partidos políticos. O por el contrario, en revoluciones violentas. La trampa de caer en los primeros cuando aún existe una Asamblea constituida, que es el órgano natural del debate, era advertida por Maquiavelo, cuando sostuvo que “el Príncipe necesita contar con la amistad del pueblo porque de lo contrario aquel no tiene remedio en la adversidad”.

    Entonces, la tentación del ejecutivo gobernante de apoyarse en “el pueblo” antes que en otros poderes fuertes es muy grande (Maquiavelo se refería a una “minoría de poderosos”, que en la época eran la nobleza y otros), dado que “los poderes fuertes pueden convertirse en adversarios y enemigos mientras que al pueblo le basta con no ser oprimido”. Maquiavelo propone así, como manejable y oportuna para el Príncipe, la vía del contacto directo con el pueblo, como actualmente sería una mesa de negociación entre los considerados representantes de los ciudadanos descontentos y el gobierno, haciendo invisible a la Asamblea. Ahora piense el lector en cuántas veces ha escuchado (cuando no sucedido) la amenaza de un Ejecutivo “fuerte” llamando a eliminar la Asamblea y gobernar directamente con el “pueblo.”

    Este clima de conflictividad social es el caldo de cultivo para el surgimiento de líderes mesiánicos y partidos populistas, tanto de izquierda como derecha, que prometen remediar la fractura entre política y sociedad. Esta concepción populista asume que las opiniones de la mayoría son esencialmente justas y se deben respetar. Y nada más moralmente incorrecto, dado que las decisiones de la mayoría no poseen en sí mismas ninguna superioridad moral dado que son solamente una mera convención numérica, una mayoría no constituye un argumento sobre la verdad, lo moral o lo correcto.

    El problema con todos estos movimientos es que siempre que aparece el líder carismático, enseguida propone una serie de medidas, una especie de “hoja de ruta” que comienzan tímidamente con propuestas que a las claras van contra el espíritu republicano y generalmente anticonstitucionales, como la expropiación de facto, o más graves y escalando hasta declarar la necesidad de reforma integral o reemplazo de la Constitución.

    Pero si la representación está en crisis, ¿hay algún remedio que no sea el peligroso de una reforma constitucional con resultado incierto o la implementación de facto de una democracia directa como parecería que es del gusto de algunos líderes latinoamericanos?

    Por suerte sí existen mecanismos de fácil implementación, e incluso muchos de estos mecanismos están previstos en la misma Constitución, pero sino, igual pueden ensayarse mediante un fuerte compromiso de los representantes que constituyen el remanente ético: desde la posibilidad de incluir listas abiertas en los procesos electorales, modificaciones de leyes electorales, facilitación de la iniciativa popular, previsión de referéndums en casos determinados, presupuestos participativos, contacto directo con el ciudadano utilizando las tecnologías, etc.

    Citando a mi querida ex compañera de estudios, la politóloga Constanza Mazzina, “La crisis de los partidos es la crisis de la democracia. Por delante, los partidos tienen el desafío de justificar su existencia, de aggionarse, de rendir cuentas, de transparentar su accionar y su financiamiento y, en última instancia, de responder a los ciudadanos. Deben dejar de ser estructuras opacas y cerradas. En inglés hay un término muy interesante para denominar esta tarea: “answerability”, deberíamos pensar el término en español y hacerlo posible.”.

    Lo que hay que preservar es la Asamblea como órgano imprescindible de la democracia republicana, especialmente en países con muchas complejidades. Esa es la tarea como ciudadanos, acudir donde reside el poder ciudadano y que es parte del contrapeso institucional. Si caemos en la tentación de la voluntad popular directa a manos de un líder carismático que, por definición puede modificar arbitrariamente las leyes y a su antojo satisfacer todas las demandas, podemos terminar de cavarnos el pozo donde irán a parar los derechos fundamentales y esta idea negativa de ellos, que implican restricciones a la acción de terceros.

    Por ello es preocupante que el ejecutivo pueda negociar por fuera de la Asamblea; aún cuando no nos gusten los representantes actuales, existen mecanismos para exigirles y encauzarlos. Reconocer o legitimar agrupaciones, movimientos, mesas, rondas, que puedan realizar acuerdos que comprometen a la ciudadanía entera y generaciones futuras, es no entender aquel principio básico republicano que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Y de ahí, al surgimiento del populismo mesiánico, sólo hay unos pocos votos descontentos.

     

  • Senadora Lummis de los EEUU, presentará proyecto de ley para Bitcoin

    Ante todo y previo a explicar el proyecto de ley de la Senadora Lummis, es necesario recordar que el Bitcoin no necesita regulación alguna. El Bitcoin nació siendo un instrumento de pago entre pares para sus intercambios sobre Internet. Entre pares implica que sólo es necesaria la voluntad entre dos partes para que surta efectos sin necesidad de mediación y regulación alguna. Dicho esto, y pasados más de 10 años desde su nacimiento, nos guste o no, hay que concluir que Bitcoin se ha vuelto mainstream.

    Y cuando ello sucede, es decir, una adopción con intereses y motivaciones diferentes por un público más amplio, la necesidad del mainstream para tener un marco legal donde actuar se les hace imperioso. Para ellos, no para el usuario temprano. Pero así son las cosas, una gran mayoría pide permiso para actuar y las presiones para el marco legal son cada vez mayores; incluso se pide a gritos una ley sin tener muy claro sus efectos sobre el Bitcoin, pero sí el manto de tranquilidad que les genera, aún cuando los efectos fueran los opuestos para los que se supone el Bitcoin viene a solucionar: la intervención estatal sobre la moneda, o mejor dicho, sobre nuestros esfuerzos o ahorros. Y así es como se esgrimen diversas propuestas regulatorias alrededor del globo sobre una ley Cripto y todas fracasan en su cuna. Y Panamá no es la excepción.

    Por ello, esta propuesta de la Senadora Lummis de los EEUU es un llamado de atención, por dos razones:  ella es una de las defensoras de Bitcoin más firmes que tiene no sólo el Congreso de los Estados Unidos, sino el mundo entero y además es una gran inversora de Bitcoin. En una presentación de octubre ante la SEC, Lummis indicó que había adquirido bitcoins por valor de entre USD$ 50.000 y $ 100.000 a mediados de 2021. El informe la convirtió en la primera senadora de los EE. UU. en revelar sus inversiones en activos digitales.

    La Senadora Lummis planea presentar un proyecto legislativo integral para las criptomonedas el próximo año. Según reseñó Bloomberg, la amplia propuesta de ley abordará desde cómo se gravan y categorizan los activos digitales hasta las protecciones para los consumidores. Un alto asesor de la senadora, que no fue identificado, reveló los planes a ese medio de noticias.

    El proyecto además busca regular las stablecoins y crear un nuevo organismo regulador para supervisar el sector de las criptomonedas. De aprobarse, formaría una nueva organización bajo la jurisdicción conjunta de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) para supervisar el mercado de activos digitales, adelantó la fuente.

    Además, ofrecería por primera vez una orientación clara sobre la clasificación de los diferentes activos digitales, un tema sobre el que los reguladores han tenido dificultades para ponerse de acuerdo y que ha provocado varias disputas legales.

    Lummis, quien es la primera mujer en ser senadora de Wyoming, ya ha calificado a Bitcoin en el pasado como una “gran reserva de valor”, y considera que todas las personas deberían tener la criptomoneda insigne en su portafolio.

    También ha destacado su compromiso para trabajar junto a los reguladores para brindar una normativa más clara para el sector; algo que demostró este año mediante diversas estrategias legislativas para proteger a la industria de un controvertido apartado de informes fiscales incluido en la Ley de Infraestructura, que fue impulsada por la administración de Joe Biden.

    Los planes de la miembro del Comité Bancario del Senado salen a la luz poco después de que los directores ejecutivos (CEO) de varias de las principales empresas de monedas digitales se reunieran en la Cámara de Representantes de EE. UU. para una audiencia que buscaba responder inquietudes a los legisladores en torno a la tecnología, a la vez que les permitió solicitarles a los reguladores reglas más claras para el sector.

    El reportaje no brindó detalles sobre un cronograma para la presentación de la propuesta legislativa. En todo caso, como señala Bloomberg, al proyecto le tocará enfrentarse a un duro camino a través de un Senado dividido en líneas partidistas en torno a la cuestión de la regulación de las criptomonedas. El proyecto de la Senadora Lummis será uno de los primeros intentos de establecer reglas de juego completas para la creciente industria cripto. De lograrlo, será cuestión de darle seguimiento desde países como el nuestro, donde los reguladores carecen de las competencias y conocimientos suficientes como para legislar sobre la complejidad que conlleva la criptografía descentralizada.

    Como advertimos al inicio, Bitcoin no necesita regulación alguna para su existencia e intercambio entre pares, pero si va a existir alguna regulación, será mejor que provenga de una firme defensora de la criptomoneda y sobre todo, una adoptadora temprana que tiene bastante claro los efectos nocivos de la intervención estatal sobre la economía.

  • Apertura del juego político.

    Se inicia el 2020 y el presidente se dirigió a la Asamblea Nacional. Una nota importante con carácter algo subjetivo. Por un lado, está bien de que nuestro presidente deja de referirse a sí mismo en tercera persona. Aunque el discurso, lleno de referencias a sí mismo, “yo pienso”, “yo siento”, “yo hice”, “yo dispuse”, deja claro que existe cierta inseguridad en la persona del Presidente, que lo obliga a tener que dejar claro en la Asamblea Nacional, de que él es el que manda y tiene la última palabra en su gestión. El discurso fue en partes un reitero de sus discursos de campaña y una rendición de cuentas de la gestión ya hecha en los primeros cinco meses de gobierno.

    Para empezar, se deja claro lo que todos sabemos pero no se ha reiterado lo suficiente. Los panameños tenían hace 10 años un país que debía 11 mil millones de dólares, y ahora tienen un país que debe más de 30 mil millones de dólares. La enormidad de los sucedidos es aterradora y es lamentable que los medios no la destaquen más. El gobierno de Ricardo Martinelli endeudó más en 5 años que en 106 de vida republicana, dejó un país con el doble de deuda del que heredó de Martin Torrijos. Y se pasea por las calles gozando de la admiración popular, y es muy probable que pueda correr en el 2024 para presidente, con buenas posibilidades de ganar. Su sucesor, Juan Carlos Varela, añadió casi 10 millones de deuda más. Hoy los panameños deben tres veces lo que debían 10 años antes. Laurentino Cortizo también declaró lo que todos sabemos, que el desempleo ha aumentado en los últimos años, pero fuera de programas de obras públicas para reactivar la economía y crear empleos temporales, no se habló de reformar el Código de Trabajo o las leyes de salario mínimo. De hecho el gobierno no ha podido resistirse a la práctica de subir bianualmente el salario mínimo, aunque sea de manera simbólica con un pequeño aumento del 3%. En un año donde la economía está recesiva, se debió hacer docencia sobre no subir el salario mínimo.

    El presidente resalta las carencias que heredó del gobierno anterior. El lastre de la inseguridad, que viene decayendo desde el 2006. El lastre de la educación pública, lastre eterno desde los años 70s del siglo pasado. El lastre del Seguro Social, el cual promete no privatizar, aunque seguro tendrá que hacer reformas duras y urgentes en el tema de la edad de jubilación y en el tema de los servicios médicos. Reformas en las cuales no se quiso entrar en detalle, salvo el no privatizar y la carta de las buenas intenciones de lo que se desea de los servicios médicos. Las respuestas en temas como la seguridad y la educación siguen siendo iguales de vagas. Ya es un hábito de los políticos, cuando se habla de políticas públicas, hablar vagamente como si se estuviera en campaña o dejar las cosas a un futuro gran dialogo… el problema es que los políticos son electos para dar soluciones concretas. Lo que significa que tienen que atreverse a proponer políticas públicas concretas. Dejar el tema de las reformar constitucionales o de la Caja del Seguro Social en manos de un diálogo futuro, son dar directrices; es dejar que quienes quieren pescar en río revuelto y usar la demagogia lo hagan. Y esos personajes no son precisamente amigos del presidente.

    Luego estamos en el tema del agro. Laurentino Cortizo ha tenido durante toda su carrera política una preocupación constante por el agro. Eso es visible en quienes lo conocen. Lo único malo es que por ahora es más de lo mismo, más FECI, más subsidios como la compra de jamones por parte del Estado. Los gobiernos PRD se caracterizan por sus programas de obras públicas y las mejoras a la administración pública (y éste parece seguir) pasando leyes, nombrando magistrados, y saneando las cuentas pendientes del Estado.

    Mi crítica al discurso es que fuera de reiterar las promesas de campaña y dando muestras del trabajo que se hace para cumplirlas, no se mencionan los retos pendientes globales regionales.

    La recesión global, el aumento del proteccionismo y las guerras comerciales, cómo vamos a balancear los negocios perdidos por las listas negras y grises de la OCDE, GAFI, con la creación de otros negocios.

    En otras palabras, siguen muchas interrogantes pendientes del período Varela. Laurentino Cortizo hizo bien en recordarle a los presentes lo malo que fue el gobierno anterior. Pero no ha tomado medidas con la suficiente rapidez para establecer mundial y nacionalmente una diferencia fundamental con su predecesor, que devuelva la confianza tanto al inversionista como al consumidor de que las cosas han cambiado y Nito Cortizo no es Juan Carlos Varela. En este sentido tal vez el carácter conciliador y prudente del nuevo presidente actúan en su contra.

  • La Asamblea que se nos viene

    Mientras miramos las carreras de caballos entre Nito, Rómulo, Lombana, Blandón, Ana Matilde, Saúl y Marco, y discutimos la veracidad de las encuestas o los 100 y uno simulacros de votación, o mientras el Tribunal Electoral decide si un detenido preventivamente puede correr para alcalde, nadie se fija en por quién vamos a votar en la Asamblea. Bueno, sí nos fijamos: en la última maleantería de los seguidores de Yaribel Abrego, quien estuvo a punto de ser vicepresidenta en la nómina de su partido, o en el cinismo de Benicio y otros de los diputados del PRD que hacen que la gente que pensaba votar por Nito los vea y se le pase, o en la telenovela de la Levy, entre otros; pero no pasa mucho más de la indignación en las redes sociales. La campaña del “no a la Reelección” se mantiene, pero no sabemos cuánto va a calar en un electorado panameño que detesta el clientelismo de otro, pero adora el clientelismo de su propio diputado. Puede ser que tengamos una Asamblea renovada, o puede ser que tengamos la misma Asamblea con pocas caras nuevas. Y nada nos garantiza de los diputados nuevos que no quieran seguir los corruptos y clientelistas pasos de los diputados anteriores. Total, si el sistema es corrupto, las personas van a tender a corromperse.

    Yo ni siquiera sé por quién voy a votar para diputado. Dos meses de campaña son muy pocos para aprender a conocer a los candidatos a presidente, pese a su exposición nacional. Son muchos menos para aprender a conocer a los candidatos a diputado. Decir “no a la reelección” es fácil. Total, ya se sabe por quién NO se va a votar, pero ¿qué pasa cuando se está en la mesa de votación y se tiene que decidir por cuál se va a votar’. Y lo peor, por ahora casi todos las promesas de campaña son de diputados y diputadas prometiendo que van a pasar leyes donde se gasta el dinero de otros, o sea, de los contribuyentes. Pero todos parecen ignorar el elefante en la sala…… ¿Qué van a hacer estos renovados aspirantes a diputados con la Asamblea si son electos? Porque éste es el verdadero problema.

    Por ahora pocos o ninguno han dicho que de ser electos promoverán reformas constitucionales y legales para reformar la actual Asamblea de Diputados. Pocos o ninguno. Y si estas reformas no se hacen, la corrupción en la Asamblea seguirá, solo que con nuevas caras.

    Ideas como acortar el período de los diputados permitiendo las elecciones de medio término cada dos años y medio en una asamblea monocameral o en la cámara baja en una bicameral. Cosas como establecer una Asamblea Bicameral, con la cámara superior formada por diputados nacionales, que se elija un tercio cada 4 años, para que no coincida con ninguna elección presidencial. La prohibición de partidas circuitales, la eliminación de los suplentes, las restricciones a la cantidad de personas que los diputados puedan nombrar tanto en monto como en los salarios. La eliminación de los privilegios fiscales. Es una inmoralidad que quienes deciden sobre establecer impuestos y cómo gastarlos, puedan eximirse de tener que pagarlos. Que quienes establecen delitos y penas por ley, hacen más difícil que se les investigue por estos delitos.

    Por ahora solo tres candidatos a presidente hablan de constituyente. Por ahora casi todos los candidatos a presidente hablan de reformas a la constitución. Por ahora se habla mucho del cómo reformar la Constitución, pero se habla poco de lo que queremos reformar. Y lo más lamentable es que de ese “no a la reelección”, los nuevos aspirantes a diputados, los llamados a sanear el sistema, tampoco hablan del tema. Lástima.

     

  • Una nueva cárcel por deudas.

    George Orwell, en Rebelión en la Granja dijo “todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros”. Y esto parece aplicarse a los Estados, donde pareciera que las garantías y estándares morales que se exigen a los ciudadanos no son las mismas que se exigen a los funcionarios y políticos; de hecho en Panamá pareciera que son más suaves para los políticos que para los ciudadanos de a pie.

    Si un gamberro virtual usa fotos de una bloguera rusa para difamar a la procuradora, el Ministerio Público actúa con una celeridad nunca vista cuando es un ciudadano común el que tiene una amenaza que pone en peligro su vida. O cuando se exigen un montón de trámites para poder legalmente acusar a políticos de delitos concretos, que no se exigen a un ciudadano de a pie. Uno de estos temas es la penalización de delitos donde el ciudadano debe dinero a la administración pública, concretamente el tema de la evasión fiscal.

    Anteriormente, antes de la Ilustración, era común que muchas personas dieran con sus huesos en la cárcel por temas de deudas, y por lo tanto, una de las cosas que se propuso la Ilustración fue el eliminar la cárcel por deudas. Pero una cosa era deberle a Juan de los Palotes y la otra deberle al Rey.

    De todas maneras, en el siglo XIX la tendencia fue a eliminar los impuestos sobre las personas, y convertirlo en algo meramente administrativo. Total para hacer muchos trámites como vender cosas, o importar cosas al país tenían tarde o temprano que pagar el impuesto. Pero con la popularidad del impuesto sobre la renta, la cosa empezó a cambiar. Ahora el ciudadano empieza a convertirse en un delator de sí mismo. Tiene que presentarse ante el Rey y sin decir mentiras declarar cuánto gana. La obligación de no declarar contra sí mismo queda tácitamente abrogada, sus palabras ahora van a ser juzgadas contra los hechos que los funcionarios detecten. Ahora deberle al Rey no solo se convierte en una falta administrativa sino en delito. Las deudas fiscales implican cárcel de nuevo, siempre y cuando el acreedor sea el Estado. Porque todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros y el Estado es el dedo ordenador de Dios en la tierra, aparentemente.

    Panamá, país pensado por un liberal con raíces profundas en el liberalismo del siglo XIX y XVIII, el liberalismo de la Ilustración, sabía tácitamente esto, y se resistió a penalizar la evasión fiscal. Era para el panameño un corolario del principio liberal de que no habrá cárcel por deudas. De hecho, el Art. 21 de la Constitución Nacional reza en su frase final: No hay prisión, detención o arresto por deudas u obligaciones puramente civiles. Sin embargo, por presiones externas de los “estándares internacionales” Panamá está dispuesta a ceder más aún y alejarse por primera vez de estos principios liberales para permitir que deberle dinero al Rey, perdón, al ESTADO, sea penalizable con la privación de la libertad. Un precepto Constitucional está a punto de ser violentado.

    Y esta penalización de la evasión fiscal va a traer consecuencias en un país donde la actuación del Ministerio Público y el Sistema Judicial han sido poco neutrales respecto al poder político que controla al ejecutivo.

    Pronto veremos los resultados, que no serán buenos, y los veremos comenzando por aquellos que hoy piden reformar la Constitución cuando ni siquiera pueden respetar la vigente, si es que aprueban la Ley mientras el pueblo está rezando.

  • La Asamblea nos distrae de los otros grandes problemas.

    Vemos cómo el hastío de los panameños con la clase política se ha enfocado en la Asamblea, y no es para menos. Es algo que todos sabíamos por décadas desde la época de los militares.

    Los nombramientos de amiguetes y familiares de los supuestamente honorables diputados, los nombramientos de personas a cambio de un porcentaje del salario para el diputado son la comidilla diaria de los medios. El hecho de que en Panamá el deporte “amateur” dependa de hecho de los buenos oficios de los diputados, y que éstos se apropian de una buena parte del dinero destinado al deporte. Otras cosas que no han estallado son cómo se asignan los supuestamente gratuitos cupos de transporte público a las piqueras por intermedio de los diputados. No en vano varios diputados provienen del transporte público.

    Y seguro que habrá muchos negociados más, algunos contra la administración pública, otros abiertamente mafiosos. Por eso la justificada rabia de los ciudadanos decentes contra la Asamblea.

    Pero esto nos distrae de otras cosas. Cosas como el silencio de la Contraloría General de la Nación hasta ahora, o del Ministerio Público. ¿Por qué ahora es que se destapa lo que era evidente hace tiempo? ¿Por qué ahora cuando esto era sabido desde siempre? Está claro que la coalición entre el Panameñismo y el PRD se rompió y la unidad interna del PRD no es muy buena, una facción está recibiendo una factura política. Tocará a los ciudadanos hastiados decidir si esta factura se cobra o el clientelismo de la Asamblea continúa por otro período más.

    Otros de los temas que pasan agachados son el silencio de los candidatos o precandidatos ante los temas económicos y la seguridad. “ES LA ECONOMÍA ESTÚPIDO” fue el consejo de James Carville a Bill Clinton, cuando todo el mundo pensaba que George Bush padre se iba a reelegir tras ganar la Guerra del Golfo. Resultó que concentrarse en la economía llevó a Bill Clinton a la victoria abrumadora.

    Acá parece que todos los presidenciables tienen miedo a hablar de la economía o de la seguridad. O se mantienen en silencio total, esperando seguramente que un comité de publicidad les haga su plataforma económica lo que significa en la práctica que cada plataforma va a ser igual de insulsa que la del otro candidato. En un país donde su plataforma histórica de servicios está bajo demolición sistemática, que tiene un sistema económico y monetario dependiente de la inversión externa ante la falta de ahorro interno y la afortunada imposibilidad de emitir moneda propia, el país está enviando a los mercados las señales de que no es un lugar bueno para invertir y que las debilidades estructurales que nuestro sistema de servicios tapaba, como la mala educación, la ausencia de un sistema judicial que proteja los derechos de propiedad o resuelva disputas, la corrupción generalizada clientelista de nuestra clase política, nuestra legislación laboral, todo esto queda al desnudo.

    Y si no se hace algo podemos llegar a una auténtica recesión.  Los candidatos por ahora o han elegido callar o se salen con un palo loco de la constituyente, esperando que de una constituyente salgan las ideas económicas que ellos tienen el deber de aportar como candidatos a la Presidencia.

    Luego está el tema de la seguridad. Los delitos dicen disminuir pero la gravedad de los mismos o el hecho de que no se restringen a sectores específicos de la sociedad preocupan. En todos estos casos nuestros candidatos han elegido o el silencio o el seguir dejando a la delincuencia como un tema exclusivo de los Comisionados donde el resto de la sociedad es un convidado de piedra.

    La Asamblea da asco, es cierto, pero esto no debe dejar de distraernos de lo que pasa en el Palacio de las Garzas o en la mente de las personas que aspiran a vivir allí el próximo año.