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Etiqueta: corrupción

  • Nuestro corrupto gobernar

    Alguno dijo por allí: “El problema no está en los gobernantes sino en quienes los eligen para gobernar”. Sí, y el problema tiene profundas y larguísimas raíces, ancladas en un pasado en el cual la hoy Panamá y entonces Castilla de Oro, no era más que la finca del rey de España, quien no mandó a Cristóbal Colón a asentar nuevas tierras de libertad sino a buscar tesoros para saciar las ingentes necesidades de Su Majestad.

    De hecho, en las carabelas de Colón sólo viajaron hombres; es decir, no venían a quedarse. Muy diferente fue con los colonos ingleses que llegaron a los hoy EE.UU. con sus familias, escapando la tiranía de su rey. Allá se desarrolló una sociedad que dio luz a una constitución única en la historia humana; una constitución que consagró el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Y cuando hablo de “propiedad” no me refiero sólo a bienes materiales, sino a la propiedad de nuestro cuerpo y de sus facultades de pensamiento, palabra, tránsito y apropiación no violenta.

    A diferencia de los EE.UU., en la finca del rey, conocida como Castilla de Oro, los súbditos no tenían libertad para comerciar sino con anuencia y licencia del rey; dado que no era lícito comerciar dentro de la finca del soberano a menos que éste, a través de sus Pedrarias, diesen las licencias que hoy llamamos “cupo” y tal. El comercio entre quienes no tenían licencia, era una actividad “informal”, tolerada por las “autoridades” a cargo de gobernar. Poco ha cambiado desde entonces; con ya cerca del 60% de la actividad económica en Panamá informal y el resto más o menos en la formal. Pero, adonde voy es al análisis del grado de desorden que vemos en nuestro medio.

    Hoy, sentado cerca de la puerta cochera de consultorios médicos esperando que mi hija me pasara a recoger, le comenté al seguridad el escándalo de cláxones en la calle; y como para hacer énfasis, llegó un sujeto y se estacionó en la puerta cochera y comenzó a sonar su claxon, fututo, pito, bocina. ¿Qué clase de ser humano se comporta así? Y no era el primero que hacía lo mismo. El conserje salió a indicarle que la puerta cochera era para recoger y no estacionarse y que por favor no pitara ya que, entre otras, estaba en área hospitalaria. Ello dio lugar a insultos, gritos y tal; mientras afuera las bocinas sobaban el desespero de desconsiderados conductores.

    De regreso a casa, mi hija conduciendo, le fui mostrando y comentando las razones del desorden. En síntesis, un desorden orquestado por la corruptela e incompetencia de las “autoridades del tránsito” encargadas de gobernar. Duele llamarles “autoridad”. Y, por casualidad, en esos momentos le respondía un chat a quien en un tiempo estuvo a cargo en la Dirección el Tránsito, y fue despedida porque intentó mejorar las cosas.

    Comentaba la exdirectora de los desórdenes viales en Panamá Norte y el caso de la estación del Metro en San Isidro, la cual ya lleva unos 3 años terminada su modificación y no la ponen a funcionar: «Nadie sabe la razón ni las autoridades las dan». Mi contestación fue simple: “El propósito de esas mejoras era resolver el tránsito $ y no el vial.

    En fin, cualquier persona algo versada en el manejo del tránsito vial puede conocer y mejorar notablemente el asunto; pero, no interesa, ya que la política y los políticos no están para eso, sino recoger el oro y regresar a España.

  • Creadores y depredadores

    Todos somos propietarios de nuestras vidas y de la vasija que la contiene, es decir, nuestro cuerpo; con lo cual surge la gran pregunta de si nuestro cuerpo es cosa contenida dentro de la vasija conocida como “cuerpo humano”. Pero dejemos eso allí ya que a dónde los quiero llevar hoy es a la definición o entendimiento de la diferencia del humano creador del bien y el depredador de miseria. Comencemos preguntándonos ¿cómo se mide la sana creatividad humana? Podría ser a través de una obra de arte, una sinfonía o, tal vez, su capacidad de producir riqueza y bienestar no sólo personal sino social. Las vacas, por ejemplo, se pasan la vida pastando y abonando la tierra con heno digerido; lo cual, de cierta manera es creativo, ya que enriquece el suelo y da vida a las plantas y árboles, cosa que hace inconscientemente.

    Por su parte, los humanos, para mantener el cuerpo que sustenta la vida también se apropian de las cosas del mundo, tal como la vaca se apropia de los pastos. Pero allí termina la analogía, ya que los humanos vamos mucho más allá y no sólo nos apropiamos de vegetales, animales, insectos y otras fuentes nutrientes, sino que sembramos, cosechamos y también fabricamos herramientas y una inmensa o infinita gama de elementos que no sólo enriquecen la vida personal sino también la comunal. Y por “enriquecimiento” me refiero no sólo a la creación de cosas materiales sino inmateriales, tal como la música y, quizá hasta la risa y el amor.

    Y, al hablar de enriquecimiento, muchos, inmediatamente habrán pensado en el dinero. Pero, el dinero sólo es una de tantas representaciones de aquello que es “rico” o “sabroso”; tal como es rica la comida, la música, el arte cosas del mundo que hacemos nuestras. El dinero sólo es una forma que inventamos los humanos para ahorrar riquezas, ya sean físicas o abstractas. Como no podemos ahorrar lo pescado, vendemos lo que producimos de más, creando ahorro.

    Pero, el humano, como ser social que es, a través de la división del trabajo logra no sólo satisfacer sus propias necesidades, sino que va creando condiciones propicias para intercambios enriquecedores; llamémosle “mercado”. A todo ello, no perdamos de vista el que algunos se dedican a vilipendiar los términos: riqueza, mercado, enriquecimiento y otros en un afán ideológico contrario a la libertad comercial y en favor de un sistema centralizado que, supuestamente, subsana las deficiencias del mercado; argumentando que el mercado favorece a unos y perjudica a otros menos creativos.

    Y aunque sea cierto que unos son más capaces o productivos que otros. El problema es que el sistema centralizado que proponen es muchísimo más imperfecto que el mercado y destructivo de la libertad creativa. En tal sentido, acusan a unos de acaparar inmensas fortunas. Pero ¿acaso es mala la capacidad de ser más creativo y productivo? Quienes así piensan no entienden que los llamados “ricos” apenas usan una minúscula porción de su caudal para satisfacer sus necesidades personales; mientras que mucho más del 90% favorece a la sociedad en maneras que poco llegamos a ver o hasta comprender.

    No existe ni gobierno ni gobernante que pueda superar la capacidad productiva de todas esas personas o ciudadanos que son capaces de producir mucho más que cualquier gobierno. Más aún, los gobiernos no son medio de producción, sino que están para proteger los medios productivos. En este sentido es vital identificar y separar al creativo productivo del creativo depredador. El mundo está repleto de depredadores y la función de gobierno no es la de ser uno más de ellos.

    Son tantas las formas en que se da la depredación y una de las principales es a través de la prostitución del dinero papel; ese que ansían controlar los malos gobernantes para poder reproducirlo a su antojo en imprentas gubernamentales. Esto lo señaló el jesuita Juan de Mariana (1536 – 1624) en su obra, “De monetae mutatione”; o degradación de la moneda, perversidad que persiste hasta este día. Mariana fue denunciado por hacer alusiones a los ministros que modificaron el peso del oro moneda para financiar los gastos estatales que a menudo eran ímprobos.

    Semejante vileza no sólo produce una dislocación de los recursos productivos, tanto humanos como materiales, sino que conduce a males inflacionarios y malas inversiones. Y más aún, resulta en un promotor del sistema fiscal confiscatorio en oposición a la auténtica economía de dejar hacer. Cuando quien infla se hace llamar “autoridad”, se pone en movimiento una decadencia moral generalizada y clientelista.

    Luego de todo ello, se evapora la creación productiva y floree la depredación, dando lugar a ideologías de falso socialismo que presumen correcciones de arriba hacia abajo, negando hasta la misma propiedad de nuestros cuerpos que en adelante pasan a ser propiedad del estado.

  • El peligro inmenso de los empresarios prebendarios

    En una sociedad abierta, el empresario es un benefactor de la comunidad: lleva a cabo sus operaciones con el fin de mejorar su propio patrimonio, pero para lograr ese propósito está obligado a servir a su prójimo.

    Adam Smith en su obra cumbre de 1776 se refiere a las propuestas de comerciantes contrarios a la competencia y aliados al poder de turno de este modo: “Es preciso siempre escuchar con los mayores recelos cualquier proyecto de ley o de ordenanza nuevas que proponga esta clase de personas […] cuyo interés no coincide jamás con el del público, de una clase de personas que tiene generalmente interés en engañar e incluso en oprimir al público y que por ello han engañado y oprimido, efectivamente, en muchas ocasiones”.

    Los problemas apuntados se redoblan para la comunidad cuando cámaras empresarias adhieren a las prebendas.,…

    …Es que el empresario se caracteriza por desarrollar un sentido de oportunidad para detectar cuando los costos están subvaluados en términos de los precios finales y, por ende, sacar partida del arbitraje correspondiente. En un mercado libre cuando el comerciante da en la tecla con los gustos y preferencias de su prójimo obtiene ganancias y cuando yerra incurre en quebrantos. Pero el empresario como tal no está preparado en temas de filosofía política ni en los fundamentos de la economía por lo que si el monopolio de la fuerza que denominamos gobierno le ofrece prebendas, en general las aceptará pues aparentemente resulta más cómodo y menos oneroso que esforzarse por competir en el mercado, aunque como veremos más abajo sus empresas quedan colonizadas por el poder político. Claro que además estos procedimientos tienen su contrapartida en el derroche de capital que implican cuando la gente se ve obligada a comprar más caro, de peor calidad o las dos cosas al mismo tiempo. Y, a su turno, el consecuente despilfarro inexorablemente conduce a la reducción de salarios e ingresos en términos reales puesto que estos dependen exclusivamente de las tasas de capitalización. Esto desde luego que no va para todos los empresarios, los hay que no solo comprenden los efectos negativos para la comunidad de las políticas de la prebenda sino que mantienen un sentido de la dignidad y de independencia.

    Pero existe el riesgo de la tentación autoritaria y estatista, por lo que la actividad empresaria en una sociedad libre debe limitarse a operar en el mercado lejos de las redes políticas. Es común que los susodichos empresarios prebendarios argumenten que, por ejemplo, no debe abrirse la competencia internacional eliminando aranceles puesto que necesitan tiempo para ajustar sus actividades a la experiencia del exterior, sin percatarse de que no hay derecho a endosar sus costos sobre las espaldas de los consumidores. Si necesitan ese tiempo deben absorber los costos que demandan los primeros períodos con la idea de más que compensarse en las etapas subsiguientes y si mantienen que no tienen los recursos para afrontar semejante situación deben vender la idea a otros para lograr el objetivo. Y si nadie les compra la idea es porque el proyecto está mal evaluado, o estando bien presentado el negocio en cuestión si otros empresarios no aceptan el ofrecimiento, es debido a que hay otros reglones que son aun más atractivos y como todo no puede llevarse a cabo al unísono puesto que los recursos son limitados, el proyecto de marras debe esperar a una mejor ocasión.

    A veces el discurso se pone grandilocuente al referirse al comercio internacional, pero el concepto es exactamente el mismo si un vecino descubre un procedimiento más eficiente de producir un bien o prestar un servicio. Nadie en su sano juicio a esta altura del partido propondrá aduanas interiores para “protegerse” de la eficiencia. Los ríos, las montañas y los mares no modifican los nexos causales de las leyes económicas. Como hemos destacado antes, desde la perspectiva liberal la única razón por la que el globo terráqueo está dividido en naciones es para defenderse del riesgo fenomenal de la concentración de poder en un gobierno universal, pero tomarse en serio las fronteras constituye una sandez mayúscula. Las culturas alambradas son una muestra de regresión a la edad de piedra.

    El empresario en una sociedad abierta es un benefactor de la comunidad, no porque haga las cosas por filantropía. Lleva a cabo sus operaciones con el fin de mejorar su propio patrimonio; pero para lograr ese propósito en un mercado libre está obligado a servir a su prójimo. En este sentido, hay autores que han sostenido que debieran sustituirse en las plazas públicas los monumentos de militares y políticos y colocar monumentos a empresarios puesto que los primeros muchas veces ponen palos en la rueda, mientras que los segundos son los que resuelven los problemas de los transportes, comunicaciones, alimentación, vestimenta, fármacos y todo cuanto se nos ocurra. Pero reiteramos que esto ocurre cuando el empresario opera en el terreno que le es propio sin politizarse y mucho menos combinarse en aquella cópula hedionda con el gobierno del momento, para explotar miserablemente a la gente en cuyo contexto actúan como aplaudidores oficiales, es decir, agentes rastreros y serviles del aparato estatal.

    El premio Nobel en economía George Stigler señala en Placeres y dolores del capitalismo que “han sido ellos, los empresarios, quienes han convencido a los gobiernos que iniciaran controles sobre las instituciones financieras, los sistemas de transportes, las comunicaciones, las industrias extractivas, etc.” y a continuación subraya que es ingenuo pensar que solo ellos serán los beneficiarios y no otros sectores pero “el Estado no es una concubina, sino una ramera”. Robert Nozick coincide en esta conclusión en su obra más divulgada: “Gran parte de la regulación gubernamental de la industria está originada y está dirigida a la protección contra la competencia que promueven las empresas establecidas”. Y Richard McKenzie en su libro que lleva el sugestivo título de Usando el poder gubernamental: los empresarios contra la libre empresa afirma que “cuando no hay límites en la acción gubernamental, los empresarios compiten por el uso del poder gubernamental». También el prominente empresario estadounidense Charles Koch declara: “¿Qué está pasando aquí? ¿Los dirigentes empresarios se han vuelto locos? ¿Por qué están autoaniquilándose debido a la voluntaria y sistemática entrega de ellos mismos y sus empresas a reglamentaciones gubernamentales? La contestación desde el luego es simple. No, los empresarios ejecutivos no comparten el deseo del suicidio colectivo. Ellos piensan que obtienen ventajas especiales para sus empresas, pero se están engañando. En realidad están vendiendo su futuro”.

    Exactamente esta es la explicación: los empresarios prebendarios están rematando sus empresas, su familia y su futuro al entregar el sistema a las fauces del Leviatán. Como ha escrito el antes mencionado profesor McKenzie, “los empresarios necesitan la libre empresa porque es un sistema que los protege contra ellos mismos”, además de beneficiar a toda la comunidad, muy especialmente a los que menos tienen.

    Dejando de lado las donaciones, solo hay dos formas de enriquecerse: sirviendo al prójimo o expoliándolo. En la sociedad libre, los arreglos contractuales voluntarios hacen posible obtener ventajas recíprocas, mientras que el robo al fruto del trabajo ajeno es característica medular del estatismo donde los gobiernos abandonan su misión de proteger las autonomías individuales y los consecuentes derechos de las personas que son anteriores y superiores a la existencia de los aparatos estatales. En la antigüedad, los reyes y emperadores otorgaban permisos y licencias para todas las actividades de sus súbitos, mientras que los mercados libres abolieron esos privilegios y barreras, una situación que los empresarios prebendarios apuntan a revertir al efecto de volver a las edades de las cavernas.

    Resulta en verdad paradójico que muchos de los burócratas modernos la emprenden contra los genuinos empresarios mientras cobijan a los prebendarios, esto es, atacan a los benefactores de la humanidad y defienden a los explotadores. Esto es así en gran medida porque buena parte de los políticos nunca han tenido nada que ver con el trabajo honesto en una empresa y no tienen la más pálida idea de que significa. Esta es una razón adicional para adoptar sugerencias en cuanto a que, por ejemplo, los miembros del Poder Legislativo trabajen en ese campo tiempo parcial y de manera muy limitada para no solo poner coto al absurdo y contraproducente ímpetu legislativo sino para que los legisladores se ganen el sustento en el mercado y no vivan solamente a costa de los que trabajan en faenas legítimas y todavía se burlan de sus ocupaciones que consideran subalternas a sus designios imperiales.

  • ¡Ojo!, con pedir protección al zorro del gallinero

    La semana pasada publiqué un escrito acerca de como el intervencionismo central conlleva serias consecuencias económicas y sociales; y, como me ocurre muy a menudo, un amigo de Facebook comentó su preocupación en cuanto a que en la ausencia intervencionista gubernamental, tío pueblo quedaría a “la merced del mal empresario”. Como suele ser, el amigo no está falto de un pedazo de la razón; es decir, que existen problemas con los precios que se elevan. Pero lo que pocos ven, son las verdaderas causas de la elevación de precios, que son muchas y sólo les dejo con algunas.

    Comencemos por señalar que a través de la historia los precios de los productos, incluyendo los alimentos, han ido en disminución. Hace unos 100 años la gente vivía en un estado de desnutrición, particularmente en los países poco desarrollados. Pero hoy, cualquiera que transita por las calles de nuestro Panamá verá cantidad de gente que de flaca no tiene nada. Es más, la obesidad se torna en problema social de salud. En síntesis, hoy los alimentos resultan unas 8 veces más económicos que hace 100 años. Y las razones deberían ser obvias, pues los métodos de hoy permiten una producción mucho mayor a menor esfuerzo y costo. En todo caso, sí existen problemas, pero debemos conocerlos.

    La pregunta a responder es: ¿Tío pueblo está a merced de los malos empresarios o…?; y en el “o” es está el tuétano. El asunto es enredado, pero si damos un paseo por la cadena de producción y suministros, encontraremos cosas muy curiosas a la que pocos ponen atención. De salida, al uso del nombrecito “empresario”. Empresario somos todos los que emprendemos la aventura de ganarnos el pan. El agricultor que siembra, sus jornaleros, el transportista y quienes le ayudan a cargar, y toda la gran lista de intermediación, hasta llegar a los sitios de venta. Estas cosas no las ve tío pueblo, al que sólo le importa el precio y culpar al empresario, sin discriminar en su enojo.

    Pero, pregunto: ¿Acaso todo el costo de mantener al brontosaurio gubernamental no entra en los precios de la comida? ¿O es que no te lo habías imaginado? ¿Sabes cuántas botellas pululan los pasillos de la burrocracia central? Más allá de los costos burrocráticos, que entran en escena, están los costos que deben capear los empresarios para cumplir con la lluvia de normas gubernamentales, muchas de las cuales no tienen ni pie ni cabeza. Y ni hablar de la corruptela institucionalizada.

    Ahora, vayamos al final de este cuento, al momento en que pides ayuda al Chapulín gobierno. ¿Crees que nuestra clase política está allí para resguardarte contra los malos empresarios? ¿O, no te has dado cuenta que están más bien para hacer mancuerna con ellos? Me queda clarísimo el recuerdo de mi abuelo George F. Novey, quien rehusaba hacer negocios con el estado porque  «quien con chuecos se asocia, chueco es y chueco queda».

    Años más tarde sus ejemplos saldrían a flote cuando me tocó ir a un ministerio a poner una queda contra un sub director que nos extorsionaba en la Novey. ¡Uy!, qué mal, me dijo el ministro, y al torcido lo cambiaron de puesto. ¡Por favor!, vayamos dejando la inocencia, la envidia y el odio irracional a un lado y, aprendamos para qué está el gobierno, qué servicios le son indelegables prestarnos y a elegir a gente honesta en consecuencia; porque, por lo que he visto a mis 77 años, son demasiados los que se identifican con los deshonestos que abusan del abultado sistema.

  • Democracia o República

    El Preámbulo de nuestra Constitución establece en su razón de ser, entre otras: “…con el fin supremo de… asegurar la democracia…”; lo cual gime la pregunta: ¿Y qué con ‘la república’? Si nos llamamos “república”, ¿cómo no dejamos sentado en constitución la defensa de esa institución que es superior a la democracia? John Adams (1735-1826), segundo presidente de los EE.UU., lo explicó de la siguiente manera: “Las personas tienen derechos que anteceden a todos los gobiernos terrenales; derechos que no pueden ser revocados o restringidos por la ley humana; derechos que devienen del Gran Legislador del Universo.” Si lo entendemos bien, veremos que nada en una constitución puede crear derechos; es decir, los derechos los podemos descubrir, pero no crear.

    Lo extraordinario de la constitución estadounidense es que nació con apenas siete artículos, a los cuales luego se agregaron 27 enmiendas. Pero lo más trascendental aún es que quienes enmarcaron la constitución estadounidense dejaron claro que el mayor peligro para las libertades vendría a través del gobierno. Por ello fue que las enmiendas fueron redactadas en frases negativas, tales como: no será recortada, infringida, negada, degradada, violada o negada. En otras palabras, hablaron de un ‘estado de derecho’ en dónde todos son iguales ante la ley. Que el poder del gobierno es limitado y descentralizado, mediante un sistema de pesos y contrapesos. Y, que, si el gobierno interviene en los asuntos de la sociedad civil, es con único fin de proteger al ciudadano en contra del fraude y la fuerza, pero no para para intervenir en los casos de intercambios voluntarios y pacíficos. En otras palabras y como ejemplo, no para encargarse de cosas como la educación sino para ver que en ello no se den fraudes. Lástima que ni en los EE.UU. ni en Panamá fueron fieles a ello. Ahora, cuando quien comete fraude es el mismo gobierno, no hay forma de poner cascabel a ese gato.

    En escueto contraste, el término “democracia” comúnmente se refiere a un mandato mayoritario; lo cual deja el camino abierto para pensar que la ley es lo que sea que fuese decidido por el gobierno; dado que quien gobierna es el pueblo. ¡Por supuesto!, que el grave peligro en ello es que terminemos con leyes viscerales ausentes de la razón. Más trágico aún es que con demasiada frecuencia vemos que las democracias engendran “derechos” que son vistos como privilegios. Ejemplo patético de ello lo vemos en el Artículo 91 de nuestra constitución que da a los padres de familia el “derecho a participar” en la educación de sus hijos; cuando debía ser todo lo contrario.

    Una lectura estudiada de la historia y constitución de los EE.UU. dejará en clara evidencia el desdén que sentían los padres de esa patria por la democracia. O, como señaló Winston Churchill: “…la democracia es la peor forma de gobierno, con excepción de todas esas otras que se han intentado de tiempos en tiempo…”

    En nuestra querida Panamá vemos que la democracia es vista como la pugna entre partidos para ver quien se hace con el poder de rapiña para el próximo período. Ello queda en marcado contraste con una república en dónde las minorías no quedan a la merced de las mayorías. Y vuelvo con John Adams cuando advirtió: “Recuerden, las democracias no perduran, pronto se desgastan cometiendo suicidio.” John Marshal lo propuso así: “…la diferencia (entre democracia y república) es análoga a la diferencia entre el caos y el orden.” En síntesis, los fundadores de la república estadounidense entendían muy bien que la democracia les conduciría a la misma tiranía monárquica de la cual habían escapado bajo el rey Gorge III.

    Expuesto de otra manera: el sistema democrático, carente de la república, se presta para burlar los mecanismos democráticos o de gobierno por el pueblo; tal como, de hecho, ocurre en nuestro patio. La cruda realidad es lo fácil que una república puede degenerar en una democracia o tiranía de mayorías, que fácilmente se reviste de legitimidad.

    En escueto resumen, los términos “democracia” y “república” no son sinónimos, sino, más bien antónimos.

  • Cómo prevenir la corrupción en las compras públicas en tiempos de Pandemia

    El nuevo estudio ‘Tecnología para la integridad en tiempos de COVID-19’ del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), recomienda a los gobiernos latinoamericanos el uso de datos y nuevas tecnologías para garantizar la integridad de las compras públicas y evitar casos de corrupción durante la mitigación de la pandemia del COVID-19.

    La rápida propagación del coronavirus ha obligado a los gobiernos a realizar compras públicas urgentes de bienes y servicios como camas, medicinas y material médico. En estos procesos, la existencia de casos corrupción limitarían la efectividad e implicarían sobrecostos innecesarios que reducirían la cobertura sanitaria a miles de personas.

    La INTERPOL ya advirtió sobre mecanismos de fraude telefónico y electrónico para extraer pagos de ciudadanos alarmados por adquirir medicinas u otros insumos para prevenir el contagio. El robo de suministros disponibles, aumento de precios y reventa en los mercados negros son oportunidades que aprovechan las redes de crimen organizado, así como el aumento de productos de mala calidad y/o falsificados que ingresan al mercado.

    A partir del examen de evidencia seleccionada, este documento ilustra cómo los datos y las nuevas tecnologías habilitan controles y mecanismos de transparencia en las compras públicas para la atención de emergencias, gracias a la digitalización de procesos que maximizan la exposición de las actuaciones de gobiernos y permiten rastrear el uso de los recursos en tiempo real.

    El análisis plantea 3 ámbitos en que el abastecimiento de bienes y servicios puede proteger contra la corrupción durante la crisis sanitaria:

    1. Rendición de cuentas orientada a resultados. Garantizando el destino específico de los recursos que administran los gobiernos y las organizaciones multilaterales, así como los resultados de ese gasto en materia de contención del brote del COVID-19, es el primer paso. Existen software de código abierto como OpenRBF que administra el financiamiento basado en resultados y desempeño en los sectores de salud, educación y gobierno. OpenRBF se introdujo por primera vez en 2014, aplicado a programas de educación y prevención del VIH en Burundi. Este modelo fue adoptado por Salud Mesoamérica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al combinar aplicativos de georreferenciación sobre el progreso de la pandemia (como los desarrollados por Singapur, Nueva Zelanda y España) con el esquema de transparencia presupuestal del OpenRBF se lograría una superposición permanente entre los mapas de abastecimiento para la atención de la pandemia y los resultados para frenarla.
    2. Publicidad de la contratación directa de emergencia. En general, la publicidad en la contratación no solo permite mostrar a la ciudadanía las actuaciones del gobierno, sino maximizar el nivel de respuesta a sus solicitudes de abastecimiento. Una solución tecnológica para estos casos ya fue desarrollada por los Estados Unidos; se trata de un sistema automático de alertas de contratos con el gobierno. Ucrania también obliga a que todos los contratos de emergencia se publiquen en su totalidad, incluidas las condiciones de pago, entrega y valor, en datos abiertos. La sociedad civil ha desarrollado la herramienta DoZorro para monitorear las adquisiciones médicas y los gastos de emergencia. Esto propicia un ambiente de control desde el sector privado y desde la sociedad civil, para que la declaratoria de emergencia no resulte en manipulación indebida de precios o de condiciones de suministro.
    3. Digitalización en la agregación de demanda para los gobiernos. Un instrumento conocido en compras y contrataciones tanto para gobiernos como para organismos internacionales es el Acuerdo Marco de Precios (AMP). El AMP es un contrato entre un comprador y uno o varios proveedores, el cual detalla el bien o servicio, el precio máximo de adquisición, garantías mínimas y plazo mínimo de entrega. Los proveedores son seleccionados en un mecanismo licitatorio. Una vez allí, ellos reciben las necesidades de abastecimiento y harán sus ofertas, de modo que el comprador elige la que mejor se ajuste a su requerimiento. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (CCE) está liderando innovaciones digitales para los AMP, respondiendo así a regulaciones extraordinarias para contratar en Colombia debido a la emergencia que representa el COVID-19. La Dirección de Compra y Contratación Pública de Chile (ChileCompra) por su parte, ha ido más allá y en datos abiertos haciendo posible para los usuarios determinar la trazabilidad de los AMP para la atención de la emergencia del COVID-19.

    El poder de disuasión de los gobiernos, en la era de los datos, no está en su capacidad de sancionar, sino en su potencial para anticiparse y prevenir la corrupción. Nuevos desarrollos en las tecnologías de información y comunicaciones, acompañados de una política de datos abiertos, podrían no solo cambiar el frente de batalla de lucha contra el coronavirus, sino que, bien aplicado y apoyado por los gobiernos y organismos internacionales, dejaría la puerta abierta a una mejora en los próximos años de la adopción de políticas de integridad al incorporar estas herramientas digitales como elemento esencial de una gestión racional e informada de la crisis.

  • ¿Qué esperamos de los nuevos magistrados?

    El gobierno anunció nuevas magistradas, y estas se ven muy bien. Por ahora se evitó nombrar amiguetes del presidente, o militantes del partido como se rumoreaba o resignadamente se esperaba. Los candidatos a magistrado parecen todos abogadas y abogados profesionales y competentes. Los suplentes, bueno, salvo uno que otro con vínculos partidistas, parecen tener buenas calificaciones.

    Para los estándares de los gobiernos anteriores, esto es un gran avance. Significa que por primera vez se oye un reclamo de la sociedad civil, de despolitizar la corte y parar el amiguismo en la justicia. Es un buen avance, pero tenemos que ir más allá.

    Como en el sistema actual la Corte Suprema de Justicia interpreta la Constitución, ya que afortunadamente no tenemos un Tribunal Constitucional, tenemos que no sólo revisar la hoja de vida educativa de los candidatos a magistrados, y sus conocimientos sobre las ramas del derecho de las Salas de la Corte Suprema de Justicia para la cual fueron asignados, sino sus tendencias ideológicas en fallos. si han sido jueces de menor instancia, o en sus escritos académicos si no lo han sido. Esto es importante no solo para ver la probidad e independencia política de los candidatos, de lo cual existe un déficit en la Justicia Panameña, sino que más que eso, ver si por fin revertimos la tendencia histórica latinoamericana, donde la ley más que proteger a los ciudadanos individuales frente al poder, o a las minorías, la justicia, sobre todo la justicia constitucional latinoamericana, tiende a justificar el poder y sus actos, no a contenerlos y limitarlos. Y es allí donde existe un gran déficit histórico.

    En realidad, la tendencia histórica ha sido a que las Cortes Supremas de Justicia, lejos de limitar al estado, tienden a justificar sus intrusiones en los derechos individuales y limitar los derechos de propiedad. No solo en nombre del bien común sino de intereses particulares cercanos al poder.

    Sería bueno saber cuál es la postura de los candidatos a magistrados (y los ya electos) sobre temas como los retenes, el control de precios, la portación de armas, consumo de drogas, el matrimonio igualitario, la libertad de expresión y la penalización de la calumnia e injuria. Temas que afectan derechos individuales.

    También es bueno hablar de los otros derechos, los derechos sociales. ¿Cómo los ven? ¿Como justificaciones para expandir el estado con más clientelismo, o como obligaciones del Estado de garantizar el marco para que estos derechos prosperen?.

    Una ventaja del sistema actual de la Corte Suprema de Justicia es que los magistrados, aparte de ver temas constitucionales, tienen que ver el día a día judicial de sus ramas del derecho. Esto los mantiene con los pies en la tierra y los hace ver la realidad de la sociedad panameña. La propuesta de un Tribunal Constitucional muy de moda en la región, tiende a separar a los magistrados del día a día de la práctica judicial y los convierte en una especie de Olimpo jurídico, donde sólo se ven los temas constitucionales relacionados con el Estado. Al final, los Tribunales Constitucionales terminan más altamente politizados, y se convierten en una especie de legisladores mediante fallos judiciales.

    Teniendo en cuenta las ventajas del sistema actual, sería bueno aparte de ver sus conocimientos sobre las salas de la corte a la cual están destinados, saber su opinión sobre temas constitucionales.

    Por ahora, estos nombramientos, basados en méritos profesionales y académicos y no en amiguismo o sectarismo son un gran avance, pero tenemos que ir pensando más allá. Un magistrado debe ser alguien comprometido con la democracia y con los ciudadanos de a pie. Y eso solo se aprende interrogando a los candidatos en audiencias públicas y buscando su rastro de papel en escritos académicos, artículos o fallos judiciales. El sistema judicial es el punto más débil de la libertad económica panameña, es ineficiente en proteger derechos de propiedad y aplicar contratos. El sistema judicial es ineficiente en el área penal, afectando a la seguridad pública, generando impunidad, la desigualdad en los resultados dependiendo de la clase social o vínculos políticos de los imputados.

    El sistema actual es ineficiente en impartir justicia de manera rápida. El sistema de justicia administrativa tiende a ser un mero aval de las decisiones convenientes al poder. Todo el proceso en todas las ramas es predominantemente escrito, y terriblemente burocrático. No se han tomado medidas para usar todas las herramientas de la tecnología moderna, como expedientes digitales online, filmaciones y grabaciones digitalizadas de audiencias. Notificaciones automáticas online y físicas mediante pool de notificadores seleccionados por algoritmos y verificados por GPS. Todos esos avances se han implantado en países cercanos mucho más pobres, pero acá no, porque sería el fin de varios negocios privados de miembros del sistema judicial…

    El problema es que mientras tengamos los diputados que tengamos, que son representantes de intereses regionales, y no tengamos una asamblea bicameral, con una cámara superior que represente intereses nacionales, dudamos que podamos llevar nuestra selección de magistrados al siguiente nivel. Pero algo es algo, y por lo menos el actual presidente está tratando de hacer lo correcto. Un cambio fundamental con los presidentes anteriores. Y merecen aplaudirse. Porque el sistema judicial es el más cuestionado de los Poderes del Estado, y tiene una función básica que cumplir.

  • Tecnología blockchain para luchar contra la corrupción en Perú

    Perú podría comenzar a utilizar la tecnología blockchain para luchar contra la corrupción a nivel gubernamental. Esta hecho ocurre pocas semanas después de la noticia del suicidio del ex presidente del país, Alan García. Días después, otro ex presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, fue sentenciado a tres años de prisión por el mismo esquema de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht. Aunque los países desarrollados no están considerando de momento la tecnología blockchain para reducir la corrupción en sus países, los latinoamericanos parecen estar comenzando a implementar diferentes sistemas de tecnología de contabilidad distribuida (DLT) para reducir la corrupción.

    Así, el gobierno de Perú anunció recientemente que se había asociado con la startup de blockchain Stamping.io y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir un sistema de contratación por acuerdos totalmente transparentes. Esto permitiría que los procesos se almacenaran y procesaran completamente a través de un libro mayor inmutable. La idea es crear un sistema de verificación para los contratos gubernamentales que sea inmune a la manipulación de datos, las entregas y recepciones no autorizadas, o cualquier otro procedimiento fraudulento que pueda otorgar un contrato a una entidad sin la documentación adecuada.

    Además, la startup de blockchain ha creado una plataforma que registrará los pedidos de compras y licitaciones de PerúCompras, la agencia gubernamental que regula las compras electrónicas en el país, en la cadena de bloques de la cadena LAC. LAC-Chain es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se creó para promover un ecosistema de cadena de bloques en América Latina y el Caribe. Cuenta con una red de nodos basada en Quorum, un protocolo de código abierto desarrollado por JPMorgan con tecnología Ethereum. Los nodos permitidos serán verificables utilizando el sitio web Stamping.io. El cofundador de esta compañía, José Zárate Sousa, explicó que ya está mostrando signos de un crecimiento muy rápido. Hay algunos días en los que registra más de 500 y 1.000 pedidos. Por lo tanto, LAC-Chain podría convertirse en una de las redes de blockchain más grandes y activas de la región.

    Desde que la noticia comenzó a difundirse por todo el país, el interés en la cadena de bloques entre las empresas locales ha aumentado. Más allá de una herramienta para combatir la corrupción, las empresas locales pueden verse atraídas por la capacidad de la tecnología para mejorar la eficiencia en los procesos administrativos. Por lo que hay otros efectos positivos además de reducir la corrupción. Será posible aumentar la eficiencia y reducir los costos del proceso administrativo en su conjunto. Se espera que los tiempos de procesamiento se reduzcan en un 80%.

    La firma también está tratando de llegar a nuevos mercados en la región, incluidos Chile, Ecuador y Colombia, por lo que esta tecnología pronto podría estar expandiéndose en toda la región y podría ayudar a estos países a mejorar sus procesos y eficiencia. Mientras tanto, también en Argentina, la tecnología blockchain ya la ha adoptado la Provincia de Córdoba para aumentar la eficiencia del gobierno y reducir la burocracia.

     

  • Sobre la corrupción

    Como últimamente han habido sonados casos de peculado en nuestra región, es de interés hacer un alto en el camino y meditar sobre las causas de este fenómeno.

    Según el diccionario, corromper es alterar, descomponer cambiando la naturaleza de una cosa volviéndola mala. Pero una cosa es la corrupción en el sector privado y otra bien distinta es la que ocurre en el contexto de los aparatos estatales. No es para nada que unas personas sean mejores que otras, se trata de incentivos diferentes.

    Lo propio se cuida de un modo distinto respecto a lo que pertenece a los demás. De allí es que a partir de Garret Hardin nos referimos a «la tragedia de los comunes»: lo que es de todos en definitiva no es de nadie, lo cual en realidad ya había sido estudiado desde Aristóteles al criticar la propiedad colectiva. La forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma si las cuentas las paga el que consume que si las abona un tercero por la fuerza.

    Es por lo dicho que el historiador decimonónico Acton ha consignado el célebre adagio en cuanto a que «el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente». De esto se desprende la virtud de la empresa privada: busca beneficios, situación que logra si da en la tecla con los gustos y preferencias de la gente e incurre en quebrantos si se equivoca en ese objetivo. El cuadro de resultados muestra los éxitos y fracasos en el contexto de marcos institucionales que protegen derechos que son siempre superiores y anteriores a la existencia de los gobiernos.

    Desde luego que este proceso no tiene lugar cuando los llamados empresarios se alían con el poder al efecto de obtener privilegios siempre a expensas de la gente, especialmente la más necesitada. Aquellos son en verdad ladrones de guante blanco que en lugar de robar al vecino a mano armada lo hacen a través de los políticos en funciones.

    Cuanto más se aparta el gobernante del tronco central de un sistema republicano de Justicia y seguridad, mayores son las oportunidades de corrupción. Cuanto más extendido el poder político en faenas que no le atañen, mayores espacios se abren para las corrupciones lo cual infecta a los clientes del sector privado donde no pocos al vislumbrar una posibilidad de prosperar a través de una coartada indecente proceden en consecuencia en lugar de transpirar para competir y satisfacer necesidades del prójimo.

    Y no es que en el sector privado no se produzcan corrupciones, es que la naturaleza del problema es sustancialmente distinta. En primer lugar lo absorben los dueños de su propio peculio y no lo trasladan compulsivamente sobre los patrimonios de otros. En segundo término, están presentes fuertes incentivos para llevar a cabo auditorias más rigurosas que las politizadas donde no están en juego los propios ingresos.

    Conviene reiterar que cuando se declama que el Estado debe hacer tal o cual cosa es el vecino el que se hace cargo coactivamente. Es del caso repetir que el Estado nada tiene que no lo haya detraído del fruto del trabajo ajeno.

    Como queda dicho, cuanto más pesado el organigrama gubernamental mayores los resquicios para usar el poder discrecional. La cantidad inmensa de ministerios, secretarias, subsecretarias, direcciones y demás parafernalia no solo obstaculizan las actividades legítimas y creativas sino que naturalmente se traducen en mayores cargas tributarias, endeudamientos públicos y manipulaciones monetarias.

    La maraña de impuestos constituye un fenomenal palo en la rueda para la producción y, por ende, consume capital que a su vez afecta salarios e ingresos en términos reales.

    Un ejemplo de este despropósito es el impuesto progresivo. Como es sabido, los gravámenes pueden ser proporcionales, lo cual significa que cada uno se hace cargo en proporción al objeto imponible según sean sus gastos o su patrimonio. En cambio, el tributo progresivo, como su nombre lo indica, grava progresivamente el objeto imponible. En este último caso el peso en definitiva recae sobre los ingresos marginales ya que la progresividad contrae las inversiones que es precisamente lo que permite elevar salarios. Esta situación irrevocable implica que el impuesto progresivo sea regresivo.

    En segundo lugar, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, es decir, las ubicaciones que la gente estableció en los supermercados y afines con sus compras y abstenciones de comprar. Por último, el impuesto progresivo es un castigo progresivo a la eficiencia.

    La mayor productividad se traslada inexorablemente a los bolsillos de los más necesitados a través de las tasas de capitalización. Esa es la diferencia entre vivir en un país rico y uno del tercer mundo («un mundo de tercera», como decía Cantinflas). La riqueza no es un proceso estático que invita a pelearse por tajadas de la misma torta, es un proceso dinámico que genera muchas tortas si los que se esfuerzan pueden producir sin las interferencias estériles de los aparatos estatales.

    Dado al avance de la peste del nacionalismo xenófobo en Europa y ahora en Estados Unidos, el esperpento del socialismo del siglo XXI en Venezuela y del comunismo en la isla-cárcel cubana y algunas otras tentaciones que es de esperar quedan en la nada, es del caso prestar atención a la tradición de pensamiento liberal que es nada más y nada menos que el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, sin que los megalómanos impongan sus caprichos personales y así evitar corrupciones alarmantes y permitir que los marcos institucionales civilizados castiguen debidamente los peculados.

    En este sentido, debe abandonarse esa caricatura grotesca de «neoliberalismo» que es una etiqueta con la que no se identifica ningún intelectual serio. Mario Vargas Llosa alude al tema al escribir: «Me considero liberal y conozco a muchas personas que lo son y a otras muchísimas más que no lo son. Pero, a lo largo de una trayectoria que comienza a ser larga, no he conocido todavía a un neoliberal».

    Artículo aparecido originalmente en El Pais.

  • El riesgo de los placebos al luchar contra la corrupción.

    La sociedad civil empieza a hartarse de la corrupción. Y eso es algo bueno. Los políticos y los lobbies que hablan en nombre de la sociedad civil parecen estar dispuestos a presentar medidas contra la corrupción, una de ellas es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
    La idea no suena mal en principio pero nos parece al final un poco contraproducente por las siguientes razones.

    1. Es aceptar que la justicia en Panamá no es independiente y por lo tanto no puede juzgar los delitos de corrupción cuando estos ocurren sino mucho después cuando el corrupto tiene tiempo de haber dejado el poder. O sea que se reconoce de facto que la justicia solo se aplica cuando se quiere rematar a una adversario políticamente derrotado y no para poner frenos a los desmanes de una adversario en el poder. Habrá que esperar que los poderosos dejen de serlo para poderlos enjuiciar. Hasta cierto punto es una expresión de impotencia e incapacidad ante la posibilidad de tener un Órgano Judicial que funcione y un Ministerio Publico independiente que pueda y quiera investigar al poder. Y este es un tema que no podemos aplazar. Medidas como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción evidencian una intención de atrasar indefinidamente ver este problema.

    2. Es una licencia para la impunidad porque la ley panameña tiende a caer en la falsa igualdad entre el funcionario que recibe la coima con el ciudadano que paga la coima. “Tan corrupto es el que paga la coima como el que la recibe” dice el dicho popular. Esto tiende a ignorar que existen varios tipos de corrupción y que las relaciones de poder entre funcionarios y ciudadanos no son siempre simétricas.
    Existe una corrupción que podemos llamar de privilegio. Donde una persona paga a un funcionario para que no la castiguen con una sanción o multa mucho mayor que el precio de la coima, o donde una persona paga para que la avancen en una fila saltado sobre los demás, que llegaron primero o que tienen más méritos, por ejemplo en una licitación estatal. En este tipo de corrupción se puede argumentar que la persona que corrompe y el funcionario trabajan en igualdad y son igualmente culpables.

    Pero luego existe otro tipo de corrupción. En el cual el ciudadano se ve obligado a pagar una coima para que no se le castigue por una falta o delito inexistente o para que se le haga cumplir un derecho legal que el funcionario no quiere cumplir. Ejemplo, el que tiene que pagar para que no se le multe por una infracción de tránsito inexistente, el que tiene que pagar para que su permiso o trámite en una oficina pública, pese a estar correcto en todos los requisitos, no duerma el sueño eterno en un despacho público. Para que su pedido no quede retenido en aduanas indefinidamente. Para que se le dé su cita médica. Esta es la corrupción del día a día que más se ve y se sufre y está basada en una asimetría de poder entre ciudadano y funcionario. Pretender que los dos son igualmente culpables significa que los ciudadanos que tuvieron que pagar las coimas no van a denunciar. Es una licencia para la impunidad.

    3. No se examinan otros temas importantes para la lucha contra la corrupción.
    La Contraloría General de la Nación debe tener una función preventiva que vaya más allá del control previo. El zar anticorrupción debe ser un funcionario de la Contraloría no del Ejecutivo, y debe entrar a analizar no solo denuncias de corrupción sino los procedimientos que facilitan la corrupción, como la burocracia innecesaria, los trámites complejos, los cuellos de botella en los procedimientos, las filas y colas en los trámites. Debe ser algo así como el General Accounting Office de los Estados Unidos. La mejor manera de evitar la corrupción es evitar los trámites poco transparentes.
    No se examina los atrasos e incumplimientos en la Ley de Transparencia por ejemplo, o en la aplicación del gobierno en línea, donde muchas veces los trámites que aparecen en la web, no son los que se piden cuando se llega a la ventanilla. Todas esas son oportunidades de corrupción que no se atienden.

    4. No se examina el tema del tamaño del Estado o que el Órgano Legislativo tenga más recursos que el Judicial por ejemplo. Allí está una de las bases de nuestros problemas. Una Asamblea de Diputados que renuncia a su función de control por estar negociando prebendas del Ejecutivo y un Órgano Judicial débil y sin recursos.

    Mientras no ataquemos todos estos temas, medidas como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción serán más bien medidas para sentirnos bien, no para controlar el flagelo.