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Etiqueta: corrupción

  • Cómo prevenir la corrupción en las compras públicas en tiempos de Pandemia

    El nuevo estudio ‘Tecnología para la integridad en tiempos de COVID-19’ del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), recomienda a los gobiernos latinoamericanos el uso de datos y nuevas tecnologías para garantizar la integridad de las compras públicas y evitar casos de corrupción durante la mitigación de la pandemia del COVID-19.

    La rápida propagación del coronavirus ha obligado a los gobiernos a realizar compras públicas urgentes de bienes y servicios como camas, medicinas y material médico. En estos procesos, la existencia de casos corrupción limitarían la efectividad e implicarían sobrecostos innecesarios que reducirían la cobertura sanitaria a miles de personas.

    La INTERPOL ya advirtió sobre mecanismos de fraude telefónico y electrónico para extraer pagos de ciudadanos alarmados por adquirir medicinas u otros insumos para prevenir el contagio. El robo de suministros disponibles, aumento de precios y reventa en los mercados negros son oportunidades que aprovechan las redes de crimen organizado, así como el aumento de productos de mala calidad y/o falsificados que ingresan al mercado.

    A partir del examen de evidencia seleccionada, este documento ilustra cómo los datos y las nuevas tecnologías habilitan controles y mecanismos de transparencia en las compras públicas para la atención de emergencias, gracias a la digitalización de procesos que maximizan la exposición de las actuaciones de gobiernos y permiten rastrear el uso de los recursos en tiempo real.

    El análisis plantea 3 ámbitos en que el abastecimiento de bienes y servicios puede proteger contra la corrupción durante la crisis sanitaria:

    1. Rendición de cuentas orientada a resultados. Garantizando el destino específico de los recursos que administran los gobiernos y las organizaciones multilaterales, así como los resultados de ese gasto en materia de contención del brote del COVID-19, es el primer paso. Existen software de código abierto como OpenRBF que administra el financiamiento basado en resultados y desempeño en los sectores de salud, educación y gobierno. OpenRBF se introdujo por primera vez en 2014, aplicado a programas de educación y prevención del VIH en Burundi. Este modelo fue adoptado por Salud Mesoamérica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al combinar aplicativos de georreferenciación sobre el progreso de la pandemia (como los desarrollados por Singapur, Nueva Zelanda y España) con el esquema de transparencia presupuestal del OpenRBF se lograría una superposición permanente entre los mapas de abastecimiento para la atención de la pandemia y los resultados para frenarla.
    2. Publicidad de la contratación directa de emergencia. En general, la publicidad en la contratación no solo permite mostrar a la ciudadanía las actuaciones del gobierno, sino maximizar el nivel de respuesta a sus solicitudes de abastecimiento. Una solución tecnológica para estos casos ya fue desarrollada por los Estados Unidos; se trata de un sistema automático de alertas de contratos con el gobierno. Ucrania también obliga a que todos los contratos de emergencia se publiquen en su totalidad, incluidas las condiciones de pago, entrega y valor, en datos abiertos. La sociedad civil ha desarrollado la herramienta DoZorro para monitorear las adquisiciones médicas y los gastos de emergencia. Esto propicia un ambiente de control desde el sector privado y desde la sociedad civil, para que la declaratoria de emergencia no resulte en manipulación indebida de precios o de condiciones de suministro.
    3. Digitalización en la agregación de demanda para los gobiernos. Un instrumento conocido en compras y contrataciones tanto para gobiernos como para organismos internacionales es el Acuerdo Marco de Precios (AMP). El AMP es un contrato entre un comprador y uno o varios proveedores, el cual detalla el bien o servicio, el precio máximo de adquisición, garantías mínimas y plazo mínimo de entrega. Los proveedores son seleccionados en un mecanismo licitatorio. Una vez allí, ellos reciben las necesidades de abastecimiento y harán sus ofertas, de modo que el comprador elige la que mejor se ajuste a su requerimiento. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (CCE) está liderando innovaciones digitales para los AMP, respondiendo así a regulaciones extraordinarias para contratar en Colombia debido a la emergencia que representa el COVID-19. La Dirección de Compra y Contratación Pública de Chile (ChileCompra) por su parte, ha ido más allá y en datos abiertos haciendo posible para los usuarios determinar la trazabilidad de los AMP para la atención de la emergencia del COVID-19.

    El poder de disuasión de los gobiernos, en la era de los datos, no está en su capacidad de sancionar, sino en su potencial para anticiparse y prevenir la corrupción. Nuevos desarrollos en las tecnologías de información y comunicaciones, acompañados de una política de datos abiertos, podrían no solo cambiar el frente de batalla de lucha contra el coronavirus, sino que, bien aplicado y apoyado por los gobiernos y organismos internacionales, dejaría la puerta abierta a una mejora en los próximos años de la adopción de políticas de integridad al incorporar estas herramientas digitales como elemento esencial de una gestión racional e informada de la crisis.

  • ¿Qué esperamos de los nuevos magistrados?

    El gobierno anunció nuevas magistradas, y estas se ven muy bien. Por ahora se evitó nombrar amiguetes del presidente, o militantes del partido como se rumoreaba o resignadamente se esperaba. Los candidatos a magistrado parecen todos abogadas y abogados profesionales y competentes. Los suplentes, bueno, salvo uno que otro con vínculos partidistas, parecen tener buenas calificaciones.

    Para los estándares de los gobiernos anteriores, esto es un gran avance. Significa que por primera vez se oye un reclamo de la sociedad civil, de despolitizar la corte y parar el amiguismo en la justicia. Es un buen avance, pero tenemos que ir más allá.

    Como en el sistema actual la Corte Suprema de Justicia interpreta la Constitución, ya que afortunadamente no tenemos un Tribunal Constitucional, tenemos que no sólo revisar la hoja de vida educativa de los candidatos a magistrados, y sus conocimientos sobre las ramas del derecho de las Salas de la Corte Suprema de Justicia para la cual fueron asignados, sino sus tendencias ideológicas en fallos. si han sido jueces de menor instancia, o en sus escritos académicos si no lo han sido. Esto es importante no solo para ver la probidad e independencia política de los candidatos, de lo cual existe un déficit en la Justicia Panameña, sino que más que eso, ver si por fin revertimos la tendencia histórica latinoamericana, donde la ley más que proteger a los ciudadanos individuales frente al poder, o a las minorías, la justicia, sobre todo la justicia constitucional latinoamericana, tiende a justificar el poder y sus actos, no a contenerlos y limitarlos. Y es allí donde existe un gran déficit histórico.

    En realidad, la tendencia histórica ha sido a que las Cortes Supremas de Justicia, lejos de limitar al estado, tienden a justificar sus intrusiones en los derechos individuales y limitar los derechos de propiedad. No solo en nombre del bien común sino de intereses particulares cercanos al poder.

    Sería bueno saber cuál es la postura de los candidatos a magistrados (y los ya electos) sobre temas como los retenes, el control de precios, la portación de armas, consumo de drogas, el matrimonio igualitario, la libertad de expresión y la penalización de la calumnia e injuria. Temas que afectan derechos individuales.

    También es bueno hablar de los otros derechos, los derechos sociales. ¿Cómo los ven? ¿Como justificaciones para expandir el estado con más clientelismo, o como obligaciones del Estado de garantizar el marco para que estos derechos prosperen?.

    Una ventaja del sistema actual de la Corte Suprema de Justicia es que los magistrados, aparte de ver temas constitucionales, tienen que ver el día a día judicial de sus ramas del derecho. Esto los mantiene con los pies en la tierra y los hace ver la realidad de la sociedad panameña. La propuesta de un Tribunal Constitucional muy de moda en la región, tiende a separar a los magistrados del día a día de la práctica judicial y los convierte en una especie de Olimpo jurídico, donde sólo se ven los temas constitucionales relacionados con el Estado. Al final, los Tribunales Constitucionales terminan más altamente politizados, y se convierten en una especie de legisladores mediante fallos judiciales.

    Teniendo en cuenta las ventajas del sistema actual, sería bueno aparte de ver sus conocimientos sobre las salas de la corte a la cual están destinados, saber su opinión sobre temas constitucionales.

    Por ahora, estos nombramientos, basados en méritos profesionales y académicos y no en amiguismo o sectarismo son un gran avance, pero tenemos que ir pensando más allá. Un magistrado debe ser alguien comprometido con la democracia y con los ciudadanos de a pie. Y eso solo se aprende interrogando a los candidatos en audiencias públicas y buscando su rastro de papel en escritos académicos, artículos o fallos judiciales. El sistema judicial es el punto más débil de la libertad económica panameña, es ineficiente en proteger derechos de propiedad y aplicar contratos. El sistema judicial es ineficiente en el área penal, afectando a la seguridad pública, generando impunidad, la desigualdad en los resultados dependiendo de la clase social o vínculos políticos de los imputados.

    El sistema actual es ineficiente en impartir justicia de manera rápida. El sistema de justicia administrativa tiende a ser un mero aval de las decisiones convenientes al poder. Todo el proceso en todas las ramas es predominantemente escrito, y terriblemente burocrático. No se han tomado medidas para usar todas las herramientas de la tecnología moderna, como expedientes digitales online, filmaciones y grabaciones digitalizadas de audiencias. Notificaciones automáticas online y físicas mediante pool de notificadores seleccionados por algoritmos y verificados por GPS. Todos esos avances se han implantado en países cercanos mucho más pobres, pero acá no, porque sería el fin de varios negocios privados de miembros del sistema judicial…

    El problema es que mientras tengamos los diputados que tengamos, que son representantes de intereses regionales, y no tengamos una asamblea bicameral, con una cámara superior que represente intereses nacionales, dudamos que podamos llevar nuestra selección de magistrados al siguiente nivel. Pero algo es algo, y por lo menos el actual presidente está tratando de hacer lo correcto. Un cambio fundamental con los presidentes anteriores. Y merecen aplaudirse. Porque el sistema judicial es el más cuestionado de los Poderes del Estado, y tiene una función básica que cumplir.

  • Tecnología blockchain para luchar contra la corrupción en Perú

    Perú podría comenzar a utilizar la tecnología blockchain para luchar contra la corrupción a nivel gubernamental. Esta hecho ocurre pocas semanas después de la noticia del suicidio del ex presidente del país, Alan García. Días después, otro ex presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, fue sentenciado a tres años de prisión por el mismo esquema de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht. Aunque los países desarrollados no están considerando de momento la tecnología blockchain para reducir la corrupción en sus países, los latinoamericanos parecen estar comenzando a implementar diferentes sistemas de tecnología de contabilidad distribuida (DLT) para reducir la corrupción.

    Así, el gobierno de Perú anunció recientemente que se había asociado con la startup de blockchain Stamping.io y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir un sistema de contratación por acuerdos totalmente transparentes. Esto permitiría que los procesos se almacenaran y procesaran completamente a través de un libro mayor inmutable. La idea es crear un sistema de verificación para los contratos gubernamentales que sea inmune a la manipulación de datos, las entregas y recepciones no autorizadas, o cualquier otro procedimiento fraudulento que pueda otorgar un contrato a una entidad sin la documentación adecuada.

    Además, la startup de blockchain ha creado una plataforma que registrará los pedidos de compras y licitaciones de PerúCompras, la agencia gubernamental que regula las compras electrónicas en el país, en la cadena de bloques de la cadena LAC. LAC-Chain es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se creó para promover un ecosistema de cadena de bloques en América Latina y el Caribe. Cuenta con una red de nodos basada en Quorum, un protocolo de código abierto desarrollado por JPMorgan con tecnología Ethereum. Los nodos permitidos serán verificables utilizando el sitio web Stamping.io. El cofundador de esta compañía, José Zárate Sousa, explicó que ya está mostrando signos de un crecimiento muy rápido. Hay algunos días en los que registra más de 500 y 1.000 pedidos. Por lo tanto, LAC-Chain podría convertirse en una de las redes de blockchain más grandes y activas de la región.

    Desde que la noticia comenzó a difundirse por todo el país, el interés en la cadena de bloques entre las empresas locales ha aumentado. Más allá de una herramienta para combatir la corrupción, las empresas locales pueden verse atraídas por la capacidad de la tecnología para mejorar la eficiencia en los procesos administrativos. Por lo que hay otros efectos positivos además de reducir la corrupción. Será posible aumentar la eficiencia y reducir los costos del proceso administrativo en su conjunto. Se espera que los tiempos de procesamiento se reduzcan en un 80%.

    La firma también está tratando de llegar a nuevos mercados en la región, incluidos Chile, Ecuador y Colombia, por lo que esta tecnología pronto podría estar expandiéndose en toda la región y podría ayudar a estos países a mejorar sus procesos y eficiencia. Mientras tanto, también en Argentina, la tecnología blockchain ya la ha adoptado la Provincia de Córdoba para aumentar la eficiencia del gobierno y reducir la burocracia.

     

  • Sobre la corrupción

    Como últimamente han habido sonados casos de peculado en nuestra región, es de interés hacer un alto en el camino y meditar sobre las causas de este fenómeno.

    Según el diccionario, corromper es alterar, descomponer cambiando la naturaleza de una cosa volviéndola mala. Pero una cosa es la corrupción en el sector privado y otra bien distinta es la que ocurre en el contexto de los aparatos estatales. No es para nada que unas personas sean mejores que otras, se trata de incentivos diferentes.

    Lo propio se cuida de un modo distinto respecto a lo que pertenece a los demás. De allí es que a partir de Garret Hardin nos referimos a «la tragedia de los comunes»: lo que es de todos en definitiva no es de nadie, lo cual en realidad ya había sido estudiado desde Aristóteles al criticar la propiedad colectiva. La forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma si las cuentas las paga el que consume que si las abona un tercero por la fuerza.

    Es por lo dicho que el historiador decimonónico Acton ha consignado el célebre adagio en cuanto a que «el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente». De esto se desprende la virtud de la empresa privada: busca beneficios, situación que logra si da en la tecla con los gustos y preferencias de la gente e incurre en quebrantos si se equivoca en ese objetivo. El cuadro de resultados muestra los éxitos y fracasos en el contexto de marcos institucionales que protegen derechos que son siempre superiores y anteriores a la existencia de los gobiernos.

    Desde luego que este proceso no tiene lugar cuando los llamados empresarios se alían con el poder al efecto de obtener privilegios siempre a expensas de la gente, especialmente la más necesitada. Aquellos son en verdad ladrones de guante blanco que en lugar de robar al vecino a mano armada lo hacen a través de los políticos en funciones.

    Cuanto más se aparta el gobernante del tronco central de un sistema republicano de Justicia y seguridad, mayores son las oportunidades de corrupción. Cuanto más extendido el poder político en faenas que no le atañen, mayores espacios se abren para las corrupciones lo cual infecta a los clientes del sector privado donde no pocos al vislumbrar una posibilidad de prosperar a través de una coartada indecente proceden en consecuencia en lugar de transpirar para competir y satisfacer necesidades del prójimo.

    Y no es que en el sector privado no se produzcan corrupciones, es que la naturaleza del problema es sustancialmente distinta. En primer lugar lo absorben los dueños de su propio peculio y no lo trasladan compulsivamente sobre los patrimonios de otros. En segundo término, están presentes fuertes incentivos para llevar a cabo auditorias más rigurosas que las politizadas donde no están en juego los propios ingresos.

    Conviene reiterar que cuando se declama que el Estado debe hacer tal o cual cosa es el vecino el que se hace cargo coactivamente. Es del caso repetir que el Estado nada tiene que no lo haya detraído del fruto del trabajo ajeno.

    Como queda dicho, cuanto más pesado el organigrama gubernamental mayores los resquicios para usar el poder discrecional. La cantidad inmensa de ministerios, secretarias, subsecretarias, direcciones y demás parafernalia no solo obstaculizan las actividades legítimas y creativas sino que naturalmente se traducen en mayores cargas tributarias, endeudamientos públicos y manipulaciones monetarias.

    La maraña de impuestos constituye un fenomenal palo en la rueda para la producción y, por ende, consume capital que a su vez afecta salarios e ingresos en términos reales.

    Un ejemplo de este despropósito es el impuesto progresivo. Como es sabido, los gravámenes pueden ser proporcionales, lo cual significa que cada uno se hace cargo en proporción al objeto imponible según sean sus gastos o su patrimonio. En cambio, el tributo progresivo, como su nombre lo indica, grava progresivamente el objeto imponible. En este último caso el peso en definitiva recae sobre los ingresos marginales ya que la progresividad contrae las inversiones que es precisamente lo que permite elevar salarios. Esta situación irrevocable implica que el impuesto progresivo sea regresivo.

    En segundo lugar, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, es decir, las ubicaciones que la gente estableció en los supermercados y afines con sus compras y abstenciones de comprar. Por último, el impuesto progresivo es un castigo progresivo a la eficiencia.

    La mayor productividad se traslada inexorablemente a los bolsillos de los más necesitados a través de las tasas de capitalización. Esa es la diferencia entre vivir en un país rico y uno del tercer mundo («un mundo de tercera», como decía Cantinflas). La riqueza no es un proceso estático que invita a pelearse por tajadas de la misma torta, es un proceso dinámico que genera muchas tortas si los que se esfuerzan pueden producir sin las interferencias estériles de los aparatos estatales.

    Dado al avance de la peste del nacionalismo xenófobo en Europa y ahora en Estados Unidos, el esperpento del socialismo del siglo XXI en Venezuela y del comunismo en la isla-cárcel cubana y algunas otras tentaciones que es de esperar quedan en la nada, es del caso prestar atención a la tradición de pensamiento liberal que es nada más y nada menos que el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, sin que los megalómanos impongan sus caprichos personales y así evitar corrupciones alarmantes y permitir que los marcos institucionales civilizados castiguen debidamente los peculados.

    En este sentido, debe abandonarse esa caricatura grotesca de «neoliberalismo» que es una etiqueta con la que no se identifica ningún intelectual serio. Mario Vargas Llosa alude al tema al escribir: «Me considero liberal y conozco a muchas personas que lo son y a otras muchísimas más que no lo son. Pero, a lo largo de una trayectoria que comienza a ser larga, no he conocido todavía a un neoliberal».

    Artículo aparecido originalmente en El Pais.

  • El riesgo de los placebos al luchar contra la corrupción.

    La sociedad civil empieza a hartarse de la corrupción. Y eso es algo bueno. Los políticos y los lobbies que hablan en nombre de la sociedad civil parecen estar dispuestos a presentar medidas contra la corrupción, una de ellas es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
    La idea no suena mal en principio pero nos parece al final un poco contraproducente por las siguientes razones.

    1. Es aceptar que la justicia en Panamá no es independiente y por lo tanto no puede juzgar los delitos de corrupción cuando estos ocurren sino mucho después cuando el corrupto tiene tiempo de haber dejado el poder. O sea que se reconoce de facto que la justicia solo se aplica cuando se quiere rematar a una adversario políticamente derrotado y no para poner frenos a los desmanes de una adversario en el poder. Habrá que esperar que los poderosos dejen de serlo para poderlos enjuiciar. Hasta cierto punto es una expresión de impotencia e incapacidad ante la posibilidad de tener un Órgano Judicial que funcione y un Ministerio Publico independiente que pueda y quiera investigar al poder. Y este es un tema que no podemos aplazar. Medidas como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción evidencian una intención de atrasar indefinidamente ver este problema.

    2. Es una licencia para la impunidad porque la ley panameña tiende a caer en la falsa igualdad entre el funcionario que recibe la coima con el ciudadano que paga la coima. “Tan corrupto es el que paga la coima como el que la recibe” dice el dicho popular. Esto tiende a ignorar que existen varios tipos de corrupción y que las relaciones de poder entre funcionarios y ciudadanos no son siempre simétricas.
    Existe una corrupción que podemos llamar de privilegio. Donde una persona paga a un funcionario para que no la castiguen con una sanción o multa mucho mayor que el precio de la coima, o donde una persona paga para que la avancen en una fila saltado sobre los demás, que llegaron primero o que tienen más méritos, por ejemplo en una licitación estatal. En este tipo de corrupción se puede argumentar que la persona que corrompe y el funcionario trabajan en igualdad y son igualmente culpables.

    Pero luego existe otro tipo de corrupción. En el cual el ciudadano se ve obligado a pagar una coima para que no se le castigue por una falta o delito inexistente o para que se le haga cumplir un derecho legal que el funcionario no quiere cumplir. Ejemplo, el que tiene que pagar para que no se le multe por una infracción de tránsito inexistente, el que tiene que pagar para que su permiso o trámite en una oficina pública, pese a estar correcto en todos los requisitos, no duerma el sueño eterno en un despacho público. Para que su pedido no quede retenido en aduanas indefinidamente. Para que se le dé su cita médica. Esta es la corrupción del día a día que más se ve y se sufre y está basada en una asimetría de poder entre ciudadano y funcionario. Pretender que los dos son igualmente culpables significa que los ciudadanos que tuvieron que pagar las coimas no van a denunciar. Es una licencia para la impunidad.

    3. No se examinan otros temas importantes para la lucha contra la corrupción.
    La Contraloría General de la Nación debe tener una función preventiva que vaya más allá del control previo. El zar anticorrupción debe ser un funcionario de la Contraloría no del Ejecutivo, y debe entrar a analizar no solo denuncias de corrupción sino los procedimientos que facilitan la corrupción, como la burocracia innecesaria, los trámites complejos, los cuellos de botella en los procedimientos, las filas y colas en los trámites. Debe ser algo así como el General Accounting Office de los Estados Unidos. La mejor manera de evitar la corrupción es evitar los trámites poco transparentes.
    No se examina los atrasos e incumplimientos en la Ley de Transparencia por ejemplo, o en la aplicación del gobierno en línea, donde muchas veces los trámites que aparecen en la web, no son los que se piden cuando se llega a la ventanilla. Todas esas son oportunidades de corrupción que no se atienden.

    4. No se examina el tema del tamaño del Estado o que el Órgano Legislativo tenga más recursos que el Judicial por ejemplo. Allí está una de las bases de nuestros problemas. Una Asamblea de Diputados que renuncia a su función de control por estar negociando prebendas del Ejecutivo y un Órgano Judicial débil y sin recursos.

    Mientras no ataquemos todos estos temas, medidas como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción serán más bien medidas para sentirnos bien, no para controlar el flagelo.