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Etiqueta: Costa Rica

  • Costa Rica lanza su primer ETF Bitcoin: ¿Puede Panamá imitarlo?

    El 22 de febrero de 2025, Costa Rica marcó un hito financiero al lanzar su primer fondo cotizado en bolsa (ETF) basado en Bitcoin, una iniciativa liderada por el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) a través de su gestora de inversiones, BN Fondos. Este movimiento posiciona al país como pionero en Centroamérica al ofrecer a sus ciudadanos acceso a inversiones en criptomonedas mediante el sistema bancario tradicional.

    Detalles del ETF Bitcoin en Costa Rica

    El ETF Bitcoin de BN Fondos permite a los inversionistas costarricenses exponerse al rendimiento de Bitcoin sin la necesidad de gestionar directamente criptomonedas, eliminando así la complejidad de manejar billeteras digitales o claves privadas. Con una inversión mínima de $100, este fondo está diseñado para ser accesible tanto para pequeños ahorristas como para grandes inversionistas. Además, las inversiones se realizan en dólares estadounidenses, brindando una opción adicional para diversificar portafolios en una moneda fuerte.

    Pablo Montes de Oca, gerente general de BN Fondos, destacó la importancia de este lanzamiento: «Nos entusiasma presentar estos nuevos Fondos de Inversión tan innovadores y ser pioneros en el mercado costarricense». Este ETF no solo ofrece una nueva alternativa de inversión, sino que también representa un paso significativo hacia la modernización y digitalización del sector financiero costarricense.

    Contexto Regulatorio en Costa Rica

    Aunque Costa Rica no cuenta con una legislación específica que regule las criptomonedas, la constitución y el código civil del país permiten cualquier actividad que no esté expresamente prohibida por la ley. Esto significa que, en ausencia de una prohibición explícita, los costarricenses pueden poseer y comerciar con criptomonedas. Sin embargo, la introducción de un ETF respaldado por una entidad financiera estatal como el BNCR ofrece una capa adicional de confianza y seguridad para los inversionistas, al operar bajo un marco regulado y supervisado.

    Posibilidades para Panamá

    La iniciativa costarricense plantea la pregunta de si Panamá está en condiciones de seguir un camino similar. Panamá ha mostrado interés en el ámbito de las criptomonedas; en 2021, la Asamblea Nacional discutió un proyecto de ley para regular el uso de criptoactivos y fomentar la innovación financiera. Aunque el proyecto generó debate y atención mediática, su avance ha sido lento, y hasta la fecha no se ha implementado una regulación específica que permita el lanzamiento de productos financieros como un ETF de Bitcoin. Por otro lado, y siguiendo el razonamiento jurídico de Costa Rica, Panamá no prohibe expresamente este tipo de productos, por lo que también regiría el principio de «todo aquello que no está expresamente prohibido, está permitido».

    Para que Panamá pueda introducir un ETF de Bitcoin similar al de Costa Rica, sería necesario:

    1. Promover su Marco Regulatorio: Al igual que su país hermano Costa Rica, Panamá no necesita establecer leyes y regulaciones que definan el estatus legal de las criptomonedas y los productos financieros asociados. La seguridad jurídica a los inversionistas y a las instituciones financieras se las otorga la misma Constitución Nacional y en este sentido, podría empujarse una clara, concisa y ágil regulación para que los Bancos puedan estar más cómodos y protegidos ante el desafío de Bitcoin. Sin embargo, no es necesario.
    2. Participación de Entidades Financieras: Involucrar a bancos y gestoras de fondos locales que estén dispuestos a desarrollar y ofrecer productos basados en criptomonedas, llevando a cabo una autoregulación honesta y sustentable.
    3. Educación e Información: Fomentar la educación financiera entre la población para que los potenciales inversionistas comprendan los riesgos y beneficios asociados con las inversiones en criptomonedas.

    Aunque Panamá cuenta con un sector financiero robusto y una posición geográfica estratégica, es cierto que la ausencia de un marco regulatorio específico solicitado por el mainstream financiero para las criptomonedas, limita la posibilidad de lanzar productos como un ETF de Bitcoin en el corto plazo. No obstante, la experiencia de Costa Rica podría servir como modelo y estímulo para que Panamá avance en la integración de activos digitales en su mercado financiero, siempre y cuando se desarrollen las regulaciones propias, la confianza y las estructuras necesarias para garantizar la seguridad y confianza de los inversionistas. Y además, animarse a hacerlo.

  • Costa Rica declara emergencia nacional tras hackeo masivo

    Si alguna vez hemos necesitado pruebas de que los ataques cibernéticos son algo real y devastador, ahora el país de Costa Rica ha declarado una emergencia nacional después de haber sido bombardeado con varios ataques digitales.

    El presidente del país, Rodrigo Chaves, que acaba de asumir el cargo este domingo pasado, ha anunciado oficialmente un estado de emergencia para la nación. Esto se produce después de un gran ataque del grupo de ransomware Conti, que tiene vínculos con el sindicato de delitos cibernéticos Wizard Spider, responsable de muchos ataques, incluido malware como Ryuk, que se dirige a los hospitales. La declaración de emergencia le otorga la autoridad para contratar expertos externos en seguridad cibernética sin esperar el permiso de la asamblea legislativa del país.

    Después del ataque inicial, el grupo infractor Conti exigió un rescate de 10 millones de dólares al Ministerio de Hacienda de Costa Rica, que no fue abonado. En respuesta, Conti habría liberado el 97% del total de 672 GB de datos robados al gobierno del país. La agencia de salud pública, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), había declarado anteriormente que «se está realizando una revisión de seguridad perimetral en el Conti Ransomware, para verificar y prevenir posibles ataques a nivel de la CCSS».

    El Ministerio de Finanzas aún debe confirmar por completo la amplitud exacta del ataque, incluyendo qué datos de los contribuyentes se pueden haber recopilado, ya que estos hackers podrían haber recopilado datos personales de muchos ciudadanos costarricenses. El organismo público que primero ha sufrido daños por el ciberataque es el Ministerio de Hacienda, que aún no ha evaluado completamente el alcance del incidente de seguridad o en qué medida se han visto afectados los sistemas de información, pagos y aduanas de los contribuyentes. Por lo pronto, desde el 18 de abril, los servicios digitales de Hacienda no están disponibles, lo que está afectando a todo el «sector productivo» debido a que se han interrumpido los trámites gubernamentales, las firmas y los sellos.

    «El ataque que está sufriendo Costa Rica por parte de ciberdelincuentes, ciberterroristas se declara emergencia nacional y estamos firmando un decreto, precisamente, para declarar estado de emergencia nacional en todo el sector público del Estado costarricense y permitir que nuestra sociedad responda a estos ataques como actos delictivos”, dijo el Presidente, acompañado de la Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y el Ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Carlos Alvarado.

    Actualmente, solo un actor de amenazas individual conocido como UNC1756, ha asumido la responsabilidad del ataque. El grupo ha amenazado con ataques adicionales ya que los rescates no se han pagado y han declarado que estos serán más serios, por lo que aún hay más razones para que Costa Rica esté especialmente alerta en este momento.

    El gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de $10 millones de dólares por información que pueda ayudar a identificar o localizar a los responsables de los ataques. Se ofrecen otros $5 millones si esto conduce a un arresto o condena.

  • Costa Rica legaliza marihuana para uso medicinal

    La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el martes la legalización de la marihuana con fines medicinales, a pesar de la oposición del presidente, Carlos Alvarado, y grupos conservadores en el país centroamericano.

    La producción y procesamiento del cannabis fue aprobada con el voto del 58% de los 57 escaños, aunque sigue prohibida para el consumo recreativo, según el texto de la ley, propuesta en 2019 contra el criterio del ministro de Seguridad, Michael Soto.

    «Esta ley marca un hito porque abre un nuevo mercado que beneficiaría al sector agrícola, afectado en los últimos años, pero está muy lejos de significar un portillo para el consumo de drogas. Confío en que el presidente Alvarado lo ha comprendido y no la vete», dijo la diputada independiente Zoila Volio, una de las proponentes de la ley.

    El trámite de la ley tiene pendiente el sello de Alvarado. Si el mandatario la rechaza, obligaría a los diputados a repetir la votación para poner la ley en vigencia pero, esta vez, necesitaría el aval de la mayoría calificada.

    La aprobación de la Asamblea Legislativa también incluye el uso alimentario e industrial del cáñamo, una cepa del cannabis que Alvarado sí apoyó desde 2020 como posible factor de reactivación económica posterior a la pandemia del COVID-19.

    «Es un paso tardío y limitado, pero conveniente y necesario para generar riqueza. Hemos perdido mercado mientras otros países ya llevan camino recorrido«, comentó Volio.

    En años recientes, otros países de la región como Canadá, Colombia, Uruguay y algunos estados de Estados Unidos han legalizado el uso de la marihuana para algunos fines, desde lúdico hasta medicinal, pasando por el científico.

    La producción de cáñamo en Costa Rica será libre, pero la de marihuana medicinal requerirá licencias que emitirá el Ministerio de Salud, el 40% de las cuales deberán quedar en manos de pequeños productores. También podrán producirla para autoconsumo quienes padezcan una enfermedad, con un permiso.

    Los diputados proponentes del proyecto descartaron avanzar en la legalización del consumo abierto de la marihuana, una posibilidad que apoya el 40% de la población, según una encuesta de mayo hecha por la Universidad de Costa Rica.

    Meses atrás el Gobierno costarricense había expresado su apoyo a la industria del cáñamo, pero se oponía a la legalización del cannabis medicinal, pues consideraba que no tiene las herramientas para ejercer un control adecuado de la actividad.

    El diputado del oficialista Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, manifestó su apoyo a la iniciativa y celebró su aprobación en primer debate. «Es un importante paso en la dirección correcta, que dará mayor acceso a tratamientos y generará desarrollo económico. Es un gran avance en una discusión que debemos continuar dando como país, ahora en cuanto al uso recreativo de esta planta», dijo.

    A diferencia de Panamá, sobre el otorgamiento de licencias, la ley es clara y al punto: quiere evitar el monopolio de la industria y para ello establece varias categorías con amplia libertad y requisitos accesibles que cualquiera que pueda cumplimentarlos, podrá acceder a la licencia. Lo ideal es un mercado desregulado, pocas regulaciones de cumplimiento estricto. Pero dadas las circunstancias, lo que acaba de aprobar Costa Rica, es muy superior a lo aquí aprobado, creando un monopolio u oligopolio mediante ley en Panamá.