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  • La Competitividad y el Registro Público panameño.

    Las sociedades panameñas están de capa caída, el número de sociedades panameñas viene decreciendo desde hace ya varios años de picos de casi 36 mil sociedades inscritas en el 2014 se ha caído a menos de mil por mes, cuando antes se inscribían hasta 6 mil al mes . Las firmas de abogados están despidiendo personal. Y se dedican a vender sociedades en otras jurisdicciones, incluyendo los Estados Unidos.

    Ante todo esto el gobierno está en una disyuntiva, por un lado ha hecho todo lo que la OCDE y el GAFI le han pedido, por el otro, las sociedades panameñas caen y siguen cayendo y los negocios se van a otras jurisdicciones. También se ven los depósitos bancarios.

    El gobierno está en una etapa de plena negación. Por ejemplo, el director del registro público habla de que Panamá adoptó normas internacionales para hacer el sistema panameño más competitivo, y depurarse. Bueno, el tema con la competitividad es que las normas para depurar el sistema sean aplicables a todos por igual. Si un país adopta ciertas normas pero los demás no, están en desventaja a la hora de luchar por clientes que sin duda se irán a los países con normas más ventajosas.

    La competitividad no se logra cumpliendo con normas burocráticas de la OCDE; se logra ofreciendo la plaza más atractiva a los clientes. Y acá es donde está el problema. Ciertas normas han sido redactadas de manera tan burocrática que solo parecen beneficiar a las empresas de contabilidad internacional asociadas con la OCDE.

    La manera como se ha manejado el tema de los agentes residentes y las responsabilidades de los mismos de rendir cuentas han hecho que tener una sociedad panameña sea demasiado caro, aún para hacer negocios locales en Panamá. Es mejor cerrarlas o dejarlas inactivas que abrir sociedades nuevas.

    La actuación del gobierno durante los Panama Papers tampoco ayuda; en lugar de decir lo injusto que era que se escogiera el nombre Panama Papers pese a que la mayoría de las sociedades involucradas no eran de nuestra jurisdicción, se tornó en una cuestión vergonzante de la cual mejor no hablar. Vamos, antes las filtraciones del HCBC o de la Unión de Bancos Suizos eran las filtraciones de estas empresas; después de los Panama Papers, las filtraciones eran los “Paradise Papers”, no los Bermuda Papers ni los Singapore Papers. En cambio, los papeles de Mossack y Fonseca eran los Panama Papers pese a que la mayoría de las sociedades involucradas lo eran en British Virgin Island (BVI). Uno de los argumentos de peso que se debió usar fue éste, pero nunca se usó; en su lugar, nuestros funcionarios parecían venados en las luces de un auto, dando excusas a cada momento y firmando lo que les pusieran enfrente.

    Hasta se nombró una comisión formada por personas vinculadas a Soros y la OCDE para dar “recomendaciones” que terminó en otro escándalo cuando estas recomendaciones excedían con creces lo que solicitaba la OCDE. Y esto ha seguido, el daño a la reputación de Panamá como plaza continúa, pese a las medidas que tomamos para ser más “competitivos” o sea, no para atraer clientes, sino para no figurar en las listas negras de la OCDE o de la Unión Europea. El problema es que a cada medida que cumplimos para salir de una lista, suelen añadir otra nueva constantemente para ponernos en una nueva lista. Porque en el fondo lo que busca la OCDE no es eliminar ni el lavado de dinero, ni la financiación del terrorismo, ni las armas de destrucción masiva, ni la evasión fiscal, sino la mera idea de la competencia fiscal en sí, o sea que los países atraigan inversiones y dineros de todo el mundo ofreciendo un régimen fiscal atractivo.

    En tanto el gobierno no defienda el derecho soberano a hacer esto, a competir, y no entienda que para atraer inversiones se tiene que tener un régimen atractivo, no vamos a ser competitivos. Porque si ser competitivos significa nada más salir de las listas negras de la OCDE y hacer las sociedades panameñas más caras en tiempo y dinero, pues apaga y vámonos.

    Lo que se ha venido haciendo post Panama Papers es venir tratando de evitar salir de las listas negras y grises, adoptando más requisitos que las hacen más caras, lentas de constituir y por lo tanto poco atractivas a nuestras sociedades, sin ninguna garantía de que no nos sigan imponiendo otros requisitos, y de que la imagen de la plaza Panamá mejore, y con ello la imagen de las sociedades panameñas. En pocas palabras, nuestras sociedades son ahora más caras, pero nuestra imagen internacional no mejora.

    Lo cual nos lleva a otro tema; uno de los pocos atractivos que tenía Panamá como plaza era la opacidad de nuestras sociedades, ahora ese atractivo ha desaparecido. Y no hemos tratado de construir otros atractivos distintos. No tenemos un sistema judicial rápido y confiable que haga atractivo tener sociedades en Panamá en caso de pleitos, así que mejor se las hace en una jurisdicción británica o norteamericana, tampoco tenemos las ventajas migratorias de Austria y ciertas islas del Caribe.

    Las licitaciones en Panamá tienen una larga sombra de corrupción que favorece a las empresas de países donde pagar coimas en el extranjero es legal, como China y Brasil, y hace poco atractivo a las empresas alemanas y norteamericanas licitar. La visita de Pompeo a Panamá tuvo que ver bastante con eso. Añada a esto los intentos de imponer controles de capitales por razones xenofóbicas como los impuestos a las remesas o demagógicas como el 7% a las transferencias bancarias, y el mensaje que se manda al público es que no tengan cuentas en bancos panameños, y no se invierta en Panamá.

    En otras palabras, mientras no busquemos atractivos para la plaza, por más que cumplamos las normas de la OCDE, vamos a ver como nuestras sociedades siguen desapareciendo y los activos líquidos de los bancos se van a Miami y Puerto Rico. Si no tomamos medidas para defender la imagen y la soberanía del país, no controlamos la corrupción y mejoramos la justicia y tomamos medidas populistas y demagógicas para terminar de matar al herido, no esperemos milagros.

    El Director del Registro Público debe tener en claro que hacer las cosas más caras y burocráticas para evitar los chantajes de la OCDE y la EU, no es hacer al país más competitivo, de la misma manera que tomar medidas en Venezuela para evitar que te secuestren, es ser más competitivo. En ambos casos es un aumento del costo de hacer negocios y nada más.

  • El Muro de Berlín fiscal.

    Bueno, lo que hemos venido diciendo y el gobierno no aprende, lamentablemente se cumple. Cuando se cumple un requisito con la OCDE o la Unión Europea, no hay que preocuparse, siempre se va a exigir otro nuevo. Cuando no es el intercambio automático de información, el fin de las acciones al portador, o BEPS, van a venir siempre con otro reclamo. Creo que a estas alturas no se trata solo de evitar el lavado de dinero o la financiación del terrorismo o las armas de destrucción masiva, o de evitar la evasión fiscal, sino que ahora se trata de evitar de manera pura y dura toda forma de competencia fiscal.

    La nueva iniciativa de la OCDE amenaza con castigar a las residencias fiscales, o peor, a las nacionalidades tipo pasaporte dorado para aquellas personas que deseen escapar de los infiernos fiscales. Los países de la OCDE quieren ser como el infernal Hotel California, se puede hacer el checkout cuando se quiera, pero no se puede ir de allí. En otras palabras, si no se quiere vivir en un infierno fiscal, la OCDE no quiere que se tenga el derecho de emigrar a otro país y aún más, nacionalizarse allá.

    Aparte de tratar a sus propios ciudadanos como activos, de una manera muy similar a Cuba o Colombia, que aunque se nacionalice de otro país, cuando un cubano va a Cuba o un colombiano viaja a Colombia, se le trata y se le exige como si todavía fuera un nacional del país del cual emigró, la OCDE está creando de hecho, una especie de Muro de Berlín fiscal. Diciéndole a los que quieran escapar del infierno, “no puedes irte”.

    La OCDE ahora arremete contra los países que hacen fácil a los inversionistas adquirir la nacionalidad en esos lugares; pero no sólo eso, arremete a los países que dan la residencia fiscal a los inversionistas. Eso sí, mientras no se sea miembro de la OCDE como los Estados Unidos, con su visa E 2, donde se invierte cierta cantidad de dinero, y bueno, se tiene visa de residente permanente fiscal. O Austria con su pasaporte Dorado donde le otorgan la ciudadanía a los inversionistas con pocos millones de inversión. Algo que en Panamá es bastante difícil ya que el proceso de tener residencia permanente y el de ser ciudadano son muy distintos.

    Pero eso no le importa a la OCDE, pronto estaremos en otra de sus listas, porque ahora en nombre de luchar contra la evasión fiscal, lo cual siempre ha sido una forma de proteccionismo, la OCDE muestra intenciones de decirle a los estados quiénes pueden ser sus residentes o sus ciudadanos.

    El informe de la OCDE, que no llega a ser lista negra pero es seguro que para allá va, deliberadamente confunde los esquemas de residencias fiscales pagadas con los esquemas de residencia migratoria por inversiones, que como hemos visto son prácticas que países como los Estados Unidos, Irlanda o Austria, practican. Pero nosotros somos los malos. Y esto es lo que pasa con una Cancillería que no existe.

    Pareciera que no existe ningún interés en defender el derecho de Panamá a decidir quiénes son sus inmigrantes y sus ciudadanos. Y el derecho de Panamá a atraer inversiones en el mercado global.

    Porque en el fondo la OCDE no solo busca evitar la evasión fiscal; busca realmente establecer un proteccionismo fiscal para evitar que la gente no lleve sus dineros de manera legal a otros países, impidiendo inclusive que la gente vote con los pies y emigre económica y físicamente a lugares donde la voracidad del Estado tenga límites. Un Muro de Berlín fiscal. Esta es una medida para que las economías menos competitivas de la OCDE no vean cómo sus activos, perdón, sus ciudadanos, emigren a economías más competitivas. Claro que por ahora nos incluyen a nosotros y no a los Estados Unidos con su visa E2, porque hasta los burócratas de la OCDE saben que no es buena idea provocar a Donald Trump. Por ahora se meten con nosotros, porque saben que nosotros no tenemos un gobierno con voluntad de defendernos.

     

  • Panamá, del puesto 4 al número 27 en el Índice de Libertad Económica

    Panamá llegó a figurar entre las veinte economías más liberales del mundo. A comienzos del siglo XXI, décadas de estabilidad monetaria, apertura comercial, flexibilidad financiera y fiscalidad baja hicieron del istmo uno de los destinos de inversión más populares de América. Sin embargo, esa ventaja se ha perdido en los últimos años, dando como resultado una progresiva pérdida de competitividad que amenaza la prosperidad futura del país.

    Para entender mejor lo ocurrido, echemos un vistazo al Índice de Libertad Económica. Esta publicación nació en los años 90, después de que Milton Friedman sugiriese la posibilidad de clasificar a los países según su grado de apertura al mercado. La propuesta del Premio Nobel de Economía fue respondida por el Instituto Cato, de Estados Unidos, y el Instituto Fraser, de Canadá.

    Ambas organizaciones hicieron un monumental esfuerzo para estudiar la evolución de la libertad económica desde 1975 hasta nuestros días. Gracias a ese ejercicio sabemos que, hace ahora cuatro décadas, la economía panameña era la cuarta más abierta del mundo, con una nota de 7 puntos sobre 10.

    Sin embargo, la evolución en las décadas siguientes no solo no sirvió para consolidar un avance hacia las primeras posiciones del ranking, sino que apuntaló una progresiva pérdida de dinamismo y flexibilidad. En 1980, Panamá cae al octavo puesto del ranking, mientras que en 1990 se desplomó hasta el número quince de la tabla, con 6,3 puntos sobre un total de 10.

    Si avanzamos hasta 2016, el último año estudiado por Cato y Fraser, encontramos que Panamá está ahora en las últimas posiciones del top treinta. El país centroamericano ha llegado a caer fuera del “top cincuenta” y, aunque ha mejorado levemente sus resultados, figura en un decepcionante puesto 27, después de años de malas políticas económicas.

    El informe, punto por punto

    Centrándonos en la categoría del informe que se refiere al tamaño del gobierno, la nota que recibe Panamá es de 7,4 puntos. Puede parecer un resultado digno, pero no hay que olvidar que, apenas hace una década, este indicador rondaba los 8,5 puntos. Por tanto, el aumento del gasto público y de los impuestos tiene un efecto perjudicial para la evaluación general de la economía panameña. Especialmente dañino es el efecto de los impuestos directos (renta, seguro social, etc.), donde el Índice de Libertad Económica apenas otorga a Panamá un total de 4 puntos sobre 10.

    Tampoco hay avances en lo tocante a la calidad institucional. La nota de 2016 es de 5,24 puntos sobre 10, prácticamente igual que la calificación obtenida hace una década. Panamá suspende en áreas tan dispares como las que miden la independencia judicial, la neutralidad en las cortes, el cumplimiento efectivo de los contratos, etc. La protección de la propiedad sí logra el aprobado, pero con una nota de apenas 6,37 puntos.

    Mucho mejor es la calificación que recibe la apertura comercial: 8,7 puntos sobre 10. No obstante, si desglosamos este resultado, llegamos a algunas conclusiones preocupantes. Quizá la más respetable es que el control y las restricciones a los inversores extranjeros han hecho que el pilar dedicado a medir estas cuestiones haya caído hasta apenas 7,7 puntos. Las crecientes restricciones que ha aprobado el gobierno bajo presión de organismos internacionales imponen numerosas trabas y limitaciones a la llegada de capital foráneo.

    La regulación es otro punto problemático. Panamá recibe solo 6,9 puntos en este indicador, sobre todo por las dificultades que enfrentan las empresas a la hora de contratar (5,05 puntos) y de operar (6,54 puntos). Especialmente preocupante es que el coste de las obligaciones tributarias reciba una nota de 5,33 puntos. Un país que antaño destacaba por sus impuestos bajos y sus facilidades para hacer negocios ha terminado recibiendo calificaciones muy decepcionantes en las áreas que miden estos asuntos.

    Al menos la estabilidad monetaria cotiza al alza y arroja una nota de 9,7 puntos. Sin embargo, si se siguen introduciendo trabas que golpean la entrada y salida de capitales, la dolarización terminará resintiéndose.

    Poner fin al entreguismo

    Es cierto que Panamá ha sufrido en las últimas décadas una fuerte presión por parte de organismos como la OCDE. Sin embargo, también es cierto que otros gobiernos han enfrentado choques similares y han conseguido blindar e incluso mejorar su libertad económica. Desde los años 70 hasta hoy, Irlanda ha dado ejemplo a la hora de bajar impuestos y reducir trabas a la inversión extranjera, pero también ha enseñado al mundo lo importante que es defender la soberanía fiscal como baza de competencia económica. Si el Tigre Celta hubiese actuado como Panamá, su ventaja tributaria se habría esfumado hace años y su milagroso crecimiento económico jamás habría tenido lugar.

    El entreguismo de las autoridades panameñas es preocupante. Una economía que antaño se colocaba a la cabeza de América Latina en libertad económica no puede plegarse sin más ante todo tipo de requisitos intervencionistas que reducen el atractivo del país como centro financiero internacional. Es imposible mantener al istmo como un “hub” de inversiones adaptado a los tiempos modernos si no existe una estrategia de país volcada en recuperar las ventajas perdidas.

    Para consolidar esa agenda de futuro, es fundamental que el gobierno panameño sirva a los intereses de los panameños y no a la voluntad de los burócratas de la OCDE. Partiendo de esa base, habrá que reformar el código tributario, recuperar la defensa de la privacidad inversora, apostar por nuevas tecnologías como blockchain y consolidar una alianza con países que juegan un rol similar en la economía mundial. Ese es el camino de la libertad, que es también el de la prosperidad.

  • La OCDE apuesta por buscar estándares para blockchain

    La revolución tecnológica que está originando al blockchain o cadena de bloques, puede ayudar a multiplicar el desarrollo de las industrias y economías. Pero sin una orientación, puede afectar “peligrosamente a los sectores estratégicos y al mundo”, advirtió José Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

    La tecnología blockchain no es una política, no es una regulación, es una herramienta», ha subrayado el secretario general de la OCDE,  al tiempo que ha señalado que hay que trabajar para establecer estándares en la tecnología de la cadena de bloques y sacar partido de sus potencialidades con garantías también para la regulación, que compete a las autoridades públicas.

    Para ello, ha incidido en que el primer objetivo es que los gobiernos entiendan el funcionamiento de este registro, que gracias a estar compartido por millones de ordenadores conectados garantiza la inscripción y el archivo de transacciones de forma verificable, permanente y anónima, sin necesidad de intermediarios.

    De acuerdo con Gurría, las ventajas del blockchain en los servicios financieros y en una economía a nivel general, ha demandado una adaptación más rápida de las autoridades del segmento, para garantizar que la operación de los instrumentos que aprovechan esta herramienta tecnológica, sean justos y ordenados.

    Pero admitió que falta avanzar y desarrollar políticas públicas y reglas, que mientras permiten el desarrollo y aprovechamiento de las ventajas de las nuevas tecnologías, verifiquen y establecen límites que garanticen certidumbre y un manejo responsable del blockchain, que a la postre, no genere un problema sistémico.

    Estas declaraciones las ha realizado en la apertura del foro sobre esta tecnología digital que se celebró la semana pasada en la sede de la OCDE, donde también han participado tres primeros ministros de pequeños países (Mauricio, Serbia y Bermudas), que se han señalado como líderes en el impulso de esta tecnología digital.

    Pravind Kumar Jugnauth, Prime Minister, Republic of Mauritius

    El de Mauricio, Pravind Kumar Jugnauth, ha hecho hincapié en que el uso de la cadena de bloques, por ejemplo como mecanismo de identificación personal o para realizar pagos seguros, eleva la productividad económica y es eficiente en término de costos.

    Pero también ha puntualizado que «hace falta una profunda comprensión«, dados los retos que plantea para la confidencialidad o por cómo puede trastocar el mercado laboral, así como por los costos iniciales para su puesta en marcha en la administración.

    La jefa de Gobierno de Serbia, Ana Brnabic, que ha hecho de la digitalización de la sociedad su gran prioridad política, ha destacado las «enormes oportunidades de desarrollo». En su opinión, no existe «una respuesta mejor en términos de transparencia» que la puesta en marcha del «gobierno electrónico», pero el problema que ha constatado es la resistencia de los funcionarios a su aplicación práctica.

    El representante de Bermudas, David Burt, ha afirmado que, dado que la falta de bancarización de una parte de la población mundial es un freno a su desarrollo, el blockchain puede ayudar a salvar los obstáculos que existen para el acceso de poblaciones pobres a servicios bancarios.

    Por último, ha apostillado la necesidad de modificar la imagen negativa que se ha podido asociar a esta tecnología debido a la utilización por organizaciones delictivas del bitcoin: «Tenemos que convencer de que sirve para el bien».

  • Primera gran conferencia internacional dedicada a la blockchain según anuncio de la OCDE

    Un foro de política de cadena de bloques fue anunciado por la organización para la cooperación y el desarrollo económico. El evento según la OCDE se celebrará en París el 4 y 5 de septiembre para ser el primer evento internacional. Los organizadores buscarán profundizar el uso de esta tecnología en actividades gubernamentales e iniciativas públicas así como en aspectos regulatorios. La noticia se hizo oficial en una publicación a través del sitio web de la OCDE del 28 de agosto.

    La conferencia estará precedida por algunos representantes internacionales como el secretario general Angel Gurría, el primer ministro de Serbia, el primer ministro de las Bermudas y la República de Mauricio, junto al secretario del Estado de Eslovenia; Se espera una asistencia de 400 legisladores, sumado al público del sector privado, quienes podrán discutir temas sobre el potencial de la tecnología blockchain, la ciberseguridad, la privacidad y la prevención, así como su capacidad para optimizar la inclusividad en las diversas industrias.

    En el debate participarán altos funcionarios de Eslovenia, Israel, Rusia, Finlandia, Italia, Serbia y otros países.

    Un foro realmente amplio con muchos invitados

    Hyperledger, Ripple, IOTA y otras compañías de cadenas de bloques tendrán presencia con sus ejecutivos. Estos hablarán sobre la aplicación de las cadenas de bloques en las distintas áreas según el cronograma de OCDE. El folleto “Tecnología de la cadena de bloques y política de competencia” fue lanzado por el comité de competencia de dirección financiera y empresarial. En este se explica lo que es la tecnología y su utilidad para las necesidades gubernamentales y públicas.

    De acuerdo con los organizadores:

    La tecnología Blockchain tiene el potencial de transformar la forma en que funciona una amplia gama de industrias. Sin embargo, cumplir con su potencial depende de la integridad de los procesos y requiere políticas y medidas adecuadas, a la vez que se abordan los riesgos de uso indebido. Los gobiernos y la comunidad internacional desempeñarán un papel importante en la elaboración de políticas y marcos normativos que estén alineados con los desafíos emergentes y fomenten mercados transparentes, justos y estables como base para el uso de dicha tecnología.

    Hace unos meses, la Dirección del Comité de Competencia Financiera y Empresarial de la OECD publicó un reporte en antelación a la conferencia sobre “la blockchain y medidas sobre competencia”, en el cual evalúan las diversas aplicaciones y casos de uso de la tecnología emergente, especialmente en sectores gubernamentales, procesos de registros legales, votaciones o, incluso, para optimizar la transparencia de los servicios públicos.

    Cabe destacar que el pasado mayo, el Comité llevó a cabo un taller sobre finanzas digitales y las nuevas tecnologías, así como sobre el comercio con criptomonedas y las regulaciones hacia las ICOs (Ofertas Iniciales en Criptomonedas).

    En 1961 se creó la OCDE para promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas. Ya son 36 estados los miembros de la OCDE, resaltando Alemania, México, el Reino Unido, Corea del Sur, Estados Unidos etc. El G20 comento el tema blockchain en la conferencia que se dio cita en Argentina en marzo de este año.

  • Colombia acusa a Panamá ante OCDE por no intercambiar información tributaria

    El acuerdo hecho por Colombia y Panamá, hace más de dos años, para compartir información tributaria, habría quedado en letra muerta debido al incumplimiento de Panamá, de acuerdo a la denuncia realizada por el Ministro de Hacienda de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

    De hecho, la cuestión trasciende los niveles binacionales, si se tiene en cuenta que el compromiso entre ambas partes quedó suscrito en el Foro Mundial de Transparencia, el cual lidera la OCDE.

    Según el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, el gobierno panameño se ha “negado a entregar la información” y que esto podría acarrearle sanciones económicas.

    El ministro de Hacienda hizo el pronunciamiento durante la presentación del libro Revolución de la Infraestructura: Colombia más cerca, realizado por la Sociedad de Ingenieros de Colombia.

    Luego del escándalo suscitado por los denominados ‘Panamá Papers’, el gobierno colombiano asegura que este no es un episodio superado  y que Panamá se niega a cumplir con los acuerdos de cooperación realizados.

    Según el ministro, el gobierno panameño se niega a entregar información relacionada con las propiedades e inversiones de los nacionales colombianos residentes en Panama.

    El ministro colombiano expresó su malestar ya que el Gobierno de Panamá no ha intercambiado información tributaria con Colombia, pese a firmar un compromiso ante la OCDE.  «Es un compromiso que Panamá adquirió no solo con Colombia sino con la comunidad internacional», dijo.

    De acuerdo con Cárdenas, el gobierno colombiano elevó su protesta ante la OCDE por el incumplimiento del gobierno panameño, que según afirmó debió entregar los datos en el transcurso del primer semestre del año. “Tuvieron que haber entregado esa información en el primer semestre y no lo hicieron, mandaron unas excusas injustificables. Colombia no acepta esas excusas”, advirtió.

    “Nosotros necesitamos saber qué ingresos y qué activos tienen estos colombianos y si no cumplen (el gobierno de Panamá) le va a acarrear sanciones”, aseguró Cárdenas.

    “Panamá se ha negado a entregarle a Colombia la información tributaria a la que se comprometió y ha salido con todo tipo de excusas y de argumentos que no tienen justificación”, dijo el Ministro.

    “Panamá se expone a sanciones muy severas por ese incumplimiento y muy costosas, además,  para su economía”, finalizó Cárdenas.

    crédito: twitter Cardenas

    Según un reportaje del periódico La Estrella de Panamá de fecha reciente, para dos destacados economistas el hecho de que Colombia pasase a formar parte del ‘team’ de la OCDE iba a provocar presión en el intercambio de información fiscal, hecho que se corrobora con esta primera nota de presión.

    ‘Con el acercamiento de Colombia a la OCDE, Panamá prácticamente se vería obligado a hacer ese intercambio de información fiscal, en caso de que todavía no lo haya hecho, pues inicialmente este país pedía que fuera automático’, señaló  el economista Francisco Bustamante.

    Para el financista Allan Corbet, esto ‘es como tener el escorpión metido en el bolsillo del pantalón’.

    «Colombia necesita cobrarle impuesto a los colombianos que están afuera y de esta manera, al entrar en la OCDE, si Panamá no lo ha hecho, va a tener que darle esa información», destacó Bustamente en esa misma nota.

    «Que los bancos más importantes en Panamá son de origen colombiano, también le da mayor autoridad y libertad a Colombia de pedir información a Panamá», añadió.

    Corbett cuestiona que la OCDE «haya impuesto una cantidad de normas que van más allá de la parte legal y sobrepasa las barreras territoriales imponiendo sanciones a los países que son libres de colocar el impuesto que más le convenga. Entonces, eso de decirnos que somos paraísos fiscales por esa razón me parece absurdo» .

    «Hay que hacer algo urgente con el tema de OCDE e irlos parando, porque cada país debe ser dueño de su destino», añadió Corbett.

    «La actitud de Colombia hacia Panamá es poco amistosa en términos comerciales, en términos de exigencias y en la forma, mientras que Panamá mantiene un perfil diplomático, bastante sereno y tranquilo», señaló.

    Por el momento, ya está clara la posición en el tablero de ambos países: mientras Panamá aún sigue sin poder hacer valer sus derechos comerciales, con varios fallos de la OMC a favor y Colombia desconociéndolos, a poco de su ingreso formal a la OCDE, ya comienza con las denuncias y agresiva presión sobre el intercambio de información tributaria.

    En ambas situaciones, Panamá pierde. Hora de revisar la política diplomática, dada la evidencia de lo resultados.

  • Los paises nórdicos rechazan la «tasa Google», impuesto a las tecnológicas por la Unión Europea.

    Los ministros de Finanzas de los tres países nórdicos de la Unión Europea, Suecia, Dinamarca y Finlandia, han expresado su rechazo hacia el impuesto especial para grandes tecnológicas como Google, Apple, Facebook y Amazon que propuso en marzo la Comisión Europea.

    «Google, Facebook o Amazon pagan proporcionalmente menos de la mitad en impuestos que un puesto de salchichas». La grotesca  comparación  la hizo en el año 2016 el ex canciller austríaco, Christian Kern, indignado por el poco dinero que los gigantes digitales dejaron en la Hacienda de su país. Francia, España, Italia y Alemania fueron los primeros en alzar la voz y  exigieron a Bruselas y a sus socios del Eurogrupo alguna respuesta al respecto.

    Tres meses después de que Bruselas propusiese gravar con un impuesto del 3 % sobre ingresos a las tecnológicas que facturen más de 750 millones de euros globalmente y más de 50 millones en territorio europeo, las administraciones sueca, danesa y finlandesa se reiteran en su posición inicial: creen que va contra el interés de la UE y podría perjudicar la economía.

    «Los países nórdicos pertenecen a los países líderes en digitalización. La digitalización ha acelerado el desarrollo de nuestras economías y ha permitido el desarrollo de nuevos modelos comerciales. Es esencial garantizar que todas las empresas, incluidas las digitales, también tengan un entorno favorable al crecimiento en el futuro. Los impuestos bien diseñados y justos son un factor clave para lograr esto».

    Así comienza el  comunicado conjunto firmado por los tres ministros nórdicos, Magdalena Andersson, Kristian Jensen y Petteri Orpo, donde se asegura que este impuesto se desvía de los principios establecidos  internacionalmente tal y como está planteado.

    «Tradicionalmente, las empresas exportadoras no pagan impuestos en su destino de exportación simplemente porque tienen consumidores allí. La propuesta de un impuesto sobre los servicios digitales significa que básicamente toda la creación de valor se considera que tiene lugar en el lugar del consumidor», explican en el documento publicado el viernes.

    Asimismo, aseguran que «un impuesto sobre los servicios digitales se desvía de los principios fundamentales del impuesto sobre la renta al aplicar el impuesto sobre la renta bruta, es decir, sin tener en cuenta si el contribuyente está obteniendo beneficios o no». Por ello, creen que estos «cambios sustanciales» deberían debatirse y acordarse a nivel internacional.

    A finales de abril, ya fue noticia que la oposición de casi una decena de países de la Unión Europea bloqueaba las posibilidades de un acuerdo, por el momento, en torno a este impuesto digital especial y temporal.

    Además de Suecia, Dinamarca y Finlandia, en el grupo que rechazaban la propuesta de Bruselas estarían Irlanda, Malta, Luxemburgo, Lituania y el Reino Unido. A favor del impuesto se situarían Francia, España, Portugal, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria e Italia, mientras que el resto mantenía posturas ambiguas.

    Los tres ministros de Finanzas de los países nórdicos de la Unión Europea, sin embargo, sí se muestran partidarios de reformar el sistema tributario en cuanto a lo digital, pero que esta reformulación de impuestos debería llevarse a cabo a través de la OCDE a nivel mundial. La Comisión Europea, explica Reuters, ha defendido que «los cambios internacionales en materia fiscal han sido históricamente muy lentos en entrar en vigor».

    La Comisión Europea propuso una tasa «transicional» a corto plazo que daría espacio y tiempo a los veintiocho miembros para negociar la ansiada base mínima del impuesto de sociedades y un plan global en el marco de la OCDE para conseguir que los nuevos modelos de negocio virtuales paguen la parte que les corresponde de los impuestos.

    Bruselas considera que el paso adelante era necesario y que habría sido una «ilusión» pensar que se podría llegar a corto o medio plazo a un acuerdo con los socios internacionales, según admitió el comisario de Economía, Pierre Moscovici, en la última cumbre de líderes de la Unión Europea en Sofía. El francés aspiraba a recaudar hasta 5.000 millones de euros anuales con este impuesto que, según se pudo comprobar en esa cita, sigue perdiendo entusiastas y defensores a medida que las negociaciones van tomando forma.

    La negociación a nivel político de este nueva fiscalidad digital comenzó a finales de abril en el consejo informal de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. La propuesta legislativa se tendrá que presentar ante el Consejo de la Unión Europea para su aprobación y al Parlamento Europeo para consulta.

    «La digitalización está cambiando el mundo rápidamente y en el futuro seguramente afectará también a las empresas que ahora consideramos tradicionales. Nuestro objetivo es garantizar que todas las empresas, nuevas y viejas, más o menos digitales, nacionales e internacionales, estén sujetas a impuestos de una manera eficiente y equitativa, basada en la creación de valor, para que los países nórdicos y el resto de la UE sigan siendo competitivos en un mundo cada vez más interconectado y digital», finaliza el comunicado.

    Estos tres países consideran que el gravamen va contracorriente de los principios internacionales y esta postura debilita aún más la posible salida adelante de la medida de la Comisión.

  • América Latina y el Caribe: Ingresos tributarios se recuperarían luego de caer ligeramente en 2016, según la OCDE

    Los ingresos tributarios en América Latina y el Caribe (ALC) cayeron en 2016, disminuyendo más allá de los niveles promedio de los países de la OCDE, aunque se espera que se recuperen en los próximos años, según el informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2018. La presión tributaria promedio fue de 22.7% del PIB en 2016, lo que implica una caída de 0.3 puntos porcentuales desde 2015, indica el reporte.

    La disminución de 2016 refleja el ambiente económico general en la región de ALC, en donde el crecimiento del PIB se ralentizó entre 2012 y 2016. Los menores precios de los productos básicos lideraron en parte esta desaceleración y fueron un elemento determinante de la tendencia en los ingresos en los países de ALC. Se espera que la declinación de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB se revierta en los próximos años gracias a una recuperación del precio de los productos básicos y a una mejora en el clima económico, ya que se pronostica que el crecimiento del PIB en ALC se ubicará entre el 2% y el 2.5% en 2018.

    Lanzado durante el XXX Seminario Regional de Política Fiscal en Santiago, Chile, el informe cubre 25 países de ALC e incluye a Guyana por primera vez. Fue producido conjuntamente por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Centro de Desarrollo de la OCDE.

    Principales hallazgos

    • Entre 2015 y 2016, la presión tributaria promedio en la región de ALC disminuyó en 0.3 puntos porcentuales hasta el 22.7% del PIB. En el área OCDE, la tasa se incrementó en 0.3 puntos porcentuales hasta el 34.3% del PIB.
    • En 2016, la presión tributaria de los 25 países cubiertos en el reporte varió desde el 12.6% del PIB en Guatemala al 41.7% del PIB en Cuba. Barbados y Brasil tuvieron la presión tributaria más alta luego de Cuba, con 32.2% del PIB, mientras que República Dominicana (con 13.7% del PIB) y Venezuela (14.4% del PIB) marcaron las menores presiones tributarias después de Guatemala.
    • En 2016, los ingresos tributarios como porcentaje del PIB declinaron en casi la mitad de los países considerados en el estudio, mientras que en 2015 se registaron disminuciones solo en cuatro países.
    • La caída en la proporción de impuestos del PIB promedio en ALC durante 2016 estuvo motivada por una disminución en los ingresos por impuestos a la renta de 0.2 puntos porcentuales, que se debió a un menor ingreso por concepto del impuesto sobre la renta corporativa.
    • En 2016, el impuesto al valor agregado (IVA) fue la mayor fuente de ingresos tributarios en la región de ALC (29.3% del total de ingresos tributarios), seguido por los ingresos provenientes de impuestos a la renta y ganancias (27.3%) y de otros impuestos sobre bienes y servicios (21.2%). Esto representa un movimiento hacia impuestos con valor agregado y se aleja de los impuestos basados en la renta y las ganancias.


    Secciones especiales

    El informe de este año contiene dos secciones especiales. La primera identifica tendencias en los ingresos fiscales de 12 países exportadores de productos básicos basados en recursos naturales no renovables en la región de ALC durante 2016 y 2017. Sus principales hallazgos son:

    • Los ingresos fiscales provenientes de recursos naturales no renovables continuaron cayendo en promedio en los 12 países exportadores de productos básicos en ALC, desde el 3.5% del PIB en 2015 al 2.3% en 2016.
    • Los ingresos relacionados a hidrocarburos explicaron esta disminución – cayendo en promedio del 5.0% del PIB en 2015 al 3.4% en 2016 en los diez países exportadores de petróleo de la región – como resultado de una declinación gradual en los precios del crudo, menores ganancias de los principales productores de petróleo y una brusca contracción de la producción regional.
    • Los ingresos mineros, por el contrario, se mantuvieron relativamente estables en alrededor del 0.4% del PIB como promedio en diez países productores de minerales. La recaudación del impuesto a la renta corporativa en este sector siguió cayendo, lo que refleja en parte las sustanciales pérdidas registradas en 2015.
    • En general, la dependencia de la región de los recursos naturales no renovables declinó significativamente entre 2010 y 2016, lo que refleja la dinámica del mercado de los productos básicos y una mayor movilización de ingresos provenientes de otras fuentes como el IVA y el impuesto a la renta.

    La segunda sección especial examina los impuestos a la renta en países seleccionados de América Latina entre 1940 y 2016. Sus principales conclusiones son:

    • El grado de redistribución del ingreso alcanzado por el impuesto a la renta personal (IRP) en estos países de la región de ALC es mucho menor que en la Unión Europea y la OCDE, lo que significa que el impacto del IRP en la desigualdad de la región de ALC es más débil.
    • Esto refleja en parte el relativamente bajo nivel de ingresos por concepto de IRP en América Latina, producto de una estrecha base impositiva y bajas tasas marginales maximas, así como altas tasas de evasión impositiva.
    • En años recientes, varios países de América Latina han llevado a cabo reformas tributarias enfocadas en la igualdad, que están mostrando tempranos signos de progreso en términos de conseguir recaudaciones más altas y una mejorada redistribución del ingreso.

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  • Los bancos europeos condenan los planes fiscales digitales de la Union Europea

    La Federación Europea de Bancos  (EBF) ha denunciado la decisión de la Unión Europea de actuar aisladamente sobre la tributación de la economía digital, diciendo que el bloque debería haber apoyado los esfuerzos para lograr un «level-playing field» global.

    La Comisión Europea lanzó el 21 de marzo dos enmiendas propuestas a las normas impositivas internacionales para garantizar que las actividades comerciales digitales sean gravadas ‘de manera justa’ y de una manera amigable con el crecimiento en la Unión Europea. La primera medida se describió como temporal: un impuesto especial del tres por ciento sobre el volumen de ventas de ciertas empresas digitales de ciertas actividades en línea de las cuales obtienen ingresos que de otra manera no estarían gravados. Esto está dirigido a la publicidad en línea, la monetización de los datos de los usuarios; y servicios intermediarios digitales.

    El EBF criticó la medida temporal, diciendo que solo una solución global asegurará que se evite la doble imposición.

    El EBF dijo: ‘Como principales actores en el mercado único digital, los bancos toman nota del nuevo enfoque sobre impuestos digitales adoptado por la UE. La introducción unilateral de nuevas normas en el marco del impuesto a la renta corporativo internacional y la adopción de un impuesto provisional «Digital Services Tax «desafian la forma en que la economía digital está evolucionando actualmente. El EBF expresa su apoyo al enfoque innovador adoptado por la OCDE / G20 en su Informe Provisional del 16 de marzo, cuyo objetivo es lograr un consenso mundial sobre la tributación de la economía digital. Este Informe de la OCDE reconoce que las actividades y servicios digitales son  «ring-fencing » (regímenes preferenciales) para fines fiscales , pueden resultar extremadamente difíciles y pueden tener consecuencias imprevistas, como la doble imposición ‘.

    Wim Mijs, CEO, Federación Bancaria Europea, agregó: ‘Las actividades digitales llevadas a cabo por bancos y grupos bancarios se ejercen en un marco regulatorio muy estricto y no inducen a la erosión de la base y el cambio de beneficios por naturaleza’.

    ‘Las Directrices existentes de la OCDE sobre atribución de utilidades a establecimientos permanentes con respecto a actividades bancarias establecen claramente las reglas que deben seguir las instituciones financieras, es decir, las ganancias se gravan según la creación de valor generado y los riesgos asumidos por cada entidad involucrado en transacciones transfronterizas’.

    ‘Cualquier impuesto específico sobre actividades de banca digital sería un recargo que se sumaría al impuesto sobre la renta corporativo existente (y el impuesto al valor agregado (IVA) o el costo oculto del IVA) y daría lugar a una doble imposición’.

  • La OCDE advierte que Crypto y Blockchain están desafiando la transparencia fiscal.

    La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha emitido un informe para los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20. El informe examina los logros y objetivos de la OCDE al avanzar en sus esfuerzos para ‘redefinir el panorama internacional’, identificando nuevas tecnologías, criptomonedas y tecnología de contabilidad distribuida como desafíos únicos a la ‘transparencia fiscal’.

    La OCDE analiza la agenda tributaria internacional

    El informe afirma que la OCDE, con la asistencia del G20, ha realizado ‘enormes avances’ en la implementación de la ‘agenda impositiva’ internacional de la OCDE. La organización afirma que sus políticas han resultado en una transición del ‘sistema financiero global’ de ‘opacidad e incongruencia a transparencia y coherencia’.

    Entre los principales objetivos políticos buscados por las instituciones ha sido una mayor ‘transparencia tributaria’, con el informe que establece que ‘la transparencia fiscal ha estado en el corazón del rol de la OCDE en el área fiscal internacional.

    A pesar de que se jacta de numerosos logros con respecto a fomentar una mayor transparencia tributaria, el informe identifica la creciente ‘digitalización de la economía’ como una serie de desafíos significativos para los objetivos de política internacional de la OCDE.

    Cryptocurrencies identificada como amenaza a la transparencia impositiva

    La OCDE afirma que ‘las tecnologías como blockchain dan lugar a métodos nuevos y seguros de mantenimiento de registros, al tiempo que facilitan las’ criptomonedas ‘, que se describen como’ riesgos potenciales para los avances logrados en la transparencia tributaria en la última década. ‘

    Aunque el informe afirma que’ ya se está trabajando para comprender mejor y abordar estos desarrollos ‘, la OCDE afirma que’ se requiere más trabajo para garantizar que los gobiernos puedan aprovechar las oportunidades que estos cambios brindan al tiempo que garantizan la efectividad continua del sistema impositivo ‘.

    El informe establece que’ El Foro sobre Administración Tributaria, trabajando con el Marco Inclusivo, desarrollará herramientas prácticas y cooperación en el área de administración tributaria y también examinará las consecuencias tributarias de las nuevas tecnologías (p. ej., criptomonedas y tecnología de contabilidad distribuida de blockchain), con una actualización de los hallazgos del foro.  Se espera que se entregue en 2019.