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Etiqueta: OCDE

  • La OCDE reconoce que están perdiendo potencial recaudación con el Bitcoin y diseña un esquema tributario

    Pasaron más de 10 años desde que Bitcoin asomó al mundo y entre desprecios e intentos de esconder la importancia de su potencialidad, es que recién en los últimos años los gobiernos de todo el mundo empezaron a prestarle temerosa atención a esta moneda descentralizada, cuyo objeto principal es resguardar los ahorros de la gente y evitar su manipulación por los diversos bancos centrales.

    La atención prestada es porque ahora sí comienzan a visualizar los daños al ecosistema estatal que les produce Bitcoin, mejor dicho, el drenaje de las arcas gubernamentales, hasta ahora controladas bajo la excusa  legal de la moneda oficial. Pero el dique se desbordó y el Bitcoin hoy día es incontenible, cada vez más usuarios operan con criptomonedas y a mayor uso, más se evitan los controles y la voracidad de gobierno. Y ésta es la preocupación de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que luego de un par de años de estar observando el fenómeno, presentó un informe donde propone estudiar a profundidad Bitcoin y las criptomonedas para establecer un plan de fiscalización y garantizar la recaudación de impuestos a quienes manejan este tipo de activos.

    De acuerdo al informe presentado, los cripto activos y monedas virtuales se están desarrollando rápidamente. El 12 de octubre pasado, el  reporte, llamado “Impuestos sobre las monedas virtuales: Una visión general de los tratamientos fiscales y las nuevas normativas fiscales”, hace un  análisis exhaustivo donde trataron temas de importancia política y legal sobre las criptomonedas así como a las grandes multinacionales de servicios financieros y tecnológicos que operan desde distintas jurisdicciones y sus avances en general a nivel mundial.

        “Su intercambiabilidad con las monedas “fiat” (es decir, soberanas) y sus similitudes con otras formas de productos financieros o activos intangibles hacen que sea necesario un marco sólido de política fiscal para garantizar el tratamiento coherente de tipos de activos similares, facilitar el cumplimiento, proporcionar certidumbre fiscal y prevenir la evasión y el fraude fiscal.” (OCDE).

    La OCDE está preocupada por el rápido crecimiento que están viviendo los sistemas de activos digitales, incluidas las criptomonedas, señalando que la capitalización de las monedas virtuales alcanzó los 354.000 millones de dólares en septiembre de 2020. “Los marcos existentes pueden no ser adecuados”, señalan,  y por eso se propone “diseñar una guía adecuada sobre el tratamiento fiscal de tecnologías emergentes como las stablecoins, las monedas digitales de bancos centrales (CBDC), la prueba de participación (PoS) y las finanzas descentralizadas (DeFi)”. Las operaciones con Bitcoin son “una base impositiva potencialmente importante”.

    Según la organización, las nuevas tecnologías como blockchain brindan grandes oportunidades de crecimiento, desarrollo y evolución para las naciones, pero también esconden grandes riesgos. Una de las principales preocupaciones al respecto es la posible afectación de las políticas de impuestos de estas naciones, ya que no existe suficiente transparencia fiscal y tributaria en relación con las criptomonedas y los activos digitales.

    Como ya es habitual, la OCDE busca establecer una serie de principios que garanticen la recaudación de impuestos y que impidan que estas organizaciones y compañías tecnológicas trasladen sus empresas a territorios marcados como paraísos fiscales.

    En su informe, que sólo está dirigido a los gobiernos y los bancos centrales que conforman el Grupo de los Veinte (G20), la OCDE presenta un modelo de recaudación de impuestos que cada país y entidad bancaria debe decidir si desea implementar y adaptar según sus necesidades.

    Las regulaciones existentes, en la mayoría de los países que conforman el G20, no son adecuadas para garantizar la tributación por parte de las compañías de servicios financieros tecnológicos, por lo que la organización señaló que se está avanzando en la actualización de dichas normativas a fin de ampliar su cobertura hacia las criptomonedas y los activos digitales. Una actualización que estará finalizada y disponible en 2021, según estima la organización.

    Según la organización, las únicas áreas exploradas y abordadas realmente por organizaciones como Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Junta de Estabilidad Financiera han sido las normativas para la lucha contra delitos financieros, como el blanqueo de capitales y el lavado de dinero. Mientras los sectores de la política fiscal, la transparencia y la evasión de impuestos han quedado inexplorados, aunque estos formen parte importante del marco normativo general de cualquier nación.

    En este sentido, la OCDE propone que los gobiernos adopten el Estándar Común de Información del G20 / OCDE que se aplica en los sistemas de activos financieros tradicionales y lo implementen en los Exchanges o casas de intercambio de criptomonedas.

    Este estándar supone que las compañías de servicios financieros deben recopilar toda la información de sus clientes y usuarios y presentarla ante las autoridades tributarias que correspondan a sus jurisdicciones. Quienes, a su vez, reportarán ante los entes tributarios según el lugar de residencia de los contribuyentes. De incorporarse este estándar, las compañías de intercambio y custodia de criptomonedas deberán informar todas las tenencias y movimientos en activos digitales de sus usuarios, según la autoridad, para que exista coherencia entre ambos ecosistemas, el tradicional y el digital.

    Para un sector del espectro de criptomonedas, con estas nuevas normativas legales será casi imposible utilizarlas sin comunicárselo al Estado pagando altas sumas de impuestos y perdiendo la esencia de privacidad que ofrecen. Algo totalmente contradictorio a los principios por los que fueron creadas, una pesadilla para, si existe, Satoshi Nakamoto. Para otro sector, lo que esta normativa hará es que los Exchanges se conviertan a futuro en los bancos actuales y que el mercado sólo seguirá adelante con la idea de la moneda descentralizada, para la cual, un Exchange no es necesario mientras las personas intercambien directamente entre sí. Habrá que esperar y ver.

  • Impuestos para las actividades online?

    Si algo caracteriza la actividad mercantil online o “economía gig”, es la prevalencia de contratación a corto plazo o informal, en oposición a la formal o del trabajo permanente. Y, en tal sentido, hoy me movió a atacar las teclas de mi ordenador un artículo publicada en nuestra revista online, GCC Views, intitulado, “La OCDE publica avances sobre la imposición tributaria a las actividades online”. Como diría Mafalda: “¡Ah la gran flauta!” Y es que el desespero de gobiernos por mantener a flote brutales burrocracias no tiene límites. Y, sin embargo, persiste ese mercado informal panameño que sobrepasa el 40% de la actividad económica; mientras que, en otros lares, tal como en Zimbawe, se estima que el 90% de la economía es informal.

    Pero más interesante aún es que la economía gig o del “camarón”, como dicen en Panamá, está migrando online; es decir, que el online se está convirtiendo en una vía de escape a la pobreza, al tiempo que gobiernos y partes del sector formal se sienten amenazados y buscan intervención. Es más, y a pesar de los esfuerzos gubernamentales, OCDE y quien sabe quién más, los trabajos formales son incapaces de absorber los 122 millones de africanos que buscan salir de la pobreza.

    Pocos o nadie chistaría si la actividad gubernamental fuese ¡productiva! Pero por ahora no he encontrado a nadie que me diga que no se puede reducir el tamaño del gobierno, al menos, en un 50%. Yo propongo que puede ser en 80% o más. Y es que la dificultad de administrar con menos está en hacerlo mejor; y es allí donde duerme la langosta, en cuevas arrecifes sumergidas en oscuras profundidades.

    El artículo de GCC Views también informa que empresas como Booking.com, Etsy y Uber, apoyan la propuesta fisgona impositiva. ¿¡Cómo!? ¡Ho!, ya entiendo, es que una vez que un operador del mercado coloca su bandera en una porción del mismo, ya deja de luchar por la libertad de competencia y se vuelca a defender “su territorio” aprovechando ese clientelismo que fascina a demagogos. Es el caso no sólo de gobiernos sino de sindicatos y sindigarcas que defienden sus “conquistas”. Y, a todo ello, al rayo con los de más abajo.

    Pero lo que muchos no ven es que otro nombre para el “gig economy” es “capitalismo” o “libre mercado”. Y es que cuando Juancho Pueblo se baja de su auto Lyft, Uber o El Bote, luego de una carrera, lo hace cuando y porque le provoca. O está el caso del africano que se enteró del servicio de empatar a arrendadores con arrendatarios por medio de plataformas como Airbnb y se le ocurrió ofrecer su casa, mientras él se mudaba a una tolda; lo cual le resultó más que beneficioso.

    O está el caso de Jumia J-Force, en África, que le está llevando el comercio electrónico a quienes no tienen Internet. Esta empresa está presente en 16 países, permitiendo la entrega de más de 8 millones de paquetes al año; y logra en promedio unos 500 millones de clics al día. Pero… como toda esta economía naciente queda fuera del control y el intervencionismo, hay que atajarla.

    Podría escribir volúmenes más sobre esto, añadiendo cosas vitales, tal como en Panamá, en dónde la mayoría de las empresas han aprendido a usar la contabilidad como instrumento fiscal y no administrativo. Al parecer los impuestos son más importantes que la producción de riqueza. Luego no sabemos por qué tantas no subsisten.

  • La OCDE publica avances sobre la imposición tributaria a las actividades online

    La OCDE ha publicado los comentarios que ha recibido sobre la propuesta de un marco de Reglas Modelo para plataformas de economía gig y compartida (sharing economy) para que informen sobre las actividades de sus usuarios, para apoyar a las autoridades fiscales para garantizar la recaudación de impuestos.

    La consulta, lanzada en febrero de 2020, arrojó 20 respuestas, incluso de Booking.com, Etsy y Uber. Estos proveedores de servicios digitales en general apoyaron las propuestas de la OCDE en esta área, instando a los países  a adoptarlos para que los minoristas enfrenten un conjunto uniforme de reglas para todas sus operaciones en todo el mundo.

    Además de las Reglas Modelo, el Foro de la OCDE sobre Administración Tributaria ha desarrollado un Código de Conducta para proporcionar información y apoyo a los usuarios (freelancers, vendedores, etc) sobre sus obligaciones tributarias y minimizarles las cargas que conlleva el cumplimiento. Este Código de Conducta está destinado a complementar las Reglas Modelo, en particular en los casos en que los usuarios no están sujetos a la presentación de informes según las Reglas Modelo, por ejemplo, porque las transacciones están fuera del alcance o la jurisdicción no ha implementado las Reglas Modelo.

    En su respuesta a la consulta, Booking.com instó a la OCDE a que ‘se debe considerar cuidadosamente si las Reglas Modelo crean un desequilibrio en la igualdad de condiciones que existe actualmente en el mercado de plataformas. Cumplir con las Reglas Modelo debe imponerse por igual entre todos los jugadores del mercado y al final no debe ser que solo las plataformas más grandes soporten la carga ‘.

    Booking manifestó que ‘Basándose en experiencias prácticas con la proliferación de legislación similar a BEPS unilateral y multilateral, las Reglas Modelo y los procesos regulatorios deberían ubicarse en el contexto legal más amplio de las normas y legislación existentes a nivel nacional y multinacional (incluidas las normas que protegen los derechos de contribuyentes y normas de privacidad) ‘.

    En la presentación de Uber, Francois Chadwick, Jefe Global de Impuestos, dijo: ‘Creemos que las acciones emprendidas son de hecho un paso en la dirección correcta y tienen el potencial de conducir a resultados positivos para los usuarios, las autoridades fiscales y las plataformas’.

    Su presentación alentó a la OCDE a considerar las reglas de información que tendrían los ingresos de un usuario de la plataforma desglosados ​​en sus componentes. Sostuvo que: ‘Las Reglas Modelo relacionadas con los sectores de Transporte  de Pasajeros requieren que los Operadores de Plataforma entreguen la información, pero la información no proporcionará a las autoridades fiscales una imagen completa de los ingresos obtenidos por el  nuevo contribuyente. Por ejemplo, las Reglas Modelo solamente requieren que los Operadores de Plataforma compartan información de ingresos en Servicios Relevantes (o en un componente de servicio relevante), lo que excluiría elementos de ingresos como incentivos de socios (pagados por plataformas) y otras fuentes de ingresos como la publicidad ‘.

    ‘Nuestras líneas de negocio siempre buscan identificar nuevas fuentes de ingresos para los vendedores dentro de las plataformas. Para una prueba futura y lograr el objetivo del cumplimiento tributario simplificado, las Reglas Modelo deben considerar un enfoque más holístico para garantizar que todos los componentes de los ingresos se consideren como ya realizados en varios países. Las Reglas Modelo pueden necesitar considerar un enfoque más granular que considere la naturaleza, la fuente y el tipo de pago ‘.

    Uber también dijo que ‘el régimen de informes sugerido por la OCDE debería aplicarse por igual a todas las plataformas, mercados y jugadores similares’.

    ‘Para lograr un campo de juego nivelado, es importante comprender los matices de cada sector gig de economía compartida (incluidos sus modelos de negocio, métodos de pago, competencia con la economía tradicional, puntos de datos reunidos, oportunidades de aplicación)’, dijo Uber. ‘La economía gig es más variada de lo que parece al principio y sería difícil aplicar un único conjunto de reglas a todos los jugadores en los múltiples sectores. De hecho, preferiríamos que las reglas de la OCDE prevean un enfoque específico del sector. Esto permitiría que las Reglas Modelo impongan diferentes reglas más adecuadas para un sector en particular ‘.

    En su presentación, Uber instó a que ‘cuando las Reglas Modelo entren en vigencia, se debe introducir una ‘cláusula de extinción’ que revocaría otras obligaciones similares de intercambio de datos’.

    Como vemos, la OCDE sigue firme en gravar todas las actividades realizadas sobre plataformas tecnológicas y cada vez avanza más en el objetivo. De a poco, los freelancers, como traductores, programadores y muchas profesiones que pueden prestarse con un sólo click y totalmente online, serán informadas por las mismas plataformas a las respectivas autoridades tributarias de cada país donde se preste el servicio. Y esta información se vuelve vital en estos tiempos donde Corona virus mediante, el trabajo online se ha posicionado como una rápida salida laboral para muchas personas, que pasarán de ser empleados a pequeños empresarios contribuyentes.

  • Sobre la Cumbre Reguladora de la ASEAN 2019. Parte I

    La Quinta Cumbre Reguladora de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), tuvo lugar el pasado 8 de mayo en Singapur. Los datos, la tecnología y las asociaciones fueron los temas principales que sustentaron las discusiones de la misma y que proporcionaron una plataforma para que más de 750 profesionales senior del sector financiero compartan información sobre los desarrollos regulatorios y de mercado que están impactando el sector en la región asiática.

    Desde la importancia de un mayor compromiso de la industria hasta los trámites reglamentarios, fragmentación y delitos financieros, al uso de datos y tecnología para avanzar en la inclusión financiera y financiamiento sostenible, este informe identifica seis tendencias que conforman la regulación financiera en la ASEAN. Comencemos con la primera.

    1. Superar la fragmentación regulatoria a través de asociaciones transfronterizas

    Se concluyó que para disminuir el impacto negativo de la divergencia regulatoria, los reguladores y las instituciones financieras deben trabajar hacia una mayor colaboración y diálogo, a nivel local e internacional. Si bien las autoridades reguladoras de toda la región se han comprometido a trabajar juntas para mitigar la fragmentación en Asia, las diferencias marcadas entre las jurisdicciones siguen siendo notables.

    Agravando este desafío están los problemas macroeconómicos que preocupan a las autoridades: riesgos geopolíticos, guerras comerciales, amenazas cibernéticas o el cambio climático, entre otras, lo que está dividiendo las opiniones de los gobiernos sobre la mejor manera de regular los mercados financieros. El impacto de la divergencia regulatoria va más allá del cumplimiento de las leyes y normas locales. La fragmentación impide la liquidez de mercado, comercio transfronterizo y flujos de datos internacionales.

    Cuando se les pide que describan el entorno regulatorio global actual, las palabras más populares elegidas por los asistentes a la Cumbre Regulatoria fueron «complejos», «fragmentados» y «desafiantes». Pues bien, con tantos desafíos por delante, ¿cómo pueden las empresas y los reguladores de la ASEAN co-crear un mercado unificado y abierto que sea fácilmente accesible para todos?

    Los reguladores asiáticos han sido, durante algún tiempo, conscientes de los desafíos asociados con la divergencia regulatoria. La OCDE afirma que esto les cuesta a las empresas hasta el 10% de su facturación anual, o en conjunto $780 millones por año. Sin embargo, pocos son los gobiernos que han buscado activamente una mayor armonización transfronteriza. Singapur, Hong Kong y Australia son notables excepciones, y están liderando el camino dentro de la región. Otros están progresando a una velocidad variable.

    Los gobiernos de Indonesia y Filipinas han expresado su deseo de alinear mejor sus marcos regulatorios con los estándares internacionales. En la cima, Ir. Nurhaida, Vicepresidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia (OJK), y Vicente T. de Villa III, Jefe de Finanzas en el Banco Central de Filipinas (BSP), se comprometieron a colaborar con otros reguladores a través de la ASEAN y más allá de ella.

    Sin embargo, para abordar efectivamente la divergencia regulatoria, todas las jurisdicciones debieran comprometerse a alinear sus marcos regulatorios, una hazaña que probablemente solo sea factible en un futuro lejano. A corto plazo, una solución temporal podría ser la adaptación internacional de las pautas a los matices del mercado local. “Los reguladores deberían buscar aplicar globalmente estándares, pero dentro de un contexto local», dijo Rebecca Terner Lentchner, Jefa de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas APAC en BNY Mellon.

    Las organizaciones internacionales como la Junta de Estabilidad Financiera, el G20 y el Banco Mundial deberían jugar un papel importante, un papel más activo en impulsar la armonización regulatoria. Terk Ming Kwong, Director Ejecutivo de Asuntos Gubernamentales en Goldman Sachs, sugirió que estas organizaciones deberían llamar a los países que no están dispuestos a adoptar normas internacionales, y presionarlos para modificar sus políticas.

    También se les debe recordar la última vez que la región se dividió, dijo Ramesh Subramaniam, Director General  del Departamento de Asia Sudoriental en el Banco Asiático de Desarrollo (ADB). En el período previo a la crisis financiera asiática de 1997, señaló, la regulación estaba igualmente fragmentada, lo que impedía que se tomaran medidas preventivas para defender la estabilidad financiera y gestionar los riesgos financieros y de mercado. Otros pidieron que los líderes de la industria eduquen a las autoridades del mercado en desarrollo sobre los beneficios de un mayor alineamiento regulatorio.

    La fragmentación de hoy, por tanto, podría abordarse mediante el establecimiento de una nueva institución regional, con el mandato de fomentar una mayor alineación entre las jurisdicciones del sudeste asiático, sugirieron oradores en la Cumbre. Al igual que La Secretaría de la ASEAN ha servido como el motor detrás de su Comunidad Económica, la región podría beneficiarse de una autoridad que une al bloque y que encabeza su agenda regulatoria. Stewart James, Director Ejecutivo y Jefe de Asuntos Públicos del Grupo Asia-Pacífico en HSBC, se mostró menos entusiasta: «No necesitamos una nueva institución», afirmó. “Necesitamos una mayor cooperación y confianza entre las que ya tenemos».

    Dado que la alineación regulatoria dentro de la ASEAN es poco probable a corto plazo, las instituciones financieras deben trabajar juntas para minimizar el impacto de la divergencia transfronteriza en las normas y regulaciones financieras. Las empresas y las autoridades solo podrían lograr una mayor armonización en los mercados financieros de la región a través de una mayor cooperación entre todos los actores de la industria y las fronteras, y asegurarse de que sigan siendo abiertas y prósperas para todos.

  • Panamá, Unión Europea y GAFI

    El anuncio de la inclusión, nuevamente de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países que presentan deficiencias estratégicas en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo ha sido recogido por la prensa europea.

    El GAFI, con sede en Paris y presidido actualmente por E.E.U.U. tiene 36 miembros (34 países y dos organizaciones regionales, Comisión Europea y Consejo de cooperación del Golfo).

    La presencia de Panamá en la lista de gris de GAFI no es un hecho aislado de lo acontecido el 13 de febrero pasado, cuando la CE propuso una lista negra de 23 países o territorios de “alto riesgo” de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Entre los siete nuevos nombres, figuraban Panamá, Arabia Saudita y cuatro territorios estadounidenses.

    Días después, los gobiernos de la Unión Europea (UE) tumbaron formalmente la lista negra elaborada por Bruselas, aduciendo que el proceso utilizado no incentiva «activamente a los países afectados a adoptar medidas decisivas» y además no respeta el derecho de éstos a «ser escuchados», según un comunicado. El gobierno panameño rechazó la medida y llamó al embajador a consultas.

    Pero en realidad, lo que propició la eliminación de la lista negra de la CE fueron las duras criticas que despertó tanto de Washington como de Riad, denunciando “una decisión políticamente motivada”. “Pienso que es bochornoso la manera como este asunto ha sido tratado “, declaró Gordon Sondland, embajador norteamericano ante la UE.

    El Departamento del Tesoro de EE.UU. cuestionó la eficacia de la metodología empleada, indicando a los bancos de EE.UU. que no tienen que tomar la lista en consideración ni realizar cambios generales en los protocolos de calificación interna y monitoreo. “Más allá de nuestras preocupaciones con la metodología de listado, el Departamento del Tesoro rechaza la inclusión de Samoa de EE.UU., Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. en la lista”.

    Por otro lado, en Bruselas se da por seguro un fuerte ejercicio de presión diplomática a los Estados miembros durante la cumbre con la Liga Árabe en Egipto el 24 y 25 de febrero, incluida una carta firmada por el rey Salman y entregada a las delegaciones europeas en la que criticaba la «sorprendente» inclusión del reino y advertía sobre las consecuencias financieras “en el comercio y los flujos de inversiones entre el Reino y la Unión Europea», informó el Financial Times.

    La iniciativa de la CE de incluir a Arabia Saudita en su lista se dio en un contexto de fuertes tensiones entre Bruselas y Riad a raíz del presunto asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashogg en el consulado del país en Turquía. Pero Francia, Reino Unido y Alemania bloquearon dicha iniciativa, la cual fue interpretado como la voluntad de estos países de no poner en riesgo sus millonarios contratos de ventas de armas. Arabia Saudita es un importante socio comercial de Francia. Según el diario francés Le Monde, que se basa en un informe del Parlamento 2018 sobre las exportaciones de armamento, «Esto es más de 11 mil millones de euros de pedidos saudíes que se han validado en nueve años, un promedio de 1,2 mil millones de euros por año».

    Merece especial atención, que el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en cuyos trabajos se basó Bruselas para elaborar su listado complementado por criterios muy estrictos fijados en la Quinta Directiva anti-blanqueo de la UE y fuentes como Europol, se dijo «muy preocupado» por la lista negra de Bruselas. El presidente de GAFI, el norteamericano Marshall Billingslea indicó que “los temas de listas negras y grises hay que tratarlos con mucha precaución”. En ese entonces, ni Panamá, ni los otros países de la lista de la Comisión de la UE figuraban en la lista de GAFI.

    Sin embargo, en el espacio de pocos meses, pese a los esfuerzos y compromisos asumidos con OCDE y GAFI, Panamá es la única jurisdicción  incluida en una corta lista oscura, lo cual podría reducir los flujos financieros, de inversión y comerciales internacionales hacia y desde el país.

    Es claro entonces, que la Comisión Europea y Francia en particular, ambos miembros de GAFI y presionados por sus poblaciones y medios de comunicación social, persisten en estigmatizarnos. Tal como lo expresó un periodista en un canal informativo de televisión francesa: “Panamá está en la mira de la comunidad internacional desde el escándalo de los Papeles de Panamá en 2016”. Esto, pese a que otros países de la región, Argentina, Venezuela y México se vieron salpicados por el escándalo pero no son listados.

    Es pues, preciso ganar espacios que permitan defender los intereses nacionales, así como lanzar campañas e información pública efectiva a través de los medios internacionales  tendientes a proyectar una imagen positiva del país. Esto exige un ejercicio de reflexión e introspección acerca dónde nos encontramos actualmente con respecto al panorama mundial y qué queremos proyectar al exterior.

    El establecimiento de políticas, procedimientos y sistemas de anti-lavado de activos en concordancia con los estándares internacionales debe ir acompañado de una identificación y comprensión de los actores relevantes “mapeo de actores”, organismos internacionales,  ONGs, países amigos y países “saboteadores”, que le permitan a Panamá posicionarse estratégicamente en la comunidad internacional y escapar de las listas. Comprender de primera mano la narrativa histórica de la crisis, la forma en que los eventos han sucedido y el contexto geopolítico presente.

  • Suiza pacta con la UE y la OCDE, pero bajará más los impuestos a las empresas

    Corren tiempos difíciles para los centros financieros internacionales. La presión ejercida por las principales potencias económicas de Occidente está consiguiendo reducir la competencia tributaria a nivel global, al calor de listas negras, leyes blandas y otras fórmulas de presión que están empezando a dar sus frutos. 

     

    La ofensiva de la Unión Europea volvió a quedar de manifiesto en la cumbre de ministros de Hacienda que coordinó recientemente el G-20. La reunión, que tuvo lugar en Japón, se saldó con el compromiso de reforzar la fiscalidad aplicada a las empresas multinacionales, en general, y a las compañías tecnológicas, en particular. 

     

    Ante un contexto internacional tan complicado, Suiza optó por cambiar su estrategia y redefinir su sistema tributario. En 2014, las autoridades federales del país alpino empezaron a preparar un nuevo código fiscal compatible con las recomendaciones de la Unión Europea y la OCDE. En 2015, el consenso llegó a los gobiernos locales y permitió la constitución de diversos grupos de trabajo que prepararon una reforma fiscal que empezó a ver la luz en 2018, cuando se publicaron sus primeros borradores. 

     

    Se estima que más de 24.000 empresas multinacionales tienen actividad en el país helvético. Según la consultora PwC, estas firmas aportan casi el 30% del PIB y generan uno de cada cuatro puestos de trabajo. Por tanto, la clave pasaba por cambiar las reglas fiscales, pero manteniendo el atractivo fiscal del país suizo. 

     

    Las quejas de los burócratas de Bruselas y París se habían centrado en las deducciones especiales que podían negociar las empresas con las autoridades locales. A cambio de un determinado nivel de inversión o creación de empleo, el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades podía experimentar rebajas adicionales. 

     

    Este sistema es similar al que aplica Luxemburgo, donde las empresas de gran tamaño cuentan también con la posibilidad de negociar descuentos adicionales en el Impuesto de Sociedades, siempre y cuando demuestren un impacto significativo en la economía del Gran Ducado. Por tanto, hay cierta hipocresía en la campaña de la UE y la OCDE, que insisten en anular dichos arreglos en Suiza pero muestran más tolerancia con los pactos fiscales que también permite la legislación luxemburguesa. 

     

    Para poner fin a las tensiones, Suiza va a reducir el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades del 14,1% al 12,8%. Entre las firmas que se beneficiaban de un tipo preferencial, el tipo efectivo subirá del 9% al 11%, mientras que el resto de compañías experimentarán una rebaja del 20% al 15%. La recaudación bajará 2.137 millones de dólares, de modo que las nuevas reglas suponen una rebaja neta de la carga fiscal. 

    Es cierto que, para las empresas que negociaban un tratamiento fiscal preferencial, la reforma aumentará la recaudación en 81,7 millones de dólares, pero dicha cifra supone una cantidad relativamente baja e implica una subida relativamente modesta del tipo efectivo, de dos puntos porcentuales. 

     

    En paralelo, la reforma incluye nuevas reglas de depreciación, deducciones del 90% para beneficios derivados de propiedad intelectual registrada en el país alpino o descuentos fiscales que permitirán descontar de la factura fiscal hasta el 50% del gasto en I+D. Además, no pocos gobiernos cantonales han anunciado ya que aplicarán rebajas varias en las tasas inmobiliarias que cobran a las empresas que operan dentro de su territorio. 

     

    Así las cosas, la estrategia suiza parece relativamente inteligente, habida cuenta de la presión recibida por la UE y la OCDE. Sí, es cierto que se ha producido una armonización de diversos estándares, pero a cambio se ha aprobado un nuevo marco fiscal que reduce más aún el peso de los impuestos sobre los beneficios empresariales. Al final, la mejor demostración del cambio a mejor es la estimación del tipo efectivo que pagarán las compañías, un indicador en el que se producirá una rebaja del 14,1% al 12,8%, tal y como se establecía en párrafos anteriores. 

     

    Para centros financieros internacionales de otras latitudes, la experiencia suiza ofrece una lección interesante. En vez de plantar cara a la UE y la OCDE, las autoridades helvéticas han preferido jugar con sus reglas y redefinir sus reglas tributarias de forma que, en última instancia, la fiscalidad empresarial sea aún más baja. 


    En parte, esto es lo mismo que han hecho países miembros de la UE como Holanda, Irlanda o, más recientemente, Hungría. En el caso del país gobernado por Víctor Orbán, se ha introducido un flat tax del 15% en el Impuesto sobre la Renta y se ha aplicado un 9% como tipo general del Impuesto de Sociedades. De nuevo, se repite la misma estrategia: gobiernos que aceptan las reglas de la UE y la OCDE, pero las replantean de manera que la factura fiscal efectiva sea más atractiva. 

  • Saltó la Liebre

    Nuestra Canciller ahora opina que Panamá debe seguir los ejemplos de Colombia, Chile y Costa Rica que se han incorporado a la OCDE. Según la canciller, estar en la OCDE mejoraría nuestra institucionalidad, como sin duda ha mejorado la de México, miembro fundador de la OCDE.

    La OCDE aparentemente tiene estándares institucionales y mediciones muy robustos, y que esto le serviría a Panamá, que se está quedando atrás en institucionalidad, pero que a alguna gente no le va a gustar, dice la canciller.

    Y tiene razón, yo soy uno de aquellos a los que no les gusta esa idea. Y como buen lobo tengo mis motivos. La idea que la OCDE está dando prioridad en sus actuaciones internacionales a la “competencia fiscal perjudicial”, sobre temas como la educación, o la justicia y otros temas institucionales, deja en claro una cosa. La OCDE es más o menos lo mismo que la Unión Europea post Euro. Dicen las malas lenguas que la Unión Europea es un club alemán. O sea que el manejo de la política monetaria y fiscal de la Unión Europea tiene como objeto defender más que nada los intereses alemanes. El Euro evita que los estados usen la moneda propia con fines proteccionistas y hace barato comprar productos alemanes para quien tiene Euros. La política fiscal y regulatoria de la Unión Europea tiene como función principal defender el Estado del Bienestar Alemán asegurándose que no puedan surgir competidores de las industrias alemanas que sostienen el estado del bienestar con sus impuestos en otros países. La Unión Europea busca ahora estos start ups en el este o sur de Europa en la cuna.

    La OCDE actúa de manera similar, pero a nivel internacional. Mantiene la división del trabajo como está. Los países ricos acaparan las inversiones y los países pobres solo seguirán exportando materias primas. Cuando hablamos de competencia fiscal perjudicial, estamos hablando de evitar que los inversionistas de países desarrollados con impuestos altos no puedan escapar a países subdesarrollados con impuestos bajos. Al final, tras el discurso bonito y lindo de anticorrupción e institucionalidad, queda sólo esto. Sino pregúntenles a los mejicanos, fundadores de la OCDE, qué tan institucionales y libres de corrupción se encuentran. Pero que están cogidos por la burocracia, están.

    Otro argumento para que Panamá entre en la OCDE es que al final siempre nos aplican las regulaciones aunque no seamos miembros; por lo menos si estamos sentados a la mesa de la OCDE, podemos discutir las regulaciones antes que nos las apliquen, al estilo de la membresía del Reino Unido en la Unión Europea, según Yes Prime Minister. Que el Reino Unido se unió a la Unión Europea para luchar desde adentro contra ésta. Bueno, ya sabemos que al final no les funcionó y se han tenido que ir como sea de la misma. Panamá en la OCDE sería un disidente entre un mar de creyentes. Además, ser disidentes requeriría un gobierno de Panamá que tenga ideas claras sobre qué quiere hacer para el país y pueda disentir con las propuestas de los demás miembros de la OCDE de manera  firme y sustentada, algo que Panamá no ha hecho, por lo menos durante la actual Cancillería.

    Y no es la única manera de hacer sentir nuestra voz. Otro método es asociarse con los países no miembros de la OCDE a los cuales les han querido aplicar normas de la OCDE sin ser miembros. Y plantear una estrategia diplomática común que debe incluir usar los instrumentos de derecho internacional, sobre todo cuando buscan aplicarle a países miembros normas que los propios países miembros no se aplican a sí mismos en una jugada proteccionista. Eso es algo que el actual gobierno nunca quiso hacer. Bajarse los pantalones con la OCDE y, de ser posible, ser miembro putativo de la organización, parece que siempre fue la política no manifiesta del actual gobierno. Me alegro que al final lo digan.

    Y me alegro que ya no les quede tiempo para meternos en la OCDE.

  • La OCDE espera un impuesto digital global para 2020.

    La posibilidad de un acuerdo internacional para cobrar impuestos a los gigantes de la tecnología de los EE. UU. como Amazon, Google y Facebook es un tema candente, ya que los países amenazan con hacerlo solos y Europa se encuentra dividida.

    Como parte de una revisión de su código tributario el año pasado, los EE. UU. incluyeron una disposición para disuadir a las multinacionales de evitar los impuestos de los EE. UU., domiciliando patentes y otros intangibles en jurisdicciones de bajos impuestos.

    El secretario general de la OCDE, Ángel Gurria, dijo este jueves pasado que este año la OCDE espera sentar las bases para un impuesto internacional a los gigantes digitales que podría entrar en vigor en 2020. El cambio desplazaría los ingresos tributarios multinacionales de los paraísos fiscales y de algunas naciones exportadoras hacia países con un gran número de consumidores.

    Las propuestas presentadas por la OCDE han sido acordadas por 127 países, e incluyen planes más limitados de algunos estados miembros de la UE que se enfocan solo en compañías digitales. Asimismo, la OCDE ha comunicado que hay un consenso creciente detrás de una propuesta de Estados Unidos para una revisión de las normas tributarias corporativas globales, a medida que los países intentan llegar a un acuerdo sobre cómo imponer a las empresas multinacionales en la era digital.

    Conforme a los planes, las empresas pagarían impuestos según el lugar en el que realizan sus ventas, un cambio significativo, ya que hasta ahora el impuesto a las empresas dependía en gran medida de la ubicación de sus empleados, oficinas y otros activos. El nuevo régimen, que limitaría las oportunidades para que las compañías cambien las ganancias de jurisdicciones con impuestos altos a bajos, se aplicaría a todos los grupos multinacionales, no solo a las compañías digitales a las que apuntaba la acción inicialmente.

    Las naciones más ricas está encabezando los esfuerzos para repensar los acuerdos internacionales que sustentan el impuesto corporativo, como parte de una ofensiva sobre cómo las multinacionales mueven las ganancias entre las jurisdicciones. El año pasado, Bruselas también propuso un impuesto interino a escala de la UE sobre los ingresos por servicios digitales para evitar dicen, un mosaico de impuestos a las empresas digitales en diferentes estados miembros. Los ministros de finanzas de la UE aún están negociando sobre la iniciativa provisional, que requiere una aprobación unánime.

    Asimismo, algunos países de la UE liderados por Francia, y Gran Bretaña y España en gran medida, anunciaron que, a falta de normas internacionales que impidan a las empresas trasladar las ganancias a países con impuestos bajos, están creando sus propios impuestos nacionales dirigidos específicamente a las grandes empresas digitales y argumentaron que las empresas tecnológicas con sede en los Estados Unidos, no pagan su parte justa de impuestos en los países donde venden servicios digitales. Irlanda, Dinamarca y Suecia, por su parte, han bloqueado el plan de la UE, mientras que la poderosa Alemania está algo indiferente, por temor a las represalias de Estados Unidos contra su industria automotriz.

  • Las listas negras y el crecimiento de un país

    Hemos visto cómo en la historia económica de Panamá han habido muchas variables, como si es un año electoral o no, las políticas monetarias de la FED, las crisis económicas en las metrópolis financieras como la crisis del Dot Com o la de los derivativos. A esto se añaden las presiones, mediante el mecanismo extorsivo de la inclusión en listas negras o grises, que elevan la carga regulatoria en nuestro sistema bancario y financiero. Una de los argumentos del gobierno actual es que Panamá tiene una caída como país atractivo para hacer negocios que mide el Doing Business del Banco Mundial porque no es un país «cumplidor». Y no conocemos ningún país que crezca empeorando el ambiente para hacer negocios, porque entendamos, sobreregular es empeorar el ambiente de negocios.

    Panamá entre el 2016 y el 2017 ha caído 9 puntos en el Doing Business del Banco Mundial. Por más que el gobierno quiera mandar un mensaje positivo a los inversionistas de que ésta es una jurisdicción seria que cumple con las normas de un buen ciudadano global, ningún inversionista va a estar interesado en invertir en un país donde es más caro en tiempo y dinero hacer negocios. Y por ahora el gobierno no ha encontrado una manera de hacer salir de las listas negras o grises que no sea haciendo más difícil hacer negocios en Panamá.

    Porque las presiones de las listas negras empezaron en serio con la lucha contra el lavado de dinero del GAFI después del 11 de septiembre del 2001, y se acrecentaron con la decisión de la OCDE de emprender una cruzada contra la evasión fiscal tras la crisis del 2008. Sin embargo, esas presiones de la OCDE y del GAFI no evitaron que Panamá creciera a niveles del 8,9, 11% durante el gobierno de Martín Torrijos, sin endeudamiento externo. Y las presiones de la OCDE y el GAFI tampoco evitaron que Panamá creciera a niveles similares tras las crisis del 2008, aunque con un notorio endeudamiento externo. Durante estos momentos de crecimiento, Panamá estuvo en una lista negra o gris de algún tipo y esto no le les impidió crecer. Está claro que hay otras condiciones para que Panamá crezca y estas no dependen de estar o no en una lista. Y estas condiciones el actual gobierno no las está cumpliendo.

    El problema actual es que el argumento del gobierno de que es necesario salir de las listas para crecer, es rebatido por el hecho de que esto lo ha logrado al costo de hacer los negocios en Panamá menos atractivos, y por lo tanto hacer que la inversión extranjera que Panamá necesita para crecer sin deuda, se vaya a otra parte. El gobierno, viendo bajar sus recaudaciones, trata de mantener las apariencias, elevando la capacidad del gobierno de endeudarse y de gastar deficitariamente. Esto es algo que no es sostenible a largo plazo. Otros gobiernos han estado en listas y han logrado crecer, sin endeudarse como Corea del Sur.

    Así que por favor, sería bueno que nuestros burócratas tengan un poco de respeto por los ciudadanos y no usen el argumento de que hacer más caro en tiempo y dinero hacer negocios en Panamá, de alguna manera nos hará crecer.

  • La única bonanza de penalizar la evasión fiscal es para las grandes firmas de contadores.

    Pues sí, ahora los encargados de la contabilidad de las empresas también son responsables por el cumplimento de la evasión fiscal, de empleados y profesionales auditores, pasan a ser cómplices; lo mismo los abogados, de profesionales asesores se convierten en cómplices. ¿Y los gerentes de empresas? ¿Se desvelarán pensando si sus contables están haciendo bien su trabajo?

    Esto va a traer una complicación interna para el personal de las empresas y a lo externo, van a crearse problemas de asignaciones de responsabilidades internas, y el costo de los profesionales externos va a aumentar al aumentar la responsabilidad legal de sus actos que ahora pueden ser delictivos dependiendo de un tipo penal que va a ser calificado por la DGI.

    Obviamente que muchos contadores se van a retirar del negocio de las grandes empresas, y el negocio probablemente quede en manos de las mismas empresas de contabilidad que asesoran a la OCDE y que ya están empezando a ofrecer servicios legales en violación a la ley 9 de 1984 sobre los abogados.

    Al pasar de sanciones administrativas a penales, el tema de la evasión fiscal cambia totalmente de cariz. Y los costos para las empresas cuyas actividades estén dentro del monto punible en temas de contabilidad y manejo fiscal van a aumentar, porque ahora la responsabilidad es mayor. Y se necesitarán más controles dobles, más empleados para asegurarse que no se cometen delitos. Y ese costo se llama incremento del costo de productividad. Y como siempre sucede, ese costo lo pagará el consumidor final.

    En épocas de necesitar mayor agilidad para la competitividad, se genera más burocracia haciendo menos competitivas a las empresas y por supuesto, más caros los productos y servicios panameños.

    Como el tipo penal hace que técnicamente un centavo más o un centavo menos haga toda la diferencia, ahora la puntillosidad en las declaraciones de rentas va a ser mayor. Y de hecho es probable que personas naturales o jurídicas decidan no ganar la cantidad de dinero suficiente para no arriesgarse acercarse al nivel donde la evasión fiscal tenga consecuencias penales. Esto significa que tomarán la decisión consciente de ser menos productivos, una consecuencia frecuente de la fiscalidad progresiva.

    Recordemos una cosa, a largo plazo es bastante dudoso que esa figura se quede en esa suma. Al final la tendencia va a ser a bajar la figura gradualmente, de la misma manera que el gobierno tampoco ha podido a la larga cumplir con los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal y gradualmente ha subido el límite de la misma para emitir más deuda.

    Cuando estamos ante un gobierno fiscalmente irresponsable, lo mejor es saber decir que «no» en lugar de seguir alimentando al monstruo. Porque podrá emitir toda la deuda que quiera, o penalizar toda la evasión fiscal que quiera, pero cuando se es irresponsable y falto de ideas, todo el dinero del mundo nunca será suficiente. Y nunca será suficiente para nuestros políticos.