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La única bonanza de penalizar la evasión fiscal es para las grandes firmas de contadores.

Pues sí, ahora los encargados de la contabilidad de las empresas también son responsables por el cumplimento de la evasión fiscal, de empleados y profesionales auditores, pasan a ser cómplices; lo mismo los abogados, de profesionales asesores se convierten en cómplices. ¿Y los gerentes de empresas? ¿Se desvelarán pensando si sus contables están haciendo bien su trabajo?

Esto va a traer una complicación interna para el personal de las empresas y a lo externo, van a crearse problemas de asignaciones de responsabilidades internas, y el costo de los profesionales externos va a aumentar al aumentar la responsabilidad legal de sus actos que ahora pueden ser delictivos dependiendo de un tipo penal que va a ser calificado por la DGI.

Obviamente que muchos contadores se van a retirar del negocio de las grandes empresas, y el negocio probablemente quede en manos de las mismas empresas de contabilidad que asesoran a la OCDE y que ya están empezando a ofrecer servicios legales en violación a la ley 9 de 1984 sobre los abogados.

Al pasar de sanciones administrativas a penales, el tema de la evasión fiscal cambia totalmente de cariz. Y los costos para las empresas cuyas actividades estén dentro del monto punible en temas de contabilidad y manejo fiscal van a aumentar, porque ahora la responsabilidad es mayor. Y se necesitarán más controles dobles, más empleados para asegurarse que no se cometen delitos. Y ese costo se llama incremento del costo de productividad. Y como siempre sucede, ese costo lo pagará el consumidor final.

En épocas de necesitar mayor agilidad para la competitividad, se genera más burocracia haciendo menos competitivas a las empresas y por supuesto, más caros los productos y servicios panameños.

Como el tipo penal hace que técnicamente un centavo más o un centavo menos haga toda la diferencia, ahora la puntillosidad en las declaraciones de rentas va a ser mayor. Y de hecho es probable que personas naturales o jurídicas decidan no ganar la cantidad de dinero suficiente para no arriesgarse acercarse al nivel donde la evasión fiscal tenga consecuencias penales. Esto significa que tomarán la decisión consciente de ser menos productivos, una consecuencia frecuente de la fiscalidad progresiva.

Recordemos una cosa, a largo plazo es bastante dudoso que esa figura se quede en esa suma. Al final la tendencia va a ser a bajar la figura gradualmente, de la misma manera que el gobierno tampoco ha podido a la larga cumplir con los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal y gradualmente ha subido el límite de la misma para emitir más deuda.

Cuando estamos ante un gobierno fiscalmente irresponsable, lo mejor es saber decir que “no” en lugar de seguir alimentando al monstruo. Porque podrá emitir toda la deuda que quiera, o penalizar toda la evasión fiscal que quiera, pero cuando se es irresponsable y falto de ideas, todo el dinero del mundo nunca será suficiente. Y nunca será suficiente para nuestros políticos.

About the author

Ricardo Soto

Ricardo Soto Barrios, abogado, especialista en políticas públicas, egresado de la Universidad Santa María la Antigua. Políticamente liberal, ha participado en muchos proyectos donde se analizan las políticas públicas de Panamá desde un punto de vista liberal y se proponen alternativas. Ha trabajado en la Policía Nacional de Panamá, el Ministerio de Gobierno, y AMPYME, además de ejercer la práctica privada.

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