El costo del sistema fiscal no se mide solo en dinero, sino también en tiempo, incertidumbre y capital productivo destruido.

Un Gobierno que se presenta como pro-mercado y necesitado de inversión no puede conservar un sistema en el que el empresario debe producir para sus clientes y, al mismo tiempo, trabajar gratuitamente para el organismo recaudador, bajo amenaza de inspecciones, multas, embargos y ejecuciones.

Resulta difícil hablar de ser atractivos a la inversión mientras se presume culpable a quien presenta tarde o mal un formulario. No es lo mismo ocultar deliberadamente una deuda, cometer fraude o evadir un impuesto que retrasarse en una declaración jurada o no tener cumplimentado un formulario burocrático. Un orden realmente republicano debería distinguir entre delito, deuda material, error excusable e incumplimiento formal. Cuando todo se castiga de manera automática, no hay justicia tributaria, sino disciplina burocrática.

Desde la Escuela Austríaca, sostenemos que los recursos son escasos. Cada hora que un empresario, un empleado o un contador dedica a interpretar resoluciones, controlar vencimientos, cargar datos y completar formularios es una hora que no se dedica a atender clientes, mejorar productos, buscar proveedores, reducir costos, invertir o descubrir nuevas oportunidades.

Ese tiempo no es gratuito. Es un impuesto regulatorio que no aparece en ninguna alícuota. Ese es el costo del sistema fiscal, ignoto para la mayoría de la gente.

La empresa o el pagador de impuestos no entrega solamente dinero al Estado. También entrega información, tiempo, trabajo administrativo, capacidad de gestión y tranquilidad. Y cuando llega un embargo, tampoco se retira simplemente “dinero”: se retiran fondos que tenían una función dentro del proceso productivo. Dinero para pagar salarios, comprar inventario, completar una obra, financiar un proyecto o sostener una inversión que todavía no generó ingresos.

El Estado puede recaudar hoy una multa y destruir, en el mismo acto, al contribuyente que habría pagado impuestos durante años.

Además, el mensaje para quien intenta formalizarse es perverso: cuanto más visible, organizado y registrado esté su negocio, más fácilmente puede ser controlado, sancionado y embargado. El emprendedor no calcula solamente la carga tributaria, sino también calcula el costo del contador, los sistemas, el riesgo de error, la probabilidad de una multa, la exposición de su patrimonio y las horas perdidas ante la DGI.

La informalidad no se combate persiguiendo y aumentando amenazas. Se combate haciendo que la formalidad sea sencilla, previsible, segura y conveniente.

En términos políticos, parece haber más apetito para incorporar dólares al sistema parasitario, pero severidad fiscal para disciplinar al contribuyente cotidiano.

Y que una persecusión, orden o sanción esté autorizada por una ley no la convierte en legítima. Como recordaría Hayek, el Estado de derecho no consiste únicamente en que el poder tenga una norma que lo habilite. Las reglas deben ser generales, conocidas, previsibles y permitir que las personas organicen sus planes sin vivir sometidas a la arbitrariedad administrativa y a la expoliación fiscal.

Muchos de estos formularios ni siquiera determinan impuestos propios. Obligan a empresas y profesionales a recolectar, procesar y transmitir información para que el Estado pueda controlar a terceros. La DGI externaliza así su costo de fiscalización y obliga al particular o profesional a reunir los datos, lo obliga a procesarlos, lo obliga a presentarlos, lo multa si se retrasa y eventualmente lo ejecuta para cobrar la multa.

Desde Public Choice, el incentivo es evidente: crear nuevas obligaciones informativas resulta barato para el organismo porque su costo no aparece en el presupuesto público. Lo pagan individuos y las empresas.

Por eso no alcanza con aprobar cada tanto tiempo otra moratoria. Eso solo repite el ciclo del obligado fiscal: obligación imposible, incumplimiento, multa, moratoria y nueva obligación.

Ese ciclo perverso sólo ratifica la persistencia de una concepción profundamente estatista dentro de un Gobierno que se proclama abierto a la inversión, donde el empresario sigue siendo tratado como sospechoso, recaudador, informante y empleado gratuito del Estado, en lugar de ser reconocido como quien crea, invierte, arriesga y sostiene el proceso productivo del que vive ese mismo Estado.