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Etiqueta: evasión fiscal

  • El caso de Roger Ver: Justicia o herramienta de control?

    La detención en España del empresario Roger Ver, conocido como «Bitcoin Jesus», ha generado controversia no solo por las acusaciones en su contra, sino también por lo que representa en términos de justicia, poder estatal y libertad individual. Ver, quien enfrenta una posible extradición a Estados Unidos y una condena de hasta 109 años de prisión, es un símbolo de la resistencia al sistema financiero tradicional y un férreo defensor del derecho de las personas a decidir cómo manejar su dinero, lejos de la intervención gubernamental.

    Los cargos contra Ver: más allá de los impuestos

    Las acusaciones contra Roger Ver, según diversas fuentes, están relacionadas con una supuesta evasión fiscal y otras irregularidades financieras. Sin embargo, el trasfondo parece ir más allá de lo estrictamente legal: el caso tiene tintes de ser un ejemplo del «garrote legal» utilizado para enviar un mensaje a quienes desafían las estructuras tradicionales. ¿Es proporcional perseguir con tanta dureza a alguien cuyo «crimen» es cuestionar la hegemonía estatal en cuestiones de dinero y fiscalidad?

    Los 109 años de condena que podría enfrentar no solo son desmesurados, sino que rozan lo absurdo. Este castigo desproporcionado parece diseñado no solo para sancionar, sino para disuadir a otros de seguir su camino, algo que va en contra de los principios básicos de justicia y proporcionalidad. La paradoja es evidente: los sistemas que deberían proteger a los ciudadanos son utilizados como herramientas de represión y disciplina.

    Un ataque a la libertad financiera

    Roger Ver ha sido una figura controvertida, pero también fundamental en la adopción de Bitcoin y otras criptomonedas. Su postura, que aboga por un mundo donde las personas tengan mayor control sobre su dinero y se reduzca el rol de los intermediarios tradicionales, ha chocado frontalmente con gobiernos acostumbrados a tener el monopolio del dinero.

    Este caso también pone de manifiesto cómo los sistemas tributarios se convierten en un arma para perpetuar el poder centralizado. La fiscalidad, más allá de su función redistributiva, se utiliza en demasiadas ocasiones para sofocar movimientos que buscan empoderar a los ciudadanos y disminuir la dependencia estatal.

    España como aliado en el control global

    La colaboración de España en la detención de Ver y su posible extradición a Estados Unidos plantea preguntas sobre la soberanía y la independencia judicial. ¿Hasta qué punto los estados actúan como extensiones de los intereses de las grandes potencias, especialmente cuando se trata de figuras que desafían el status quo global? España, con su historial de cuestionamientos a la extradición, no está exenta de críticas por actuar, aparentemente, como un simple intermediario en este caso.

    Un llamado a la reflexión

    El caso de Roger Ver va más allá de su persona. Es un llamado a reflexionar sobre los límites del poder estatal, la proporcionalidad de las penas y el derecho de los individuos a desafiar sistemas centralizados. Si permitimos que figuras como Ver sean aplastadas por la maquinaria estatal sin cuestionarlo, ¿quién será el próximo?

    La lucha de Ver por la libertad financiera no es solo suya; es una lucha que define cómo queremos que se estructure la relación entre los ciudadanos y el Estado en el siglo XXI. La pregunta es si estamos dispuestos a defenderla o si permitiremos que se sigan utilizando las leyes como herramientas de control y no como instrumentos de justicia.

    Para más detalles sobre el caso y posibles acciones, puedes visitar la página oficial de la campaña Free Roger Now

  • Según el TAX Justice Network, el abuso fiscal global lo hacen los países ricos de la economía global y no los países que aparecen en la lista negra de paraísos fiscales

    Un nuevo informe de Tax Justice Network (TJN) afirma que, a nivel mundial, los países están perdiendo $ 427 mil millones cada año debido al abuso de impuestos corporativos internacionales y la evasión de impuestos privados.

    TJN descubrió que las corporaciones multinacionales evitan $ 245 mil millones mientras que el 1% más rico del mundo, que ha aumentado su riqueza durante la pandemia de COVID-19, evita $ 182 mil millones.

    En este contexto de pandemia, cuando se requieren grandes esfuerzos financieros, los países de todo el mundo ven en promedio el equivalente al 9,2% de su presupuesto de salud perdido por el abuso fiscal. El daño es aún mayor para las economías de ingresos bajos, que pierden hasta el 52% de su presupuesto de salud en la evasión fiscal, frente a solo el 8,4% para los países de ingresos altos.

    “Los evasores de impuestos privados pagaron menos impuestos de los que debían al almacenar un total de más de $ 10 billones en activos financieros en el extranjero”, dijo Tax Justice Network en un comunicado de prensa.

    La TJN afirmó haber podido calcular el alcance de la evasión de impuestos corporativos gracias a que habían sido autoinformados por multinacionales y publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero solo después de que el thinktank con sede en París asegurara que no se pudo identificar ninguna empresa individual.

    El informe afirma que las 5 jurisdicciones con más responsabilidad en las pérdidas fiscales de los países fueron: Islas Caimán, un territorio británico de ultramar, responsable del 16,5% o más de 70.000 millones de dólares de pérdidas fiscales globales; Reino Unido (10%, 42.000 millones de dólares); los Países Bajos (8,5%, 36.000 millones de dólares); Luxemburgo (6,5%, 27.000 millones de dólares) y EE. UU. (5,5%, 23.000 millones de dólares).

    «Un sistema fiscal global que pierde más de $ 427 mil millones al año no es un sistema roto, es un sistema programado para fallar», dijo Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network, en la publicación del informe. “Bajo la presión de gigantes corporativos y poderes de paraísos fiscales como los Países Bajos y la red del Reino Unido, nuestros gobiernos han programado el sistema fiscal global para priorizar los deseos de las corporaciones e individuos más ricos sobre las necesidades de todos los demás”.

    Fuente: TJN

    Mientras que los países de ingresos más altos perdieron más impuestos (382.7 mil millones de dólares) que los países de ingresos más bajos (45 mil millones de dólares), las pérdidas fiscales de los países de ingresos más bajos son proporcionalmente mayores en comparación con los ingresos fiscales que normalmente recaudan. Los países de ingresos más bajos pierden el equivalente al 5.8% de sus ingresos fiscales recaudados, mientras que los países de ingresos más altos pierden el 2.5%.

    Las pérdidas fiscales de América Latina y África equivalen al 20,4% y el 52,5% de los presupuestos de salud pública de esas regiones, respectivamente, según el informe.

    Fuente: TJN

    En la región latinoamericana podemos observar en primer lugar a Chile, con un 75.56% de impuestos corporativos perdidos a nivel mundial, seguido de Venezuela con un 16.03%, Bolivia con un 15.64% y Panamá en cuarto lugar con un 13.3%.

    Tax Justice Network dijo que su informe “proporciona la evidencia más sólida hasta la fecha de que los mayores facilitadores del abuso fiscal global son los países ricos en el corazón de la economía global y sus dependencias, no los países que aparecen en la lista negra de paraísos fiscales altamente politizados de la UE o las pequeñas islas bordeadas de palmeras de la creencia popular ”.

    La organización dijo que la «telaraña del Reino Unido» de los Territorios de Ultramar y las Dependencias de la Corona era responsable del 37,4% de todas las pérdidas fiscales sufridas por países de todo el mundo, o más de 160.000 millones de dólares.

    También pidió a los jefes de estado del G20 antes de la cumbre del fin de semana pasado que exijan la publicación de informes país por país de las multinacionales individuales, para que los abusadores de impuestos corporativos y las jurisdicciones que los facilitan puedan ser identificados y responsabilizados.

  • Comisión Europea recomienda que no se conceda apoyo financiero estatal a empresas que tengan vínculos con paraísos fiscales

    La Comisión Europea ha recomendado ayer, 14 de Julio, que los Estados miembros no concedan apoyo financiero a empresas que tengan vínculos con países que figuren en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales. También se deben aplicar restricciones a las empresas condenadas por delitos financieros graves, como fraude financiero, corrupción o impago de impuestos y obligaciones en materia de seguridad social, entre otros. El objetivo de esta recomendación es proporcionar orientación a los Estados miembros sobre cómo establecer condiciones para la percepción de apoyo financiero que impidan el uso indebido de fondos públicos y refuercen las salvaguardias contra los abusos fiscales en toda la UE, en consonancia con la legislación de la Unión. Al coordinar las restricciones en materia de ayuda financiera, los Estados miembros también evitarían desajustes y distorsiones en el mercado único.

    La vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia, ha declarado: «Nos encontramos en una situación sin precedentes, en la que se conceden a las empresas volúmenes excepcionales de ayuda pública en el contexto de la pandemia de coronavirus. En estas circunstancias, resulta particularmente inaceptable que las empresas receptoras de ayudas públicas mantengan prácticas de elusión fiscal en las que intervengan paraísos fiscales. Ello constituiría un uso abusivo de los presupuestos nacionales y de la UE, en detrimento de los contribuyentes y de los sistemas de seguridad social. Conjuntamente con los Estados miembros, queremos asegurarnos de que esto no ocurra».

    Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, ha declarado: «La equidad y la solidaridad forman la base de los esfuerzos de recuperación de la UE. Todos estamos inmersos en esta crisis y cada cual debe pagar la proporción de impuestos que en justicia le corresponde, a fin de que podamos prestar apoyo a nuestros esfuerzos colectivos de recuperación y evitemos socavarlos. Quienes eluden deliberadamente las normas fiscales o cometen actividades delictivas no deben beneficiarse de los sistemas que intentan sortear. Debemos garantizar la protección de los fondos públicos para que puedan estar realmente al servicio de los contribuyentes honrados de la UE».

    Corresponde a los Estados miembros decidir si desean conceder ayudas financieras y establecer medidas en consonancia con las normas de la UE, entre las que se incluyen las normas sobre ayudas estatales, y los objetivos políticos que se persiguen. La pandemia de coronavirus ha requerido un esfuerzo sin precedentes, tanto a nivel nacional como de la UE, para apoyar a las economías de los Estados miembros y facilitar su recuperación. Esto incluye importantes ayudas financieras para proporcionar liquidez y capital a las empresas, conservar puestos de trabajo, salvaguardar las cadenas de suministro y favorecer la investigación y el desarrollo. En este contexto, varios Estados miembros manifestaron su voluntad de adoptar normas para restringir el acceso a este apoyo por parte de las empresas que mantienen prácticas de elusión fiscal en las que intervienen paraísos fiscales o que han sido condenadas por delitos financieros. Por ello, pidieron orientaciones a la Comisión sobre la mejor manera de abordar esta cuestión.

    La recomendación efectuada tiene por objeto proporcionar un modelo a los Estados miembros, acorde con la legislación de la UE, sobre la manera de evitar que las ayudas públicas se utilicen en estructuras de fraude o evasión fiscal, elusión fiscal y blanqueo de capitales o para la financiación del terrorismo. En particular, no deben recibir apoyo público las empresas que tengan vínculos con países y territorios no cooperadores a efectos fiscales de la lista de la UE (es el caso, por ejemplo, cuando una empresa tiene su residencia fiscal en uno de ellos). En caso de que los Estados miembros decidan introducir estas disposiciones en su legislación nacional, la Comisión sugiere una serie de condiciones a las que debería supeditarse la ayuda financiera. La lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, sostienen que es la mejor base para aplicar tales restricciones, ya que permitirá que todos los Estados miembros actúen de forma armónica y evitará medidas individuales que puedan ser contrarias a la legislación de la UE. Sugieren también que el uso de la lista para aplicar las restricciones también generará mayor claridad y seguridad para las empresas.

    Al mismo tiempo, la Comisión manifiesta que está dispuesta a analizar con los Estados miembros los planes específicos de estos para garantizar que la concesión de ayudas estatales, en particular en forma de recapitalizaciones, se limite a las empresas que pagan la proporción de impuestos que en justicia les corresponde.

    También enuncian que «Para proteger a los contribuyentes honrados», «la Comisión también recomienda excepciones a estas restricciones, cuya aplicación debe hacerse en condiciones estrictas. Aunque mantengan vínculos con países y territorios no cooperadores a efectos fiscales según la lista de la UE, las empresas deben poder acceder a la ayuda financiera en determinadas circunstancias. Este podría ser el caso, por ejemplo, de las empresas que demuestren haber abonado un impuesto adecuado en el Estado miembro durante un determinado periodo de tiempo (por ejemplo, los últimos tres años) o que acrediten una presencia económica real en el país de la lista. Se aconseja a los Estados miembros que introduzcan sanciones adecuadas para disuadir a los solicitantes de facilitar información falsa o inexacta».

    Los Estados miembros, señalan, también deben acordar requisitos razonables para que las empresas demuestren que no tienen vínculos con países y territorios no cooperadores a efectos fiscales según la lista de la UE. La recomendación sugiere principios para ayudar a los Estados miembros en este ámbito.

    Por último, los Estados miembros habrán de informar a la Comisión de las medidas que aplicarán para cumplir la recomendación adoptada el 14 de Julio, en consonancia con los principios de buena gobernanza de la UE. La Comisión publicará un informe sobre el impacto de esta recomendación en un plazo de tres años.

    Comunicado de Prensa de la Comisión Europea.Brussels, 14.7.2020 C(2020) 4885 final

  • La eterna lista negra

    Ya lo sabíamos. Y lo advertimos. Cada esfuerzo para salir de las listas de colores, grises o negras, es fútil, porque A) Son varias listas elaboradas por funcionarios de distintas instituciones con distintos criterios, lo cual significa que se puede estar en una lista y en otras no por la misma causa. B) Los ámbitos de la evasión fiscal son tan extensos como insaciables sean los estados. Por lo tanto, los estados seguirán extendiendo y creando espacios donde poder vigilar y castigar al ciudadano por no pagar los tributos correspondientes. Así que salir de una lista, no significa que no se vuelva a caer en la misma. C) Aparte de las preocupaciones legítimas de los elaboradores de listas, como el financiamiento de actividades terroristas, en el caso del GAFI, o de la evasión fiscal en el caso de la OCDE, hay una clara preocupación proteccionista encubierta, que hace que los estados estén dispuestos a incluir en sus listas de paraísos fiscales a quienes no tienen padrinos poderosos. Los paraísos fiscales onshore de los Estados Unidos o de la Unión Europea, por ejemplo, no suelen ser incluidos con la misma frecuencia que los paraísos fiscales offshore de la mancomunidad británica; y éstos a su vez, menos que los paraísos fiscales como Panamá que no son parte de la mancomunidad británica. Panamá se encuentra en particular desprotección frente a las presiones de las listas de colores. Y en parte es nuestra culpa.

    Panamá es un mercado cerrado a los abogados de otras jurisdicciones. Con el perdón del Colegio de Abogados, casi todas las firmas grandes de abogados internacionales de Panamá, tiene sucursales y representantes en otras jurisdicciones. En cambio es imposible para firmas de abogados británicas, europeas o norteamericanas para citar un ejemplo, dedicadas al negocio offshore, abrir firmas en Panamá y operar en Panamá. El proteccionismo laboral nos pasa ahora la factura. No tenemos la capacidad de lobby que tendríamos sin las hipotéticas ramas locales de firmas extranjeras de abogados offshore, vieran su negocio afectado en Panamá y empezaran a hacer lobby en Washington o Londres o Bruselas para detener nuestra inclusión en las listas. Ahora mismo es un problema que solo afecta a panameños, así que se jodan los panameños, eso es como se ve afuera de Panamá. Nuestro proteccionismo laboral ahora nos pasa factura.

    La cancillería de Panamá demora en asociarse con otros paraísos fiscales para una defensa común de sus intereses. Está claro que por más que Panamá se baje los pantalones y firme cuanta norma les pidan el GAFI y la OCDE como hacía el gobierno de Juan Carlos Varela, que llegó al servilismo no solo de firmar todo lo que le ponían enfrente, sino también de negarse a asociarse con otros paraísos fiscales para hacer un frente de defensa común. Un firme creyente de “aquellos que no se juntan, colgarán por separado”. La cancillería actual parece no estar interesada en cambiar la política. Así que seguiremos teniendo que aguantar las presiones solos, negociando solos y cediendo solos. El negociar con el GAFI, la OCDE y la Unión Europea, no impide asociarse con aliados internacionales para coordinar un frente común… ¿Entenderán esto en la plaza Bolívar?

    Los países centrales o desarrollados no confían en Panamá como jurisdicción. Podemos firmar lo que sea, pero Panamá tiene un serio problema de imagen institucional. Un país donde la Corte Suprema y los Tribunales fallan de una manera y luego de otra en casos similares, si es que fallan. Donde temas serios constitucionales simplemente no se fallan y punto. Donde la Corte manda borradores de fallos a la presidencia de la República antes de fallar. Donde la Corte falla, y el Ejecutivo pide aclarar (un fallo que debe ser final) para que los meses o años que dure la aclaración no rinda efectos legales el fallo. Esto es una desventaja muy seria. Los paraísos fiscales onshore de los Estados Unidos tienen al final el respaldo del sistema de justicia de los Estados Unidos. Los paraísos fiscales del Caribe, tienen el respaldo del sistema de justicia británico en última instancia. Acá el respaldo es del cuestionadísimo sistema legal panameño, y la administración pública panameña, que es una mezcla de voracidad en cuanto a personal y jurisdicción, e incapacidad en cuanto a actuaciones. El resultado es que podemos hacer como Varela y Chabela y firmar lo que nos pongan enfrente, los países de la OCDE y la Unión Europea seguirán dudando de la capacidad e intención de cumplir lo firmado y nos seguirán poniendo en listas negras. Y en un país donde el Presidente parece cogobernar con los diputados, que son las personas perceptiblemente más corruptas de este país, y muchos están seriamente involucrados en las actividades que el GAFI cuestiona, mucho menos se va a confiar en Panamá.

    Panamá no ha hecho ningún intento serio en buscar negocios alternativos. Está claro que el negocio offshore murió tal y cual se manejaba desde los 1970s. Pero ni Varela ni Nito Cortizo parecen estar interesados en modificar el marco legal de la economía panameña que no ha variado desde los 1970s. Desde Ernesto Perez Balladares no se han hecho reformas económicas profundas, salvo una tímida intención de Martín Torrijos a mediados de los 2000s. No se ha modificado el Código de Trabajo desde 1995. No se han eliminado las barreras de proteccionismo laboral o agrario. No se ha mejorado el sistema educativo. No se ha mejorado el sistema judicial. El resultado es claro. Salvo el sector servicios, Panamá sigue anclado en los 1970s.

    Una de las presiones grandes que viene, por ejemplo, es el que las Sedes de Empresas Multinacionales no sean meras oficinas de facturación, sino que produzcan algún tipo de contenido real. Esto significa cambios en la legislación laboral y de las profesiones que Panamá no está dispuesto a hacer, basta ver la reacción de los gremios a la Cámara de Comercio frente a la sugerencia de abrir las profesiones o la de los transportistas y hoteleros a las plataformas tecnológicas.

    El resultado es un país que va a estar en las eternas listas de colores, grises o negras. Y parecería que no hay intención de cambiar las cosas.

  • Los problemas de la cárcel por deudas

    El primer problema de esta tipificación es que surge no de una necesidad local de la sociedad panameña, sino de presiones internacionales. Si no pagar los impuestos al Estado es delito, ya Panamá no se va a poder negar a las solicitudes de gobierno extranjeros de investigar a posibles evasores fiscales en Panamá alegando que no es delito acá. Y también podrá extraditar a los evasores fiscales (según leyes extranjeras) que se refugien en nuestro territorio. Pero no es un clamor de la sociedad local; y sus más vocales defensores son los banqueros que temen perder sus corresponsalías bancarias y los contadores que ven su negocio aumentar y convertirse en un negocio de alto riesgo, con lo cual pueden cobrar más dinero en honorarios Pero el ciudadano de a pié no parece muy entusiasmado.

    Por una sencilla razón. Lo que diferencia la evasión fiscal (que es una ofensa administrativa todavía)  de la defraudación fiscal (que es un delito penal), es simplemente el monto. Las acciones del evasor son las mismas, sólo que el monto de impuestos que debe al estado no lo es. El resultado es que una vez ingresado el tipo penal en el Código Penal, solo es cuestión de tiempo de que políticos del futuro, seguramente bajo presiones internacionales del futuro, o del político al que no le gusten los twitteros, vayan bajando gradualmente los montos para que las acciones del acusado pasen de ser faltas administrativas a delitos penados con cárcel.

    Hoy el monto propuesto por ley es de 300,000, que solo afectan a millonarios, pero mañana pueden ser montos menores que afecten a ciudadanos de a pie. Como en el famoso poema de Martin Niedemoeller, “Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
    no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío.  Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar.”.

    Primero vendrán por los más fáciles, luego por los demás, justo aquellos que pensaron que eso no era con ellos.

    El delito de evasión fiscal, aparte de la naturaleza política arbitraria del monto necesario para definir el tipo penal, tiene otros problemas. Como por ejemplo que el Estado actúa como juez y como parte, más aún en un país sin verdadera independencia judicial y estado de derecho, donde los poderes del Estado no actúan como contrapesos y balances sino en “armónica colaboración” como dice la Constitución de los militares y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha recalcado una y otra vez. En este tipo penal, un funcionario, los auditores de la DGI lo más probable, va a decidir si la evasión llega al monto mágico, para decidir si se eleva a la esfera penal. Ya vimos cómo la DGI fue usada por el gobierno anterior como un elemento para perseguir a sus opositores y nada nos garantiza de que estos tiempos no volverán, con el agravante que ahora se puede decidir terminar con el opositor en la cárcel.

    Tratar penalmente la evasión fiscal bajo el título de defraudación fiscal es volver a la idea de la cárcel por deudas, al menos si el deudor es el Estado.

    Y peor aún. Por lo menos la cárcel por deudas con deudores privados no se prestaba para la persecución política, la penalización de la evasión fiscal sí se presta. Así entramos en períodos peligrosos donde “los estándares internacionales del buen ciudadano global” importan más que el mantenimiento de las libertades democráticas.

     

  • Una nueva cárcel por deudas.

    George Orwell, en Rebelión en la Granja dijo “todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros”. Y esto parece aplicarse a los Estados, donde pareciera que las garantías y estándares morales que se exigen a los ciudadanos no son las mismas que se exigen a los funcionarios y políticos; de hecho en Panamá pareciera que son más suaves para los políticos que para los ciudadanos de a pie.

    Si un gamberro virtual usa fotos de una bloguera rusa para difamar a la procuradora, el Ministerio Público actúa con una celeridad nunca vista cuando es un ciudadano común el que tiene una amenaza que pone en peligro su vida. O cuando se exigen un montón de trámites para poder legalmente acusar a políticos de delitos concretos, que no se exigen a un ciudadano de a pie. Uno de estos temas es la penalización de delitos donde el ciudadano debe dinero a la administración pública, concretamente el tema de la evasión fiscal.

    Anteriormente, antes de la Ilustración, era común que muchas personas dieran con sus huesos en la cárcel por temas de deudas, y por lo tanto, una de las cosas que se propuso la Ilustración fue el eliminar la cárcel por deudas. Pero una cosa era deberle a Juan de los Palotes y la otra deberle al Rey.

    De todas maneras, en el siglo XIX la tendencia fue a eliminar los impuestos sobre las personas, y convertirlo en algo meramente administrativo. Total para hacer muchos trámites como vender cosas, o importar cosas al país tenían tarde o temprano que pagar el impuesto. Pero con la popularidad del impuesto sobre la renta, la cosa empezó a cambiar. Ahora el ciudadano empieza a convertirse en un delator de sí mismo. Tiene que presentarse ante el Rey y sin decir mentiras declarar cuánto gana. La obligación de no declarar contra sí mismo queda tácitamente abrogada, sus palabras ahora van a ser juzgadas contra los hechos que los funcionarios detecten. Ahora deberle al Rey no solo se convierte en una falta administrativa sino en delito. Las deudas fiscales implican cárcel de nuevo, siempre y cuando el acreedor sea el Estado. Porque todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros y el Estado es el dedo ordenador de Dios en la tierra, aparentemente.

    Panamá, país pensado por un liberal con raíces profundas en el liberalismo del siglo XIX y XVIII, el liberalismo de la Ilustración, sabía tácitamente esto, y se resistió a penalizar la evasión fiscal. Era para el panameño un corolario del principio liberal de que no habrá cárcel por deudas. De hecho, el Art. 21 de la Constitución Nacional reza en su frase final: No hay prisión, detención o arresto por deudas u obligaciones puramente civiles. Sin embargo, por presiones externas de los “estándares internacionales” Panamá está dispuesta a ceder más aún y alejarse por primera vez de estos principios liberales para permitir que deberle dinero al Rey, perdón, al ESTADO, sea penalizable con la privación de la libertad. Un precepto Constitucional está a punto de ser violentado.

    Y esta penalización de la evasión fiscal va a traer consecuencias en un país donde la actuación del Ministerio Público y el Sistema Judicial han sido poco neutrales respecto al poder político que controla al ejecutivo.

    Pronto veremos los resultados, que no serán buenos, y los veremos comenzando por aquellos que hoy piden reformar la Constitución cuando ni siquiera pueden respetar la vigente, si es que aprueban la Ley mientras el pueblo está rezando.

  • La única bonanza de penalizar la evasión fiscal es para las grandes firmas de contadores.

    Pues sí, ahora los encargados de la contabilidad de las empresas también son responsables por el cumplimento de la evasión fiscal, de empleados y profesionales auditores, pasan a ser cómplices; lo mismo los abogados, de profesionales asesores se convierten en cómplices. ¿Y los gerentes de empresas? ¿Se desvelarán pensando si sus contables están haciendo bien su trabajo?

    Esto va a traer una complicación interna para el personal de las empresas y a lo externo, van a crearse problemas de asignaciones de responsabilidades internas, y el costo de los profesionales externos va a aumentar al aumentar la responsabilidad legal de sus actos que ahora pueden ser delictivos dependiendo de un tipo penal que va a ser calificado por la DGI.

    Obviamente que muchos contadores se van a retirar del negocio de las grandes empresas, y el negocio probablemente quede en manos de las mismas empresas de contabilidad que asesoran a la OCDE y que ya están empezando a ofrecer servicios legales en violación a la ley 9 de 1984 sobre los abogados.

    Al pasar de sanciones administrativas a penales, el tema de la evasión fiscal cambia totalmente de cariz. Y los costos para las empresas cuyas actividades estén dentro del monto punible en temas de contabilidad y manejo fiscal van a aumentar, porque ahora la responsabilidad es mayor. Y se necesitarán más controles dobles, más empleados para asegurarse que no se cometen delitos. Y ese costo se llama incremento del costo de productividad. Y como siempre sucede, ese costo lo pagará el consumidor final.

    En épocas de necesitar mayor agilidad para la competitividad, se genera más burocracia haciendo menos competitivas a las empresas y por supuesto, más caros los productos y servicios panameños.

    Como el tipo penal hace que técnicamente un centavo más o un centavo menos haga toda la diferencia, ahora la puntillosidad en las declaraciones de rentas va a ser mayor. Y de hecho es probable que personas naturales o jurídicas decidan no ganar la cantidad de dinero suficiente para no arriesgarse acercarse al nivel donde la evasión fiscal tenga consecuencias penales. Esto significa que tomarán la decisión consciente de ser menos productivos, una consecuencia frecuente de la fiscalidad progresiva.

    Recordemos una cosa, a largo plazo es bastante dudoso que esa figura se quede en esa suma. Al final la tendencia va a ser a bajar la figura gradualmente, de la misma manera que el gobierno tampoco ha podido a la larga cumplir con los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal y gradualmente ha subido el límite de la misma para emitir más deuda.

    Cuando estamos ante un gobierno fiscalmente irresponsable, lo mejor es saber decir que «no» en lugar de seguir alimentando al monstruo. Porque podrá emitir toda la deuda que quiera, o penalizar toda la evasión fiscal que quiera, pero cuando se es irresponsable y falto de ideas, todo el dinero del mundo nunca será suficiente. Y nunca será suficiente para nuestros políticos.

  • La nueva trampa fiscal: los umbrales para sustentar la evasión fiscal.

    El gobierno, tras las presiones externas, sobre todo las del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, busca penalizar la evasión fiscal. Como el clamor de penalizar la evasión fiscal no sale de la sociedad panameña sino de presiones externas, el gobierno ha tenido que hacer una maroma política para hacer la ley más potable. Penalizar la evasión fiscal por encima de los 300 mil dólares. O sea para los evasores que ganen más de un millón de dólares al año.

    Algo similar se hizo con el contrabando, penalizándolo hasta cierto nivel, pero por debajo de este nivel la evasión fiscal y el contrabando siguen siendo faltas administrativas. En el 2015 el contrabando fue penalizado, siempre y cuando la cuantía del contrabando sea mayor de los 500 mil dólares. Ahora se busca penalizar la figura de la evasión fiscal por umbrales similares. Nótese que en ambos casos se debe más a presiones externas ya que el gobierno no ha hecho todo lo que pudo para mejorar la recaudación tributaria sin tener que penalizar la evasión. Las presiones externas se deben a que si la evasión es delito en Panamá, los fiscales extranjeros podrán pedir a sus colegas panameños que se investigue penalmente a los que usan a Panamá para evadir impuestos en sus países.

    Esto plantea al gobierno varios problemas: el primer problema es que como el proyecto no tiene apoyo local, sino que se debe por presiones extranjeras, tiene un costo político cuando nos aproximamos a un año electoral. Obviamente si los diputados buscan réditos políticos, no va a ser penalizando la evasión fiscal. El gobierno por lo tanto, por ahora busca presentarlo como un tema de que es solo para las personas que ganan más de un millón de dólares. Pero esto presenta varias aristas. Una de ellas es que las personas que ganan más de un millón de dólares pueden pagar abogados y contadores para crear estructuras que les permitan eludir impuestos, o sea, tomar medidas legales que no son delito para pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Así que dudamos de la efectividad para castigar a los evasores que menciona el proyecto.

    El segundo problema es de arquitectura jurídica y va a llevar a aplicar tarde o temprano la norma que penaliza la evasión fiscal a todo el mundo.

    Estamos hablando de las figuras de error de prohibición y de error de tipo.

    En la teoría finalista del delito, el error de prohibición recae sobre el carácter y la entidad del injusto del actor. En el caso de la evasión fiscal, el injusto recae sobre la capacidad una empresa de hacer lo que debe hacer, maximizar utilidades, así que lo más razonable para cualquier empresario serio es que busque maneras de bajar los impuestos, dentro de la legalidad, al mínimo legalmente requerido.

    El problema es que la Dirección General de Ingresos puede tener otra opinión sobre las actividades realizadas para pagar impuestos, y esta opinión puede ser malintencionada, como ya lo demostró un ex director de la DGI y como lo ha demostrado el IRS norteamericano. Las autoridades fiscales pueden y son de hecho usadas para perseguir a enemigos políticos. Lo cual nos lleva a una situación donde el imputado puede que honestamente crea que no ha hecho nada malo, pero las autoridades fiscales creen que sí, y éstas son las que de hecho califican el tipo penal. El que se verifique o no un tipo penal depende ahora de las autoridades administrativas. Aquí tenemos un problema de error de prohibición. Y un delito sin víctimas claras. Porque se trata de una persona que toma medidas para salvaguardar su propio patrimonio, pero que es obligada a desprenderse del mismo bajo presión de una autoridad política, y que es penalizado por no querer hacerlo. Obviamente este desprendimiento forzado es en nombre del bien común y la cosa pública, porque si no lo fuera así, sería llamado robo.

    Pero contamos con un precedente funesto, y es que la tendencia a hacer al estado más pesado, y más brutal sobre la vida cotidiana de las personas ya llegó a Panamá. Uno de los grandes triunfos de la Ilustración en el Siglo XVIII fue la eliminación de la cárcel por deudas; ahora se hace cada vez más legalista que las deudas con el estado se paguen con cárcel.

    Lo que nos lleva al error de tipo y su solución no es buena. Cabe preguntarnos por qué la evasión fiscal se convierte en delito más arriba de los 300 mil o el contrabando más arriba de los 500 mil. Un candidato de un partido de izquierdas, de esos que Nietzsche llamó, las “tarántulas de la igualdad” o los “buscadores de justicia/vengativos encubiertos” se podrá preguntar, ¿por qué 300 mil es delito y 299, 999.99 es falta administrativa? ¿Qué diferencia hace un centavo sobre si un hecho es un delito o una falta? La solución clara va a ser extender el tipo penal a todas las conductas similares, independientemente de la cuantía. Cuando ya se tiene un pie adentro, mejor se mete todo el cuerpo.

    Total, cuando se tipifica el robo no se especifica la cuantía. Así que una vez penalizada la evasión fiscal, el umbral mágico de los 300 mil dólares se va a ir erosionando gradualmente hasta hacerse universal.

    Al final, hasta no declarar una entrada de 100 dólares va a estar penalizado. Y todos viviremos con un contador y un abogado tributario en el fast dial del teléfono.

    Una vez tipificada deficientemente la evasión penal, la solución de estos errores de tipicidad es expandir el tipo penal y hacerlo universal eliminando la cuantía. Después de todo, hablamos de un tipo penal y no de un proceso civil. Este va a ser el resultado final.

    Por esto, el endulzarnos con que la norma no se nos va a aplicar a todos los mortales, es sólo una medida temporal política, ya que el tipo penal estaría en el Código y solo quedaría el solucionar el tema de la cuantía… Y lo más probable es que sea para bajarla. Sólo es cuestión de tiempo.

    Esto es lo que está en juego al final.

  • El problema de la penalización de la evasión fiscal

    Panamá está en una encrucijada, la inversión extranjera directa ha caído, los activos líquidos han bajado, el desempleo aumenta y el crédito se contrae. Ante esto cediendo presiones de los organismos internacionales, el gobierno nacional busca penalizar la evasión fiscal.

    Las razones son dobles. La primera es que Panamá puede mostrarle al Fondo Monetario Internacional que evadir impuestos es delito en Panamá, y a la vez, mostrarle a la Unión Europea que podemos ahora acoger las solicitudes de investigar penalmente la evasión fiscal porque en Panamá también es delito.

    Sin embargo las presiones del Fondo Monetario Internacional parecen más enfocadas en hacerle un favor a los Europeos que en buscar aumentar las recaudaciones.

    Hay maneras de aumentar la recaudación fiscal en Panamá que no requieren la penalización de la evasión fiscal. Para empezar deben hacer el trámite fiscal más barato en tiempo y dinero, más sencillo y amigable a los usuarios. Mejorar la información fiscal que suele ser desconocida para los contribuyentes, reducir las tasas y simplificar los impuestos que son demasiado altos para que la gente los pague.

    Todo esto no se ha hecho. Sin embargo en lugar de darnos a elegir entre una zanahoria o un garrote, solo se nos muestra el garrote. Y lo que es mas preocupante, el hecho de que Panamá adquiera todo tipo de compromisos con la OCDE, el GAFI y el FMI en materia fiscal no nos quita el peso de encima, a cada cesión de terreno nuestra, se responde con nuevas exigencias. Y lo peor, el gobierno se ha ido comprometiendo a cumplir cosas pensando que con firmar nos van a dejar tranquilos, cuando no tenemos la capacidad institucional para cumplir con lo que firmamos y quedamos mal cuando nos piden un acuerdo de intercambio de información y no se da, bien por falta de capacidad, que es vista por Francia y otros de nuestros críticos como falta de voluntad en cumplir lo pactado.

    El tema es que penalizar la evasión fiscal, es un grave error conceptual,  aunque en el borrador de proyecto de ley está escrito que es para personas que ganen más de un millón de dólares al año para caer en el monto a evadir penalizable. Esto significa que el grueso de los contribuyentes en Panamá por ahora no se ven amenazados por la persecución penal de la evasión fiscal, pero una vez que nos acostumbremos a que el Estado penalice la evasión fiscal es cuestión de tiempo para que gobiernos sucesivos bajen el monto perseguible penalmente. Y todos recordamos que en Panamá existe una tradición de usar la evasión fiscal como un instrumento para perseguir opositores políticos. Que el actual gobierno no lo haya hecho no implica que un gobierno anterior no lo hizo, y que un gobierno futuro no lo vaya a hacer.

    Si al Fondo Monetario Internacional realmente le interesara aumentar la recaudación fiscal para el gobierno de Panamá, tendría que sugerir otras medidas. Al FMI lo que realmente le interesa es que Panamá pueda colaborar con los gobiernos Europeos en la persecución penal de la evasión fiscal sin mirar los efectos institucionales y políticos que esto pueda tener en Panamá.

    Porque simplificar los trámites y bajar los impuestos podría lograr aumentar la recaudación sin recurrir a medidas penales. Muchas personas evaden impuestos no porque no quieran sino porque son demasiado caros. Y están los temas tecnológicos e institucionales. Pero está claro que el FMI vela más por los intereses de la Unión Europea que por los de Panamá…. Y pareciera que nuestras autoridades hacen más o menos lo mismo.

  • La factura electrónica avanza

    La factura electrónica avanza

    Un detalle interesante, el movimiento por la factura electrónica es principalmente latinoamericano. Es una de esas innovaciones latinoamericanas de la cual preferiría no oír.

    Existe una razón especial por la cual los países civilizados donde se respetan los derechos individuales no han implantado sistemas de factura electrónica. Porque la factura electrónica es una manera muy invasiva de meter al estado, y por lo tanto a los funcionarios y políticos en la vida diaria de las personas.

    El IRS gringo puede pedir Fatcas, o meter a la gente presa por evadir impuestos, pero nunca se va a meter a tratar de centralizar todas las transacciones ajenas en sí mismo. Los votantes nunca lo permitirían.

    En América Latina no tenemos esta cultura del individuo y de restricción de los poderes del Estado.

    Somos una mezcla rara de individualismo antisocial de “yo primero y los demás que se vayan al diablo” mezclado con un contradictorio culto al Estatismo. El estado es bueno “mientras sirva mis intereses individuales!.

    Por eso no vemos raro que los políticos y funcionarios fiscales quieran meter al estado en nuestras vidas particulares. Porque con una factura electrónica todos los negocios pasan por los servers del Estado, el cual ahora puede cruzar información. Una vez lo haga solo le queda pedir que elimine el efectivo. Y luego podrá tener un control total de la vida de las personas. Podrá saber cuánto ganas y en qué lo gastas y lo podrá saber de cada persona.

    Captura de Facebook, Agosto 2018, Requisitos facturación en argentina. Monto en dólares aproximado: 100 dólares cambio real

    Herman Goering, líder nazi, apoyaba al control de precios no porque era mejor económicamente, sino porque era una manera de meterse en la vida privada de la gente. Así lo decía cándidamente y sin tapujos. Por suerte el líder nazi no conoció las computadoras modernas, sino hubiera apoyado medidas como la facturación electrónica centralizada por el Estado y la eliminación del dinero físico.

    Con la facturación electrónica se puede invadir la vida privada de las personas de una manera que Goering nunca hubiera soñado. Poder saber qué se vende, en qué cantidades, y posiblemente a quién se lo vende. El Gran Hermano te vigila.

    Este es el gran peligro que los partidarios de la facturación electrónica no quieren ver, pese a que ya vimos con Cucalón y Martinelli lo que puede hacer una persona inescrupulosa a cargo de la DGI.

    ¿Pero pensamos que los vienen después serán mejores? Vamos, parece que en Panamá somos incapaces de aprender. Estamos a punto de crear un monstruo y ofrecerlo a los políticos de turno para que lo usen como quieran.
    Parece que la privacidad, el derecho a la intimidad y la libertad personal no parecen ser parte de nuestra cultura. Y esto es lo más preocupante.