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La nueva trampa fiscal: los umbrales para sustentar la evasión fiscal.

El gobierno, tras las presiones externas, sobre todo las del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, busca penalizar la evasión fiscal. Como el clamor de penalizar la evasión fiscal no sale de la sociedad panameña sino de presiones externas, el gobierno ha tenido que hacer una maroma política para hacer la ley más potable. Penalizar la evasión fiscal por encima de los 300 mil dólares. O sea para los evasores que ganen más de un millón de dólares al año.

Algo similar se hizo con el contrabando, penalizándolo hasta cierto nivel, pero por debajo de este nivel la evasión fiscal y el contrabando siguen siendo faltas administrativas. En el 2015 el contrabando fue penalizado, siempre y cuando la cuantía del contrabando sea mayor de los 500 mil dólares. Ahora se busca penalizar la figura de la evasión fiscal por umbrales similares. Nótese que en ambos casos se debe más a presiones externas ya que el gobierno no ha hecho todo lo que pudo para mejorar la recaudación tributaria sin tener que penalizar la evasión. Las presiones externas se deben a que si la evasión es delito en Panamá, los fiscales extranjeros podrán pedir a sus colegas panameños que se investigue penalmente a los que usan a Panamá para evadir impuestos en sus países.

Esto plantea al gobierno varios problemas: el primer problema es que como el proyecto no tiene apoyo local, sino que se debe por presiones extranjeras, tiene un costo político cuando nos aproximamos a un año electoral. Obviamente si los diputados buscan réditos políticos, no va a ser penalizando la evasión fiscal. El gobierno por lo tanto, por ahora busca presentarlo como un tema de que es solo para las personas que ganan más de un millón de dólares. Pero esto presenta varias aristas. Una de ellas es que las personas que ganan más de un millón de dólares pueden pagar abogados y contadores para crear estructuras que les permitan eludir impuestos, o sea, tomar medidas legales que no son delito para pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Así que dudamos de la efectividad para castigar a los evasores que menciona el proyecto.

El segundo problema es de arquitectura jurídica y va a llevar a aplicar tarde o temprano la norma que penaliza la evasión fiscal a todo el mundo.

Estamos hablando de las figuras de error de prohibición y de error de tipo.

En la teoría finalista del delito, el error de prohibición recae sobre el carácter y la entidad del injusto del actor. En el caso de la evasión fiscal, el injusto recae sobre la capacidad una empresa de hacer lo que debe hacer, maximizar utilidades, así que lo más razonable para cualquier empresario serio es que busque maneras de bajar los impuestos, dentro de la legalidad, al mínimo legalmente requerido.

El problema es que la Dirección General de Ingresos puede tener otra opinión sobre las actividades realizadas para pagar impuestos, y esta opinión puede ser malintencionada, como ya lo demostró un ex director de la DGI y como lo ha demostrado el IRS norteamericano. Las autoridades fiscales pueden y son de hecho usadas para perseguir a enemigos políticos. Lo cual nos lleva a una situación donde el imputado puede que honestamente crea que no ha hecho nada malo, pero las autoridades fiscales creen que sí, y éstas son las que de hecho califican el tipo penal. El que se verifique o no un tipo penal depende ahora de las autoridades administrativas. Aquí tenemos un problema de error de prohibición. Y un delito sin víctimas claras. Porque se trata de una persona que toma medidas para salvaguardar su propio patrimonio, pero que es obligada a desprenderse del mismo bajo presión de una autoridad política, y que es penalizado por no querer hacerlo. Obviamente este desprendimiento forzado es en nombre del bien común y la cosa pública, porque si no lo fuera así, sería llamado robo.

Pero contamos con un precedente funesto, y es que la tendencia a hacer al estado más pesado, y más brutal sobre la vida cotidiana de las personas ya llegó a Panamá. Uno de los grandes triunfos de la Ilustración en el Siglo XVIII fue la eliminación de la cárcel por deudas; ahora se hace cada vez más legalista que las deudas con el estado se paguen con cárcel.

Lo que nos lleva al error de tipo y su solución no es buena. Cabe preguntarnos por qué la evasión fiscal se convierte en delito más arriba de los 300 mil o el contrabando más arriba de los 500 mil. Un candidato de un partido de izquierdas, de esos que Nietzsche llamó, las “tarántulas de la igualdad” o los “buscadores de justicia/vengativos encubiertos” se podrá preguntar, ¿por qué 300 mil es delito y 299, 999.99 es falta administrativa? ¿Qué diferencia hace un centavo sobre si un hecho es un delito o una falta? La solución clara va a ser extender el tipo penal a todas las conductas similares, independientemente de la cuantía. Cuando ya se tiene un pie adentro, mejor se mete todo el cuerpo.

Total, cuando se tipifica el robo no se especifica la cuantía. Así que una vez penalizada la evasión fiscal, el umbral mágico de los 300 mil dólares se va a ir erosionando gradualmente hasta hacerse universal.

Al final, hasta no declarar una entrada de 100 dólares va a estar penalizado. Y todos viviremos con un contador y un abogado tributario en el fast dial del teléfono.

Una vez tipificada deficientemente la evasión penal, la solución de estos errores de tipicidad es expandir el tipo penal y hacerlo universal eliminando la cuantía. Después de todo, hablamos de un tipo penal y no de un proceso civil. Este va a ser el resultado final.

Por esto, el endulzarnos con que la norma no se nos va a aplicar a todos los mortales, es sólo una medida temporal política, ya que el tipo penal estaría en el Código y solo quedaría el solucionar el tema de la cuantía… Y lo más probable es que sea para bajarla. Sólo es cuestión de tiempo.

Esto es lo que está en juego al final.

About the author

Ricardo Soto

Ricardo Soto Barrios, abogado, especialista en políticas públicas, egresado de la Universidad Santa María la Antigua. Políticamente liberal, ha participado en muchos proyectos donde se analizan las políticas públicas de Panamá desde un punto de vista liberal y se proponen alternativas. Ha trabajado en la Policía Nacional de Panamá, el Ministerio de Gobierno, y AMPYME, además de ejercer la práctica privada.

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