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La eterna lista negra

Ya lo sabíamos. Y lo advertimos. Cada esfuerzo para salir de las listas de colores, grises o negras, es fútil, porque A) Son varias listas elaboradas por funcionarios de distintas instituciones con distintos criterios, lo cual significa que se puede estar en una lista y en otras no por la misma causa. B) Los ámbitos de la evasión fiscal son tan extensos como insaciables sean los estados. Por lo tanto, los estados seguirán extendiendo y creando espacios donde poder vigilar y castigar al ciudadano por no pagar los tributos correspondientes. Así que salir de una lista, no significa que no se vuelva a caer en la misma. C) Aparte de las preocupaciones legítimas de los elaboradores de listas, como el financiamiento de actividades terroristas, en el caso del GAFI, o de la evasión fiscal en el caso de la OCDE, hay una clara preocupación proteccionista encubierta, que hace que los estados estén dispuestos a incluir en sus listas de paraísos fiscales a quienes no tienen padrinos poderosos. Los paraísos fiscales onshore de los Estados Unidos o de la Unión Europea, por ejemplo, no suelen ser incluidos con la misma frecuencia que los paraísos fiscales offshore de la mancomunidad británica; y éstos a su vez, menos que los paraísos fiscales como Panamá que no son parte de la mancomunidad británica. Panamá se encuentra en particular desprotección frente a las presiones de las listas de colores. Y en parte es nuestra culpa.

Panamá es un mercado cerrado a los abogados de otras jurisdicciones. Con el perdón del Colegio de Abogados, casi todas las firmas grandes de abogados internacionales de Panamá, tiene sucursales y representantes en otras jurisdicciones. En cambio es imposible para firmas de abogados británicas, europeas o norteamericanas para citar un ejemplo, dedicadas al negocio offshore, abrir firmas en Panamá y operar en Panamá. El proteccionismo laboral nos pasa ahora la factura. No tenemos la capacidad de lobby que tendríamos sin las hipotéticas ramas locales de firmas extranjeras de abogados offshore, vieran su negocio afectado en Panamá y empezaran a hacer lobby en Washington o Londres o Bruselas para detener nuestra inclusión en las listas. Ahora mismo es un problema que solo afecta a panameños, así que se jodan los panameños, eso es como se ve afuera de Panamá. Nuestro proteccionismo laboral ahora nos pasa factura.

La cancillería de Panamá demora en asociarse con otros paraísos fiscales para una defensa común de sus intereses. Está claro que por más que Panamá se baje los pantalones y firme cuanta norma les pidan el GAFI y la OCDE como hacía el gobierno de Juan Carlos Varela, que llegó al servilismo no solo de firmar todo lo que le ponían enfrente, sino también de negarse a asociarse con otros paraísos fiscales para hacer un frente de defensa común. Un firme creyente de “aquellos que no se juntan, colgarán por separado”. La cancillería actual parece no estar interesada en cambiar la política. Así que seguiremos teniendo que aguantar las presiones solos, negociando solos y cediendo solos. El negociar con el GAFI, la OCDE y la Unión Europea, no impide asociarse con aliados internacionales para coordinar un frente común… ¿Entenderán esto en la plaza Bolívar?

Los países centrales o desarrollados no confían en Panamá como jurisdicción. Podemos firmar lo que sea, pero Panamá tiene un serio problema de imagen institucional. Un país donde la Corte Suprema y los Tribunales fallan de una manera y luego de otra en casos similares, si es que fallan. Donde temas serios constitucionales simplemente no se fallan y punto. Donde la Corte manda borradores de fallos a la presidencia de la República antes de fallar. Donde la Corte falla, y el Ejecutivo pide aclarar (un fallo que debe ser final) para que los meses o años que dure la aclaración no rinda efectos legales el fallo. Esto es una desventaja muy seria. Los paraísos fiscales onshore de los Estados Unidos tienen al final el respaldo del sistema de justicia de los Estados Unidos. Los paraísos fiscales del Caribe, tienen el respaldo del sistema de justicia británico en última instancia. Acá el respaldo es del cuestionadísimo sistema legal panameño, y la administración pública panameña, que es una mezcla de voracidad en cuanto a personal y jurisdicción, e incapacidad en cuanto a actuaciones. El resultado es que podemos hacer como Varela y Chabela y firmar lo que nos pongan enfrente, los países de la OCDE y la Unión Europea seguirán dudando de la capacidad e intención de cumplir lo firmado y nos seguirán poniendo en listas negras. Y en un país donde el Presidente parece cogobernar con los diputados, que son las personas perceptiblemente más corruptas de este país, y muchos están seriamente involucrados en las actividades que el GAFI cuestiona, mucho menos se va a confiar en Panamá.

Panamá no ha hecho ningún intento serio en buscar negocios alternativos. Está claro que el negocio offshore murió tal y cual se manejaba desde los 1970s. Pero ni Varela ni Nito Cortizo parecen estar interesados en modificar el marco legal de la economía panameña que no ha variado desde los 1970s. Desde Ernesto Perez Balladares no se han hecho reformas económicas profundas, salvo una tímida intención de Martín Torrijos a mediados de los 2000s. No se ha modificado el Código de Trabajo desde 1995. No se han eliminado las barreras de proteccionismo laboral o agrario. No se ha mejorado el sistema educativo. No se ha mejorado el sistema judicial. El resultado es claro. Salvo el sector servicios, Panamá sigue anclado en los 1970s.

Una de las presiones grandes que viene, por ejemplo, es el que las Sedes de Empresas Multinacionales no sean meras oficinas de facturación, sino que produzcan algún tipo de contenido real. Esto significa cambios en la legislación laboral y de las profesiones que Panamá no está dispuesto a hacer, basta ver la reacción de los gremios a la Cámara de Comercio frente a la sugerencia de abrir las profesiones o la de los transportistas y hoteleros a las plataformas tecnológicas.

El resultado es un país que va a estar en las eternas listas de colores, grises o negras. Y parecería que no hay intención de cambiar las cosas.

About the author

Ricardo Soto

Ricardo Soto

Ricardo Soto Barrios, abogado, especialista en políticas públicas, egresado de la Universidad Santa María la Antigua. Políticamente liberal, ha participado en muchos proyectos donde se analizan las políticas públicas de Panamá desde un punto de vista liberal y se proponen alternativas. Ha trabajado en la Policía Nacional de Panamá, el Ministerio de Gobierno, y AMPYME, además de ejercer la práctica privada.

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