Desde finales de 2025, Irán volvió a mostrar un patrón que se repite cuando el Estado concentra poder y anula libertades: una crisis económica que deriva en protesta social, y una respuesta gubernamental que prioriza el control antes que la reforma. Las protestas —según múltiples reportes— arrancaron a fines de diciembre de 2025 y escalaron durante la primera semana de enero, con un disparador visible: la devaluación, inflación y el deterioro del poder adquisitivo, que transformaron reclamos económicos en consignas abiertamente políticas.
La reacción del régimen fue igual de reveladora. El jefe del poder judicial advirtió que no habría “clemencia” contra quienes apoyen el “desorden” o colaboren con “enemigos”, enmarcando la disidencia como traición y no como un derecho. En paralelo, hubo reportes de muertos y detenciones masivas. Esto importa para una mirada libertaria porque el eje, como siempre advertimos, no es “izquierda vs. derecha”, sino individuo vs. aparato: cuando el gobierno se reserva la facultad de definir qué pensamiento es aceptable, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser administrado.
A esa olla a presión interna se le suma un frente externo que también tiende a endurecer al Estado. En el cierre de 2025, el conflicto alrededor del programa nuclear y la supervisión internacional siguió tenso: la Junta del OIEA/IAEA aprobó una resolución instando a Irán a cumplir salvaguardias, y hubo cruces por inspecciones y “condiciones” posteriores a ataques a instalaciones en 2025. La dinámica “amenaza externa → securitización interna” suele reforzar a los sectores más coercitivos: se expande la vigilancia, se criminaliza la protesta y se justifica la excepcionalidad permanente. Dicho simple: la política del miedo es el fertilizante del Leviatán.
¿Hay una ventana para recuperar derechos individuales?
Sí, pero no por arte de magia ni por un “día de furia” que reemplace una élite por otra. Una perspectiva libertaria pone el foco en qué instituciones limitan el poder y qué prácticas devuelven agencia a las personas.
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El quiebre de la obediencia económica. Cuando bazares cierran, gremios informales paran, y redes comerciales se coordinan, el ciudadano deja de ser átomo aislado y pasa a ser actor. Este tipo de protesta, nacida del bolsillo, suele ser más transversal que la protesta identitaria: une a quien quiere rezar en paz, a quien no quiere rezar, a quien quiere estudiar, a quien sólo quiere que su salario no se derrita. Para el liberal clásico, esa transversalidad es oro: la libertad no se “concede”; se ejerce.
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El límite moral a la teocracia. La fusión entre religión y gobierno casi siempre termina mal, no porque la religión sea “el problema”, sino porque el poder político convierte la fe (que es íntima) en herramienta de disciplina. Cuando el Estado define virtud por decreto, la espiritualidad se vuelve policía y la política se vuelve dogma. En ese punto, el disidente ya no es un ciudadano: es un “hereje”, un “agente”, un “corruptor”. Esa lógica produce resultados pésimos: censura, castigo ejemplar, y una sociedad donde la hipocresía reemplaza a la convivencia.
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El riesgo trágico del cambio. Los procesos de liberación suelen traer violencia y sacrificio, y la mayoría de las veces pagan los inocentes. La historia lo muestra una y otra vez: cuando un régimen no reconoce derechos, empuja la disputa hacia el terreno más oscuro. Por eso, si uno aprecia la libertad de verdad, no debe romantizar la sangre. El objetivo razonable es reducir el costo humano: ampliar desobediencia civil, proteger redes de ayuda, documentar abusos, y sostener demandas claras (debido proceso, fin de detenciones arbitrarias, libertad de expresión y asociación). Incluso observadores que monitorean el ciclo de protestas señalan que el nivel de movilización es amplio y que la represión puede escalar.
La lección para nuestros países
Irán no es un caso aislado ni un territorio “exótico” en la historia de la opresión política: es un espejo peligroso de lo que ocurre cuando la combinación entre gobierno absoluto y autoridad religiosa tiene poder para dictar comportamientos privados y públicos. La historia contemporánea iraní ofrece un relato claro de la erosión de derechos básicos que, en otras épocas no tan lejanamente, existieron en un grado mayor.
Antes de la Revolución Islámica de 1979, las grandes ciudades iraníes —especialmente Teherán— mostraban una sociedad relativamente abierta en el contexto regional. En muchos ámbitos urbanos, era común que las mujeres asistieran a la universidad, trabajaran fuera del hogar, vistieran ropa occidental moderna —incluso con faldas cortas — y participaran libremente en la vida pública. Ese era un patrón creciente de modernización social que coexistía con tradiciones culturales diversas. Aunque no se puede idealizar una historia compleja, la libertad de elección personal —en educación, empleo, vestimenta o estilos de vida— era notablemente mayor que la que vendría después.
Con la instauración de la República Islámica bajo el liderazgo del ayatollah Jomeini, el Estado adoptó una doctrina donde la moral religiosa pasó a ser política de Estado. El velo obligatorio, la segregación por género en ciertas áreas, y el control sobre la conducta social se transformaron de normas culturales a imposiciones coercitivas. Ese cambio no fue gradual y voluntario; fue legal, sancionado y aplicado con fuerza coercitiva, incluso con la policía de la moral encargada de supervisar el cumplimiento de códigos de vestimenta y comportamiento.
Un caso que marcó profundamente esa dinámica —y que debería ser una advertencia para cualquier país que no valore la libertad individual— fue el de Mahsa Jina Amini, una joven iraní de 22 años. En septiembre de 2022, Amini fue detenida por la llamada “policía de la moral” en Teherán por supuestamente no llevar el hiyab (velo) “correctamente”. Testigos indicaron que fue golpeada durante la detención y murió tres días después bajo custodia policial. Su muerte desencadenó protestas masivas en todo el país bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad” exigendo justicia y el fin de las leyes autoritarias de vestimenta. La represión de esas protestas resultó en cientos de muertos y miles de arrestos, y fue condenada como un uso excesivo de la fuerza por observadores internacionales.
Casos como el de Amini (y de otras manifestantes, como Hadis Najafi y Asra Panahi, también asesinadas durante las protestas) se convirtieron en símbolos de la resistencia popular ante un Estado que pretende imponer un ideal moral por la fuerza.
Lo que estos hechos enseñan es que la libertad no puede darse por sentada. Donde el gobierno tiene prerrogativas para decidir cómo debe vestir una mujer, qué puede decir o qué comportamientos son aceptables, el espacio de autonomía individual se reduce como una piel que se contrae. La consecuencia habitual —no extraordinaria— es que las protestas y movimientos civiles emergen, exigiendo derechos que se creían básicos, y cuando el aparato estatal responde con violencia, estas demandas se radicalizan. El resultado es sangre, sacrificios y una generación marcada por la experiencia de represión.
La advertencia para nuestros países es clara: cuando se empieza a normalizar que el Estado tenga autoridad sobre decisiones íntimas (vestimenta, moral, expresión), se abre la puerta a la erosión de libertades que se creían firmes. Aunque las razones para ello se presenten como “seguridad”, “moral” o “bien común”, la historia muestra que el resultado más común es la ampliación del poder coercitivo del Estado a expensas de la autonomía individual. Ese proceso rara vez se detiene una vez iniciado, y revertirlo implica costos humanos, sociales y culturales elevados.
Si hay una lección política y ética que el caso iraní ofrece a los pueblos de todo el mundo es una llamada de atención: proteger la libertad individual es una responsabilidad activa, no una garantía automática. Cuando se defiende la facultad de elegir, de pensar distinto, de vestir como uno elige, se defiende el fundamento de una sociedad abierta; cuando se permite que el Estado invada esas esferas personales, el camino hacia la opresión ya ha comenzado.
«Los países con antecedentes deficientes en materia de libertad de prensa como China, Egipto y Turquía están ciertamente a la vanguardia cuando se trata de países que han hecho todo lo posible por acabar con el periodismo», dijo a la VOA Courtney Radsch, directora de defensa del CPJ.