Opinión

Del panóptico a la factura electrónica: el Gran Hermano estatal sigue avanzando

En 1780, el filósofo utilitarista Jeremy Bentham publica “El Panóptico”, un ensayo en el que plantea una reforma de la arquitectura empleada en las cárceles del país. Su propuesta aspiraba a consolidar un nuevo tipo de estructura, articulada en torno a una torre central desde la que los guardianes podrían observar a todos los prisioneros, que permanecerían aislados en celdas individuales y no sabrían en ningún momento si están siendo vigilados o no.

A mediados del siglo XX, el escritor George Orwell publica la novela “1984”. Esta célebre y polémica distopia describe un mundo marcado por un nuevo modelo de poder autoritario que descansa en el Gran Hermano. Bajo su régimen, los ciudadanos enfrentan la persecución del individualismo, la generalización de la propaganda y la adopción de un modelo de vigilancia continua.

Algunas décadas después, en 1975, el pensador francés Michel Foucault recuperó estos temas en sus reflexiones sobre el panoptismo de Bentham. El galo teorizó en “Vigilar y castigar” sobre la llamada “sociedad disciplinaria” y planteó que el ejercicio del poder requiere mecanismos de vigilancia capaces de coordinar un modelo de vigilancia permanente, omnipresente y exhaustivo.

Todas estas reflexiones sobre el ejercicio del poder que deberían invitarnos a la reflexión parecen haber caído en saco roto. La corrección política nos ha instalado en el paradigma de la “transparencia”, de modo que la privacidad y los derechos individuales han pasado a un segundo plano. Las mismas tecnologías llamadas a promover la libertad personal pueden acabar sirviendo como soporte para el refuerzo de una nueva forma de panoptismo que convierte a Hacienda en el Gran Hermano que todo lo ve.

El escritor Arturo Pérez Reverte publicó un polémico pero interesante artículo en el que dibujó al ciudadano de a pie como un rehén de estas nuevas prácticas políticas: “cuando me relaciono con alguien en internet por motivos de trabajo, no hay problema, porque si me exigen datos confidenciales, busco otro interlocutor. El problema es cuando actúa la Administración y agencias, ayuntamientos o ministerios exigen que envíes tus datos confidenciales, profesionales, bancarios o fiscales. Te obligan a desnudarte en público sin la menor garantía de protección, lavándose las manos tras esa impunidad administrativa que tanta vileza facilita. Si alguien utiliza todo eso, te arruina la vida. No hay forma de escapar”.

Una nueva vuelta de tuerca en este ámbito es la introducción de la factura electrónica. El gran problema de esta nueva forma de emitir cargos es que no se refiere simplemente a las relaciones de las empresas con las instituciones públicas, sino que también abarca también las transacciones privadas, entre compañías y ciudadanos.

La Unión Europea está a la cabeza de esta corriente y quiere que la factura electrónica sea obligatoria a partir de noviembre de 2018. Hay países en los que ya se ha ido introduciendo esta práctica. En otros Estados miembros de la UE, su adopción ha planteado más recelo y puede retrasarse más allá del plazo fijado desde Bruselas. Es el caso de Alemania, Chipre, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, República Checa o Rumanía.

Hay, eso sí, ciertas salvaguardias. En España, por ejemplo, la factura electrónica se introdujo en 2015 con la mente puesta en evitar la morosidad de las Administraciones Públicas. La crisis fiscal que atravesó el país ibérico hizo que los gobiernos regionales acumulasen en los cajones las facturas de las empresas que prestan servicios al Estado, sumiendo a los proveedores en deudas millonarias. Con la nueva ley, se crea un registro digital (denominado FACe) controlado por el Estado pero cuyo ámbito de actuación está sencillamente limitado a las facturas electrónicas de contratos entre la Administración y el sector privado. En la actualidad, se presentan anualmente 3,9 millones de facturas por esta vía, por un monto equivalente a 49.600 millones (alrededor del 5% del PIB).

La Directiva Europea 2014/55/EU desencadenó el giro hacia la factura electrónica en todo el Viejo Continente. No obstante, esta normativa comunitaria se refiere solamente a la contratación pública. De manera que, tal y como veíamos en el caso de España, persisten ciertos límites que reducen el impacto de la medida en el ámbito de los negocios privados.

Peor es la normativa que se está empezando a implementar en Panamá. El Ejecutivo del país centroamericano ha sido claro y, aunque ha hablado de una primera fase piloto, también ha planteado que su objetivo es llegar a la obligatoriedad total.

Las nuevas propuestas del gobierno del istmo plantean la creación de un servidor controlado por el Estado. Dicho registro manejaría todas las facturas emitidas, abarcando las de los contratistas de la Administración, pero también todos los recibos y pagos cerrados de manera 100% privada. Se elimina, por tanto, la salvaguardia introducida en la mayoría de países europeos, donde sí se pretende avanzar hacia sistemas de factura electrónica, pero al menos se limita el uso de servidores públicos para que solamente quienes contratan con el gobierno se vean obligados a emplearlos.

Ni siquiera en el caso europeo podemos cantar victoria. La ley española, por ejemplo, obliga a determinadas compañías a emitir factura electrónica de manera concertada con el Estado. Según la norma vigente, así deberán hacerlo las empresas que “prestan servicios de especial trascendencia económica”, un campo en el que se incluye a las empresas de telecomunicaciones, servicios financieros, seguros, agua, electricidad y gas. De modo que la puerta también ha quedado abierta para avanzar hacia estructuras de mayor control sobre el sector privado, aunque en este caso se admite el uso de plataformas y servidores privados.

Haríamos bien en seguir con atención la deriva del movimiento hacia la factura electrónica. En las últimas décadas hemos vivido un refuerzo del Gran Hermano estatal, que maneja cada vez más información tributaria y financiera de empresas y contribuyentes. Numerosos tratados internacionales impulsados por la UE, Estados Unidos y la OCDE han minado nuestra privacidad. Ahora, el giro hacia la factura electrónica plantea el peligro de los servidores públicos, que pueden terminar introduciendo el panoptismo informativo en todas y cada una de nuestras relaciones contractuales.

About the author

Diego Sanchez de la Cruz

Diego Sánchez de la Cruz es analista económico, con más de 1.000 publicaciones (artículos, reportajes y entrevistas) en Libre Mercado y PanAm Post, y es colaborador habitual en programas y tertulias del canal 13 TV, España. También es profesor de IE University y director de Foro Regulación Inteligente. Su nuevo libro, “Por qué soy liberal”, salió a la venta en febrero de 2017 y ya va por su segunda edición.

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