Corren tiempos difíciles para los centros financieros internacionales. La presión ejercida por las principales potencias económicas de Occidente está consiguiendo reducir la competencia tributaria a nivel global, al calor de listas negras, leyes blandas y otras fórmulas de presión que están empezando a dar sus frutos.
La ofensiva de la Unión Europea volvió a quedar de manifiesto en la cumbre de ministros de Hacienda que coordinó recientemente el G-20. La reunión, que tuvo lugar en Japón, se saldó con el compromiso de reforzar la fiscalidad aplicada a las empresas multinacionales, en general, y a las compañías tecnológicas, en particular.
Ante un contexto internacional tan complicado, Suiza optó por cambiar su estrategia y redefinir su sistema tributario. En 2014, las autoridades federales del país alpino empezaron a preparar un nuevo código fiscal compatible con las recomendaciones de la Unión Europea y la OCDE. En 2015, el consenso llegó a los gobiernos locales y permitió la constitución de diversos grupos de trabajo que prepararon una reforma fiscal que empezó a ver la luz en 2018, cuando se publicaron sus primeros borradores.
Se estima que más de 24.000 empresas multinacionales tienen actividad en el país helvético. Según la consultora PwC, estas firmas aportan casi el 30% del PIB y generan uno de cada cuatro puestos de trabajo. Por tanto, la clave pasaba por cambiar las reglas fiscales, pero manteniendo el atractivo fiscal del país suizo.
Las quejas de los burócratas de Bruselas y París se habían centrado en las deducciones especiales que podían negociar las empresas con las autoridades locales. A cambio de un determinado nivel de inversión o creación de empleo, el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades podía experimentar rebajas adicionales.
Este sistema es similar al que aplica Luxemburgo, donde las empresas de gran tamaño cuentan también con la posibilidad de negociar descuentos adicionales en el Impuesto de Sociedades, siempre y cuando demuestren un impacto significativo en la economía del Gran Ducado. Por tanto, hay cierta hipocresía en la campaña de la UE y la OCDE, que insisten en anular dichos arreglos en Suiza pero muestran más tolerancia con los pactos fiscales que también permite la legislación luxemburguesa.
Para poner fin a las tensiones, Suiza va a reducir el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades del 14,1% al 12,8%. Entre las firmas que se beneficiaban de un tipo preferencial, el tipo efectivo subirá del 9% al 11%, mientras que el resto de compañías experimentarán una rebaja del 20% al 15%. La recaudación bajará 2.137 millones de dólares, de modo que las nuevas reglas suponen una rebaja neta de la carga fiscal.
Es cierto que, para las empresas que negociaban un tratamiento fiscal preferencial, la reforma aumentará la recaudación en 81,7 millones de dólares, pero dicha cifra supone una cantidad relativamente baja e implica una subida relativamente modesta del tipo efectivo, de dos puntos porcentuales.
En paralelo, la reforma incluye nuevas reglas de depreciación, deducciones del 90% para beneficios derivados de propiedad intelectual registrada en el país alpino o descuentos fiscales que permitirán descontar de la factura fiscal hasta el 50% del gasto en I+D. Además, no pocos gobiernos cantonales han anunciado ya que aplicarán rebajas varias en las tasas inmobiliarias que cobran a las empresas que operan dentro de su territorio.
Así las cosas, la estrategia suiza parece relativamente inteligente, habida cuenta de la presión recibida por la UE y la OCDE. Sí, es cierto que se ha producido una armonización de diversos estándares, pero a cambio se ha aprobado un nuevo marco fiscal que reduce más aún el peso de los impuestos sobre los beneficios empresariales. Al final, la mejor demostración del cambio a mejor es la estimación del tipo efectivo que pagarán las compañías, un indicador en el que se producirá una rebaja del 14,1% al 12,8%, tal y como se establecía en párrafos anteriores.
Para centros financieros internacionales de otras latitudes, la experiencia suiza ofrece una lección interesante. En vez de plantar cara a la UE y la OCDE, las autoridades helvéticas han preferido jugar con sus reglas y redefinir sus reglas tributarias de forma que, en última instancia, la fiscalidad empresarial sea aún más baja.
En parte, esto es lo mismo que han hecho países miembros de la UE como Holanda, Irlanda o, más recientemente, Hungría. En el caso del país gobernado por Víctor Orbán, se ha introducido un flat tax del 15% en el Impuesto sobre la Renta y se ha aplicado un 9% como tipo general del Impuesto de Sociedades. De nuevo, se repite la misma estrategia: gobiernos que aceptan las reglas de la UE y la OCDE, pero las replantean de manera que la factura fiscal efectiva sea más atractiva.
