«Y ahora, ¿ quién podrá defendernos ?» se preguntaba el «Chapulín Colorado» y me lo pregunto ahora, cuando hemos delegado en extremo a los gobiernos del estado nuestra seguridad, ya sea física como social y económica. Llevo años advirtiendo al respecto, pero cae en saco roto, ya que el mal caminar a través del tiempo se vuelve mal hábito. Hoy, preparando este escrito consulté con la IA encontrando lo siguiente:
«Panamá es uno de los países con las estructuras más centralizadas de la región. Esto genera un «cuello de botella» tal como el de la seguridad vial en Panamá Oeste, deficiencias de salud en provincias dependen de decisiones tomadas en una oficina en la capital, lejos del contexto del problema «.
Pero, nuestra seguridad es asunto de «corresponsabilidad», no de delegación excedida a las instituciones estatales. Debemos delegar en su justa medida y en aquello que es delegable; pues más allá las cosas toma mal rumbo, tal como atraer a los pillos y malandros que aman hacerse pasar por «autoridad» cuando en realidad son calamidad.
En 1849 Gustavo de Molinari advirtió lo que nadie se había atrevido antes:
«Si los mercados libres producen mejores alimentos, mejor ropa y mejores viviendas, ¿por qué no una mayor seguridad?»
O como diría yo:
«¿Por qué delegar a agencias políticas aquello que mejor podemos hacer nosotros mismos?».
Recién la Defensoría del Pueblo en Panamá, señaló que las fallas en salud y seguridad no son sólo falta de recursos, sino estructurales y operativas. Desde el siglo antepasado, Gustavo Molinari advertía que los gobiernos del estado suelen monopolizar privilegios y derechos, creando servicios centrales que mejor pueden ser provistos por el mercado o, en cierta proporción, por autoridades locales; ya que mientras más alejas al proveedor del consumidor el servicio se degrada, quedando al servicio de bastardos intereses, tal como ocurrió en Venezuela.
Al decir, «nuestra seguridad», la palabra «nuestra» grita realidad. Las personas son las más interesadas en su seguridad. Pero, no sólo interesadas, sino responsables y potencialmente eficaces. Por ejemplo, ¿hasta dónde podemos delegar a la ATTT cuando quien va al volante somos nosotros? Hay cosas que corresponden y puede hacer la ATTT y otras que no. ¿Te has puesto a pensar que los sobresaltos o policías muertos son prueba fehaciente del fracaso de la ATTT?
Molinari giraba a favor del orden voluntario; ya que la policía, así como las demás entidades gubernamentales no van al volante de tu vida. Y, veamos que la seguridad, en todas sus manifestaciones, debe ir en contracorriente con la libertad. La seguridad es algo cultural y educacional; cualidades que no andan muy bien en nuestro patio, debido a que le hemos dado riendas sueltas a zorros del gallinero, al tal punto que mal cuidan a las gallinas ya que están atareados engullendo posturas y aves de corral.
Nuestra seguridad depende de una «asociación voluntaria» que sólo prospera en libertad. Si el libre emprendimiento no sirve, ¿crees que servirán las exageradas y corruptas instituciones de nuestro desgobierno? Los comunistas creen que sí.
Goethals Consulting, autora de gccviews.com, logró un gran aporte de la embajada británica en Panamá para llevar a cabo un estudio de la educación privada para los pobres en Panamá; encontrando que la educación privada superaba lejos al NODUCA en muchos sentidos. Dicho estudio fue publicado en Mexico e ignorado en Panamá; lo cual nos lleva a la pregunta: ¿Por qué ignoramos realidades?
En resumen, los humanos somos seres sociales que nos asociamos de forma natural; en otras, por la naturaleza. La verdadera «ciencia social» es la económica, que es la acción humana; lo que hacemos los humanos para poner la paila y vivir con seguridad.
Hay ciertos errores de política económica que la historia ha repetido con pasmosa regularidad, y cuya única virtud es la de instruirnos, una y otra vez, sobre los límites del conocimiento burocrático frente a la inteligencia dispersa del mercado. La propuesta que circula en la Asamblea Nacional de Panamá para imponer topes a la tasa de interés bancaria —incluyendo préstamos hipotecarios, comerciales e industriales— es uno de esos errores. No es nueva ni tampoco es inocente. Y sus consecuencias son perfectamente predecibles.
El superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, hizo bien en oponerse públicamente a la medida. Pero su resistencia, aunque valiosa, no debería necesitar apoyo institucional para sostenerse: debería bastar con leer a Friedrich Hayek, a Ludwig von Mises, o con revisar cuarenta años de experimentos fallidos en economías que creyeron poder fijar el precio del dinero por decreto.
El precio del crédito no es un número arbitrario
Milton Friedman enseñó, con la claridad que solo da quien comprende profundamente un fenómeno, que los precios son señales. No son instrumentos de explotación ni caprichos de la banca: son información condensada sobre riesgo, liquidez, tiempo y expectativas. La tasa de interés, específicamente, es el precio que equilibra la preferencia temporal del prestamista con la necesidad inmediata del prestatario. Es el mecanismo por el que el mercado descuenta el futuro.
Cuando un legislador decide que ese precio es «demasiado alto» y lo recorta mediante una ley, no elimina el riesgo subyacente. Lo que hace es ocultarlo. El riesgo crediticio de un pequeño empresario informal, de una familia sin historial bancario, de un emprendedor sin garantías reales, no desaparece por el hecho de que el Estado prohíba cobrar por él una tasa de interés que lo refleje. Simplemente se convierte en un riesgo que ningún banco racional querrá asumir.
Y entonces ese prestatario —el más vulnerable, el que más necesita acceso al crédito formal— queda fuera del sistema.
El caso de Costa Rica: la evidencia que no debe ignorarse
El propio Ayón Wong citó el precedente más cercano y más elocuente: Costa Rica. Cuando ese país impuso topes a las tasas, aproximadamente 300.000 personas quedaron excluidas del sistema bancario formal y recurrieron a prestamistas informales que cobraban entre el 10% y el 20% quincenal. No mensual: quincenal.
Esto no es una anécdota curiosa. Es la demostración empírica exacta de lo que Hayek llamó «las consecuencias no queridas de las acciones humanas con propósito». El legislador quería proteger al deudor. Consiguió empujarlo hacia el usurero. Quería abaratar el crédito. Lo encareció de manera brutal para quienes más lo necesitaban. Quería incluir. Excluyó.
Este es el patrón invariable de toda intervención de precios: los beneficios se concentran en quienes ya están dentro del sistema —quienes ya tienen historial, garantías, acceso— mientras los costos se desplazan hacia los más frágiles, que quedan fuera de la protección formal y caen en la informalidad depredadora.
Von Mises y el problema del cálculo económico
Pero el problema va aún más profundo. Ludwig von Mises, en su crítica al socialismo y a toda forma de planificación central, identificó el problema fundamental: ningún organismo regulador —por más sofisticado que sea— posee la información necesaria para fijar correctamente el precio de un bien. Y el dinero prestado es un bien como cualquier otro.
La tasa de interés que emerge del mercado bancario panameño no es el resultado de una confabulación de banqueros reunidos en una sala oscura. Es el resultado de millones de transacciones, evaluaciones de riesgo individuales, decisiones de ahorradores, condiciones macroeconómicas, expectativas de inflación, calidad de las garantías y perfil de los deudores. Sintetiza información que ningún regulador puede recopilar, procesar ni interpretar con la velocidad y precisión que el mercado hace de manera descentralizada y continua.
Fijar un tope es, en términos misianos, pretender sustituir ese proceso de descubrimiento por la opinión de un comité. Y la historia del siglo XX —desde los controles de alquileres en Nueva York hasta los precios máximos de gasolina en Venezuela— ha demostrado que esa sustitución produce, invariablemente, escasez del bien cuyo precio se intenta reducir artificialmente.
La puerta que no debe abrirse
Friedman solía advertir que la diferencia entre un error de política económica y una catástrofe es el tiempo. Los errores de política se corrigen. Las instituciones que se construyen alrededor de esos errores se perpetúan.
El riesgo más grave de la propuesta panameña no es la regulación en sí misma, aunque sus efectos serán nocivos. El riesgo mayor es la lógica que abre. Porque si el Estado puede fijar el precio máximo de un crédito hipotecario, ¿por qué no del préstamo comercial? ¿Por qué no del crédito de consumo? ¿Por qué no del plazo de pago? ¿De las comisiones? ¿De las garantías exigibles?
Hayek lo explicó con su concepto de la «pendiente resbaladiza» institucional: cada intervención crea distorsiones que parecen requerir nuevas intervenciones para corregirse. El control de precios genera escasez; la escasez genera racionamiento; el racionamiento genera corrupción y clientelismo en la asignación del crédito. Al final, el mercado financiero deja de ser un mercado y se convierte en un sistema de distribución política de recursos.
Panamá tiene, precisamente, uno de los centros bancarios más sólidos y competitivos de América Latina. Esa solidez no es accidental: es el resultado de décadas de no hacer exactamente lo que ahora se propone. El sistema de dolarización, la ausencia de banco central emisor, la competencia entre entidades y la ortodoxia regulatoria han creado un entorno en que el crédito fluye con eficiencia notable. Destruir esa arquitectura institucional con una sola ley es perfectamente posible. Reconstruirla llevaría décadas.
La justicia real está en la competencia, no en el decreto
La preocupación que subyace a esta propuesta —que los ciudadanos de menores recursos pagan una tasa de interés desproporcionada— es legítima en su diagnóstico social, aunque errónea en su prescripción. La respuesta correcta al crédito caro no es prohibir que sea caro: es crear las condiciones para que más actores compitan por otorgarlo.
Eso implica reducir los costos de entrada al sistema financiero, promover la banca digital y las fintech, fortalecer los buros de crédito para que el historial crediticio sustituya a las garantías físicas, y mejorar el marco de insolvencia para que prestar sea menos riesgoso. Todo ello bajaría la tasa de interés de manera orgánica y sostenible, sin excluir a nadie.
Un decreto que fija el precio máximo del crédito no hace justicia a los deudores. Los abandona.
Quien abra esta puerta no encontrará al otro lado la protección que promete. Encontrará al prestamista informal esperando, con tasas que ningún regulador tendrá poder de controlar. Y entonces, inevitablemente, alguien propondrá regular también eso.
Y así sucesivamente, hasta que no quede mercado que regular.
El diagrama sintetiza visualmente la cadena causal que Hayek denominó las consecuencias no queridas: la buena intención legislativa recorre un camino predecible hasta depositar al deudor más vulnerable precisamente en manos de quien la ley quería protegerle.
El artículo está escrito desde la tradición de Friedman en su rigor empírico —el caso costarricense como evidencia—, de Hayek en el argumento institucional sobre el conocimiento disperso y la pendiente intervencionista, y de Mises en la crítica epistemológica al cálculo central. Los tres convergen en la misma conclusión: el precio del crédito no es una variable política, y tratarlo como tal destruye exactamente lo que se pretende construir.
El 26 de abril se cumplieron 40 años de la explosión en el reactor 4 de la central nuclear de Chernobil (Ucrania), que causó la mayor liberación de material radiactivo al medio ambiente de la historia. Las predicciones en el momento del accidente indicaban que la zona afectada se convertiría en un lugar inhabitable, desprovisto de vida durante miles de años. Una idea que sigue en la mente de mucha gente.
Pero la realidad es bien distinta. Cuatro décadas después, Chernobil se ha transformado en una de las mayores reservas naturales de Europa. Con una extensión de más de 4 500 km², su superficie es mayor que la de casi cualquier parque nacional del continente. En esa zona la actividad humana ha cesado prácticamente por completo, dejando espacio a la naturaleza.
Zona de Exclusión de Chernóbil (Ucrania), noviembre de 2019. Denis Vishnevskiy (Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve), CC BY
La situación actual de la fauna
Los trabajos desarrollados durante años por investigadores ucranianos e internacionales han mostrado que Chernobil mantiene hoy una diversidad y abundancia de fauna excepcional. Allí se encuentra ahora la mayor densidad de lobos de toda Europa. El oso pardo, que había sido cazado hasta la extinción, vuelve a ocupar sus bosques. La zona es el hábitat natural de linces boreales, castores, nutrias, urogallos, cigüeñas negras, pigargos… Más de 200 especies de aves se han visto en la zona, muchas de ellas amenazadas a nivel continental.
Un ejemplo revelador es el de los caballos de Przewalski. Una especie recuperada de la extinción a partir de sólo doce ejemplares mantiene hoy en el área una de las mayores poblaciones naturales del mundo. Desde su liberación en 1998, su población se ha multiplicado por siete. Los caballos no muestran ningún síntoma de mala salud, ocupando incluso el “bosque rojo”, una de las zonas más afectadas inicialmente por la contaminación radiactiva.
Caballo de Przewalski en la Zona de Exclusión de Chernóbil (Ucrania), enero de 2017. Denis Vishnevskiy (Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve), CC BY
El territorio se encuentra en plena trasformación ambiental. Los campos de cultivo han sido sustituidos por bosques. La superficie forestal se ha duplicado desde el accidente. Las especies dependientes de la actividad agrícola, como golondrinas, aguiluchos y cernícalos, han disminuido su abundancia. Sin embargo, especies forestales como pigargos, águilas moteadas y alcotanes han incrementado su número. Estos procesos son consecuencia del cambio ecológico, no de la radiación.
Bosque en la Zona de Exclusión de Chernóbil (Ucrania), julio de 2019. Denis Vishnevskiy (Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve), CC BY
Desde 2016, trabajamos en Chernobil evaluando la situación de la naturaleza de la Zona de Exclusión. Mediante campañas de muestreo de varias semanas y trabajo en el laboratorio hemos examinado el estado de diferentes organismos, desde bacterias hasta vertebrados.
Gran parte de nuestros trabajos han estudiado el estado de salud de anfibios como la rana de San Antonio Oriental (Hyla orientalis). Estas ranas no presentan diferencias en indicadores de estado fisiológico, ni en su edad, entre Chernobil y otras zonas de Ucrania sin contaminación radiactiva. Los actuales niveles de radiación en Chernobil no parecen afectar a su salud.
Examen de estado fisiológico en un macho de rana de San Antonio oriental (Hyla orientalis), Zona de Exclusión de Chernóbil, mayo de 2017. Germán Orizaola (Universidad de Oviedo), CC BY
Nuestras investigaciones sí han encontrado ejemplos de adaptación y evolución rápida en estas ranas. Los ejemplares que viven en zonas afectadas severamente por contaminación radiactiva son más oscuras. Una piel más oscura, con más melanina, habría dado más capacidad de supervivencia frente a la radiación en estos anfibios.
Chernóbil como zona de guerra
En febrero de 2022 las tropas rusas iniciaron, a través de Chernóbil, un intento de invasión a gran escala de Ucrania. Además del sufrimiento que experimenta el pueblo ucraniano, la guerra que aún continúa ha cambiado radicalmente la situación de la Zona de Exclusión.
A consecuencia de la guerra han muerto varios técnicos que habían trabajado a lo largo de los años estudiando la naturaleza de la zona. La actividad militar en la frontera con Bielorrusia ha aumentado considerablemente. Una frontera que antes era totalmente permeable se ha vallado en parte, impidiendo el paso natural de fauna. Los puentes que atravesaban varios ríos de la zona han sido volados, haciendo casi imposible el acceso a la parte este de la Zona de Exclusión.
Puente sobre el río Uzh, destruido durante la ocupación rusa de la Zona de Exclusión de Chernóbil (Ucrania), mayo de 2022. Denis Vishnevskiy (Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve), CC BY
El área quemada durante la invasión rusa de Chernóbil se ha estimado en 22 000 hectáreas. Varios caballos de Przewalski han muerto al pisar minas dentro de la Zona de Exclusión. El impacto total que el incremento de actividad humana está teniendo sobre la fauna está por evaluar.
Gran parte de los laboratorios de investigación de la Zona de Exclusión fueron destruidos y saqueados durante los meses que duró la ocupación rusa de Chernóbil. Numerosos vehículos, ordenadores y material científico desaparecieron o fueron dañados intencionadamente.
Consecuencias de la invasión rusa de la Zona de Exclusión de Chernóbil (Ucrania): armamento abandonado y laboratorios saqueados, mayo 2022. Denis Vishnevskiy (Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve), CC BY
La investigación internacional ha cesado casi en su totalidad en la zona. Aún bajo estas circunstancias, el personal de la Reserva Natural de Chernóbil sigue manteniendo parte de sus trabajos de seguimiento de especies y ecosistemas. Gracias a su labor es posible tener una información que será imprescindible para entender en el futuro la situación de la naturaleza de Chernóbil.
Un laboratorio único que conservar
Chernóbil sigue siendo un área con valores naturales excepcionales y un laboratorio único en el que estudiar el impacto a medio y largo plazo de un accidente nuclear. Se ha convertido, además, en un símbolo a nivel mundial de los procesos de renaturalización que ocurren cuando la actividad humana cesa en un área.
Debe ser prioritario conservar la zona no sólo como un lugar de memoria sobre el accidente, sino también como un lugar clave para la conservación y el estudio de la diversidad biológica. Cuando termine la guerra será necesario potenciar la zona como reserva natural y restaurar Chernóbil como el fantástico lugar de cooperación científica internacional que era.
El ecosistema de las criptomonedas vive uno de sus mejores momentos en términos de precio y adopción institucional. Y, como suele ocurrir cuando hay dinero en movimiento, también vive uno de sus peores momentos en términos de seguridad. La industria ya ha perdido más de 600 millones de dólares debido a hacks en lo que va de 2026, y la firma de ciberseguridad blockchain CertiK advierte que lo peor podría estar por venir. El diagnóstico de sus investigadores es claro y preocupante: el crimen cripto es cada vez mayor: phishing, los deepfakes, los ataques a la cadena de suministro y las vulnerabilidades entre cadenas serán los grandes vectores de los hackeos más dañinos del año.
El fantasma de Bybit sigue presente
Para entender la magnitud del problema conviene recordar lo ocurrido en febrero de 2025. El 21 de ese mes, hackers norcoreanos robaron 1.500 millones de dólares en criptomonedas del exchange Bybit, con sede en Dubái, en aproximadamente 30 minutos. No fue una hazaña técnica de ciencia ficción: no rompieron ningún cifrado ni forzaron ninguna clave privada por la fuerza. Los atacantes comprometieron la computadora portátil de un solo desarrollador de un proveedor de billeteras de terceros, esperaron pacientemente durante semanas y atacaron cuando los empleados de Bybit estaban aprobando lo que parecía una transferencia interna rutinaria.
Ese es el patrón que define la nueva era del crimen cripto: no asaltar la caja fuerte, sino infiltrarse en quien tiene la llave. CertiK señalaba en diciembre de 2025 que las violaciones de la cadena de suministro surgieron como la amenaza más dañina del año, contabilizando 1.450 millones de dólares en pérdidas en solo dos incidentes.
Corea del Norte, S.A.
Detrás de los ataques más sofisticados aparece, una y otra vez, el mismo actor: el régimen de Pyongyang. Entre enero de 2024 y septiembre de 2025, actores norcoreanos orquestaron robos de criptomonedas por un total de al menos 2.800 millones de dólares, a través de grupos de hackers respaldados por el Estado. No se trata de ciberdelincuentes oportunistas: es una industria estatal del robo, sofisticada y financiada, cuyos beneficios sirven para eludir sanciones internacionales y financiar el programa de armamento de Kim Jong-un.
El grupo Lazarus opera con un modelo industrializado: compromiso de accesos internos, uso de credenciales legítimas y dispersión rápida de los fondos para dificultar su rastreo. Una vez robados los activos, los fondos son lavados a través de una extensa red de banqueros clandestinos y brokers OTC que operan a través de diferentes cadenas, jurisdicciones y rieles de pago. En el caso Bybit, en menos de un mes habían convertido más del 86% del ETH robado en Bitcoin a través de múltiples plataformas intermediarias.
La IA: arma de doble filo
El elemento más inquietante del panorama actual es la irrupción de la inteligencia artificial en el arsenal de los atacantes. Según Natalie Newson, investigadora senior de CertiK, ahora existen deepfakes más convincentes, agentes de ataque autónomos e «inteligencia artificial agéntica» capaz de escanear contratos inteligentes en busca de errores, redactar código de explotación y ejecutar ataques a velocidad de máquina.
En abril pasado quedó documentado un ejemplo concreto: un actor de amenazas conocido como «Jinkusu» estaba vendiendo herramientas diseñadas para eludir los controles KYC en bancos y plataformas cripto, utilizando deepfakes y manipulación de voz. Y la billetera Zerion reveló que hackers norcoreanos usaron IA en un ataque de ingeniería social de largo alcance para infiltrarse en sus sistemas.
Pero la IA no solo ataca: también puede defender. Los reguladores están respondiendo: el Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de la Oficina de Ciberseguridad y Protección de Infraestructura Crítica, anunció en abril que amplía su programa de identificación de amenazas para incluir a empresas de activos digitales.
Lo que puede hacer el inversor
Ante este panorama, los consejos de CertiK suenan casi domésticos, pero son esenciales: verificar siempre la autenticidad de las URL y los contratos inteligentes antes de firmar cualquier transacción, y no mantener activos en reposo dentro de exchanges. Usar billeteras frías permite mantener seguros los activos que no se utilizan con regularidad y firmar transacciones sin exponer nunca las claves privadas.
El mercado cripto madura. Sus atacantes también. La diferencia es que los segundos no necesitan reguladores, auditorías ni transparencia para innovar. Esa asimetría es, hoy por hoy, el mayor riesgo del ecosistema.
Hay obras de infraestructura que son simplemente carreteras. Y hay otras que son, en realidad, declaraciones geopolíticas. El Corredor Bioceánico de Capricornio pertenece firmemente al segundo grupo. Con 3.250 kilómetros de extensión, atravesando cuatro países y uniendo los puertos atlánticos del Brasil con los puertos chilenos del Pacífico a lo largo del trópico de Capricornio, este corredor es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del continente americano. Y su cuenta regresiva ya arrancó.
La pieza que faltaba: el puente sobre el Paraguay
Durante años, el eslabón más débil del corredor fue el cruce del río Paraguay. La pieza que cierra el sistema es el puente atirantado «Bioceánica», de más de 1.300 metros, que conectará Brasil con la orilla paraguaya entre Porto Murtinho y Carmelo Peralta. Mientras no existía ese puente, el cruce se hacía en barcaza, añadiendo horas de espera y limitando el tonelaje. Hoy eso está a punto de cambiar. La obra ha alcanzado aproximadamente el 90% de ejecución, con una previsión de conclusión para agosto de 2026, y está financiada con 93 millones de dólares aportados por la Itaipu Binacional.
El trazado completo es una geografía de ambición: entra en suelo brasileño por Campo Grande y Porto Murtinho, cruza a Paraguay por Carmelo Peralta y Mariscal Estigarribia, atraviesa el norte argentino por Tartagal, Jujuy y Salta, y sale al Pacífico por los puertos chilenos de Antofagasta y Tarapacá. Por primera vez, estas regiones quedan unidas por una autovía continua diseñada con estándares logísticos modernos.
La lógica de la Ruta de la Seda en versión sudamericana
No es casual que analistas comparen el corredor con la gran estrategia china del Cinturón y la Ruta de la Seda. Sudamérica replica la lógica de las grandes rutas terrestres del modelo chino, donde Pekín lleva una década construyendo corredores asfaltados y ferroviarios que conectan provincias interiores con puertos. La diferencia es que aquí el motor no es un Estado único, sino un acuerdo entre cuatro gobiernos que, no sin fricciones, han logrado avanzar.
El argumento económico es poderoso. Un barco que sale desde Brasil puede tardar más de 60 días en llegar a Japón. Gracias al Corredor Bioceánico, esa cifra podría reducirse a la mitad si las exportaciones se redirigen por los puertos del norte de Chile. Las autoridades paraguayas estiman que se recortarán hasta 8.000 kilómetros de navegación hacia China, y que los tiempos logísticos del comercio internacional se reducirán hasta 14 días.
El eslabón que cruje: Argentina
El cuadro, sin embargo, tiene una grieta notable. Mientras Brasil, Paraguay y Chile avanzan con determinación, Argentina aparece como el eslabón más débil. El ajuste de la administración Milei paralizó las obras del tramo argentino del Corredor: el gasto en infraestructura cayó un 82,3% en términos reales durante los primeros meses de 2024, y más de 2.000 obras dejaron de financiarse en el país. Salta y Jujuy, el corazón del tramo argentino, esperan inversiones que la Nación no termina de confirmar. El corredor puede operar sin Argentina —técnicamente hay rutas alternativas— pero la ausencia argentina achica sus ambiciones y su velocidad.
La gran conjetura: ¿y el Canal de Panamá?
Aquí llegan las preguntas más interesantes. ¿Puede el Corredor Bioceánico hacerle sombra al Canal de Panamá? La respuesta honesta es: no de forma inmediata, pero sí de forma progresiva y en combinación con otras piezas del tablero.
El tránsito de un buque por el Canal de Panamá puede costar entre 500.000 y 800.000 dólares, una suma considerable que se traslada al flete y afecta a las tarifas comerciales. A eso se suman las sequías que en los últimos años han restringido el número de tránsitos diarios y generado colas de barcos que esperaban durante días. La vulnerabilidad climática del Canal es, paradójicamente, uno de los mejores argumentos de venta del Corredor.
La verdadera amenaza no viene solo del Corredor de Capricornio, sino de un ecosistema de rutas alternativas que están tomando forma simultáneamente. La logística marítima de China ya ha bajado a Sudamérica con el puerto de Chancay, inaugurado en Perú en noviembre de 2024, diseñado específicamente para recibir los grandes portacontenedores que conectan Asia con el continente. Y Brasil y China trabajan en estudios para un ferrocarril bioceánico desde Bahía hasta Chancay. El mapa se complica para Panamá.
La conjetura más razonable es esta: el Corredor Bioceánico no reemplazará al Canal —ese no es su objetivo inmediato ni su escala—, pero contribuirá a un reequilibrio del poder logístico en el hemisferio occidental. Cada tonelada de soja brasileña, cada cargamento de mineral chileno o de carne argentina que empiece a fluir por Antofagasta en lugar de Santos-Panamá-Asia, es un argumento financiero que debilita lentamente el monopolio panameño. Y en geopolítica, como en economía, los monopolios raramente sobreviven indefinidamente a la competencia.
Sudamérica lleva un siglo siendo el patio trasero de las rutas ajenas. El Corredor Bioceánico es, entre otras cosas, la primera señal seria de que el continente empieza a diseñar las propias.
La digitalización ha convertido la información en un activo estratégico clave. A medida que los servicios esenciales migran hacia entornos de computación en la nube, se materializa el desafío técnico y legal de la llamada soberanía de los datos.
Tradicionalmente, este concepto presupone que la información digital está sujeta al ordenamiento jurídico del territorio donde se recopila o procesa. No obstante, la realidad operativa implica una convergencia de jurisdicciones concurrentes.
En la práctica cotidiana, entran en conflicto variables como el origen geográfico del dato, la residencia del ciudadano afectado, la ubicación física de la infraestructura de almacenamiento y el país donde la empresa proveedora tiene establecida su sede matriz.
El entramado normativo internacional incrementa la complejidad de esta gestión, evidenciando que los grandes bloques geopolíticos, sobre todo, la Unión Europea, Estados Unidos y China, ejercen diferentes grados y mecanismos de control sobre la esfera digital para proteger sus intereses.
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa introdujo un criterio estricto de extraterritorialidad en su artículo 3, que exige el cumplimiento de sus estándares a organizaciones ubicadas fuera de su territorio siempre que traten información de residentes europeos.
Mientras, legislaciones como la Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (CLOUD Act) estadounidense otorgan a las autoridades federales la potestad de requerir el acceso a los registros que administran sus corporaciones tecnológicas, en determinados supuestos y bajo control judicial, con independencia de si los servidores físicos operan en la Unión Europea o en otras jurisdicciones.
La colisión directa entre legislaciones enfocadas en una privacidad fuertemente garantista, como la europea, y otras orientadas a la seguridad nacional y la vigilancia transnacional genera inseguridad jurídica, exponiendo a instituciones y corporaciones a riesgos legales sustanciales.
Juridiscción entre fronteras
La dificultad para mantener el control jurisdiccional sobre los sistemas informáticos compromete la resiliencia de los Estados y afecta de forma directa a la ciudadanía. Esto se traduce en riesgos tangibles para la gestión y confidencialidad del historial médico electrónico, la estabilidad de la banca digital o el funcionamiento ininterrumpido de los servicios públicos de emergencia.
Por otro lado, la externalización de la custodia de esta información a corporaciones sujetas a legislaciones de terceros países introduce vulnerabilidades sistémicas, dado que las variaciones en las políticas comerciales o la imposición de sanciones internacionales pueden provocar la interrupción abrupta de operaciones críticas.
Iniciativas como el proyecto GAIA-X ilustran este esfuerzo institucional mediante la creación de infraestructuras de datos abiertas, federadas y seguras. El propósito de este marco europeo consiste en la salvaguarda de la capacidad de innovación tecnológica en el territorio propio y la mitigación la transferencia neta de valor hacia operadores foráneos.
Servidores y operadores locales
Las respuestas regulatorias frente a esta vulnerabilidad frecuentemente exigen la implementación de medidas de residencia de datos, que obligan por ley a que los centros de procesamiento se ubiquen dentro de las fronteras nacionales.
Aunque la localización geográfica del servidor es un requisito necesario para facilitar la auditoría y la supervisión física, resulta insuficiente para garantizar una autonomía tecnológica real. Si la infraestructura física sigue operada por la filial de una corporación extranjera, los datos continúan bajo el riesgo de aplicación de legislaciones extraterritoriales.
Así, las aproximaciones más rigurosas exigen la adopción de arquitecturas de nube operadas por entidades locales, con el objetivo de reducir de forma drástica el riesgo de sometimiento a requerimientos de tribunales o agencias de inteligencia de terceros países.
Tecnología de cifrado
En el nivel de la seguridad técnica, la mitigación de estos riesgos requiere que los controles criptográficos se encuentren bajo el dominio exclusivo del propietario de la información. Esto significa que las claves de cifrado deben ser generadas, custodiadas y gestionadas en la jurisdicción de origen.
Tecnologías de frontera como la computación confidencial –enfocada en proteger los datos en uso– añaden una capa de protección en el procesador: aíslan los datos en entornos de ejecución seguros mientras se realizan los cálculos en la memoria del servidor.
Por su parte, disciplinas como el cifrado homomórfico permiten la ejecución de operaciones analíticas sobre datos encriptados sin requerir su descifrado en ningún punto del proceso. Aunque esta tecnología aún presenta severas limitaciones de rendimiento computacional y está restringida a operaciones matemáticas muy concretas, los avances continuos en su desarrollo reducen la superficie de exposición.
El empleo de estas técnicas proporciona una protección robusta frente a la interceptación ilícita o el cumplimiento de órdenes extranjeras.
Pilares de los Estados digitales
La gestión jurisdiccional de la información ha trascendido el debate estrictamente regulatorio para consolidarse como un elemento central del funcionamiento del entorno digital actual.
Las decisiones sobre la topología de la red –disposición física en la que los dispositivos (nodos) de una red, como computadoras, routers y switches, están interconectados para intercambiar datos– determinan cómo se distribuyen, aíslan y conectan físicamente los nodos del sistema.
Estas variables, junto con la selección de proveedores de infraestructura y el despliegue de protocolos de cifrado, impactan directamente en el tejido social y económico. Además, determinan el grado efectivo de privacidad individual, la disponibilidad de los servicios esenciales ante escenarios de inestabilidad internacional y la viabilidad competitiva del tejido industrial.
Por eso, la preservación de la autoridad sobre las condiciones bajo las cuales se procesan y almacenan los datos constituye, en el contexto actual, un requisito fundamental para salvaguardar la autonomía política y económica en la era digital.
Mucho se cacarea sobre los monopolios empresariales; lo perverso que son y el daño que producen; que si aumentando los precios y tal, pero… poco nos ocupamos de ver como y de dónde nacen esos monos con polio. La realidad es que semejantes acaparamientos socaban el buen funcionamiento del mercado y la economía; pero, ¿acaso los gobiernos no están para evitar eso? Me da risa y tristeza la pregunta ya que nuestros gobiernos son monopolios corruptores que paren otros monopolios corruptores. Cuando existe un mercado verdaderamente libre, el mismo produce sus balances y contrapesos; el problema surge cuando es el gobierno el que engendra el monopolio.
Muchos hablan mal del capitalismo y de la libertad de mercado; y pregunto: ¿Crees que en Panamá hay libre empresa, capitalismo y tal? Nuestra Constitución en sus Artículos 282 y 284 establece que el gobierno puede hacer lo que quiera con la economía. Eso no es capitalismo, sino un sistema diseñado para la rapiña. Otros opinan que el comunismo no es malo; que el problema es que nunca lo han aplicado bien. ¡Genial!, pues, como señalé, tampoco el capitalismo lo aplican bien en ninguna parte; lo cual nos debería llevar a buscar la patología por otro lado.
Cuando los gobiernos no se meten a controlar los mercados sino evitar las trampas, otro gallo canta:
Se promueve mayor participación de compradores y vendedores en el mercado;
Como bien lo señala María Fábrega en su columna en La Estrella de Panamá el 23/04/26.
El intercambio se da con bienes de valor homogéneo y real.
El gobierno promueve información fidedigna.
Se elimina la burrocracia y normas locas diseñadas para la rapiña.
Tristísimo es no ver que nuestros gobiernos en realidad son desgobiernos. Que desde la misma Constitución se crean las artimañas diseñadas para el pillaje. No hay día que en los medios noticiosos no veamos reportajes de ello; y, tristísimamente, nos hemos acostumbrado a que eso es “normal”. Culpar al libre mercado es absurdo, ya que el “mercado” somos todos; a diferencia de los gobiernos, que son cuerpos colegiados contratados por el mercado.
Lo señalado nos lleva a la pregunta: ¿Quién monta una nueva empresa, un nuevo negocio en un ambiente tan corrupto? Que si “los” empresarios pagan las coimas; sí, muchos, porque si no se van a la quiebra. En un medio tan torcido el sector formal vive a la defensiva; pues no sólo tiene que ser competitivos sino tienen que capear a los ladrones de palacio. ¿Y por qué creen que nuestro sector informal va en aumento? Y, a todo ello, el otro sector que más sufre es el formal de pequeña y mediana empresa, a quien se le hace casi imposible lidiar con los costos de la burrocracia y la coimeadera.
La mejor manera de certificar un producto se logra mediante la aprobación del consumidor y no de los gobiernos corruptos y corruptores. Una sociedad fracasa cuando permite que sus empleados gobernantes controlen precios, calidad, descuentos; particularmente cuando estos mismos “servidores públicos” montan monopolios; en educación, transporte, agua, basura, etc.,
Y viene la pregunta: ¿Acaso un monopolio es un mono con polio? Nop; se le llama “monopolio” a las instituciones, gubernamentales o privadas, engendradas por el rey… o, el gobierno. Los monopolios coartan la libertad y afectan el buen desarrollo del mercado que, de otra manera podrían reducir la ignorancia y la pobreza.
¿De verdad crees que los gobiernos deben estar metidos en el mercado? ¿Saben algo?; la mayoría de los funcionarios públicos, particularmente los que tienen autos con chofer, como empresarios se morirían de hambre. Su negocio… ¡es el gobierno!
El mundo huele a papel y a tinta. En las Ramblas de Barcelona, los puestos de libros y rosas compiten con la primavera. En Madrid, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Bogotá —y en más de cien países— millones de personas celebran el Día Mundial del Libro. La UNESCO eligió esta fecha en 1995 porque en torno al 23 de abril de 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, tres voces que, desde rincones distintos del planeta, hablaron del mismo asunto: la condición humana y su insaciable necesidad de sentido.
No está de más recordar que la idea original de esta celebración partió de Cataluña, del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés, que la propuso a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en 1923 y fue aprobada por el rey Alfonso XIII en 1926. España, cuna del Quijote, como corresponde.
Y El Quijote merece un momento aparte. Don Alonso Quijano era, antes que nada, un lector. Un lector tan apasionado que los libros le cambiaron la vida —aunque Cervantes lo presentara como advertencia, la posteridad lo leyó como elogio. Hay en ese personaje una lección profundamente liberal: un hombre que, frente al mundo que le imponían su aldea, su época y su clase, decidió reescribir su propia historia. Se inventó a sí mismo. Eligió quién quería ser. Fracasó en los molinos, claro, pero nadie que haya leído con honestidad el libro puede negar que algo en él admira esa obstinada voluntad de no resignarse a lo dado.
Eso es, en el fondo, lo que hace un libro: ensancha el territorio de lo posible. Cada página es una frontera que se abre. Cada historia ajena que habitamos —aunque sea por unas horas— nos devuelve a nuestra propia vida con ojos distintos. La lectura es, en ese sentido, el ejercicio de libertad más democrático que existe: no requiere capital, no exige linaje, no discrimina por origen. Solo pide tiempo y voluntad.
Una mirada liberal no puede sino celebrar el libro como institución. No el libro impuesto, ni el libro oficial, ni el libro quemado en ninguna plaza pública de ninguna época —y han sido demasiadas—. El libro elegido. El que uno busca porque algo le inquieta, porque una pregunta no le deja en paz, porque necesita comprender el mundo o escapar de él durante un rato. La libertad de leer lo que uno quiera es, al mismo tiempo, una libertad civil y una aventura íntima.
Este año, la Capital Mundial del Libro elegida por la UNESCO es Rabat, capital de Marruecos, una ciudad que es encrucijada de culturas, de lenguas, de herencias. Un ejemplo de que la cultura escrita no tiene pasaporte, y de que los libros han sido siempre los mejores diplomáticos: viajan sin visado y cruzan fronteras que los políticos cierran.
En un tiempo en que los algoritmos nos ofrecen contenido ya masticado, en que la atención se fragmenta en píxeles y el pensamiento se mide en segundos, leer un libro largo sigue siendo un acto casi subversivo. Requiere paciencia. Exige entregarse. Nos pide que apaguemos el ruido y nos sentemos con alguien —el autor— que tiene algo que decirnos y que se tomó la molestia de escribirlo bien.
Cervantes dedicó su vida entera a ese esfuerzo. Perdió la mano izquierda en Lepanto y, décadas después, encontró la inmortalidad en una imprenta de Madrid. Hoy, cuatro siglos más tarde, Don Quijote sigue cabalgando. No hay algoritmo que haya logrado eso todavía.
Feliz Día del Libro. Lean lo que quieran, lean sin culpa, lean con placer. Y si no saben por dónde empezar, siempre queda un caballero de La Mancha dispuesto a recibirles.
En estos días, uno de los despachos de abogados más prestigiosos de Wall Street protagonizó uno de los errores más comentados en el mundo legal reciente. Sullivan & Cromwell se vio obligado a disculparse ante un juez federal tras presentar un escrito judicial que contenía alrededor de 40 citas incorrectas y otros errores causados por alucinaciones de inteligencia artificial.
El incidente ocurrió en el marco de un caso de quiebra. El caso involucra la liquidación de Prince Global Holdings Limited, un conglomerado camboyano cuyos propietarios fueron acusados por el Departamento de Justicia de operar una red de estafas digitales. En ese contexto, Sullivan & Cromwell, que representa a los liquidadores de las entidades involucradas, presentó una moción de emergencia que citaba casos equivocados o inexistentes, números incorrectos y títulos de artículos inexactos.
Andrew Dietderich, co-director del equipo de reestructuración global del despacho, tuvo que escribir una carta al Juez Martin Glenn del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York. El escrito de corrección del 18 de abril incluía una versión redactada del documento original marcando los errores, algunos de los cuales implicaban la corrección de oraciones enteras. El error no fue detectado internamente: las equivocaciones fueron identificadas por el equipo de abogados contrarios, del despacho Boies Schiller Flexner.
Lo que hace este caso especialmente llamativo es que Sullivan & Cromwell es precisamente el despacho que asesora a OpenAI sobre el «despliegue seguro y ético» de la inteligencia artificial, una representación que la firma destaca en su propio sitio web. La ironía no pasó desapercibida en los círculos jurídicos.
Un problema que crece en los tribunales
Este episodio no es un caso aislado. Una base de datos administrada por el tecnólogo legal Damien Charlotin ha registrado más de 1.334 incidentes de alucinaciones de IA en escritos judiciales alrededor del mundo, incluyendo más de 900 en Estados Unidos, y la mayoría involucran citas fabricadas. Los jueces en varios de estos casos han comenzado a imponer sanciones económicas a los abogados responsables.
El problema de fondo es que el despacho sí tenía políticas internas para el uso de IA, pero simplemente no se aplicaron. Según Dietderich, la firma mantiene políticas y requisitos de capacitación integrales que rigen el uso de herramientas de IA en el trabajo legal, y estas salvaguardas están diseñadas para prevenir exactamente este tipo de situación, pero no fueron seguidas en la preparación del escrito.
Recomendaciones para prevenir este tipo de errores
El caso de Sullivan & Cromwell ofrece lecciones concretas para cualquier profesional que use IA en entornos de alta responsabilidad:
1. Verificar cada cita de forma independiente. Nunca asumir que una referencia generada por IA existe o es correcta. Toda cita legal debe comprobarse directamente en las bases de datos jurídicas oficiales como Westlaw o LexisNexis antes de incluirla en un documento.
2. Separar quien redacta de quien revisa. El equipo que usa IA para redactar no debería ser el mismo que verifica el resultado. Una revisión cruzada por un abogado senior que no participó en la redacción reduce el riesgo de errores por familiaridad.
3. Tratar la IA como un borrador, no como un producto final. Las herramientas de IA generativa son útiles para estructurar ideas, pero el contenido factual y las referencias legales deben ser responsabilidad humana.
4. Documentar el uso de IA. Registrar qué herramientas se usaron, en qué partes del documento y quién realizó la revisión final crea trazabilidad y responsabilidad clara.
5. Capacitación continua y cumplimiento real de las políticas. El problema de Sullivan & Cromwell no fue la ausencia de políticas, sino que estas no se cumplieron. Las políticas internas deben tener mecanismos de verificación, no solo existir en papel.
La inteligencia artificial puede ser un aliado poderoso en el mundo legal, pero su uso sin supervisión rigurosa en contextos tan formales como los tribunales puede tener consecuencias reputacionales y legales graves. El caso de Sullivan & Cromwell lo deja en evidencia de la manera más pública posible.
El estrecho de Ormuz se sitúa geográficamente como la única vía de comunicación marítima entre el golfo Pérsico, al oeste, y el golfo de Omán y el mar Arábigo, al sureste. Este canal de escasa anchura divide la costa septentrional de la República Islámica de Irán de la península arábiga, delimitada particularmente por el territorio fragmentado omaní de Musandam y los Emiratos Árabes Unidos.
Su trascendencia estratégica es innegable al ser cuello de botella por el que transita gran parte del crudo transportado por vía marítima a nivel mundial. Dada la dependencia energética del planeta de los combustibles fósiles, cualquier modificación en su tráfico afecta gravemente la estabilidad económica internacional.
El paso inocente y en tránsito
El meollo del problema jurídico radica en determinar qué derechos asisten a los buques extranjeros durante su travesía por estas aguas. Para ello, es indispensable diferenciar entre el régimen de paso inocente y el de paso en tránsito.
Mientras el primero habilita al Estado ribereño para establecer regulaciones en aras de su seguridad y orden, el derecho de paso en tránsito garantiza libertades de navegación y sobrevuelo más amplias para un tránsito rápido e ininterrumpido que no puede ser suspendido unilateralmente.
La interpretación de ambos conceptos es el centro de las tensiones en esta zona de gran inestabilidad.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) es el principal texto jurídico que rige los espacios marinos a escala mundial. Este acuerdo estipula la delimitación de zonas como el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, prescribiendo asimismo reglas para la protección del medio marino.
Irán niega el derecho del mar
El valor estratégico del tratado radica en promover la paz y la utilización equitativa de los recursos oceánicos. Aun así, su eficacia se ve condicionada por el hecho de que no todos los Estados lo han ratificado plenamente. Esta falta de adhesión universal, como es el caso de Irán, representa un pilar básico para el análisis de las tensiones marítimas internacionales.
El derecho de paso inocente constituye una de las instituciones más significativas del régimen jurídico de los espacios marinos, pues busca armonizar la libertad de navegación con la seguridad estatal. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el concepto de paso se define como la navegación por el mar territorial con el propósito de atravesarlo sin penetrar en aguas interiores, o bien para dirigirse hacia ellas o salir de las mismas. Para que dicho tránsito sea legítimo, la norma internacional indica que este debe ser necesariamente rápido e ininterrumpido.
El principio básico que califica la condición de inocencia es que el paso no resulte, bajo ninguna circunstancia, perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. En ejercicio de su soberanía, el Estado costero está capacitado para promulgar leyes y reglamentos que regulen este derecho, especialmente en materias relacionadas con la seguridad marítima, la prevención de infracciones pesqueras y la preservación del medio ambiente.
De igual forma, el ribereño puede exigir a los buques extranjeros el cumplimiento de dispositivos de separación del tráfico o el uso de vías marítimas designadas.
Además, el ordenamiento jurídico faculta al Estado para suspender temporalmente el paso inocente en áreas específicas de su mar territorial cuando dicha medida resulte esencial para proteger su seguridad, como en el caso de ejercicios con armas, siempre que medie una publicación formal previa.
En segundo lugar, el régimen de paso en tránsito constituye la norma fundamental aplicable a los estrechos utilizados para la navegación internacional que comunican una parte de la alta mar o de una zona económica exclusiva con otra área de igual naturaleza.
Este sistema jurídico especial nace como una necesidad imperativa para facilitar y asegurar las comunicaciones globales en puntos geográficos estratégicos. A diferencia del paso inocente, como ya se explicó más arriba, el derecho de paso en tránsito faculta a todos los buques y aeronaves a ejercer las libertades de navegación y sobrevuelo con el fin exclusivo de un tránsito rápido e ininterrumpido.
Una de las particularidades decisivas del régimen iraní es su carácter absoluto, pues la Convención prescribe de forma tajante que no habrá suspensión alguna de este derecho por parte de los Estados ribereños. Esta protección jurídica es considerablemente superior a la del paso inocente ordinario por el mar territorial.
Por lo tanto, el control del Estado ribereño es menor y queda limitado a la promulgación de leyes sobre seguridad de la navegación, prevención de la contaminación y control aduanero que no pueden, bajo ninguna circunstancia, denegar o menoscabar el ejercicio efectivo del tránsito.
En definitiva, este régimen jurídico prioriza la libertad de las comunicaciones internacionales sobre las prerrogativas soberanas de carácter local.
Libertad de navegación
El estrecho de Ormuz se clasifica jurídicamente como un estrecho internacional al conectar el golfo Pérsico con el mar Arábigo. En este contexto, el ordenamiento jurídico aplicable es el derecho de paso en tránsito, caracterizado por libertades de navegación y sobrevuelo que no admiten suspensión.
A pesar de ello, la República Islámica de Irán, al no haber ratificado plenamente la Convención y ser un objetor persistente, defiende en la práctica y en su legislación interna limitaciones similares al paso inocente. Teherán sostiene la facultad de exigir autorizaciones previas, oponiéndose al automatismo del tránsito.
Este choque entre la norma convencional y las pretensiones soberanas origina serias fricciones jurídicas y políticas que comprometen la estabilidad operativa en esta región estratégica. Además, las declaraciones de Donald Trump y las órdenes dirigidas al bloqueo del estrecho por parte de las fuerzas navales de las que dispone en la zona no contribuyen a rebajar la tensión y ponen de manifiesto el clima de inestabilidad existente.
La problemática en el Estrecho de Ormuz emana de interpretaciones contradictorias y de la falta de ratificación de la CNUDM por actores estratégicos, quienes dan prioridad a derechos soberanos frente al automatismo del tránsito.
El derecho y los estrechos internacionales
En definitiva, la posición del Estado persa no es una simple negación del derecho del mar: acepta las normas consuetudinarias que refuerzan su soberanía, mientras rechaza todas aquellas que limitan su control sobre el estrecho invocando su condición de objetor persistente.
Por otro lado, la comunidad internacional opera de tal forma que el derecho de tránsito en estrechos internacionales es vinculante para todos. La práctica estatal contemporánea revela una posición casi uniforme: los estrechos estratégicos como Ormuz no pueden quedar a discreción unilateral del Estado ribereño.
En esta línea, el derecho internacional trabaja menos como un sistema formal cerrado y más como un acuerdo estratégico que trata de garantizar la continuidad de la navegación global.
