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Categoría: Acción Humana

¿Capitalismo de compinches?¿O “socialismo de compinches”?

Todo gobierno obeso, sea de izquierda o derecha, deja de ser capitalismo; que es lo que ocurre en nuestra querida Panamá. El socialismo es perverso esté donde esté. También podemos llamarle Socialismo de Compinches , porque el problema con hablar de “capitalismo de compinches” es que no tiene sentido ya que si es de “compinches” entonces deja de ser capitalismo dado que, de una forma u otra, se trata de rechazo de lo que realmente es el mercado. En otras palabras, si mezclas al capitalismo con el socialismo, deja de ser capitalismo ya que no hay tal cosa como un capitalismo con aderezo de socialismo ya que sería análogo a una mujer levemente embarazada.

Yuri, que es profesor de economía en la universidad en Carthage en Wisconsin, trabajó en el gobierno soviético en un puesto de investigación y se escabulló de la Unión Soviética en 1989; habiendo participado en la comisión del presidente Gorbachev en su programa de reforma conocida como perestroika.

En la universidad de Carthage Yuri dejó de asistir a las reuniones de docentes porque como dice Yuri, “eran tan molestas como los parquímetros”. En ello, el presidente de la universidad le pidió que, por favor, asistiese a las reuniones docentes pues el futuro de la civilización del oeste estaba en juego. Y es que en la actualidad en los EE.UU., y particularmente el partido que osa llamarse “demócrata” ha dado un giro brusco y terrorífico hacia el comunismo; y al decir esto me salté el vocablo “socialismo” por la razón que ya señalé: «que no hay tal cosa como mujeres medio embarazadas» a lo cual añado que, en carreteras de dos vías en sentido contrario uno no debe conducir en el medio de los dos carriles.

Hoy día gran parte de los medios informativos auspiciados por la naciente tendencia comunista gringa, tienen gran dominio; en el cual han llegado al extremo de vilipendiar al nacimiento de la democracia estadounidense, alegando que no fue virtuoso sino perverso. Y Yuri llega a comentar que parecido a los medios “informativos”, los cuales parecen más programas de comediantes, lo mismo está ocurriendo en los EE.UU.

Y un parte de la explicación de la realidad que está contribuyendo o facilitando el deslizamiento gringo a la izquierda, camino al comunismo, es la misma mentalidad que dio alumbramiento o, diría ya, oscurecimiento, a la ideología del “centro de la carretera” o comunismo leve o, o como originalmente acuñaron la frase los cómicos mejicanos Los Polivoces en la década de 1970: “ni con la izquierda ni la derecha sino todo lo contrario”. Y es que tomar semejante posición no conduce a un pueblo a buen destino.

Decir que el “socialismo” o la pendiente resbalosa hacia el comunismo no es resbalosa y conduce al comunismo es tontería; tal como ocurre con tantos drogadictos. Hoy día son muchos despistados que dicen algo como: “tranquilo, prueba esta pastillita que te pondrá feliz y no es tan mala como dicen.” Y, sostengo yo, que lo que señalo nace con el rechazo a lo que llamamos “capitalismo o extrema derecha”; ya que son muchos los que no ven ni entienden que en tantos sitios, tal como en Panamá, lo que padecemos no es de capitalismo sino de socialismo de compinches. Es un rechazo a algo muy perverso. ¡Sí!, estoy de acuerdo, pero es desconocer la el origen de la patología.

En fin, y como bien dice Yuri que tantos cacarean por allí: “Y sé que te disgusta la putrefacción gubernamental de derecha que tenemos, y lo que te propongo es: ¿Por qué no probar el socialismo…” tal vez no sea tan malo.

junio 22, 2026
16,5 BTC recuperados. Responsabilidad y cooperación voluntaria

El 16 de junio, el especialista argentino Marcelo R. Bianchi (@marcebit) anunció algo que pocos en el ecosistema bitcoiner se atrevían a dar por descontado: una wallet de Bitcoin Core cifrada en 2013, con 16,5 BTC dentro —hoy más de un millón de dólares—, había sido recuperada después de más de un año de convocatoria pública. La solución llegó apenas cinco días después de que Bianchi trasladara el caso de un grupo cerrado de Facebook a Reddit y X. Un colaborador anónimo, ajeno al grupo de Telegram que coordinaba los intentos organizados, dio con la contraseña: «pera5durasnopera5lus». Bianchi lo recompensó con 0,5 BTC, unos 32.500 dólares.

Es una historia pequeña en apariencia, casi anecdótica. Pero condensa, mejor que cualquier manifiesto, los tres pilares que hacen de Bitcoin un experimento político y no solo financiero: la cooperación voluntaria, la descentralización radical y la responsabilidad ineludible que implica ser dueño absoluto de algo.

Cooperación sin mandato

Nadie obligó a nadie a participar en este caso. Bianchi no tenía autoridad sobre el colaborador anónimo, no firmó un contrato, no medió ningún tribunal ni regulador. Hubo un problema, un incentivo claro —0,5 BTC— y una convocatoria abierta a quien quisiera intentarlo. Eso es todo. La coordinación emergió de community Telegram, hilos de Reddit y publicaciones en X: arquitectura horizontal, sin jerarquía formal, sostenida únicamente por el interés mutuo de las partes.

Esto no es un detalle técnico, es el corazón de la ética cypherpunk: las soluciones no necesitan venir de una institución con poder de coerción. Pueden surgir del intercambio voluntario entre desconocidos que jamás se verán las caras. El mercado de recompensas por resolver problemas criptográficos funciona porque no depende de la confianza en una autoridad central, sino del cálculo racional de incentivos entre individuos libres.

Descentralización: ni rescate ni intermediario

Ningún banco, ninguna casa de cambio, ningún Estado pudo —ni tuvo que— intervenir para que esos 16,5 BTC volvieran a manos de su propietario. No hubo «atención al cliente» que restableciera el acceso, ni proceso judicial, ni siquiera una empresa privada de recuperación con jurisdicción reconocida. La solución fue puramente criptográfica y social: alguien con el conocimiento adecuado encontró la clave correcta para un candado que solo el propio sistema, sin permiso de terceros, puede validar.

Esa es precisamente la promesa —y la dureza— de Bitcoin. No hay un libro de reclamos. No hay un «olvidé mi contraseña» que active un protocolo de verificación de identidad respaldado por el Estado o entidad centralizada. El protocolo no negocia, no empatiza, no hace excepciones. Lo que cifra, permanece cifrado hasta que la matemática lo permita, sin importar cuán legítimo sea el reclamo de quien perdió el acceso.

El precio de no tener intermediarios

Aquí está el costado incómodo que muchos evangelistas prefieren minimizar: la autocustodia es libertad, pero también es responsabilidad total, sin red de contención. Según Chainalysis, cerca del 20% del suministro circulante de bitcoin está permanentemente perdido por errores de gestión de claves. Ariel, el propietario de esta wallet, pasó más de una década sin acceso a su propio dinero por una contraseña que ni él mismo recordaba con precisión.

Eso no es un fallo del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Cuando uno elige prescindir de bancos, custodios y reguladores, también prescinde de sus mecanismos de rescate. No hay un «frase de recuperación» institucional cuando la propia persona es la única institución. La soberanía financiera plena —ser tu propio banco— no es un eslogan de marketing: es una transferencia completa de riesgo desde el sistema hacia el individuo.

El caso de los 16,5 BTC terminó bien, casi por casualidad: un archivo conservado, una contraseña parcialmente recordada, una comunidad dispuesta a colaborar a cambio de un incentivo razonable. Pero el final feliz no debería oscurecer la lección estructural. La propiedad sin intermediarios es la forma más pura de libertad económica disponible hoy. También es, sin matices, enteramente tuya para perder. Y por eso mismo es, quizás, el ejercicio de responsabilidad individual más exigente que existe: la contrapartida inevitable de toda libertad real.

junio 19, 2026
El Estado no es tu hincha: reflexiones sobre el decreto mundialista

El presidente José Raúl Mulino firmó este martes el Decreto Ejecutivo N.° 19, lo llamaremos el decreto mundialista, mediante el cual ordenó el cierre de todas las oficinas públicas nacionales y municipales a partir de las 2:00 de la tarde del miércoles, para que los servidores del Estado puedan ver el debut de la Selección Nacional en el Mundial 2026. El Ministerio de Educación fue un paso más allá: suspendió también las clases vespertinas y nocturnas en colegios oficiales y privados.

Nadie discute el orgullo legítimo que genera ver a Panamá en una Copa del Mundo. Es un logro deportivo real, merecido y celebrable. Pero una cosa es que los panameños festejen —como individuos libres que son— y otra muy distinta es que el Ejecutivo convierta el entusiasmo colectivo en un decreto con fuerza de ley, que suspende procedimientos administrativos, paraliza trámites y afecta plazos legales bajo la Ley 38 de 2000. Ahí es donde la celebración termina y el análisis debe comenzar.

El tiempo del Estado no es tiempo libre

Existe una confusión conceptual que este decreto hace explícita: el supuesto de que el tiempo de los funcionarios públicos puede ser redistribuido a voluntad del Ejecutivo según las circunstancias del momento. Pero los servidores públicos son pagados por los contribuyentes para prestar servicios específicos durante horarios definidos. Cada hora que no se trabaja tiene un costo real: el ciudadano que necesitaba renovar un documento, la empresa que aguardaba una resolución, el trámite judicial que quedó suspendido. Ese costo no desaparece porque el decreto no lo mencione.

Desde una perspectiva liberal clásica, el Estado existe para garantizar condiciones mínimas de orden, seguridad y justicia —no para gestionar el estado de ánimo de la población. Cuando el Ejecutivo firma un decreto ordenando a todo el aparato burocrático pausar sus funciones para ver un partido de fútbol, no está siendo cercano al pueblo: está confundiendo su rol con el de animador social, y lo hace a expensas del contribuyente.

El populismo de la euforia

Este tipo de gestos no son neutrales. Tienen una lógica política clara: identificar al gobierno con el sentimiento popular más inmediato y visible. El presidente no pierde nada firmando ese decreto —al contrario, gana aplausos fáciles— pero la factura la pagan quienes dependen de los servicios suspendidos y quienes financian con sus impuestos cada hora improductiva del aparato estatal.

El liberalismo clásico advierte precisamente sobre este mecanismo: el uso del poder público para construir legitimidad emocional en lugar de institucional. Una administración que respeta genuinamente al ciudadano no necesita decretar que se detenga el país para parecer humana. Le basta con cumplir su función con eficiencia y dejar que cada panameño decida cómo y con quién ver el partido.

Libertad sin decreto

Nada en este análisis implica que el fútbol sea irrelevante o que la selección no merezca respaldo. Lo que se cuestiona es el mecanismo. Un Estado respetuoso de la libertad individual no necesita decretar el entusiasmo: lo permite. La diferencia no es menor. En el primer caso, el gobierno actúa como tutor que concede permiso para celebrar. En el segundo, el ciudadano es un adulto que organiza su tiempo como considera conveniente.

Si un empleado privado quiere salir temprano del trabajo para ver el partido, negocia con su empleador. Si un funcionario quiere hacer lo mismo, debería tener el mismo derecho —como individuo—, sin que el presidente de la República tenga que paralizar con un decreto toda la maquinaria del Estado para hacer posible lo que debería ser una decisión personal.

Panamá en el Mundial es motivo de alegría. Pero la alegría no necesita decreto. Y cuando el Estado empieza a legislar sobre cuándo y cómo celebrar, algo esencial sobre la relación entre el gobierno y el ciudadano se ha invertido silenciosamente.

junio 17, 2026
El talento en el fútbol: un viaje neuronal con parada en la emoción y la cognición

En los deportes colectivos como el fútbol, no solo rueda el balón. También se conjugan la empatía y la sincronización cerebral para desarrollar estratégicamente el trabajo en equipo.

“La técnica es pasar el balón con un toque, en el momento adecuado, al lugar correcto”. Johan Cruyff

Del cerebro al músculo

Si bien dependen de recursos individuales, las habilidades y destrezas en el fútbol reflejan además la capacidad de una sincronización colectiva. En ella se contrastan emociones complejas, como la cooperación, la solidaridad y la empatía.

Esta ruta neuronal se expresa como un “arco reflejo” (respuesta automática del organismo) que involucra aspectos sensoriales. Estos se traducen y jerarquizan en la corteza cerebral humana para generar respuestas motrices planificadas que involucran elementos biomecánicos, movimientos de fuerza y resistencia, motricidad fina, coordinación y precisión en el toque ejecutivo del balón.

La red de movimientos deriva de un proceso de entrenamiento sistemático que conjuga la emoción y la cognición para realizar los cálculos precisos en el efecto cinético.

Esta respuesta interactúa con aspectos motivacionales de muy diversa índole: ego, reconocimiento, recompensa, beneficio económico, hedonismo… También está presente un componente público de carácter emotivo, identitario y afiliativo. En la cancha juega la vinculación con los seguidores del equipo (aficionados, hinchas o barras), que eventualmente se convierten en los más apasionados y autonombrados defensores del honor de su equipo.

No es extraño que estos grupos, además, puedan contener entre sus filas perfiles sociopáticos encubiertos, que pueden desbordar y dar lugar a conductas antisociales, violentas y extremistas.

Cognición y coordinación neuronal

Volviendo al terreno de juego, una clave del talento futbolístico es la coordinación motriz: por sí sola, resulta fundamental para desarrollar el toque del balón con la precisión, fuerza y dirección magistral para lograr el pase. También permite orientar, con una sintonía orquestal, el movimiento que alterna carrera, conducción y disparo.

Durante mucho tiempo se consideró que el cerebelo, una región del encéfalo ubicada en la parte posterior e inferior del cráneo, era estrictamente responsable de sus funciones. Desde este planteamiento, habría intervenido singularmente a la hora de fortalecer nuestra postura en bipedestación y el desarrollo de la marcha del Homo sapiens. Incluso resultaría determinante en la coordinación de movimientos que transformaron la expresión gutural de la laringe. Es decir, sería la base del lenguaje expresivo con códigos que denominamos palabras.

Sin embargo, ahora sabemos que el cerebelo no es un mero regulador mecánico, sino también un modulador de procesos mentales más complejos. La interpretación sobre cómo funciona este órgano ha evolucionado hasta entenderlo como parte de una estructura conectada con la cognición humana.

Así, las células del cerebelo operan como la estación de una ruta intelectual que vincula el movimiento con procesos de aprendizaje, preservación de la memoria y habilidades creativas y ejecutivas que requieren de planificación. Es esta la razón por la cual el movimiento coordinado es fundamental para desarrollar habilidades inteligentes, más allá del escenario lúdico.

Sus efectos en la práctica clínica son los que sustentan la recomendación de que la danza es recomendable para el control del párkinson o que la caminata contribuye a funciones cognitivas de la memoria en el caso de la demencia.

La neurociencia del pase largo

La otra región clave, como vimos más arriba, es la corteza cerebral humana, donde existen vecindarios neuronales especializados en determinadas funciones. Pero también resulta innegable que los tractos que conectan esos territorios a través de “cableados” bajo la superficie de la corteza explican una integridad funcional.

Sólo de esta manera podemos entender por qué dos hemisferios cerebrales funcionan como un encéfalo. Las conexiones del cuerpo calloso y otras fibras confieren la posibilidad tanto de una función especializada como de una respuesta emocional y cognitiva más holística.

De esta forma surge la orden de patear un balón desde la parte motora en la región media del cerebro izquierdo (en el caso de un individuo diestro), pero se planea el toque, la fuerza y la dirección del impulso con el apoyo del cerebelo y otras estructuras conocidas como “relevo motor”, así como con la ayuda del sistema extrapiramidal. Por si fuera poco, planeamos las coordenadas de la trayectoria y la evolución cinética con la cognición y el “GPS intelectual”. Y ejecutamos la orden final con la corteza frontal.

El balón como eje emocional

El balón representa el centro de una serie de emociones individuales y sociales. No es extraño que con frecuencia se plantee usarlo como una prescripción terapéutica para tratar las frustraciones y la ansiedad cotidiana. Igualmente, puede validarse en el escenario del disfrute desde la perspectiva de las masas. Pero también puede ser motivo de duelo confrontativo, hostilidad, acoso y violencia.

Esa perspectiva lúdica, en un entorno social de disfrute como puede ser un Mundial de fútbol, requiere fortalecer los lineamientos básicos de empatía y comportamiento respetuoso con los demás. De este modo se preserva la magia colectiva de un deporte popular que ha prevalecido en la historia como fuente de sana diversión.

Rodrigo Ramos-Zúñiga, Neurocientífico, Universidad de Guadalajara

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

junio 16, 2026
El Estado como monopolista de la inteligencia: el caso Fable 5

El viernes 12 de junio de 2026, a las 5:21 de la tarde, hora del Este, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos entregó una carta al CEO de Anthropic, Dario Amodei. No era una invitación. Era una orden. En pocas horas, uno de los modelos de inteligencia artificial más avanzados jamás desplegados públicamente —Claude Fable 5— fue desconectado para todo usuario que no portara un pasaporte estadounidense. Sin audiencia pública. Sin proceso legislativo. Sin transparencia sobre las razones específicas. Un funcionario tomó una decisión y cientos de millones de personas en el mundo perdieron acceso a una herramienta que ya usaban para trabajar, investigar, crear y aprender.

Esto no es un problema técnico. Es un problema político. Y merece ser analizado como tal.

El pretexto: un «jailbreak» que no lo es

El gobierno de Trump, a través del Secretario de Comercio Howard Lutnick, justificó la medida alegando que otra compañía había encontrado un método para eludir las salvaguardas de seguridad del modelo —lo que en el argot técnico se llama un jailbreak— que potencialmente permitiría usar Fable 5 para ejecutar ciberataques a escala masiva. La narrativa sonaba alarmante. La realidad es bastante más matizada.

La propia Anthropic respondió con notable claridad: el «jailbreak» identificado era estrecho, no universal, y las capacidades que desbloqueaba —la identificación de vulnerabilidades menores en código— eran igualmente accesibles a través de otros modelos disponibles públicamente, incluyendo GPT-5.5 de OpenAI, que no ha sido objeto de restricción alguna. Según la empresa, ningún evaluador ha logrado hasta la fecha encontrar un jailbreak universal que derribe de manera amplia las protecciones del modelo. La compañía añadió algo que todo experto en seguridad informática ya sabe: la resistencia perfecta a jailbreaks no es alcanzable hoy por ningún proveedor del mundo. Si ese fuera el estándar exigido, como señaló Anthropic, el resultado sería la paralización de todos los nuevos despliegues de modelos de frontera en la industria entera.

El gobierno no respondió a estos argumentos técnicos. Sencillamente ordenó el apagón.

La arquitectura del control: Export Controls para el siglo XXI

Lo que ocurrió con Fable 5 no es un episodio aislado. Es la primera aplicación visible de una lógica regulatoria que lleva años siendo diseñada en Washington: tratar los modelos de inteligencia artificial de frontera como si fueran tecnología de uso dual —armas en potencia— y someterlos al mismo régimen de control de exportaciones que históricamente se ha aplicado a semiconductores avanzados, sistemas de misiles y tecnología nuclear.

El Bureau of Industry and Security (BIS) del Departamento de Comercio, el mismo organismo que administra las listas de entidades sancionadas y controla las exportaciones de chips de Nvidia, es ahora el árbitro de qué modelos de IA pueden cruzar fronteras digitales y cuáles no. La carta de Lutnick a Amodei fue redactada con funcionarios del BIS. El mecanismo legal utilizado —la invocación de «autoridades de seguridad nacional»— es el mismo que se ha usado para bloquear exportaciones de semiconductores a China durante los últimos tres años.

Lo relevante aquí no es si los modelos de IA pueden suponer un riesgo de seguridad —es un debate legítimo y necesario. Lo relevante es el proceso por el cual se ejerció este poder: opaco, abrupto, sin notificación previa de los argumentos específicos, aplicado de manera retroactiva sobre un producto ya en manos de cientos de millones de usuarios, y con un criterio técnico que la propia empresa afectada calificó de erróneo.

Los daños colaterales que nadie contabiliza

La orden del Departamento de Comercio tenía un problema estructural: es técnicamente imposible bloquear el acceso a un modelo de lenguaje exclusivamente para ciudadanos extranjeros sin deshabilitar el servicio para todos. Verificar la nacionalidad de cada usuario en tiempo real, con la precisión jurídica que requiere la directiva, no es factible con la infraestructura actual. Anthropic, por tanto, se vio obligada a desconectar Fable 5 y Mythos 5 para la totalidad de sus clientes, incluyendo ciudadanos estadounidenses, empresas con contratos vigentes, investigadores universitarios, y sus propios empleados que no son nacionales de EE.UU.

El daño fue inmediato y concreto. Clientes empresariales con flujos de trabajo integrados en Fable 5 vieron sus operaciones interrumpidas sin previo aviso. Desarrolladores que habían construido productos sobre la API de Anthropic se encontraron con una ruptura unilateral de facto de sus contratos de servicio. Investigadores en ciberseguridad defensiva —el mismo campo que el gobierno dice querer proteger— perdieron acceso a una herramienta que usaban precisamente para identificar vulnerabilidades antes de que los atacantes lo hicieran.

La ironía es estructural: al prohibir Fable 5 para protegerse de potenciales atacantes extranjeros, el gobierno desarmó también a los defensores domésticos.

El problema de fondo: soberanía tecnológica como arma del Estado

Desde una perspectiva liberal clásica, el episodio de Fable 5 ilumina una tensión que va a agravarse con el tiempo: la colisión entre el derecho de los individuos a acceder a herramientas de conocimiento y la pretensión del Estado de controlar qué tecnologías pueden cruzar sus fronteras —o los cuerpos de quienes las usan.

La lógica de los controles de exportación tiene una genealogía honesta: nació en la Guerra Fría para evitar que tecnologías militares pasaran a manos de adversarios geopolíticos. Tenía cierta coherencia cuando hablábamos de centrifugadoras para enriquecer uranio o de sistemas de guiado para misiles balísticos. Pero su extensión al software —y ahora a los modelos de lenguaje— presenta un problema filosófico y práctico fundamental: el conocimiento no es un objeto físico. Un modelo de inteligencia artificial es, en esencia, información comprimida. Y la información, una vez que existe, tiende a fluir.

Prohibir que un ingeniero de software nacido en India, empleado de Anthropic, acceda a Fable 5 mientras trabaja en San Francisco no protege ningún secreto tecnológico. El modelo ya existía. Las capacidades ya eran conocidas. Lo que la orden produce es, principalmente, discriminación basada en el origen nacional, traducida en un régimen de control laboral disfrazado de política de seguridad.

El precedente que nadie quiere nombrar

Hay algo más que está en juego. Si el estándar para bloquear el despliegue de un modelo de IA es la existencia de un jailbreak estrecho, aplicable a funciones que otros modelos también pueden ejecutar, entonces ningún modelo de frontera debería existir en el mercado. Y si la lógica de los controles de exportación se aplica de manera consistente, el resultado lógico es un internet balcanizado donde el acceso a las herramientas más poderosas de la historia del procesamiento de información quedará determinado por el pasaporte de cada usuario.

Este no es un escenario abstracto. Es el camino que estamos recorriendo.

China lleva años construyendo su propio ecosistema de IA, precisamente porque no puede acceder al de Estados Unidos. Europa debate su propio marco regulatorio, en parte como respuesta a la extraterritorialidad de las leyes estadounidenses. El mundo se fragmenta tecnológicamente, y cada fragmentación genera incentivos para el desarrollo de capacidades alternativas menos transparentes, menos auditadas, y potencialmente más peligrosas.

La ilusión de que controlar Fable 5 hará el mundo más seguro ignora esta dinámica de segundo orden. Si Anthropic no puede vender a ingenieros de defensa taiwaneses, el gobierno de Taiwán desarrollará o adquirirá modelos alternativos con menos salvaguardas. Si un investigador en ciberseguridad en Varsovia no puede usar Fable 5, buscará herramientas sin los filtros que Anthropic ha dedicado miles de horas a construir. El resultado no es menos IA peligrosa en el mundo. Es más IA peligrosa, producida por actores con menos incentivos para la transparencia.

Lo que Anthropic dijo, y lo que no pudo decir

Anthropic respondió a la orden con una declaración notablemente directa para ser una empresa en proceso de IPO bajo la supervisión del mismo gobierno que acaba de sancionarla. Dijo que discrepaba. Dijo que el criterio aplicado era erróneo. Dijo que si ese estándar se aplicara consistentemente en la industria, paralizaría el despliegue de todos los modelos de frontera. Dijo que creía que el gobierno debería tener mecanismos de control sobre despliegues inseguros, pero que esos mecanismos debían ser «transparentes, justos, claros y fundamentados en hechos técnicos».

Fue, en el lenguaje corporativo de Silicon Valley, un mensaje bastante combativo.

Lo que Anthropic no pudo decir —lo que ninguna empresa en su posición puede decir— es lo que este artículo dice: que el problema no es solo la implementación incorrecta de un poder legítimo, sino la existencia misma de ese poder sin las garantías procesales que justificarían su ejercicio. Que una empresa privada no debería poder ser obligada a cortar el servicio a cientos de millones de usuarios en todo el mundo mediante una carta enviada a las 5 de la tarde, sin audiencia, sin apelación efectiva inmediata, sin transparencia pública sobre las razones específicas.

Anthropic tiene que mantener su licencia para operar. Nosotros no.

El mapa del futuro

Lo que ocurrió el 12 de junio de 2026 no fue una anomalía. Fue un ensayo general. Los gobiernos del mundo —empezando por el de Estados Unidos— están aprendiendo a ejercer poder sobre la IA no a través de leyes transparentes y debatidas democráticamente, sino a través de la arquitectura de control que ya existe para las exportaciones de hardware militar. Es un poder discreto, técnico en apariencia, y enormemente difícil de contestar por vías ordinarias.

Para quienes creemos que el acceso al conocimiento y a las herramientas que lo procesan es una condición de la libertad individual en el siglo XXI, este es el momento de prestar atención. No cuando los modelos sean diez veces más potentes. No cuando el daño ya haya sido hecho. Ahora, mientras todavía es posible articular un argumento sobre proceso, proporcionalidad y derechos.

Porque lo que se está construyendo, silenciosamente, bajo el lenguaje de la seguridad nacional, es la infraestructura para que el Estado decida qué inteligencias —artificiales o no— tienen permiso de cruzar sus fronteras.

Y eso, históricamente, nunca ha terminado bien.

junio 15, 2026
Bitcoin como coartada: cuando el Estado ensucia la moneda de los libres

Hay momentos que duelen de una manera particular. Es el dolor de ver algo que amaste, algo que construiste con convicción filosófica y esfuerzo técnico, convertido en el argumento de quien representa exactamente lo que quisiste combatir. Esto es lo que ocurrió esta semana en Argentina, con Bitcoin, cuando el estado ensucia gratuitamente.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni formalizó su declaración jurada patrimonial de 2025 junto a un conjunto de rectificaciones que alteran de forma notable los números de sus finanzas familiares informados desde 2020, en el marco de expedientes que tramitan en Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El núcleo de su defensa, el escudo elegido, fue Bitcoin.

El componente más relevante del patrimonio rectificado son los 513.000 dólares vinculados a inversiones en Bitcoin. Según la reconstrucción oficial, Adorni y su esposa operaron entre 2013 y 2018 mediante ocho billeteras virtuales, con una inversión inicial de alrededor de 200.000 dólares.

La frase que lo resume todo, pronunciada con una tranquilidad desconcertante ante las cámaras: «Ahorramos en negro, como todos los argentinos.»

Deténganse un momento en esa oración. Un funcionario público, jefe de Gabinete de una nación, investigado judicialmente, justifica activos no declarados invocando la conducta de evasión generalizada de sus conciudadanos como argumento moral. Y para blindar esa justificación, invoca Bitcoin.

Lo que Bitcoin fue, y lo que este hombre pretende que sea

Quienes estuvimos cerca del movimiento cypherpunk en sus años formativos sabemos con precisión quirúrgica para qué fue diseñado Bitcoin. No fue diseñado para que un ministro con mansión en country esquive una causa penal. Fue diseñado para que los individuos, personas comunes, activistas, disidentes, trabajadores sin acceso al sistema bancario, pudieran conservar y transferir valor fuera del alcance del Estado y de sus estructuras de coerción.

El manifiesto cypherpunk de Eric Hughes de 1993 era explícito: la privacidad es necesaria para una sociedad abierta. Pero la privacidad no es secrecía. La privacidad es el poder del individuo de revelar selectivamente lo que es de él. Lo que Adorni llama «privacidad» es otra cosa: es la ocultación de un funcionario público, servidor del Estado, pagado con fondos expropiados de sus conciudadanos, respecto de los bienes que acumuló en el ejercicio de ese poder.

Satoshi Nakamoto no construyó una blockchain para que los burócratas guardaran su botín. Construyó una cadena de bloques precisamente para hacer visible, inmutable y auditable cada transacción. El libro contable abierto de Bitcoin, esa transparencia radical, es la antítesis de lo que Adorni pretende representar con su relato. Él no usó Bitcoin como herramienta de soberanía individual. Lo usó como pantalla.

El daño concreto al movimiento voluntarista

Existe una narrativa que los enemigos de Bitcoin han intentado instalar durante quince años: que la criptomoneda es el instrumento predilecto de criminales, evasores y corruptos. Durante años, la comunidad cripto, con datos, con argumentos, con paciencia, rebatió esa calumnia. Los estudios de Chainalysis, los análisis de Elliptic, la evidencia empírica: las actividades ilícitas en Bitcoin representan una fracción marginal frente al volumen del sistema financiero tradicional. El dólar en efectivo ha financiado más corrupción que todos los satoshis juntos.

Pero los argumentos técnicos necesitan contexto cultural para aterrizar. Y el contexto que Adorni está instalando es devastador: en la Argentina de 2026, Bitcoin aparece en los titulares nacionales no como herramienta de emancipación financiera, sino como la coartada de un funcionario investigado por enriquecimiento ilícito.

Según la denuncia que impulsó la causa, el patrimonio de Adorni habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal, con omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a 16 millones de pesos. Un contratista declaró ante la Justicia que el costo de la remodelación de la vivienda del funcionario alcanzó los 245.000 dólares, con pagos realizados en efectivo. La fiscalía detectó movimientos de fondos a través de más de veinte exchanges, entre ellos Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango, con operaciones de entrada y salida en BTC, ETH y USDT.

Este es el contexto real. No el de un early adopter visionario que compró en 2013 y guardó sus llaves con disciplina austríaca. El contexto es el de un hombre sobre el que recaen sospechas serias, quien según se comenta en el propio gobierno no puede cuadrar fácilmente sus gastos e ingresos, y que elige Bitcoin como explicación retroactiva en el momento de máxima presión judicial.

Eso contamina. Eso mancha. No a Bitcoin como protocolo, el protocolo es indiferente a la moral de sus usuarios, sino a la narrativa del ecosistema cripto ante millones de personas que aún están formando su opinión sobre estas tecnologías.

La perversión ideológica más profunda

Hay algo todavía más grave que el daño reputacional. Es la perversión ideológica.

El movimiento libertario, en su rama genuina, no en su versión de marketing electoral, descansa sobre un principio que no admite excepciones: la ética de la no-agresión. El individuo libre no impone su voluntad sobre otros por la fuerza. El Estado, en cambio, es por definición un aparato de coerción: extrae recursos por amenaza, redistribuye por decreto, castiga la disidencia con violencia institucionalizada.

Bitcoin fue concebido como una respuesta técnica a ese problema. Una moneda que no requiere permiso. Que no puede ser confiscada por decreto. Que devuelve al individuo la soberanía sobre su propio valor.

Adorni no es un individuo libre operando fuera del Estado. Es el Estado mismo. Es el jefe de Gabinete de un gobierno que administra el monopolio de la violencia legítima sobre cuarenta y cinco millones de personas. Cuando él custodia Bitcoin, no está ejerciendo soberanía individual: está usando los instrumentos del movimiento voluntarista para proteger los frutos del poder coercitivo que él mismo encarna y administra.

Es la inversión perfecta del propósito original. Es usar la llave de la celda para construir otra celda.

La trampa de la política y el bitcoin-washing

Los que llegamos a Bitcoin desde la filosofía y no desde la especulación lo sabemos: la tecnología es neutra, pero la adopción no lo es. Cuando los Estados, los bancos centrales y ahora los funcionarios corruptos abrazan el discurso cripto, no se están convirtiendo. Están capturando el relato.

En los últimos años hemos visto a gobiernos de todo el espectro ideológico intentar apropiarse de la estética libertaria de Bitcoin para sus propios fines. El bitcoin-washing, usar la moneda como señal de rebeldía mientras se ejerce el poder de siempre, es una forma sofisticada de cooptación.

Adorni practica una versión especialmente burda de ese juego: usar Bitcoin no como señal ideológica, sino como escudo judicial. No dice «Bitcoin porque soy libre». Dice «Bitcoin porque no pueden probar que no lo tenía.»

Y lo más hiriente es que tiene parcialmente razón en el plano técnico. La defensa introdujo como argumento central que las operaciones pueden ser verificadas mediante las claves privadas de las billeteras, que permitirían a peritos judiciales reconstruir el histórico on-chain de cada dirección. La trazabilidad de Bitcoin, esa característica diseñada para garantizar transparencia, se convierte en su coartada.

Lo que la comunidad cripto debería hacer

No silencio. No complicidad entusiasta porque «es bueno para el precio.» No el tibio «no nos metemos en política.»

La comunidad cripto argentina o latinoamericana, incluso la global, tiene una obligación intelectual y ética: separar con bisturí la adopción genuina de Bitcoin como herramienta de libertad individual, de su uso instrumental por parte de quienes administran el mismo poder coercitivo del que Bitcoin pretende emanciparnos.

Adorni no es un cypherpunk tardío. No es un early adopter que entendió antes que los demás. Es un funcionario estatal investigado por enriquecimiento ilícito que encontró en la jerga cripto un lenguaje conveniente para una situación judicial incómoda.

Bitcoin merece mejor compañía.

Los que creyeron en esto cuando era una rareza técnica sin precio de mercado, cuando la elegancia matemática de la prueba de trabajo era suficiente recompensa intelectual, cuando el protocolo era una respuesta filosófica antes que una clase de activo, esos no construyeron esto para que sirva de cobertura a ningún aparato de poder.

Lo construyeron exactamente para lo contrario.

junio 12, 2026
IKEA en Panamá: reglas, logística y consumidores

El desembarco de IKEA en Panamá no es una anécdota comercial: es una señal. Inter IKEA Systems B.V. otorgó a Sarton Group los derechos de franquicia para Panamá y Costa Rica, dentro de su expansión en América. Sarton ya opera IKEA en mercados como República Dominicana, Puerto Rico y las islas españolas; la fecha exacta de apertura en Panamá todavía no fue anunciada oficialmente, pero ya han iniciado el proceso de reclutamiento.

Desde una mirada liberal, lo importante no es “qué marca llega”, sino por qué puede llegar. IKEA no aparece por patriotismo, ni por decreto, ni por relato político. Llega porque Panamá ofrece tres activos institucionales difíciles de fabricar desde un ministerio: dolarización, apertura comercial y posición logística.

Panamá es atractivo porque combina el Canal, puertos, servicios financieros, comercio regional y una economía dolarizada. El propio informe comercial de EE. UU. describe al país como una economía estable, con baja inflación y una plataforma logística privilegiada para inversión internacional. También señala que Panamá atrae habitualmente entre 2.000 y 4.000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa y alberga una de las zonas francas más grandes del mundo.

La llegada de IKEA puede tener efectos virtuosos muy concretos: más competencia en muebles y hogar, presión a la baja sobre precios, mejores estándares de diseño, logística, atención al cliente, financiamiento, entregas y comercio electrónico. El consumidor gana no porque el Estado “proteja” al comercio local, sino porque lo obliga a competir.

También puede beneficiar al mercado inmobiliario. Panamá tiene una economía muy vinculada a expatriados, alquileres, segundas residencias, turismo residencial y movilidad regional. Una oferta de mobiliario modular, relativamente accesible y estandarizada reduce costos de equipamiento para propietarios, desarrolladores y pequeños inversores. En criollo: amueblar una vivienda para alquilar puede volverse más barato, más rápido y más previsible.

Pero el punto más interesante es otro: IKEA trae consigo capital organizacional. No es solo vender mesas. Es introducir procesos, proveedores, inventarios, estándares, formación laboral, diseño de espacios, logística inversa y cultura de eficiencia. La inversión extranjera buena no solo trae dólares; trae conocimiento práctico. El Banco Mundial remarca justamente que la inversión extranjera directa permite absorber tecnología, gestión y participación en cadenas de suministro.

Ahora bien, Panamá tiene una particularidad: el comercio al por menor está restringido constitucionalmente a nacionales panameños, salvo estructuras permitidas y excepciones. Esa reserva aparece recogida en guías legales y comerciales sobre el país. Por eso es probable que la operación requiera arquitectura local, franquicia, sociedad panameña o asociación compatible con la normativa. Lejos de ser un detalle menor, muestra una tensión clásica: Panamá es abierta, pero no plenamente liberal.

Desde un liberalismo serio, la conclusión no debería ser “qué bueno que venga IKEA gracias al Estado”, sino algo más incómodo: qué bueno que venga IKEA a pesar de las barreras que todavía existen. La inversión entra donde puede calcular riesgos. Donde hay moneda estable, logística, seguridad jurídica razonable y consumidores con poder de compra. Pero cuanto más se limite la entrada de competidores, más se protege al incumbente local a costa del consumidor.

La lección es simple: Panamá no necesita inventar campeones nacionales ni subsidiar muebles. Necesita reglas claras, impuestos razonables, apertura, puertos eficientes, libertad contractual y respeto a la propiedad. Cuando eso existe, las empresas llegan solas. Y cuando llegan, el beneficio no es para “la marca”: es para millones de consumidores que de pronto tienen más opciones.

IKEA en Panamá es, en el fondo, una pequeña victoria de la civilización comercial: extranjeros invirtiendo, consumidores eligiendo, empresas compitiendo y capital buscando donde puede crear valor. Eso, aunque muchos no lo quieran admitir, se parece bastante más al desarrollo que cualquier plan quinquenal.

junio 11, 2026
La Legalidad Como Escudo Contra la Verdad

Antes de entrar de lleno al tema implícito en el título, pensé que podría resultar interesante que el mismo es producto de mi larga trayectoria como funcionario público que en dos ocasiones estuve al frente de una institución del gobierno; o quizás de incontables artículos en dónde, a través del tiempo, he intentado descubrir la putrefacción de los gobiernos utilizando la legalidad, y la gobernanza en nuestro querido país… algo así como, “por que te quiero te aporreo”. La diferencia, de lo que hoy les derramo en estas letras, es el producto de un dame que te doy con Chat GPT. Muchos opinan que hay que ponerle bozal a la IA o AI, pero… de ser así, también lo debimos hacer con los autos, aviones y quizá hasta con el fuego, ya que todos estos son mortales. ¡Nop!, la mortalidad no está en el machete sino en el machetero.

No más para ilustrar y dar derrotero a este tema, les cuento que se enfoca, como ya dije, en la putrefacción gubernamental que nos viene infectando a través de la historia; digamos… desde Pedrarias Dávila cuando no éramos sino la finca privada del rey de España. Pero, la pregunta que formulo es, ¿acaso hemos dejado de ser finca de… de…? ¡ajá!; allí es dónde la puerca tuerce el rabo. Antes era el rey de España… ¿hoy de quien o quienes? Para auscultar el asunto examinemos lo que supone ser el Estado y sus gobiernos y, más aún, la sociedad; ¡por supuesto!, en cortito, pues esto se podría volar en libro gordo.

Aunque los gobiernos, a través de la historia, tuvieron sus orígenes en la conquista violenta y sanguinaria, en épocas más recientes han intentado evolucionar para convertirse en la viva voz de poblaciones que buscan la manera de vivir en pacífica y productiva sociedad y, ante todo, libertad; al menos en las verdaderas democracias, ya que en el comunismo ello no es posible, como tampoco lo es en las torcidas democracias.

En Panamá, a través de su historia, los gobiernos más han procurado servirse que servir a quienes los eligieron o… tal vez no fueron electos sino selectos. Pero lo cierto es que la legalidad o la ley ha sido usada como escudo contra la verdad. En una sociedad saludable, la ley supone estar estructurada para favorecer una sana comunidad; sin embargo, esta no es la realidad en nuestro país, en dónde los gobiernos han sido usados como herramienta para esconder la corrupta realidad que imponen los grupos que logran apoderarse del timón de la nación; lo cual queda claro para quienes leen y logran entender nuestra Constitución.

Entre las entidades gubernamentales no existe coordinación ni propósito unificado, más que aquel que sea la rapiña; en dónde las empresas del gobierno central o de sus satélites supuestamente autónomos son feudos, que igual que las mafias se reparten el botín. Así, nuestra Constitución no pasa de ser un contrato anti social y anti sociedad. Una clase política dedicada a proteger su impunidad a través de falsos mecenazgos.

El caso de los retenes de tránsito delictivos que comúnmente realizan muchos agentes de la ATTT ilustra no sólo lo señalado sino el grado de corrupción, en donde agentes del orden cometen detenciones delictivas para pescar bajo el manto de la legalidad, la comisión de faltas de tránsito, tal como placas o licencias vencidas, que dan lugar a las coimas. Y esta misma realidad está presente a través de toda la actividad de falsa gobernanza. Y, ¡por supuesto!, que todo ello produce toda clase de comportamientos aberrantes por parte de tantos a quienes les resulta más fácil robar que trabajar y producir.

junio 10, 2026
Travala y la nueva frontera del turismo con IA

Por años, la tarea de la inteligencia artificial aplicada al consumo fue sencilla: asistentes capaces de organizar tareas rutinarias por nosotros. Pero hasta ahora existía una barrera importante. La IA podía recomendar hoteles, comparar precios o planificar itinerarios, pero la decisión final y el proceso de pago seguían dependiendo del usuario. Eso acaba de empezar a cambiar con Travala.

La plataforma de viajes cripto Travala anunció el lanzamiento de un protocolo que permite a agentes de inteligencia artificial buscar, reservar y gestionar hoteles utilizando USDC sobre la red Base. La noticia, difundida inicialmente por Cointelegraph, representa uno de los primeros casos reales de «comercio autónomo» funcionando sobre infraestructura blockchain.

Una breve historia de Travala

Travala nació en 2017 con una idea sencilla: crear una agencia de viajes online adaptada al mundo de las criptomonedas.

Mientras gigantes como Booking o Expedia dependían completamente de bancos, tarjetas y sistemas financieros tradicionales, Travala comenzó a aceptar pagos en Bitcoin y otras criptomonedas, incorporando posteriormente su propio token AVA y programas de fidelización basados en blockchain.

Hoy la plataforma ofrece acceso a millones de productos turísticos, incluyendo hoteles, vuelos, alquiler de coches y actividades, aceptando una gran variedad de activos digitales.

Lo interesante es que Travala no parece conformarse con ser una simple agencia de viajes que acepta criptomonedas. Su apuesta actual es mucho más ambiciosa: convertirse en la infraestructura turística para agentes de IA.

¿Qué acaba de lanzar?

El nuevo sistema, denominado Travel MCP (Model Context Protocol), conecta agentes de inteligencia artificial con el inventario de Travala mediante estándares diseñados para pagos automatizados en internet.

En la práctica, el usuario puede mantener una conversación con una IA y decir algo como:

«Encuéntrame un hotel en Nueva York para tres noches, cerca de Central Park, por menos de 250 dólares.»

La IA puede buscar opciones, comparar precios, seleccionar una reserva y preparar el pago sin que el usuario tenga que navegar por múltiples páginas web.

El pago se realiza utilizando USDC sobre la red Base, una blockchain desarrollada por Coinbase que ofrece costos extremadamente bajos y liquidación prácticamente instantánea.

¿La IA puede gastar tu dinero sola?

Todavía no.

Y probablemente eso sea una buena noticia.

Uno de los aspectos más interesantes del sistema es que mantiene la aprobación final en manos del usuario. El agente puede realizar búsquedas, preparar la operación e incluso generar la solicitud de pago, pero la firma definitiva permanece protegida dentro de la billetera del propietario.

Para lograrlo utilizan un mecanismo denominado ERC-7715, que permite delegar ciertas tareas al agente sin entregarle el control total de los fondos.

Desde el punto de vista de la seguridad, esto es crucial. Investigaciones académicas recientes vienen advirtiendo que otorgar acceso directo a criptomonedas y contratos inteligentes a sistemas autónomos podría abrir nuevas formas de fraude, errores operativos o comportamientos inesperados.

Lo importante no son los hoteles

La verdadera noticia probablemente no sea el turismo.

Lo importante es que estamos viendo una de las primeras implementaciones comerciales de un concepto que muchos consideran el próximo paso de internet: agentes de IA capaces de interactuar económicamente entre sí.

Hasta ahora los asistentes de inteligencia artificial eran excelentes generando información. Ahora empiezan a ejecutar transacciones.

La combinación de IA, stablecoins y redes blockchain de bajo costo permite construir sistemas donde los agentes no solo recomiendan acciones, sino que las llevan a cabo.

Si este modelo funciona en reservas hoteleras, resulta fácil imaginar extensiones futuras hacia vuelos, alquileres de vehículos, logística, compras online e incluso servicios empresariales.

Una mirada de mercado

Desde una perspectiva liberal clásica, el desarrollo resulta particularmente interesante porque no surge de regulaciones estatales ni de planes gubernamentales de digitalización.

Surge de la competencia empresarial.

Una empresa privada identifica fricciones en el mercado —formularios, intermediarios, procesos manuales, costos de pago— y desarrolla un mecanismo para reducirlas. Si el sistema funciona, será adoptado voluntariamente. Si no funciona, desaparecerá sin necesidad de que nadie lo prohíba.

Ese es precisamente el proceso de descubrimiento que describía Hayek: miles de actores experimentando soluciones distintas hasta encontrar aquellas que realmente generan valor.

Travala puede o no convertirse en el estándar futuro del turismo digital. Pero lo que acaba de demostrar es algo más importante: la economía de agentes autónomos ya no es una teoría futurista. Está empezando a operar en el mundo real. Y, como suele ocurrir con las innovaciones más disruptivas, comenzó resolviendo un problema aparentemente simple: reservar una habitación de hotel.

junio 9, 2026
Cuando la excepción se convierte en norma, como los retenes

En 2019, en medio del cambio de gobierno en Panamá, surgió un debate entre quien escribe y un amigo liberal, que iba mucho más allá de la eliminación de retenes policiales. La discusión apuntaba a una cuestión de fondo: ¿qué sucede cuando el Estado adquiere facultades que restringen derechos individuales bajo el argumento de la seguridad, la administración o la eficiencia?

La preocupación expresada era que los retenes no representaban simplemente un mecanismo de control vehicular, sino una inversión del principio jurídico fundamental según el cual un ciudadano libre no debe justificar permanentemente su inocencia ante el poder.

La lógica liberal clásica sostiene que el Estado debe tener motivos concretos para intervenir sobre una persona. Cuando ocurre lo contrario —cuando se detiene a ciudadanos al azar para verificar documentos o detectar posibles infracciones administrativas— se produce un cambio sutil pero importante: el individuo deja de ser considerado libre por defecto y pasa a estar bajo sospecha permanente.

La cuestión no era solamente legal. Era moral e institucional.

El costo oculto de la burocracia

Otro aspecto señalado en aquella conversación era la tendencia de los gobiernos a medir únicamente los ingresos fiscales que generan determinadas regulaciones, ignorando los costos que esas mismas regulaciones imponen a la sociedad.

Tomemos un ejemplo sencillo. La renovación periódica de placas, permisos o certificaciones puede representar una fuente de ingresos para el Estado. Sin embargo, rara vez se contabiliza el tiempo perdido por millones de ciudadanos, las horas laborales desperdiciadas, los desplazamientos innecesarios, las filas, los trámites y la energía económica que se desvía desde actividades productivas hacia el simple cumplimiento burocrático.

Desde la economía institucional, estos costos reciben el nombre de costos de transacción. Son reales, aunque no aparezcan en ningún presupuesto oficial.

El resultado es paradójico: una medida que parece recaudar dinero puede terminar destruyendo más riqueza de la que genera.

La corrupción visible y la invisible

Cuando se habla de corrupción, la mayoría piensa en sobornos, contratos amañados o desvío de fondos públicos.

Sin embargo, existe una forma más profunda y menos visible de corrupción: aquella que queda incorporada a las propias reglas del sistema.

Cuando una estructura institucional permite discrecionalidad excesiva, controles arbitrarios o intervenciones permanentes sobre la vida cotidiana de los ciudadanos, se crean incentivos para el abuso incluso aunque no existan funcionarios particularmente corruptos.

No se trata únicamente de personas corruptas.

Se trata de instituciones que facilitan comportamientos corruptos.

Por eso el problema rara vez está en el agente de menor rango. La pregunta relevante es quién diseñó las reglas, quién las mantiene y quién se beneficia de ellas.

El silencio social

Quizás la observación más dura del intercambio fue la referida a la complicidad social.

Las restricciones a la libertad rara vez avanzan únicamente por decisión gubernamental. También necesitan la indiferencia de buena parte de la sociedad.

Empresarios que prefieren adaptarse antes que cuestionar.

Medios de comunicación que consideran ciertos abusos como algo normal.

Ciudadanos que aceptan pequeñas restricciones porque creen que afectan a otros.

Gradualmente se instala una cultura donde la defensa de los derechos individuales deja de ser una prioridad y pasa a verse como una molestia o una excentricidad.

La consecuencia es que las instituciones dejan de servir como límites al poder y comienzan a funcionar como herramientas de administración de la obediencia.

La lección

La discusión de 2019 sigue siendo relevante porque plantea una pregunta que trasciende a Panamá y a cualquier gobierno particular.

La verdadera prueba de una sociedad libre no es cuánto poder tiene un gobernante bien intencionado, sino cuánto poder se le impide ejercer cuando aparecen gobernantes menos virtuosos.

Las libertades individuales rara vez desaparecen de golpe. Normalmente se erosionan mediante pequeñas excepciones, trámites aparentemente inocentes y controles que la sociedad acepta porque parecen razonables en el corto plazo.

Y cuando finalmente se percibe el costo acumulado, muchas veces la maquinaria institucional ya está funcionando por inercia.

Como advertía Hayek, el peligro para la libertad no suele llegar disfrazado de tiranía abierta, sino de administraciones convencidas de que saben mejor que los ciudadanos cómo deben vivir sus vidas.

junio 8, 2026