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Categoría: Politica y Actualidad

  • Detector de mentiras con inteligencia artificial en la UE para controlar el ingreso de extranjeros.

    Varios puntos de control de fronteras en la Unión Europea están trabajando en un nuevo método de control migratorio basado en inteligencia artificial. Este sistema, llamado iBorderCtrl, es parte de un programa piloto de 6 meses que escanea y analiza gestos faciales y el comportamiento de extranjeros que ingresen a la región, pretendiendo detectar indicios que revelen si la persona miente u oculta algo.

    Este programa se encuentra en fases experimentales y ha sido desarrollado por la compañía European Dynamics. De hecho, este sistema automatizado fue modelado después de otro sistema creado por algunas personas del equipo de iBorderCtrl, pero solo fue probado en 30 viajeros. En esta prueba, la mitad de las personas dijeron la verdad, mientras que la otra mitad mintió al agente virtual. Tenía una tasa de precisión del 76%. Keeley Crockett, de la Universidad Metropolitana de Manchester, Reino Unido, y miembro del equipo iBorderCtrl, dijo que están » bastante seguros» de que pueden elevar la tasa de precisión hasta un 85%.

    El sistema registra las caras de los viajeros y es capaz de analizar 38 micro gestos, al más puro estilo de doctor Carl Lightman en la serie Lie to me. El agente virtual se ha personalizado según el género, la etnia y el idioma del viajero. Los que pasan la prueba, recibirán un código QR que les permitirá cruzar la frontera, si no lo hacen, el agente virtual se volverá más estricto y el viajero será entregado a un agente humano que evaluará su informe.

    Según el New Scientist, por el momento, este programa piloto no impedirá a nadie cruzar la frontera. Este sistema será utilizado de manera opcional y se ofrecerá a los usuarios como un mecanismo para cruzarla de manera más rápida, por lo que, por ahora, se podrá seguir optando por los mecanismos tradicionales. Igualmente, los controles biométricos ya se están usando en algunos aeropuertos para reemplazar a la tarjeta de embarque (istock).

    El agente virtual de control de frontera hará preguntas a los viajeros como: “¿Qué hay en tu maleta?” Y “Si abres la maleta y me muestras lo que hay dentro, ¿confirmará que tus respuestas fueron ciertas?». Toda la información recogida por este sistema se vinculará a un historial de entradas y salidas de cada persona. Además del análisis facial, tomará muestras de huellas dactilares y hará un escaneo de las arterias y venas de la mano de cada viajero.

    «Estamos empleando tecnologías existentes y probadas, así como novedosas, para capacitar a los agentes y aumentar la precisión y la eficiencia de los controles fronterizos», dijo a la Comisión Europea el coordinador del proyecto, George Boultadakis, de European Dynamics en Luxemburgo. «El sistema de iBorderCtrl recopilará datos que irán más allá de la biométrica y pasarán a los biomarcadores de engaño.»

    Este programa, que costó a la UE más de $5 millones y se viene desarrollando desde 2016, solo se está implementando en algunos países seleccionados; de momento solo Letonia, Hungría y Grecia, pero se prevee se extienda a otros países como España, que también tomó parte en esta iniciativa. El financiamiento ha estado a cargo, en su totalidad, de la Unión Europea.

    Es crucial para un sistema de este tipo recopilar tantos datos de capacitación y de un grupo de viajeros tan diverso como sea posible. Pero los sistemas que dependen del aprendizaje automático, especialmente aquellos que involucran tecnología de reconocimiento facial, hasta la fecha siguen siendo muy defectuosos y están muy sesgados. Según la Comisión Europea , más de 700 millones de personas viajan a través de la UE cada año, por lo que ese porcentaje conduciría a un número preocupante de «mentirosos» mal identificados si el sistema se implementara en toda la UE.

    De momento la Comisión Europea lo ha calificado como una iniciativa exitosa en una publicación en su sitio web oficial. El objetivo final por parte de la UE sería el de reducir los costos de la protección fronteriza y acelerar los procesos de aceptación de entrada de extranjeros. Pero, en un momento en que cruzar las fronteras ya es polémico e injustamente sesgado, incluir un «agente» parcial e imperfecto en esta mezcla ¿sería la mejor solución?

  • La única bonanza de penalizar la evasión fiscal es para las grandes firmas de contadores.

    Pues sí, ahora los encargados de la contabilidad de las empresas también son responsables por el cumplimento de la evasión fiscal, de empleados y profesionales auditores, pasan a ser cómplices; lo mismo los abogados, de profesionales asesores se convierten en cómplices. ¿Y los gerentes de empresas? ¿Se desvelarán pensando si sus contables están haciendo bien su trabajo?

    Esto va a traer una complicación interna para el personal de las empresas y a lo externo, van a crearse problemas de asignaciones de responsabilidades internas, y el costo de los profesionales externos va a aumentar al aumentar la responsabilidad legal de sus actos que ahora pueden ser delictivos dependiendo de un tipo penal que va a ser calificado por la DGI.

    Obviamente que muchos contadores se van a retirar del negocio de las grandes empresas, y el negocio probablemente quede en manos de las mismas empresas de contabilidad que asesoran a la OCDE y que ya están empezando a ofrecer servicios legales en violación a la ley 9 de 1984 sobre los abogados.

    Al pasar de sanciones administrativas a penales, el tema de la evasión fiscal cambia totalmente de cariz. Y los costos para las empresas cuyas actividades estén dentro del monto punible en temas de contabilidad y manejo fiscal van a aumentar, porque ahora la responsabilidad es mayor. Y se necesitarán más controles dobles, más empleados para asegurarse que no se cometen delitos. Y ese costo se llama incremento del costo de productividad. Y como siempre sucede, ese costo lo pagará el consumidor final.

    En épocas de necesitar mayor agilidad para la competitividad, se genera más burocracia haciendo menos competitivas a las empresas y por supuesto, más caros los productos y servicios panameños.

    Como el tipo penal hace que técnicamente un centavo más o un centavo menos haga toda la diferencia, ahora la puntillosidad en las declaraciones de rentas va a ser mayor. Y de hecho es probable que personas naturales o jurídicas decidan no ganar la cantidad de dinero suficiente para no arriesgarse acercarse al nivel donde la evasión fiscal tenga consecuencias penales. Esto significa que tomarán la decisión consciente de ser menos productivos, una consecuencia frecuente de la fiscalidad progresiva.

    Recordemos una cosa, a largo plazo es bastante dudoso que esa figura se quede en esa suma. Al final la tendencia va a ser a bajar la figura gradualmente, de la misma manera que el gobierno tampoco ha podido a la larga cumplir con los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal y gradualmente ha subido el límite de la misma para emitir más deuda.

    Cuando estamos ante un gobierno fiscalmente irresponsable, lo mejor es saber decir que «no» en lugar de seguir alimentando al monstruo. Porque podrá emitir toda la deuda que quiera, o penalizar toda la evasión fiscal que quiera, pero cuando se es irresponsable y falto de ideas, todo el dinero del mundo nunca será suficiente. Y nunca será suficiente para nuestros políticos.

  • Nueva estrategia de China para la dominación tecnológica: China Standards 2035

    En la disputa comercial con China, Estados Unidos ha desafiado repetidamente al régimen chino por su desarrollo de tecnologías avanzadas patrocinadas por el Estado, acusando a Beijing de socavar la competencia leal al mismo tiempo que justifica el robo de tecnología extranjera para servir a los intereses nacionales de convertirse en una fuerza matriz en la manufactura de alta tecnología.

    El plan industrial “Hecho en China 2025“, que propone orientar a China hacia la autosuficiencia en diez sectores de tecnología para el año 2025, fue citado repetidamente como evidencia de la agresiva ambición de Beijing.

    A fines de junio, China decidió atenuar la retórica nacionalista a medida que se acercaban los aranceles punitivos del presidente Donald Trump sobre los productos chinos.

    Una directiva interna de las autoridades centrales de China, filtrada a los medios de comunicación taiwaneses, instruyó a la prensa china a no mencionar Made in China 2025, “de lo contrario, se impondrá el castigo”. Varios periodistas de medios de comunicación estatales también confirmaron la existencia de tales instrucciones a Reuters.

    Después de la difusión de Made in China 2025, Beijing ahora está cambiando a una nueva estrategia ambiciosa, China Standards 2035.

    La estrategia

    En enero de este año, la agencia de noticias estatal Xinhua mencionó por primera vez esta estrategia en un breve artículo, que pasó inadvertido en gran parte, de una conferencia nacional sobre los estándares de la industria de Tecnología de la Información (TI).

    Para dominar tecnologías de vanguardia como la Inteligencia Artificial (IA), computación en la nube, Internet de las Cosas (IoT) y big data, China está apuntando a acelerar los esfuerzos para desarrollar estándares técnicos y, finalmente, exportarlos al mercado internacional, señala el informe.

    Si bien aún no se han establecido los estándares técnicos mundiales para estas tecnologías, “esta es la oportunidad de oro para que las industrias y los estándares de nuestro país alcancen el objetivo de ‘adelantar cambiando de carril’”, citó el artículo a un funcionario del comité técnico nacional de China, la Administración de la Normalización.

    Esa metáfora se usa comúnmente en los medios de comunicación estatales Chinos para describir cómo encontrar atajos para superar a otros países y convertirse en líder.

    Muchas de estas industrias tecnológicas, como la Internet de las Cosas (IoT) –dispositivos inteligentes que pueden conectarse a Internet– tienen una serie de organismos de estándares internacionales que supervisan la propiedad intelectual, los estándares de producción y seguridad, y más.

    Para ejercer una mayor representación –y por lo tanto, influencia– sobre los organismos internacionales de normalización, China ya aumentó estratégicamente su participación de mercado en estos campos tecnológicos.

    Al hacer que las normas técnicas Chinas se conviertan en portadoras de normas internacionales, el país ya no tendrá que depender de tecnología extranjera.

    Un visitante prueba un dispositivo IoT en el Congreso Mundial de Soluciones de Internet de las Cosas 2015 en Barcelona el 16 de septiembre de 2015. (JOSEP LAGO / AFP / Getty Images)

    Además, permitiría a las empresas chinas obtener ventajas económicas, ya que una vez que las empresas en otros países se vean presionadas en otros países para cumplir con el estándar global desarrollado por los chinos, pueden “vender sus productos de forma más amplia o ganar regalías de la licencia de sus patentes de conformidad con las normas a fabricantes que desarrollan dispositivos bajo ese estándar y otras compañías relacionadas”, según un informe del Congreso de Estados Unidos, publicado recientemente, que trata sobre el predominio de China en la industria de IoT. El informe advierte sobre los riesgos de que las vulnerabilidades de seguridad fueran explotadas por entidades chinas.

    La autosuficiencia y la necesidad de desarrollar tecnologías nacionales ha sido especialmente un tema de conversación para el mandatario chino Xi Jinping en los últimos tiempos, dados los problemas recientes relacionados con la disputa comercial con Estados Unidos. Cuando la administración de EE. UU. prohibió al gigante chino de telecomunicaciones ZTE comprar piezas y software a proveedores estadounidenses a principios de este año, esta prohibición paralizó el negocio de ZTE. La firma importaba principalmente chips semiconductores de Estados Unidos.

    China Standards 2035 es el esfuerzo de Beijing para coordinar y acelerar los planes de autosuficiencia. Otro informe de los medios de comunicación estatales sobre la conferencia de enero, señaló que la Administración de Normalización seleccionará 10.000 firmas en 100 ciudades para “elevar los estándares Chinos y permitirles alcanzar la coherencia con los estándares internacionales avanzados”.

    El papel de Taiwán y 5G

    Para lograr sus objetivos de China Standards 2035, China estuvo atrayendo a muchos fabricantes taiwaneses por contrato para asociarse con empresas chinas en Inteligencia Artificial (IA), Inteligencia de las Cosas (IoT) y otras industrias tecnológicas, de acuerdo con un informe del 23 de octubre de la revista CommonWealth, una publicación taiwanesa.

    Un funcionario del centro de investigación y desarrollo de Advantech, un fabricante con sede en Taiwán, dijo a CommonWealth que muchas de las propuestas y solicitudes para IoT y fabricaciones inteligentes “provienen de China, ya que EE. UU. no tienen este tipo de demanda”.

    La revista también nombró a TSMC, Largan Precision y Compeq Manufacturing entre la lista de socios del gigante chino de telecomunicaciones Huawei, que anunció en octubre que había desarrollado dos nuevos chips para aplicaciones de inteligencia artificial, como los primeros ejemplos del mundo. En la cumbre donde se dieron a conocer los chips, Huawei dejó en claro sus intenciones de dominar la próxima generación de estándares técnicos para los chips de IA.

    No es una coincidencia que Huawei haya desarrollado la tecnología 5G, la próxima generación de redes inalámbricas, de manera intensiva, y se establezca como un líder mundial en el campo.

    Después de todo, la Inteligencia Artificial, los dispositivos inteligentes, la computación en la nube y otros campos dependen de la infraestructura 5G para ofrecer una conectividad más rápida y confiable.

    China ha adoptado un “enfoque de todo el país que ha creado un ecosistema completo para tecnologías 5G fabricadas en el país y ha promovido su inclusión en estándares técnicos internacionales. Con diez veces el número de sitios 5G por persona que en los Estados Unidos, China parece liderar el despliegue temprano de 5G”, dijo el informe del Congreso de los Estados Unidos.

    Por Annie Wu – La Gran Época

  • La Presidencia como agencia de eventos. Lecciones para la JMJ. 

    Hay una falacia económica que se conoce como “lo que se ve y lo que no se ve”. En el siglo XIX Frederic Bastiat la expuso como el resultado de que la gente muchas veces se enfoca en los beneficios visibles de un evento o una política pero no ve los costos ocultos del mismo. Por ello, una de las cosas de las cuales los políticos abusan es de decir que “logré X o Y evento para mi país”.

    La gente no se acuerda de la orgía de corrupción que el gobierno de Lula trajo para Brasil al llevar a cabo una Copa del Mundo y una Olimpíada en dos años. En los Estados Unidos es peor, en un sistema de ligas deportivas cartelizado, los alcaldes y gobernadores se atreven a decir que trajeron X o Y franquicia de su liga deportiva a su estado sin ningún reparo, claro que usando el dinero de los contribuyentes.

    En otras palabras estos mega eventos, sean deportivos (lo que usualmente son) o sean religiosos (algo ya poco usual) suelen terminar en mega pérdidas reales para los países que los hacen a largo plazo.

    Son ejemplos modernos del Pane et Cicus romano. Más que cualquier otra cosa.

    Muchas veces los políticos usan eventos como las Olimpiadas o la Copa del Mundo de Fútbol o en los Estados Unidos construir estadios con fondos públicos para equipos privados con la misma excusa, “vamos a mejorar el turismo”. Bueno, el problema de estos eventos organizados con fondos públicos es que éstos tienen que salir de algún lugar. Porque los estados trabajan con fondos limitados. El dinero que se usa en prestar una cosa ya no se puede usar en otra. Lo mismo pasa con el tiempo.

    El dinero que se usa para organizar el evento se obtiene de los impuestos y es menos dinero que se destina a otras actividades estatales como campañas de vacunación masivas, fumigaciones contra los mosquitos, mejorar las calles, agilizar los procesos judiciales, mejorar el patrullaje y la seguridad, mejorar las escuelas públicas.  El tiempo también se pierde; este tiempo perdido en las empresas no turísticas durante el evento y la baja de la productividad en las empresas no turísticas durante los días que las personas no puedan movilizarse fácilmente a sus lugares de trabajo entre otros problemas, es una pérdida que no se recupera.

    En otras palabras, el estado al apoyar un evento específico crea ganadores artificialmente en la industria del turismo a costa de crear perdedores en otros lugares. Hay estudios tras estudios económicos en muchos países que demuestran que las bonanzas de estos eventos temporales, deportivos o en el caso de la JMJ, religiosos, no contribuyen en la recaudación fiscal y son menores en ingresos a los recursos gastados por el estado en los mismos. Y las ganancias en el sector turismo se balancean con las pérdidas en otros sectores.

    El comité organizador de la JMJ reporta que espera recaudar 41 millones en concepto de impuestos o tasas, relacionadas con la JMJ; la pregunta sería, ¿cuánto significa ésto versus cuánto dinero de los impuestos de todos ha recibido la Iglesia Católica durante los últimos 4 años y cuánto dinero se ha gastado el gobierno directamente en su parte de la organización del evento? Por ejemplo los gastos de hospedar a los mandatarios extranjeros y sus comitivas. ¿Cuánto costará cada mochila del peregrino? ¿Y lo gastos hospitalarios a cuánto ascenderán? Está claro que el gran ganador sería el sector turístico, que se encuentra deprimido y tendría un respiro a costas del evento. Pero la experiencia demuestra que estas ventajas se balancean con las cosas que se tenían que hacer en otros sectores durante estos últimos años pero que no se hicieron.

    Moraleja, cuando un político se ufana de haber conseguido X o Y evento para un país, o traer X o Y liga deportiva a una ciudad es porque éste no es económicamente rentable; si lo fueran, la Iglesia o la empresa privada lo hubieran organizado por sí mismos sin necesidad de fondos públicos. Estamos seguros por ejemplo que si la JMJ se hubiera organizado en los Estados Unidos o Francia, salvo en el tema de la seguridad, que es función del Estado, no sale un centavo de los impuestos para el evento… por algo no se hizo allá. Si gobernar bien un país es organizar eventos, bueno Grecia y el Brasil de Lula y Odebretch serían ejemplos de buenos gobiernos.

     

  • La nueva trampa fiscal: los umbrales para sustentar la evasión fiscal.

    El gobierno, tras las presiones externas, sobre todo las del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, busca penalizar la evasión fiscal. Como el clamor de penalizar la evasión fiscal no sale de la sociedad panameña sino de presiones externas, el gobierno ha tenido que hacer una maroma política para hacer la ley más potable. Penalizar la evasión fiscal por encima de los 300 mil dólares. O sea para los evasores que ganen más de un millón de dólares al año.

    Algo similar se hizo con el contrabando, penalizándolo hasta cierto nivel, pero por debajo de este nivel la evasión fiscal y el contrabando siguen siendo faltas administrativas. En el 2015 el contrabando fue penalizado, siempre y cuando la cuantía del contrabando sea mayor de los 500 mil dólares. Ahora se busca penalizar la figura de la evasión fiscal por umbrales similares. Nótese que en ambos casos se debe más a presiones externas ya que el gobierno no ha hecho todo lo que pudo para mejorar la recaudación tributaria sin tener que penalizar la evasión. Las presiones externas se deben a que si la evasión es delito en Panamá, los fiscales extranjeros podrán pedir a sus colegas panameños que se investigue penalmente a los que usan a Panamá para evadir impuestos en sus países.

    Esto plantea al gobierno varios problemas: el primer problema es que como el proyecto no tiene apoyo local, sino que se debe por presiones extranjeras, tiene un costo político cuando nos aproximamos a un año electoral. Obviamente si los diputados buscan réditos políticos, no va a ser penalizando la evasión fiscal. El gobierno por lo tanto, por ahora busca presentarlo como un tema de que es solo para las personas que ganan más de un millón de dólares. Pero esto presenta varias aristas. Una de ellas es que las personas que ganan más de un millón de dólares pueden pagar abogados y contadores para crear estructuras que les permitan eludir impuestos, o sea, tomar medidas legales que no son delito para pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Así que dudamos de la efectividad para castigar a los evasores que menciona el proyecto.

    El segundo problema es de arquitectura jurídica y va a llevar a aplicar tarde o temprano la norma que penaliza la evasión fiscal a todo el mundo.

    Estamos hablando de las figuras de error de prohibición y de error de tipo.

    En la teoría finalista del delito, el error de prohibición recae sobre el carácter y la entidad del injusto del actor. En el caso de la evasión fiscal, el injusto recae sobre la capacidad una empresa de hacer lo que debe hacer, maximizar utilidades, así que lo más razonable para cualquier empresario serio es que busque maneras de bajar los impuestos, dentro de la legalidad, al mínimo legalmente requerido.

    El problema es que la Dirección General de Ingresos puede tener otra opinión sobre las actividades realizadas para pagar impuestos, y esta opinión puede ser malintencionada, como ya lo demostró un ex director de la DGI y como lo ha demostrado el IRS norteamericano. Las autoridades fiscales pueden y son de hecho usadas para perseguir a enemigos políticos. Lo cual nos lleva a una situación donde el imputado puede que honestamente crea que no ha hecho nada malo, pero las autoridades fiscales creen que sí, y éstas son las que de hecho califican el tipo penal. El que se verifique o no un tipo penal depende ahora de las autoridades administrativas. Aquí tenemos un problema de error de prohibición. Y un delito sin víctimas claras. Porque se trata de una persona que toma medidas para salvaguardar su propio patrimonio, pero que es obligada a desprenderse del mismo bajo presión de una autoridad política, y que es penalizado por no querer hacerlo. Obviamente este desprendimiento forzado es en nombre del bien común y la cosa pública, porque si no lo fuera así, sería llamado robo.

    Pero contamos con un precedente funesto, y es que la tendencia a hacer al estado más pesado, y más brutal sobre la vida cotidiana de las personas ya llegó a Panamá. Uno de los grandes triunfos de la Ilustración en el Siglo XVIII fue la eliminación de la cárcel por deudas; ahora se hace cada vez más legalista que las deudas con el estado se paguen con cárcel.

    Lo que nos lleva al error de tipo y su solución no es buena. Cabe preguntarnos por qué la evasión fiscal se convierte en delito más arriba de los 300 mil o el contrabando más arriba de los 500 mil. Un candidato de un partido de izquierdas, de esos que Nietzsche llamó, las “tarántulas de la igualdad” o los “buscadores de justicia/vengativos encubiertos” se podrá preguntar, ¿por qué 300 mil es delito y 299, 999.99 es falta administrativa? ¿Qué diferencia hace un centavo sobre si un hecho es un delito o una falta? La solución clara va a ser extender el tipo penal a todas las conductas similares, independientemente de la cuantía. Cuando ya se tiene un pie adentro, mejor se mete todo el cuerpo.

    Total, cuando se tipifica el robo no se especifica la cuantía. Así que una vez penalizada la evasión fiscal, el umbral mágico de los 300 mil dólares se va a ir erosionando gradualmente hasta hacerse universal.

    Al final, hasta no declarar una entrada de 100 dólares va a estar penalizado. Y todos viviremos con un contador y un abogado tributario en el fast dial del teléfono.

    Una vez tipificada deficientemente la evasión penal, la solución de estos errores de tipicidad es expandir el tipo penal y hacerlo universal eliminando la cuantía. Después de todo, hablamos de un tipo penal y no de un proceso civil. Este va a ser el resultado final.

    Por esto, el endulzarnos con que la norma no se nos va a aplicar a todos los mortales, es sólo una medida temporal política, ya que el tipo penal estaría en el Código y solo quedaría el solucionar el tema de la cuantía… Y lo más probable es que sea para bajarla. Sólo es cuestión de tiempo.

    Esto es lo que está en juego al final.

  • Índice de Competitividad Fiscal, lecciones para Panamá

    A menudo evaluamos los sistemas impositivos de uno u otro país fijándonos en cuánto recaudan los gravámenes en relación con el tamaño de la economía. Estudiar la presión fiscal nos permite entender el peso de la carga impositiva, pero no nos dice nada sobre la estructura del sistema impositivo. Y es que, aunque la recaudación sea la misma, es importante saber cómo se obtiene, puesto que muchos sistemas tributarios generan recursos públicos de forma ineficiente y compleja, en comparación con otros modelos en los que las distorsiones son menores.

    Para estudiar mejor la calidad de las reglas impositivas, la Tax Foundation de Estados Unidos ha creado el Índice de Competitividad Fiscal, una publicación anual para la que se consideran 40 factores distintos y con la que se evalúan los códigos tributarios de los treinta y cinco países miembros de la OCDE. Este 2018, el informe viene firmado por Scott Hodge, Kyle Pomerleau y Daniel Bunn, tres de las figuras más importantes del think tank más influyente del mundo en asuntos fiscales.

    Los autores del informe destacan que un código fiscal bien diseñado “es fácil de obedecer por parte de los contribuyentes y ayuda a recaudar fondos públicos sin obstaculizar en demasía el desarrollo económico”. Por el contrario, un código mal estructurado “es costoso, distorsiona la toma de decisiones y causa perjuicios duraderos”.

    El principio de neutralidad es vital para ganar atractivo fiscal. “Un código tributario competitivo minimiza el impacto que tienen las tasas de impuestos sobre las decisiones de los trabajadores y las empresas, sobre todo en un mundo tan globalizado como el actual”, explican los autores. En esta línea, los autores del informe recuerdan que las reglas impositivas “no deben elegir ganadores o perdedores, castigar a una actividad frente a otra, favorecer el consumo frente al ahorro, etcétera”.

    Tras analizar cuatro decenas de parámetros, los técnicos de la Tax Foundation concluyen que los sistemas fiscales más competitivos de la OCDE son los de Estonia (100 puntos), Letonia (86 puntos), Nueva Zelanda (83 puntos), Luxemburgo (80,5 puntos) y Países Bajos (77,5 puntos). También por encima de los 70 puntos nos encontramos con Suiza (77), Suecia (75) y Australia (77,2).

    En el extremo opuesto de la tabla aparecen Portugal (48,2 puntos), Polonia (47,7 puntos), Italia (46,9 puntos) o Francia (41,4 puntos). Sus sistemas fiscales son, a juicio de la Tax Foundation, los menos competitivos de la OCDE. El caso galo es especialmente preocupante, puesto que este es el quinto año consecutivo en el que Francia aparece en la última posición del listado.

    Estados Unidos, por el contrario, es el país que más ha mejorado su puntuación desde la última edición del informe. La calificación de 61,5 obtenida en el ranking de 2018 supera en seis puntos el resultado del pasado año y permite una mejora  suficiente para ascender cuatro puestos en la lista, hasta el número 24. Las reformas tributarias impulsadas por Donald Trump parecen haber tenido un buen efecto en el atractivo fiscal del país norteamericano.

    Panamá y el reto de la competitividad fiscal

    Desde el punto de vista panameño, la nueva edición del informe debe invitar a una reflexión profunda. Ahora mismo, las economías de la OCDE están ejerciendo más presión que nunca sobre los refugios fiscales que se encuentran fuera de sus fronteras. Al mismo tiempo, los países ricos están reformando sus sistemas fiscales para ganar atractivo y captar inversión que, en las últimas décadas, se había desviado hacia centros financieros como el propio istmo.

    Hay, por tanto, un doble reto encima de la mesa. Por un lado, aumenta la presión regulatoria contra Panamá. Por otro lado, se reduce la ventaja fiscal de Panamá frente a los países de la OCDE. Semejante escenario exige reformas de calado, orientadas a recuperar el pulso perdido.

    Ya hemos explicado anteriormente que Panamá ha caído del puesto 4 al número 27 del Índice de Libertad Económica. Aunque el país sigue siendo uno de los bastiones capitalistas de América Latina, su atractivo global se ha visto disminuido de forma notable.

    Algo similar es lo que se desprende del informe Doing Business, elaborado por el Banco Mundial para medir la facilidad con la que se puede hacer negocios en los distintos países del globo. Este ranking deja a Panamá en un mediocre puesto 79 y penaliza especialmente la complejidad del sistema fiscal, donde el istmo apenas figura en el puesto 180.

    Panamá tiene que plantear una estrategia de cuatro puntos si quiere recuperar el terreno perdido:

    • Reforma del código tributario. Siguiendo los principios enumerados en el Índice de Competitividad Fiscal, el gobierno debe mandar un mensaje claro a los mercados, eliminando las reglas impositivas actuales y diseñando el código más sencillo de toda América.
    • Freno a los excesos de la OCDE. Para contener el proteccionismo tributario con el que están actuando los países ricos, el gobierno debe tejer una alianza con otros centros financieros internacionales y así defender conjuntamente su soberanía fiscal y regulatoria.
    • Giro a la libertad económica. Con ánimo de recuperar el liderazgo perdido, Panamá debe analizar punto por punto qué puede hacer para volver a ser una de las economías más abiertas del mundo.
    • Valor tecnológico añadido. Los centros financieros internacionales del siglo XXI no se entienden sin la apuesta por el blockchain, las criptodivisas y otras innovaciones que facilitan los flujos de capitales y recuperan parte de la libertad perdida en los últimos años. La meta última debe ser convertir a Panamá en el hub por excelencia de la tecnología financiera.

  • La Competitividad y el Registro Público panameño.

    Las sociedades panameñas están de capa caída, el número de sociedades panameñas viene decreciendo desde hace ya varios años de picos de casi 36 mil sociedades inscritas en el 2014 se ha caído a menos de mil por mes, cuando antes se inscribían hasta 6 mil al mes . Las firmas de abogados están despidiendo personal. Y se dedican a vender sociedades en otras jurisdicciones, incluyendo los Estados Unidos.

    Ante todo esto el gobierno está en una disyuntiva, por un lado ha hecho todo lo que la OCDE y el GAFI le han pedido, por el otro, las sociedades panameñas caen y siguen cayendo y los negocios se van a otras jurisdicciones. También se ven los depósitos bancarios.

    El gobierno está en una etapa de plena negación. Por ejemplo, el director del registro público habla de que Panamá adoptó normas internacionales para hacer el sistema panameño más competitivo, y depurarse. Bueno, el tema con la competitividad es que las normas para depurar el sistema sean aplicables a todos por igual. Si un país adopta ciertas normas pero los demás no, están en desventaja a la hora de luchar por clientes que sin duda se irán a los países con normas más ventajosas.

    La competitividad no se logra cumpliendo con normas burocráticas de la OCDE; se logra ofreciendo la plaza más atractiva a los clientes. Y acá es donde está el problema. Ciertas normas han sido redactadas de manera tan burocrática que solo parecen beneficiar a las empresas de contabilidad internacional asociadas con la OCDE.

    La manera como se ha manejado el tema de los agentes residentes y las responsabilidades de los mismos de rendir cuentas han hecho que tener una sociedad panameña sea demasiado caro, aún para hacer negocios locales en Panamá. Es mejor cerrarlas o dejarlas inactivas que abrir sociedades nuevas.

    La actuación del gobierno durante los Panama Papers tampoco ayuda; en lugar de decir lo injusto que era que se escogiera el nombre Panama Papers pese a que la mayoría de las sociedades involucradas no eran de nuestra jurisdicción, se tornó en una cuestión vergonzante de la cual mejor no hablar. Vamos, antes las filtraciones del HCBC o de la Unión de Bancos Suizos eran las filtraciones de estas empresas; después de los Panama Papers, las filtraciones eran los “Paradise Papers”, no los Bermuda Papers ni los Singapore Papers. En cambio, los papeles de Mossack y Fonseca eran los Panama Papers pese a que la mayoría de las sociedades involucradas lo eran en British Virgin Island (BVI). Uno de los argumentos de peso que se debió usar fue éste, pero nunca se usó; en su lugar, nuestros funcionarios parecían venados en las luces de un auto, dando excusas a cada momento y firmando lo que les pusieran enfrente.

    Hasta se nombró una comisión formada por personas vinculadas a Soros y la OCDE para dar “recomendaciones” que terminó en otro escándalo cuando estas recomendaciones excedían con creces lo que solicitaba la OCDE. Y esto ha seguido, el daño a la reputación de Panamá como plaza continúa, pese a las medidas que tomamos para ser más “competitivos” o sea, no para atraer clientes, sino para no figurar en las listas negras de la OCDE o de la Unión Europea. El problema es que a cada medida que cumplimos para salir de una lista, suelen añadir otra nueva constantemente para ponernos en una nueva lista. Porque en el fondo lo que busca la OCDE no es eliminar ni el lavado de dinero, ni la financiación del terrorismo, ni las armas de destrucción masiva, ni la evasión fiscal, sino la mera idea de la competencia fiscal en sí, o sea que los países atraigan inversiones y dineros de todo el mundo ofreciendo un régimen fiscal atractivo.

    En tanto el gobierno no defienda el derecho soberano a hacer esto, a competir, y no entienda que para atraer inversiones se tiene que tener un régimen atractivo, no vamos a ser competitivos. Porque si ser competitivos significa nada más salir de las listas negras de la OCDE y hacer las sociedades panameñas más caras en tiempo y dinero, pues apaga y vámonos.

    Lo que se ha venido haciendo post Panama Papers es venir tratando de evitar salir de las listas negras y grises, adoptando más requisitos que las hacen más caras, lentas de constituir y por lo tanto poco atractivas a nuestras sociedades, sin ninguna garantía de que no nos sigan imponiendo otros requisitos, y de que la imagen de la plaza Panamá mejore, y con ello la imagen de las sociedades panameñas. En pocas palabras, nuestras sociedades son ahora más caras, pero nuestra imagen internacional no mejora.

    Lo cual nos lleva a otro tema; uno de los pocos atractivos que tenía Panamá como plaza era la opacidad de nuestras sociedades, ahora ese atractivo ha desaparecido. Y no hemos tratado de construir otros atractivos distintos. No tenemos un sistema judicial rápido y confiable que haga atractivo tener sociedades en Panamá en caso de pleitos, así que mejor se las hace en una jurisdicción británica o norteamericana, tampoco tenemos las ventajas migratorias de Austria y ciertas islas del Caribe.

    Las licitaciones en Panamá tienen una larga sombra de corrupción que favorece a las empresas de países donde pagar coimas en el extranjero es legal, como China y Brasil, y hace poco atractivo a las empresas alemanas y norteamericanas licitar. La visita de Pompeo a Panamá tuvo que ver bastante con eso. Añada a esto los intentos de imponer controles de capitales por razones xenofóbicas como los impuestos a las remesas o demagógicas como el 7% a las transferencias bancarias, y el mensaje que se manda al público es que no tengan cuentas en bancos panameños, y no se invierta en Panamá.

    En otras palabras, mientras no busquemos atractivos para la plaza, por más que cumplamos las normas de la OCDE, vamos a ver como nuestras sociedades siguen desapareciendo y los activos líquidos de los bancos se van a Miami y Puerto Rico. Si no tomamos medidas para defender la imagen y la soberanía del país, no controlamos la corrupción y mejoramos la justicia y tomamos medidas populistas y demagógicas para terminar de matar al herido, no esperemos milagros.

    El Director del Registro Público debe tener en claro que hacer las cosas más caras y burocráticas para evitar los chantajes de la OCDE y la EU, no es hacer al país más competitivo, de la misma manera que tomar medidas en Venezuela para evitar que te secuestren, es ser más competitivo. En ambos casos es un aumento del costo de hacer negocios y nada más.

  • El Muro de Berlín fiscal.

    Bueno, lo que hemos venido diciendo y el gobierno no aprende, lamentablemente se cumple. Cuando se cumple un requisito con la OCDE o la Unión Europea, no hay que preocuparse, siempre se va a exigir otro nuevo. Cuando no es el intercambio automático de información, el fin de las acciones al portador, o BEPS, van a venir siempre con otro reclamo. Creo que a estas alturas no se trata solo de evitar el lavado de dinero o la financiación del terrorismo o las armas de destrucción masiva, o de evitar la evasión fiscal, sino que ahora se trata de evitar de manera pura y dura toda forma de competencia fiscal.

    La nueva iniciativa de la OCDE amenaza con castigar a las residencias fiscales, o peor, a las nacionalidades tipo pasaporte dorado para aquellas personas que deseen escapar de los infiernos fiscales. Los países de la OCDE quieren ser como el infernal Hotel California, se puede hacer el checkout cuando se quiera, pero no se puede ir de allí. En otras palabras, si no se quiere vivir en un infierno fiscal, la OCDE no quiere que se tenga el derecho de emigrar a otro país y aún más, nacionalizarse allá.

    Aparte de tratar a sus propios ciudadanos como activos, de una manera muy similar a Cuba o Colombia, que aunque se nacionalice de otro país, cuando un cubano va a Cuba o un colombiano viaja a Colombia, se le trata y se le exige como si todavía fuera un nacional del país del cual emigró, la OCDE está creando de hecho, una especie de Muro de Berlín fiscal. Diciéndole a los que quieran escapar del infierno, “no puedes irte”.

    La OCDE ahora arremete contra los países que hacen fácil a los inversionistas adquirir la nacionalidad en esos lugares; pero no sólo eso, arremete a los países que dan la residencia fiscal a los inversionistas. Eso sí, mientras no se sea miembro de la OCDE como los Estados Unidos, con su visa E 2, donde se invierte cierta cantidad de dinero, y bueno, se tiene visa de residente permanente fiscal. O Austria con su pasaporte Dorado donde le otorgan la ciudadanía a los inversionistas con pocos millones de inversión. Algo que en Panamá es bastante difícil ya que el proceso de tener residencia permanente y el de ser ciudadano son muy distintos.

    Pero eso no le importa a la OCDE, pronto estaremos en otra de sus listas, porque ahora en nombre de luchar contra la evasión fiscal, lo cual siempre ha sido una forma de proteccionismo, la OCDE muestra intenciones de decirle a los estados quiénes pueden ser sus residentes o sus ciudadanos.

    El informe de la OCDE, que no llega a ser lista negra pero es seguro que para allá va, deliberadamente confunde los esquemas de residencias fiscales pagadas con los esquemas de residencia migratoria por inversiones, que como hemos visto son prácticas que países como los Estados Unidos, Irlanda o Austria, practican. Pero nosotros somos los malos. Y esto es lo que pasa con una Cancillería que no existe.

    Pareciera que no existe ningún interés en defender el derecho de Panamá a decidir quiénes son sus inmigrantes y sus ciudadanos. Y el derecho de Panamá a atraer inversiones en el mercado global.

    Porque en el fondo la OCDE no solo busca evitar la evasión fiscal; busca realmente establecer un proteccionismo fiscal para evitar que la gente no lleve sus dineros de manera legal a otros países, impidiendo inclusive que la gente vote con los pies y emigre económica y físicamente a lugares donde la voracidad del Estado tenga límites. Un Muro de Berlín fiscal. Esta es una medida para que las economías menos competitivas de la OCDE no vean cómo sus activos, perdón, sus ciudadanos, emigren a economías más competitivas. Claro que por ahora nos incluyen a nosotros y no a los Estados Unidos con su visa E2, porque hasta los burócratas de la OCDE saben que no es buena idea provocar a Donald Trump. Por ahora se meten con nosotros, porque saben que nosotros no tenemos un gobierno con voluntad de defendernos.

     

  • Legisladores de Wyoming, Estados Unidos, preparan la creación de cryptobancos.

    Dado que las regulaciones son una de las razones principales por las que los bancos comerciales tradicionales le dan a Bitcoin un tratamiento discriminatorio, los senadores y representantes estatales de Wyoming están considerando una solución legislativa al problema.

    Los legisladores en el ‘Estado de la igualdad’ están trabajando en una legislación que permitiría la creación de un banco de criptomoneda para atender las necesidades de la industria criptográfica en el estado. Durante una reciente reunión del grupo de trabajo de blockchain, las partes interesadas discutieron un proyecto de ley que vería que las ‘instituciones de depósito con fines especiales’ reciban un tratamiento regulatorio eficaz. El grupo de trabajo de blockchain está formado por senadores y representantes estatales, así como por personal técnico, incluida la defensora de blockchain y veterana de Wall Street Caitlin Long.

    Tal banco criptográfico facilitaría a las empresas disruptivas operar en el estado, ya que actualmente son rechazadas por las instituciones financieras tradicionales. ‘Si un banco se da cuenta de alguna manera de que está tratando con una moneda criptográfica o blockchain de cualquier manera, las cuentas de una persona pueden cerrarse de inmediato. En mi opinión, los bancos son discriminatorios para ciertas empresas ‘, dijo el legislador del estado de Wyoming y copresidente del comité de blockchain, Tyler Lindholm R-Sundance, a Star Tribune en una entrevista.

    El legislador, también copresidente del comité de blockchain del gobierno, ve grandes oportunidades de negocios para los bancos en Wyoming, siempre y cuando se consideren ‘instituciones especiales de depósito’. Últimamente, los gobiernos han estado procurando la legalización de la tecnología blockchain para impulsar a las empresas, ya que prevén las enormes ventajas que ofrece la tecnología de libro mayor descentralizado. Además de la transparencia para las transacciones en curso, también elimina la necesidad de un árbitro externo o un administrador de contabilidad para cada nivel de las transacciones.

    En el último proyecto de ley, Lindholm y su equipo proponen un nuevo tipo de institución, que es diferente a los bancos tradicionales y permite la apertura y operación de cuentas bancarias específicamente para la criptomoneda. Dichas cuentas serán reguladas por el gobierno o las agencias designadas por el gobierno. Actualmente, en los bancos tradicionales, las empresas que trabajan con clientes de criptomonedas o que pagan por los servicios en esta moneda no fiduciaria están sujetas a revisiones innecesarias y procesos anormales. Por lo tanto, para satisfacer la demanda de instituciones de tipo ‘banco’ específicas de cifrado, Lindholm y su panel están fomentando la creación de estas instituciones de la nueva era.

    El enfoque especial de esta propuesta legislativa es que el nuevo banco tendrá una ideología de ‘cooperativa’ y la propiedad, las operaciones y el seguro serán la prerrogativa de los ‘miembros’. Solo las empresas establecidas podrán convertirse en miembros del banco, con un monto mínimo de $ 5,000 que se permitirá el almacenamiento con el banco. El banco blockchain estará en manos de miembros que serán votados por una junta compuesta por profesionales de la industria.

    Los legisladores de Wyoming tienen como referencia para aprender las leyes de otros países, incluidas las regiones comerciales que han adoptado tecnologías blockchain como Malta, Suiza, Japón, Estonia, Corea del Sur y Rusia para la integración en el comercio general.

    En esencia, la tarea del banco sería facilitar las transacciones y el almacenamiento de activos digitales y moneda tradicional para las empresas de criptomoneda, permitiéndoles participar en un mundo donde las monedas fiduciarias aún gobiernan y los bancos dudan de atender a las empresas de bitcoin. Y mientras los bancos tradicionales operan sobre una base de reserva fraccionaria, se requerirá que el banco criptográfico de Wyoming se asegure de mantener una relación de criptomoneda a fondos líquidos del 100%, esencialmente convirtiéndolo en un ‘depósito de dinero’ o una ‘institución de transferencia’. ”

    Esta reserva obligatoria de valor equivalente se considera una medida para prevenir el lavado de dinero y el fraude. Además, cualquier pérdida inesperada causada por el banco criptográfico no estaría cubierta por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de los Estados Unidos, que cubre todos los riesgos que enfrentan los clientes bancarios en el sector tradicional. Dichos bancos no tendrán el poder de emitir préstamos y estarán sujetos a la autoridad reguladora de la División Bancaria de Wyoming.

    La legislatura estatal de Wyoming también promulgó a principios de este año una ley que exime a los mineros de la criptomoneda y a las startups de blockchain de pagar impuestos a la propiedad. ‘Estamos creando una ley que estas personas  han estado buscando’, dijo Lindholm. «Han estado buscando esto en la SEC, en la FDIC … pero aún no lo han hecho. Esto es lo que estamos haciendo en Wyoming, informando a estas compañías que estamos abiertos para los negocios «.

  • Cuentos Chinos, el caso de Zambia

    Ahora que esta de moda que los gobiernos irresponsables y gastadores se endeuden con los chinos porque ya no pueden endeudarse con los banqueros con el aval del Fondo Monetario Internacional, será bueno que veamos el ejemplo de otros países como Paquistán, Siri Lanka, Somalia, las Maldivas, y Venezuela para darnos cuenta que endeudarse con China es aún peor que endeudarse con los socios del FMI. El FMI nos va a pedir por ejemplo que penalicemos la evasión fiscal, pero los Chinos nos van a pedir la soberanía que tanto nos ha costado.

    El caso de Zambia es típico. El país contrajo deudas tan grandes que no puede pagar, por lo que está cediendo la titularidad de sus infraestructuras de transporte y energía, sus canales de televisión y el poder sobre la minería a empresas chinas como garantía de pago.

    La cadena de televisión ZNBC ahora pertenece a China. Zambia debe a China proyectos de construcción que le cuestan el 15% del presupuesto. Los chinos pueden decomisar activos si no se cumplen con los pagos. La deuda publica de Zambia pasa del 54% del PIB. Al final muchos países Europeos han suspendido los créditos y ayudas a Zambia porque sospechan que pueden ser usadas para pagar deudas.

    El partido de oposición de Zambia ha logrado victorias, el PF ha hecho suyo el discurso anti chino.

    Sin embargo en el gobierno se enamoró también del dinero chino. Ahora existen los rumores de que el Aeropuerto Internacional, un canal de televisión y la compañía eléctrica están en la mira del gobierno Chino. El gobierno niega estos rumores. China ha invertido mas de dos mill millones de dólares en Zambia, en minería, vivienda, servicios y agricultura. El Fondo Monetario advierte que el país se encuentra en riesgo de sufrir un estrés por la deuda. Sin embargo el gobierno lo niega.

    Según el gobierno se trata de una campaña para romper la amistad de Zambia con el gobierno chino usando el tema del Colonialismo como excusa. Que el espectro de la deuda se usa como excusa para crear miedo a un nuevo colonialismo. Y que los que practicaron el colonialismo antes no tienen derecho a criticar a los chinos.

    Chinese President Xi Jinping (2nd R) poses for photos with Zambian President Edgar Lungu (2nd L) at a welcome ceremony in Beijing, capital of China, March 30, 2015. (Xinhua/Rao Aimin)

    Los críticos dicen que los chinos tienen todo el derecho del mundo a invertir en Zambia, como cualquier otro inversor extranjero, pero que los acuerdos con el gobierno tienen que ser conocidos y transparentes.

    Los chinos dicen que sus objetivos no son coloniales, que China nunca ha sido ni será un país colonialista. Pero está claro que hay algo anormal. Un prestamista normal presta el dinero y luego se sienta a esperar que se le pague con intereses; no le dicen cómo se deben operar sus negocios o en qué debe trabajar para que se le pague, y los chinos hacen precisamente esto. Toman las decisiones financieras críticas en las empresas a las que les prestaron. O piden concesiones territoriales estratégicas.

    Y es aquí donde está la precaución para Panamá. No se trata de ser paranoicos con los chinos, sino mas bien precavidos. China tiene sus intereses y en el caso de Panamá tenemos los nuestros. Los chinos nunca han sido colonialistas en el pasado, esto no implica que no puedan serlo en el futuro.

    Cuando alguien ofrece dinero con términos demasiado ventajosos, para proyectos dudosos económicamente hablando, podemos decir que podemos caer en una trampa.

    Como ciudadanos debemos exigir al gobierno transparencia en las relaciones con el gobierno chino y con cualquier otro gobierno. Y en el tema de los terrenos de la embajada, ya empezamos mal, cediendo un puesto estratégico en la entrada del Canal a un país que no se ha comprometido a respetar la neutralidad del mismo.