Los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba han sobrevivido a todo tipo de sanciones, crisis económicas y presiones sociales a lo largo de la historia. Aunque cada uno tiene su propia dinámica, están interconectados por alianzas políticas, económicas y de seguridad que refuerzan su resistencia. La incógnita es si este modelo se derrumba o encuentra nuevas formas de supervivencia.
Estos países, dominados por el desorden institucional, han sido evaluados como territorios sin democracia ni libertades civiles. En el Democracy Index 2024, de la Economist Intelligence Unit (EIU), aparecen clasificados como regímenes autoritarios, en los niveles más bajos del ranking global.
El Rule of Law Index señala que Cuba permanece asfixiada por un partido único, sin pluralismo político, y que Nicaragua se caracteriza por una justicia partisana, persecución a la oposición y concentración de poder en el Ejecutivo.
En conjunto, estos regímenes encarnan violaciones sistemáticas de derechos humanos, ausencia de garantías democráticas y un Estado de derecho reducido a escombros. Al entrelazarse, proyectan una advertencia para la región sobre el declive del ideal democrático.
El ocaso de la liga autoritaria
Durante años, Venezuela sostuvo a Cuba y Nicaragua con petróleo subsidiado y acuerdos de cooperación que amortiguaron el colapso de sistemas inviables. Cuba ha sido soporte estratégico del poder venezolano, controlando seguridad e inteligencia, esfuerzo ahora concentrado a mantener la servidumbre sobre su propio pueblo, a un paso de la rebelión.
Nicaragua sirvió de aliado y palanca internacional mientras el sandinismo simulaba su naturaleza de régimen forajido. Esta interdependencia ha tejido un bloque que reproduce el mismo patrón: represión de la disidencia, manipulación electoral, proscripción de prensa y medios de comunicación libres.
Por otra parte, los indicadores del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2024 de la CEPAL revelan una vulnerabilidad económica inédita. El cierre de 2025 marca la mayor debilidad común en dos décadas: Cuba proyecta una caída del PIB de -1,5 % en 2025 y un crecimiento ínfimo de 0,1 % en 2026, acompañado de crisis energética y colapso del turismo.
En Venezuela se vive una inflación desbordada y la zozobra de un pueblo privado de servicios básicos, que sobrevive con pensiones y salarios inferiores a un dólar mensual.
Entre apoyos dudosos y confrontación directa
Rusia y China han sido pilares externos del autoritarismo latinoamericano, aunque con enfoques distintos. Moscú ofrece respaldo militar y diplomático, limitado hoy por las sanciones y el desgaste económico de la guerra en Ucrania. Pekín privilegia un apoyo pragmático mediante inversiones estratégicas que permite la captura de recursos y mercados.
Estados Unidos, por su parte, manifiesta su confrontación con un masivo despliegue militar y operaciones de seguridad en el Caribe, bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico. Ante Nicaragua, impone sanciones contra sus funcionarios y acrecienta denuncias de violaciones de derechos humanos.
La depauperación extrema del pueblo cubano hace insostenible la narrativa que justifica el fracaso comunista como consecuencia del embargo impuesto desde 1962.
El detonante regional
En Venezuela, la crisis humanitaria, el colapso económico y la migración masiva hacen insostenible la situación. El conflicto trasciende las fronteras nacionales y se proyecta en el plano global.
En este contexto, resulta claro que Estados Unidos no depende del petróleo venezolano para sostener su economía ni su seguridad energética: con una producción cercana a 13,6 millones de barriles diarios en 2025, se mantiene como uno de los mayores productores mundiales. En contraste, Venezuela apenas alcanza entre 956 000 y 1 132 000 barriles diarios, una caída dramática frente a los más de 3 millones que producía en los años noventa.
La infraestructura petrolera venezolana está devastada: refinerías deterioradas y una capacidad de extracción reducida convierten a la industria en un símbolo de decadencia, más que en un activo estratégico. Entonces, las acciones de Estados Unidos no se explican como disputa por el control del petróleo venezolano.
Escenarios bajo otra lógica
Se detecta el interés del presidente estadounidense, Donald Trump, por activar una crisis internacional monitorizada, una narrativa de seguridad nacional que se proyecta en lo interno y sirve de justificación para medidas de dudosa constitucionalidad.
Las elecciones al Congreso se celebrarán el 3 de noviembre de 2026, con la renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 cargos de gobernador, una posibilidad de desequilibrio político que Trump quiere bloquear. Partiendo de una deriva autoritaria de esa administración y un cambio de política exterior que no tiene retroceso, se plantean varias posibilidades:
- Ruptura inminente: el desconocimiento de los resultados electorales cerró la vía negociada. La juramentación de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero abrió un proceso de quiebre que pudo haberse contenido con una transición política. La presión norteamericana, mediante ataques selectivos contra infraestructuras vinculadas al narcotráfico, podría precipitar un derrumbe del régimen, con una primera fase marcada por la anarquía y la violencia. Luego, se instalaría un gobierno amparado por la legitimidad de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 28 de julio de 2024.
- Transición militar-constituyente: la falta de credibilidad de los negociadores dificulta un acuerdo. Nicaragua y Cuba enfrentarían presiones internas similares. Bajo un momento constituyente, factores militares podrían asumir el control y, con apoyo externo, canalizar una fuerza constituyente hacia una restauración democrática.
- Continuidad autoritaria: la ausencia de consenso de los factores políticos y la eventual neutralización de Estados Unidos permitiría la supervivencia de los autoritarismos. Se consolidarían alianzas regionales y se intensificaría la represión interna para mantener el poder –panorama improbable considerando el interés de la administración Trump por justificar su dinámica con la crisis caribeña–.
Transición incierta, coste seguro
La definición depende de una combinación de factores. La interconexión entre Venezuela, Nicaragua y Cuba convierte cualquier ruptura en un fenómeno regional. El papel de Estados Unidos, Rusia y China es decisivo: sin un acuerdo entre ellos, la transición será altamente conflictiva.
Lo cierto es que la crisis actual no se vincula con la seguridad energética, sino que está determinada con la política interna estadounidense y la estrategia de Trump. Lo que considero inexorable es que el precio de esta guerra de autoritarismos lo seguirá pagando, en última instancia, el pueblo venezolano.
Tulio Alberto Álvarez-Ramos, Profesor/Investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Jefe de Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
