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  • Bitcoin No Era Para Hacerte Rico: Era Para Hacerte Libre

    Bitcoin No Era Para Hacerte Rico: Era Para Hacerte Libre

    Hay algo profundamente irónico en el hecho de que las búsquedas de «Bitcoin a cero» alcancen máximos históricos precisamente cuando más personas han oído hablar de Bitcoin. No es una paradoja, es el diagnóstico exacto del problema. Una tecnología diseñada para liberar al individuo del sistema financiero coercitivo se convirtió, en el imaginario colectivo, en un casino digital. Y ahora el casino asusta a sus propios jugadores.

    Conviene volver al origen. El 31 de octubre de 2008, Satoshi Nakamoto publicó el whitepaper con un título que no mencionaba inversión, rentabilidad ni precio: «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System». Sistema de efectivo electrónico entre pares. No «activo digital», no «reserva de valor», no «oro 2.0». Efectivo. Entre personas. Sin intermediarios. La fecha no era casual: el mundo acababa de presenciar el colapso del sistema bancario global, el rescate con dinero público de las instituciones que habían destruido la riqueza de millones, y la demostración más brutal de que el dinero de la gente no le pertenecía realmente a la gente.

    El bloque génesis lo dejó grabado en piedra ( literalmente, en el código) con el titular del London Times del 3 de enero de 2009: «Chancellor on brink of second bailout for banks». Eso era el contexto. Esa era la declaración de intenciones. Bitcoin no nació para que un influencer en Twitter te dijera cuándo comprar. Nació porque el sistema monetario es, en esencia, un mecanismo de control.

    Desde la perspectiva cypherpunk , ese movimiento que desde los años 80 entendía que la privacidad y la soberanía individual en la era digital requerían criptografía, no peticiones al Estado, Bitcoin era la culminación de décadas de trabajo. DigiCash, b-money, Hashcash, RPOW: intentos previos que no lograron resolver el problema del doble gasto sin una autoridad central. Satoshi lo resolvió. Y al resolverlo, entregó al individuo algo que ningún gobierno había permitido voluntariamente jamás: dinero que no puede ser confiscado, inflado ni censurado.

    Dicho esto, en estos momentos que el Bitcoin ha rebajado su cotización en casi el doble en sus máximos,muchos analistas tienen razón en su diagnóstico psicológico pesimista, pero fallan en su premisa de fondo. Tratar las búsquedas de «Bitcoin a cero» en buscadores como señal de compra contrariante es un análisis técnico legítimo, pero sigue mirando el precio. Sigue hablando el lenguaje del especulador, no del usuario soberano. La capitulación emocional que describen estos análisis no es un problema de gestión de expectativas ni de horizonte temporal: es el resultado de haber vendido al Bitcoin como un vehículo de enriquecimiento en lugar de como la única herramienta de emancipación financiera.

    Un argentino que usó Bitcoin para dolarizarse antes de un corralito no busca «Bitcoin a cero». Un venezolano que preservó su patrimonio ante la hiperinflación bolivariana no está en modo risk-off. Un disidente que recibió donaciones cuando su cuenta bancaria fue bloqueada por el Estado no evalúa el ciclo emocional del inversor minorista. Para ellos, Bitcoin no es un activo; es infraestructura de supervivencia.

    El verdadero problema no es el pesimismo extremo de estos momentos ni la falta de memoria histórica del mercado. Es que Bitcoin fue secuestrado narrativamente por el mismo sistema financiero que vino a desafiar. Los ETF, los futuros, la correlación con el Nasdaq, los análisis on-chain como si fueran reportes de Goldman Sachs: todo eso es la cooptación más exitosa que el establishment ha logrado sobre una tecnología rebelde.

    Las búsquedas de «Bitcoin a cero» tocan máximos porque millones de personas entraron por la puerta equivocada, guiadas por la narrativa equivocada. La solución no es enseñarles a gestionar el riesgo especulativo; es devolverle a Bitcoin su pregunta original: ¿para qué necesitas dinero que el Estado no pueda controlar?

    Cuando esa pregunta sea más popular que el precio, Bitcoin habrá madurado de verdad.

  • ¿Defendemos libertad empresarial o privilegios?

    ¿Defendemos libertad empresarial o privilegios?

    El camino de la vida comunmente nos plantea la necesidad de reexaminar con ojos críticos nuestro caminar y los apedianos* no escapan a ello. Solemos hacer sonar muchos bombos y platillos en loas a nuestros logros, y ciertamente que los hay, pero igualmente debemos examinar con detenimiento aquello en lo que nos hemos quedado cortos. En particular me refiero a esa triste realidad humana de adaptación que nos torna complacientes ante el status quo, por más equívoco que este pueda ser. Así, vemos que en muchos casos hemos llegado a ver como normal y correcto lo que lejos está de serlo, y todo esto conduce al error de convertirnos en supuestos defensores de una irreal libertad empresarial; cuando en realidad bien podemos estar defendiendo privilegios y abanicando el intervencionismo y hasta la corrupción estatal.

    Si hiciésemos el ejercicio crítico veríamos que muchas de las políticas industriales y comerciales que son patrocinadas por acto u omisión por los carteles afectos a los sistemas políticos imperantes, poco se diferencian del ideal socialista que supuestamente adversamos. Al final del día veremos que la tendencia politiquera gravita hacia la satisfacción de logros del proselitismo. Lo cierto es que una vez que le entregamos alguna responsabilidad al gobierno bajo la suposición que es para el beneficio social de algún grupo, ello no es más que ilusión, y veremos que esos controles se irán extendiendo a fin de satisfacer las aspiraciones y los prejuicios de las masas. No existen alternativas a la disciplina de un mercado desembarazado y auténticamente competitivo, ya que no se puede pedir que otros hagan lo que uno dice y no hace.

    La cruda verdad es que pocos empresarios creen en la verdadera libertad de empresa, pues el credo de los réditos, aunque espurios, es supremo. ¿Cómo puede sobrevivir un verdadero mercado sin trabas cuando cada vez que nos sentimos amenazados por cambios o amenazas, corremos a pedir la intervención del gobierno? He presenciado las angustias de un importador frente a la modernización de los servicios del sistema comercio exterior porque ello creaba un imponderable, frente a la realidad de un status quo, quizás torcido, pero bien conocido. Un sistema de interminables e intricados engranajes de coimas que mantienen bien engrasadas a todas esas articulaciones.

    ¿Cómo hemos de discutir en contra del «éxito» a favor de un mercado sin favoritismos cuando dicho intervencionismo es rentable y la libertad es aterradora? Y es que perdemos vista de ese camino que nos conduce a la servidumbre; no sólo de estructuras torcidas sino de la perpetuación de la gran pobreza que es el manantial de nuestros malestares sociales. Por todo ello es cardinal caer en cuenta que quienes están en gobierno poseen una poderosa herramienta con la cual pueden expandir su poder político mediante la intervención en el mercado. Así, la «burrocracia» va reemplazando al empresarialismo como medio primario de la planificación económica. Es el viejo truco de la zanahoria y del garrote.

    Por un lado los beneficiados se convierten en aliados, mientras que a sus adversarios que no rebajan sus principios les resulta sumamente oneroso oponerse a todo ello. Esta expansión del Estado en los mercados tomó gran auge desde que en 1870 Bismark dio inicio a la burocratización central de la «inseguridad social». Luego durante la Gran Depresión Franklin D. Roosevelt se alió con los poderes del «estáblishment » industrial y se crearon unas ciento diez nuevas entidades de gobierno, entre ellas Fannie Mae. Los malos políticos de los demás países han seguido el redituable ejemplo.

    Vaya usted a preguntar a eruditos la razón del gobierno y muchos dirán que es para «estimular» al mercado y tal, para lo cual se sustraen los fondos de los bolsillos de los ciudadanos hacia el ogro central quien se supone será más capaz de «estimular» que los propios ciudadanos sus actividades. ¿Quién no ve con buenos ojos que papá gobierno le regale un jamón? Pero aún es que llegan a justificarlo diciendo que va a favor del interés público. La excusa más común para acepar es: «si no lo hago yo, lo hace otro».

    La variedad de formas de supuestos «estímulos» son muchas y sigilosas, tal como el requisito de licencias o ciudadanía para ejercer alguna profesión u actividad. De esta manera los gremios logran protección en contra de quienes serían sus competidores; a menudo más capacitados. Se suele decir que es para la protección del consumidor, pero lo más común es que sea todo lo contrario. Al final de cuentas no existen prebendas que no las paguen otros.

    En fin, quienes se ubican en el rol de Pepito Grillo tienen mayor compromiso que todos los demás y las Asociaciones Cívicas, cuyos estatutos mandan la defensa de la libertad de empresa que elimine todos estos vicios del mercado, deben renovarse continuamente para evitar caer en la trampa del conformismo.

    * como se conoce informalmente a los miembros de la Asociación de Ejecutivos de Empresa en Panamá.

    *Artículo originalmente escrito en 2010.

  • Cómo el Estado te convirtió en sospechoso financiero

    Cómo el Estado te convirtió en sospechoso financiero

    Hay una pregunta que muy pocos se hacen cuando van al banco: ¿desde cuándo tengo que explicarle a alguien en qué voy a gastar mi propio dinero? La respuesta incomoda: desde hace poco más de cincuenta años. Y lo que ocurrió en ese tiempo no fue una mejora del sistema financiero, sino la construcción silenciosa del aparato de vigilancia masiva más sofisticado de la historia moderna, revirtiendo el tradicional principio de inocencia a uno de sospechoso financiero hasta probar lo contrario.

    Antes de 1970, abrir una cuenta bancaria era algo parecido a lo que debería ser: dabas tu nombre, había confianza básica, y el dinero era tuyo. Los bancos protegían la privacidad de sus clientes como principio fundamental. Hoy ese mundo parece una fantasía. Y sin embargo, la mayoría de las personas siguen creyendo que sus finanzas son privadas. Esa creencia es, precisamente, la ilusión más útil que el Estado ha construido.

    Todo comenzó con la Bank Secrecy Act de 1970 — un nombre que es, en sí mismo, una ironía brutal. La ley no protegía el secreto bancario del ciudadano: lo eliminaba. Bajo el pretexto de perseguir cuentas offshore y evasión fiscal, el gobierno obligó a los bancos a reportar al Tesoro toda transacción superior a 10.000 dólares. La ACLU, la banca y el Congreso protestaron. Hubo una orden de restricción temporal. Pero la Corte Suprema avaló la ley con un argumento que destruyó el concepto moderno de privacidad financiera: si entregas tu información a un banco, ya no es tuya, es un «registro comercial» del banco. Con ese fallo, el Estado le quitó al individuo cualquier expectativa razonable de privacidad en sus transacciones.

    Lo que siguió fue una expansión metódica y, en gran medida, deliberadamente oculta. En 1992, la Ley Annunzio-Wylie introdujo los «Suspicious Activity Reports» (SARs): ya no hacía falta superar ningún umbral de dinero para ser reportado. Bastaba con que el banco considerara que algo era «sospechoso». El resultado fue predecible: solo el 7% de los bancos encuestados podía identificar siquiera una persecución judicial que hubiera resultado de sus reportes. El sistema no servía para atrapar criminales — servía para vigilar a todos.

    Tras el 11 de septiembre, la Patriot Act le dio el golpe definitivo al añadir los requisitos KYC (Know Your Customer), obligando a los bancos a verificar, investigar y conocer en profundidad a cada cliente. Leyes de miles de páginas, aprobadas sin que nadie las leyera, bajo la urgencia manufacturada del terror. Hoy se sabe que el FBI utilizó estos mecanismos para rastrear a ciudadanos que compraron armas legalmente o que simplemente usaron términos como «MAGA» o «Trump» en sus transacciones. Lo que nació como herramienta antiterrorista se convirtió en instrumento de control político.

    La trampa inflacionaria completó el cuadro: el umbral de 10.000 dólares nunca se ajustó. Lo que en 1970 equivalía a comprar una casa nueva, hoy es el costo de unas vacaciones modestas. En el año fiscal 2024, las instituciones financieras presentaron 4,7 millones de reportes de actividad sospechosa y más de 20 millones de reportes de transacciones en efectivo. Una avalancha de datos inútiles que ahoga a los investigadores reales y que le cuesta a la industria cerca de 46.000 millones de dólares anuales — costos que terminan pagando los propios clientes.

    La pregunta de fondo no es si el crimen es malo. Es si una sociedad libre puede aceptar que el precio de usar tu propio dinero sea renunciar a toda privacidad. La respuesta histórica debería ser no: el crimen óptimo no es cero, porque el costo de llegar a cero — quemar las libertades fundamentales — es infinitamente mayor que el problema que se pretende resolver.

    Los bancos pasaron de proteger la privacidad de sus depositantes a ser obligados a proteger el secreto de los programas de vigilancia gubernamental. Es la definición perfecta del doble rasero del poder: privacidad para mí, vigilancia para ti.

    El primer paso para revertirlo es dejar de creer en la ilusión.

  • En Irán, el movimiento ‘Mujer, Vida, Libertad’ no ha desaparecido pero está siendo silenciado

    En Irán, el movimiento ‘Mujer, Vida, Libertad’ no ha desaparecido pero está siendo silenciado

    Hoy en Irán parece que reina la calma (relativamente). Pero no es una calma orgánica, sino que ha sido impuesta por la fuerza. Las organizaciones de derechos humanos informan de que la represión del Gobierno en las últimas semanas ha causado miles de muertos y decenas de miles de detenidos, al tiempo que advierten de que el número real de víctimas probablemente sea mucho mayor, ocultas mediante desapariciones forzadas, entierros secretos y ejecuciones llevadas a cabo sin el debido proceso.

    Las protestas populares, que comenzaron por el colapso económico, se convirtieron rápidamente en un levantamiento político abierto, ya que los cánticos pasaron de ser reivindicaciones por la supervivencia a un rechazo absoluto del régimen. Un régimen que, para ocultar las consecuencias, decidió cortar las comunicaciones digitales y telefónicas internas y externas.

    Ahora lo que está en juego no es un simple retorno a una secuencia cíclica de protestas. Se trata de la continuación de la ruptura feminista iniciada en 2022 con el movimiento “Mujer, Vida, Libertad”, que hoy se enfrenta a dos fuerzas decididas a neutralizarla: la República Islámica y sus alternativas patriarcales y militaristas.

    Las mujeres, objetos políticos a disciplinar

    Décadas de represión han enseñado a las mujeres que sus cuerpos son el primer terreno del poder del Estado: velo obligatorio, vigilancia pública, patrullas de la moralidad, confesiones forzadas, violencia sexual durante la detención, amenazas de ejecución contra las jóvenes.

    Bajo la República Islámica, esos cuerpos se gobiernan como objetos políticos que hay que disciplinar. Las movilizaciones anteriores lo han demostrado claramente: al atacar los símbolos mismos de la dominación, las iraníes han afirmado su agencia política. Han logrado victorias en materia de visibilidad, pero el régimen jurídico basado en la sharia (ley islámica) ha permanecido intacto. Esta tensión es la que estructura la revuelta actual.

    Se ha desarrollado una postura promonárquica, facilitada por el acceso a los medios de comunicación y las plataformas políticas occidentales, que aboga por que Reza Pahlavi, hijo del difunto sha de Irán, sustituya al régimen. En sus intervenciones públicas, Pahlavi habla de las represiones como “crímenes contra la humanidad” y se posiciona como un futuro líder. Sin embargo, a principios de enero, eliminó el lema “Mujer, Vida, Libertad” de sus plataformas oficiales, una decisión criticada públicamente por activistas y por las familias de los fallecidos durante el levantamiento de 2022.

    ¿Qué augura esta alternativa? Nada que tranquilice a las iraníes. Pahlavi parece estar enviando un mensaje claro: puede haber una nueva revolución, pero sin las mujeres. De llegar, se invocaría la unidad para posponer la igualdad, tal y como ocurrió en los prolegómenos de la Revolución iraní de 1979.

    Ni República Islámica ni bombas extranjeras

    Este movimiento feminista también es plural. No representa una sola voz iraní, sino una constelación de grupos oprimidos que se reconocen mutuamente. Mujeres kurdas, baluchis, árabes, azeríes y persas han dado forma a esta revuelta.

    Varias de sus voces más radicales se encuentran hoy en prisión. Entre ellas, la kurda Verisheh Moradi, que recientemente ha enviado dos cartas desde su celda. En ellas rechaza la falsa elección impuesta a los iraníes. “No queremos la República Islámica”, escribe, “pero tampoco queremos bombas extranjeras”.

    No se trata de neutralidad. Es una postura feminista y anticolonial, basada en la conciencia de que la dictadura y la intervención militar destruyen en primer lugar a las mujeres.

    Este rechazo es esencial. Cuando los soldados israelíes escribieron “Mujer, Vida, Libertad” en los misiles durante la guerra de junio de 2025, la insurrección feminista fue vaciada de su significado para convertirse en un eslogan colonial de dominación. El lema nació del asesinato de la joven kurda Jina Mahsa Amini a manos de la policía moral. Nació de los cuerpos de las mujeres en rebelión, no de los ejércitos.

    Una máquina de dominación basada en la humillación de las mujeres

    Fuera de Irán, la realidad se malinterpreta constantemente. La revuelta se reduce con frecuencia a un enfrentamiento con el islam y se enmarca como un conflicto civilizatorio entre la religión y la modernidad.

    Tales interpretaciones convierten una lucha política en una lucha cultural. Han alimentado la vacilación y la solidaridad selectiva en partes de la izquierda occidental y las comunidades musulmanas, borrando décadas de resistencia dirigida no contra la fe, sino contra un régimen que ha utilizado la religión como instrumento de castigo, vigilancia y muerte.

    Pero lo que está en juego no es la fe, sino el poder.

    La revuelta actual se basa en esta experiencia acumulada. Al persistir en organizarse, testificar y resistir a pesar de las ejecuciones, la tortura y el bloqueo informativo, las mujeres no formulan simples reivindicaciones. Afirman un nuevo orden político en el que la vida, y no la obediencia, se convierte en el valor central.

    “Mujer, Vida, Libertad” no se ha contentado con oponerse al régimen. Ha cambiado profundamente el discurso de autoridad que ha estructurado la política iraní durante un siglo.

    Esto es precisamente lo que la República Islámica y sus supuestos sucesores intentan hoy anular.

    El apagón empobrece a las mujeres

    El régimen considera a su propia población como un enemigo. Los manifestantes son calificados de terroristas, agentes del Mossad o elementos similares al Daesh.

    En un sistema jurídico en el que la moharebeh محاربه, “la guerra contra Dios”, se castiga con la pena de muerte, este lenguaje permite las ejecuciones incluso antes de los juicios. El bloqueo digital total viene a reforzar esta violencia. Al eliminar la visibilidad, el régimen ha ocultado los asesinatos y transformado su significado político. La violencia se vuelve gobernable cuando no se puede ver, contar o llorar colectivamente.

    El bloqueo también destruye los medios de vida. Miles de mujeres iraníes, excluidas del empleo formal por leyes discriminatorias y prácticas de contratación basadas en el género, dependen de microeconomías en línea para ofrecer servicios de belleza a domicilio, clases particulares, traducciones, artesanía y comercio a pequeña escala.

    Al cortar la infraestructura digital, el Estado desmantela la frágil autonomía que las mujeres han logrado forjarse bajo la exclusión estructural, empujándolas de nuevo a la dependencia, la invisibilidad y el cuidado no remunerado.

    La violencia contra ellas

    A esto se suma la represión. Los profesionales médicos y las investigaciones sobre derechos humanos han documentado disparos dirigidos a la cara, los ojos y los genitales de las mujeres, así como violencia sexualizada durante la detención y el encarcelamiento.

    La violación y la tortura sexual no solo sirven para extorsionar confesiones, sino que destruyen los lazos sociales, los matrimonios y los proyectos de futuro. Las mujeres que salen de prisión sufren traumas duraderos. Sus cuerpos siguen llevando las secuelas de la guerra mucho después de que cesen los disparos.

    La guerra exige que algunas vidas sean tratadas como desechables, y las mujeres casi siempre se encuentran entre las primeras en ser sacrificadas. Las iraníes lo saben. Su rechazo tanto a la dictadura como a los salvadores extranjeros no es ingenuidad. Es inteligencia política.

    ¿Quién escribirá el después de la revolución?

    Las iraníes ya han logrado algo extraordinario. Han resquebrajado los cimientos de un orden político construido sobre su subordinación.

    Lo que está en juego hoy en Irán no es solo la cuestión del poder. Es la definición misma de la revolución. ¿Volverá a ser una vez más la historia de hombres que se apoderan del futuro a costa de las mujeres, o esta vez las mujeres que se han organizado, han resistido y han derramado su sangre podrán finalmente forjar el futuro?

    Si la historia se repite, las mujeres corren el riesgo de quedar relegadas una vez más después de haber liderado la lucha. Sin embargo, el futuro de Irán no puede construirse sin aquellas que han convertido sus propias vidas en un acto de resistencia. El día después de la caída de este régimen también les pertenece. Y mientras se siga cuestionando esta evidencia, “Mujer, Vida, Libertad” seguirá siendo una línea divisoria, y no un eslogan del pasado.

    Mina Fakhravar, PhD Candidate, Feminist and Gender Studies, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

    Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

  • Victoria del Estado de Derecho con consecuencias globales

    Victoria del Estado de Derecho con consecuencias globales


    El 20 de febrero de 2026, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (SCOTUS) emitió una de las decisiones más significativas de la era contemporánea en materia de separación de poderes y política comercial. Con una mayoría de 6 votos contra 3, los magistrados declararon que la agresiva política arancelaria impuesta por el presidente Trump bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977 excedía las facultades que dicha ley confiere al ejecutivo. El fallo, redactado por el presidente del Tribunal, John Roberts, y respaldado por una coalición inusual que reunió a jueces conservadores y liberales, representa una reafirmación del orden constitucional americano, una victoria del Estado de Derecho frente al ensanchamiento unilateral del poder presidencial.

    La doctrina de las «grandes cuestiones» y el principio de legalidad

    Trump había utilizado el IEEPA para imponer dos tipos de aranceles: los llamados «aranceles de tráfico,» dirigidos a China, Canadá y México por el flujo de fentanilo, y los «aranceles recíprocos,» que gravaban las importaciones de casi todos los países alegando déficits comerciales como amenaza extraordinaria a la seguridad nacional. Sin embargo, ningún presidente anterior había recurrido jamás a esa ley para imponer aranceles, y el Tribunal lo señaló con contundencia.

    La postura legal del gobierno habría supuesto «una expansión transformadora de la autoridad del presidente sobre la política arancelaria,» concluyó la mayoría. Para justificar poderes «extraordinarios,» Trump debía señalar «una autorización clara del Congreso. No puede hacerlo.» Roberts anclaba así su razonamiento en la conocida doctrina de las major questions —la idea de que el Congreso debe autorizar explícitamente las políticas de gran impacto nacional—, aunque esta parte de su opinión no alcanzó la mayoría absoluta.

    Desde una perspectiva liberal, el valor de esta doctrina es inequívoco: impide que el ejecutivo colonice, mediante interpretaciones expansivas de leyes antiguas, competencias que la Constitución reserva a la rama legislativa. Como subrayó Roberts, «cuando el Congreso otorga la facultad de imponer aranceles, lo hace de forma clara y con restricciones cuidadosas. Aquí no hizo ninguna de las dos cosas.» La legalidad no es un formalismo burocrático: es el andamio que sostiene la certeza jurídica sobre la que operan los mercados, los ciudadanos y las naciones.

    Una coalición transideológica: señal de instituciones que aún resisten

    Que la mayoría incluyera a Roberts, Gorsuch y Barrett —magistrados conservadores nombrados por presidentes republicanos— junto a las tres juezas liberales es en sí mismo un mensaje institucional de primer orden. Trump calificó de «una vergüenza para la nación» a los jueces que votaron en su contra. Esa reacción, políticamente cargada, ilustra la presión a la que están sometidas las instituciones: cuando el poder ejecutivo ataca la legitimidad del judicial por no plegarse a sus designios, la independencia de los tribunales pasa de ser un principio abstracto a una necesidad democrática urgente.

    Los disidentes —Thomas, Alito y Kavanaugh— no negaron el valor de la separación de poderes, sino que interpretaron el texto legal de modo más deferente hacia el ejecutivo. Kavanaugh sostuvo en su disenso que «el Tribunal concluye que el presidente marcó la casilla legal equivocada al basarse en el IEEPA en lugar de otro estatuto.» Se trata de una discrepancia técnica genuina, pero que —en el contexto de un ejecutivo que buscaba poderes arancelarios «de cantidad, duración y alcance ilimitados»— resulta, desde una óptica liberal, insatisfactoria como respuesta a los riesgos de arbitrariedad.

    Consecuencias para el comercio internacional: alivio provisional, incertidumbre estructural

    El fallo ofrece alivio inmediato a los actores del comercio global. Según la Tax Foundation, los aranceles del IEEPA habrían recaudado 1,4 billones de dólares entre 2026 y 2035, y se estima que ya se han cobrado más de 160.000 millones de dólares de forma ilegal desde su imposición. Las bolsas reaccionaron al alza tan pronto como se conoció la decisión, señal de que los mercados valoraban la predictibilidad legal por encima de la protección arancelaria.

    Sin embargo, la victoria es parcial. Trump anunció de inmediato un nuevo arancel global del 10% amparado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, válido durante un máximo de 150 días sin aprobación del Congreso. La arquitectura arancelaria puede reconstruirse; lo que el fallo impide es que se levante de forma permanente sobre bases legales frágiles y sin rendición de cuentas legislativa.

    Para los socios comerciales de Estados Unidos, el veredicto confirma que el sistema de pesos y contrapesos americano sigue operativo, aunque maltrecho. La errática política arancelaria de los últimos años —aranceles que subían y bajaban según el estado de ánimo de un solo hombre— había erosionado la confianza en la estabilidad regulatoria norteamericana como pilar del orden comercial multilateral. Instituciones sólidas no son aquellas que nunca son desafiadas, sino las que resisten el desafío y se reafirman.

    El Estado de Derecho como bien público global

    El fallo del 20 de febrero de 2026 no es solo un tecnicismo sobre los límites del IEEPA. Es una declaración sobre lo que significa gobernar dentro de la ley. Una mirada liberal exige que el poder económico —como cualquier otro— esté sujeto a normas claras, debatidas democráticamente y aplicadas de modo no arbitrario. Cuando eso no ocurre, no solo sufren los importadores y los consumidores: sufre la arquitectura entera del comercio internacional, construida sobre la expectativa de que los Estados actúan dentro de marcos jurídicos predecibles.

    El Tribunal Supremo, esta vez, estuvo a la altura de esa exigencia. La pregunta que queda abierta es si el resto de las instituciones —y en especial el Congreso— aprovechará este momento para recuperar su rol constitucional en la política comercial, o si simplemente asistirá, pasivo, a la próxima vuelta de la espiral.

  • El Engaño Semántico

    El Engaño Semántico

    Tal como he señalado en múltiples artículos pasados, la batalla del convencimiento comienza con la “semántica”; es decir, el laca-laca y el torcimiento del significado de las palabras. La semántica estudia la psicología del lenguaje o el dar a entender; pero, lastimosamente, así como el buen uso de la semántica nos ayuda a entender, su mal uso sirve para enredar y engañar y… los politicastros se han vuelto expertos en el engaño semántico, a tal grado que hoy se habla de “terrorismo semántico”. Qué en este artículo lo conjugo con el tema económico y a desenmascarar uno de los mayores engaños de la política como medio del asalto a los bienes y el bienestar del pueblo.

    Otra curiosidad del tema que abordo es como cada comunidad tiene sus propias variantes del torcimiento del leguaje y la palabra; tal como en Panamá en dónde hemos llamado “metrobus” a lo que no es tal o subsidios a lo que no subsidia y; en ello surge la pregunta: ¿Eso se hizo por ignorancia o por diseño o engaño trapichero?

    Un familiar nos comentaba de lo difícil que se ha vuelto comprar una casa debido a la elevación de los precios. Pero… ¿Cuál es la realidad subyacente, acaso es que quienes venden quieren más ganancia o… será que existen otros factores que no vemos? La politiquería marxista, tal como nos dice Carlos Boix en un artículo en el Instituto Mises, le encanta torcer la realidad para adelantar su psicosis centralista; y nos cuenta que en los EE.UU. usan el engaño semántico de “crisis de Asequibilidad”, lo que se presta para toda la tergiversación política que apunta a resolver las elecciones, pero no la adquisición de tu casa. Y Boix también nos llama la atención al mal suso del vocablo “crisis”.

    A fin de cuenta el propósito de los pérfidos politiqueros está en el intervencionismo; ya que si no están en el sancocho no están en nada. Que, si los diablos rojos eran un desastre, ¿realmente crees que de Diablos Rojos a Tio Gobierno, alias políticos, era y es la solución? ¿Tienes idea de cuánto se han robado los últimos gobiernos y lo que ello implica económicamente para todos? Y, nuevamente en ello Boix hace la pregunta magistral que la paso yo en paráfrasis: el gobierno habla de resolver los problemas, que en muchos o todos los casos fueron creados por corrupta gobernanza, pero a la misma vez siguen pariendo políticas que en vez de resolver lo empeoran todo.

    Las “soluciones” del pasado en los EE.UU. para posibilitar la tenencia de tu casa fueron cosas como que el gobierno se convirtiese en ‘prestatario de última instancia’, lo cual se hizo a través de: la creación de Fanny Mae y Fredy Mac.; y bajando las tasas de intereses de forma ficticia, con lo que crearon el desastre económico del 2008, que persiste hasta hoy y va en aumento; ya que las tasas intereses ficticiamente bajos crean empresas endebles. Y, ni hablar de la ruma de subsidios que no son tal.

    A fin de cuentas, el verdadero problema no es económico sino uno de engaño político gubernamental; en que los EE.UU. comienza con una inflación creada por los gobiernos para robar al pueblo y en Panamá con otra cantidad de políticas ñames o tuberculosas que no son más que un asqueroso engaño para robar. Y, tristemente, los pocos gobernantes intentan corregir se los traga el sistema.

    Y me gusta como Boix termina su artículo aconsejando que despertemos al engaño semántico gubernamental y usemos bien las palabras pues así le paramos el relajo a las mafias políticas.