Etiqueta: Competencia Fiscal

  • Sentencia del TJUE sobre Apple y los Derechos de Propiedad

    La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a Apple a devolver 13.000 millones de euros por las ayudas fiscales de Irlanda plantea cuestiones importantes desde la perspectiva de los derechos de propiedad y la responsabilidad empresarial. Este caso refleja la compleja interacción entre los derechos de propiedad de una empresa privada, las políticas fiscales nacionales y la regulación europea, poniendo de manifiesto los desafíos que enfrentan las grandes corporaciones en un mercado global.

    1. El Derecho de Propiedad y la Soberanía Fiscal:

    Apple, como una empresa privada, tiene el derecho de gestionar sus propiedades y beneficios de acuerdo con las leyes fiscales de los países en los que opera. Sin embargo, este derecho choca con las regulaciones de la Unión Europea, que buscan evitar distorsiones en la competencia generadas por ayudas estatales indebidas. En este caso, Irlanda otorgó a Apple un tratamiento fiscal ventajoso, que la Comisión Europea consideró como una ayuda ilegal, lo cual va en contra de las normativas comunitarias que buscan asegurar un mercado justo y competitivo.

    Desde la perspectiva de los derechos de propiedad, Apple argumenta que siempre ha pagado los impuestos requeridos por la ley y que no ha recibido ningún trato especial. La empresa defiende su derecho a operar bajo las reglas fiscales que cada país ofrece, destacando que la competencia fiscal entre países es un aspecto fundamental de la soberanía nacional. Sin embargo, el fallo del TJUE resalta que estas ventajas fiscales pueden ser vistas como subvenciones encubiertas que benefician injustamente a una empresa sobre otras, violando así los principios de competencia equitativa.

    2. Propiedad Intelectual y Beneficios Imponibles:

    Un aspecto crucial del caso es cómo se asignan los beneficios derivados de la propiedad intelectual, que son un pilar fundamental para empresas tecnológicas como Apple. El TJUE determinó que la asignación de estos beneficios a las sucursales irlandesas de Apple era incorrecta y que la empresa había aprovechado indebidamente estas decisiones fiscales para reducir su carga impositiva en Europa. Este punto resalta un conflicto común entre el derecho de propiedad intelectual de la empresa y la interpretación de las leyes fiscales internacionales y comunitarias.

    Apple sostiene que los ingresos ya estaban sujetos a impuestos en Estados Unidos y que no existe una doble imposición, pero la Comisión argumenta que los beneficios derivados del uso de la propiedad intelectual debían tributar en Irlanda, donde las operaciones reales ocurrían. Esto subraya una discrepancia en cómo se deben tratar los derechos de propiedad intelectual en un contexto global y cómo se vinculan a las obligaciones fiscales en diferentes jurisdicciones.

    3. La Visión de la Empresa y el Conflicto de Jurisdicciones:

    Desde el punto de vista de Apple, la disputa se centra en a qué gobierno se deben pagar los impuestos y no en la cantidad de impuestos a pagar. La empresa se presenta como un contribuyente responsable que ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales y destaca que las acciones de la Comisión Europea intentan reescribir retrospectivamente las reglas fiscales, afectando negativamente la seguridad jurídica y la planificación empresarial.

    Este argumento resalta una preocupación común entre las empresas multinacionales: la incertidumbre regulatoria y la falta de coherencia en la aplicación de las leyes fiscales internacionales. La falta de un marco armonizado crea desafíos para las empresas, que deben navegar entre diferentes regulaciones nacionales y europeas, lo que puede afectar sus decisiones de inversión y expansión.

    Conclusión:

    La sentencia del TJUE contra Apple refleja un caso emblemático donde los derechos de propiedad, las políticas fiscales nacionales y las regulaciones europeas colisionan. Desde la perspectiva de los derechos de propiedad, Apple defiende su libertad para operar bajo las leyes nacionales, mientras que la Unión Europea busca limitar los privilegios fiscales que considera perjudiciales para la competencia. Este caso subraya la necesidad de un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad empresarial y la salvaguarda de un mercado competitivo y justo en la Unión Europea.

    Por último, pero no menos importante, todo se resume a que si los gobiernos se dedicaran a aquellas funciones para las cuales fueron creados, como impartir seguridad y justicia, y dejaran de intervenir en los derechos de propiedad de una empresa, estos conflictos no deberían darse. Cada empresa no debería verse obligada a acceder a complejos vehículos legales para protegerse de ser expoliada por altos impuestos. El principio de costo-beneficio debería ser suficiente para guiar las decisiones empresariales: pagar impuestos de manera transparente debería ser más sencillo y menos costoso que buscar mecanismos de elusión. Bajos impuestos junto a la claridad y la simplicidad en la regulación fiscal permitirían a las empresas centrarse en innovar y crecer, en lugar de navegar por un laberinto de normas fiscales que siempre son voraces y a menudo resultan inciertas y contradictorias.

  • Irlanda, Estonia y Hungría rechazan el pacto global impositivo de la OCDE. ¿Cómo cree votó Panamá?

    Irlanda es uno de los nueve países que no firmó un acuerdo importante para la OCDE ayer jueves , que pretende reformar el régimen fiscal corporativo global. La OCDE anunció que 130 de los 139 países involucrados en las conversaciones se habían adherido a los lineamientos de lo que sería «un acuerdo histórico», que debiera concluirse en octubre.

    Según el plan, los países podrán gravar las ganancias de las grandes empresas en los mercados donde se obtienen, independientemente de si tienen presencia física allí, mientras que se establecerá una tasa impositiva mínima global «de al menos el 15%».

    La OCDE dijo que el plan garantizará que las empresas multinacionales paguen «una parte justa» de los impuestos dondequiera que operen.

    La declaración acordada representa un avance dañino para la competencia fiscal,  en un largo proceso de reforma que ha sido empujado por la OCDE durante los últimos dos años.

    El ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, dijo que está «absolutamente comprometido» con el proceso de reforma del régimen fiscal corporativo global y trabajará con los países de la OCDE para encontrar un resultado que Irlanda pueda apoyar.

    Hablando en la sede de Finanzas el jueves por la noche, el Sr. Donohoe dijo que «podría» apoyar «muchos elementos» de lo que han acordado 130 naciones, pero tiene reservas sobre una tasa impositiva mínima del 15 por ciento.

    La tasa impositiva del 12,5 por ciento de Irlanda es una de las razones por las que ha sido tan competitiva durante muchas décadas, dijo el Ministro, y el continuará «defendiendo nuestra tasa». Va a lanzar un programa de consulta pública sobre las negociaciones de la OCDE para recabar opiniones sobre lo que está surgiendo.

    La decisión de Irlanda de no firmar es una gran jugada política del Gobierno enfrentándose a la presión global mayoritaria. Todos los países importantes están apoyando el acuerdo, aunque el acuerdo aún podría enfrentar dificultades en el Congreso de Estados Unidos, donde existe una importante oposición republicana a algunos de sus términos.

    El acuerdo entre la gran mayoría de los países de la OCDE sigue a un acuerdo logrado en la reciente reunión de ministros de finanzas del G7 sobre un plan para imponer una tasa impositiva global efectiva mínima de al menos el 15 por ciento sobre las ganancias de las principales corporaciones, además de gravar sobre las ganancias que obtienen en los grandes mercados donde no tienen presencia física. Los otros ocho países que no se han adherido incluyen otros dos países de la UE con impuestos bajos: Estonia y Hungría, y  varios países que son señalados como paraísos fiscales: Barbados y San Vicente y las Granadinas, y dos países africanos, Kenia y Nigeria, que incluso «pudieran» ser beneficiarios del acuerdo para los países en desarrollo. Sin embargo, después de semanas de negociaciones difíciles, los grandes países que supuestamente tenían dificultades con algunos aspectos del acuerdo, incluidos China e India, lo firmaron. Todos los países firmantes representan el 90% del PIB mundial, e incluyen a EE. UU., China, Reino Unido, Francia y Alemania.

    «Después de años de intenso trabajo y negociaciones, este paquete histórico garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todas partes», dijo el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

    Dos pilares

    La OCDE dijo que el paquete de dos pilares garantizaría que las grandes empresas paguen impuestos donde operen y obtengan ganancias, al tiempo que agregaría certeza y estabilidad al sistema tributario global.

    Bajo el primer pilar, se espera que los derechos impositivos sobre más de $ 100 mil millones de ganancias se reasignen de los mercados internos de las empresas a otras jurisdicciones cada año.

    Las empresas consideradas en el ámbito de aplicación serían multinacionales con una facturación global superior a 20.000 millones de euros y un margen de beneficio antes de impuestos superior al 10%, y el umbral de facturación posiblemente se reduzca a 10.000 millones de euros después de siete años tras una revisión.

    Se espera que la tasa impositiva mínima de al menos el 15%, acordada en el pilar dos, genere hasta $ 150 mil millones en ingresos adicionales cada año, dijo la OCDE. La tarifa se aplicaría a las empresas con un volumen de negocios superior al umbral de 750 millones de euros, y solo quedaría exento el sector del transporte marítimo.

    Pérdida de ingresos anual

    El Departamento de Finanzas irlandés ha estimado previamente que el acuerdo costaría a Irlanda la pérdida de más de 2.400 millones de euros en ingresos fiscales anuales durante los próximos cuatro años como resultado de los cambios.

    Hablando en la sesión informativa, el Ministro Donohoe no se sintió atraído por los cambios que Irlanda necesitaría ver para considerar la firma del acuerdo. Tampoco estuvo preocupado cuando se le consultó sobre el riesgo potencial para la reputación de que Irlanda no se registre desde el principio; Donohoe dijo que solo será posible formarse una opinión sobre los efectos de estar o no en el acuerdo cuando se alcance el punto de implementación.

    “Dado que esta es una negociación en la que estamos participando de buena fe, no voy a indicar en este momento, particularmente hoy, cuáles podrían ser diferentes resultados que podrían o no ser aceptables para Irlanda”, dijo. Una parte clave de la política fiscal de Irlanda ha sido la «certeza y previsibilidad«, y para defender estos principios era importante para él indicar un apoyo parcial, pero también una reserva.

    «Como resultado de esta reserva, Irlanda no está en posición de unirse al consenso», se lee en el comunicado. Se necesita una consulta pública sobre el borrador del acuerdo para aprovechar las opiniones de las partes interesadas con el objetivo de preservar la estabilidad en la política fiscal de Irlanda, agregó.

    «Siempre he hablado de mi deseo de un acuerdo integral, sostenible y equitativo sobre las normas fiscales internacionales en la OCDE que satisfagan las necesidades de todos los países, grandes y pequeños, desarrollados y en desarrollo», dijo.

    “Ahora vamos a considerar el acuerdo en la ronda…. Cuando lleguemos a octubre, será aún más claro cómo será un acuerdo. Negociaremos y participaremos de buena fe hasta ese momento «.

    Mientras Irlanda, Estonia y Hungría, todos países miembros de la UE sufren las presiones internas y embates desde la cartelizada OCDE y conservan su posición soberana, Panamá, que posiblemente haya sido el país que más ha sufrido globalmente, post Panama Papers, firmó el documento sin reserva alguna. Luego nos quejamos.

  • Tres razones para rechazar el esquema de armonización fiscal de Biden o «tributación mínima global»

    Allá por el 2007, narré en este video la explicación de por qué la competencia fiscal es muy deseable, por qué es probable que los políticos sobrecarguen y gasten en exceso (“Goldfish Government”) si piensan que los contribuyentes no tienen la capacidad de escapar.

    La buena noticia es que la competencia fiscal ha funcionado.

    Como se explica en el video anterior citado, ha habido grandes reducciones en las tasas de impuestos personales y las tasas de impuestos corporativos. Igual de importante, los gobiernos han reducido varias formas de doble imposición, lo que significa tasas impositivas más bajas sobre dividendos y ganancias de capital.

    Muchos gobiernos también han reducido, o incluso eliminado, los impuestos a las sucesiones y al patrimonio.

    Estas reformas fiscales favorables al crecimiento no sucedieron porque los políticos leyeran mis columnas (¡ojalá!). En cambio, adoptaron una mejor política fiscal porque temían perder puestos de trabajo e inversiones en países con una mejor política fiscal.

    Ahora las malas noticias.

    Hay una campaña en curso por parte de gobiernos con impuestos elevados para reemplazar la competencia fiscal con la armonización fiscal. Incluso han reclutado a burocracias internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para lanzar ataques contra jurisdicciones de bajos impuestos.

    Y ahora Estados Unidos está definitivamente en el lado equivocado de este tema.

    Esto es algo de lo que quiere la Administración Biden.

    «Estados Unidos puede liderar al mundo para poner fin a la carrera a la baja en las tasas de impuestos corporativos. Un impuesto mínimo sobre las corporaciones estadounidenses por sí solo es insuficiente. … El presidente Biden también propone alentar a otros países a adoptar fuertes impuestos mínimos sobre las corporaciones, al igual que los Estados Unidos, para que las corporaciones extranjeras no tengan ventajas y los países extranjeros no puedan intentar obtener una ventaja competitiva sirviendo como paraísos fiscales. Este plan también niega las deducciones a las corporaciones extranjeras … si tienen su sede en un país que no adopta un impuesto mínimo fuerte. … Estados Unidos busca ahora un acuerdo global sobre un impuesto mínimo fuerte a través de negociaciones multilaterales. Esta disposición aclara nuestro compromiso con un impuesto mínimo global. Ha llegado el momento de nivelar el campo de juego y ya no permitir que los países obtengan una ventaja competitiva reduciendo drásticamente las tasas de impuestos corporativos.».

    Como diría Charlie Brown, «Dios mío». Esos pasajes suenan como si los hubiera escrito alguien en Francia, no en Estados Unidos.

    Y el cielo no permita que los países «obtengan una ventaja competitiva reduciendo drásticamente las tasas de impuestos corporativos». Quelle horreur!

    Hay tres cosas que entender sobre esta reprensible iniciativa de la Administración Biden.

    1. La armonización fiscal significa tipos impositivos cada vez mayores: no hace falta decir que si los políticos pueden crear un cartel fiscal, será simplemente una cuestión de tiempo antes de que aumenten la tasa impositiva. En pocas palabras, no tendrán que preocuparse por un éxodo de empleos e inversiones porque todos los países estarán obligados a tener el mismo mal enfoque.

    2. La armonización del impuesto sobre sociedades irá seguida de la armonización de otros impuestos: si se impone el esquema de un impuesto sobre sociedades armonizado, el siguiente paso será la armonización (y superior) de las tasas impositivas sobre la renta personal, los dividendos, las ganancias de capital y otras formas de trabajo. Ahorro, inversión y emprendimiento.

    3. La armonización fiscal niega a los países pobres el mejor camino hacia la prosperidad: el mundo occidental se hizo rico en el siglo XIX y principios del XX cuando había un gobierno muy pequeño y no había impuestos sobre la renta. Ese es el camino que algunas jurisdicciones sensatas quieren copiar hoy para poder traer prosperidad a su gente, pero eso no será posible en un mundo de armonización fiscal.

    PD: Si desea obtener más información, aquí hay una serie de videos en tres partes sobre paraísos fiscales e incluso un video que desacredita parte de la demagogia de Obama sobre el tema.

  • Suiza se vuelve más competitiva a partir de su nueva reforma tributaria.¿Panamá debería hacer lo mismo?

    El 19 de mayo del pasado año, los votantes suizos aprobaron la Ley Federal de Reforma Fiscal y Financiamiento AHV (TRAF) que entró en vigor el 1 de enero de 2020. Considerada la tercera reforma importante del sistema de impuestos corporativos suizo, se puede argumentar que esta reforma es la de mayor alcance en sus implicaciones, dado su impacto en la fundación del sistema tributario suizo y su significativa reducción en las tasas impositivas cantonales.

    En Suiza hay varios tipos de impuestos y se cobran a nivel federal, cantonal (estado federado) y comunitario. La reforma fiscal prevé la abolición de los regímenes fiscales privilegiados a nivel cantonal (régimen de sociedades de cartera, mixtas y domiciliarias), la introducción de un «patent box regime»(las cajas de patentes permiten al gobierno suizo cobrar impuestos más bajos sobre los beneficios obtenidos de productos patentados) , una súper deducción de I+D y exenciones a efectos del impuesto sobre el capital.

    Además, la legislación tributaria aprobada ajustará la tributación de dividendos para individuos, el principio de contribución de capital y el sistema de crédito fiscal de suma global. Estos son los cambios más significativos:

    Impuestos de sociedades. Las empresas deberán pagar tasas impositivas más bajas en 2020 que en muchos cantones suizos. Las tasas efectivas de impuestos corporativos en todo el país en la mayoría de los cantones y municipios ahora estarán entre 12 y 15% (incluido el impuesto corporativo federal). En algunos cantones, como Zurich y Argau, la tasa efectiva se mantiene en 19.7 y 18.6% respectivamente. Si bien algunos de los cambios son modestos, otros son significativos: en la ciudad de Ginebra, por ejemplo, la tasa impositiva bajó del 24,16% al 13,99%. Los privilegios fiscales que se aplican a las sociedades de cartera, mixtas, principales y domiciliarias se eliminarán, ya que no cumplen con el derecho internacional.

    Impuesto sobre derechos de patente. Para alentar la investigación y el desarrollo, se reducirán los impuestos sobre las patentes y otros derechos similares. La reforma fiscal incluye instrumentos para promover la actividad empresarial en el área de investigación y desarrollo (I+D). Específicamente, los contribuyentes pueden solicitar una caja de patentes (incentivo fiscal). Según este acuerdo, las ganancias netas de las patentes se tienen en cuenta en el cálculo de la ganancia neta imponible en la proporción de los gastos calificados de I+D con respecto a los gastos totales de I+D por patente. Se aplica una reducción del 90%, aunque los cantones pueden elegir una tasa de descuento más baja.

    Además, los cantones tendrán la oportunidad de proporcionar una deducción adicional de no más del 50% por los gastos de I+D realizados por el contribuyente directamente o por un tercero en relación con el negocio del contribuyente.

    Dividendos. Se ha incrementado los impuestos sobre los dividendos de las participaciones individuales. El nivel federal se ha establecido en un 70%, mientras que el nivel cantonal variará, pero será de al menos el 50%. También hay un cambio en lo que se conoce como el umbral de transposición, que se había establecido en un 5%. El monto apropiado para gravar una transposición de acciones ahora se calculará con el producto de las ventas, menos el valor nominal y las reservas de contribución de capital.

    Ajuste del impuesto sobre el capital. A diferencia de la Confederación, los Cantones imponen un impuesto sobre el capital a las personas jurídicas además del impuesto sobre la renta. Este impuesto se basa en el capital propio de la empresa. Dado que la mayoría de los cantones permitieron una tasa de impuesto sobre el capital reducido para los estatutos fiscales especiales, TRAF autoriza a los cantones a proporcionar reducciones en el impuesto sobre el capital. Estas reducciones se refieren al capital social de una empresa vinculado al capital atribuible a participaciones calificadas, patentes y derechos similares, así como a préstamos intragrupo.

    Deducción por autofinanciamiento. Los cantones con una tasa combinada de impuestos corporativos cantonales, municipales y otros de al menos 13.5% también pueden introducir una deducción de intereses nocionales sobre el capital de garantía (deducción autofinanciada o «deducción de intereses nocionales»), también conocida como «Lex Zürich» en la medida en que ya que esta disposición ha sido hecha a medida para el Cantón. El capital social de seguridad es la porción del capital social que excede el capital social requerido para la actividad comercial a largo plazo. La tasa de interés se calculará en función de la tasa pagada en bonos federales a 10 años.

    Ecualización fiscal y refinanciamiento AHV. La TRAF también incluye medidas para reequilibrar la igualación fiscal entre el nivel federal y el cantonal, de modo que la compensación financiera federal para los Cantones se haya vuelto más alta. Principalmente por razones políticas y la aceptabilidad de la reforma debido al rechazo del primer borrador, TRAF también incluye una medida para refinanciar el AHV (seguro de vejez y sobrevivientes) al aumentar las contribuciones de empleadores y empleados por unos pocos puntos porcentuales.

    Impuestos mínimos y máximos. Por último, la desgravación fiscal máxima otorgada en virtud de las nuevas medidas está limitada a nivel cantonal. La reducción de impuestos, basada en el cuadro de patentes, la deducción de gastos de I+D y la deducción de intereses nocionales, no puede exceder el 70% de los ingresos antes de la pérdida de impuestos y la deducción de los descuentos. Los cantones son libres de elegir una tasa de descuento más baja. Esto les brinda flexibilidad en la forma en que responden y les permite tener en cuenta las características específicas de su propio sistema tributario.

    Como vemos, la TRAF proporciona a los cantones un margen de maniobra significativo para una diversidad de medidas fiscales, logrando incorporar el impuesto de sociedades suizo a los estándares impositivos modernos y a las posiciones de sus socios económicos al tiempo que ha permitido a Suiza permanecer a la vanguardia del panorama del impuesto de sociedades europeo gracias a las diversas medidas fiscales descritas anteriormente.

    Esta reforma tributaria de calado, que ha iniciado recientemente a regir, coloca a Suiza, especialmente post Covide, en una posición claramente ventajosa frente al resto de jurisdicciones como Panamá, que compiten por los escasos recursos globales de inversión. La legislación introduce un régimen competitivo de impuestos corporativos que tiene en cuenta los requisitos de la agenda BEPS de la OCDE y es totalmente aceptado a nivel internacional. Ellos comenzaron primero, no hay mucho tiempo para pensar y actuar en consecuencia.

  • Suiza pacta con la UE y la OCDE, pero bajará más los impuestos a las empresas

    Corren tiempos difíciles para los centros financieros internacionales. La presión ejercida por las principales potencias económicas de Occidente está consiguiendo reducir la competencia tributaria a nivel global, al calor de listas negrasleyes blandas y otras fórmulas de presión que están empezando a dar sus frutos. 

     

    La ofensiva de la Unión Europea volvió a quedar de manifiesto en la cumbre de ministros de Hacienda que coordinó recientemente el G-20. La reunión, que tuvo lugar en Japón, se saldó con el compromiso de reforzar la fiscalidad aplicada a las empresas multinacionales, en general, y a las compañías tecnológicas, en particular. 

     

    Ante un contexto internacional tan complicado, Suiza optó por cambiar su estrategia y redefinir su sistema tributario. En 2014, las autoridades federales del país alpino empezaron a preparar un nuevo código fiscal compatible con las recomendaciones de la Unión Europea y la OCDE. En 2015, el consenso llegó a los gobiernos locales y permitió la constitución de diversos grupos de trabajo que prepararon una reforma fiscal que empezó a ver la luz en 2018, cuando se publicaron sus primeros borradores. 

     

    Se estima que más de 24.000 empresas multinacionales tienen actividad en el país helvético. Según la consultora PwC, estas firmas aportan casi el 30% del PIB y generan uno de cada cuatro puestos de trabajo. Por tanto, la clave pasaba por cambiar las reglas fiscales, pero manteniendo el atractivo fiscal del país suizo. 

     

    Las quejas de los burócratas de Bruselas y París se habían centrado en las deducciones especiales que podían negociar las empresas con las autoridades locales. A cambio de un determinado nivel de inversión o creación de empleo, el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades podía experimentar rebajas adicionales. 

     

    Este sistema es similar al que aplica Luxemburgo, donde las empresas de gran tamaño cuentan también con la posibilidad de negociar descuentos adicionales en el Impuesto de Sociedades, siempre y cuando demuestren un impacto significativo en la economía del Gran Ducado. Por tanto, hay cierta hipocresía en la campaña de la UE y la OCDE, que insisten en anular dichos arreglos en Suiza pero muestran más tolerancia con los pactos fiscales que también permite la legislación luxemburguesa. 

     

    Para poner fin a las tensiones, Suiza va a reducir el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades del 14,1% al 12,8%. Entre las firmas que se beneficiaban de un tipo preferencial, el tipo efectivo subirá del 9% al 11%, mientras que el resto de compañías experimentarán una rebaja del 20% al 15%. La recaudación bajará 2.137 millones de dólares, de modo que las nuevas reglas suponen una rebaja neta de la carga fiscal. 

    Es cierto que, para las empresas que negociaban un tratamiento fiscal preferencial, la reforma aumentará la recaudación en 81,7 millones de dólares, pero dicha cifra supone una cantidad relativamente baja e implica una subida relativamente modesta del tipo efectivo, de dos puntos porcentuales. 

     

    En paralelo, la reforma incluye nuevas reglas de depreciación, deducciones del 90% para beneficios derivados de propiedad intelectual registrada en el país alpino o descuentos fiscales que permitirán descontar de la factura fiscal hasta el 50% del gasto en I+D. Además, no pocos gobiernos cantonales han anunciado ya que aplicarán rebajas varias en las tasas inmobiliarias que cobran a las empresas que operan dentro de su territorio. 

     

    Así las cosas, la estrategia suiza parece relativamente inteligente, habida cuenta de la presión recibida por la UE y la OCDE. Sí, es cierto que se ha producido una armonización de diversos estándares, pero a cambio se ha aprobado un nuevo marco fiscal que reduce más aún el peso de los impuestos sobre los beneficios empresariales. Al final, la mejor demostración del cambio a mejor es la estimación del tipo efectivo que pagarán las compañías, un indicador en el que se producirá una rebaja del 14,1% al 12,8%, tal y como se establecía en párrafos anteriores. 

     

    Para centros financieros internacionales de otras latitudes, la experiencia suiza ofrece una lección interesante. En vez de plantar cara a la UE y la OCDE, las autoridades helvéticas han preferido jugar con sus reglas y redefinir sus reglas tributarias de forma que, en última instancia, la fiscalidad empresarial sea aún más baja. 


    En parte, esto es lo mismo que han hecho países miembros de la UE como Holanda, Irlanda o, más recientemente, Hungría. En el caso del país gobernado por Víctor Orbán, se ha introducido un flat tax del 15% en el Impuesto sobre la Renta y se ha aplicado un 9% como tipo general del Impuesto de Sociedades. De nuevo, se repite la misma estrategia: gobiernos que aceptan las reglas de la UE y la OCDE, pero las replantean de manera que la factura fiscal efectiva sea más atractiva. 

  • Saltó la Liebre

    Nuestra Canciller ahora opina que Panamá debe seguir los ejemplos de Colombia, Chile y Costa Rica que se han incorporado a la OCDE. Según la canciller, estar en la OCDE mejoraría nuestra institucionalidad, como sin duda ha mejorado la de México, miembro fundador de la OCDE.

    La OCDE aparentemente tiene estándares institucionales y mediciones muy robustos, y que esto le serviría a Panamá, que se está quedando atrás en institucionalidad, pero que a alguna gente no le va a gustar, dice la canciller.

    Y tiene razón, yo soy uno de aquellos a los que no les gusta esa idea. Y como buen lobo tengo mis motivos. La idea que la OCDE está dando prioridad en sus actuaciones internacionales a la “competencia fiscal perjudicial”, sobre temas como la educación, o la justicia y otros temas institucionales, deja en claro una cosa. La OCDE es más o menos lo mismo que la Unión Europea post Euro. Dicen las malas lenguas que la Unión Europea es un club alemán. O sea que el manejo de la política monetaria y fiscal de la Unión Europea tiene como objeto defender más que nada los intereses alemanes. El Euro evita que los estados usen la moneda propia con fines proteccionistas y hace barato comprar productos alemanes para quien tiene Euros. La política fiscal y regulatoria de la Unión Europea tiene como función principal defender el Estado del Bienestar Alemán asegurándose que no puedan surgir competidores de las industrias alemanas que sostienen el estado del bienestar con sus impuestos en otros países. La Unión Europea busca ahora estos start ups en el este o sur de Europa en la cuna.

    La OCDE actúa de manera similar, pero a nivel internacional. Mantiene la división del trabajo como está. Los países ricos acaparan las inversiones y los países pobres solo seguirán exportando materias primas. Cuando hablamos de competencia fiscal perjudicial, estamos hablando de evitar que los inversionistas de países desarrollados con impuestos altos no puedan escapar a países subdesarrollados con impuestos bajos. Al final, tras el discurso bonito y lindo de anticorrupción e institucionalidad, queda sólo esto. Sino pregúntenles a los mejicanos, fundadores de la OCDE, qué tan institucionales y libres de corrupción se encuentran. Pero que están cogidos por la burocracia, están.

    Otro argumento para que Panamá entre en la OCDE es que al final siempre nos aplican las regulaciones aunque no seamos miembros; por lo menos si estamos sentados a la mesa de la OCDE, podemos discutir las regulaciones antes que nos las apliquen, al estilo de la membresía del Reino Unido en la Unión Europea, según Yes Prime Minister. Que el Reino Unido se unió a la Unión Europea para luchar desde adentro contra ésta. Bueno, ya sabemos que al final no les funcionó y se han tenido que ir como sea de la misma. Panamá en la OCDE sería un disidente entre un mar de creyentes. Además, ser disidentes requeriría un gobierno de Panamá que tenga ideas claras sobre qué quiere hacer para el país y pueda disentir con las propuestas de los demás miembros de la OCDE de manera  firme y sustentada, algo que Panamá no ha hecho, por lo menos durante la actual Cancillería.

    Y no es la única manera de hacer sentir nuestra voz. Otro método es asociarse con los países no miembros de la OCDE a los cuales les han querido aplicar normas de la OCDE sin ser miembros. Y plantear una estrategia diplomática común que debe incluir usar los instrumentos de derecho internacional, sobre todo cuando buscan aplicarle a países miembros normas que los propios países miembros no se aplican a sí mismos en una jugada proteccionista. Eso es algo que el actual gobierno nunca quiso hacer. Bajarse los pantalones con la OCDE y, de ser posible, ser miembro putativo de la organización, parece que siempre fue la política no manifiesta del actual gobierno. Me alegro que al final lo digan.

    Y me alegro que ya no les quede tiempo para meternos en la OCDE.

  • Lorenzo Montanari: “En EEUU ya se está preparando una segunda rebaja fiscal”

    Lorenzo Montanari es el director de Asuntos Internacionales de Americans for Tax Reform, uno de los grupos de presión más influyentes de Estados Unidos. Antes de incorporarse a dicha institución, este politólogo italiano trabajó en una consultora de relaciones públicas y en la George Washington University. Sus artículos aparecen de forma regular en medios como FORBES o The Daily Caller. GCC Views ha hablado con él para conocer de cerca la reforma fiscal que ha aprobado Estados Unidos y sus implicaciones para Panamá y el resto del mundo.

    ¿Qué hace exactamente su organización?

    En Americans for Tax Reform (ATR) empezamos a trabajar para conseguir una reforma fiscal desde el día uno de nuestra existencia, en 1985. Nuestra misión no ha cambiado: seguimos volcados en conseguir reglas tributarias más atractivas y mejor diseñadas. En los años 80, jugamos un papel importante a la hora de promover la rebaja de impuestos que propuso el presidente Ronald Reagan. Desde entonces, nos hemos volcado en conseguir reformas a nivel regional, aunque la conversación ha vuelto al plano federal en los últimos años, de modo que se nos abrió la posibilidad de conseguir la reforma fiscal más ambiciosa en las últimas tres décadas.

    Imagino que están de enhorabuena…

    El 22 de diciembre de 2017 se firmó en la Casa Blanca la ley que oficializa la reforma fiscal de la Era Trump. No surgió de la nada: el contenido de la reforma recoge el acervo de décadas de investigación y presión que han servido para explicar por qué era necesario reducir el peso de los impuestos sobre salarios y beneficios empresariales.

    ¿Presionaron para conseguir cambios concretos o, más bien, para insistir en las líneas generales de la reforma?

    No siempre es fácil concretar una reforma. Se puede discutir cuál es la base imponible adecuada, cuál es el tipo óptimo, etc. Pero en ATR nos hemos especializado en marcar el trazo de la reforma. Nuestro mensaje fue muy claro: Estados Unidos había perdido atractivo fiscal a nivel internacional, de modo que esta era la oportunidad de cambiar el paradigma y volver a ser competitivos en el terreno tributario.

    ¿Habrá nuevos cambios en el futuro?

    El trabajo de ATR está volcado en conseguir que las rebajas de impuestos contribuyan a mejorar los sueldos netos de los trabajadores y los resultados anuales de las empresas. Por eso, por mucho que ya hayamos logrado un gran avance en 2017, estamos ya “cocinando” una nueva rebaja de impuestos. Creemos que esta “reforma tributaria 2.0” vendrá de la mano del congresista Kevin Brady, cuyo liderazgo en el terreno fiscal cuenta con nuestra colaboración y apoyo entusiasta.

    ¿Por dónde iría esa “reforma tributaria 2.0”?

    De entrada, queremos que las rebajas fiscales que tienen fecha de caducidad (2025) pasen a ser permanentes. También buscamos un nuevo recorte en el tipo general del Impuesto de Sociedades, que ya bajó del 35% al 21% pero podría ser reducido de nuevo para llegar al 20%. Además, podría mejorarse el tratamiento fiscal de los planes de ahorro, vitales para apuntalar las pensiones.

    ¿Qué ingredientes centrales tiene la reforma, sobre todo pensando en su impacto para el resto del mundo?

    Para impulsar el crecimiento, no hay nada tan importante en la reforma de 2017 como la reducción del Impuesto de Sociedades. Este punto reduce significativamente el coste de capital y contribuye a aumentar la inversión y la productividad. Otro elemento crucial ha sido el paso de una fiscalidad global a una territorial, lo que significa que ya no exigimos impuestos sobre los beneficios logrados en el extranjero. Y, no hay que olvidarlo, la nueva legislación permite repatriar activos que estaban fuera de Estados Unidos a un tipo que va del 8% para las rentas derivadas de activos ilíquidos al 15% que se cobra a los ingresos generados por activos líquidos.

    En cuanto a las familias, hemos duplicado los mínimos exentos, las deducciones aplicables por hijo y los tipos aplicados a trabajadores de todo nivel de ingresos. Alrededor del 90% de los contribuyentes va a experimentar una rebaja de su factura fiscal como consecuencia de estas medidas. Millones de trabajadores se han beneficiado, además, de una auténtica lluvia de “pagas extra”, con primas salariales de 1.000 o 2.000 dólares.

    De modo que ya hay resultados…

    Los datos de crecimiento ya apuntan que la economía se está acelerando. Este último trimestre, el PIB ha subido un 4,1%. A medio plazo Tax Foundation estima que, gracias al nuevo marco tributario, el crecimiento puede acelerarse hasta llegar a un ritmo extra del 1,7% anual. Todo eso da ejemplo al resto de mundo y envía una señal clara de que las rebajas de impuestos generan crecimiento y prosperidad.

    Países como Panamá han captado capital a base de mantener una fiscalidad relativamente baja. ¿Qué supone este giro en la política fiscal de EEUU?

    La reforma fiscal aumentará la competencia tributaria a nivel global. Se ha reabierto la discusión sobre la importancia de bajar los impuestos. En Hungría, por ejemplo, el tipo general del Impuesto de Sociedades ha caído al 9%. En Italia, por poner otro ejemplo, se habla ya de un flat tax para empresas y familias. Y ahí está el ejemplo de Irlanda, que mantiene con éxito un modelo fiscal basado en reducir al 12,5% la fiscalidad de las empresas.

    Para cualquier país del mundo, el tablero de juego ha cambiado. Toda reforma que suponga un deterioro del clima tributario se enfrenta ahora a un contexto internacional más competitivo. Para las empresas y para los trabajadores más dinámicos, Estados Unidos se ha convertido en un destino fiscal mucho más atractivo.