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Donald Trump tiene una habilidad poco común: tomar un hecho histórico complejo, reducirlo a una imagen simple y repetirla hasta que se convierta en verdad popular. Su versión del Canal de Panamá es un ejemplo perfecto de esa técnica. «Jimmy Carter lo regaló por un dólar», ha dicho en incontables ocasiones, en entrevistas con Tucker Carlson, en Truth Social, en discursos de campaña. La frase es memorable, evocadora y, en su literalidad, falsa. Pero como toda buena simplificación populista, contiene suficientes capas de verdad parcial como para que desmontar la resulte incómodo para todos los bandos.

¿De dónde viene el «un dólar»?

Antes de cualquier análisis histórico, vale la pena responder la pregunta más básica: ¿existió ese dólar? ¿O es pura invención retórica?

La respuesta es matizada. Los Tratados Torrijos-Carter de 1977 no establecen ningún pago de un dólar de Panamá a Estados Unidos. No hay transacción de compraventa en ninguno de los dos documentos. El canal no se vendió, se transfirió soberanía sobre él mediante un acuerdo diplomático. Lo que sí existió fue una práctica protocolar habitual en el derecho internacional: cuando se transfieren activos entre Estados mediante tratado, a veces se incluye un pago simbólico de un dólar para darle forma jurídica de transacción al acuerdo. Es una figura legal, no una valoración económica.

Lo irónico es que la realidad fue, si se quiere, más onerosa para Estados Unidos que el dólar simbólico. Como documentan los registros del Departamento de Estado, el acuerdo incluyó compromisos de préstamos, créditos garantizados y asistencia militar a Panamá por aproximadamente 345 millones de dólares para facilitar la transición. Es decir: no solo Estados Unidos no cobró, contribuyó financieramente a que Panama pudiera asumir la operación. Trump, en todo caso, debería estar más enojado por eso que por el dólar que nunca existió formalmente.

El origen del problema: 1903

Para entender por qué en 1977 se llegó a negociar la devolución del canal, hay que retroceder al 18 de noviembre de 1903 y al Tratado Hay-Bunau-Varilla. Ese documento fundacional tiene un detalle que lo resume todo: fue firmado por un ciudadano francés, Philippe-Jean Bunau-Varilla, ingeniero y accionista de la compañía que había fracasado en construir el canal, en representación de Panamá. La delegación panameña viajaba hacia Washington cuando se cerró el acuerdo. Llegó dos horas tarde. El tratado ya estaba firmado.

Los términos que negoció ese francés sin mandato real, una franja de diez millas de ancho bajo control estadounidense «como si fuera soberano», a cambio de 10 millones de dólares y una renta anual, generaron décadas de resentimiento que ningún análisis honesto puede ignorar. La Zona del Canal funcionó durante 75 años como un enclave colonial que literalmente dividía el territorio de un país soberano, con sistema de segregación racial incluido, administrado desde Washington.

El punto de no retorno fue el 9 de enero de 1964, cuando estudiantes panameños intentaron izar la bandera panameña junto a la estadounidense en la Zona del Canal. Los disturbios dejaron más de 20 panameños muertos y cerca de 500 heridos. Ese día, hoy feriado nacional en Panamá, el Día de los Mártires, cambió la ecuación política para siempre.

Carter, Torrijos y la negociación

Los Tratados Torrijos-Carter no fueron un capricho idealista de un presidente demócrata, fueron la respuesta pragmática a una situación geopolíticamente insostenible. El propio Henry Kissinger, difícilmente sospechoso de sentimentalismo tercermundista, advirtió al presidente Ford en 1975 que mantener el control del canal «parece puro colonialismo» y que el fracaso en negociar alimentaría los movimientos antiestadounidenses en toda América Latina en plena Guerra Fría.

Los tratados, firmados el 7 de septiembre de 1977, eran en realidad dos documentos distintos y complementarios. El primero establecía la transferencia gradual del control operativo del canal a Panamá, completada el 31 de diciembre de 1999. El segundo, el Tratado de Neutralidad Permanente, es el que Trump sistemáticamente omite mencionar: garantizaba que el canal permanecería abierto a todos los países en igualdad de condiciones, y otorgaba a Estados Unidos el derecho permanente de defenderlo militarmente ante cualquier amenaza a su neutralidad.

No fue una rendición; en realidad fue una retirada estratégica con garantías. La ratificación en el Senado fue una batalla política épica que Carter ganó por un solo voto sobre el mínimo requerido: 68 contra 32. Uno de los mayores defensores republicanos de los tratados fue John Wayne, amigo personal de Torrijos.

El canal hoy: lo que Trump no cuenta

Aquí es donde la narrativa de Trump no solo es históricamente imprecisa, sino que es económicamente contradictoria con la realidad observable.

Desde la transferencia completa en 1999, la Autoridad del Canal de Panamá ha operado el canal con una eficiencia que ningún análisis serio cuestiona. En 2016, Panamá completó una expansión de 5.25 billones de dólares que duplicó la capacidad del canal, permitiendo el paso de los llamados buques Neopanamax, los portacontenedores más grandes del mundo, que antes debían rodear el continente. Esa inversión fue íntegramente panameña, sin participación de capital estadounidense.

Los resultados financieros son contundentes. En el año fiscal 2023, el canal generó ingresos por casi 5.000 millones de dólares, un incremento del 14,9% respecto al año anterior, incluso con niveles de tránsito reducidos por una sequía severa. En 2024, a pesar de que los tránsitos de buques de gran calado cayeron un 21% por la continuidad de las restricciones hídricas, los ingresos totales se mantuvieron en 4.990 millones de dólares, por encima del presupuesto proyectado, con costos operativos reducidos en un 5%. El ingreso neto creció 300 millones respecto al ejercicio anterior. Esos números representan aproximadamente el 4% del PIB de Panamá.

En cuanto al argumento de que «China controla el canal»: es falso en términos operativos. La empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings opera puertos en los accesos al canal mediante concesiones comerciales negociadas. La operación diaria del canal la ejerce exclusivamente la Autoridad del Canal de Panamá. El presidente panameño José Raúl Mulino lo dijo con una claridad que no admite ambigüedades: el canal es panameño y no hay nada que negociar.

El dólar como herramienta populista

Volvamos al dólar. ¿Por qué Trump insiste con esa imagen específica hoy, más de 25 años después de la transferencia?

La respuesta raramente está en la historia, está en la política doméstica. Trump necesita narrativas de agravio externo: Panamá, Groenlandia, el Golfo de México rebautizado. Son distracciones funcionales que mantienen a su base movilizada con un enemigo concreto y permiten presentar cualquier conflicto internacional como la corrección de una injusticia histórica. El «un dólar» es perfecto para ese propósito: es simple, es ultrajante, es memorizable y es suficientemente antiguo como para que nadie recuerde bien los detalles.

El problema es que los detalles importan. Estados Unidos no «regaló» el canal, administró durante 75 años una franja colonial en territorio ajeno, luego negoció una salida ordenada con garantías permanentes de acceso y defensa, y hoy se beneficia de un canal operado con niveles de eficiencia e inversión que difícilmente hubiera sostenido por cuenta propia.

La pregunta relevante hoy es si la retórica revisionista de Trump sobre el canal responde a un interés estratégico genuino de Estados Unidos o simplemente a la misma lógica que siempre ha movido al populismo: necesitar un enemigo exterior cuando los problemas interiores se acumulan.

La historia del Canal de Panamá no es la historia de una traición americana ni la historia de una victoria anticolonial pura. Es una historia larga, complicada y cargada de errores, intereses y pragmatismo de todos los actores involucrados.

Lo que sí es claro es esto: el canal funciona. Genera casi 5.000 millones de dólares anuales. Mueve el 5% del comercio marítimo mundial. Fue ampliado y modernizado con capital panameño. Y opera bajo un tratado que garantiza a Estados Unidos acceso y derecho de defensa permanente.

No fue por un dólar. Tampoco fue una traición. Fue el final inevitable de un arreglo colonial que había durado demasiado; negociado, imperfectamente pero funcionalmente, por adultos que entendían que el mundo había cambiado desde 1903.

La nostalgia imperial es comprensible. La política exterior basada en ella es otra cosa..