Categoría: Acción Humana

  • Especular sobre la especulación

    Especular sobre la especulación

    Es bastante común escuchar y leer a quienes sostienen que los culpables de gran parte de los males que aquejan a nuestra sociedad la tienen los especuladores; es decir, quienes buscan el lucro en los negocios. Curioso, pues “especular” significa pensar, de hacer conjeturas, suponer, y, en general, de adelantarse en el tiempo a los que ocurrirá en algún momento futuro, con miras, entre otras, a sacar provecho de esas circunstancias. Otra definición es la de «asumir un riesgo empresarial con la esperanza de lograr alguna ventaja futura», teniendo en cuenta que también se corre el riesgo de caer en desventaja. En fin, quien no especula jamás podrá ser un comerciante funcional.

    Por supuesto que cuando a los intervencionistas estatales les fracasan sus alocadas estrategias de regimentar nuestras vidas, salen a buscar culpables y la palabrita «especulador» le viene a pelo, pues con ella lo dicen todo, al mismo tiempo que no dicen absolutamente nada; un perfecto galimatías.

    El problema del interventor de palacio en la vida ajena es que se va trazando intrincados planes para enfrentar el producto de sus propias transgresiones económicas y sociales, sin tomar en cuenta la naturaleza humana; esa que no responde dócilmente a políticas centralizadas. Y menos mal, pues el día en que todos dejemos que nuestro sentido común sea manipulado por el de los políticos de turno será el día de nuestra decadencia total. Esta es la batalla de los malos políticos en contra de la actividad mercantil ciudadana; y, en general, a todo el que ve a quien especula como el enemigo público.

    En síntesis, especular no sólo es bueno sino esencial en una sociedad libre. No especular es no pensar. En un mundo libre todo ser protagónico es un ser especulador que toma decisiones en vista al futuro. Estudiamos porque creemos que nos resultará beneficioso a futuro; ahorramos por la misma razón; y acaparamos o ahorramos pensando en que podemos servir mejor a nuestros clientes; por supuesto, sacando ventaja económica, pues por algo nos tomamos el riesgo, que suele ser grande.

    Sin embargo, la gran tragedia del intervencionismo estatal es que con ello se va distorsionando las señales de mercado y se dificultan las tomas de decisiones en la actividad comercial; porque ya uno no sólo debe lidiar con las fuerzas propias del mercado sino también con todo el intríngulis politiquero; y… ni hablar con todo el pillaje.

    Por ejemplo, ¿quien se arriesga a invertir en un mercado en dónde no se respetan los contratos, particularmente con el estado representado con sus gobiernos y en dónde no se tiene certeza de repago de los compromisos de deuda central. Pero por otro lado vemos que los especuladores de los mercados financieros son el producto de la propia intervención estatal que ha ido creando un ambiente propicio para ello; lo cual es particularmente cierto en países con bancas centrales en dónde juegan con las tasas de intereses.

    El especulador no está a la par con el gobernante que tiene a mano la opción de la coerción y más bien depende del beneplácito de sus contrapartes en el comercio. Los especuladores sirven una función vital como señalizadores del mercado, y en la medida en que los gobernantes logren una disciplina fiscal, iremos disminuyendo las especulaciones disparatadas.

  • Guerra en nombre de la libertad

    Guerra en nombre de la libertad

    Para poder estar a favor o en contra de una guerra, deberíamos quitarle el sesgo político y eso es imposible, desde que la decisión de incursionar o no en una guerra depende del gobierno de turno que –en sociedades democráticas- ha surgido de la elección popular. Un mecanismo para legitimar decisiones centralizadas, con las múltiples fallas demostradas ampliamente por James Buchanan, Gordon Tullock y la Escuela de Public Choice. ¿Qué tan cierta es la revelación de preferencias de los votantes? Es decir, ¿qué tan cierto es que una sociedad que declara la guerra, ataques o incursiones militares de cualquier tipo sobre otras naciones realmente prefiere esa acción? En definitiva, la guerra se apoya en una eventual decisión de la mayoría, pero toda una nación debe soportar el accionar circunstancial de un grupo de personas en el poder.

    Esto nos refuerza la idea que sostenemos siempre: la única y verdadera “salvación” es siempre individual. Lo que bajo ningún concepto significa lo mismo que “aislada”. Los individuos sólo pueden progresar y desarrollarse en marcos sociales en los que la cooperación entre ellos supere a la confrontación. Por lo que la defensa de nuestros derechos fundamentales sólo puede darse en un marco en el que el individuo predomina por sobre el gobierno.

    Lamentablemente, la historia se nutre de colectivismos, especialmente después de la 2da guerra Mundial, cuando se establecieron mecanismos de derecho internacional para prevenir otra guerra, que a la postre, no han servido para nada y más bien han sido cooptados por los distintos gobiernos coyunturales. De hecho, el derecho internacional no puede aspirar a ser más que una declaración de principios y valores, en la medida en la que no es posible su ejecutoriedad o enforcement. Aún así, con el paso de los años el derecho internacional ha sido pisoteado, desatendido y cada vez más desprestigiado, normalizando las sucesivas violaciones a sus preceptos, tales como las invasiones a otros países o la interferencia en asuntos internos.

    Entonces, ¿cómo argumentar opiniones en un mundo en el que el ideario liberal no tiene cabida? Porque entendemos el sufrimiento y el horror que padecen las personas viviendo bajo dictaduras y teocracias, pero sostenemos que la salida de esos regímenes sólo puede darse como producto de la evolución y de las instituciones que –como producto del orden espontáneo- llevan a sus ciudadanos a preferir abandonar esquemas tribales, y abrazar la vida en sociedades abiertas y pacíficas

    Y por más doloroso que resulte , sólo esas sociedades pueden alcanzar la libertad, y organizar sistemas de gobierno que entorpezcan la acumulación y centralización del poder, y se guíen por reglas sostenidas en el tiempo, e independientes de las figuras humanas que tengan sobre sus hombros la tarea de liderar esas naciones. Lo que –indiscutiblemente- depende de la oferta política de sus líderes, y las preferencias de los electores.

    Desde una óptica colectivista, la situación atroz que viven las mujeres, los homosexuales y otras minorías bajo teocracias violentas se explican, precisamente, por ignorar por completo a cada uno de los individuos que conforman esos colectivos, decidiendo sobre su vida y su futuro en base a esa pertencencia. Algo diametralmente opuesto a lo que sostiene la filosofía liberal, que se sostiene en base al individualismo metodológico.

    Lamentablemente el colectivismo (en distintos grados) es lo que impera hoy en el mundo, por lo que una intervención militar o una declaración de guerra puede presentarse como honesta, ética y solidaria, y consigue el aplauso de algunos sectores voluntaristas que realmente creen que es el camino más idóneo para la liberación de esos oprimidos pueblos.

    Pero la historia también nos enseña que este tipo de intervenciones atroces no sólo jamás han logrado su objetivo liberalizante, ni siquiera mejorar lo que existía previamente, sino que han servido como medio para alcanzar fines espurios de poder o de riqueza a quienes tuvieron en sus manos la posibilidad de concretar esas decisiones. Experiencias como la de Estados Unidos en sus incursiones militares en Irak y Afghanistan incluso han empeorado las condiciones en muchos casos, sirviendo de incentivo y motivación para la gestación y el criminal accionar de nuevos grupos terroristas, cada vez más sanguinarios.

    Resulta evidente que los intereses de Israel sobre la situación en Irán van más allá de una merca cuestión política, en tanto su supervivencia como país depende de ello. Pero no esa interpretación en absoluto puede extenderse a los Estados Unidos, en tanto su supervivencia no está en juego, ni su seguridad nacional puede justificar la matanza de cientos –si no miles- de personas. Máxime cuando ese país se encontraba en negociaciones diplomáticas (es decir, acordes al derecho internacional y mecanismo con resultados probadamente más eficientes que la guerra) con Irán.

    Indiscutiblemente que una incursión bélica como la de Estados Unidos e Israel sobre Irán no puede compararse, siquiera, con la asistencia o ayuda que un país esté dispuesto a brindar a otro, por los motivos que sean; máxime si esa ayuda se hace a un país que ha sido ilegítimamente invadido por otro, como el caso de la invasión Rusa a Ucrania, en abierta violación al derecho internacional.

    En ese estado de cosas, España está liderada por un presidente nefasto para los intereses del país, quien ha arrinconado los derechos fundamentales de sus habitantes, comenzando por las afectaciones a los derechos a la propiedad privada, y causando un estado de cosas que de no existir la autonomía de cada comunidad, la concentración de poder y la centralización de las decisiones seguramente darían resultados mucho peores.

    Pedro Sánchez es un presidente que se sostiene en base a mentiras; que no rinde cuentas; que no se atiene a los límites impuestos –fácticmente- por un presupuesto, y que lleva en su conciencia (si es que la tiene) la muerte de casi 50 muertos producto de la pésima administración de las vías ferroviarias Españolas.

    Dicho esto, hasta un reloj dañado da correctamente la hora dos veces al día. Y es propio de liberales como nosotras alejarnos de cualquier dogmatismo que impida ver la realidad con la mayor amplitud de criterios posible. Indiscutiblemente que el gobierno de Pedro Sánchez es patético en términos éticos y de eficiencia, pero cuando sugiere que el ataque de Estados Unidos a Irán responde al inmoral interés particular de Donald Trump, acosado por problemas reales como su implicancia en el caso Epstein, por ejemplo, Sánchez tiene razón.

    La escalada armamentística iniciada por Estados Unidos e Israel es apenas un reflejo de la personalidad matona, soberbia y belicosa de un individuo como Donald Trump, en el que su falta de conciencia (individual y cívica) le permite llegar a extremos a los que ningún otro presidente de ese país ha llegado antes. La paz del mundo depende, en gran medida, de un puñado de individuos con el poder concentrado y suficiente para involucrar a siete mil millones de personas en un estado de cosas en un mundo prehistórico, en el que la ley del más fuerte sea la que se imponga.

    Frente a la posición de Sánchez, el resto de los países europeos se alejan de España no porque sean afines a los intereses de Donald Trump (nótese que, intencionalmente, no decimos Estados Unidos), sino porque Pedro Sánchez ha dado sobradas muestras de ser una persona sin escrúpulos, ocupando una posición de por sí cuestionable, y quien ejerce un liderazgo populista, absolutamente capáz de traicionar a sus socios europeos con tal de no perder su apoyo local y verse obligado a abandonar el poder.

    Es importante comprender que el alejamiento del resto de Europa no significa que esos países celebren o aplaudan las incursiones decididas por Donald Trump, ni que adelanten su absoluta concordancia con las decisiones que Trump tome en el futuro. Por el contrario, los países europeos (que no sean España) están dispuestos a defender los intereses europeos, y responder si sus bases en Medio Oriente o incluso en Chipre son atacadas, tal como ya ha sucedido. Esta postura está siendo liderada por Emannuel Macron, en tanto la posición de España es rechazada por los restantes miembros de la Unión Europea, por ninguna otra razón que el rechazo a los comportamientos desleales para con la región sostenidamente mantenidos por Pedro Sánchez; y no así por su declamada oposición a Trump y a los Estados Unidos. Pero es imperativo descartar la idea de una Europa boba, sometida y sojuzgada a las políticas bélicas de Donald Trump. Una Europa más parecida a la figura del bufón, o del servilismo a los Estados Unidos como la demostrada ininterrumpidamente por Javier Milei.

    Reiteramos, intentar opinar como liberales en un mundo que se rige por reglas colectivistas, es imposible sin apelar al clásico “no a la guerra”. La guerra es destrucción, comenzando por la vida, jamás estaremos a favor de ella, pero en los elementos actuales, defenderse como país ante la agresión, lo entendemos y apoyamos. Apoyar a otros países en el ataque a un tercero, aun bajo la cláusula de la disuasión o prevención, o incluso liberación, no nos encontrará de ese lado, a pesar del horror que nos cuesta plantearnos esta última situación, porque la liberación comienza por uno mismo y no esperando a un líder que lo haga por nosotros.

    Artículo editado y corregido por la Dra. Carolina González Rodríguez.

  • Putin perdió la guerra, sugiere Guy Sorman

    Putin perdió la guerra, sugiere Guy Sorman


    En su artículo Cómo Putin perdió la guerra, el ensayista Guy Sorman sostiene que la invasión rusa de Ucrania en 2022 no ha producido los resultados estratégicos que Moscú anticipaba y que, en muchos sentidos, ha terminado por significar una derrota política y simbólica para el presidente Vladímir Putin. Según Sorman, el conflicto se ha prolongado mucho más de lo previsto, la ofensiva rusa no logró un resultado decisivo y la moral de las tropas rusas ha sido inferior a la de los defensores ucranianos. Desde esta perspectiva, la guerra no solo ha puesto en entredicho las capacidades militares rusas, sino que también ha debilitado la posición internacional de Moscú.

    Fortalezas del argumento de Sorman

    Uno de los puntos fuertes de Sorman es su énfasis en la moral y legitimidad de las fuerzas combatientes. En guerras prolongadas, la voluntad de luchar y el propósito percibido suelen ser tan importantes como la superioridad material. En este conflicto, muchas fuerzas ucranianas han defendido su propio territorio con gran determinación, mientras que las fuerzas rusas se han visto inmersas en un esfuerzo bélico que ha generado numerosas bajas y ha requerido métodos cada vez más cuestionables de reclutamiento.

    Además, Sorman subraya que la guerra ha demostrado que la superioridad tecnológica o numérica no garantiza la victoria, sino que la innovación estratégica, la cohesión interna y la percepción pública juegan un papel crucial en los conflictos contemporáneos. En este sentido, él ve la capacidad ucraniana para resistir como una demostración de que el supuesto poderío militar ruso no se traduce automáticamente en éxito político o estratégico.

    Contrapuntos de otros expertos

    Sin embargo, no todos los análisis coinciden con la tesis de que Putin o Rusia ha “perdido” la guerra. Varios expertos plantean que el conflicto entra en una categoría diferente de enfrentamiento prolongado que, aunque no conduzca a una victoria decisiva para ninguna de las partes, tampoco puede considerarse una derrota estratégica para Moscú.

    Un análisis del Real Instituto Elcano señala que la guerra se ha convertido en un elemento central de la identidad rusa y del nuevo consenso interno, reforzando narrativas antioccidentales y cohesión social incluso bajo sanciones económicas. Según este enfoque, pese a las dificultades militares, la guerra ha proporcionado al Kremlin un relato que legitima la confrontación prolongada y sostiene la voluntad pública de seguir luchando.

    Esta lectura contrasta con la de Sorman: no se trata simplemente de territorios ganados o perdidos, sino de cómo un Estado utiliza el conflicto para remodelar su identidad nacional, cohesión interna y objetivos políticos. En este marco, Rusia no estaría perdiendo en términos existenciales, sino redefiniendo su rol geopolítico frente a Occidente.

    Otro enfoque, de carácter más teórico, sugiere que la guerra se inscribe en la lógica de las guerras modernas en las que los límites entre victoria y derrota se difuminan. La prolongación indefinida de un conflicto puede constituir, en sí misma, una forma de equilibrio estratégico donde ninguna parte obtiene una victoria decisiva, pero ambas mantienen capacidades suficientes para resistir. Esta visión, cercana a interpretaciones realistas, indicaría que la guerra podría convertirse en una larga confrontación sin una resolución clara, donde el desgaste mutuo no se traduce necesariamente en colapso para ninguna de las partes.

    Escenarios alternativos y perspectivas realistas

    De hecho, algunos paneles de expertos internacionales han sugerido que un posible desenlace de la guerra podría implicar una suerte de solución negociada o congelamiento del conflicto, con concesiones territoriales y compromisos diplomáticos, más que una victoria militar rotunda para Ucrania o una derrota total para Rusia. Según este escenario, el conflicto no terminaría con una expulsión completa de las tropas rusas sino con una reconfiguración política que permita el cese de hostilidades y una coexistencia tensa.

    Además, voces en el ámbito estratégico de la guerra señalan que Putin todavía mantiene herramientas de presión y que una victoria ucraniana sin concesiones territoriales es considerada improbable por gran parte de la comunidad internacional. Esto sugiere que la narrativa de “derrota” puede reflejar un deseo normativo de Occidente más que un análisis objetivo de la situación militar y geopolítica.

    ¿Derrota o estancamiento estratégico?

    El artículo de Sorman ofrece una lectura provocadora e influyente, especialmente al enfatizar la importancia de la moral, la legitimidad y la resistencia ucraniana frente a la maquinaria bélica rusa. Sin embargo, al incorporar perspectivas más amplias de expertos internacionales, se evidencia que el conflicto podría estar evolucionando hacia un estancamiento estratégico duradero más que hacia una derrota clara de uno u otro bando.

    La guerra en Ucrania ha expuesto las complejidades de los conflictos contemporáneos: la interacción entre fuerza militar, narrativa política, identidad nacional y presión internacional. Aunque la tesis de Sorman captura aspectos importantes de la resistencia ucraniana y las limitaciones del proyecto militar ruso, una comprensión más matizada exige reconocer múltiples factores y posibles escenarios que van más allá de una categorización simplista de “victoria” o “derrota”.

  • Claude ante el poder estatal: una advertencia desde la ética libertaria

    Claude ante el poder estatal: una advertencia desde la ética libertaria

    La creciente fricción entre sectores del gobierno de Estados Unidos y Dario Amodei, fundador de Anthropic y principal impulsor del modelo de lenguaje Claude, no debe interpretarse como un desacuerdo técnico o una disputa coyuntural sobre regulación. Nos encontramos ante un conflicto de naturaleza filosófica y política: la definición de los límites legítimos del poder estatal frente a tecnologías capaces de procesar, inferir y perfilar información a escala masiva sobre individuos.

    Desde una perspectiva libertaria, el problema central no reside en la búsqueda de sistemas de inteligencia artificial “seguros” o “responsables”, sino en el riesgo de que dichos objetivos funcionen como justificación retórica para la expansión de la vigilancia estatal. La historia demuestra que cuando el Estado accede a nuevas capacidades tecnológicas, rara vez las restringe voluntariamente a los fines inicialmente declarados.

    Amodei ha defendido públicamente el desarrollo de modelos de IA alineados con valores humanos y principios éticos. Sin embargo, su resistencia a una cooperación abierta e irrestricta con agencias gubernamentales, especialmente en materia de acceso a datos de usuarios, monitoreo de interacciones o usos vinculados a la seguridad nacional, marca una frontera ética fundamental: la inteligencia artificial no debe convertirse en infraestructura del espionaje estatal.

    La ética libertaria parte de una premisa clara, formulada con precisión por Robert Nozick: “Los individuos tienen derechos, y hay cosas que ninguna persona o grupo puede hacerles sin violar esos derechos” (Anarchy, State, and Utopia, 1974). Entre esos derechos se encuentran la privacidad, la presunción de inocencia y el control sobre la información personal. La vigilancia algorítmica preventiva, basada en correlaciones estadísticas y no en responsabilidad individual, entra en conflicto directo con estos principios.

    El uso de IA para analizar comportamientos, anticipar “riesgos” o clasificar ciudadanos según patrones opacos supone una mutación preocupante del Estado de derecho. La sospecha deja de ser excepcional y se vuelve estructural. Como advirtió Friedrich Hayek, “cuanto más planifica el Estado, más difícil se vuelve la planificación para el individuo” (The Road to Serfdom, 1944). En el contexto digital, esta planificación adopta la forma de sistemas que observan, infieren y condicionan la conducta humana.

    La posición de los competidores de Claude revela una divergencia estratégica significativa. Algunas grandes empresas tecnológicas han optado por una cooperación estrecha con el gobierno, aceptando requisitos de acceso, contratos de defensa o alineamientos regulatorios a cambio de estabilidad y ventaja competitiva. Esta actitud, aunque pragmática desde el punto de vista empresarial, normaliza una premisa peligrosa: que la cesión de datos y capacidades de vigilancia es un precio inevitable del progreso tecnológico.

    Desde el libertarismo, dicha normalización es inaceptable. Murray Rothbard lo expresó con claridad al afirmar que “el Estado es la organización de la agresión sistematizada contra la persona y la propiedad” (For a New Liberty, 1973). Cuando herramientas de IA se integran en estructuras estatales sin límites estrictos, el ciudadano deja de ser un sujeto de derechos y pasa a ser un objeto de análisis.

    Esto no implica negar riesgos reales ni rechazar toda forma de regulación. Implica, más bien, reconocer que la solución a los abusos potenciales de la inteligencia artificial no puede ser una mayor concentración de poder, sino su dispersión: competencia, descentralización, transparencia y control individual sobre los datos.

    El caso Amodei–Claude es, en última instancia, un síntoma de una disyuntiva más amplia. La pregunta no es si la inteligencia artificial debe ser regulada, sino si será una herramienta al servicio del individuo o un nuevo instrumento del Leviatán tecnológico. La respuesta definirá no solo el futuro de la innovación, sino el alcance real de la libertad en el siglo XXI.

  • El barón feudal moderno

    El barón feudal moderno

    El Doctor en Economía, autor de al menos 11 libros, Alberto Benegas Lynch, en la onceava versión de su obra, Fundamentos de Análisis Económico, con el prólogo por el premio Nobel en Economía, Friedrich von Hayek, aborda el grave problema de la injerencia gubernamental en el mercado y mucho más. Benegas establece de salida que «el empresario es un benefactor de la humanidad puesto que sus pasos están dirigidos a servir los intereses del prójimo». Al fin y al cabo, el «empresario» no es más que el mismo prójimo actuando en su increíble diversidad de funciones, que, a pesar de estar motivadas por el interés propio, sólo lo logra si al mismo tiempo es capaz de satisfacer el interés de sus clientes, ya que nadie patrocina permanentemente a un embaucador, a menos que estemos hablando del corrupto barón feudal y hoy día de corruptos políticos, de esos que abundan ya que es más fácil ganar desde el gobierno que compitiendo de tú a tú en el mercado.

    Bien resalta Benegas que la realidad del efecto benefactor de la actividad económica ciudadana sólo tiene lugar en una sociedad libre, en el contexto de un mercado desembarazado. Que a medida en que se producen las injerencias del gobierno en las actividades comerciales de los ciudadanos empresarios se van convirtiendo en «mendicantes de favores oficiales, y comienzan a actuar en función de una corporación fascista; en suma, se convierten en barones feudales», o funcionarios gubernamentales de facto.

    En semejante escenario la calidad y el mercadeo cede ante el cabildero que se asemeja al pepenador de Cerro Patacón, buscando ventajas entre los despojos del banquete oficial. En semejante estercolero el único título que vale tener es el de suma cum laude en criptografía de putrefactas leyes e interminables reglamentos.

    Para este barón feudal lo importante es el contrato directo, los certificados de abonos tributarios, protecciones, créditos baratos exenciones fiscales y toda clase de subsidios. Si todavía hay quienes no entienden la naturaleza de la crisis económica y social que apenas ha asomado su cola, como témpano del cual sólo vemos una minúscula parte, entonces vayan poniendo sus barbas en remojo.

    Y no son solamente los «empresarios», en el sentido limitado del vocablo, sino todos aquellos pepenadores de favores oficiales, con sus mal llamadas «conquistas». La única conquista valedera y permanente es la que surge a partir de la inventiva y el esfuerzo propio y no las ganadas en la rebatiña politiquera. El problema es que en un mercado verdaderamente desembarazado no prospera el politiquero ni el barón feudal; esos que no durarían medio año en el tormentoso mar de la competencia de un libre mercado.

    En la vida sólo existen dos maneras de lograr ingresos económicos; a través del trabajo o a través del robo que se hace más fácil cuando te vistes de gobernante o barón del estado. Esta última inevitablemente lleva a una sociedad al colapso. Cada vez que escuchamos a un gobernante acusar a empresarios, se está acusando a sí mismo de interventor ya que el empresario no roba sin su socio gobernante; o disque gobernante.

    Los colapsos económicos que vemos en tantos países en dónde la insensatez llegó a su límite, tal como en Cuba y Venezuela, ahora sufren las consecuencias y eso deberían llamarnos en Panamá a la reflexión sobre nuestras propias realidades. Nosotros quizás todavía estamos a tiempo, pero sólo si despertamos y dejamos la tontería del “robó pero le dio al pueblo”.

  • Bitcoin No Era Para Hacerte Rico: Era Para Hacerte Libre

    Bitcoin No Era Para Hacerte Rico: Era Para Hacerte Libre

    Hay algo profundamente irónico en el hecho de que las búsquedas de «Bitcoin a cero» alcancen máximos históricos precisamente cuando más personas han oído hablar de Bitcoin. No es una paradoja, es el diagnóstico exacto del problema. Una tecnología diseñada para liberar al individuo del sistema financiero coercitivo se convirtió, en el imaginario colectivo, en un casino digital. Y ahora el casino asusta a sus propios jugadores.

    Conviene volver al origen. El 31 de octubre de 2008, Satoshi Nakamoto publicó el whitepaper con un título que no mencionaba inversión, rentabilidad ni precio: «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System». Sistema de efectivo electrónico entre pares. No «activo digital», no «reserva de valor», no «oro 2.0». Efectivo. Entre personas. Sin intermediarios. La fecha no era casual: el mundo acababa de presenciar el colapso del sistema bancario global, el rescate con dinero público de las instituciones que habían destruido la riqueza de millones, y la demostración más brutal de que el dinero de la gente no le pertenecía realmente a la gente.

    El bloque génesis lo dejó grabado en piedra ( literalmente, en el código) con el titular del London Times del 3 de enero de 2009: «Chancellor on brink of second bailout for banks». Eso era el contexto. Esa era la declaración de intenciones. Bitcoin no nació para que un influencer en Twitter te dijera cuándo comprar. Nació porque el sistema monetario es, en esencia, un mecanismo de control.

    Desde la perspectiva cypherpunk , ese movimiento que desde los años 80 entendía que la privacidad y la soberanía individual en la era digital requerían criptografía, no peticiones al Estado, Bitcoin era la culminación de décadas de trabajo. DigiCash, b-money, Hashcash, RPOW: intentos previos que no lograron resolver el problema del doble gasto sin una autoridad central. Satoshi lo resolvió. Y al resolverlo, entregó al individuo algo que ningún gobierno había permitido voluntariamente jamás: dinero que no puede ser confiscado, inflado ni censurado.

    Dicho esto, en estos momentos que el Bitcoin ha rebajado su cotización en casi el doble en sus máximos,muchos analistas tienen razón en su diagnóstico psicológico pesimista, pero fallan en su premisa de fondo. Tratar las búsquedas de «Bitcoin a cero» en buscadores como señal de compra contrariante es un análisis técnico legítimo, pero sigue mirando el precio. Sigue hablando el lenguaje del especulador, no del usuario soberano. La capitulación emocional que describen estos análisis no es un problema de gestión de expectativas ni de horizonte temporal: es el resultado de haber vendido al Bitcoin como un vehículo de enriquecimiento en lugar de como la única herramienta de emancipación financiera.

    Un argentino que usó Bitcoin para dolarizarse antes de un corralito no busca «Bitcoin a cero». Un venezolano que preservó su patrimonio ante la hiperinflación bolivariana no está en modo risk-off. Un disidente que recibió donaciones cuando su cuenta bancaria fue bloqueada por el Estado no evalúa el ciclo emocional del inversor minorista. Para ellos, Bitcoin no es un activo; es infraestructura de supervivencia.

    El verdadero problema no es el pesimismo extremo de estos momentos ni la falta de memoria histórica del mercado. Es que Bitcoin fue secuestrado narrativamente por el mismo sistema financiero que vino a desafiar. Los ETF, los futuros, la correlación con el Nasdaq, los análisis on-chain como si fueran reportes de Goldman Sachs: todo eso es la cooptación más exitosa que el establishment ha logrado sobre una tecnología rebelde.

    Las búsquedas de «Bitcoin a cero» tocan máximos porque millones de personas entraron por la puerta equivocada, guiadas por la narrativa equivocada. La solución no es enseñarles a gestionar el riesgo especulativo; es devolverle a Bitcoin su pregunta original: ¿para qué necesitas dinero que el Estado no pueda controlar?

    Cuando esa pregunta sea más popular que el precio, Bitcoin habrá madurado de verdad.

  • ¿Defendemos libertad empresarial o privilegios?

    ¿Defendemos libertad empresarial o privilegios?

    El camino de la vida comunmente nos plantea la necesidad de reexaminar con ojos críticos nuestro caminar y los apedianos* no escapan a ello. Solemos hacer sonar muchos bombos y platillos en loas a nuestros logros, y ciertamente que los hay, pero igualmente debemos examinar con detenimiento aquello en lo que nos hemos quedado cortos. En particular me refiero a esa triste realidad humana de adaptación que nos torna complacientes ante el status quo, por más equívoco que este pueda ser. Así, vemos que en muchos casos hemos llegado a ver como normal y correcto lo que lejos está de serlo, y todo esto conduce al error de convertirnos en supuestos defensores de una irreal libertad empresarial; cuando en realidad bien podemos estar defendiendo privilegios y abanicando el intervencionismo y hasta la corrupción estatal.

    Si hiciésemos el ejercicio crítico veríamos que muchas de las políticas industriales y comerciales que son patrocinadas por acto u omisión por los carteles afectos a los sistemas políticos imperantes, poco se diferencian del ideal socialista que supuestamente adversamos. Al final del día veremos que la tendencia politiquera gravita hacia la satisfacción de logros del proselitismo. Lo cierto es que una vez que le entregamos alguna responsabilidad al gobierno bajo la suposición que es para el beneficio social de algún grupo, ello no es más que ilusión, y veremos que esos controles se irán extendiendo a fin de satisfacer las aspiraciones y los prejuicios de las masas. No existen alternativas a la disciplina de un mercado desembarazado y auténticamente competitivo, ya que no se puede pedir que otros hagan lo que uno dice y no hace.

    La cruda verdad es que pocos empresarios creen en la verdadera libertad de empresa, pues el credo de los réditos, aunque espurios, es supremo. ¿Cómo puede sobrevivir un verdadero mercado sin trabas cuando cada vez que nos sentimos amenazados por cambios o amenazas, corremos a pedir la intervención del gobierno? He presenciado las angustias de un importador frente a la modernización de los servicios del sistema comercio exterior porque ello creaba un imponderable, frente a la realidad de un status quo, quizás torcido, pero bien conocido. Un sistema de interminables e intricados engranajes de coimas que mantienen bien engrasadas a todas esas articulaciones.

    ¿Cómo hemos de discutir en contra del «éxito» a favor de un mercado sin favoritismos cuando dicho intervencionismo es rentable y la libertad es aterradora? Y es que perdemos vista de ese camino que nos conduce a la servidumbre; no sólo de estructuras torcidas sino de la perpetuación de la gran pobreza que es el manantial de nuestros malestares sociales. Por todo ello es cardinal caer en cuenta que quienes están en gobierno poseen una poderosa herramienta con la cual pueden expandir su poder político mediante la intervención en el mercado. Así, la «burrocracia» va reemplazando al empresarialismo como medio primario de la planificación económica. Es el viejo truco de la zanahoria y del garrote.

    Por un lado los beneficiados se convierten en aliados, mientras que a sus adversarios que no rebajan sus principios les resulta sumamente oneroso oponerse a todo ello. Esta expansión del Estado en los mercados tomó gran auge desde que en 1870 Bismark dio inicio a la burocratización central de la «inseguridad social». Luego durante la Gran Depresión Franklin D. Roosevelt se alió con los poderes del «estáblishment » industrial y se crearon unas ciento diez nuevas entidades de gobierno, entre ellas Fannie Mae. Los malos políticos de los demás países han seguido el redituable ejemplo.

    Vaya usted a preguntar a eruditos la razón del gobierno y muchos dirán que es para «estimular» al mercado y tal, para lo cual se sustraen los fondos de los bolsillos de los ciudadanos hacia el ogro central quien se supone será más capaz de «estimular» que los propios ciudadanos sus actividades. ¿Quién no ve con buenos ojos que papá gobierno le regale un jamón? Pero aún es que llegan a justificarlo diciendo que va a favor del interés público. La excusa más común para acepar es: «si no lo hago yo, lo hace otro».

    La variedad de formas de supuestos «estímulos» son muchas y sigilosas, tal como el requisito de licencias o ciudadanía para ejercer alguna profesión u actividad. De esta manera los gremios logran protección en contra de quienes serían sus competidores; a menudo más capacitados. Se suele decir que es para la protección del consumidor, pero lo más común es que sea todo lo contrario. Al final de cuentas no existen prebendas que no las paguen otros.

    En fin, quienes se ubican en el rol de Pepito Grillo tienen mayor compromiso que todos los demás y las Asociaciones Cívicas, cuyos estatutos mandan la defensa de la libertad de empresa que elimine todos estos vicios del mercado, deben renovarse continuamente para evitar caer en la trampa del conformismo.

    * como se conoce informalmente a los miembros de la Asociación de Ejecutivos de Empresa en Panamá.

    *Artículo originalmente escrito en 2010.

  • Cómo el Estado te convirtió en sospechoso financiero

    Cómo el Estado te convirtió en sospechoso financiero

    Hay una pregunta que muy pocos se hacen cuando van al banco: ¿desde cuándo tengo que explicarle a alguien en qué voy a gastar mi propio dinero? La respuesta incomoda: desde hace poco más de cincuenta años. Y lo que ocurrió en ese tiempo no fue una mejora del sistema financiero, sino la construcción silenciosa del aparato de vigilancia masiva más sofisticado de la historia moderna, revirtiendo el tradicional principio de inocencia a uno de sospechoso financiero hasta probar lo contrario.

    Antes de 1970, abrir una cuenta bancaria era algo parecido a lo que debería ser: dabas tu nombre, había confianza básica, y el dinero era tuyo. Los bancos protegían la privacidad de sus clientes como principio fundamental. Hoy ese mundo parece una fantasía. Y sin embargo, la mayoría de las personas siguen creyendo que sus finanzas son privadas. Esa creencia es, precisamente, la ilusión más útil que el Estado ha construido.

    Todo comenzó con la Bank Secrecy Act de 1970 — un nombre que es, en sí mismo, una ironía brutal. La ley no protegía el secreto bancario del ciudadano: lo eliminaba. Bajo el pretexto de perseguir cuentas offshore y evasión fiscal, el gobierno obligó a los bancos a reportar al Tesoro toda transacción superior a 10.000 dólares. La ACLU, la banca y el Congreso protestaron. Hubo una orden de restricción temporal. Pero la Corte Suprema avaló la ley con un argumento que destruyó el concepto moderno de privacidad financiera: si entregas tu información a un banco, ya no es tuya, es un «registro comercial» del banco. Con ese fallo, el Estado le quitó al individuo cualquier expectativa razonable de privacidad en sus transacciones.

    Lo que siguió fue una expansión metódica y, en gran medida, deliberadamente oculta. En 1992, la Ley Annunzio-Wylie introdujo los «Suspicious Activity Reports» (SARs): ya no hacía falta superar ningún umbral de dinero para ser reportado. Bastaba con que el banco considerara que algo era «sospechoso». El resultado fue predecible: solo el 7% de los bancos encuestados podía identificar siquiera una persecución judicial que hubiera resultado de sus reportes. El sistema no servía para atrapar criminales — servía para vigilar a todos.

    Tras el 11 de septiembre, la Patriot Act le dio el golpe definitivo al añadir los requisitos KYC (Know Your Customer), obligando a los bancos a verificar, investigar y conocer en profundidad a cada cliente. Leyes de miles de páginas, aprobadas sin que nadie las leyera, bajo la urgencia manufacturada del terror. Hoy se sabe que el FBI utilizó estos mecanismos para rastrear a ciudadanos que compraron armas legalmente o que simplemente usaron términos como «MAGA» o «Trump» en sus transacciones. Lo que nació como herramienta antiterrorista se convirtió en instrumento de control político.

    La trampa inflacionaria completó el cuadro: el umbral de 10.000 dólares nunca se ajustó. Lo que en 1970 equivalía a comprar una casa nueva, hoy es el costo de unas vacaciones modestas. En el año fiscal 2024, las instituciones financieras presentaron 4,7 millones de reportes de actividad sospechosa y más de 20 millones de reportes de transacciones en efectivo. Una avalancha de datos inútiles que ahoga a los investigadores reales y que le cuesta a la industria cerca de 46.000 millones de dólares anuales — costos que terminan pagando los propios clientes.

    La pregunta de fondo no es si el crimen es malo. Es si una sociedad libre puede aceptar que el precio de usar tu propio dinero sea renunciar a toda privacidad. La respuesta histórica debería ser no: el crimen óptimo no es cero, porque el costo de llegar a cero — quemar las libertades fundamentales — es infinitamente mayor que el problema que se pretende resolver.

    Los bancos pasaron de proteger la privacidad de sus depositantes a ser obligados a proteger el secreto de los programas de vigilancia gubernamental. Es la definición perfecta del doble rasero del poder: privacidad para mí, vigilancia para ti.

    El primer paso para revertirlo es dejar de creer en la ilusión.

  • En Irán, el movimiento ‘Mujer, Vida, Libertad’ no ha desaparecido pero está siendo silenciado

    En Irán, el movimiento ‘Mujer, Vida, Libertad’ no ha desaparecido pero está siendo silenciado

    Hoy en Irán parece que reina la calma (relativamente). Pero no es una calma orgánica, sino que ha sido impuesta por la fuerza. Las organizaciones de derechos humanos informan de que la represión del Gobierno en las últimas semanas ha causado miles de muertos y decenas de miles de detenidos, al tiempo que advierten de que el número real de víctimas probablemente sea mucho mayor, ocultas mediante desapariciones forzadas, entierros secretos y ejecuciones llevadas a cabo sin el debido proceso.

    Las protestas populares, que comenzaron por el colapso económico, se convirtieron rápidamente en un levantamiento político abierto, ya que los cánticos pasaron de ser reivindicaciones por la supervivencia a un rechazo absoluto del régimen. Un régimen que, para ocultar las consecuencias, decidió cortar las comunicaciones digitales y telefónicas internas y externas.

    Ahora lo que está en juego no es un simple retorno a una secuencia cíclica de protestas. Se trata de la continuación de la ruptura feminista iniciada en 2022 con el movimiento “Mujer, Vida, Libertad”, que hoy se enfrenta a dos fuerzas decididas a neutralizarla: la República Islámica y sus alternativas patriarcales y militaristas.

    Las mujeres, objetos políticos a disciplinar

    Décadas de represión han enseñado a las mujeres que sus cuerpos son el primer terreno del poder del Estado: velo obligatorio, vigilancia pública, patrullas de la moralidad, confesiones forzadas, violencia sexual durante la detención, amenazas de ejecución contra las jóvenes.

    Bajo la República Islámica, esos cuerpos se gobiernan como objetos políticos que hay que disciplinar. Las movilizaciones anteriores lo han demostrado claramente: al atacar los símbolos mismos de la dominación, las iraníes han afirmado su agencia política. Han logrado victorias en materia de visibilidad, pero el régimen jurídico basado en la sharia (ley islámica) ha permanecido intacto. Esta tensión es la que estructura la revuelta actual.

    Se ha desarrollado una postura promonárquica, facilitada por el acceso a los medios de comunicación y las plataformas políticas occidentales, que aboga por que Reza Pahlavi, hijo del difunto sha de Irán, sustituya al régimen. En sus intervenciones públicas, Pahlavi habla de las represiones como “crímenes contra la humanidad” y se posiciona como un futuro líder. Sin embargo, a principios de enero, eliminó el lema “Mujer, Vida, Libertad” de sus plataformas oficiales, una decisión criticada públicamente por activistas y por las familias de los fallecidos durante el levantamiento de 2022.

    ¿Qué augura esta alternativa? Nada que tranquilice a las iraníes. Pahlavi parece estar enviando un mensaje claro: puede haber una nueva revolución, pero sin las mujeres. De llegar, se invocaría la unidad para posponer la igualdad, tal y como ocurrió en los prolegómenos de la Revolución iraní de 1979.

    Ni República Islámica ni bombas extranjeras

    Este movimiento feminista también es plural. No representa una sola voz iraní, sino una constelación de grupos oprimidos que se reconocen mutuamente. Mujeres kurdas, baluchis, árabes, azeríes y persas han dado forma a esta revuelta.

    Varias de sus voces más radicales se encuentran hoy en prisión. Entre ellas, la kurda Verisheh Moradi, que recientemente ha enviado dos cartas desde su celda. En ellas rechaza la falsa elección impuesta a los iraníes. “No queremos la República Islámica”, escribe, “pero tampoco queremos bombas extranjeras”.

    No se trata de neutralidad. Es una postura feminista y anticolonial, basada en la conciencia de que la dictadura y la intervención militar destruyen en primer lugar a las mujeres.

    Este rechazo es esencial. Cuando los soldados israelíes escribieron “Mujer, Vida, Libertad” en los misiles durante la guerra de junio de 2025, la insurrección feminista fue vaciada de su significado para convertirse en un eslogan colonial de dominación. El lema nació del asesinato de la joven kurda Jina Mahsa Amini a manos de la policía moral. Nació de los cuerpos de las mujeres en rebelión, no de los ejércitos.

    Una máquina de dominación basada en la humillación de las mujeres

    Fuera de Irán, la realidad se malinterpreta constantemente. La revuelta se reduce con frecuencia a un enfrentamiento con el islam y se enmarca como un conflicto civilizatorio entre la religión y la modernidad.

    Tales interpretaciones convierten una lucha política en una lucha cultural. Han alimentado la vacilación y la solidaridad selectiva en partes de la izquierda occidental y las comunidades musulmanas, borrando décadas de resistencia dirigida no contra la fe, sino contra un régimen que ha utilizado la religión como instrumento de castigo, vigilancia y muerte.

    Pero lo que está en juego no es la fe, sino el poder.

    La revuelta actual se basa en esta experiencia acumulada. Al persistir en organizarse, testificar y resistir a pesar de las ejecuciones, la tortura y el bloqueo informativo, las mujeres no formulan simples reivindicaciones. Afirman un nuevo orden político en el que la vida, y no la obediencia, se convierte en el valor central.

    “Mujer, Vida, Libertad” no se ha contentado con oponerse al régimen. Ha cambiado profundamente el discurso de autoridad que ha estructurado la política iraní durante un siglo.

    Esto es precisamente lo que la República Islámica y sus supuestos sucesores intentan hoy anular.

    El apagón empobrece a las mujeres

    El régimen considera a su propia población como un enemigo. Los manifestantes son calificados de terroristas, agentes del Mossad o elementos similares al Daesh.

    En un sistema jurídico en el que la moharebeh محاربه, “la guerra contra Dios”, se castiga con la pena de muerte, este lenguaje permite las ejecuciones incluso antes de los juicios. El bloqueo digital total viene a reforzar esta violencia. Al eliminar la visibilidad, el régimen ha ocultado los asesinatos y transformado su significado político. La violencia se vuelve gobernable cuando no se puede ver, contar o llorar colectivamente.

    El bloqueo también destruye los medios de vida. Miles de mujeres iraníes, excluidas del empleo formal por leyes discriminatorias y prácticas de contratación basadas en el género, dependen de microeconomías en línea para ofrecer servicios de belleza a domicilio, clases particulares, traducciones, artesanía y comercio a pequeña escala.

    Al cortar la infraestructura digital, el Estado desmantela la frágil autonomía que las mujeres han logrado forjarse bajo la exclusión estructural, empujándolas de nuevo a la dependencia, la invisibilidad y el cuidado no remunerado.

    La violencia contra ellas

    A esto se suma la represión. Los profesionales médicos y las investigaciones sobre derechos humanos han documentado disparos dirigidos a la cara, los ojos y los genitales de las mujeres, así como violencia sexualizada durante la detención y el encarcelamiento.

    La violación y la tortura sexual no solo sirven para extorsionar confesiones, sino que destruyen los lazos sociales, los matrimonios y los proyectos de futuro. Las mujeres que salen de prisión sufren traumas duraderos. Sus cuerpos siguen llevando las secuelas de la guerra mucho después de que cesen los disparos.

    La guerra exige que algunas vidas sean tratadas como desechables, y las mujeres casi siempre se encuentran entre las primeras en ser sacrificadas. Las iraníes lo saben. Su rechazo tanto a la dictadura como a los salvadores extranjeros no es ingenuidad. Es inteligencia política.

    ¿Quién escribirá el después de la revolución?

    Las iraníes ya han logrado algo extraordinario. Han resquebrajado los cimientos de un orden político construido sobre su subordinación.

    Lo que está en juego hoy en Irán no es solo la cuestión del poder. Es la definición misma de la revolución. ¿Volverá a ser una vez más la historia de hombres que se apoderan del futuro a costa de las mujeres, o esta vez las mujeres que se han organizado, han resistido y han derramado su sangre podrán finalmente forjar el futuro?

    Si la historia se repite, las mujeres corren el riesgo de quedar relegadas una vez más después de haber liderado la lucha. Sin embargo, el futuro de Irán no puede construirse sin aquellas que han convertido sus propias vidas en un acto de resistencia. El día después de la caída de este régimen también les pertenece. Y mientras se siga cuestionando esta evidencia, “Mujer, Vida, Libertad” seguirá siendo una línea divisoria, y no un eslogan del pasado.

    Mina Fakhravar, PhD Candidate, Feminist and Gender Studies, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

    Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

  • Victoria del Estado de Derecho con consecuencias globales

    Victoria del Estado de Derecho con consecuencias globales


    El 20 de febrero de 2026, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (SCOTUS) emitió una de las decisiones más significativas de la era contemporánea en materia de separación de poderes y política comercial. Con una mayoría de 6 votos contra 3, los magistrados declararon que la agresiva política arancelaria impuesta por el presidente Trump bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977 excedía las facultades que dicha ley confiere al ejecutivo. El fallo, redactado por el presidente del Tribunal, John Roberts, y respaldado por una coalición inusual que reunió a jueces conservadores y liberales, representa una reafirmación del orden constitucional americano, una victoria del Estado de Derecho frente al ensanchamiento unilateral del poder presidencial.

    La doctrina de las «grandes cuestiones» y el principio de legalidad

    Trump había utilizado el IEEPA para imponer dos tipos de aranceles: los llamados «aranceles de tráfico,» dirigidos a China, Canadá y México por el flujo de fentanilo, y los «aranceles recíprocos,» que gravaban las importaciones de casi todos los países alegando déficits comerciales como amenaza extraordinaria a la seguridad nacional. Sin embargo, ningún presidente anterior había recurrido jamás a esa ley para imponer aranceles, y el Tribunal lo señaló con contundencia.

    La postura legal del gobierno habría supuesto «una expansión transformadora de la autoridad del presidente sobre la política arancelaria,» concluyó la mayoría. Para justificar poderes «extraordinarios,» Trump debía señalar «una autorización clara del Congreso. No puede hacerlo.» Roberts anclaba así su razonamiento en la conocida doctrina de las major questions —la idea de que el Congreso debe autorizar explícitamente las políticas de gran impacto nacional—, aunque esta parte de su opinión no alcanzó la mayoría absoluta.

    Desde una perspectiva liberal, el valor de esta doctrina es inequívoco: impide que el ejecutivo colonice, mediante interpretaciones expansivas de leyes antiguas, competencias que la Constitución reserva a la rama legislativa. Como subrayó Roberts, «cuando el Congreso otorga la facultad de imponer aranceles, lo hace de forma clara y con restricciones cuidadosas. Aquí no hizo ninguna de las dos cosas.» La legalidad no es un formalismo burocrático: es el andamio que sostiene la certeza jurídica sobre la que operan los mercados, los ciudadanos y las naciones.

    Una coalición transideológica: señal de instituciones que aún resisten

    Que la mayoría incluyera a Roberts, Gorsuch y Barrett —magistrados conservadores nombrados por presidentes republicanos— junto a las tres juezas liberales es en sí mismo un mensaje institucional de primer orden. Trump calificó de «una vergüenza para la nación» a los jueces que votaron en su contra. Esa reacción, políticamente cargada, ilustra la presión a la que están sometidas las instituciones: cuando el poder ejecutivo ataca la legitimidad del judicial por no plegarse a sus designios, la independencia de los tribunales pasa de ser un principio abstracto a una necesidad democrática urgente.

    Los disidentes —Thomas, Alito y Kavanaugh— no negaron el valor de la separación de poderes, sino que interpretaron el texto legal de modo más deferente hacia el ejecutivo. Kavanaugh sostuvo en su disenso que «el Tribunal concluye que el presidente marcó la casilla legal equivocada al basarse en el IEEPA en lugar de otro estatuto.» Se trata de una discrepancia técnica genuina, pero que —en el contexto de un ejecutivo que buscaba poderes arancelarios «de cantidad, duración y alcance ilimitados»— resulta, desde una óptica liberal, insatisfactoria como respuesta a los riesgos de arbitrariedad.

    Consecuencias para el comercio internacional: alivio provisional, incertidumbre estructural

    El fallo ofrece alivio inmediato a los actores del comercio global. Según la Tax Foundation, los aranceles del IEEPA habrían recaudado 1,4 billones de dólares entre 2026 y 2035, y se estima que ya se han cobrado más de 160.000 millones de dólares de forma ilegal desde su imposición. Las bolsas reaccionaron al alza tan pronto como se conoció la decisión, señal de que los mercados valoraban la predictibilidad legal por encima de la protección arancelaria.

    Sin embargo, la victoria es parcial. Trump anunció de inmediato un nuevo arancel global del 10% amparado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, válido durante un máximo de 150 días sin aprobación del Congreso. La arquitectura arancelaria puede reconstruirse; lo que el fallo impide es que se levante de forma permanente sobre bases legales frágiles y sin rendición de cuentas legislativa.

    Para los socios comerciales de Estados Unidos, el veredicto confirma que el sistema de pesos y contrapesos americano sigue operativo, aunque maltrecho. La errática política arancelaria de los últimos años —aranceles que subían y bajaban según el estado de ánimo de un solo hombre— había erosionado la confianza en la estabilidad regulatoria norteamericana como pilar del orden comercial multilateral. Instituciones sólidas no son aquellas que nunca son desafiadas, sino las que resisten el desafío y se reafirman.

    El Estado de Derecho como bien público global

    El fallo del 20 de febrero de 2026 no es solo un tecnicismo sobre los límites del IEEPA. Es una declaración sobre lo que significa gobernar dentro de la ley. Una mirada liberal exige que el poder económico —como cualquier otro— esté sujeto a normas claras, debatidas democráticamente y aplicadas de modo no arbitrario. Cuando eso no ocurre, no solo sufren los importadores y los consumidores: sufre la arquitectura entera del comercio internacional, construida sobre la expectativa de que los Estados actúan dentro de marcos jurídicos predecibles.

    El Tribunal Supremo, esta vez, estuvo a la altura de esa exigencia. La pregunta que queda abierta es si el resto de las instituciones —y en especial el Congreso— aprovechará este momento para recuperar su rol constitucional en la política comercial, o si simplemente asistirá, pasivo, a la próxima vuelta de la espiral.