GCCVIEWS

Categoría: Acción Humana

  • No castiguen a Irán ni a Groenlandia, sólo a estos Ayatolás

    El pueblo iraní ha demostrado un coraje y determinación superior, y siguen protestando a pesar de miles de muertos, asesinados por los terroristas del Estado liderados por ayatolás dementes. 

    Como dijo Friedrich Merz, “Cuando un régimen sólo puede mantenerse en el poder a través de la violencia, entonces está efectivamente acabado”. Los sistemas autoritarios se basan en la coerción, y en el miedo que es un mecanismo adaptativo que nos alerta del peligro, pero se vuelve muy contraproducente si no se desactiva con razón y coraje, y da origen a una reacción primitiva: la violencia.

    Como al pueblo iraní lo asiste la razón y la verdad, está venciendo ese miedo, por el contrario, el régimen terrorista apela a la violencia. Y, para esconder esta violencia, produjeron un apagón informativo -incluido el corte de internet- de modo que los sectores más duros de los servicios de “seguridad” puedan lanzar una represión sangrienta.

    Obviamente, el uso de Starlink en Irán está prohibido, de ahí que contar con el equipamiento necesario y su uso sea ilegal. A pesar de ello, en plena revuelta, su despliegue era más amplio que en episodios previos de manifestaciones y apagones en el país. Y este tipo de cosas debe facilitar Occidente a los iraníes.

    Entretanto, Trump estudia maniobras como ciberataques contra instalaciones militares y civiles y opciones como bombardear el país o una operación más específica contra sus líderes, lo que decapitaría al régimen y ofrecería a los EE.UU. la oportunidad de negociar con los remanentes de la República Islámica.

    Respecto de esta última opción, y lamento decirlo, los recientes episodios en Caracas muestran que capturar o matar a unos pocos líderes no cambia el régimen completamente. El heredero del Sha, Reza Pahlavi, viene demostrando una posición moderada y realista, pero, insisto en una intervención al estilo Venezuela el heredero terminaría como Corina Machado, viendo, al margen, la continuación – “moderada” para la propaganda- del régimen chavista.

    Una intervención militar más amplia podría provocar el deceso de muchos civiles y exacerbar la región -de hecho, otros países árabes ya lo han advertido- y provocar una respuesta militar iraní que pueda ser excusa para una mayor masacre de sus ciudadanos.

    Como preludio, Trump decidió aumentar los aranceles contra los países que continúan comerciando con Irán, hasta en 25%. Pero estas sanciones, al igual que las que ya estaban vigentes por parte de otros países, van a empeorar la situación económica del país, afectando aún más a los ciudadanos comunes, que ya sufren el impacto de las sanciones y su implementación por parte del corrupto régimen islámico.

    Por el contrario, Trump debería dejar de distraer al mundo con su capricho sobre Groenlandia -y respetar la propiedad privada y libertad de sus ciudadanos, que ellos decidan su futuro- y los países occidentales deberían esforzarse por facilitar -liberar- al máximo posible las relaciones de los ciudadanos comunes de Irán con el resto del planeta, porque esto les permitiría reforzarse, contactarse y difundir más información.

    Útiles son las acciones como las que adelantó el secretario del Tesoro de los EE.UU., que afirmó que están monitoreando la fuerte salida de fondos pertenecientes a la dirigencia islámica, y aseguró que los bloquearán. Y el mundo entero debería cerrar las embajadas y toda oficina del Estado iraní, no tiene sentido dialogar con dementes. Finalmente, Occidente debe dejar de apoyar a la tiranía saudí, sin dudas el mayor promotor global del fanatismo islámico.

    Y, por cierto, la humanidad tiene que repensar el concepto de Estado y democracia, no es posible que dementes como Hitler, Stalin y estos ayatolás, ganen elecciones o no, obtengan el mando de fuerzas armadas y policiales -estatales- con las que luego reprimen salvajemente a sus ciudadanos y, para colmo de las ironías, lo hacen de manera “legal”, si hasta realizan farsas judiciales.

  • Roomba: cuando el mercado compite y el regulador decide

    Durante años, Roomba fue sinónimo de “la aspiradora robot”. No era solo un producto exitoso: era una pequeña promesa de futuro doméstico, de esa automatización cotidiana que el capitalismo suele entregar cuando la tecnología se vuelve masiva y el consumidor premia la utilidad. Y, sin embargo, iRobot —la empresa detrás de Roomba— terminó en bancarrota (Chapter 11) a mediados de diciembre de 2025, en un proceso “preempaquetado” que busca culminar en febrero de 2026 y que la deja, de facto, en manos de su principal fabricante, Picea Robotics.

    Esta historia tiene algo de manual: innovación real, competencia feroz, presión de precios y, al final, una lección amarga sobre cómo la intervención regulatoria puede alterar el desenlace natural de una empresa en problemas.

    1) El origen: MIT, robótica útil y una marca que creó categoría

    iRobot nació en 1990, fundada por ingenieros vinculados al MIT con una ambición clara: construir robots prácticos para el mundo real. Con el tiempo, la compañía se hizo conocida por desarrollar robótica en múltiples ámbitos, y en 2002 lanzó el producto que la convertiría en icono: Roomba, uno de los primeros robots domésticos exitosos a escala masiva.

    Roomba no solo vendía: educaba al consumidor. Convertía un artefacto de nicho en un electrodoméstico deseable. Ese es uno de los superpoderes del mercado: si aciertas con producto, precio y distribución, puedes crear una categoría y cosechar durante años.

    2) La caída: competencia, commoditización y el “efecto plataforma”

    Pero el capitalismo no es un concurso de popularidad permanente. Es un proceso de descubrimiento… y de demolición creativa.

    Con el tiempo, el mercado de aspiradoras robot se pobló de rivales con propuestas sólidas y, sobre todo, con precios más bajos. En 2025, Reuters resumía el golpe: iRobot quedó atrapada entre presión competitiva de marcas de menor costo (incluidas chinas), costos adicionales por aranceles, y una estructura financiera más frágil tras años difíciles.

    El resultado fue un deterioro financiero visible: en marzo de 2025 la empresa llegó a emitir una advertencia de “going concern” (duda sustancial sobre su capacidad de seguir operando), en medio de recortes y revisión estratégica.

    Esto también es capitalismo: cuando el producto se “comoditiza”, la ventaja del pionero se reduce. Y si no tienes escala, márgenes, o una plataforma de distribución que te sostenga, sobreviven los más eficientes.

    3) La “salida” que pudo ser: Amazon, la compra frustrada y el regulador como protagonista

    En ese contexto, la posible adquisición por Amazon aparecía como un salvavidas: capital, distribución, integración con hogar inteligente y músculo comercial. Sin embargo, el acuerdo se rompió a finales de enero de 2024, porque —según las propias partes— no veían “camino” para lograr aprobación regulatoria en la Unión Europea.

    La Comisión Europea había comunicado una “visión preliminar” de que la compra podría restringir competencia: el temor central era que Amazon pudiera favorecer a iRobot y degradar el acceso/visibilidad de rivales en su tienda, elevando barreras y reduciendo opciones.  En Estados Unidos, la FTC celebró la terminación del acuerdo y expresó preocupaciones sobre posibles efectos en competencia e incentivos de la plataforma.

    Aquí emerge la tensión ideológica: el regulador actuó bajo una teoría clásica de “foreclosure” (exclusión en plataforma). Pero para un lente liberal, también cabe la pregunta incómoda: ¿y si esa operación era precisamente el mecanismo de mercado que reasignaba activos para salvar valor y competir mejor?

    Cuando una empresa está en la cuerda floja, una adquisición puede ser la forma menos destructiva de reestructurar: conserva marca, empleos, soporte a clientes y continuidad tecnológica. Bloquear ese desenlace no crea competencia por arte de magia; a veces, solo pospone o empeora el ajuste.

    4) El desenlace: Chapter 11 y venta al fabricante (Picea)

    En diciembre de 2025, iRobot entró formalmente en Chapter 11 con un plan para ser adquirida por Picea, su fabricante principal. El propio comunicado corporativo indica que el proceso busca “desapalancar” el balance y continuar operando normalmente.  Reuters describió la operación: el plan contempla que Picea se quede con el 100% del equity y se cancelen obligaciones relevantes asociadas a préstamos y acuerdos de manufactura. Medios como AP también reportaron que la compañía esperaba mantener servicios y soporte sin interrupción durante la reestructuración.

    El simbolismo es potente: la empresa que creó la categoría termina absorbida por la cadena de suministro. No por un gran jugador tecnológico occidental (Amazon), sino por quien produce a escala. En mercados maduros, la ventaja muchas veces migra hacia eficiencia, costos y fabricación.

    5) Qué significa esto para el capitalismo y la “sana competencia”

    Una lectura liberal no debería romantizar a iRobot: si perdió competitividad, el mercado la corrigió. Eso es sano. La parte incómoda es otra: cuando el regulador bloquea una salida privada, cambia la trayectoria. La competencia “sana” no es garantizar que haya muchos jugadores vivos a cualquier precio, sino permitir que el capital fluya hacia estructuras más viables, ya sea por quiebra ordenada, fusión, venta o liquidación.

    La ironía es que, tras frustrarse la compra por Amazon, iRobot no se convirtió en un campeón independiente revitalizado: terminó en Chapter 11 y en manos de su fabricante. Eso no demuestra automáticamente que el regulador “se equivocó” (la contrafactual nunca es perfecta), pero sí deja una advertencia: la regulación antimonopolio no opera en el vacío. Tiene costos, demora, incertidumbre y, a veces, efectos finales que lucen exactamente como lo que decía evitar: menos opciones “premium” occidentales y más peso de productores de bajo costo.

    En un mercado dinámico, el peor rol del regulador no es vigilar; es creer que puede diseñar el resultado correcto. Y Roomba, que alguna vez pareció el futuro, hoy queda como recordatorio de que el capitalismo innova… pero también castiga, y que la mano que pretende “ordenar” la competencia puede terminar decidiendo, fatalmente, quién llega vivo al siguiente ciclo.

  • Comercio internacional en crisis: acuerdo UE-Mercosur bloqueado

    El reciente voto del Parlamento Europeo para remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a poner de manifiesto una paradoja fundamental del comercio internacional contemporáneo: un tratado de libre comercio —forjado durante más de 25 años de negociaciones— queda paralizado por mecanismos jurídicos internos que lo convierten en un terreno minado de litigios y vetos políticos antes incluso de entrar en vigor.

    Este acuerdo, que fue firmado el 17 de enero de 2026 y que aspira a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo —eliminando más del 90% de los aranceles entre la UE y los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay)— debería representar un triunfo del comercio abierto.  Sin embargo, la decisión del Parlamento Europeo de someter el tratado a una revisión judicial y de demorar su aprobación durante posiblemente hasta dos años, pone en evidencia cómo las instituciones públicas, en lugar de facilitar intercambios beneficiosos, se convierten en obstáculos proteccionistas disfrazados de rigor legal.

    Desde una perspectiva liberal, este tipo de parálisis no solo es frustrante; es corrosivo para las propias bases del comercio internacional. El objetivo de un libre comercio genuino es permitir que individuos y empresas intercambien bienes y servicios voluntariamente, sin barreras artificiales que distorsionen precios, reduzcan eficiencia y limiten oportunidades económicas. Cuando el Estado —en este caso, a través de un órgano supranacional como el Parlamento Europeo— obliga a que un acuerdo comercial sea sometido a dilaciones jurídicas por cuestiones reglamentarias o de soberanía, está elevando las barreras estatales por encima de las decisiones de los actores económicos. El resultado inevitable es menor comercio, precios más altos y menor bienestar para consumidores y productores en ambas regiones.

    Este fenómeno no es exclusivo de la UE. En un contexto global donde Estados Unidos ha reforzado políticas proteccionistas en los últimos años —con aranceles u otras medidas defensivas siempre bajo justificaciones de seguridad nacional o política interna— se multiplica la percepción de que las grandes potencias prefieren controlar el comercio internacional a través del Estado antes que liberarlo en favor de individuos y empresas. En ambos casos, el proteccionismo se oculta bajo la bandera de “defender mercados domésticos”, pero termina perjudicando precisamente a quienes se pretende defender: los consumidores que pagan precios inflados y los productores que ven limitada su capacidad de competir en mercados más amplios.

    El debilitamiento o bloqueo de un acuerdo como el UE-Mercosur tiene consecuencias reales y tangibles: menor acceso a bienes más baratos, interrupciones en las cadenas de suministro, reducción de competitividad y una señal negativa para los países emergentes que buscan integrarse al mercado global. El bloqueo no solo retrasa beneficios económicos, sino que alimenta el ciclo de desconfianza entre bloques comerciales, empujando a gobiernos y legisladores a adoptar medidas aún más restrictivas para “proteger” sectores concretos. Así, por un laberinto judicial o un veto político, se sacrifican décadas de esfuerzos para conectar mercados.

    La crítica liberal al proteccionismo europeo o estadounidense no es dogmática ni abstracta: se basa en la experiencia histórica de que las economías abiertas generan mayor prosperidad, innovación y dinamismo que las cerradas. Para que los acuerdos de libre comercio cumplan su cometido, no bastan negociaciones interminables; deben ser facilitados, protegidos y defendidos como expresiones de la libertad económica. Cuando, en cambio, se convierten en objeto de litis judiciales o escudos arancelarios, los beneficiarios últimos no son los ciudadanos, sino las élites que obtienen réditos de la escasez y la burocracia.

    En última instancia, quienes siempre pierden con estas parálisis son los individuos: consumidores que pagan más, productores que venden menos y economías enteras que pierden competitividad. Si el objetivo declarado de los gobiernos es incrementar la prosperidad y la cooperación pacífica, deberían permitir que el comercio florezca, no entorpecerlo con tribunales y vetos políticos. El libre comercio debe ser libre no solo en el papel, sino en la práctica.

  • El regreso del CEO de Ripple a Davos: implicaciones para el ecosistema cripto y el rol de Binance

    El foro económico de Davos 2026, uno de los eventos más influyentes de la economía global, volvió a poner bajo los reflectores a las criptomonedas esta semana. En medio de un clima regulatorio más favorable y de una creciente atención institucional sobre activos digitales, el CEO de Ripple Labs, Brad Garlinghouse, ha sido uno de los protagonistas clave en Davos durante las sesiones dedicadas a la industria cripto y su integración con los mercados tradicionales.

    Garlinghouse, quien ha liderado a Ripple—a la vez empresa de tecnología blockchain y creadora del token XRP—desde 2015, aprovechó su presencia en Suiza para participar en debates de alto nivel y encuentros estratégicos con líderes financieros globales.  En concreto, su agenda incluyó un panel sobre la compatibilidad de las empresas cripto con los mercados públicos tradicionales, un tema que ha rondado a Ripple desde que ganó su batalla legal con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en 2025, lo que despejó un gran obstáculo para la compañía en suelo estadounidense.

    En paralelo, Garlinghouse también se prepara para grabar un episodio en vivo del popular All-In Podcast desde el USA House en Davos, una locación que este año funciona prácticamente como una sede diplomática y de debate por parte del gobierno estadounidense.  En esa conversación, se espera que se aborden tanto el papel de XRP y Ripple en la nueva regulación cripto como la visión de la industria ante un momento de transformación.

    ¿Qué significa esto para Ripple y el mercado cripto?

    La presencia de Ripple en Davos no es anecdótica. Tras años de incertidumbre con el regulador estadounidense, la empresa ha visto una especie de reconocimiento tácito de su modelo de negocio y de su token XRP, que ha ganado considerable atención en redes y mercados —incluyendo un notable impulso en la visibilidad social frente a otras grandes criptomonedas—, aunque no sin volatilidad propia del mercado.

    Además, el foro de Davos ha sido escenario de conversaciones sobre posibles fusiones, adquisiciones y alianzas institucionales que podrían consolidar la posición de Ripple en el ecosistema financiero global, especialmente ahora que la tokenización de activos y las relaciones entre cripto y banca tradicional están en el centro de la agenda financiera para 2026.

    Binance, Binance.US y el contexto regulatorio

    Aunque el foco mediático ha estado en Garlinghouse, otro nombre que sigue siendo relevante es Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones. Binance y su subsidiaria orientada al mercado estadounidense, Binance.US, han enfrentado desafíos legales y regulatorios en años recientes.

    El fundador de Binance, Changpeng Zhao, pagó multas multimillonarias en Estados Unidos y renunció como CEO en el marco de acuerdos con las autoridades, lo que abrió paso a una nueva etapa para la compañía bajo la dirección de Richard Teng y con esfuerzos renovados de cumplimiento normativo.

    Hay especulaciones y declaraciones de figuras cercanas a la industria que sugieren que, si en algún momento se producen devoluciones parciales de sanciones o multas pagadas por Binance, esos fondos podrían regresar a inversiones dentro del mercado estadounidense —una señal de interés por mantener una presencia significativa en la economía cripto de ese país—.

    El regreso de Ripple con Garlinghouse a Davos simboliza el momento de transición para las criptomonedas: no solo como activos especulativos, sino como elementos potenciales de infraestructura financiera. Con la atención del capital institucional y de reguladores, figuras como el CEO de Ripple y los principales líderes de plataformas como Binance siguen influyendo en cómo se moldeará el futuro cripto.

  • Trump, Groenlandia y el Nobel: poder, paz y no agresión

    Entre el 18 y el 19 de enero de 2026 quedó cristalizado un giro inquietante en el discurso de Donald Trump: en mensajes/carta dirigidos al primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, Trump vinculó su frustración por no haber recibido el Nobel de la Paz 2025 con su postura más dura respecto de Groenlandia, llegando a decir que ya no se siente obligado a “pensar puramente en la paz”. En paralelo, su administración escaló la presión sobre aliados europeos con amenazas de aranceles (10% desde febrero, con escalamiento posterior) si no acompañaban un “acuerdo” para la “compra” o control de Groenlandia, una región autónoma dentro del Reino de Dinamarca.

    Desde una mirada libertaria, el problema de base no es (solo) el estilo bravucón, sino la arquitectura moral que deja entrever: cuando un líder dice que la paz era una obligación “instrumental” y que, al no ser recompensado simbólicamente, queda “liberado” para priorizar “intereses americanos”, está normalizando una lógica de recompensa–castigo aplicada a otros pueblos. La libertad, entendida como límites al poder político, muere cuando la soberanía ajena se vuelve moneda de cambio para una narrativa doméstica.

    El principio de no agresión y su “equivalente” en derecho internacional

    El principio de no agresión (PNA) es una regla moral: no iniciar fuerza contra personas o su propiedad. ¿Aplica a países? Los libertarios suelen desconfiar del concepto “Estado como propietario”, porque el Estado no adquiere como adquiere un individuo: se financia coercitivamente y administra territorios donde conviven millones de dueños privados. Aun así, cuando pasamos al plano del derecho internacional público, existe un análogo práctico del PNA: la prohibición del uso o amenaza de la fuerza y el respeto por la integridad territorial. No es perfecto (los Estados violan estas reglas), pero es el “cinturón de seguridad” mínimo que evita que el planeta funcione como un tablero de botín.

    La presión económica para forzar una cesión territorial (aranceles como “castigo” por apoyar a Dinamarca/Groenlandia) se parece demasiado a una coerción interestatal que degrada el comercio: el intercambio deja de ser pacífico y voluntario y se convierte en palanca política. Europa, de hecho, empezó a discutir herramientas de represalia y “anti-coerción”.  Esto no es liberalismo; es mercantilismo con megáfono.

    “No hay solo propietarios, sino países”: el nudo gordiano groenlandés

    Groenlandia no es un lote baldío. Allí hay comunidades, instituciones locales y reclamos políticos propios. La solución “liberal” no puede ser “traspasar” población como si fueran activos. La respuesta doctrinal, si queremos ser consistentes, debería exigir:

    1. Consentimiento real de los groenlandeses (no el de burócratas en Washington, Copenhague o Bruselas).
    2. No uso de fuerza ni amenaza (militar o económica) como método de negociación.
    3. Acuerdos de seguridad y comercio basados en contratos, bases y cooperación voluntaria, no anexiones.

    Esto es clave porque Trump justificó su impulso por Groenlandia con argumentos de “seguridad global” y críticas a la capacidad europea para proteger la isla, tesis repetida por su secretario del Tesoro.  Pero aun si la preocupación estratégica fuese genuina, el liberalismo clásico recuerda que “necesidad” no crea “derecho” sobre terceros.

    ¿Hay que tomarlo en serio?

    Sí, por dos razones. Primero, porque no es solo retórica: hay medidas de política comercial y tensión diplomática real alrededor del tema. Segundo, porque incluso dentro de EE.UU. hay reacción institucional: una encuesta Reuters/Ipsos mostró bajo apoyo a adquirir Groenlandia y aún menor apoyo al uso de fuerza.  Y en el Congreso surgieron intentos de bloquear fondos para cualquier ocupación/anexión, señal de que el sistema de frenos aún “respira”.

    ¿Podría existir un impeachment?

    Políticamente, la palabra ya apareció en boca de figuras republicanas: el congresista Don Bacon advirtió que si Trump intentara usar fuerza contra Groenlandia podría abrirse la puerta a un proceso de destitución, y otros legisladores han descrito la idea como una amenaza al vínculo con la OTAN.  Ahora bien: que sea posible no significa que sea probable; el impeachment depende de mayorías, clima social y, sobre todo, de si hay un acto inequívoco que cruce líneas rojas (p. ej., uso de fuerza, desobediencia abierta al Congreso, etc.). Lo relevante, desde un enfoque liberal, es reforzar la noción de que el Ejecutivo no “posee” la política exterior: está limitado por la Constitución, por el Congreso (presupuesto/guerras) y por el costo político.

    Lecciones históricas y una salida liberal para Europa

    La historia enseña que las “anexiones por seguridad” raramente terminan en seguridad: suelen crear carreras armamentistas, resentimiento y conflictos prolongados. Europa, si se siente amenazada, tiene dos opciones malas (escalar o ceder) y una opción difícil pero liberal: disuasión defensiva + unidad comercial inteligente + diplomacia firme. Esto incluye:

    • Reforzar capacidades defensivas en el Ártico sin lenguaje belicista.
    • Negociar acuerdos de cooperación con Groenlandia/Dinamarca (infraestructura, minería, puertos, I+D) que reduzcan la tentación de “soluciones imperiales”.
    • Usar represalias comerciales de modo quirúrgico (si se eligen) para no destruir el comercio como institución, sino para desincentivar la coerción.

    La doctrina liberal no promete un mundo sin Estados, pero sí un mundo donde el poder está atado. Cuando un líder sugiere que la paz era una etiqueta que se descarta si no llega un premio, lo más libertario no es aplaudir el “realismo”; es insistir en límites: no agresión, consentimiento, comercio voluntario y frenos institucionales. Y sí: tomarlo en serio, precisamente para no normalizarlo.

  • El Mercado y el Gobierno en el Cuadrilátero

    El pugilato entre la libertad de mercado y el control gubernamental político es un tema muy poco abordado en los medios informativos, lo cual es sumamente lastimoso ya que en ello bien puede depender la pobreza o riqueza de una nación. Y, para entrarle al tema, examinemos lo que es y no es el orden; particularmente el orden social que trae progreso real. El reto está en saber lo que es el verdadero orden social y no el desorden imperante que se sufre en tantos países, incluyendo Panamá.

    El elemento clave del buen orden está en una sana interrelación entre las personas; más específicamente en la familia. El mal se presenta y crece cuando gobernantes soberbios pretenden imponer un orden social que no parte desde la base que es la familia, el barrio; en fin, de abajo para arriba y no al revés. Dictar a la población cómo deben actuar es promover el desorden; ya que en adelante la gente se convierte en marionetas de las castas… ¡Uy!, no quiero llamarles “gobernantes” ya que eso no es gobernar.

    ¿Crees que ordenar descuentos, salarios mínimos o tantas otras disposiciones legales de ley positiva? Es decir, la ley que te ordena a proceder como quieren los políticos, que es muy diferente a la ley negativa; vale decir, la ley que te prohíbe el verdadero desorden, tal como: matar, robar, golpear, orinar en media calle y tal.

    El reto es que sepamos distinguir qué clase de leyes producen un buen orden social y cuáles no. Cuando el restaurante quiebra por tantos descuentos a jubilados ¿acaso eso promueve buen orden y desarrollo? ¿Cómo pueden buenos empresarios dirigir la barca de su negocio cuando los politicastros le están metiendo la mano en el timón?

    Espero que ya vaya el lector dándose cuenta de lo difícil que es diferenciar entre el orden y el desorden. Henry Adams sentenció que “el caos era la ley de la naturaleza; y el orden era el sueño del hombre.” O… veamos el mundo, ¿crees que Dios lo creo todo ordenadito? No, lo creo para que nosotros lo ordenáramos. ¿Qué gracia habría sido una Creación en la cual todo estaba ordenadito desde el Palacio Celestial?

    Para mí existe orden cuando la gente puede intercambiar productos y servicios sin tener metido al politiquero. Pero cuando la ley te dice que el gobierno puede intervenir en toda empresa, tal como lo dice la constitución de Panamá, ¿crees ese ordenamiento es orden? Y regresando el “cuadrilátero” del título de este escrito, ¿te imaginas lo que sería el box si los políticos se meten al ring a dar órdenes a los boxeadores?

    Tristemente, los torcidos políticos y sus compinches disque empresarios son unos engreídos que creen tener la capacidad imponer orden social desde el Palacio de las Garzas. Bueno, tal vez sí, pero no con más gobierno sino con menos. Panamá podría funcionar de maravillas sin impuestos. ¡Claro!, para ello tendríamos que reducir en grande el aparato de desgobierno; limitándolo a lo que sí es gobierno.

    Un expresidente contrató a nuestra empresa de consultoría para hacer un programa de cálculo impositivo y, el programa demostró que podríamos bajar el impuesto corporativo a 10% y el de renta a 5%; y eso sin reducir el tamaño del aparato del desorden.

    Y lo más serio es que no imaginamos lo que trae la AI y la robótica. La AI y los robots sólo nos quitarán el trabajo mecánico, dejando a los humanos encargados de hacer lo que las máquinas no pueden. No fuimos creado para ser bestias de labranza, sino para cosas mucho más celestiales.

  • En Davos, la cumbre woke, de Pedro Sánchez a Milei

    “Líderes mundiales de los ámbitos gubernamental, empresarial, de la sociedad civil y académico se reunirán… para… una acción colectiva audaz hace que esta reunión sea especialmente relevante”, reza el llamado al Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) 2026.
    “Colectiva” ciertamente se refiere a colectivismo y, definitivamente, no es casual. Ya hace unos años el conservador sitio online Breitbart describía al foro como “un colectivo de élites izquierdistas y sus compinches corporativos multinacionales que debaten sobre cómo configurar las agendas globales para dividir el botín”.

    En esta costosísima que reunión pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos, entre el 19 y 23 de enero se encontrarán presidentes de empobrecidos países africanos, de oriente medio y de Latinoamérica además de occidentales. En total, cientos de líderes políticos, incluidos decenas de jefes de Estado.

    O sea, son muchos burócratas estatales los que concurren, de esos que se dedican a “regular” al mercado, a interferirlo coactivamente. Y los temas en la agenda son temas de cómo el Estado debe regular al mercado natural, cómo estos gobernantes deben coartar la libertad de las personas de acuerdo con el “sector privado” allí presente. Y, por cierto, nunca olvidan “cómo mejorar los sistemas de impuestos” porque de ellos viven.

    Ahora, este “sector privado” -que no es ni la millonésima del mercado- está conformado por empresarios al estilo de Bill Gates -que ha participado muchas veces- que ha amasado una fortuna exagerada gracias, precisamente, a privilegios otorgados por los burócratas presentes, como el “copyright” que es un monopolio intelectual impuesto coactivamente por el Estado. Otros, van a este foro para intentar evitar que los regulen o los perjudiquen, política errada en mi opinión.

    Y los discursos son incoherentes. Por su parte, los políticos latinoamericanos y africanos están preocupados por la pobreza que ellos mismos crean, por ejemplo, con abusivos impuestos que terminan pagando los más pobres ya que los empresarios los derivan subiendo precios, bajando salarios, etc.

    “Se prevé que la economía mundial, atrapada entre las tensiones comerciales y la incertidumbre política, crezca apenas un 3,1 % en 2026… el comercio… solo aumentará un 0,9 % en 2025… A pesar de que la inflación general se ha controlado gradualmente, la subyacente sigue siendo elevada y la ratio de deuda-PIB ha escalado hasta máximos históricos del 95 %”, reconoce el WEF.

    Y continúa “…el 22 % de los empleos actuales en todo el mundo cambiarán en los próximos cinco años, principalmente como consecuencia de la IA… Actualmente, 4500 millones de personas carecen de acceso a servicios sanitarios esenciales y el sector sufre un déficit de financiación de 10.500 millones de dólares anuales, lo que subraya la urgencia de inversiones en materia de salud”, afirma el WEF, aunque no dice que los que lograron esto son los mismos dirigentes que van a Davos a rasgarse las vestiduras.

    Y en esto no podía faltar la “inefable” persona de Pedro Sánchez que el año pasado, en nombre de la “libertad” de participación propuso en este foro que los burócratas de la UE controlen arbitrariamente las redes sociales y castiguen a los “díscolos”.

    En el otro extremo, Javier Milei llegó a afirmar que «foros como este han sido promotores de la agenda siniestra» de la izquierda woke. Y este año planea reafirmar sus críticas y mostrar su apoyo incondicional a Trump. Es decir, potencia y publicita, con su presencia y disertación, al WEF en el que, sin dudas, triunfa y se fortalece el discurso y las acciones woke.

    La posición realista es la de Elon Musk que, precisamente, se niega a participar por considerar que, en esta cumbre, diga lo que se diga en las alocuciones, en los hechos solo se puede favorecer al wokismo. De hecho, una de las aspiraciones del presidente argentino era la captación de inversiones y, desde su participación anterior, la inversión extranjera directa en su país ha sido negativa por causa de las empresas que se han ido. Claramente su viaje fue contraproducente desde que significó un gran gasto inútil.

    Es llamativo el que parte de la opinión pública tenga una imagen negativa del mercado natural cuando éste no es sino las personas, esa misma opinión pública que lo rechaza. El mercado natural, subrayo, es el conjunto de los seres humanos desde el punto de vista de la cooperación voluntaria, pacífica, espontánea entre las personas con el fin de vivir y mejorar.

    Sucede que la idea se ha deformado hasta contrariar su verdadero sentido. Y en esto sin dudas colabora el WEF, que está de moda, y se presenta como “promercado” cuando no lo es, confundiendo al público. En primer lugar, como dije, el mercado está compuesto por 7500 millones de personas -la población mundial- y los “líderes” llegados a Davos no llegan ni a 4000, ni la millonésima parte.

    Y esto sucede aun cuando el Foro abiertamente propone más estatismo: “Ante el aumento de los riesgos geopolíticos, es previsible que estas intervenciones estatales se intensifiquen. Debemos prepararnos para la era de la resiliencia ’inducida por el Estado’».

    Todos los postulados del WEF son irracionales. A ver. Una hipótesis científica necesita de tres condiciones necesarias mínimas, pero no suficientes. ¿Cuál es la condición suficiente? No existe, porque en la ciencia nada es definitivamente -absolutamente- verdadero jamás. Solo tenemos postulados que utilizamos en tanto sean útiles y cumplan con las esas tres condiciones necesarias.

    Primero, no debe contradecir principios básicos, dicho de modo elemental, no puede decirse que lo malo es bueno. Segundo, debe tener una demostración lógica simple y razonable y, tercero, debe quedar corroborado por datos empíricos independientes y reiterados.

    Tomemos por caso la recaudación impositiva que es la sangre de los Estados y, por ende, del WEF. Primero, la presión fiscal -necesariamente coactiva- no puede ser buena porque contradice un principio básico: la violencia siempre destruye. Segundo (y explico el primero), al contrario del mercado, donde las personas pagan por aquello que les conviene -y se produce la eficiencia porque cada parte recibe lo que mejor le viene- el Estado fuerza a pagar, utilizando su monopolio de la violencia, aunque lo que se ofrece no convenga.

    Y tercero, donde la presión fiscal -conformada por impuestos, más inflación y endeudamiento estatal que quitan recursos al sector privado- es más alta, los datos empíricos muestran que menor es el desarrollo, porque el Estado malgasta los recursos al evitar la eficiencia que se produce cuando cada persona tiene la posibilidad de utilizar voluntariamente sus recursos en lo que conviene.

  • Guerra silenciosa en alta mar: ¿cómo operan los barcos fantasma?

    A simple vista podría parecer un petrolero más. Tenía el casco oxidado, bandera extranjera y una ruta aparentemente comercial. Nada que llamara la atención en un océano por el que navegan decenas de miles de buques cada día. Sin embargo, el 7 de enero de 2026 Estados Unidos interceptó y detuvo el petrolero Marinera (antes conocido como Bella 1) en aguas del Atlántico Norte durante la operación “Lanza del Sur”, que culminó tras varias semanas de seguimiento.

    No fue una inspección rutinaria ni un problema administrativo. Estados Unidos lo abordó porque las autoridades lo consideran parte de una red de transporte que evade sanciones internacionales y opera fuera de los controles habituales del comercio marítimo.

    Flotas en la sombra

    Se trataba de un barco encuadrado en lo que expertos llaman “barcos fantasma” o “flotas en la sombra”. Esto es, petroleros que, aunque figuran en registros oficiales, cambian de nombre, de bandera y de propietario con frecuencia para ocultar su actividad real y sortear sanciones económicas.

    Este tipo de buques aparece y desaparece de los sistemas de seguimiento, realiza transferencias de carga en alta mar y suele estar asociado al transporte de crudo procedente de países sometidos a embargos, como Venezuela e Irán.

    Estamos viviendo días de gran intensidad informativa. Así que la noticia de la detención ha acaparado titulares, aunque casi siempre presentada como un episodio aislado del pulso geopolítico entre Estados Unidos y los países sancionados. Y esto puede resultar engañoso.

    Una flota paralela al margen de la ley

    El problema no es este petrolero concreto, sino la normalización de una flota paralela que opera desde hace años al margen de las reglas del comercio global y que solo aflora cuando uno de estos buques es interceptado, se hunde o provoca un incidente. Los barcos fantasma no son una excepción ni una anomalía: son el síntoma de un sistema marítimo que tolera la opacidad como parte de su funcionamiento.

    El término suena a película de aventuras fantástica. Pero la realidad, como en casi siempre en estas comparaciones cinematográficas, es mucho más prosaica y peligrosa. Estos buques existen porque el sistema marítimo internacional lo permite. Las banderas de conveniencia, pensadas en origen para facilitar el comercio, se han convertido en una herramienta perfecta para diluir responsabilidades.

    Registrar un barco en determinados países implica menos controles, menos preguntas y una enorme dificultad para saber quién está realmente detrás. Cuando a eso se le suma un entramado de empresas pantalla y aseguradoras opacas, el resultado es un buque que navega legalmente, pero fuera del radar político.

    Las vías alternativas del petróleo

    En los últimos años, este tipo de flota ha crecido de forma silenciosa al calor de las sanciones internacionales. Así, por ejemplo, cuando se bloquean las exportaciones de petróleo de un país, el crudo no desaparece. Busca caminos alternativos. Y esos caminos, cada vez más, pasan por petroleros que no figuran en las rutas habituales, que realizan transferencias de carga en alta mar y que aparecen y desaparecen de los sistemas de seguimiento como si el océano se los tragara.

    La operación estadounidense de estos días apunta precisamente a eso. No es un gesto aislado ni improvisado: es un aviso. Un mensaje de que Washington está dispuesto a perseguir esas rutas invisibles y a tratar el mar como un espacio donde también se hacen cumplir las sanciones. También significa que el océano ya no es un territorio neutro. Es un escenario más de la confrontación económica y geopolítica global.

    ¿Esto es algo nuevo? Ni mucho menos. En los últimos años hemos visto casos que, en su momento, parecieron episodios confusos y hoy encajan mejor en este patrón que se describe. Uno de los más llamativos por su relevancia internacional ocurrió en pleno conflicto en Siria. En los meses finales del régimen de Bashar al-Assad, cuando el control del territorio se desmoronaba y la atención internacional estaba puesta en el frente terrestre, un buque se hundió en el Mediterráneo en circunstancias nunca del todo aclaradas. Diversas informaciones periodísticas apuntaban a que estaba siendo utilizado para sacar material militar del país, aprovechando el caos del momento.

    Y no es un caso aislado o que ocurre únicamente al calor de los conflictos militares: también se reportan en toda la UE. Nunca hay una confirmación oficial concluyente. No son barcos de guerra, no van escoltados por fragatas ni figuraban en comunicados oficiales. Son, en apariencia, un buque comercial más. Y, sin embargo, sus hundimientos o interceptaciones revelan hasta qué punto los barcos civiles pueden convertirse en piezas clave de operaciones estratégicas cuando los Estados necesitan moverse rápido y sin dejar rastro.

    Sistemas que emiten señales incompletas

    Esa falta de confirmación oficial tiene también una explicación técnica concreta. El control del tráfico marítimo se apoya en sistemas como el AIS, un transpondedor que emite de forma continua la identidad, posición y rumbo de los buques. En condiciones normales es una herramienta básica de seguridad, pero en estos casos se convierte en una vía de ocultación. El sistema puede apagarse durante tramos sensibles o emitir señales incompletas, haciendo que el barco “desaparezca” de los mapas de seguimiento.

    A ello se suma el uso de transferencias de carga barco a barco en alta mar (operaciones conocidas como ship-to-ship) que permiten mezclar o redistribuir mercancías lejos de puertos y autoridades. Combinadas con cambios frecuentes de nombre, bandera y propietario legal, estas técnicas hacen que un buque siga siendo visible en los registros formales, pero que su carga sea prácticamente imposible de rastrear con certeza.

    Ahí es, precisamente, donde los barcos fantasma dejan de ser una curiosidad técnica para convertirse en un problema político de primer orden. Facilitan la evasión de sanciones e introducen un nivel de opacidad que desestabiliza el sistema internacional.

    Cuando no se sabe quién transporta qué, ni bajo qué autoridad real navega un buque, la rendición de cuentas desaparece, y con ella la capacidad de prevenir accidentes, conflictos o desastres ambientales, denunciados por numerosas organizaciones como The Ocean Foundation.

    Distorsión de precios y competencia desleal

    Obviamente, estos barcos no operan en el vacío. Afectan al mercado energético, distorsionan precios y generan competencia desleal frente a operadores que sí cumplen las normas. También ponen en riesgo a las tripulaciones, que trabajan en condiciones precarias y, en caso de incidente, quedan abandonadas a su suerte en un limbo jurídico.

    Y su existencia mina la credibilidad de las sanciones internacionales, que pierden eficacia cuando siempre hay una ruta alternativa dispuesta a sortearlas.

    Por eso la detención de un petrolero no es una anécdota. Es una fotografía de algo mucho más grande. De una economía sumergida que navega sobre el agua aprovechando vacíos legales y la dificultad de vigilar millones de kilómetros cuadrados de océano. De una guerra silenciosa que no se libra con misiles, sino con contratos opacos, registros lejanos y transpondedores apagados.The Conversation

    Paula Lamo, Profesora e investigadora, Universidad de Cantabria

    Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

  • Propaganda, populismo y legitimidad: entre el relato y la realidad

    La propaganda política no es un residuo del siglo XX ni un fenómeno excepcional asociado únicamente a regímenes totalitarios sangrientos. Por el contrario, constituye un instrumento recurrente en sistemas políticos contemporáneos, especialmente allí donde la legitimidad del poder no descansa primordialmente en resultados institucionales, sino en la adhesión emocional de la ciudadanía. La diferencia fundamental no radica en la existencia o no de comunicación política —inevitable en cualquier gobierno—, sino en el rol que esta ocupa: informar sobre hechos o sustituirlos mediante un relato.

    Desde una perspectiva clásica, la propaganda moderna se caracteriza por la simplificación deliberada de la realidad, la repetición sistemática de consignas y la apelación a emociones primarias antes que a argumentos racionales. Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del Tercer Reich, fue explícito al respecto: la propaganda debía ser simple, reiterativa y orientada al éxito político, no a la verdad. Si bien el contexto histórico ha cambiado radicalmente, la lógica subyacente permanece sorprendentemente vigente.

    En el presente, los populismos —tanto de izquierda como de derecha— exhiben una dependencia estructural del relato. Este relato suele organizarse en esquemas binarios (pueblo/élite, patriotas/traidores, nosotros/ellos) que reducen la complejidad política y permiten movilizar apoyo constante. La necesidad de mantener ese clima emocional explica por qué los gobiernos populistas requieren una producción ininterrumpida de propaganda: la narrativa debe renovarse, amplificarse y defenderse permanentemente frente a cualquier fisura que la realidad introduzca.

    Aquí resulta pertinente el aporte de Jeremy Bentham en su Tratado de los sofismas políticos. Bentham identifica mecanismos retóricos diseñados no para refutar argumentos, sino para bloquear el juicio crítico: apelaciones a la inevitabilidad (“no hay alternativa”), al miedo, al bien común abstracto o a la autoridad técnica incuestionable. Estos sofismas cumplen hoy la misma función que en el siglo XIX: desactivar la evaluación racional de las decisiones de poder.

    En paralelo, pensadores como Dwight Macdonald señalaron el rol de los intelectuales y comunicadores en la racionalización del poder. Racionalizar no implica justificar explícitamente el autoritarismo, sino traducir decisiones políticas en un lenguaje técnico, moral o histórico que las vuelva aceptables, incluso cuando erosionan libertades o instituciones. De este modo, el poder deja de ser evaluado normativamente y pasa a ser administrado como una fatalidad inevitable.

    El entorno digital ha intensificado estos procesos. Las redes sociales y los algoritmos de visibilidad favorecen mensajes simples, emocionales y polarizantes. Los trending topics, los videos épicos y las campañas de alta carga simbólica no son meros instrumentos de difusión, sino dispositivos de construcción de realidad. La centralidad del relato se convierte así en un indicador de fragilidad institucional: cuanto más necesita un gobierno reafirmar su legitimidad mediante propaganda, menos puede apoyarse en resultados verificables.

    El contraste aparece al observar administraciones cuya estabilidad no depende de la exaltación permanente ni de la movilización emocional continua. Gobiernos con instituciones sólidas, división de poderes efectiva y políticas públicas de largo plazo tienden a comunicar menos y hacer más. En estos casos, la legitimidad se construye a partir de reformas estructurales, previsibilidad normativa, crecimiento sostenido, reducción de la pobreza o mejora en servicios públicos. La comunicación existe, pero no reemplaza a la realidad: la acompaña.

    Esto no implica idealizar modelos ni negar errores. Implica reconocer una diferencia cualitativa: la propaganda es central cuando el poder necesita ser creído; es secundaria cuando el poder puede ser verificado. En sistemas políticos maduros, el relato no precede a los hechos, sino que los sigue.

    En definitiva, la proliferación de propaganda no es una señal de fortaleza, sino de dependencia. Cuando un gobierno necesita narrarse constantemente a sí mismo para sostener su autoridad, es porque carece de un anclaje suficiente en resultados institucionales duraderos. La verdadera prueba de legitimidad no está en la eficacia del mensaje, sino en la capacidad del Estado para producir bienes públicos reales sin recurrir a una narrativa subyugadora.

  • Interés falso, crisis real

    Interés falso, crisis real es la expresión que mejor sintetiza el conflicto reavivado en enero de 2026 entre Donald Trump y la Reserva Federal. Esta vez, el choque no fue solo retórico. Jerome Powell afirmó que el Departamento de Justicia (bajo la administración Trump) llegó a amenazar con una acusación penal vinculada a su testimonio sobre la renovación de la sede de la Fed, y calificó el movimiento como un “pretexto” para forzar a la autoridad monetaria a recortar tipos “más y más rápido”.

    En paralelo, Trump reforzó públicamente su preferencia por condiciones crediticias más laxas. El episodio más llamativo ocurrió el 10 de enero de 2026, cuando pidió un tope del 10% a la tasa de interés de las tarjetas de crédito durante un año (a partir del 20 de enero), sin detallar el mecanismo legal para imponerlo; el anuncio movió mercados y golpeó acciones de emisores y bancos.

    Presionar a la Fed es una mala idea (aunque “bajar tasas” suene popular)

    Para la tradición libertaria y, en particular, para la Escuela Austríaca, el problema no es solo “Trump vs. Powell”, sino el incentivo permanente a manipular el precio más importante de la economía: el tipo de interés. El interés no es un botón tecnocrático; es un precio intertemporal que coordina ahorro, inversión y consumo (la señal que conecta la preferencia temporal de millones de personas con los planes de empresas y bancos).

    Cuando una autoridad (o un poder político influyente sobre ella) empuja artificialmente las tasas a la baja, se distorsiona esa señal. En términos misesianos, el crédito barato no crea recursos reales: solo redistribuye y reordena decisiones. Ludwig von Mises advertía que la expansión del crédito no respaldada por ahorro real induce una prosperidad aparente que termina en ajuste: el auge se sostiene mientras el crédito se expande; cuando se frena, aparecen pérdidas y liquidaciones. Esa es la columna vertebral de la Teoría Austríaca del Ciclo Económico (Mises–Hayek): tasas artificialmente bajas → proyectos de inversión más “largos” y arriesgados (“malinvestment”) → choque con la realidad de recursos escasos → recesión/reestructuración.

    Dicho de forma menos académica: si el interés se “abarata” por presión política, se invita a empresas y hogares a endeudarse como si el ahorro abundara, aunque no sea cierto. El resultado típico no es bienestar sostenible, sino burbujas, asignación errónea de capital y, al final, un ajuste que castiga especialmente a quienes llegan tarde: trabajadores y pequeños ahorristas.

    El vínculo con inflación, empobrecimiento y “devaluación” del salario y del ahorro

    El relato popular suele presentar “bajar tasas” como un regalo: hipotecas más accesibles, consumo más fácil, bolsas contentas. La mirada austríaca pregunta: ¿a costa de qué?

    1. Efecto Cantillon (distribución desigual): el dinero nuevo (o el crédito creado) no entra parejo a la economía. Beneficia primero a quienes reciben el crédito antes (sector financiero, grandes deudores, Estado), mientras que los precios empiezan a subir antes de que los salarios del trabajador promedio se ajusten. Resultado: cae el salario real y se erosiona el ahorro.

    2. Inflación como fenómeno monetario: para los austríacos, la inflación es, en esencia, expansión de dinero/crédito; la suba de precios es el síntoma. Si el entorno político empuja a “dinero barato” y facilidades crediticias, se alimenta el riesgo de más expansión monetaria (directa o indirecta), con pérdida de poder adquisitivo.

    3. Empobrecimiento por incertidumbre y ciclos: los booms inducidos por crédito distorsionan la estructura productiva. El ajuste posterior destruye empleo y capital mal asignado. En ese vaivén, el trabajador paga dos veces: primero con encarecimiento del costo de vida, luego con inestabilidad laboral y estancamiento salarial.

    Por eso, desde esta óptica, la independencia del banco central no es un tecnicismo: es un dique imperfecto contra el uso político del dinero. Lo que narró Powell —amenazas y un clima de intimidación para conseguir recortes— se interpreta como un paso más hacia una política monetaria subordinada al ciclo electoral.

    ¿Y el tope a tasas de tarjetas? Popular, pero profundamente intervencionista

    La propuesta de Trump de capar al 10% las tasas de tarjetas de crédito añade otra capa al mismo impulso: si el crédito es caro, se ordena por decreto que sea barato. Pero, para un austríaco, un precio tope no elimina el riesgo ni el costo del capital: lo desplaza.

    • Si obligas a prestar barato en un segmento de alto riesgo (tarjetas), los intermediarios tienden a racionar crédito, subir comisiones, reducir límites o expulsar a los perfiles más vulnerables hacia opciones peores.

    • La tasa, guste o no, es información: refleja morosidad esperada, costo de fondeo y regulación. “Bajarla” por orden no hace que esas realidades desaparezcan.

    Además, el mensaje político combinado —presionar a la Fed por recortes y, a la vez, anunciar topes de tasas privadas— refuerza la percepción de que el objetivo es forzar una relajación financiera general, aun a costa de distorsionar señales y contratos.

    El atajo del “dinero barato” y su factura social

    Desde una perspectiva libertaria/austríaca, el problema de fondo no es si Powell “cede” o si Trump “gana” el pulso, sino el principio: intervenir el mercado financiero manipulando tasas —por presión política o por mandato— altera el mecanismo de coordinación que permite planificar a largo plazo. La aparente bonanza del crédito fácil suele pagarla el ciudadano común con inflación, pérdida del salario real, ahorros licuados y un ciclo de auge y caída que redistribuye riqueza hacia quienes están más cerca del grifo del crédito.

    En otras palabras: cuando el precio del tiempo (el interés) se politiza, la economía deja de guiarse por preferencias reales y pasa a guiarse por objetivos de corto plazo. Y la cuenta, tarde o temprano, llega al supermercado, al alquiler y a la libreta de ahorro del trabajador.