Categoría: Cultura y Sociedad

Sin Emoción no hay Educación

¿Crees que en las escuelas MEDUCA (Ministerio de Educación) se aprende con emoción?

En el artículo anterior sostuve que la educación corresponde primero a la familia y que el Estado, al asumir por intermedio de sus gobiernos la administración directa de las escuelas, viola el principio de subsidiariedad. Hoy quiero ir un paso más allá: al corazón mismo del acto de aprender.

Curiosamente, la Madre Naturaleza ha sabido algo que se le olvidó a los humanos y es que las crías, incluyendo las humanas, aprenden jugando; y la pregunta es ¿por qué? Pues, porque divierte; es emocional en sentido sano; pues en el malsano también. Aún recuerdo el reglazo que me dio una profesora en el Javier. Y, curiosamente, desde primaria a secundaria saqué las peores notas, ya que no me agradaba estudiar.

No fue hasta que mis padres me mandaron a una internado en los EE.UU. que se me prendió la mecha emotiva. Llegué unas semanas antes del inicio de clases y mis padres le dijeron al dueño de la inmensa escuela de madera, que nos pusieran a mi hermano y a mí a trabajar limpiando toda la escuela. Luego fui lavaplatos, mesero hasta llegar a ser el mesero jefe y el chef hasta me dejaba cocinar. Años más tarde tome curso de cocina.

Graduado de secundaria estudié dos años para ser médico y nada. Pero, lo que me prendió la mecha de la emoción fue surcar los aires. En eso, logré una beca y me fui a estudiar aviación en la Fuerza Aérea del Brasil; pero mis años de mal aprendizaje también trabajaron en mi contra. Regresé a Panamá y mi padre me mandó a estudiar aviación a los EE.UU.; y es allí cuando comenzó el romance emotivo que me disparó por senderos mágicos que se me fueron abriendo en las lejanas tierras de aires encantados, como lo diría el poete tocayo John Keats.

El resto de mi historia es de estudios impulsados por la emoción. Aviación, investigación de accidentes aéreos, música, poesía, pintura, pesca, buceo, cacería, escribir y hasta llorar. Y en ello me pregunto… ¿dónde y cómo se perdió la verdadera escuela, no sólo en Panamá sino por todos lados?; y he allí la razón que hoy les escribo.

Los grandes sistemas centralizados han olvidado casi por completo la naturaleza del aprender. Se dedicaron a instalar estructuras burocráticas, reglamentos rígidos, escalafones automáticos y un interés que va más por la ruta de pérfidos caminos de horrible politiquería. El resultado ha sido un ambiente frío, desmotivador y, en demasiados casos, indulgente con la mediocridad o peor.

Y, en todo ello aparecen los sindicatos magisteriales, entre otros; que responden ante intereses que poco o nada tienen que ver con educar sino con el clientelismo político. Las consecuencias son visibles y dolorosas. Se bajan los estándares para que nadie quede mal. Se debilita la disciplina porque sancionar o exigir se vuelve costoso políticamente. Se inflan las calificaciones. Se protege al docente incompetente o desmotivado con más firmeza que al estudiante que necesita ser desafiado.

Los alumnos más capaces se aburren y se desconectan; los que tienen mayores dificultades no reciben la exigencia paciente y personalizada que realmente los sacaría adelante. Los padres, que deberían ser los principales interlocutores, son relegados a un papel secundario o meramente formal y quedan delegando a centralismo corrupto aquello que es indelegable.

Más aún, hoy día que nos encontramos en la antesala del mañana ya tenemos a mano las herramientas para convertir a todos los estudiantes en genios; pero, triste y horriblemente, los mantenemos presos en las mazmorras del NODUCA. Como bien decía la letra del grupo Pink Floyd en su canción “Another Brick in the Wall” –otro ladrillo en la pared.

En el próximo y último artículo de esta serie examinaré las cifras que confirman este diagnóstico —el escaso porcentaje de estudiantes destacados en matemáticas en Estados Unidos frente a los de China o India— y las lecciones concretas que nos ofrece el trabajo de James Tooley en The Beautiful Tree. Porque los números, cuando se miran con honestidad, también tienen algo que decir sobre la emoción y la libertad.

Nota: Ensayo 2/3

septiembre 23, 2026
Escuela Privada de Barrio

Recuerdo con claridad aquellos años de 1964 en que fundé una escuela de vuelo en Paitilla y me convertí en instructor de tierra y de vuelo. Enseñaba navegación, aerodinámica, meteorología, mecánica y regulaciones y tal. En 1968 me nombraron jefe de Seguridad Aérea en el Ministerio de Gobierno; y luego de 5 años realicé que sin educación no habría seguridad aérea y con la fundamental ayuda de la OACI – Organización de Aviación Civil Internacional – creamos la EAC – Escuela de Aeronáutica Civil, para entrenar pilotos, controladores de tránsito, oficiales de operaciones, electrónica; y pasé 5 años en su dirección y dando clases en aulas. Esa experiencia, sumada a mi posterior trabajo en el Comité de Educación de APEDE y a los ensayos y el libro que escribí sobre el tema, me ha dejado una convicción profunda: la educación no es, en primer lugar, asunto del Estado y menos de sus gobiernos.

La educación corresponde primordialmente a la familia. Los padres son los primeros y naturales educadores de sus hijos. Ellos conocen el temperamento, las fortalezas y las debilidades de cada niño; ellos transmiten valores, cultura, lengua y visión del mundo y, ante todo amor. Esta verdad elemental ha sido oscurecida por décadas quienes buscan adoctrinar y no educar; y en el centralismo violan el sagrado principio de subsidiariedad —aquel que sostiene que una autoridad superior no debe asumir funciones que las personas, las familias y las asociaciones intermedias pueden cumplir por sí mismas.

Se tuercen las palabras hablando de “educación pública”, ya que toda educación es pública; formando los ciudadanos del mañana que sostienen la sociedad humana. Lo “público” es el monopolio estatal, hecho con aviesos fines de control y no de evolución social. Es un decadente centralismo que busca satisfacer intereses sindicales y hasta de saqueo.

Pocos recuerdan cuándo y por qué se centralizó la educación. En el siglo XIX y comienzos del XX se argumentó que solo el Estado podía garantizar igualdad de oportunidades, cohesión social y eficiencia. Se prometió que la escuela estatal eliminaría las diferencias de origen, forjaría una identidad común y elevaría el nivel general de conocimientos. Esas promesas jamás se cumplieron del todo. Las desigualdades persisten, la cohesión social es hoy más frágil que nunca y los resultados académicos resultan mediocres en relación al sobrecosto. En los EE.UU. a principios del siglo XX, luego de 5 años de centralización no hubo mejoría en cantidad o calidad; pero sí se dio un aumento en los salarios de los funcionarios educadores.

¿Cuál es, entonces, el papel legítimo del Estado a través de sus gobiernos? No es ser dueño de la escuela y menos dirigirla. Su función propia es más limitada y más respetuosa de la subsidiariedad. Proteger contra fraudes y no ser quien lidera los fraudes; luego de lo cual no hay nadie que le ponga el cascabel a los gatos. Traspasar esos límites debilita a la familia y a las iniciativas independientes que históricamente han educado con mayor dedicación y mejores resultados.

Mi propia trayectoria me lo ha confirmado. Las EAC la cerró el gobierno para usar el costoso edificio con simuladores de torres de control y más, para oficinas gubernamentales. Hoy los aviadores se educan en escuelas privadas alejadas del mundo burocrático y peor. La experiencia posterior, escribiendo y reflexionando sobre estos temas, solo ha reforzado la conclusión: devolver la educación a su lugar natural —la familia y las comunidades voluntarias— no es nostalgia ni ideología; es simple realismo.

Mientras sigamos aceptando como normal que el gobierno administre la formación de las nuevas generaciones, seguiremos cosechando los mismos frutos mediocres. La responsabilidad primera no es del Estado. Es de los padres. Recuperar esa evidencia es el punto de partida indispensable para cualquier reforma seria.

En el próximo artículo examinaré una dimensión aún más olvidada: el carácter esencialmente emocional del verdadero aprendizaje y cómo los sistemas centralizados, capturados por sindicatos e intereses políticos han burlado el elemento fundamental del aprender… ¡la emoción!; ese que sentí desde los 8 años cuando aprendí a tocar la guitarra.

Ensayo 1/3

septiembre 21, 2026
La ATTT y el Desorden Vial

El desorden vial no se resuelve solo con “educación”.

Según reportaje de TVN, el director de la ATTT está preocupado por las malas prácticas viales de los motorizados y prepararán un “plan de educación vial enfocado a la conducción segura y el uso adecuado de los carriles”. Al respecto, TVN cita al director: “ahora mismo las regulaciones están. Lo que hay que hacer es educación, que el conductor de ese tipo de vehículos conduzca como debe ser…”. Pero la realidad del desorden al que se refiere no es sólo de motos sino de todos los vehículos que transitan, particularmente en la Capital, en donde el diseño y construcción de las vías y del transporte público ha sido terribles.

El desorden vial no se presenta de pronto, sino que es un fenómeno que crece a través del tiempo como el resultado de diversos factores, tales como los causados por la propia ATTT. Sus vehículos patrullan, casi no circulan. Tal vez porque no tienen presupuesto para el combustible. Los agentes se convierten en “postes de luz” esperando a que el infractor pase frente a ellos. O peor: se dedican a detener sin causa, sólo para revisar documentos y, si están vencidos, pedir dinero para dejar seguir. En la práctica, muchos son una gallada de asaltantes de camino. Sin presencia real en las vías y con corrupción instalada, las normas existen solo en el papel y la impunidad se convierte en la regla.

A esto se suma el pésimo diseño, construcción y mantenimiento de las vías. Un ejemplo claro es el Corredor Norte, vía de alta velocidad, donde cierran un paño para limpiar o reparar sin poner advertencias anticipadas suficientes ni desvíos adecuados. Tengo video de ello. La geometría vial deficiente, el drenaje insuficiente, los baches y la señalización precaria convierten cualquier desplazamiento en un ejercicio de sobrevivencia.

El crecimiento acelerado y desordenado del parque vehicular, especialmente de las motocicletas —que ya alcanzan las 150 mil unidades—, agrava todo. Muchas se usan hoy como transporte diario por el costo del combustible y la congestión, pero sin infraestructura ni reglas de circulación adaptadas. El resultado es el culebreo entre carros, el uso de aceras y el aumento de accidentes.

El transporte público, históricamente mal diseñado e informal, también contribuye: paradas improvisadas, competencia por pasajeros y bloqueos de carriles empujan a más gente hacia el vehículo particular o la moto, saturando aún más las calles. Hay sitios, tal como en la intersección de la Ave. Ernesto T. Lefebre y la Transístmica, en dónde los taxis usan la vía como sitio de espera de clientes, alterando el seguro flujo vehicular; y la ATTT ausente. Y la razón de la ausencia de la ATTT en estos casos es interesante.

Finalmente, la cultura vial deficiente y la falta de consecuencias reales completan el cuadro. La educación es necesaria, pero sin control efectivo, sin autoridad creíble y sin una infraestructura que facilite el orden, se queda en discurso.

Habiendo presidido por cinco años el Comité Intergremial de Tránsito y Transporte de la APEDE, y siendo autor de un estudio sobre cómo mejorar el comportamiento vial, puedo afirmar que el problema no es nuevo ni desconocido. Se ha diagnosticado repetidamente. Lo que falta es voluntad para atacar las causas de raíz: reformar de verdad a la ATTT, mejorar el diseño y la gestión de las vías, y aplicar las normas de manera consistente, no selectiva.

Mientras se siga pensando que con “planes de educación” se resuelve lo que es, en esencia, un problema de institucionalidad, infraestructura y corrupción, el desorden seguirá creciendo.

septiembre 18, 2026
La ilusión de benevolencia

Por debajo de tantas medidas legislativas ataviadas en ropaje de benevolencia se esconde una cruda realidad: una realidad que pocos ven, pero que tantos sufren. El anzuelo con la carnada apetitosa puede ser el descuento a los jubilados o la tanda de supuestos subsidios al gas, al agua, a la energía, al transporte e incluso al deporte. Pero, igual que los peces del mar, la gente no ve el anzuelo incrustado en la carnada. Y no es fácil verlo, porque son pocos los que tienen la capacidad de estudiar los efectos económicos a más largo plazo.

La realidad de los subsidios gubernamentales es que son presidios en los cuales los políticos corruptos encierran a la población para llevarla al matadero. Una vez que la gente engulle la carnada, comienza a luchar contra algo que no ve, pero que la jala hacia la barcaza de la pobreza y de su perdición.

Lamentablemente, el tema de fondo gira en torno a conceptos que ni nuestros supuestos juristas entienden… o, peor aún, los entienden y les importa un bledo. Los seres humanos poseemos derechos que están mucho más allá de las leyes creadas en asambleas legislativas, esas que suelen estar preñadas de pérfidos intereses rentistas. ¿Acaso necesitamos que la Constitución y sus leyes nos digan que matar sin justificada razón es ilegal, prohibido y criminal? La ley de “no matarás” existía mucho antes de que los diputados legislaran. Lo mismo ocurre con la libertad de transitar, de religión y —algo que pocos reconocen— de educar a los hijos como y donde se desee.

Hay muchas cosas que los gobiernos no pueden ni deben hacer, como violar derechos negativos: el derecho a no ser interferido en las actividades con las que uno se gana el sustento, siempre que no se violen derechos ajenos. Por ejemplo, si una familia logra que a su hijo, con poca inteligencia u otros impedimentos, le den un trabajo en una empresa pagándole menos que el salario mínimo… ¿por qué no? El joven tendría utilidad y la familia algo más para poner en la paila. Dictar salarios mínimos es ir contra los derechos de libertad y, peor aún, produce efectos colaterales que pocos advierten.

Nuestra Constitución panameña, en su Preámbulo, comienza bien cuando establece la “garantía de la libertad”, que lastimosamente luego contraviene. Habla también de la dignidad humana y de la justicia… salvo que a “justicia” le añaden la palabra “social”, y con ello tiran por la borda todo el sentido, porque nadie sabe realmente qué es la “justicia social”. O, mejor dicho, cada quien la interpreta a su antojo.

Los derechos y las leyes no se inventan: se descubren. Cuando los ciudadanos votan por diputados ignorantes —o peores—, allí nacen los problemas de pobreza social, económica y de todo tipo. Y lo más increíble es que votemos por quienes terminarán produciendo más pobres en el país. Aun con una legislación podrida, hay muchas personas que logran sacar ventajas. Sí, algunos con trampa, pero la mayoría sin ella. Tanto mi abuelo Novey como mi padre Bennett llegaron a Panamá lejos de ser ricos, y ambos lograron millones sin hacer trampas. Más aún, mi abuelo George Novey nos decía acerca de los gobiernos: “Quien con niños se acuesta, cagado amanece”. Y nunca contrató con el gobierno.

Yo no aprendí del todo esa lección y perdí casi toda la herencia que me dejó mi padre Bennett. Pero la herencia que más atesoro es la de evitar ser tramposo y ladrón, y la de ser rico… no rico en dinero, sino en amor por la vida, por mi familia y por la creencia de que nos tocará un futuro mucho mejor.

septiembre 14, 2026
25 años después del 11-S: el precio de la seguridad lo seguimos pagando con nuestra libertad

El 11 de septiembre de 2001 (11-S) murieron casi 3.000 personas en uno de los atentados terroristas más atroces de la historia moderna. La respuesta inmediata de Estados Unidos era inevitable. Había que encontrar a los responsables, destruir las redes que los financiaban y evitar otro ataque.

El problema comenzó después.

Porque las medidas excepcionales adoptadas frente a una emergencia extraordinaria no desaparecieron cuando pasó la emergencia. Se institucionalizaron, se internacionalizaron y, durante los siguientes veinticinco años, fueron extendiéndose mucho más allá del terrorismo.

Uno de los lugares donde ese cambio resulta más visible y menos discutido, es el dinero.

Hoy abrir una cuenta bancaria, transferir dinero, enviar una remesa, operar con criptomonedas, constituir una empresa, depositar efectivo o simplemente realizar una transacción que un algoritmo considere “inusual” puede convertir a una persona perfectamente inocente en objeto de análisis, reporte o investigación sin que haya cometido delito alguno.

Y probablemente sin que jamás se entere.

El dinero del 11-S no parecía dinero terrorista

Hay algo paradójico en el origen de todo este sistema.

Los atentados del 11-S costaron aproximadamente entre 400.000 y 500.000 dólares. Los secuestradores utilizaron bancos estadounidenses, abrieron cuentas con sus propios nombres y pasaportes y realizaron operaciones que, vistas desde un banco, parecían completamente normales. La propia investigación de la Comisión del 11-S concluyó que ninguna entidad financiera presentó un Suspicious Activity Report —SAR— sobre ellos y, más importante todavía, que ni siquiera retrospectivamente había motivos razonables para esperar que lo hubieran hecho.

Ese punto debería acompañarnos durante toda esta discusión.

El terrorismo no necesariamente mueve millones mediante transferencias con la palabra “bomba” en el concepto bancario. Puede financiarse con cantidades pequeñas, dinero perfectamente lícito, efectivo, donaciones, tarjetas, remesas o transacciones absolutamente indistinguibles de las que realizan millones de personas inocentes.

Por eso intentar detectar preventivamente al terrorista examinando las operaciones financieras de toda la sociedad contiene un problema estructural: la señal es diminuta y el universo que hay que observar es gigantesco.

La propia Comisión del 11-S acabaría reconociéndolo con una metáfora extraordinariamente lúcida: intentar privar completamente de dinero a los terroristas era algo parecido a “atrapar una especie de pez vaciando el océano”. Concluyó que el seguimiento financiero era más útil como herramienta de inteligencia para descubrir redes que como mecanismo capaz de eliminar el financiamiento terrorista.

Pero para seguir a ese pez construimos, progresivamente, mecanismos para observar el océano.

FinCEN no nació el 11-S. Eso hace la historia todavía más interesante

Conviene hacer una precisión histórica.

FinCEN —Financial Crimes Enforcement Network— no apareció después de los atentados. El Tesoro estadounidense lo creó en 1990, y la Bank Secrecy Act, piedra basal de buena parte de la vigilancia financiera estadounidense, data de 1970. Ya existían obligaciones de conservar información, comunicar movimientos de efectivo y reportar operaciones sospechosas.

El 11-S hizo algo diferente: proporcionó la justificación política para transformar aquella infraestructura antilavado en una arquitectura mucho más poderosa de AML/CFT —Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism—.

El Título III de la USA PATRIOT Act reforzó la identificación de clientes, amplió obligaciones de debida diligencia, extendió programas antilavado a más instituciones financieras, incrementó el intercambio de información entre bancos y gobierno y permitió adoptar “medidas especiales” contra jurisdicciones, entidades o transacciones consideradas de especial preocupación. Su sección 326 estableció estándares mínimos para verificar la identidad de quien abre una cuenta; la 314 amplió el intercambio de información; la 351 reforzó el régimen de los reportes de operaciones sospechosas.

Y hay un detalle importante: cuando una entidad presenta un SAR, el cliente no debe ser informado de que ha sido reportado.

Aquí comenzó a cambiar silenciosamente la relación entre ciudadano, banco y Estado.

El banco dejó de ser solamente el custodio o intermediario del dinero de su cliente. Se convirtió también en una pieza del sistema de inteligencia financiera estatal.

De “demuestre el Estado que cometí un delito” a “demuestre usted que su dinero es normal”

El cambio filosófico es profundo.

El Estado liberal clásico investiga cuando existen indicios sobre una persona. En cambio, el sistema de vigilancia financiera funciona, en buena medida, al revés: analiza masivamente comportamientos para encontrar dentro de ellos a quienes podrían resultar sospechosos.

Know Your Customer. Customer Due Diligence. Enhanced Due Diligence. Source of Funds. Source of Wealth. Beneficial Ownership. Transaction Monitoring. Individualmente cada expresión parece razonable, pero acumuladas producen una transformación extraordinaria.

Una persona que no está acusada de ningún delito debe explicar quién es, de dónde proviene su dinero, cuál es el propósito de determinadas operaciones y por qué una transacción se aparta de lo que un banco considera su comportamiento habitual.

Y la pregunta liberal fundamental no es si los criminales deben poder ocultar dinero. Por supuesto que no. La pregunta es otra: ¿por qué debe demostrar su inocencia financiera quien no está acusado de nada?

Después llegó FATF y el modelo se volvió mundial

La transformación no quedó circunscrita a Estados Unidos.

El Financial Action Task Force —FATF/GAFI— había sido creado en 1989 para combatir el lavado de dinero. Apenas unas semanas después del 11-S celebró una sesión extraordinaria en Washington y amplió formalmente su mandato al financiamiento del terrorismo.

Las nuevas recomendaciones exigían criminalizar ese financiamiento, congelar activos, reportar operaciones sospechosas, controlar sistemas alternativos de remesas y reforzar la información que acompaña a las transferencias.

Desde allí el sistema siguió expandiéndose.

En 2012 se incorporó el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. En 2019 FATF extendió sus estándares a los proveedores de servicios de activos virtuales. En 2022 endureció las reglas sobre beneficiarios finales. Sus recomendaciones, actualizadas nuevamente en junio de 2026, constituyen hoy el estándar internacional que los países son presionados a incorporar en sus legislaciones.

El concepto original de perseguir el lavado de dinero, terminó convirtiéndose en una infraestructura mundial para combatir lavado, terrorismo, proliferación, evasión de sanciones, corrupción y distintas formas de criminalidad financiera.

Algunas de esas finalidades son perfectamente legítimas, pero existe una regla institucional que los liberales conocemos demasiado bien: las competencias extraordinarias rara vez se reducen; normalmente encuentran nuevas razones para existir.

SWIFT: cuando una transferencia se transforma en inteligencia

Tras el 11-S Estados Unidos creó además el Terrorist Finance Tracking Program.

Mediante este sistema, el Tesoro obtiene información relacionada con determinadas transferencias internacionales a través de SWIFT, la red utilizada por bancos de todo el mundo para transmitir mensajes financieros. Estados Unidos y la Unión Europea terminaron formalizando en 2010 un acuerdo para permitir la transferencia de determinados datos europeos con fines antiterroristas.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el programa ha generado información valiosa y ayudado a reconstruir redes terroristas. Sería intelectualmente deshonesto negarlo, pero también sería ingenuo ignorar lo que ocurrió.

Una infraestructura privada global diseñada para permitir pagos internacionales se convirtió también en una extraordinaria fuente de inteligencia geopolítica.

Cuando el Parlamento Europeo conoció la existencia del programa en 2006 expresó precisamente preocupaciones sobre privacidad, protección de datos e incluso la posibilidad de que información económica pudiera utilizarse para finalidades distintas de aquellas originalmente previstas.

El dinero dejó de ser únicamente dinero; también se convirtió en información. Y quien controla la información controla muchísimo más que las transacciones.

Millones de personas reportadas para encontrar a unas pocas

La escala actual permite entender mejor el fenómeno.

En el año fiscal 2025 se presentaron ante FinCEN aproximadamente 4,8 millones de Suspicious Activity Reports y 21,5 millones de Currency Transaction Reports. Alrededor de 335.000 instituciones y otros sujetos reportantes alimentan esa infraestructura.

Eso no significa que 4,8 millones de personas hayan cometido delitos. Precisamente significa lo contrario.

Un SAR es información sobre algo que una institución considera suficientemente sospechoso para comunicarlo, no una condena ni necesariamente evidencia de criminalidad. El sistema genera entonces un incentivo perverso perfectamente comprensible desde el punto de vista de quien administra un banco: ante la duda, reportar.

El coste para la institución de enviar información innecesaria puede ser pequeño. El costo regulatorio de no informar algo que posteriormente resulte importante puede ser gigantesco. La prudencia institucional termina convertida en vigilancia defensiva.

El costo que no aparece en el presupuesto público

Existe además una característica política muy conveniente en esta arquitectura: buena parte del coste de vigilancia no aparece como gasto del Estado. Lo pagan los bancos. O, para ser precisos, inicialmente lo pagan los bancos.

La GAO estadounidense estudió once entidades y encontró costos directos de cumplimiento de la Bank Secrecy Act que iban desde unos 14.000 dólares hasta 21 millones anuales, dependiendo de su tamaño. Proporcionalmente, el peso era mayor para las entidades pequeñas. La identificación del cliente y el reporte de operaciones sospechosas estaban entre las áreas más costosas.

Pero los bancos no fabrican dinero. Esos costos terminan apareciendo en alguna combinación de menores márgenes, mayores comisiones, menor competencia, más burocracia o servicios que dejan de ser rentables.

Y ahí aparece el ciudadano inocente, el inmigrante que envía una remesa, la pequeña empresa con operaciones internacionales, la ONG que trabaja en una zona de conflicto, el comerciante intensivo en efectivo, el expatriado, el cliente de una nacionalidad considerada de riesgo, la fintech pequeña, la persona que recibe o transfiere dinero fuera del patrón que un algoritmo considera normal.

El Banco Mundial lleva años documentando el fenómeno conocido como de-risking: bancos que eliminan clientes, corresponsalías o categorías completas de negocios porque resulta más sencillo evitar el riesgo regulatorio que administrarlo.

El propio FATF terminó reconociendo la magnitud del problema. En 2021 abrió un proyecto específico para estudiar consecuencias no deseadas de sus estándares: exclusión financiera, de-risking, restricciones sobre organizaciones sin fines de lucro e impactos sobre derechos humanos.

Cuando hasta el organismo que diseña las reglas reconoce esos efectos secundarios, ya no estamos ante una fantasía libertaria, ya estamos ante un problema institucional.

El efectivo también terminó bajo sospecha

La lógica continúa avanzando.

La Unión Europea aprobó en 2024 un nuevo régimen AML que establece un límite general de 10.000 euros para pagos profesionales en efectivo, permitiendo además que los Estados miembros establezcan límites inferiores. El mismo reglamento contempla identificación para determinadas operaciones ocasionales en efectivo desde 3.000 euros.

Algunos países como España por ejemplo, utilizan límites significativamente inferiores en determinados supuestos.

Resulta interesante observar la evolución conceptual. Primero perseguíamos delincuentes, luego identificábamos operaciones sospechosas, después vigilábamos categorías de transacciones. Finalmente limitamos el propio instrumento porque puede ser utilizado por delincuentes, pero prácticamente cualquier instrumento de libertad puede utilizarlo un delincuente, como un teléfono, un carro, la misma Internet o una habitación de hotel. Un cuchillo o el dinero.

Una sociedad libre no se define por eliminar todos los instrumentos susceptibles de abuso. Se define precisamente por castigar el abuso sin convertir el uso legítimo en una actividad sospechosa.

Y veinticinco años después, el terrorismo sigue existiendo

Aquí también conviene evitar una simplificación. Las herramientas financieras han servido; FinCEN afirma que su información genera pistas, complementa investigaciones y ayuda a identificar redes. Investigadores consultados por la GAO también consideran valiosos muchos de esos datos.

El argumento liberal serio no necesita negar esos resultados. Debe hacer una pregunta más difícil: ¿cuánto poder preventivo estamos dispuestos a conceder al Estado sobre millones de inocentes para obtener esos resultados? Porque el terrorismo no desapareció.

El propio Tesoro estadounidense reconocía en su evaluación nacional más reciente una amplia variedad de amenazas terroristas y mecanismos de financiación que continúan funcionando mediante efectivo, empresas de remesas, activos virtuales y sistemas formales e informales.

Y el FATF acaba de publicar, el 3 de septiembre de 2026, un nuevo informe advirtiendo del creciente uso de banca clandestina, hawala, plataformas fintech, activos virtuales y mecanismos digitales para mover fondos ilícitos. Más del 80% de las jurisdicciones consultadas identifica estos sistemas entre los principales canales utilizados por redes profesionales de lavado.

Veinticinco años después seguimos regulando y quienes delinquen siguen adaptándose.

Es la vieja asimetría entre regulación y criminalidad: el ciudadano común permanece dentro del sistema y cumple cada nueva norma; el delincuente profesional tiene precisamente como actividad económica aprender a evitarla.

El terrorismo tampoco terminó con la geopolítica

Existe además una ilusión todavía mayor detrás de toda esta arquitectura: pensar que el terrorismo es principalmente un problema financiero. No lo es.

El dinero importa. Pero detrás del terrorismo continúan existiendo Estados, guerras, fanatismos, territorios sin control, servicios de inteligencia, proxies, conflictos religiosos, intereses estratégicos y rivalidades entre potencias. Ningún formulario KYC puede corregir eso como tampoco ningún reporte SAR elimina una guerra.

Ningún límite al efectivo impide que un Estado financie indirectamente a un grupo armado cuando considera que hacerlo favorece sus intereses. Ningún algoritmo bancario modifica la lógica del poder internacional.

Paradójicamente, durante estos veinticinco años la infraestructura financiera creada para combatir terrorismo terminó también convirtiéndose en una herramienta de esa misma geopolítica: sanciones, congelamientos, exclusiones del sistema financiero, bloqueos de corresponsalías y control de canales internacionales de pagos.

El sistema financiero ya no es únicamente una red económica, es también territorio estratégico.

El precio invisible del 11-S

Recordar el 11 de septiembre exige recordar a quienes murieron.

Pero una sociedad libre también debería ser capaz de recordar lo que ocurrió después, porque los terroristas no solamente destruyeron edificios y asesinaron personas; también provocaron miedo.

Y el miedo es uno de los instrumentos más poderosos para aumentar el poder del Estado.

Veinticinco años después seguimos mostrando documentos para acceder a nuestro dinero. Seguimos explicando operaciones lícitas. Seguimos aceptando que instituciones privadas examinen nuestro comportamiento financiero. Seguimos alimentando bases de datos con millones de reportes sobre personas que no han sido condenadas por nada.

Quizá algunas de esas herramientas sean necesarias. Pero “necesario” nunca debería ser el final de una discusión sobre libertad. Debería ser el comienzo.

La pregunta correcta no consiste en elegir entre seguridad y ausencia absoluta de seguridad, sino en preguntar qué medidas funcionan, cuáles son proporcionales, cuáles deberían necesitar sospecha individualizada, cuánto tiempo deben conservarse los datos, quién puede acceder a ellos, qué mecanismos de defensa posee el ciudadano y qué poderes extraordinarios deberían desaparecer cuando deja de justificarse su existencia.

Porque hay algo profundamente peligroso en una sociedad en la que la inocencia ya no significa que el Estado debe tener razones para investigarte, sino que tú debes estar permanentemente dispuesto a demostrarle al Estado que no tiene razones para hacerlo.

El terrorismo continúa, la geopolítica continúa, las guerras continúan, el crimen continúa. Pero la infraestructura de vigilancia creada para combatirlos también continúa, cada vez más extensa, sofisticada e integrada con nuestra vida cotidiana y ése quizá sea uno de los legados menos visibles del 11 de septiembre de 2001. Y también uno de los que más debería preocuparnos.

Porque si para encontrar a los pocos culpables terminamos tratando como sospechosos potenciales a todos los inocentes, puede que hayamos protegido el sistema financiero. Pero habremos cambiado, silenciosamente, la idea misma de una sociedad libre.

septiembre 11, 2026
¿Por qué las empresas de inteligencia artificial están comprando millones de libros?

Durante años, buena parte de la inteligencia artificial actual se entrenó con contenidos disponibles en internet. Páginas web, foros, artículos, enciclopedias y repositorios digitales proporcionaron enormes cantidades de texto para enseñar a los grandes modelos de lenguaje. Pero la red empieza a mostrar sus límites. Algunas empresas tecnológicas han buscado otra fuente de conocimiento y han encontrado en los libros la solución.

A principios de 2026, The Washington Post reveló una de estas estrategias a partir de documentos judiciales relacionados con Anthropic, la empresa responsable del asistente de IA Claude. La investigación sacó a la luz “Project Panama”, un proyecto secreto iniciado en 2024 para adquirir libros impresos a gran escala. Los ejemplares se escaneaban y sus textos se incorporaban a los procesos de desarrollo de modelos de IA. Para acelerar el proceso, millones de libros fueron cortados, digitalizados y después enviados a reciclar.

El procedimiento muestra un cambio importante en la forma de valorar el libro. El objeto físico pierde importancia frente a su contenido. El texto puede extraerse, convertirse en datos y utilizarse para alimentar modelos de inteligencia artificial.

Anthropic no es la única compañía interesada en acceder a grandes colecciones de libros. En mayo de 2026, cinco grandes editoriales estadounidenses y el escritor Scott Turow demandaron a Meta y Mark Zuckerberg. Los acusaron de utilizar millones de libros y artículos procedentes de repositorios piratas para entrenar a su modelo Llama. Otros litigios contra empresas de IA apuntan en la misma dirección.

Los libros han adquirido así un nuevo valor estratégico. Ya no son solo objetos que contienen y transmiten conocimiento. También son grandes conjuntos de datos en la competición por desarrollar mejores modelos de inteligencia artificial.

¿Qué tienen los libros que no tenga internet?

Los grandes modelos de lenguaje necesitan enormes cantidades de texto. Sin embargo, cantidad y calidad no son necesariamente lo mismo.

Internet ofrece una diversidad difícil de encontrar en otro lugar. Pero también contiene textos breves, repetidos o poco revisados.

Además, desde 2022, cada vez hay más contenidos creados con IA en internet. Un estudio publicado en 2026 analizó páginas web aparecidas entre 2022 y 2025. A mediados de 2025, alrededor del 35 % de las nuevas páginas estudiadas incluían textos generados o modificados con IA. Esto no significa que el 35 % de internet haya sido creado por máquinas, pero sí muestra que estos contenidos tienen cada vez más presencia en la red.

El problema no es solo distinguir quién ha escrito qué. Una investigación publicada en Nature ya mostró en 2024 que entrenar sucesivas nuevas generaciones de modelos con contenidos producidos por modelos anteriores puede provocar una degradación progresiva de los resultados.

En este contexto, los libros anteriores a la expansión de la IA generativa adquieren un nuevo valor. Ofrecen a las empresas tecnológicas contenidos extensos y estructurados que, en muchos casos, han pasado por procesos profesionales de edición y corrección. Además, han sido escritos por personas.

Cuando el patrimonio se convierte en datos

Durante siglos hemos creado bibliotecas, archivos y universidades para conservar una parte de nuestra memoria colectiva. Estas instituciones no se limitan a almacenar sus fondos, también los catalogan, los preservan y los hacen accesibles.

La inteligencia artificial está dando un nuevo valor a ese patrimonio. No interesa el ejemplar físico; importa la información que contiene. Al digitalizarlo, el texto puede convertirse en datos y utilizarse para entrenar modelos de IA.

Desde la pasada primavera, libreros de España, Alemania, Australia y Nueva Zelanda han alertado de pedidos masivos y poco habituales realizados por la empresa canadiense Zoom Books. Esta compañía se dedica a la venta de libros de segunda mano por internet. Sus compras suelen realizarse a través de grandes plataformas como AbeBooks o Biblio. En ellas se pueden encontrar desde títulos baratos hasta ediciones raras y difíciles de conseguir.

Estos patrones de compra –y el precedente de Anthropic– han despertado sospechas. Sobre todo, por su volumen y por el interés en obras antiguas, descatalogadas o que no están disponibles en formato digital. Zoom Books niega que sea para alimentar a la IA y, por el momento, no existen pruebas concluyentes que permitan atribuirle ese fin.

Las librerías de segunda mano son un filón de ejemplares descatalogados, exóticos o raros. Rhamely / Unsplash

Pero el fenómeno muestra hasta qué punto el contenido de los libros ha adquirido un nuevo valor. La información puede extraerse del objeto, convertirse en datos y circular de forma independiente. Muchos de estos textos nunca se han digitalizado, y algunos contienen conocimientos locales, especializados o publicados en lenguas con poca presencia en internet. Ofrecen información que todavía no está disponible en grandes bases de datos digitales.

Una nueva carrera por el conocimiento

Durante los últimos años hemos hablado de la carrera de la IA en términos de procesadores, energía, centros de datos y algoritmos. Pero la compra masiva de libros pone sobre la mesa otro recurso estratégico, mucho menos visible: el conocimiento humano.

Destruir un ejemplar puede parecer poco relevante cuando existen miles de copias. Pero no todos los libros están en esa situación. Muchos están descatalogados, tuvieron tiradas pequeñas o pertenecen a editoriales y ámbitos locales. Otros son difíciles de encontrar. En estos casos, cada ejemplar que desaparece dificulta el acceso a su contenido.

También importa qué libros se eligen. No todos los conocimientos están igual de representados en los datos que utilizan los modelos de IA. La selección puede reforzar desequilibrios que ya existen en internet.

La lengua es un buen ejemplo. También lo son el origen geográfico, la época o el tipo de conocimiento. Algunas culturas, perspectivas y formas de entender el mundo pueden estar muy presentes. Otras, mucho menos. Y otras pueden quedar al margen.

A esto se suma el debate sobre los derechos de autor. Escritores, editoriales y otros creadores cuestionan que sus obras puedan utilizarse para entrenar sistemas comerciales de IA sin permiso ni compensación. En Europa, la normativa sobre inteligencia artificial intenta aportar algo más de transparencia. Entre otras medidas, exige a las empresas responsables de los grandes modelos informar sobre los contenidos utilizados para entrenarlos y adoptar medidas para respetar la legislación europea sobre derechos de autor.

La cuestión, en todo caso, no es solo qué pueden aprender las nuevas herramientas tecnológicas de nuestros libros. Debemos preguntarnos qué ocurre con ellos tras su digitalización y procesamiento masivo, qué se conserva, qué puede llegar a desaparecer y qué conocimientos quedan fuera. Porque seleccionar los contenidos con los que aprende una IA también significa decidir qué voces estarán más presentes en sus respuestas y qué sesgos puede reproducir.

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Paloma González Díaz, Assistant lecturer, UOC – Universitat Oberta de Catalunya

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

agosto 26, 2026
El Intervencionismo Gubernamental Genera la Familia Menguante

Alrededor del mundo las tasas de natalidad se desploman y, lo grave es que, por debajo de 2.1 nacimientos por mujer, la sociedad misma se desploma de maneras que muy pocos vislumbran. Lastimosamente, pocos advierten el nexo entre la castrante intervención gubernativa y el fenómeno de la familia menguante. Los factores que inciden en el problema son múltiples: los disparados costos de vida, los valores cambiantes y, en general, la creciente dificultad de criar, educar y conducir a los hijos para integrarlos a la sociedad de forma productiva.

Para entender el efecto castrante del intervencionismo debemos referirnos a la «praxeología»; es decir, al estudio de la praxis, la práctica o acción humana. En otras palabras, a lo que ocurre cuando uno actúa de una u otra forma y a los móviles detrás de esa conducta.

Si estudiamos la práctica del apareamiento humano, en su fase inicial está impulsada y guiada por instintos carnales a los que solemos llamar «amor». Pero esto me lleva a preguntar: ¿es realmente amor la simple cúpula macho/hembra? La atracción inicial no está motivada por un deseo explícito de reproducción, sino por un impulso biológico primario. ¿Es esa atracción física «amor» o es simplemente el mecanismo con el que la naturaleza asegura la cópula? El amor auténtico, en cambio, emerge como un constructo posterior que sostiene la alianza humana a largo plazo.

Históricamente, los hijos solían ser el resultado natural del impulso copulativo. Sin embargo, al vivir en familia las cosas cambian: los hijos resultan ser una excelente inversión a largo plazo dentro de un medioambiente institucional estable que premia el sacrificio. Pero en nuestra era han entrado en juego elementos distorsionadores que alteran estos patrones históricos, comenzando por la inflación monetaria: una grosería gubernamental que destruye sistemáticamente el ahorro.

A esto se le suman las pensiones de la CIS (Caja de Inseguridad Social), un putrefacto esquema Ponzi con fecha de caducidad en el que se pierde por completo lo ahorrado. En semejante realidad, lo que termina mandando no es el factor humano de la descendencia, sino la asquerosa intervención centralizada.

Luego está el tema de la salud y sus severas distorsiones en una economía politizada. Vaya usted a buscar atención a la CIS, donde la supervivencia se resume en una lista de espera burocrática. Y no podemos olvidar al NODUCA, una deseducación obligada y diseñada para mantener al rebaño cercado.

En cuanto a la vivienda, nuestros gobiernos la han vendido bajo la consigna del subsidio. El caso de los apartamentos que reemplazaron a las fincas y viviendas quemadas durante la Invasión debía ser aleccionador; pero no lo es, ya que muy pocos lo entienden.

Pero donde la puerca tuerce el rabo es en la creación de instituciones gubernamentales que trastocan la función propia de la gobernanza, amoldándola a intereses bastardos y corruptos. En Panamá, el Estado está metido en todo lo que no le compete, transformando la gestión pública en un asalto empobrecedor. Para muestra de cómo el asistencialismo estatal destruye la estructura familiar, basta ver cómo en EE. UU. la proporción de hogares monoparentales en la comunidad negra se disparó del 22% al 67% entre 1960 y 1985 tras la expansión del Estado de bienestar.

La familia ha dejado de ser soberana, reemplazada por instituciones gubernamentales políticamente corruptas y destructivas de la moral. Todo esto no es más que lo advertido por pensadores como Hayek en El camino de servidumbre: la tragedia de entregar la libertad a cambio de migajas. Y, a fin de cuentas, todo ello explica el fenómeno de la familia menguante. Si no rechazamos decididamente el estatismo, no hay salvación posible.

agosto 20, 2026
Del Casco Viejo al Nuevo

En su origen germánico, la palabra burgo designaba una torre, castillo o fortificación amurallada construida con el propósito de resguardar a una población en la Edad Media. Alrededor de estas fortalezas —e incluso de los monasterios—, mercaderes y artesanos se fueron asentando fuera de los muros, en el «extramuros». Dichos asentamientos periurbanos fueron conocidos como arrabales; o «El Arrabal», en el caso específico de nuestro Casco Viejo en Panamá.

Sí, nuestro Casco Viejo fue un verdadero burgo. Cuando los piratas acechaban, los habitantes del arrabal cruzaban hacia el intramuros no solo buscando refugio, sino para sumarse activamente a la defensa.

A dónde voy con estas líneas es a describir un fenómeno que pocos han advertido sobre Panamá: el hecho de que fue y, de cierta manera, sigue siendo un burgo rodeado de arrabales. Es cierto que el burgo moderno ya no ostenta murallas de cal y canto, pero en el mundo contemporáneo existen muchas otras clases de murallas.

Al igual que en la época medieval, la ciudad fue evolucionando. Cuando cesaron los ataques piratas, fuimos derribando los muros de piedra del ayer para reemplazarlos con fronteras invisibles. Lo cierto es que en el corazón de nuestra capital habitan, principalmente, los burgueses (los del burgo), mientras que en la periferia se extienden los arrabales, intercalados a veces con nuevos enclaves acomodados. Valdría la pena preguntarnos cuánto hemos evolucionado realmente en cuanto a nuestras murallas socioeconómicas. Estas han mutado en rascacielos que funcionan como burgos financieros, manteniendo al margen a los del arrabal mediante sofisticados muros traslúcidos.

Hoy en día, la dinámica de colaboración se ha pervertido. Los habitantes de los arrabales —tanto citadinos como migrantes del campo— ya no entran al burgo para acarrear piedras, verter agua hirviendo, reparar brechas, apagar incendios u operar ballestas. Hoy, las élites han aprendido a utilizarlos para fines más oscuros: los usan para legitimar con su voto a gobernantes corruptos o para articular protestas callejeras por encargo. A cambio, se les compensa con esquemas de «subsidios» que lo único que realmente subsidian y perpetúan es la pobreza.

Los arrabales de hoy, igual que los de antaño, quedan atrapados tras nuevos anillos defensivos: infraestructuras deficientes, transporte precario y servicios colapsados de agua y electricidad. No se trata de pretender que el Burgo deba regalarles todo; se trata de señalar que mantener al arrabal en la ignorancia —mediante un sistema educativo deficiente (el «NODUCA») e instituciones clientelistas— es la forma más eficaz de condenarlo a vivir en el ayer.

agosto 18, 2026
Lo que necesita MEDUCA es dejar de administrar la educación, no un mejor ministro

Cada vez que un escándalo sacude al Ministerio de Educación (MEDUCA) aparece la misma reacción: hay que encontrar al culpable, cambiar de ministro o funcionarios, investigar contratos, exigir mayor transparencia y prometer que la próxima administración será diferente.

Todo eso puede ser necesario. Pero no resuelve el problema de fondo.

Un sistema que concentra miles de millones de balboas, decisiones de compra, nombramientos, infraestructura, tecnología, programas educativos y una enorme estructura administrativa en un ministerio central siempre será extraordinariamente atractivo para la política, los grupos de presión y quienes viven de contratar con el Estado. El problema no es solamente quién administra MEDUCA, sino qué y cuánto administra.

En 2026 el MEDUCA tiene un presupuesto aprobado de aproximadamente B/.3.640 millones. Su propia estructura institucional refleja un organismo que interviene desde la formulación de políticas y controles hasta la coordinación académica, administrativa y regional del sistema educativo.

Desde una perspectiva liberal, una verdadera reforma educativa debería comenzar precisamente allí: separando aquello que necesariamente debe hacer el Estado de aquello que simplemente hemos acostumbrado a que haga un ministerio.

El MEDUCA debería gobernar el sistema, no gestionarlo todo

Un MEDUCA reformado debería ser considerablemente más pequeño.

Su función central tendría que concentrarse en pocas cosas: establecer estándares mínimos de aprendizaje; garantizar información pública comparable sobre resultados; proteger el acceso a la educación de quienes no puedan financiarla; fiscalizar el cumplimiento de normas básicas; y administrar mecanismos transparentes de financiamiento. Poco más.

No debería decidir desde Ciudad de Panamá qué computadora necesita un maestro de Chiriquí, qué reparación corresponde a una escuela de Darién, qué proveedor debe abastecer determinado insumo o cómo debe resolverse cada necesidad material de miles de centros educativos diferentes.Tampoco debería decidir sobre el contenido entero y uniforme del Currículum escolar excepto lo que hemos señalado arriba.

Porque cuanto mayor sea la cantidad de decisiones que pasan por un mismo escritorio, mayor será también el valor económico de controlar ese escritorio.

La descentralización no elimina la corrupción, pero reduce el premio de capturar el poder central.

Dividir el poder también divide las oportunidades de corrupción

Existe una diferencia enorme entre que una institución compre decenas de miles de equipos mediante una sola contratación y que cientos o miles de unidades educativas puedan adquirir los recursos que necesitan dentro de presupuestos públicos, reglas claras y procedimientos competitivos.

En el primer modelo hay un comprador gigantesco y unos pocos contratos gigantescos. En el segundo hay muchos compradores, muchos proveedores y decisiones mucho más pequeñas.

La corrupción puede existir igualmente. Pero deja de existir un único punto capaz de distribuir cientos de millones y esa diferencia importa.

Una licitación nacional puede justificar enormes esfuerzos de lobby, relaciones políticas, intermediarios y captura regulatoria. Una compra realizada por una escuela, municipio o región difícilmente tenga el mismo atractivo.

La descentralización funciona entonces como una forma de diversificación del riesgo institucional. Es el mismo principio por el que no ponemos toda nuestra riqueza en una única inversión. Tampoco deberíamos poner todo el poder de decisión educativa en una única institución.

El dinero debería seguir al alumno

Pero descentralizar solamente desde MEDUCA hacia otras burocracias públicas sería insuficiente.

Transferir facultades del gobierno nacional a direcciones regionales o municipios puede acercar las decisiones a los ciudadanos, pero no introduce necesariamente competencia. Una reforma verdaderamente promercado debería avanzar un paso más: financiar a las personas antes que financiar estructuras.

El Estado puede garantizar que todos los niños tengan recursos para educarse sin necesidad de convertirse simultáneamente en propietario, administrador, comprador y proveedor dominante de educación.

El mecanismo podría adoptar diferentes formas: bonos educativos, cuentas educativas, financiamiento por estudiante o modelos combinados. El principio es más importante que el instrumento, es decir, el presupuesto acompaña al alumno y no a la institución.

Una familia podría elegir entre escuelas públicas autónomas, cooperativas, privadas, comunitarias u otras modalidades habilitadas bajo estándares mínimos comunes. Panamá ya reconoce jurídicamente incluso la educación en casa mediante la Ley 245 de 2021, lo que demuestra que el ordenamiento jurídico no identifica necesariamente educación con escolarización estatal tradicional.

La consecuencia de financiar la demanda sería profunda. Las escuelas dejarían de recibir recursos simplemente porque existen. Tendrían que atraer y conservar estudiantes. Y los padres dejarían de ser administrados por el sistema para transformarse progresivamente en sus clientes.

Autonomía para las escuelas

Una escuela pública verdaderamente descentralizada debería poder administrar una parte importante de su presupuesto. Su director y su comunidad educativa deberían tener capacidad para decidir sobre mantenimiento, tecnología, materiales y determinadas contrataciones dentro de límites previamente establecidos. También debería existir autonomía creciente para contratar personal y organizar proyectos educativos. A cambio, esa autonomía tendría que venir acompañada de algo que el sistema centralizado suele diluir: responsabilidad concreta por los resultados.

Hoy, cuando todo depende de una extensa cadena administrativa, es extraordinariamente fácil que nadie sea finalmente responsable.

El director culpa a la regional, la regional culpa al ministerio, el ministerio culpa al presupuesto, el gobierno culpa al anterior. Y el ciudadano termina sin saber quién tomó la decisión.

La descentralización permite exactamente lo contrario: usted recibió este presupuesto, tomó estas decisiones y obtuvo estos resultados.

Transparencia no significa publicar más PDFs

Existe además una confusión frecuente entre transparencia y burocracia.

Un sistema transparente no es necesariamente aquel que exige veinte formularios, siete firmas y cinco controles previos. Muchas veces semejante arquitectura simplemente multiplica las oportunidades para la discrecionalidad administrativa (es decir, corrupción).

La verdadera transparencia debería permitir que cualquier ciudadano pueda conocer, en pocos minutos, cuánto dinero recibe una escuela, qué compró, a quién se lo compró, cuánto pagó y qué resultados educativos obtiene. Esto se da mediante los datos abiertos auditables fácilmente por todos los ciudadanos, compras visibles, precios comparables, contratos disponibles e indicadores de resultados. Y todo ello en formatos que permitan comparar una escuela con otra.

No necesitamos necesariamente más interventores, lo que necesitamos es más información y más ojos mirando.

Cuando cientos de proveedores pueden competir y miles de padres pueden comparar, la vigilancia deja de depender exclusivamente de funcionarios que fiscalizan a otros funcionarios.

También hay que permitir que fracasen las malas decisiones

Aquí aparece probablemente el elemento más incómodo de cualquier reforma liberal: la competencia solamente funciona cuando existen consecuencias.

Si una escuela administra persistentemente mal sus recursos, pierde estudiantes y ofrece malos resultados, no puede recibir automáticamente más dinero para compensar su fracaso. Deberá cambiar su dirección, reorganizarse, fusionarse con otra institución o eventualmente desaparecer y mientras tanto, los recursos deben acompañar a los estudiantes hacia alternativas mejores. Eso es precisamente lo que normalmente no ocurre en los monopolios públicos.

Una empresa que pierde clientes debe corregirse, sin embargo, una oficina pública que funciona mal suele reclamar mayor presupuesto. Los incentivos están invertidos.

El mercado no significa abandonar al que menos tiene

Quizás el argumento más previsible contra este modelo sea que terminaría perjudicando a los sectores de menores ingresos. Es exactamente al revés si se diseña correctamente.

La familia con dinero ya dispone de libertad educativa, porque puede pagar una escuela privada, mudarse cerca de una mejor escuela, contratar profesores particulares o enviar a sus hijos al extranjero. El monopolio educativo afecta principalmente a quien no puede escapar de él, los más pobres.

Por eso un sistema de elección escolar debería contemplar financiamiento público completo para las familias de menores ingresos, recursos adicionales para discapacidad, zonas rurales o situaciones de especial vulnerabilidad y eventualmente incentivos mayores para escuelas que atiendan poblaciones difíciles. La redistribución puede hacerse explícitamente.

Lo que no resulta necesario es que, para ayudar a una familia pobre a pagar la educación de sus hijos, el Estado tenga que administrar directamente prácticamente toda la cadena educativa.

Del ministerio proveedor al Estado garante

Panamá discute actualmente una modernización de su Ley Orgánica de Educación, cuya base sigue siendo la Ley 47 de 1946; la propia Comisión de Educación de la Asamblea ha venido trabajando en propuestas de reforma. Eso abre una oportunidad mucho mayor que modificar artículos administrativos.

Modernizar no debería significar digitalizar el mismo modelo centralizado ni tampoco incorporar computadoras, plataformas, nuevas direcciones o nuevos procedimientos.

Una reforma estructural consiste en preguntarse qué funciones debe conservar el Estado y cuáles pueden devolverle a las escuelas, las familias, las comunidades y el mercado.

MEDUCA debería evolucionar desde un gigantesco proveedor y administrador de educación hacia un organismo mucho más limitado que garantice acceso, establezca estándares mínimos, produzca información y fiscalice reglas generales. Es decir, ser menos interventor y más árbitro en caso de colisiones en la gestión descentralizada.

La mejor política anticorrupción es reducir aquello que puede capturarse

Nunca habrá un sistema institucional completamente inmune a la corrupción. Se pueden cambiar ministros, endurecer penas, crear comisiones y multiplicar auditorías. Se pueden diseñar nuevas plataformas de contratación y todo eso podrá ayudar; pero seguirá existiendo un incentivo extraordinario para capturar una institución mientras esa institución conserve un poder extraordinario para repartir dinero, contratos y empleos.

La reforma liberal introduce una defensa mucho más elemental: quitar poder antes que intentar encontrar personas suficientemente virtuosas para ejercerlo.

Descentralizar las decisiones.

Dividir las compras.

Permitir competencia entre proveedores.

Dar autonomía a las escuelas.

Publicar resultados.

Financiar a los estudiantes.

Y permitir que las familias elijan.

No porque los padres, directores, municipios o empresarios sean moralmente superiores a los funcionarios de MEDUCA, justamente porque ninguno de ellos lo es. El liberalismo nunca necesitó gobernantes perfectos ni los pretende; sólo aboga por instituciones diseñadas bajo la premisa mucho más realista de que las personas responden a incentivos, persiguen intereses propios y pueden abusar del poder cuando ese poder se concentra.

Por eso, después de cada escándalo educativo (ahora con la renunciada ministra) que vuelve a agobiarnos, quizás la pregunta no debería ser “¿Quién será el próximo ministro?”, sino una bastante más importante: “¿Por qué necesitamos que el próximo ministro tenga tanto poder?”

Nota: contenido editado por AI, al efecto de una redacción más armoniosa, las ideas, como ha sido siempre, son nuestras.

agosto 17, 2026
La Coyunda Entre lo Natural y la Creatividad Humana

Las realidades morales de la naturaleza y la creatividad humana trabajando juntas

Cuando el piloto alcanza suficiente altura, el panorama cambia por completo. Lo que desde tierra parecía un oscuro chubasco con ventiscas, desde arriba se convierte en radiantes pompas de jabón. Dejamos abajo la tormentosa oscuridad y, de pronto, el mundo se ve diferente. Podemos ver mucho más lejos y llegar a donde antes no imaginábamos. Lo mismo ocurre en el plano mental y espiritual cuando logramos elevarnos.

La naturaleza —la Creación— no es un simple almacén neutral de materias primas. Tiene realidades morales propias. Es un sistema vivo, ordenado y generoso, pero también exigente. Nos da abundantemente, siempre y cuando respetemos sus ritmos y sus límites. Quien intenta violarla con arrogancia termina cosechando erosión, contaminación y escasez. Quien la cuida con sabiduría descubre que puede ser sorprendentemente generosa.

Aquí entra la creatividad humana, ese don extraordinario que se nos ha concedido. Es el fuego interior que debemos alimentar con leña seca para que produzca llamaradas. Gracias a ella aprendimos a despegarnos del suelo y surcar los aires, y hoy ya soñamos con volar más allá de la atmósfera.

La verdadera mayordomía no consiste en elegir entre explotar la naturaleza o dejarla intacta. Consiste en aprender a trabajar con ella. Es la diferencia entre saquear un bosque y diseñar sistemas que lo renueven mientras producen lo necesario. Es la diferencia entre contaminar un río y crear tecnologías que lo mantengan limpio y productivo. Hasta los pequeños castores nos enseñan que es posible reparar cuencas destruidas sin necesidad de tecnología avanzada.

Esta colaboración entre la naturaleza y la creatividad humana es uno de nuestros mayores recursos. Gracias a ella hemos pasado de vivir a merced de la tierra a poder alimentarnos, vestirnos y protegernos de formas antes impensables. Sin embargo, este poder trae consigo una responsabilidad moral profunda. No somos dueños absolutos del planeta. Somos mayordomos. Se nos ha confiado un jardín para cultivarlo, embellecerlo y entregarlo mejor de lo que lo recibimos.

Desafortunadamente, en países como Venezuela y Panamá vemos el resultado de lo contrario. A pesar de tener abundantes recursos naturales, no hemos sabido usarlos con sabiduría. Nuestros gobiernos, en lugar de fomentar el espíritu de mayordomía en el pueblo, han promovido el servilismo a través de subsidios que, en realidad, solo subsidian la pobreza y la dependencia.

Como piloto, nunca confié ciegamente en el controlador de tierra. Él puede asesorar sobre el tráfico y las tormentas, pero cuando surge una emergencia, quien está al mando de la aeronave soy yo. Lo mismo ocurre en la vida y en la sociedad. El mayor Controlador del Universo nos dio libertad para volar incluso en cielos tormentosos. Qué arrogancia la de aquellos gobernantes estatistas que pretenden controlarlo todo, y luego culpan a otros cuando el vuelo termina en accidente.

En la mayordomía de los recursos, la altura importa. Cuanto más alto volamos —moral, intelectual y espiritualmente—, mejor entendemos que la naturaleza y la creatividad humana no son enemigas, sino socias en un proyecto mucho más grande.

El vuelo continúa.

Nota: Ensayo No. 3 sobre: La Mayordomía de los Recursos

agosto 14, 2026