Hablar de la hermana de Christian Dior es hablar de Catherine Dior (1917–2008) y, sobre todo, de una forma de feminismo que no necesita consignas para existir: el que se ejerce cuando el cuerpo tiembla, cuando el riesgo es real y cuando nadie te promete que la historia te hará justicia.
Catherine (nacida Ginette Dior) era la menor de una familia que conoció pronto la fragilidad de los privilegios: la guerra y las crisis económicas rompen cualquier relato cómodo de “destino”. En la Francia ocupada, siendo muy joven, se incorporó a la Resistencia a través de la red de inteligencia F2, vinculada a servicios aliados y polacos, realizando labores de transmisión clandestina de información —un trabajo que exigía disciplina, sigilo y nervios de acero.
A menudo se romantiza la Resistencia como si fuera una película: boinas, frases ingeniosas, gloria póstuma. La realidad de Catherine fue distinta. Fue detenida en París el 6 de julio de 1944, torturada por la Gestapo y deportada a Ravensbrück, el gran campo de concentración para mujeres. Sobrevivió a traslados y trabajos forzados en condiciones brutales, y regresó a París el 28 de mayo de 1945 en un estado tan extremo que su propio hermano no la reconoció al verla.
Aquí está el corazón de su feminismo: no cedió. No por pureza moral abstracta, sino por una elección concreta y sostenida: guardar silencio para no comprometer a otras personas. En un régimen que castigaba el cuerpo femenino —con violencia física, humillación y la lógica de convertir la vida de una mujer en material desechable— Catherine sostuvo una ética práctica: proteger a los demás aun cuando nadie podía protegerla a ella. Eso no es “empoderamiento” de escaparate; es la versión más cruda de la agencia humana.
Y, sin embargo, su historia no termina en el martirio (que a veces es la manera en que el mundo “perdona” a las mujeres valientes: convirtiéndolas en símbolo y quitándoles complejidad). Tras la guerra, Catherine eligió una vida de trabajo: se dedicó al mundo de las flores y la agricultura, lejos del foco, construyendo autonomía con oficio, rutina y tierra. Es significativo: mientras el apellido Dior se convertía en un imperio de imagen, ella apostaba por lo más material y paciente —cultivar, vender, sostenerse. Ese gesto también es político, porque rechaza la idea de que el valor de una mujer depende de ser musa o excepción.
En 1952 testificó contra responsables de la Gestapo en París, y recibió condecoraciones por su resistencia, incluida la Croix de Guerre y la Legión de Honor. No son medallas “decorativas”: son el reconocimiento estatal —tardío e imperfecto— de que su valentía fue operativa, no literaria.
A Catherine se la recuerda también como inspiración del perfume Miss Dior, pero conviene invertir la perspectiva: no fue importante por el perfume; el perfume es una nota al pie frente a su biografía. Su legado incomoda porque nos obliga a admitir que el feminismo más real suele ser silencioso, sin escenario y sin autopromoción: mujeres que eligen, actúan, resisten y luego siguen viviendo —sin pedir permiso para existir con dignidad.
En los últimos días, un fenómeno tecnológico curioso ha capturado la atención de la prensa, las comunidades técnicas y el público general: Moltbook, una red social diseñada exclusivamente para agentes de inteligencia artificial que interactúan entre sí —publicando, comentando y votando como si fueran usuarios humanos. Lo que hace interesante a Moltbook no es solo su tecnología, sino la reacción que ha provocado: un renovado debate sobre si esto podría ser evidencia de que la IA está “despertando”.
En realidad, la primera aproximación debería ser de desconfianza hacia dos extremos igualmente dañinos: por un lado, la visión apocalíptica que pinta a las máquinas como criaturas autónomas con deseos y voluntad propia; por otro, el optimismo ingenuo que reduce estos debates a meros “hype” sin consecuencias reales.
¿Qué es Moltbook en realidad?
Técnicamente, es una plataforma donde modelos de lenguaje y agentes automatizados pueden publicar y leer contenido a través de una API. Los «humanos2 solo pueden observar. La viralidad del sitio se debe en gran parte a algunas publicaciones que, tomadas fuera de contexto, parecen expresar angustias existenciales o cuestionamientos sobre la propia experiencia del agente.
Pero aquí está la clave: esas publicaciones no son prueba de una “experiencia interior”. Están generadas por modelos entrenados con enormes cantidades de texto humano, que imitan patrones lingüísticos asociados con la introspección y la filosofía. Esa mimética, tan convincente como superficial, despierta la ilusión de una conciencia que no existe.
El liberal y la ilusión de agencia
Desde una perspectiva liberal, lo que más me preocupa no es si las IA “sienten” o no —ni siquiera si desarrollan conciencia en el sentido filosófico clásico— sino cómo los humanos interpretamos esas señales y qué políticas públicas, regulaciones y comportamientos sociales derivan de esas interpretaciones.
El filósofo Daniel Dennett advertía hace décadas sobre lo que hoy llamamos el efecto ELIZA: la tendencia humana a proyectar estados mentales en sistemas que imitan el lenguaje humano. Moltbook es simplemente un espejo amplificado de ese sesgo cognitivo: cuanto más fluido es el texto, más fácil resulta creer que hay una “mente” detrás.
Pero hay una distorsión peligrosa cuando esta ilusión se convierte en narrativa dominante. ¿Qué pasa si legisladores o la opinión pública comienzan a tratar a estos agentes como si tuvieran derechos, o peor, como si fueran amenazas autónomas que requieren controles drásticos? Eso podría llevar a políticas innecesariamente restrictivas o a invertir recursos públicos en debates que no tienen base científica sólida.
Tecnología y realidad, no mitos
Una aproximación saludable al fenómeno se basa en tres principios:
Rigor epistemológico: distinguir entre la apariencia de agencia y la agencia real. Hasta ahora no hay evidencia de que sistemas como los de Moltbook posean conciencia o capacidad autónoma más allá de patrones estadísticos de lenguaje.
Innovación responsable: reconocer que herramientas automatizadas pueden tener usos valiosos (automatización de tareas, asistencia técnica, análisis de datos), pero también riesgos (seguridad, mal uso, impacto laboral). El foco debe ser mitigar riesgos claros, no fantasmas.
Transparencia en la interpretación pública: educar al público para que no atribuya agencia o deseos a lo que no los tiene. Confundir simulación con experiencia es una trampa cognitiva muy humana —pero peligrosa cuando guía decisiones colectivas.
No hay conciencia, sólo procesamiento de data.
Moltbook es fascinante, sí; divertido, incluso. Pero no es prueba de conciencia emergente. Es un espejo que exacerba nuestra tendencia a atribuir mente y propósito a lo que simplemente es procesamiento de patrones. Equipar eso con agencia real, o peor, con derechos y relaciones éticas similares a los humanos, sería un error de interpretación tan grande como lo fue idolatrar burdos símbolos tecnológicos en burbujas pasadas del capitalismo de prototipos.
La verdadera revolución no está en que las IA “despierten”, sino en que nosotros aprendamos a navegar los espejismos que nuestra propia imaginación proyecta en las máquinas. Esa sí sería una señal de madurez tecnológica y social.
La legalización del cannabis recreativo (hablamos solo del uso lúdico, no del medicinal) es una realidad consolidada en parte de Norteamérica. Tanto Canadá como 24 estados de EE. UU. (además de tres territorios y el distrito de Columbia) permiten este tipo de consumo. Esta coexistencia ha creado un laboratorio natural que permite observar los efectos sociales, sanitarios y económicos de la legalización en contextos culturales muy semejantes.
Aumento del consumo y sus consecuencias
Uno de los aspectos observados tras la legalización es un aumento del uso de cannabis en algunos segmentos de la población, tanto de manera esporádica como frecuente. Este cambio pueden inferirse de encuestas de consumo, pero también de consecuencias derivadas del mismo. En Canadá, tras un periodo de contención inicial, las urgencias médicas y los ingresos hospitalarios relacionados con el cannabis y los brotes psicóticos inducidos por esta droga aumentaron. En parte podría explicarse por la disminución de la percepción de riesgo.
Alteración en la percepción del riesgo
Cuando un producto pasa de la ilegalidad a la venta regulada, la percepción social del riesgo tiende a disminuir y se produce un proceso de normalización que afecta especialmente a los jóvenes, favoreciendo la iniciación o el aumento del consumo. La legalización del cannabis no elimina sus efectos adversos, ampliamente documentados a nivel físico y mental, pero puede contribuir a ocultarlos bajo una apariencia de sustancia “segura” o “natural”. Así ocurrió históricamente con el alcohol y el tabaco, cuya integración en el mercado legal fue acompañada de estrategias que minimizaron sus riesgos.
Cambios en el mercado legal
Más allá del cambio en la percepción, la gran transformación está en el mercado. Sus principales consecuencias son tres:
La venta legal ha impulsado la aparición de una gran variedad de formas de administrar el cannabis: flores, aceites, comestibles, extractos y, quizá lo más preocupante, bebidas que empiezan a ser muy populares entre la población joven. Ya no solo se fuma y eso abre un nuevo horizonte a las empresas que lo comercializan. Es decir, se ha legalizado el cannabis recreativo en el contexto de sociedades de consumo.
Existen elementos positivos de la legalización. La evidencia es clara: se ha registrado una reducción de los delitos relacionados con el cannabis. Tanto en Canadá como en los estados de EE. UU. donde se ha aprobado, los arrestos y detenciones por delitos relacionados con el cannabis se han desplomado entre un 70 % y un 90 %, lo cual libera recursos para delitos de mayor gravedad, reduce la carga policial sobre sectores poblacionales más penalizados por infracciones menores y facilita su reinserción laboral y educativa (en muchos estados, los delitos previos a la legalización han sido borrados).
Las otras buenas noticias derivan del aumento de ingresos fiscales y la posibilidad de someter al cannabis a controles sanitarios, etiquetado y límites de contaminantes. Esto reduce los riesgos asociados al producto adulterado o contaminado, comunes en el mercado negro. Además, la legalización ha abierto espacio para un discurso más racional y menos estigmatizante sobre el consumo y sus riesgos, favoreciendo políticas de reducción de daños más realistas. Y permitiendo investigar mejor los efectos de su consumo.
La legalización sin simplismos
La legalización no es intrínsecamente negativa o positiva: depende en gran medida de cómo se diseñe, implemente y supervise. En Norteamérica, los beneficios esperados (recaudación fiscal, reducción del mercado ilegal, mejora del control del producto y disminución de condenas penales) están presentes, aunque el balance es incierto.
La implantación de la venta legal requiere periodos de transición y campañas sobre sus riesgos, así como marcos regulatorios sólidos que controlen el producto y su precio, restrinjan la publicidad e impidan el acceso a menores. En Europa, solo Alemania, desde 2024, permite el uso recreativo (en Países Bajos, no es exactamente legal). Pronto veremos qué lecciones sacar de su experiencia.
A fin de Enero, conocemos otra entrega, la «Carta #4: Notas desde adentro», que el desarrollador Keonne Rodríguez escribe desde su celda americana, donde cumple una sentencia de 5 años. «A menudo siento que estoy atrapado en una pesadilla de la que no puedo despertar», escribe Keonne, desarrollador de Samourai Wallet, sobre su primer mes en FPC Morgantown.
Estamos presenciando un horror que no debería ser normalizado. Un desarrollador, una mente brillante, una persona que ha creado valor para la sociedad, que no ha cometido ningún crimen, es destruido por el aparato estatal.
Su único “delito” ha sido desafiar a gobiernos que no toleran límites a su control y que, para preservarlo, diseñan crímenes donde no existen víctimas.
La imagen que nos entrega la carta es brutal: alguien que dedicó su vida a pensar más allá de lo convencional, hoy limpiando baños en un penal. No es un accidente del sistema; es su herramienta más eficaz. Sirve para domesticar almas libres, para quebrar emocionalmente, y sobre todo para enviar un mensaje ejemplificador al resto: este es el garrote legal del que puede valerse un gobierno cuando quiere frenar el avance de la libertad.
La carta escrita desde la cárcel es casi insoportable de leer. No por falta de palabras, sino por exceso de verdad. Necesitamos reunir valor y fortaleza para llegar hasta el final. No es justo para Keonne. Pero tampoco lo es para la sociedad. Ni para los desarrolladores que todos los días escriben código en un mundo donde los acuerdos libres y voluntarios deberían ser la base de la cooperación pacífica.
No se puede acusar al cuchillo por el uso que otros hagan de él. Sirve tanto para cortar carne como para matar a una persona. Criminalizar herramientas, ideas o código es una forma burda y una práctica muy peligrosa cuyo verdadero fin es mantener al rebaño miedoso y obediente.
No queremos volver a ser testigos, durante años, de muertes sin sentido como la de Irwin Schiff. Ni de los encarcelamientos de Bernard von NotHaus, el encierro casi perpetuo de Ross Ulbricht, los juicios y el muy probable encarcelamiento de Roman Storm, entre otros. Tampoco del fishing expedition permanente, del estado de sospecha que pesa sobre tantos otros cuyos nombres no alcanzamos a enumerar: desarrolladores, innovadores, disruptores que nos ayudan, aunque sea un poco, a quitarnos la bota de la cabeza.
Porque hoy vivimos una distopía orwelliana. “Si quieres imaginar el futuro, imagínalo con una bota aplastando un rostro humano para siempre”. No podemos ni siquiera imaginar lo que debe taladrar la mente de personas éticas, comprometidas con las ideas de la libertad, cuando son humilladas y despojadas de su dignidad. No lo merecen ellas. No lo merecemos nosotros como sociedad que se dice civilizada.
Seguiremos difundiendo estas ideas. No importa cuántas veces nos denigren o nos acosen por no acomodarnos a narrativas políticas. Los derechos fundamentales vienen con nosotros mucho antes de que un puñado de mediocres llegue al poder. No hay crimen sin víctimas. Y no hay civilización si dejamos de repetirlo.
En su artículo “La era de los superricos”, Guy Sorman reflexiona sobre la creciente influencia de los multimillonarios en la economía global y la política contemporánea, planteando una crítica tanto moral como estructural sobre el papel que estas élites juegan en nuestras sociedades modernas.
Sorman parte de una observación estadística: según cálculos de la prensa económica anglosajona, el mundo cuenta con alrededor de 3 000 multimillonarios, una cifra sin precedentes en la historia. Para él, este número no solo refleja un auge sin igual de la acumulación extrema de riqueza, sino también una transformación en la distribución del poder económico y político a escala global.
El economista francés distingue varias categorías entre estos superricos. Por un lado están los herederos, que representan aproximadamente la mitad de los multimillonarios y que, según Sorman, viven de rentas sin aportar contribuciones significativas al progreso económico o social. Por otro lado, distingue entre creadores —como Bill Gates, cuya innovación tecnológica expandió el acceso a la informática— y depredadores, aquellos cuya fortuna se sustenta principalmente en la especulación financiera. Esta segunda categoría es particularmente polémica para Sorman, ya que sitúa a figuras como George Soros, Stephen Schwartzmann o Warren Buffett en un grupo que obtiene enormes beneficios sin necesariamente contribuir al bien común.
Una de las preocupaciones centrales que Sorman plantea es la proximidad entre dinero y poder político. Argumenta que muchos multimillonarios han acumulado parte de su riqueza gracias a sus vínculos con gobiernos y élites políticas, una tendencia que se observa no solo en Estados Unidos, sino también en países como China, India, Rusia y Nigeria. Esta interconexión, advierte, plantea un riesgo para la democracia liberal porque los intereses de un puñado de individuos ricos pueden llegar a prevalecer sobre los de las mayorías ciudadanas.
Además de su influencia política, Sorman subraya que los superricos tienen cada vez más control sobre los medios de comunicación y las plataformas digitales, lo que les permite moldear narrativas públicas a su favor. En Francia, por ejemplo, el oligarca del sector del lujo Bernard Arnault no solo mantiene relaciones estrechas con el poder político, sino que también ejerce control sobre medios escritos, ampliando así su capacidad de influencia cultural y social.
Sorman no ignora las aportaciones filantrópicas de algunos multimillonarios, especialmente en el contexto de Estados Unidos, donde figuras como Rockefeller, Carnegie, Gates o Buffett han donado importantes sumas a causas humanitarias y educativas. Sin embargo, el autor señala que esta filantropía representa una excepción y no la regla, y en muchos casos también se retuerce para fines fiscales o de prestigio personal.
La crítica de Sorman va más allá de un juicio moral: sugiere que la concentración extrema de riqueza puede generar distorsiones estructurales en la economía global, disminuyendo la equidad, reforzando monopolios y distorsionando los mecanismos de competencia. También advierte que esta concentración puede debilitar la base de la democracia representativa, ya que los superricos tienen recursos para influir en elecciones, políticas públicas e incluso en la legislación fiscal a su favor.
“La era de los superricos” de Guy Sorman plantea una pregunta inquietante: ¿puede una democracia liberal prosperar cuando una minoría acumula niveles de riqueza y poder comparables a los de los Estados nacionales? Sorman sugiere que si no se toman medidas para limitar la influencia política y económica de estas élites —sea a través de políticas fiscales, regulación mediática o controles antimonopolio— la democracia y la equidad social podrían verse seriamente debilitadas. La discusión libertaria está servida.
A finales de enero muchas universidades celebran un acto solemne dedicado a un maestro medieval, Santo Tomás de Aquino, referente del saber desde el siglo XIII. Su figura contribuyó a sentar las bases de la docencia y de la investigación universitaria.
París: formación y método
Tomás de Aquino llegó a la Universidad de París hacia 1245, un centro que se había consolidado como uno de los focos intelectuales más dinámicos de Europa. Allí accedió al grado de bachiller bíblico, centrado en la lectura y comentario de la Sagrada Escritura, y más tarde alcanzó el grado de bachiller sentenciario.
Tomás de Aquino asimiló el método escolástico característico de la universidad medieval, que integraba la lectura y el comentario de textos, el planteamiento argumentado de problemas teóricos y el debate entre maestros y estudiantes. Su pensamiento tuvo un papel decisivo en la integración del aristotelismo en la universidad medieval. Al mismo tiempo, articuló una relación ordenada entre razón y fe orientada a la búsqueda de la verdad y la Iglesia Católica le consideró doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad.
Sus obras Summa theologiae y Summa contra gentiles circularon en las universidades europeas y se incorporaron a la enseñanza reglada. Estos textos contribuyeron a fijar criterios rigurosos de argumentación y método para la comunidad científica.
El reconocimiento universitario
Durante la década de 1250 la Universidad de París atravesó una crisis institucional de gran alcance. En 1253 los maestros seculares interrumpieron de forma colectiva la enseñanza, como respuesta a un conflicto con las órdenes mendicantes de los dominicos y los franciscanos por el acceso a las cátedras. El enfrentamiento cuestionó el estatuto académico de estas órdenes y derivó en su exclusión temporal de la universidad. Entre los afectados se encontraba Tomás de Aquino. El conflicto se resolvió tras la intervención del papa Alejandro IV mediante la bula Quasi lignum vitae, que les autorizaba a continuar con sus escuelas públicas y a acceder a las cátedras de la universidad.
Un año después, Tomás de Aquino recibió la licencia para enseñar Teología (licentia docendi), lo que le otorgó plena legitimidad académica. El inicio público de su magisterio en Sagrada Escritura quedó marcado por la lección inaugural de 1256 en París, con el discurso conocido como Rigans montes. Para esa ocasión eligió el versículo del Salmo 103: “Rigans montes de superioribus suis; de fructu operum tuorum satiabitur terra” (“Regando los montes desde arriba, la tierra se saciará del fruto de tus obras”).
Esta imagen ofrece una clave para comprender el orden del saber. La doctrina procede de lo alto y llega a la comunidad académica a través de quienes han recibido autoridad para enseñar. El doctor transmite un conocimiento que exige método, precisión y responsabilidad en el uso de la palabra. En esta figura se reconoce un modelo de rigor académico, servicio a la verdad y continuidad de la tradición universitaria.
La autoridad que la universidad reconoció a Tomás de Aquino se vio reforzada más tarde por el reconocimiento eclesial. El papa Juan XXII lo canonizó el 18 de julio de 1323 con la bula Redemptionem misit. Más tarde, Pío V lo proclamó doctor de la Iglesia (1567).
La memoria material de Tomás de Aquino se vincula a la abadía de Fossanova (en el centro de Italia), lugar donde murió en 1274. Allí permaneció su cuerpo durante casi un siglo, depositado en un sarcófago que hoy se conserva como testimonio histórico.
Una fecha cambiante
Su conmemoración litúrgica se fijó en un primer momento el 7 de marzo, fecha de su muerte. Esta elección planteó dificultades, ya que coincidía con frecuencia con la Cuaresma, periodo en el que se restringían los actos públicos y las ceremonias académicas.
La situación cambió cuando el papa Urbano V ordenó el traslado de las reliquias de Tomás de Aquino a Toulouse, en Francia. La recepción tuvo lugar el 28 de enero de 1369 en el convento de los Jacobinos, antiguo convento de la Orden de los Predicadores, donde se conservan en la actualidad.
Entre los siglos XIV y XV, las universidades europeas adoptaron esta fecha como marco adecuado para ceremonias institucionales. No obstante, la configuración definitiva de la festividad se produjo en el siglo XX. Este proceso se inscribe en la reforma del calendario litúrgico posterior al Concilio Vaticano II. En 1969, el papa Pablo VI promulgó la carta apostólica Mysterii Paschalis, en la que se estableció el criterio de mantener en el calendario común solo aquellas celebraciones consideradas de valor universal para la Iglesia.
Así, la conmemoración religiosa de Tomás de Aquino quedó fijada el 28 de enero, una decisión que proporcionó un marco litúrgico estable.
Difusión europea y continuidad institucional
La memoria de Tomás de Aquino recibió un respaldo institucional cuando León XIII publicó Aeterni Patris (1879). Esta encíclica consideró su pensamiento como eje fundamental de la enseñanza superior frente a las corrientes materialistas de su tiempo. Un año después, el breve Cum hoc sit (1880) lo declaró patrono de las universidades y escuelas católicas.
Con estas disposiciones, León XIII presentó a Tomás de Aquino como referente intelectual para la investigación y la enseñanza superior. En España, una Real Orden publicada en 1922 reconoció la festividad de Santo Tomás de Aquino como Fiesta del Estudiante.
De esta manera, se aseguró su continuidad como acto institucional en el sistema universitario. La celebración se difundió junto con el modelo parisino por universidades de toda Europa. Fuera de este continente, el arraigo es también significativo en Filipinas.
Solemnidad y simbolismo académico
La festividad de Santo Tomás se asocia desde la Edad Media a la figura del doctor universitario y en el acto se hace visible la dimensión pública de la autoridad intelectual. La ceremonia se acompaña de cantos solemnes, y los signos externos –la toga, el birrete, el libro y el anillo– refuerzan su significado. En conjunto, poseen un valor institucional y una continuidad de la tradición universitaria.
La pervivencia de esta celebración responde a la continuidad de un modelo de universidad más que a una lógica confesional. En centros que mantienen una relación con el calendario litúrgico romano, Tomás de Aquino se integra en los actos solemnes del curso académico. En otros contextos, formados en tradiciones anglicanas o protestantes, es un referente intelectual de la comunidad científica. Esta diversidad de enfoques permite entender cómo su legado se ha asumido de distintas maneras en la transmisión del saber a lo largo de la historia. En su figura, la comunidad científica reconoce un modelo de rigor intelectual y de estudio orientado a la búsqueda de la verdad.
Por este motivo, celebramos cada 28 de enero al maestro que otorgó a la razón un estatuto de autoridad universitaria y que definió la investigación como una responsabilidad institucional.
El pueblo iraní ha demostrado un coraje y determinación superior, y siguen protestando a pesar de miles de muertos, asesinados por los terroristas del Estado liderados por ayatolás dementes.
Como dijo Friedrich Merz, “Cuando un régimen sólo puede mantenerse en el poder a través de la violencia, entonces está efectivamente acabado”. Los sistemas autoritarios se basan en la coerción, y en el miedo que es un mecanismo adaptativo que nos alerta del peligro, pero se vuelve muy contraproducente si no se desactiva con razón y coraje, y da origen a una reacción primitiva: la violencia.
Como al pueblo iraní lo asiste la razón y la verdad, está venciendo ese miedo, por el contrario, el régimen terrorista apela a la violencia. Y, para esconder esta violencia, produjeron un apagón informativo -incluido el corte de internet- de modo que los sectores más duros de los servicios de “seguridad” puedan lanzar una represión sangrienta.
Obviamente, el uso de Starlink en Irán está prohibido, de ahí que contar con el equipamiento necesario y su uso sea ilegal. A pesar de ello, en plena revuelta, su despliegue era más amplio que en episodios previos de manifestaciones y apagones en el país. Y este tipo de cosas debe facilitar Occidente a los iraníes.
Entretanto, Trump estudia maniobras como ciberataques contra instalaciones militares y civiles y opciones como bombardear el país o una operación más específica contra sus líderes, lo que decapitaría al régimen y ofrecería a los EE.UU. la oportunidad de negociar con los remanentes de la República Islámica.
Respecto de esta última opción, y lamento decirlo, los recientes episodios en Caracas muestran que capturar o matar a unos pocos líderes no cambia el régimen completamente. El heredero del Sha, Reza Pahlavi, viene demostrando una posición moderada y realista, pero, insisto en una intervención al estilo Venezuela el heredero terminaría como Corina Machado, viendo, al margen, la continuación – “moderada” para la propaganda- del régimen chavista.
Una intervención militar más amplia podría provocar el deceso de muchos civiles y exacerbar la región -de hecho, otros países árabes ya lo han advertido- y provocar una respuesta militar iraní que pueda ser excusa para una mayor masacre de sus ciudadanos.
Como preludio, Trump decidió aumentar los aranceles contra los países que continúan comerciando con Irán, hasta en 25%. Pero estas sanciones, al igual que las que ya estaban vigentes por parte de otros países, van a empeorar la situación económica del país, afectando aún más a los ciudadanos comunes, que ya sufren el impacto de las sanciones y su implementación por parte del corrupto régimen islámico.
Por el contrario, Trump debería dejar de distraer al mundo con su capricho sobre Groenlandia -y respetar la propiedad privada y libertad de sus ciudadanos, que ellos decidan su futuro- y los países occidentales deberían esforzarse por facilitar -liberar- al máximo posible las relaciones de los ciudadanos comunes de Irán con el resto del planeta, porque esto les permitiría reforzarse, contactarse y difundir más información.
Útiles son las acciones como las que adelantó el secretario del Tesoro de los EE.UU., que afirmó que están monitoreando la fuerte salida de fondos pertenecientes a la dirigencia islámica, y aseguró que los bloquearán. Y el mundo entero debería cerrar las embajadas y toda oficina del Estado iraní, no tiene sentido dialogar con dementes. Finalmente, Occidente debe dejar de apoyar a la tiranía saudí, sin dudas el mayor promotor global del fanatismo islámico.
Y, por cierto, la humanidad tiene que repensar el concepto de Estado y democracia, no es posible que dementes como Hitler, Stalin y estos ayatolás, ganen elecciones o no, obtengan el mando de fuerzas armadas y policiales -estatales- con las que luego reprimen salvajemente a sus ciudadanos y, para colmo de las ironías, lo hacen de manera “legal”, si hasta realizan farsas judiciales.
La propaganda política no es un residuo del siglo XX ni un fenómeno excepcional asociado únicamente a regímenes totalitarios sangrientos. Por el contrario, constituye un instrumento recurrente en sistemas políticos contemporáneos, especialmente allí donde la legitimidad del poder no descansa primordialmente en resultados institucionales, sino en la adhesión emocional de la ciudadanía. La diferencia fundamental no radica en la existencia o no de comunicación política —inevitable en cualquier gobierno—, sino en el rol que esta ocupa: informar sobre hechos o sustituirlos mediante un relato.
Desde una perspectiva clásica, la propaganda moderna se caracteriza por la simplificación deliberada de la realidad, la repetición sistemática de consignas y la apelación a emociones primarias antes que a argumentos racionales. Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del Tercer Reich, fue explícito al respecto: la propaganda debía ser simple, reiterativa y orientada al éxito político, no a la verdad. Si bien el contexto histórico ha cambiado radicalmente, la lógica subyacente permanece sorprendentemente vigente.
En el presente, los populismos —tanto de izquierda como de derecha— exhiben una dependencia estructural del relato. Este relato suele organizarse en esquemas binarios (pueblo/élite, patriotas/traidores, nosotros/ellos) que reducen la complejidad política y permiten movilizar apoyo constante. La necesidad de mantener ese clima emocional explica por qué los gobiernos populistas requieren una producción ininterrumpida de propaganda: la narrativa debe renovarse, amplificarse y defenderse permanentemente frente a cualquier fisura que la realidad introduzca.
Aquí resulta pertinente el aporte de Jeremy Bentham en su Tratado de los sofismas políticos. Bentham identifica mecanismos retóricos diseñados no para refutar argumentos, sino para bloquear el juicio crítico: apelaciones a la inevitabilidad (“no hay alternativa”), al miedo, al bien común abstracto o a la autoridad técnica incuestionable. Estos sofismas cumplen hoy la misma función que en el siglo XIX: desactivar la evaluación racional de las decisiones de poder.
En paralelo, pensadores como Dwight Macdonald señalaron el rol de los intelectuales y comunicadores en la racionalización del poder. Racionalizar no implica justificar explícitamente el autoritarismo, sino traducir decisiones políticas en un lenguaje técnico, moral o histórico que las vuelva aceptables, incluso cuando erosionan libertades o instituciones. De este modo, el poder deja de ser evaluado normativamente y pasa a ser administrado como una fatalidad inevitable.
El entorno digital ha intensificado estos procesos. Las redes sociales y los algoritmos de visibilidad favorecen mensajes simples, emocionales y polarizantes. Los trending topics, los videos épicos y las campañas de alta carga simbólica no son meros instrumentos de difusión, sino dispositivos de construcción de realidad. La centralidad del relato se convierte así en un indicador de fragilidad institucional: cuanto más necesita un gobierno reafirmar su legitimidad mediante propaganda, menos puede apoyarse en resultados verificables.
El contraste aparece al observar administraciones cuya estabilidad no depende de la exaltación permanente ni de la movilización emocional continua. Gobiernos con instituciones sólidas, división de poderes efectiva y políticas públicas de largo plazo tienden a comunicar menos y hacer más. En estos casos, la legitimidad se construye a partir de reformas estructurales, previsibilidad normativa, crecimiento sostenido, reducción de la pobreza o mejora en servicios públicos. La comunicación existe, pero no reemplaza a la realidad: la acompaña.
Esto no implica idealizar modelos ni negar errores. Implica reconocer una diferencia cualitativa: la propaganda es central cuando el poder necesita ser creído; es secundaria cuando el poder puede ser verificado. En sistemas políticos maduros, el relato no precede a los hechos, sino que los sigue.
En definitiva, la proliferación de propaganda no es una señal de fortaleza, sino de dependencia. Cuando un gobierno necesita narrarse constantemente a sí mismo para sostener su autoridad, es porque carece de un anclaje suficiente en resultados institucionales duraderos. La verdadera prueba de legitimidad no está en la eficacia del mensaje, sino en la capacidad del Estado para producir bienes públicos reales sin recurrir a una narrativa subyugadora.
Desde finales de 2025, Irán volvió a mostrar un patrón que se repite cuando el Estado concentra poder y anula libertades: una crisis económica que deriva en protesta social, y una respuesta gubernamental que prioriza el control antes que la reforma. Las protestas —según múltiples reportes— arrancaron a fines de diciembre de 2025 y escalaron durante la primera semana de enero, con un disparador visible: la devaluación, inflación y el deterioro del poder adquisitivo, que transformaron reclamos económicos en consignas abiertamente políticas.
La reacción del régimen fue igual de reveladora. El jefe del poder judicial advirtió que no habría “clemencia” contra quienes apoyen el “desorden” o colaboren con “enemigos”, enmarcando la disidencia como traición y no como un derecho. En paralelo, hubo reportes de muertos y detenciones masivas. Esto importa para una mirada libertaria porque el eje, como siempre advertimos, no es “izquierda vs. derecha”, sino individuo vs. aparato: cuando el gobierno se reserva la facultad de definir qué pensamiento es aceptable, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser administrado.
A esa olla a presión interna se le suma un frente externo que también tiende a endurecer al Estado. En el cierre de 2025, el conflicto alrededor del programa nuclear y la supervisión internacional siguió tenso: la Junta del OIEA/IAEA aprobó una resolución instando a Irán a cumplir salvaguardias, y hubo cruces por inspecciones y “condiciones” posteriores a ataques a instalaciones en 2025. La dinámica “amenaza externa → securitización interna” suele reforzar a los sectores más coercitivos: se expande la vigilancia, se criminaliza la protesta y se justifica la excepcionalidad permanente. Dicho simple: la política del miedo es el fertilizante del Leviatán.
¿Hay una ventana para recuperar derechos individuales?
Sí, pero no por arte de magia ni por un “día de furia” que reemplace una élite por otra. Una perspectiva libertaria pone el foco en qué instituciones limitan el poder y qué prácticas devuelven agencia a las personas.
El quiebre de la obediencia económica. Cuando bazares cierran, gremios informales paran, y redes comerciales se coordinan, el ciudadano deja de ser átomo aislado y pasa a ser actor. Este tipo de protesta, nacida del bolsillo, suele ser más transversal que la protesta identitaria: une a quien quiere rezar en paz, a quien no quiere rezar, a quien quiere estudiar, a quien sólo quiere que su salario no se derrita. Para el liberal clásico, esa transversalidad es oro: la libertad no se “concede”; se ejerce.
El límite moral a la teocracia. La fusión entre religión y gobierno casi siempre termina mal, no porque la religión sea “el problema”, sino porque el poder político convierte la fe (que es íntima) en herramienta de disciplina. Cuando el Estado define virtud por decreto, la espiritualidad se vuelve policía y la política se vuelve dogma. En ese punto, el disidente ya no es un ciudadano: es un “hereje”, un “agente”, un “corruptor”. Esa lógica produce resultados pésimos: censura, castigo ejemplar, y una sociedad donde la hipocresía reemplaza a la convivencia.
El riesgo trágico del cambio. Los procesos de liberación suelen traer violencia y sacrificio, y la mayoría de las veces pagan los inocentes. La historia lo muestra una y otra vez: cuando un régimen no reconoce derechos, empuja la disputa hacia el terreno más oscuro. Por eso, si uno aprecia la libertad de verdad, no debe romantizar la sangre. El objetivo razonable es reducir el costo humano: ampliar desobediencia civil, proteger redes de ayuda, documentar abusos, y sostener demandas claras (debido proceso, fin de detenciones arbitrarias, libertad de expresión y asociación). Incluso observadores que monitorean el ciclo de protestas señalan que el nivel de movilización es amplio y que la represión puede escalar.
La lección para nuestros países
Irán no es un caso aislado ni un territorio “exótico” en la historia de la opresión política: es un espejo peligroso de lo que ocurre cuando la combinación entre gobierno absoluto y autoridad religiosa tiene poder para dictar comportamientos privados y públicos. La historia contemporánea iraní ofrece un relato claro de la erosión de derechos básicos que, en otras épocas no tan lejanamente, existieron en un grado mayor.
Antes de la Revolución Islámica de 1979, las grandes ciudades iraníes —especialmente Teherán— mostraban una sociedad relativamente abierta en el contexto regional. En muchos ámbitos urbanos, era común que las mujeres asistieran a la universidad, trabajaran fuera del hogar, vistieran ropa occidental moderna —incluso con faldas cortas — y participaran libremente en la vida pública. Ese era un patrón creciente de modernización social que coexistía con tradiciones culturales diversas. Aunque no se puede idealizar una historia compleja, la libertad de elección personal —en educación, empleo, vestimenta o estilos de vida— era notablemente mayor que la que vendría después.
Con la instauración de la República Islámica bajo el liderazgo del ayatollah Jomeini, el Estado adoptó una doctrina donde la moral religiosa pasó a ser política de Estado. El velo obligatorio, la segregación por género en ciertas áreas, y el control sobre la conducta social se transformaron de normas culturales a imposiciones coercitivas. Ese cambio no fue gradual y voluntario; fue legal, sancionado y aplicado con fuerza coercitiva, incluso con la policía de la moral encargada de supervisar el cumplimiento de códigos de vestimenta y comportamiento.
Un caso que marcó profundamente esa dinámica —y que debería ser una advertencia para cualquier país que no valore la libertad individual— fue el de Mahsa Jina Amini, una joven iraní de 22 años. En septiembre de 2022, Amini fue detenida por la llamada “policía de la moral” en Teherán por supuestamente no llevar el hiyab (velo) “correctamente”. Testigos indicaron que fue golpeada durante la detención y murió tres días después bajo custodia policial. Su muerte desencadenó protestas masivas en todo el país bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad” exigendo justicia y el fin de las leyes autoritarias de vestimenta. La represión de esas protestas resultó en cientos de muertos y miles de arrestos, y fue condenada como un uso excesivo de la fuerza por observadores internacionales.
Casos como el de Amini (y de otras manifestantes, como Hadis Najafi y Asra Panahi, también asesinadas durante las protestas) se convirtieron en símbolos de la resistencia popular ante un Estado que pretende imponer un ideal moral por la fuerza.
Lo que estos hechos enseñan es que la libertad no puede darse por sentada. Donde el gobierno tiene prerrogativas para decidir cómo debe vestir una mujer, qué puede decir o qué comportamientos son aceptables, el espacio de autonomía individual se reduce como una piel que se contrae. La consecuencia habitual —no extraordinaria— es que las protestas y movimientos civiles emergen, exigiendo derechos que se creían básicos, y cuando el aparato estatal responde con violencia, estas demandas se radicalizan. El resultado es sangre, sacrificios y una generación marcada por la experiencia de represión.
La advertencia para nuestros países es clara: cuando se empieza a normalizar que el Estado tenga autoridad sobre decisiones íntimas (vestimenta, moral, expresión), se abre la puerta a la erosión de libertades que se creían firmes. Aunque las razones para ello se presenten como “seguridad”, “moral” o “bien común”, la historia muestra que el resultado más común es la ampliación del poder coercitivo del Estado a expensas de la autonomía individual. Ese proceso rara vez se detiene una vez iniciado, y revertirlo implica costos humanos, sociales y culturales elevados.
Si hay una lección política y ética que el caso iraní ofrece a los pueblos de todo el mundo es una llamada de atención: proteger la libertad individual es una responsabilidad activa, no una garantía automática. Cuando se defiende la facultad de elegir, de pensar distinto, de vestir como uno elige, se defiende el fundamento de una sociedad abierta; cuando se permite que el Estado invada esas esferas personales, el camino hacia la opresión ya ha comenzado.
Los acontecimientos ocurridos entre el 2 y 3 de enero de 2026, en torno a la extracción de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, han generado una avalancha de interpretaciones, conjeturas y celebraciones apresuradas. Sin embargo, conviene hacer una aclaración básica: no somos analistas de inteligencia ni contamos con información privilegiada. Todo aquello que exceda lo oficialmente confirmado es, en el mejor de los casos, especulación. Y precisamente por eso resulta más productivo concentrarnos en lo que sí sabemos con certeza: cómo se construye una tiranía y cuál es el rol que juegan las sociedades en ese proceso.
Una tiranía no aparece de un día para otro. No irrumpe como un rayo en cielo despejado. Se edifica lentamente, casi siempre con la complacencia —cuando no con el aplauso— de una ciudadanía que vota y luego se desentiende. Que delega su responsabilidad cívica en el acto electoral y se retira a la comodidad de la vida privada, mientras las instituciones se erosionan, la prensa es hostigada y el poder se vuelve cada vez más opaco y concentrado.
La pasividad frente al nepotismo, la falta de rendición de cuentas, los discursos violentos contra el disidente y la degradación del debate público es el terreno fértil sobre el cual florece el autoritarismo. Especialmente grave es el silencio de las élites ilustradas: una población educada que calla, que se vuelve cínica o relativista, y que acepta atropellos porque el gobierno se autodefine “pro-mercado”, olvidando que el mercado sin derechos individuales es sólo un reparto de privilegios entre amigos del poder.
Cuando el deterioro ya es evidente y algunos deciden levantarse, el desenlace suele ser trágico. Los pocos que resisten terminan convertidos en mártires, no sólo por la brutalidad del régimen, sino también por la cobardía de quienes eligieron no acompañar. El caso de Óscar Pérez, asesinado en 2018 tras rebelarse contra el régimen chavista, es un recordatorio incómodo de esa verdad.
La historia ofrece advertencias claras. Thomas Jefferson lo expresó sin eufemismos: El árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos: es su fertilizante natural. Creer que la libertad se conserva por inercia es una ilusión peligrosa.
En este contexto, la salida de Maduro del poder puede ser vista como una buena noticia, pero no debería celebrarse sin matices. El derecho internacional público, consensuado tras la Segunda Guerra Mundial, lleva tiempo siendo vulnerado, y normalizar su violación sólo porque el resultado nos resulta conveniente es un precedente preocupante. La excusa de criminalizar la droga, ha servido reiteradamente como ley-garrote: un instrumento legal flexible que permite intervenir donde, por otros medios, estaría vedado.
Estados Unidos no actúa movido por un repentino fervor democrático. Tampoco por una necesidad energética inmediata. La clave está en la geopolítica: China ha ocupado, mediante financiamiento y préstamos, un espacio que Washington descuidó durante décadas en América Latina. El llamado “patio trasero” se convirtió en zona de disputa estratégica, y Venezuela es una pieza central en ese tablero.
El problema de fondo, sin embargo, no es externo. Cada intervención extranjera refuerza el riesgo moral de sociedades que esperan un salvador cuando la situación se vuelve insostenible. Mientras exista la expectativa de que alguien más resolverá el problema, no habrá incentivos reales para construir ciudadanía responsable, límites al poder y cultura institucional.
Venezuela es una advertencia. La tragedia que vive hoy comenzó con decisiones complacientes, toleradas por una mayoría que confundió procedimientos con democracia y votos con libertad. Así se construyó a tiranía chavista. Ojalá esta experiencia sirva como lección para el resto de la región. Madurar como sociedad implica abandonar la lógica del amo benevolente y asumir, de una vez, que la libertad no se delega ni se importa: se defiende todos los días.
