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Categoría: Marcos Regulatorios

  • CBD, marihuana y cáñamo; cómo diferenciarlos y cuál es su status legal

    El cáñamo, la marihuana y el CBD (Cannabidiol) están relacionados, pero difieren de manera significativa. Esto es lo que necesita saber sobre su legalidad, efectos y posibles beneficios para la salud.

    Tanto el cáñamo como la marihuana pertenecen a la misma especie, Cannabis sativa, y las dos plantas se ven similares. La diferencia es su componente psicoactivo: tetrahidrocannabinol o THC. El cáñamo tiene 0.3% o menos de THC, lo que significa que los productos derivados del cáñamo no contienen suficiente THC para crear el «subidón» tradicionalmente asociado con la marihuana.

    El CBD por su parte, es un compuesto que se encuentra en el cannabis. Existen cientos de estos compuestos, que se denominan «cannabinoides», porque interactúan con receptores involucrados en una variedad de funciones como el apetito, la ansiedad, la depresión y la sensación de dolor. El THC también es un cannabinoide.

    La investigación clínica indica que el CBD es eficaz para tratar la epilepsia. La evidencia anecdótica sugiere que puede ayudar con el dolor e incluso la ansiedad, aunque todavía se está probando científicamente. La marihuana, que contiene CBD y más THC que el cáñamo, ha demostrado tener beneficios terapéuticos para las personas con epilepsia, náuseas, glaucoma y potencialmente incluso esclerosis múltiple y trastorno de dependencia de opioides.

    La Agencia de Control de Drogas de EE.UU. clasifica el cannabis como una sustancia de la Lista 1, lo que significa que maneja el cannabis como si no hubiera un uso médico aceptado y tuviera un alto potencial de abuso. Los científicos no saben exactamente cómo funciona el CBD, ni cómo interactúa con otros cannabinoides como el THC para darle a la marihuana sus efectos terapéuticos adicionales.

    El CBD viene en alimentos, tinturas y aceites, solo por nombrar algunos. Si bien los términos «tintura de CBD» y «aceite de CBD» a menudo se usan indistintamente, los dos son en realidad diferentes. Las tinturas se elaboran empapando el cannabis en alcohol, mientras que los aceites se obtienen suspendiendo el CBD en un aceite portador, como el aceite de oliva o de coco.

    El CBD «puro», también llamado «aislado de CBD», se llama así porque se han eliminado todos los demás cannabinoides. También los terpenos y flavonoides, que le dan a la marihuana su fuerte aroma y sabor terroso. El CBD de «amplio espectro» normalmente contiene al menos otros tres cannabinoides, así como algunos terpenos y flavonoides, pero aún no contiene THC. El CBD de «espectro completo», también llamado CBD de «flor entera», es similar al de amplio espectro, pero puede contener hasta un 0,3% de THC.

    En los estados donde la marihuana recreativa es legal, la lista de productos derivados del cannabis se amplía enormemente para incluir CBD con un contenido de THC mucho más alto que el 0.3%. No existe una dosis estandarizada de CBD.

    Otra gran diferencia entre el cáñamo, la marihuana y el CBD es cómo los trata la ley. Aunque 15 estados ya han legalizado la marihuana recreativa, sigue siendo ilegal a nivel federal en EE.UU. Técnicamente, aquellos en posesión de marihuana en un estado legal de marihuana aún pueden ser castigados por la ley federal, y está prohibido cruzar las fronteras estatales con cannabis.

    El cáñamo, por otro lado, se legalizó para cultivar y vender en los Estados Unidos en la Ley Agrícola de 2018. Uno podría pensar entonces, que el CBD derivado del cáñamo debería ser legal a nivel federal en todos los estados porque los niveles de THC no superan el 0.3%. Pero el CBD ocupa un área gris legal. Varios estados, como Nebraska e Idaho, todavía regulan esencialmente el aceite de CBD como una sustancia de la Lista 1 similar a la marihuana.

    Según estudios, las personas promedio en los EE. UU. no ve el cáñamo, el CBD, el THC o incluso la marihuana de la misma manera que las sustancias ilícitas como la metanfetamina y la cocaína, a pesar de que ambos están clasificados por la DEA como de menor potencial de abuso que la marihuana, por lo que la prohibición federal actual de la marihuana no se alinea con la opinión del público.

    Las ventas minoristas de marihuana recreativa en EE.UU. pueden alcanzar los $ 8.7 mil millones en 2021, frente a los $ 6.7 mil millones en 2016. A medida que crece el interés en otros cannabinoides, como el cannabigerol o CBG, que algunos promocionan como el nuevo CBD, también crece la necesidad de realizar más investigaciones médicas sobre el cannabis.

  • México avanza para legalizar el consumo de cannabis y reducir su guerra contra las drogas

    Los legisladores mexicanos están cerca de aprobar una legalización que se espera catapulte el comercio de cannabis del país a un mercado de marihuana legal de 1000 millones de dólares.  Este hecho sucedió el pasado mes en el Congreso de México, con la aprobación de una ley integral de cannabis, que entre otras cosas, autoriza el consumo de cannabis para adultos, con 316 votos a favor y 127 en contra, mostrando un amplio margen hacia su aprobación.

    La prohibición del cannabis comenzó a desvanecerse en 2018, con el fallo de la Corte Suprema que la consideró inconstitucional y, reforzado en diciembre de 2018 con la elección de Andrés Manuel López Obrador, un partidario de la legislación sobre cannabis medicinal de su país. En 2019, el senador Julio Menchaca Salazar, del gobernante partido MORENA, presentó un proyecto de ley para legalizar el cannabis, y en marzo de 2020, tres comisiones del Senado en México, actuando juntas, aprobaron una legislación para legalizar todas las formas de cannabis.

    México , percibido como un enlace entre las sociedades angloamericana y latinoamericana, por la creciente influencia de México en EE.UU. y la influencia histórica de EE.UU. en la sociedad y el gobierno mexicanos, ya estrechamente relacionada con el cannabis, donde el año pasado México celebró el centenario de su prohibición, una prohibición que, en parte, se originó por una política influenciada por cosmovisiones racistas y conservadoras, que condujo a una guerra contra drogas que han tenido y tiene graves consecuencias en el país y mantiene inflado el sistema penitenciario de México.

    Según un estudio de 2016 del Senado mexicano, los cárteles en el país obtuvieron hasta 2 billones de dólares de las ventas de cannabis en los EE. UU., entre el 15% y el 26% de sus ingresos totales. Sin embargo, a medida que más estados de EE. UU. legalizan el cannabis, más recientemente, Nueva York, la importancia de la droga para los cárteles ha disminuido drásticamente.

    Este proyecto de Ley permitiría a los adultos, mayores de 18 años, fumar cannabis y elevar el umbral de posesión personal no punible de 5 a 28 gramos, comprados en tiendas autorizadas, y a los ciudadanos, con un permiso, cultivar hasta seis plantas por adulto u ocho por hogar, mientras que los agricultores podrán tener grandes cultivos, con priorización de los grupos indígenas y pequeños agricultores en un objetivo de equidad social. Sin embargo, los productores deben obtener un permiso del Consejo Nacional de Adicciones.

    Se espera que la ley regrese ahora al Senado, donde se confía que MORENA, el partido gobernante, tenga mayoría, se apruebe y luego se envíe al presidente de México, AMLO, para su aprobación final.

    «La prohibición no reduce las adicciones ni el crimen organizado; es lo contrario, se fortalece», dijo la senadora Patricia Mercado del Partido Movimiento Ciudadano.

    La ley no está libre de críticas, por su falta de umbral de THC (el principal compuesto psicoactivo del cannabis). Esta nueva Ley regularía el negocio desde el cultivo hasta la comercialización, no solo para fumar, sino también para otros productos de cannabis, como bebidas y dulces, permitiendo la «integración vertical» para que las empresas puedan recibir licencias para participar en todas las etapas del negocio, lo que podría dar como resultado que las grandes empresas tengan un poder de mercado significativo.

    Este todavía es un avance tímido en términos de despenalización de las drogas, pero seguramente un gran paso hacia la transformación del país, una vez más, en el mayor consumidor adulto de cannabis a nivel mundial, y abre la puerta a futuras discusiones que pueden promover la paz, el progreso y la equidad en la sociedad del país.

  • Nueva York un paso más cerca de legalizar el cannabis recreativo

    Los legisladores estatales finalizaron un acuerdo el jueves pasado para legalizar la marihuana recreativa en Nueva York, allanando el camino para una industria potencial de $ 4.2 mil millones que podría crear decenas de miles de empleos y convertirse en uno de los mercados más grandes del país.

    Al menos otros 14 estados ya permiten a los residentes comprar marihuana para uso recreativo, pero los esfuerzos anteriores de Nueva York para aprobar la marihuana habían fracasado en los últimos años. Los demócratas que ahora ejercen una mayoría a prueba de veto en la legislatura estatal han hecho de su aprobación una prioridad este año, y la administración del gobernador demócrata Andrew Cuomo ha estimado que la legalización podría eventualmente traer al estado alrededor de $ 350 millones anuales.

    El acuerdo se elaboró ​​con un enfoque intenso en hacer las paces en las comunidades afectadas por décadas de guerra contra las drogas. Millones de dólares en ingresos fiscales de las ventas de cannabis se reinvertirían en las comunidades minoritarias cada año, y el 50% de las licencias para cultivar y vender marihuana se reservaría para lo que se conoce como negocios de capital, que incluye a personas de comunidades afectadas de manera desproporcionada y pequeños agricultores. Tendrían acceso a préstamos, subvenciones y programas de incubadoras.

    La legislación entraría en vigor de inmediato si se aprueba, aunque las ventas no comenzarían tan temprano ya que Nueva York establece reglas y una junta de cannabis propuesta. El acuerdo permitiría la venta de marihuana recreativa a adultos mayores de 21 años y establecería un proceso de licencia para la entrega de productos de cannabis a los clientes.  A fines de 2022, los adultos en el estado podrían comprar cannabis en tiendas minoristas y también podrían probarlo en salas de degustación, similares a los lugares de cata de vinos. Los neoyorquinos individuales podrían cultivar hasta tres plantas maduras y tres inmaduras para consumo personal, y los gobiernos locales podrían optar por no participar en las ventas minoristas.

    “Mi objetivo al llevar a cabo esta legislación siempre ha sido poner fin a la aplicación racialmente dispar de la prohibición de la marihuana que ha afectado tanto a las comunidades de color en todo nuestro estado, y utilizar la ganancia económica inesperada de la legalización para ayudar a sanar y reparar esas mismas comunidades” , dijo la senadora Liz Krueger, patrocinadora del proyecto de ley y presidenta del comité de finanzas del Senado.

    Según la legislación propuesta, se crearía una Oficina de Gestión del Cannabis, que comprende una junta de 5 miembros encargada de regular y supervisar la industria naciente, incluido el establecimiento de protocolos de licencia para cultivadores, dispensarios y sitios de consumo.

    Todo el cannabis de uso adulto se someterá a pruebas de laboratorio antes de venderse a los consumidores. La oficina también establecería un impuesto sobre las ventas del 9%, un impuesto local del 4% y un impuesto adicional basado en el contenido de THC,  el ingrediente activo de la marihuana, que va desde 0,5 centavos por miligramo de flor hasta 3 centavos por miligramo de comestibles.

    Nueva York eliminaría las sanciones por posesión de menos de tres onzas de cannabis y eliminaría automáticamente los registros de personas con condenas anteriores por delitos relacionados con la marihuana que ya no serían penalizados. Eso es un paso más allá de la ley de 2019 que eliminó muchas condenas anteriores por posesión de marihuana y redujo la pena por posesión de pequeñas cantidades.

    Se estima que el mercado de cannabis recreativo de Nueva York tendrá un valor de $ 4.6 mil millones para 2023 y $ 5.8 mil millones para 2027, según un análisis reciente de la firma asesora MPG Consulting.

  • Congresistas de EE.UU. interrogan a jefes de gigantes tecnológicos, piden reformas

    Los políticos acusaron a Facebook, Twitter y Google de alimentar ideologías extremistas.

    Por Voz de América – Redacción

    WASHINGTON DC – Legisladores del la Cámara de Representantes estadounidense interrogaron el jueves a los directores de las principales compañías tecnológicas (Facebook, Google y Twitter) del país, y les acusaron de no hacer lo suficiente para evitar la desinformación, por lo que insistieron en regular las prácticas de las empresas de internet.

    “Su modelo de negocios se ha convertido en el problema y se acabó la era de la autorregulación, es hora de legislar para hacerlos responsables”, sentenció el congresista Mike Pallone en una audiencia en la que los directores ejecutivos de estas tres compañías participaron de manera virtual.

    Es la primera vez que Mark Zuckberger (Facebook), Jack Dorsey (Twitter) y Sundar Pichai (Google) testifican frente al Congreso desde el asalto al Capitolio por parte de seguidores del expresidente Donald Trump. Los legisladores culparon a los empresarios de alimentar las ideologías extremistas que llevaron a los disturbios y de agravar la división en el país.

    «Su modelo de negocios se ha convertido en el problema y se acabó la era de la autorregulación». Mike Pallone, congresista de EE. UU.

    “El ataque y el movimiento que lo motivó comenzó y fue alimentado por sus plataformas”, señaló el congresista Michael Doyle.

    Ante la pregunta de si ellos consideraban que las redes sociales tuvieron o no responsabilidad de los ataques, solo el CEO de Twitter respondió que sí. El director de Alphabet, la compañía matriz de Google, sostuvo que se trataba de una pregunta compleja pero que la compañía tenía cierto tipo de responsabilidad.

    Por su parte, Zuckerberg evadió la respuesta y culpó directamente al exmandatario republicano y a los insurrectos que se tomaron el edificio del Congreso. “Creo que el expresidente debe responsabilizarse por sus palabras”, dijo el jefe de Facebook.

    Los legisladores del Congreso de EE.UU. han intentado por varios años imponer legislación que regule a las compañías tecnológicas, a quienes acusan de promover desinformación, ideologías extremistas y, en el caso de Facebook, de mantener un monopolio sobre el mercado.

    Con respecto a la libertad de expresión y el contenido que se publica en redes sociales, el debate en el Capitolio se centra en la sección 230 de la ley de Decencia en la Comunicación, que evita que las compañías tecnológicas sean responsables legalmente de los contenidos de los usuarios. Los congresistas están presionando por reformar esa ley.

    El CEO de Facebook presentó en la audiencia una propuesta para modificar la legislación, en la que las compañías podrían tener inmunidad legal respecto a lo que los usuarios publiquen sólo si se adhieren a políticas que permitan eliminar material dañino. Tanto Dorsey como Pichai vieron con buenos ojos la propuesta, agregando que debe ser pulida.

  • Restricciones a los medios en pandemia han limitado el acceso a la información

    Por Maria Elena Little Endara

    Las medidas de emergencia introducidas durante la pandemia de coronavirus dieron como resultado un aumento en los arrestos por ‘noticias falsas’, a los periodistas se les negó el acceso a reuniones informativas o funcionarios de salud y se bloquearon sitios web de noticias, alegan expertos en derechos de los medios.

    Un año después de que la Organización Mundial de la Salud declarara una pandemia mundial, los periodistas de varios países todavía sienten el impacto de las leyes y regulaciones mientras los gobiernos buscan controlar la narrativa o silenciar los informes críticos.

    Los grupos de derechos de los medios sostienen que las restricciones han negado a los ciudadanos el acceso a noticias e información.

    ‘La pandemia presenta una grave amenaza para la libertad de prensa, en un momento en que la difusión de información real y fáctica es vital para la vida de las personas’, dijo a la VOA Amy Slipowitz, directora de investigación del informe anual ‘Freedom in the World’ de Freedom House. ‘Los periodistas han sido objeto de arrestos, violencia e intimidación, y los gobiernos han ejercido control sobre el contenido’.

    En su informe de 2020, “Democracy under Lockdown”, Freedom House descubrió que 91 de 192 países impusieron algún tipo de restricción a los medios como parte de su respuesta oficial a la pandemia.

    Se introdujeron leyes y medidas para tratar de proteger y promover la seguridad, pero en varios países las regulaciones se utilizaron para restringir o acosar a los medios de comunicación.

    El Instituto de Prensa Internacional (IPI) con sede en Viena descubrió que las medidas de emergencia a menudo incluían disposiciones destinadas a combatir las ‘noticias falsas’ que se utilizaban para encarcelar o limitar la libertad de expresión.

    “Algunos gobiernos, especialmente los autoritarios, aparentemente creen que la crisis de salud requiere limitar la libertad de prensa y la libertad de expresión. La verdad es lo contrario: la crisis de salud ha hecho que la libertad de prensa sea más importante que nunca ”, dijo a la VOA Scott Griffen, subdirector del IPI.

    “El tremendo impacto y los cambios que hemos visto en tantas partes de nuestra sociedad hacen que sea esencial que se permita al periodismo desempeñar su función de guardián”, dijo Griffen.

    Todavía se están introduciendo nuevas regulaciones un año después de la pandemia. Malasia a principios de este mes utilizó poderes ampliados en virtud de las leyes de emergencia para imponer penas más duras por lo que el gobierno considera noticias falsas, incluidas penas de cárcel de hasta tres años.

    Esas leyes ‘pretenden combatir la desinformación pero, en muchos casos, en realidad tratan de reprimir el discurso crítico’, dijo Griffen.

    La pandemia ha dado a los regímenes autoritarios licencia para tomar medidas enérgicas contra la disidencia y los críticos, dijo el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) con sede en Nueva York.

    «Los países con antecedentes deficientes en materia de libertad de prensa como China, Egipto y Turquía están ciertamente a la vanguardia cuando se trata de países que han hecho todo lo posible por acabar con el periodismo», dijo a la VOA Courtney Radsch, directora de defensa del CPJ.

    Las autoridades tomaron represalias contra los reporteros solo por hacer su trabajo y crearon condiciones que hicieron que la cobertura fuera «casi imposible», dijo Radsch, y agregó: «[Estos países] lideran el mundo en el encarcelamiento de periodistas, utilizan las leyes de salud pública o de emergencia como armas y ponen a periodistas encarcelados en riesgo mortal «.

    En su censo de 2020 de periodistas encarcelados a nivel mundial, el grupo de libertad de prensa registró un récord de 274 tras las rejas, incluidos varios arrestados por su cobertura de la pandemia. Al menos dos murieron por COVID-19, encontró el CPJ.

    El CPJ se encuentra entre los medios de comunicación y los grupos de derechos humanos que han pedido a los gobiernos que liberen a periodistas y presos políticos de los encierros o custodias carcelarias, debido a los mayores riesgos para la salud del COVID-19.

    «Nos gustaría ver a todos los periodistas liberados de prisión, donde el coronavirus podría equivaler a una sentencia de muerte», dijo Radsch, y agregó que el CPJ también aboga por «la revocación de la legislación opresiva y la puesta en marcha de salvaguardias para los periodistas que están en la primera línea de la pandemia «.

    Datos de la Pandemia

    Durante el año pasado, el IPI rastreó más de 600 violaciones a la libertad de prensa relacionadas con COVID 19, incluidos arrestos por acusaciones de noticias falsas, bloqueo de sitios web y periodistas restringidos de asistir a conferencias de prensa o hablar con funcionarios de salud.

    «Las acciones del gobierno chino para tomar medidas enérgicas contra los periodistas ciudadanos que estuvieron entre los primeros en informar sobre el virus y advertir sobre su impacto no pueden olvidarse», dijo Griffen. «[Pero] varios otros países se han destacado en términos de su respuesta de mano dura al escrutinio periodístico».

    India, con 84 casos de periodistas llevados para interrogarlos o acusados ​​por la cobertura relacionada con COVID, encabezó el rastreador de libertad de prensa del IPI, pero Griffen dijo que Rusia también amplió las leyes de «noticias falsas» para apuntar a los informes críticos y Zimbabwe se destacó con uno de los peores índices en África, con varios arrestos, incluido el periodista de investigación Hopewell Chin’ono.

    El acceso limitado a la información y el bloqueo de sitios web fueron los mayores problemas en América Latina, donde Venezuela fue el país más restrictivo, y el IPI documentó 66 violaciones.

    Slipowitz, de Freedom House, dijo que las políticas restrictivas dirigidas a los medios de comunicación «se sintieron más agudamente en las democracias en lucha y en los estados altamente represivos».

    FILE - A pro-democracy activist holds placards with the picture of Chinese citizen journalist Zhang Zhan outside the Chinese central government's liaison office, in Hong Kong, Dec. 28, 2020

    Los casos que se destacaron para ella incluyeron a China en diciembre que sentenció a la periodista ciudadana Zhang Zhan a cuatro años de prisión por sus reportajes desde Wuhan, y Egipto expulsando a una reportera del medio británico The Guardian, debido a la cobertura crítica de la respuesta del gobierno a la pandemia.

    Los grupos de derechos humanos esperan señales de que las leyes represivas introducidas como parte de las medidas de emergencia serán revocadas.

    “El IPI dijo desde el principio que cualquier restricción o interferencia con los derechos de los periodistas debía ser proporcionada, necesaria y limitada en el tiempo”, dijo Griffen. «Nos preocupa que se mantengan las nuevas formas de injerencia en la libertad de expresión introducidas durante la pandemia».

  • Cuando la convicción moral manda

    A menudo leo cosas que no encuentro mejor forma de expresarlas y en esta ocasión cito una de ellas: “Para ser un economista con integridad significa el tener que decir cosas que la gente no quiere escuchar y especialmente el decir cosas que el gobierno no quiere que se digan.” Llewellyn H. Rockwell Jr.

    Llewellyn H. Rockewell Jr., es el fundador del Instituto Mises, dedicado a la defensa y promoción del sagrado derecho de albedrío engendrado en la misma Creación. En especial, el Instituto celebra la vida y obra de Ludwig Heinrich Edler von Mises (1881-1973) En esencia, el legado que nos dejó Mises fue el sostener que la única política económica viable para la humanidad era la de dejar hacer; mientras que los gobiernos se limitasen al cuido de la vida y la propiedad, dentro de sus territorios.

    Y digo o escribo sobre estas cosas ya que si algo he aprendido con los años es que se aprende ejercitando tanto el cuerpo como la mente. Y la mejor forma de ejercitar es con la repetición; esa que permite ir descubriendo nuevas maneras y formas de ver la realidad y la verdad. Es por ello que comparto con mis amistades en la «Cara del Libro», de manera insistente, una revisión de los principios de libertad sin los cuales la humanidad sería retrógrada; como en buena medida lo está siendo en manos de quienes desdeñan la libertad de sus prójimos.

    En estos días un amigo economista me comenta sobre el malandar económico, que en realidad es social, en el que deambulamos como ciegos en pantano, con lo cual algunos nos preguntamos: “¿Cómo diablos fue que nos metimos en semejante situación?” Y Rockwell nos lo aclara recordando las advertencias de Frédéric Bastiat, que hasta Omar Torrijos las reiteró a su manera, y que el partido de turno parece despreciar. Hablo de andar no sólo con luces cortas sino también con las largas. Los economistas de gobierno que no pueden ver aquello que subyace al intervencionismo estatal, ese que estamos viviendo en Panamá, harían bien en ganarse la vida limpiando parabrisas de autos en las calles y no haciendo ver que gobiernan.

    La economía no es asunto de numeritos sino de acción humana. Es decir, que se trata sobre lo que hace la gente, por qué lo hacen y cómo lo hacen; cosa que hasta la maligna constitución que sufrimos lo dicen en su Artículo 282, antes de contradecirse arrastradamente a la dictadura que sufrimos: “El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares; pero el estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará…” Oda a Mario Moreno, alias Cantinflas. O sea, la economía es asunto de los particulares, pero «yo estado», hago lo que me viene en ganas con ella. Y… ¿aún no entendemos por que andamos a ciegas en el pantano de la corruptela institucional?

    Un ejemplo alegórico es el de los tsunamis, que cuando la marea se retrae súbitamente, muchos se van a la playa a retozar y recoger caracoles que se quedaron varados. ¿Cómo es que no ven lo raro de una marea que se vacía súbitamente? Es la marejada destructiva que la recoge antes de embestir.

    ¿Y qué mejor ejemplo de la acción estatal descarriada que aquella que leía en Facebook ocurrió en El Valle de Antón? Que, luego de casi un año de retraída la actividad económica el fin de semana se desata una oleada de turismo interno que reboza los restaurantes y tiendas. ¿Y cómo reacciona es sistema centralizado de luces cortas o putrefactas? Manda una oleada de burrócratas auditores: sanidad, trabajo, seguridad social, y tal, con el propósito de que no los ignoren; pues no hay peor que ser ignorado. Es cierto, para quienes andan con luces cortas. Pero como nos dijo el 2 veces primer ministro de Estonia Mart Laar cuando nos visitó en Panamá: “El mejor gobierno es como el sistema de aguas negras: Sabes que está allí, pero no lo tenemos que ver ni oler.”

  • El gobierno tailandés espera que el cannabis salve a los agricultores

    Los legisladores en Tailandia están promoviendo el cannabis como cultivo comercial para los agricultores del país como otra fuente de ingresos, dijo el pasado domingo un alto funcionario. “Todo el mundo tiene derecho a cultivar marihuana al asociarse con hospitales provinciales para uso médico”, dijo la portavoz adjunta del gobierno, Traisulee Traisoranakul. Dijo que los interesados ​​también tendrían que buscar la aprobación de las autoridades. ‘Hasta ahora, 2.500 hogares y 251 hospitales provinciales han cultivado 15.000 plantas de cannabis’, dijo. ‘Esperamos que el cannabis y el cáñamo sean un cultivo comercial principal para los agricultores’.

    Otros actores que pueden solicitar licencias para cultivar cannabis incluyen universidades, empresas comunitarias, profesionales médicos y profesionales de la medicina tradicional. El anuncio se produce después de que Tailandia eliminó el año pasado ciertas partes de cannabis y cáñamo de su lista de narcóticos. El cannabis también se puede usar en alimentos y bebidas en restaurantes, siempre que provenga de un productor aprobado, dijo la Sra. Traisulee, y agregó que el Medical Marijuana Institute llevará a cabo sesiones de información para inversionistas y el público este mes.

    El fabricante de medicamentos estatal, la Organización Farmacéutica del Gobierno, dijo que compraría cannabis a empresas comunitarias aprobadas por hasta 45.000 baht por kilogramo para plantas que contienen 12% de cannabidiol (CBD).

    Venta de productos de cannabis

    Mientras tanto, las partes interesadas en producir, vender o poseer cannabis y cáñamo pueden ya registrarse para hacerlo desde el 29 de enero, cuando ciertas partes de la planta se eliminaron de la lista de narcóticos de Tipo 5. Las hojas, tallos, tallos y raíces de las plantas son eliminados de la lista, manifestó el secretario general de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), Paisarn Dunkum. Esto no incluiría las semillas, incluidas las flores, que tienen un alto contenido de fármaco. Y  las personas naturales todavía no pueden cultivar cannabis y cáñamo. Estos detalles fueron expuestos por el Secretario en una sesión de capacitación organizada para los funcionarios estatales que se encargarán del registro. A partir del 29 de enero, las personas físicas, jurídicas, oficinas gubernamentales, empresas comunitarias y empresas ya pueden registrarse para utilizar las partes legales del cannabis y el cáñamo para fines médicos y en las industrias textil, farmacéutica y cosmética, dijo.

    Esto es parte de la política del gobierno para promover el cáñamo y el cannabis como un nuevo cultivo comercial, sostuvieron las autoridades tailandesas. En Bangkok, las solicitudes de registro se recibirán en la oficina de la FDA, mientras que en otras provincias, cada solicitud será recibida y procesada por las oficinas provinciales de salud pública. Sin embargo, las solicitudes para la importación y exportación de cáñamo deberán enviarse a la oficina de la FDA.

    Pero aún queda pendiente el uso recreacional

    La marihuana recreativa todavía es ilegal en Tailandia y se considera un narcótico de categoría 5. Los acusados ​​de distribuir cannabis enfrentan de 2 a 10 años de prisión y una multa de 40,000 baht a 200,000 baht. Aquellos que sean sorprendidos distribuyendo más de 10 kilogramos de cannabis enfrentan hasta 15 años de prisión y una multa de 200,000 baht a 1,500,000 baht.

    La reciente prisa de Tailandia por despenalizar e incluso legalizar la marihuana sigue a que el Partido Bhumjaithai se unió a la coalición gubernamental en 2019, encabezada por el actual ministro de Salud, Anutin Charnvirakul. Sus parlamentarios electos proporcionan votos esenciales para la frágil coalición. Y su partido se desarrolló en una plataforma de legalización de la marihuana.

    Conclusión

    La industria del cannabis, el mercado, el turismo y la economía en general de Tailandia contemplan un futuro prometedor y brillante. Aún cuando las cosas se están moviendo a un ritmo más lento, debido al proceso dolorosamente lento de cambiar las leyes, reglas y regulaciones con respecto al cannabis, parecería que el gobierno ha entendido que post pandemia, la industria ayudará enormemente a los agricultores. Por ahora, el uso médico es lo que prevalece, y el uso recreativo sigue siendo ilegal, sin indicios claros de que las autoridades lo reconsideren. Pero si miramos al mundo, el uso recreativo legal en Tailandia no es una cuestión de «si», sino de «cuándo».

  • ¿La disputa de Australia con Facebook y Google impactará a otros países?

    La disputa entre el gobierno de Australia con Google y Facebook ha despertado interés en todo el mundo.

    El primer ministro de Australia ha instado a Facebook a que retire su prohibición de acceso a las noticias para los usuarios australianos y que vuelva a la mesa de negociaciones con las organizaciones de medios. Advirtió además que otros países seguirán el ejemplo de su gobierno para que los gigantes digitales paguen por el periodismo.

    El primer ministro australiano, Scott Morrison, argumentó el viernes que la medida de Facebook era una amenaza. Desde ayer, las organizaciones de noticias australianas no pueden publicar historias en esa plataforma y las personas que intentaron compartir noticias existentes recibieron notificaciones de que no podían hacerlo.

    ¿Cómo empezó la disputa?

    En 2018, un regulador del gobierno australiano lanzó una investigación sobre el impacto de Google y Facebook en la competencia a los medios y la publicidad.

    La investigación de la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC, por sus siglas en inglés) encontró un desequilibrio de poder entre las empresas de tecnología y los medios. Concluyó que fuera introducido un código de noticias a fin de nivelar las oportunidades de todos.

    Para julio del 2019 ya el gobierno australiano había dado a conocer un proyecto de ley para hacer cumplir el código, lo que provocó amenazas de Facebook y Google de retirar sus servicios del país.

    ¿Código de noticias?

    En virtud del código noticias se pide que las empresas de tecnología paguen por el contenido de los medios, aunque no define su valor. La norma permitiría a las empresas de noticias negociar con las de tecnología que aparecen en sus fuentes de noticias y resultados de búsqueda. Prevé, además, que si fracasan en un intento inicial de negociar, contratarán con el arbitrio de la Autoridad de Medios y Comunicaciones de Australia. Manejan multas unos 7 millones de dólares por incumplimiento o el 10% de la facturación local de la empresa.

    Las autoridades de Australia han dicho que parten con Google y Facebook pero no descartan apuntar a otros gigantes de la tecnología. La ley tiene apoyo local y ya fue aprobada por la cámara baja del parlamento australiano.

    ¿Qué argumenta Australia?

    Canberra sostiene que los gigantes tecnológicos deberían pagar a las salas de redacción una cantidad «justa» por el periodismo que realizan. Afirman que el apoyo financiero es necesario para que la industria de noticias de Australia, vista como clave para el sostenimiento de la democracia, sobreviva.

    Los medios de comunicación, incluido News Corp Australia, del magnate Rupert Murdoch, mantienen la presión para que el gobierno siga adelante.

    ¿Qué dice Facebook?

    Argumenta que «el intercambio de valor entre Facebook y los editores va a favor de los editores».

    Considera además que las empresas de comunicación generan cientos de millones de dólares en ingresos:

    «Los editores eligen voluntariamente publicar noticias en Facebook, ya que les permite vender más suscripciones, aumentar su audiencia y aumentar los ingresos por publicidad», ha dicho William Easton, gerente de Facebook en Australia y Nueva Zelanda.

    Con todo ello, la empresa de Mark Zuckerberg está impidiendo que los usuarios australianos compartan o vean noticias. La empresa sostiene que la ley propuesta por Australia «malinterpreta fundamentalmente la relación entre nuestra plataforma y los editores».

    ¿Qué dice Google?

    Google había amenazó primero con eliminar su motor de búsqueda de Australia si se aprobaba la ley. Sin embargo, ha acordado pagar a News Corp, de Rupert Murdoch, por el contenido de los sitios de noticias de todo su imperio de medios. El acuerdo es a tres años y la emporio de medios australianos dijo que va a colaborar con Google en una plataforma de suscripción, compartirían los ingresos por publicidad e invertirían en videoperiodismo en YouTube.

    Por el momento no quedan claros otros desarrollos pero Google mantiene que podría llegar a acuerdos similares con otros medios locales.

    ¿Qué esperar en otras partes del mundo?

    El gobierno y políticos de Australia creen que esta disputa podría animar a otros países a tomar medidas similares.

    En este sentido es importante seguir de cerca, por ejemplo, que Microsoft ha apoyado la propuesta de ley.

    «El código intenta razonablemente abordar el desequilibrio del poder de negociación entre las plataformas digitales y las empresas de noticias australianas», indicó Microsoft recientemente.

    Intentos similares hemos visto en Europa. Una regulación de la Unión Europea sobre derechos de autor manifiesta que los motores de búsqueda y los agregadores de noticias deberían pagar a los medios de comunicación por los enlaces.

    En Estados Unidos, las empresas de tecnología han sido cuestionadas en el Congreso. Está en discusión si su dominio se ha ido de control.

  • ¿Cuál es el secreto de las economías más innovadoras del mundo que lideran en Bloomberg?

    La investigación del cáncer, los viajes espaciales, las alternativas a la carne y las tecnologías inteligentes para el hogar se encuentran entre los principales avances de nuestro tiempo. Pero ¿qué países son líderes mundiales en investigación y desarrollo, actividad de patentes, densidad de alta tecnología y todo lo que conlleva el fomento de la innovación?

    Y más importante aún: ¿Qué condiciones cumplen estos países para estar liderando los rankings de innovación?  La principal es dejando a los emprendedores, creativos e innovadores, en libertad para que nos ofrezcan soluciones reales que mejoren nuestra calidad de vida. El gobierno, las autoridades legislativas y judiciales deben reconocer que la innovación  no puede ser guiada por decisiones que limiten o restrinjan la economía o los intercambios voluntarios en un mercado libre, mucho menos para proteger a sectores que al gozar de privilegios ofrecen un mal servicio, a altos costos y sin condiciones de calidad ni seguridad.

    El ranking de Bloomberg publicado la semana pasada muestra los países más innovadores por índice de valor. El proceso de clasificación comenzó con más de 200 economías hace ya muchos años, puntuadas en una escala de 0 a 100 en siete categorías igualmente ponderadas. Las naciones que no reportaron datos para al menos seis categorías fueron eliminadas, recortando la lista total a 111. Bloomberg publica las 60 principales economías del mundo en materia de innovación.

    Para el actual ranking, Corea del Sur ocupó el puesto más alto, después de que Alemania ganó el ranking en 2020. El país del este de Asia había estado al frente de la lista también de 2014 a 2019. Estados Unidos ocupó el puesto 11, perdió tres rangos en dos años y salió del top 10 por primera vez.

    Las clasificaciones de 2021 reflejan un mundo en el que la lucha contra Covid-19 ha puesto en primer plano la innovación, desde los intentos de los gobiernos para contener la pandemia, hasta la infraestructura digital que ha permitido que las economías la superen y la carrera para desarrollar vacunas que puedan o pretendan acabar con tal situación.

    La clasificación incluye factores como los gastos de investigación y desarrollo, el número de solicitudes de patentes nacionales y el número de empresas cotizantes públicas nacionales de alta tecnología. Corea del Sur obtuvo 90,49 de 100 puntos posibles, Holanda y Dinamarca fueron los países que más mejoraron entre los 10 primeros, subiendo cuatro y dos puestos, respectivamente.

    Las dos economías más grandes, Estados Unidos y China representan gran parte de la innovación mundial, y también están enfrascados en una batalla sobre áreas clave de política como los derechos de propiedad intelectual. La brecha entre ellos ha disminuido constantemente durante la vigencia del índice. Este año, ambos vieron caer sus rankings.

    Otros ganadores en el índice de este año incluyen a India, que volvió al top 50 por primera vez desde 2016, y Uruguay, que se clasificó por primera vez en el área latinoamericana. Argentina y Chile estuvieron entre los países que más cayeron. Y Brasil continúa sin cambios.

    Panamá, a pesar de sus muchas ventajas, no figura en esta lista. Muy posiblemente pueda deberse a que se han estado tomando decisiones a partir de normas obsoletas que fueron aprobadas en contextos y realidades distintas. Disposiciones que han sido diseñadas a la medida de grupos de interés y regulaciones que carecen de contenido técnico, por ejemplo en aspectos como los costos de transacción que se han visto disminuidos especialmente en los últimos tiempos gracias a las innovaciones tecnológicas.

    Es decir, no se les ha dado importancia a las libertades económicas necesarias para impulsar el emprendimiento, el crecimiento económico y la prosperidad, que, de esta forma, se están viendo afectadas y restringidas por decisiones intervencionistas que buscan controlar y planificar la economía, incrementando la informalidad y el desempleo, y limitando las opciones que tenemos para satisfacer nuestras necesidades a bajos costos.

    El país debería estar actualizando su regulación, y en el mejor de los casos desregulando, para generar las condiciones que permitan aprovechar las oportunidades que pueden generarse post crisis del Covid 19. Por el contrario, con medidas regulatorias y prohibiciones de corte proteccionista se está limitando la libre iniciativa y cerrando las puertas a las innovaciones disruptivas que tienen el potencial de traer importantes fuentes de ingresos, especialmente para quienes por las regulaciones e impuestos tienen que vivir en la informalidad.

    En el 2015, el multimillonario capitalista de riesgo Jim Breyer, fundador y director ejecutivo de Breyer Capital y socio de Accel Partners, frente a la audiencia del Foro de Davos, sostuvo: El mejor antídoto contra el estancamiento es la innovación, la creación de productos y servicios que mejoran la vida, ya sea aire acondicionado, vacunas o mensajes de texto. Todos los países quieren fomentar una cultura de innovación, pero no es fácil de hacer. “He tenido decenas de reuniones a lo largo de los años con líderes de todo el mundo que me preguntaron cómo pueden construir su propio Silicon Valley”, dice Breyer y se responde: “Nunca funciona”.

    Porque simplemente, la innovación no puede estar nunca al arbitrio y capricho de funcionarios judiciales, legisladores y burócratas tratando de condensar y unificar la inteligencia dispersa en una sociedad, desde su pequeñez aislada de una oficina gris sin reto y responsabilidad alguna para crear valor en la misma o ser penalizado por ello.

  • ¿Deberían las redes sociales perder su protección legal ante las demandas?

    La suspensión del presidente Donald Trump por parte de varias plataformas no cayó bien en Europa. Muchos líderes lo consideran una violación a la libertad de expresión. Debaten si el Estado debería regular a las redes sociales.

    Por Jamie Dettmer

    La decisión de los gigantes de las redes sociales de moderar más el contenido, junto con el veto al presidente Donald Trump y a algunos de sus simpatizantes que ya no pueden publicar, está intensificando un debate en Europa sobre cómo regular a plataformas como Facebook y Twitter.

    El candente debate se ha enfocado principalmente en si los gobiernos deberían intervenir para censurar o proteger la libertad de expresión, o si se debería proteger las opiniones para que no sea bloqueadas o eliminadas por los gigantes tecnológicos, sin importar cuan ofensiva sean las opiniones.

    Pero un creciente número de líderes europeos ven una tercera vía para reducir las noticias falsas, el discurso de odio, la desinformación y los ataques personales venenosos, al tratar a las redes sociales como proveedores y no como dueños de plataformas neutrales que conectan a los consumidores con creadores de contenido digital, sino como editores con derecho propio.

    Esto ayudaría a reducir los temores de censura estatal de la libertad de expresión, dicen.

    Enmendar las leyes para hacerlos legalmente responsables, así como los periódicos y otros medios de comunicación tradicionales son responsabilizados por el contenido que publican, haría a las compañías de redes sociales responsables ante demandas de difamación y calumnias.

    Al bloquear el contenido y prohibir a algunos usuarios, las compañías de redes sociales han fortalecido sin querer el argumento de que ellos son proveedores de contenido, así como ahora están tomando un rol mayor como editores de opinión.

    “Creo que hay un debate real sobre el estatus de las grandes compañías de internet y si deberían ser identificadas como simples plataformas o como editores, porque cuando empieza a editorializar, entonces estás en un mundo diferente”, dijo a un comité parlamentario el primer ministro británico, Boris Johnson, la semana pasada.

    Muchos líderes de la Unión Europea han criticado a las compañías de redes sociales por suprimir a Trump y sus seguidores de sus plataformas. Facebook ha bloqueado o borrado contenido que usan la frase “Paren el robo”, que se refiere a los falsos alegatos de fraude electoral. Twitter dice que ha suspendido más de 70.000 cuentas de creyentes de teorías conspirativas de QAnon, que creen que Trump libra una guerra secreta contra una élite de satánicos y pedófilos en el gobierno, el sector privado y los medios.

    La presidente alemana Angela Merkel expresó su preocupación sobre bloquear y borrar contenidos, diciendo que era excesivo.

    “El derecho a la libertad de opinión es de importancia fundamental”, dijo su portavoz, Steffen Seibert, a los periodistas.

    Algunos países dirigidos por gobiernos populistas, como Polonia, están considerando elaborar legislación que le prohibiría a Facebook, Twitter y otras empresas de redes sociales censurar opiniones, por temor que los censuren a ellos.

    Redes sociales y medios de comunicación

    Pero la presión política también está aumentando en otros países para que el Estado regule la libertad de expresión y que modere las plataformas de redes sociales.

    La idea de que las compañías de redes sociales deberían estar sujetas a regulaciones similares a las de prensa, radio o televisión no es nueva. Los dueños de periódicos se han enfurecido porque las plataformas de redes sociales son tratadas diferente bajo la ley en relación a los medios tradicionales.

    El año pasado, Facebook rechazó la idea de que las plataformas de redes sociales sean tratadas como medios tradicionales, argumentando en un reporte que deberían ser ubicadas en una categoría a medio camino entre los periódicos y la industria de las telecomunicaciones.

    La compañía estuvo de acuerdo en que nuevas reglas regulatorias son necesarias, pero argumentó que deberían enfocarse en el monitoreo y en mecanismos que las empresas pondrían a funcionar para bloquear publicaciones “dañinas”, en lugar de restricciones sobre las compañías que publican ciertos tipos de discursos o que sean responsabilizados por el contenido.

    El cabildeo de Johnson para que se trate a los gigantes de las redes sociales como medios tradicionales está teniendo eco en Estados Unidos, donde el Congreso aprobó la Ley de Decencia en las Comunicaciones, en 1996. Esta medida permitió a las empresas regularse a sí mismas y las protegió de ser responsabilizadas por la mayoría del contenido que se publica en sus plataformas.

    La Sección 230 de la ley dice: “Ningún proveedor o usuario de un servicio interactivo de computadora deberá ser tratado como un editor o difusor de cualquier información publicada por otro proveedor de contenido de información”.

    Irónicamente, la Sección 230 ha generado la desaprobación de tanto Trump como del presidente electo Joe Biden. Ambos han pedido que se anule dicho artículo, lo cual haría a las redes sociales legalmente responsable por lo que la gente publica, dejándolos vulnerables ante demandas por difamación y calumnias.

    La semana pasada, Biden le dijo al diario The New York Times, que el favorecía que el escudo que protege a las empresas de internet sea “revocado, inmediatamente”.