Categoría: Marcos Regulatorios

  • ¿La disputa de Australia con Facebook y Google impactará a otros países?

    La disputa entre el gobierno de Australia con Google y Facebook ha despertado interés en todo el mundo.

    El primer ministro de Australia ha instado a Facebook a que retire su prohibición de acceso a las noticias para los usuarios australianos y que vuelva a la mesa de negociaciones con las organizaciones de medios. Advirtió además que otros países seguirán el ejemplo de su gobierno para que los gigantes digitales paguen por el periodismo.

    El primer ministro australiano, Scott Morrison, argumentó el viernes que la medida de Facebook era una amenaza. Desde ayer, las organizaciones de noticias australianas no pueden publicar historias en esa plataforma y las personas que intentaron compartir noticias existentes recibieron notificaciones de que no podían hacerlo.

    ¿Cómo empezó la disputa?

    En 2018, un regulador del gobierno australiano lanzó una investigación sobre el impacto de Google y Facebook en la competencia a los medios y la publicidad.

    La investigación de la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC, por sus siglas en inglés) encontró un desequilibrio de poder entre las empresas de tecnología y los medios. Concluyó que fuera introducido un código de noticias a fin de nivelar las oportunidades de todos.

    Para julio del 2019 ya el gobierno australiano había dado a conocer un proyecto de ley para hacer cumplir el código, lo que provocó amenazas de Facebook y Google de retirar sus servicios del país.

    ¿Código de noticias?

    En virtud del código noticias se pide que las empresas de tecnología paguen por el contenido de los medios, aunque no define su valor. La norma permitiría a las empresas de noticias negociar con las de tecnología que aparecen en sus fuentes de noticias y resultados de búsqueda. Prevé, además, que si fracasan en un intento inicial de negociar, contratarán con el arbitrio de la Autoridad de Medios y Comunicaciones de Australia. Manejan multas unos 7 millones de dólares por incumplimiento o el 10% de la facturación local de la empresa.

    Las autoridades de Australia han dicho que parten con Google y Facebook pero no descartan apuntar a otros gigantes de la tecnología. La ley tiene apoyo local y ya fue aprobada por la cámara baja del parlamento australiano.

    ¿Qué argumenta Australia?

    Canberra sostiene que los gigantes tecnológicos deberían pagar a las salas de redacción una cantidad «justa» por el periodismo que realizan. Afirman que el apoyo financiero es necesario para que la industria de noticias de Australia, vista como clave para el sostenimiento de la democracia, sobreviva.

    Los medios de comunicación, incluido News Corp Australia, del magnate Rupert Murdoch, mantienen la presión para que el gobierno siga adelante.

    ¿Qué dice Facebook?

    Argumenta que «el intercambio de valor entre Facebook y los editores va a favor de los editores».

    Considera además que las empresas de comunicación generan cientos de millones de dólares en ingresos:

    «Los editores eligen voluntariamente publicar noticias en Facebook, ya que les permite vender más suscripciones, aumentar su audiencia y aumentar los ingresos por publicidad», ha dicho William Easton, gerente de Facebook en Australia y Nueva Zelanda.

    Con todo ello, la empresa de Mark Zuckerberg está impidiendo que los usuarios australianos compartan o vean noticias. La empresa sostiene que la ley propuesta por Australia «malinterpreta fundamentalmente la relación entre nuestra plataforma y los editores».

    ¿Qué dice Google?

    Google había amenazó primero con eliminar su motor de búsqueda de Australia si se aprobaba la ley. Sin embargo, ha acordado pagar a News Corp, de Rupert Murdoch, por el contenido de los sitios de noticias de todo su imperio de medios. El acuerdo es a tres años y la emporio de medios australianos dijo que va a colaborar con Google en una plataforma de suscripción, compartirían los ingresos por publicidad e invertirían en videoperiodismo en YouTube.

    Por el momento no quedan claros otros desarrollos pero Google mantiene que podría llegar a acuerdos similares con otros medios locales.

    ¿Qué esperar en otras partes del mundo?

    El gobierno y políticos de Australia creen que esta disputa podría animar a otros países a tomar medidas similares.

    En este sentido es importante seguir de cerca, por ejemplo, que Microsoft ha apoyado la propuesta de ley.

    «El código intenta razonablemente abordar el desequilibrio del poder de negociación entre las plataformas digitales y las empresas de noticias australianas», indicó Microsoft recientemente.

    Intentos similares hemos visto en Europa. Una regulación de la Unión Europea sobre derechos de autor manifiesta que los motores de búsqueda y los agregadores de noticias deberían pagar a los medios de comunicación por los enlaces.

    En Estados Unidos, las empresas de tecnología han sido cuestionadas en el Congreso. Está en discusión si su dominio se ha ido de control.

  • ¿Cuál es el secreto de las economías más innovadoras del mundo que lideran en Bloomberg?

    La investigación del cáncer, los viajes espaciales, las alternativas a la carne y las tecnologías inteligentes para el hogar se encuentran entre los principales avances de nuestro tiempo. Pero ¿qué países son líderes mundiales en investigación y desarrollo, actividad de patentes, densidad de alta tecnología y todo lo que conlleva el fomento de la innovación?

    Y más importante aún: ¿Qué condiciones cumplen estos países para estar liderando los rankings de innovación?  La principal es dejando a los emprendedores, creativos e innovadores, en libertad para que nos ofrezcan soluciones reales que mejoren nuestra calidad de vida. El gobierno, las autoridades legislativas y judiciales deben reconocer que la innovación  no puede ser guiada por decisiones que limiten o restrinjan la economía o los intercambios voluntarios en un mercado libre, mucho menos para proteger a sectores que al gozar de privilegios ofrecen un mal servicio, a altos costos y sin condiciones de calidad ni seguridad.

    El ranking de Bloomberg publicado la semana pasada muestra los países más innovadores por índice de valor. El proceso de clasificación comenzó con más de 200 economías hace ya muchos años, puntuadas en una escala de 0 a 100 en siete categorías igualmente ponderadas. Las naciones que no reportaron datos para al menos seis categorías fueron eliminadas, recortando la lista total a 111. Bloomberg publica las 60 principales economías del mundo en materia de innovación.

    Para el actual ranking, Corea del Sur ocupó el puesto más alto, después de que Alemania ganó el ranking en 2020. El país del este de Asia había estado al frente de la lista también de 2014 a 2019. Estados Unidos ocupó el puesto 11, perdió tres rangos en dos años y salió del top 10 por primera vez.

    Las clasificaciones de 2021 reflejan un mundo en el que la lucha contra Covid-19 ha puesto en primer plano la innovación, desde los intentos de los gobiernos para contener la pandemia, hasta la infraestructura digital que ha permitido que las economías la superen y la carrera para desarrollar vacunas que puedan o pretendan acabar con tal situación.

    La clasificación incluye factores como los gastos de investigación y desarrollo, el número de solicitudes de patentes nacionales y el número de empresas cotizantes públicas nacionales de alta tecnología. Corea del Sur obtuvo 90,49 de 100 puntos posibles, Holanda y Dinamarca fueron los países que más mejoraron entre los 10 primeros, subiendo cuatro y dos puestos, respectivamente.

    Las dos economías más grandes, Estados Unidos y China representan gran parte de la innovación mundial, y también están enfrascados en una batalla sobre áreas clave de política como los derechos de propiedad intelectual. La brecha entre ellos ha disminuido constantemente durante la vigencia del índice. Este año, ambos vieron caer sus rankings.

    Otros ganadores en el índice de este año incluyen a India, que volvió al top 50 por primera vez desde 2016, y Uruguay, que se clasificó por primera vez en el área latinoamericana. Argentina y Chile estuvieron entre los países que más cayeron. Y Brasil continúa sin cambios.

    Panamá, a pesar de sus muchas ventajas, no figura en esta lista. Muy posiblemente pueda deberse a que se han estado tomando decisiones a partir de normas obsoletas que fueron aprobadas en contextos y realidades distintas. Disposiciones que han sido diseñadas a la medida de grupos de interés y regulaciones que carecen de contenido técnico, por ejemplo en aspectos como los costos de transacción que se han visto disminuidos especialmente en los últimos tiempos gracias a las innovaciones tecnológicas.

    Es decir, no se les ha dado importancia a las libertades económicas necesarias para impulsar el emprendimiento, el crecimiento económico y la prosperidad, que, de esta forma, se están viendo afectadas y restringidas por decisiones intervencionistas que buscan controlar y planificar la economía, incrementando la informalidad y el desempleo, y limitando las opciones que tenemos para satisfacer nuestras necesidades a bajos costos.

    El país debería estar actualizando su regulación, y en el mejor de los casos desregulando, para generar las condiciones que permitan aprovechar las oportunidades que pueden generarse post crisis del Covid 19. Por el contrario, con medidas regulatorias y prohibiciones de corte proteccionista se está limitando la libre iniciativa y cerrando las puertas a las innovaciones disruptivas que tienen el potencial de traer importantes fuentes de ingresos, especialmente para quienes por las regulaciones e impuestos tienen que vivir en la informalidad.

    En el 2015, el multimillonario capitalista de riesgo Jim Breyer, fundador y director ejecutivo de Breyer Capital y socio de Accel Partners, frente a la audiencia del Foro de Davos, sostuvo: El mejor antídoto contra el estancamiento es la innovación, la creación de productos y servicios que mejoran la vida, ya sea aire acondicionado, vacunas o mensajes de texto. Todos los países quieren fomentar una cultura de innovación, pero no es fácil de hacer. “He tenido decenas de reuniones a lo largo de los años con líderes de todo el mundo que me preguntaron cómo pueden construir su propio Silicon Valley”, dice Breyer y se responde: “Nunca funciona”.

    Porque simplemente, la innovación no puede estar nunca al arbitrio y capricho de funcionarios judiciales, legisladores y burócratas tratando de condensar y unificar la inteligencia dispersa en una sociedad, desde su pequeñez aislada de una oficina gris sin reto y responsabilidad alguna para crear valor en la misma o ser penalizado por ello.

  • ¿Deberían las redes sociales perder su protección legal ante las demandas?

    La suspensión del presidente Donald Trump por parte de varias plataformas no cayó bien en Europa. Muchos líderes lo consideran una violación a la libertad de expresión. Debaten si el Estado debería regular a las redes sociales.

    Por Jamie Dettmer

    La decisión de los gigantes de las redes sociales de moderar más el contenido, junto con el veto al presidente Donald Trump y a algunos de sus simpatizantes que ya no pueden publicar, está intensificando un debate en Europa sobre cómo regular a plataformas como Facebook y Twitter.

    El candente debate se ha enfocado principalmente en si los gobiernos deberían intervenir para censurar o proteger la libertad de expresión, o si se debería proteger las opiniones para que no sea bloqueadas o eliminadas por los gigantes tecnológicos, sin importar cuan ofensiva sean las opiniones.

    Pero un creciente número de líderes europeos ven una tercera vía para reducir las noticias falsas, el discurso de odio, la desinformación y los ataques personales venenosos, al tratar a las redes sociales como proveedores y no como dueños de plataformas neutrales que conectan a los consumidores con creadores de contenido digital, sino como editores con derecho propio.

    Esto ayudaría a reducir los temores de censura estatal de la libertad de expresión, dicen.

    Enmendar las leyes para hacerlos legalmente responsables, así como los periódicos y otros medios de comunicación tradicionales son responsabilizados por el contenido que publican, haría a las compañías de redes sociales responsables ante demandas de difamación y calumnias.

    Al bloquear el contenido y prohibir a algunos usuarios, las compañías de redes sociales han fortalecido sin querer el argumento de que ellos son proveedores de contenido, así como ahora están tomando un rol mayor como editores de opinión.

    “Creo que hay un debate real sobre el estatus de las grandes compañías de internet y si deberían ser identificadas como simples plataformas o como editores, porque cuando empieza a editorializar, entonces estás en un mundo diferente”, dijo a un comité parlamentario el primer ministro británico, Boris Johnson, la semana pasada.

    Muchos líderes de la Unión Europea han criticado a las compañías de redes sociales por suprimir a Trump y sus seguidores de sus plataformas. Facebook ha bloqueado o borrado contenido que usan la frase “Paren el robo”, que se refiere a los falsos alegatos de fraude electoral. Twitter dice que ha suspendido más de 70.000 cuentas de creyentes de teorías conspirativas de QAnon, que creen que Trump libra una guerra secreta contra una élite de satánicos y pedófilos en el gobierno, el sector privado y los medios.

    La presidente alemana Angela Merkel expresó su preocupación sobre bloquear y borrar contenidos, diciendo que era excesivo.

    “El derecho a la libertad de opinión es de importancia fundamental”, dijo su portavoz, Steffen Seibert, a los periodistas.

    Algunos países dirigidos por gobiernos populistas, como Polonia, están considerando elaborar legislación que le prohibiría a Facebook, Twitter y otras empresas de redes sociales censurar opiniones, por temor que los censuren a ellos.

    Redes sociales y medios de comunicación

    Pero la presión política también está aumentando en otros países para que el Estado regule la libertad de expresión y que modere las plataformas de redes sociales.

    La idea de que las compañías de redes sociales deberían estar sujetas a regulaciones similares a las de prensa, radio o televisión no es nueva. Los dueños de periódicos se han enfurecido porque las plataformas de redes sociales son tratadas diferente bajo la ley en relación a los medios tradicionales.

    El año pasado, Facebook rechazó la idea de que las plataformas de redes sociales sean tratadas como medios tradicionales, argumentando en un reporte que deberían ser ubicadas en una categoría a medio camino entre los periódicos y la industria de las telecomunicaciones.

    La compañía estuvo de acuerdo en que nuevas reglas regulatorias son necesarias, pero argumentó que deberían enfocarse en el monitoreo y en mecanismos que las empresas pondrían a funcionar para bloquear publicaciones “dañinas”, en lugar de restricciones sobre las compañías que publican ciertos tipos de discursos o que sean responsabilizados por el contenido.

    El cabildeo de Johnson para que se trate a los gigantes de las redes sociales como medios tradicionales está teniendo eco en Estados Unidos, donde el Congreso aprobó la Ley de Decencia en las Comunicaciones, en 1996. Esta medida permitió a las empresas regularse a sí mismas y las protegió de ser responsabilizadas por la mayoría del contenido que se publica en sus plataformas.

    La Sección 230 de la ley dice: “Ningún proveedor o usuario de un servicio interactivo de computadora deberá ser tratado como un editor o difusor de cualquier información publicada por otro proveedor de contenido de información”.

    Irónicamente, la Sección 230 ha generado la desaprobación de tanto Trump como del presidente electo Joe Biden. Ambos han pedido que se anule dicho artículo, lo cual haría a las redes sociales legalmente responsable por lo que la gente publica, dejándolos vulnerables ante demandas por difamación y calumnias.

    La semana pasada, Biden le dijo al diario The New York Times, que el favorecía que el escudo que protege a las empresas de internet sea “revocado, inmediatamente”.

  • David contra Goliat en versión actualizada: la salvaje batalla de Wall Street con los «nerds» de Reddit

    ¿Qué esta pasando con GameStop? Es muy probable que haya escuchado esa pregunta en los últimos días. Con más de 5,000 tiendas, GameStop es una cadena minorista de videojuegos donde los clientes pueden comprar, vender e intercambiar sus juegos, consolas y accesorios de juego.

    GameStop ha visto cómo sus acciones se disparaban en las últimas semanas, impulsadas al alza por un grupo de operadores  aficionados en Reddit, que están comprando fondos de cobertura de Wall Street. El frenesí ha llamado la atención de reguladores y legisladores.

    Las acciones de GameStop se dispararon superando los $ 400 por acción el jueves temprano, subiendo más del 2,000% en lo que va del año. La mayoría de los giros de acciones de GameStop tienen que ver con un tira y afloja entre los traders de día aficionados en Reddit, una de las comunidades en línea más grandes del mundo, que están apostando a que las acciones sigan subiendo, y los administradores profesionales de los fondos de cobertura de Wall Street, que han apostado que las acciones de GameStop se hundirán.

    Es fácil ver las desventajas de GameStop, una compañía que ha cerrado 783 tiendas en dos años y enfrenta fuertes vientos en contra, habiendo cada vez más ventas de juegos y consolas en línea y a través de sus competidores: Walmart, Target, Best Buy y Amazon.

    Pero, ¿cómo se ha convertido GameStop de repente en la inversión favorita de los traders en línea del foro wallstreetbets de Reddit?

    El miércoles, un fondo de cobertura llamado Melvin Capital cerró su posición corta en GameStop después de sufrir una gran pérdida (los vendedores en corto se benefician cuando una acción baja).

    Melvin Capital y Citron quedaron atrapados en lo que se conoce como un «short squeeze», apretón corto (una situación en la que el precio de un valor aumenta significativamente, lo que hace que los vendedores en cortos cierren sus posiciones cortas), lo que obligó a los fondos a comprar más acciones de GameStop para cubrir sus pérdidas, lo que terminó elevando aún más el precio de las acciones. Esto ya sucedió antes, sobre todo con las acciones de Tesla.

    El 11 de enero, GameStop anunció que sus ventas cayeron un 3,1% durante las navidades, debido en parte a los «impactos significativos» de la pandemia, pero sus ventas de comercio electrónico se dispararon más del 300%, representando alrededor de un tercio de las ventas totales de la compañía.

    El rally de GameStop se produjo después de que los inversores vieran destellos de esperanza para la compañía este mes cuando la cadena cambió la composición de su junta directiva. La compañía afirmó que había llegado a un acuerdo con RC Ventures, uno de sus mayores accionistas, para agregar  3 miembros a su junta, incluyendo a Ryan Cohen, fundador de Chewy, una compañía de productos para mascotas en línea con un valor de $ 42 mil millones.

    Dos días después, 13 de enero, las acciones de GameStop subieron un 57%, de 19,95$ por acción a 31,40$. La acción tuvo su gran impulso cuando la comunidad r/ wallstreetbets de Reddit, ahora con más de 4 millones de miembros, se burló de una carta del 16 de noviembre de Cohen al tablero de GameStop al que más tarde se uniría.

    GameStop siguió aumentando mientras los inversores de Reddit se mantuvieron optimistas sobre sus acciones. Para el 22 de enero, cerró a $65. El lunes, terminó en casi $ 77. El martes, casi se duplicó para cerrar en alrededor de $ 148. Y el miércoles se duplicó con creces y terminó en 347,51$.

    En Reddit, un miembro de wallstreetbets, escribió la madrugada del jueves: «GME (el símbolo bursátil de GameStop) se trata de enviar un mensaje … Por todas las recesiones que causaron. Por todos los trabajos y hogares que la gente ha perdido. Por todas las personas que no pueden pagar la universidad porque el salario mínimo se ha estancado mientras Wall Street se enriquece. Para todos los comerciantes minoristas que se fueron con la bolsa. Por todas las veces que fueron rescatados con el dinero de nuestros impuestos mientras nosotros no obtuvimos nada».

    Otro miembro sugirió que los traders de Reddit eran parte de una especie de movimiento de resistencia, y escribió: «Esta no es una guerra contra los multimillonarios, pero bien puede describirse como una resistencia contra la injusticia, campo de juego desigual, etc. que ha sido desenfrenado en Wall Street desde siempre «.

    Otras empresas que están sufriendo durante la pandemia están viendo cómo sus acciones se disparan a medida que las personas en las apuestas de Reddit las exponen. Las compañías incluyen AMC Entertaiment, la cadena de cines, que se disparó más del 300% el miércoles (antes de caer un 56% el jueves), y American Airlines, que se disparó más del 30% el jueves por la mañana (cerró con un aumento del 9%).

    Robinhood, una plataforma de negociación popular para los traders jóvenes, anunció el jueves que «a la luz de la volatilidad reciente» estaba restringiendo las transacciones para ciertos valores, incluidos GameStop y AMC, y aumentando los requisitos de margen. Más tarde dijo que planeaba permitir «compras limitadas» de estos valores a partir del viernes.

    La GameStop manía se ha vuelto global, «sacudiendo las acciones de Amsterdam a Sydney, informó Bloomberg . «En Europa, los favoritos de los vendedores en corto, incluido Unibail-Rodamco-Westfield, aumentaron un 20% o más. El gigante del comercio electrónico Rakuten Inc. y el fabricante de artículos para el cuidado del bebé Pigeon Corp. subieron al menos un 6,9% en Tokio el jueves».

    El frenesí por GameStop también ha llamado la atención de legisladores y reguladores. El senador Sherrod Brown, demócrata de Ohio, presidente entrante del Comité Bancario del Senado, dijo el jueves que planeaba convocar una audiencia sobre «el estado actual del mercado de valores».

    La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, pidió el miércoles a los reguladores del mercado que tomen medidas drásticas. «Durante años, los mismos fondos de cobertura, firmas de capital privado e inversionistas adinerados consternados por las operaciones de GameStop han tratado al mercado de valores como su propio casino personal, mientras que todos los demás pagan el precio» dijo en un comunicado. «Ya es hora de que la SEC y otros reguladores financieros se despierten y hagan su trabajo, y con una nueva administración y los demócratas al frente del Congreso, tengo la intención de asegurarme de que lo hagan».

    El secretario de la Commonwealth de Massachusetts, William Galvin, el principal regulador de valores del estado, también advirtió sobre la situación. «El mercado debe ser un lugar donde se corra el riesgo, pero no un riesgo imprudente ni una situación que socave el sistema, y ​​eso es lo que estamos viendo aquí», dijo Galvin.

    Finalmente, el miércoles por la noche, la Comisión de Bolsa y Valores declaró en un comunicado que estaba «al tanto y monitoreando activamente la volatilidad actual del mercado» y que la agencia estaba trabajando con otros reguladores para «evaluar la situación y revisar las actividades de las entidades reguladas, intermediarios financieros y otros participantes del mercado».

    Vale destacar la ironía respecto a Robin Hood, el famoso personaje de la cultura popular que quitaba a los «ricos» para dar a los «desposeídos». Sin embargo, Robinhood (la aplicación) al frenar las operaciones, parece contradecirse en relación a lo que su nombre sugiere.

    Así las cosas, se trata de un caso sin precedentes en el mundo financiero global. Aunque pareciéramos estar en la era de las aplicaciones libres, los modernos Goliats logran coaccionar para restringir la comercialización de activos financieros e impedir que los Davids operen. Este especie de proteccionismo corporativo, definitivamente, no es coherente con el capitalismo y el libre mercado que se predica.

  • ¿En qué consiste el decreto ‘Buy American’ de Biden?

    El objetivo del decreto ‘Buy American’ es que «el futuro de Estados Unidos sea hecho en Estados Unidos por todos los trabajadores estadounidenses».

    Por Luis Felipe Rojas

    El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el decreto ‘Buy American’, una iniciativa que busca impulsar la compra de productos estadounidenses, siempre que sea factible, y que con ello se cierren las brechas de las exenciones que han sido por años denunciadas por medianos y pequeños empresarios.

    El texto del decreto, firmado el lunes, indica que la administración Biden busca que «el futuro de Estados Unidos sea hecho en Estados Unidos por todos los trabajadores estadounidenses».

    “El gobierno de Estados Unidos debería, siempre que sea posible, adquirir bienes, productos, materiales y servicios de fuentes que ayudarán a las empresas estadounidenses a competir en industrias estratégicas y ayudarán a los trabajadores estadounidenses a prosperar”, refiere el memorando de la Casa Blanca.

    La iniciativa sigue a la política de ‘America First’, impulsada por el expresidente Donald Trump, que aplicó mayores aranceles a producciones extranjeras, sobre todo al hierro, aluminio y a manufacturas de origen chino, en una especie de vuelta de tuerca al proteccionismo de larga data en administraciones anteriores.

    Antecedente de la iniciativa

    ‘Buy American’ arrastra como legado la Ley Buy American (BBA, por sus siglas en inglés), aprobada en 1933 al final del mandato del presidente Herbert Hoover, y que buscaba paliar la crisis de la Gran Depresión.

    La ley favoreció la compra de productos nacionales por parte del gobierno federal, lo que también se conoce como contratación pública.

    Según un informe de COFACE, una consultora chilena con presencia en más de 70 países, para 2018 el total medidas proteccionistas en el mundo era 2.5 veces mayor que en 2010 y en muchos países desarrollados como EE.UU., Japón, Australia o Canadá “la proporción de las importaciones afectadas por las medidas proteccionistas es mayor que la de las importaciones que se benefician de medidas favorables”.

    ¿Qué busca ‘Buy American?

    El mandato publicado el lunes aspira a una política de adquisiciones “responsable y transparente”, para ello, señala el texto.

    Visto así, “cada agencia debe conferir la autoridad de emisión de exenciones al liderazgo de la agencia superior, cuando sea apropiado y de acuerdo con la ley aplicable”.

    El decreto está destinado a cerrar las lagunas en las disposiciones existentes en esta meta de comprar productos estadounidenses, que estructuran los 600.000 millones de dólares en bienes y servicios que el gobierno federal compra cada año. Incluso, esta semana fue creado un alto cargo que supervise el proceso en Casa Blanca.

    Las denominadas leyes ‘Made in America’ incluyen a otras que requieren preferencia nacional para el transporte marítimo, incluida la Ley de Marina Mercante de 1920 (Ley Pública 66-261), también conocida como Ley Jones.

    Momento en que el presidente Joe Biden, acompañado por la vicepresidenta Kamala Harris, firma la orden ejeccutiva ‘Buy American’ el 25 de enero de 2021.

    Es competencia de cada director de agencia considerar “suspender, revisar o rescindir” las acciones de la agencia que sean inconsistentes con la política ya establecida para la adquisición de productos nacionales.

    Momento en que el presidente Joe Biden, acompañado por la vicepresidenta Kamala Harris, firma la orden ejeccutiva ‘Buy American’ el 25 de enero de 2021.

    La Voz de América solicitó comentarios a Emilio Morales, Presidente y CEO de Havana Consulting Group, un equipo con sede en Miami, Florida y especializado en  planeación estratégica de mercado.

    Morales afirma que esta “es una medida que da continuidad a la política que comenzó el expresidente Donald Trump, que consiste en estimular la economía norteamericana desde adentro, generando empleo en nuestro país y haciendo regresar a nuestras empresas que por muchos años se radicaron en el exterior”.

    “Joe Biden quiere lograr una rápida recuperación de la economía norteamericana generando miles de empleos en un momento que el país tanto lo necesita, de paso envía un mensaje a China de que el camino y la línea trazada por el expresidente Trump es la ruta a seguir”, vaticinó Morales a la VOA.

    Una oficina de control

    Para llevar a efecto las fiscalización del programa, así como la aprobación de las exenciones, el presidente ha anunciado la creación de un alto puesto en el gobierno con la Oficina de Made in America (Director de ‘Made in America’), quien será designado por el Director de Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés).

    Biden ha dado seis meses (180 días) para que cada agencia rinda un informe detallado ante el director de Made in America sobre cómo se cumplen las leyes en cuanto a este mandato, y por qué y cuáles son los bienes, productos, materiales y servicios que no están sujetos a la modificación actual.

    Para que una agencia gubernamental otorgue una exención que busque comprar productos o componentes en el exterior, ésta deberá proporcionar al director de Made in America “una descripción de su exención propuesta y una justificación detallada para el uso de bienes, productos, o materiales que no hayan sido extraídos, producidos o fabricados en Estados Unidos”, señala el texto de la orden ejecutiva.

    Las agencias tiene 45 días después de que sea nombrado el director de Made in America, y según corresponda posteriormente, el Director de OMB, para publicar una lista con la información de las exenciones señaladas y sus respectivas justificaciones.

    Asimismo el director de Made in America tiene 15 días para notificar al director de la agencia otorgante el rechazo y la argumentación que hace de la propuesta presentada.

    Estas propuestas y sus negativas a ser implementadas serán publicadas siempre “que lo permita la ley y de acuerdo con los intereses de confidencialidad de la seguridad nacional y la rama ejecutiva”.

  • Biden ordenó el recálculo del costo social del carbono. ¿Afectará su economía? Sin dudas

    En una misiva enviada a la nueva Administración Biden-Harris, 12 jóvenes activistas globales del cambio climatico y  seguidores de Greta Thunberg, les solicitaron: “Ser mejor que Trump no es suficiente. …nuestro presupuesto de carbono para evitar los peores efectos del calentamiento global se está agotando en aproximadamente siete años. … Los objetivos de emisiones cero para 2050 llegan demasiado tarde. Sean más valientes y aumenten el apoyo a las medidas climáticas aún más en los actuales paquetes de estímulo. Sólo una transición gradual hacia la energía renovable no será suficiente para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.».

    Y el 20 de enero, su primer día en el cargo, la administración Biden recreó un grupo de trabajo interinstitucional (IWG) y les ordenó que actualizaran el “costo social del carbono” dentro de los próximos 30 días. Muchos economistas creen que el costo, fijado tan bajo como $ 1 durante la administración Trump, aumentará hasta $ 125 en el próximo mes, y aún más alto en enero de 2022, cuando el IWG debe proporcionar un número final. La actualización podría conducir a regulaciones más estrictas sobre gases de efecto invernadero (GEIs). Y está muy atrasado, dice Tamma Carleton, economista de la Universidad de California (UC), Santa Bárbara. “Ha habido un gran cambio en la ciencia que no se ha reflejado en las políticas”.

    Durante los últimos 4 años, la administración Trump derogó casi 100 leyes medioambientales y flexibilizó la regulación de la industria de los combustibles fósiles; ello redujo el “costo social del carbono”, una medida que implicó tickets aéreos bajos, estándares de eficiencia de electrodomésticos flexibles, centrales eléctricas produciendo a costos competitivos, etc. Pero ahora el costo —el precio por tonelada de dióxido de carbono (CO2) emitido, metano y óxido nitroso— aumentará drásticamente.

    Calcular el costo social del carbono es complicado y se basa en complejas consideraciones que jamás podrán abarcar la acción humana. La mayoría de los economistas utilizan modelos de evaluación integrados (IAM), herramientas que popularizó por primera vez el economista William Nordhaus de la Universidad de Yale, quien en 2018 ganó un Premio Nobel por su trabajo. Los IAM proyectan la población, el crecimiento económico y las emisiones de gases de efecto invernadero a varios cientos de años en el futuro y utilizan un modelo climático simple para estimar el calentamiento en esos escenarios. Luego, calculan el daño económico que resulta de este calentamiento (inundaciones, muertes por calor y más) y el costo resultante en el producto interno bruto (PIB) de una nación. Este daño económico se traduce en un precio presente utilizando una tasa de descuento, que representa tanto el mayor poder adquisitivo esperado de las generaciones futuras (que baja el precio actual) como el valor que le damos a evitar daños a ellas (lo que lo eleva).

    Esa cifra está diseñada para reflejar el equivalente monetario de los daños causados por una tonelada de emisiones de carbono. Por esa razón, es fundamental para las decisiones sobre la rigurosidad de las próximas regulaciones del poder ejecutivo que regirán la economía de los combustibles de automóviles y camiones, los límites de emisiones para las centrales eléctricas, los requisitos de eficiencia energética para los electrodomésticos y mucho más.

    Si el costo social del carbono se fija alto, veremos regulaciones agresivas que reducirán significativamente el riesgo de cambio climático. Si el costo social del carbono se establece bajo, el riesgo no se reducirá tanto según esta visión reguladora de los científicos.

    En 2009, la Administración del presidente Barack Obama dijo que el costo social del carbono sería de alrededor de US$52 en 2020. En 2017, el presidente Donald Trump y sus representantes redujeron esa cifra a entre US$1 y US$6.

    La mayor parte de la diferencia se debió a diferentes respuestas a una misma pregunta: si tenemos en cuenta el daño causado por una tonelada de emisiones de carbono, ¿debemos considerar el daño a todo el mundo, o simplemente el daño solo a los Estados Unidos?

    El Gobierno de Obama eligió la medida global. La Administración Trump eligió la medida interna.

    Ahora bien, todos estos modelos utilizados para parametrizar y querer definir el comportamiento global desde un par de oficinas convenientemente climatizadas, llevan siempre a resultados equidistantes unos de otros dependiendo de qué factores utilizar; y es importante en este punto aclarar lo siguiente cuando desde la maquinaria mediática mundial se nos aterroriza con el cambio climático (antes calentamiento global) y logran así apoyo irrestricto a ojos cerrados (casi como ahora con el Corona virus): el carbono es un elemento; el dióxido de carbono es un compuesto. El carbono es un sólido; el dióxido de carbono es un gas. El carbono, como las cenizas en el aire, el polvo, etc, puede ser dañino para la salud; el dióxido de carbono es inocuo, salvo en concentraciones muy altas (por encima de las 10.000 partes por millón) y aun así solo después de un exposición larga y continua. Al contrario que el carbono, el dióxido de carbono es inodoro e incoloro y, excepto lo destacado, no solo no es tóxico, sino que es indispensable para la fotosíntesis (¿recuerdan el ciclo de vida de las plantas?) y por tanto para toda la vida. El “carbono”, entonces, hace que la gente piense en hollín, humo, cielos nublados, grises; el “dióxido de carbono”, no.

    Por eso los partidarios de lo verde, los Greta followers, los comunicadores e influencers del tema, convenientemente llaman a reducir “las emisiones de carbono” en lugar de “emisiones de dióxidos de carbono”. Y aunque parezca semántica la diferencia, en realidad, lo que subyace por debajo es una portentosa maquinaria global combinada de impuestos, protecciones, subsidios y regulaciones diseñadas desde la fatal arrogancia, que siempre define perdedores y ganadores.

    Por ejemplo, en los últimos modelos utilizados, se consideraba que para estimar el costo social del carbón, se debía analizar la “función de daño’”, pero era sesgada hacia lugares ricos y templados. Ahora, los economistas del Climate Impact Lab, un consorcio académico, están haciendo estas estimaciones sector por sector, país por país, basándose en conjuntos de datos masivos que capturan, por ejemplo, cómo los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el efecto invernadero ya han reducido los rendimientos agrícolas o han impulsado aumentar la mortalidad. Se espera una serie de estos estudios para el próximo año, a tiempo para informar el número final de IWG.

    Aunque es probable que estos estudios de función de daños aumenten el costo social del carbono en general, Tamma Carleton, investigadora del citado Instituto, dice que las tendencias sector por sector no siempre son intuitivas. Por ejemplo, gran parte del costo del carbono de la era de Obama estaba relacionado con el aumento de la demanda de energía y el gasto en aire acondicionado. Pero según las nuevas estimaciones, es probable que el gasto energético total disminuya ligeramente, ya que la disminución de la demanda de calefacción supera la lenta adopción de los dispositivos de refrigeración en los países más pobres. La mortalidad relacionada con el calor es una historia diferente: las estimaciones anteriores de IWG lo hacían contribuyendo $ 2 al costo total del carbono. Pero nuevas estimaciones empíricas sugieren que las muertes por calentamiento superarán rápidamente la caída en las muertes por congelación, agregando aproximadamente $ 23 a la cifra de costos.

    Estas funciones de daño aún conllevan grandes incertidumbres, dice Ben Groom, economista de la Universidad de Exeter. Las capas de hielo podrían colapsar más rápido de lo previsto, las costas inundadas o podrían surgir nuevas tecnologías para ayudar a mitigar o adaptarse al cambio global, reduciendo su daño económico. “En general, no tenemos idea de cuáles serán los daños, en realidad”, dice Groom. “Con su dependencia del PIB, los modelos tampoco hacen un gran trabajo al capturar lo que hace feliz a la gente, incluido el valor de la naturaleza y la biodiversidad”, dice Frances Moore, de la Universidad de California Davis. El año pasado, Moore publicó un estudio que intentó dar cuenta de esos valores y multiplicó por cinco el costo del carbono.

    Han observado, ¿verdad?? ¿Podrían estandarizarse cada una de los millones de conductas, gustos y preferencias de los habitantes de este planeta como se pretende??

    Y ahora vayamos a lo realmente importante del asunto y cómo su/nuestra economía puede cambiar radicalmente a pesar de vivir en un país distinto, estar desconectado (en apariencia) del Acuerdo de París y cuestiones que jamás deberían interferir con nuestros proyectos de vida.

    Sobre el comercio internacional puede haber ligeras pérdidas de competitividad en los US, de acuerdo a países sólidamente posicionados frente al cambio brusco en tasas “verdes” aplicadas. Respecto al efecto sobre los precios relativos, la nueva política ambiental provoca 1) una disminución del precio del trabajo y del capital y 2) un aumento de los precios de la energía y los permisos de emisión. A medida que los permisos de emisión son más escasos aumenta el precio de los factores y productos intensivos, el precio del factor trabajo disminuye debido a que la política climática induce una menor acumulación de capital, y si la tasa de capitalización disminuye, los salarios tienden a disminuir.

    Los impactos sectoriales surgen de una combinación de efectos por el lado de la oferta, donde los sectores más intensivos en emisiones aumentan sus costos de producción y por el lado de la demanda, donde el precio más alto de los productos intensivos en emisiones hace disminuir su consumo.

    Los sectores más afectados serán el de extracción de carbón, de extracción de crudo y gas, el sector Industria del refinado de petróleo y el sector Gas natural, la minería , etc. El sector Eléctrico aún cuando la producción de electricidad es más flexible. Un grupo amplio de sectores como la Agricultura, Industria química, Industria metálica, Manufactura, Transporte aéreo, Transporte por carretera, verá afectada su actividad productiva.

    Posiblemente haya un cambio en uno de los pocos sectores que pudiera aumentar su actividad , que es el sector Transporte marítimo. Aunque es más intensivo en emisiones de gases de efecto invernadero, (GEIs) lo es menos que sus sustitutos más cercanos: el sector Transporte terrestre y el sector Transporte aéreo. Esto provoca que parte de la actividad de transporte de pasajeros y mercancías se canalice a través de dicho sector. Y si bien inicialmente esto sucederá en los Estados Unidos, y podría alegrarnos que en Panamá tuviéramos eventualmente más tránsito por el Canal, no dejemos de pensar que por la misma razón, se pudieren perder turistas. Siempre va a haber una distorsión en la economía. Por esa razón, nunca es buena la planificación centralizada. Nunca. Los ganadores y perdedores deben definirse en el mercado, no desde una regulación.

    Otra consecuencia, incluso inesperada, que podría afectarnos en el país, es que Janet Yellen, defensora de la acción climática desde hace mucho tiempo y partidaria de la fijación de precios del carbono, ha sido nombrada como secretaria del Tesoro. Junto con la reciente decisión de la Reserva Federal de unirse a la Red para un Sistema Financiero más Ecológico (NGFS por sus siglas en inglés), Yellen tendría un sólido mandato para incorporar el riesgo climático en las responsabilidades de supervisión básicas de los reguladores financieros.

    Aunado a lo anterior, las industrias y mayores emisores de carbono, ante el aumento considerable ya previsto, pudieran cruzar fronteras en busca de jurisdicciones no reguladas o con regulaciones más livianas, para evitar pagar la parte que les corresponde de los costos.

    Y ello dará pie a más generaciones de listas de países no cumplidores y burocracias para prevenirlos. Y ya debemos decir basta a las listas señaladoras de virtud.

    Qué conveniente, que mientras los sectores productivos deberán trabajar cada vez más para asumir más costos que más tarde o más temprano terminarán pagando los sectores más vulnerables, del otro lado, se mantiene una burocracia parasitaria estatal globalizada y eximida de todo impuesto, que seguirá viajando en primera clase en aviones comerciales, cuando no jets privados, alojándose en hoteles de primera clase y dando conferencias que seguirán impregnando el miedo a las masas, para así mantener férreo el privilegio del que gozan gracias a los tontos útiles, que en lugar de cuestionar, sólo aplauden y demandan “hacer algo», cuando la solución está en el mercado y no en los gobiernos, y más aún, en un gobierno que lidera a nivel global, nos guste o no.

    Increíblemente, les cargan a las futuras generaciones el pago de una pesada deuda tomada para todos estos proyectos verdes, pero no les importa, porque en el largo plazo estaremos muertos, como decía Keynes; pero en este caso, contradictoriamente, sí actúan queriendo proteger a las futuras generaciones, que posiblemente gracias a esto, vivan una vida más verde, eso sí, como en las cavernas, con más naturaleza y aguas claras, pero miserables. ¿Cómo se atreven?

  • El pasaporte japonés es el más poderoso del mundo, aún en pandemia. ¿Cómo se ubica el de Panamá?

    Con el término ‘poder de pasaporte’ y adquiriendo actualmente un significado muy diferente frente a la pandemia, se ha publicado el último Henley Passport Index, la clasificación original de todos los pasaportes del mundo según la cantidad de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin una visa previa. Este índice utiliza datos de la Asociación de transporte aéreo internacional (IATA) para sus mediciones, que cubren 199 pasaportes y 227 destinos de viaje.

    Sin tener en cuenta las restricciones temporales, Japón ocupa la primera posición en el índice, pudiendo acceder los titulares de este pasaporte a 191 destinos en todo el mundo sin visado. Este es el tercer año consecutivo en que Japón ocupa el primer lugar, ya sea solo o junto con Singapur.

    Singapur ocupa el segundo lugar, con acceso a 190 destinos, y Corea del Sur ocupa la tercera posición junto con Alemania, y ambos tienen una puntuación de 189 sin visa / visa a la llegada. Los diez primeros puestos son completados por otros seis países europeos.

    Este ascenso de los países de la región Asia-Pacífico (APAC) es un fenómeno relativamente nuevo. Durante los 16 años de historia del índice, los primeros lugares los ocupaban tradicionalmente los países de la Unión Europea (UE), el Reino Unido o los EE. UU., pero el equilibrio de poder está cambiando, y los expertos sugieren que la posición de fortaleza de la región APAC continuará, ya que incluye a algunos de los primeros países en comenzar el proceso de recuperación de la pandemia. Mientras tanto, aunque China sigue viendo un fuerte aumento en el número de turistas emisores, el país se ha deslizado desde 2019 del puesto 117 al 122 después de eliminar a tres países de su lista de sin visado / visado ​​a la llegada.

    Por otra parte y debido a las limitaciones de viaje relacionadas con la pandemia, los viajeros tanto del Reino Unido como de los EE. UU. enfrentan actualmente restricciones importantes en más de 105 países, y los titulares de pasaportes de EE. UU. pueden viajar a menos de 75 destinos, mientras que los titulares de pasaportes del Reino Unido tienen acceso a menos de 70. En los últimos siete años, el pasaporte estadounidense ha caído del puesto número uno al séptimo lugar, posición que comparte actualmente con el Reino Unido.

    Los 10 pasaportes más poderosos según Henley Passport Index:

    Japón (191)
    Singapur, (190)
    Alemania, Corea del Sur (189)
    Finlandia, Italia, España, Luxemburgo (188)
    Austria, Dinamarca (187)
    Francia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Suecia (186)
    Nueva Zelanda, Bélgica, Noruega , Suiza, Reino Unido, Estados Unidos (185)
    Australia, República Checa, Grecia, Malta (184)
    Canadá (183)
    Hungría (182)

    Los pasaportes menos poderosos:

    Bangladesh, Irán (41)
    Kosovo, Líbano, Sudán (40)
    Corea del Norte (39)
    Libia, Nepal (38)
    Territorio Palestino (37)
    Somalia, Yemen (33)
    Pakistán (32)
    Siria (29)
    Irak (28)
    Afganistán (26)

    Hubo relativamente pocos acuerdos de visa de alto perfil entre países durante 2020 por las razones que ya conocemos, con la notable excepción de los Emiratos Árabes Unidos, que ha continuado su ascenso sostenido en el índice. El país firmó varios acuerdos de exención de visa mutuamente recíprocos el año pasado, incluido un acuerdo histórico negociado por Estados Unidos que establece lazos formales con Israel y otorga a los ciudadanos de cada país acceso sin visa al otro. Los Emiratos Árabes Unidos ahora tienen una puntuación de 173 sin visa / visa a la llegada y ocupa el puesto 40 en la tabla. Otros ascensos notables incluyen Omán (pasando del lugar 113 al 111) y Arabia Saudita, que ha subido cuatro posiciones al puesto 115 en comparación con el índice anterior, después de agregar cuatro nuevos países a los que se puede acceder sin una visa previa.

    En cuanto a la región latinoamericana, Chile ocupa la 1º posición, en el número 14, seguido de Argentina y Brasil. Panamá este año logró ganar un escalón y sobrepasar a Paraguay; el pasaporte panameño brinda entrada a 142 países sin visa y en el ranking global se ubica en el puesto 35. El pasaporte venezolano ocupa el número 10 de Latinoamérica (38 a nivel global), por encima de países como Guatemala, Perú y Colombia. Los pasaportes latinoamericanos al final de la lista son Haití, Cuba y República Dominicana y Bolivia.

    El presidente de Henley & Partners, Christian H. Kaelin, dijo que Covid obviamente ha sido un factor importante durante el último año. «Hace apenas un año, todos los indicios eran que las tasas de movilidad global continuarían aumentando, que la libertad de viaje aumentaría y que los titulares de pasaportes poderosos disfrutarían de más acceso que nunca», dijo Kaelin.

    «El bloqueo global anuló estas brillantes proyecciones y, a medida que las restricciones comienzan a desaparecer, los resultados del último índice son un recordatorio de lo que realmente significa el poder del pasaporte en un mundo trastornado por la pandemia», concluyó Kaelin.

    Pero los expertos también sugieren que en términos de movilidad global futura, no podemos esperar un retorno a los patrones prepandémicos. El exitoso Dr. Parag Khanna, auto de «El futuro es asiático» afirmó que el sistema no volverá a ser lo que era, y que la nacionalidad por sí sola ya no será suficiente para garantizar un tránsito seguro. «Incluso para pasaportes todavía poderosos como Japón, Singapur, Corea del Sur y miembros de la UE, se requerirán protocolos adicionales para volver a lograr una movilidad relativamente sin fricciones».

  • Qué se discute detrás de las medidas tomadas por las redes sociales??

    Voy a intentar hacer algunos puntos aquí sobre la discusión generada a partir del cierre de cuenta de Twitter a Trump.

    A mediados de los 90s, casi al final, Internet comenzaba a masificarse; el auge de las páginas web, los foros, los incipients chat rooms y demás, llevaron a que los que participaban de la industria comenzaran a discutir si era posible una neutralidad de la red de redes, para preservar los derechos básicos de los participantes.

    Un joven idealista abogado californiano fue uno de los precursores  y contribuyentes a la redacción de la Communications Decency Act, la famosa 230, que puso en vigencia Bill Clinton en 1996. Lo recuerdo perfecto porque fue la imagen que tomé en su momento para mi ponencia (Es posible una regulación en Internet?) en ECOMDER, el primer congreso sobre Derecho y Tecnología en la red, hosteado por la Universidad de Buenos Aires, pionera en su momento sobre estos asuntos.

    La 230, fue estatuída para mantener la neutralidad en la red, esto es, eximir a quienes en esos momentos eran emprendedores en la red, a mantenerse exentos de responsabilidad por los contenidos que los usuarios compartían, subían, hosteaban, como quieran llamarlo. Al estar protegidos legalmente, la explosión de la red fue imparable.

    Gracias a ello, el mundo es otro hoy día, no tengo dudas. Siempre fui defensora de la 230 y pretendo que así se mantengan las cosas.

    Sin embargo, un poco de historia sobre la prístina 230, nos da cuenta que se fue manchando de a poco, quizás algunos de ustedes recuerden las subastas de artículos nazis en Ebay y el conflicto en su momento que generó, algún que otro pedófilo, o ataques terroristas que fueron de a poco siendo justificativos para alguna enmienda a la 230. Por ejemplo, la pedofilia ya está excluída de esta eximición de responsabilidad legal que les cabe a estas plataformas.

    Pero lo que ha estado siempre protegido, incluso cuando hubo algunas causales que ponen a uno a pensar (utilización de las redes para comunicar actos terroristas, violentísimos actos de persecuciones civiles, llamados atentatorios contra gobiernos legítimos instaurados, etc), fue la libertad de expresión. Siempre, porque si se ponían a los dueños de las plataformas (se habrán dado cuanta ahora quienes dicen «mi muro» es una irrealidad?) a ser responsables de lo que cada loco anda por ahi proclamando, se terminaba con la neutralidad en la red e incluso los costos de ejercer esos vetos (fact checking hoy día) implicaban que se hiciera imposible el acceso a todos «gratuitamente». La cuestión es que esto último es lo que hace la diferencia en la discusión en estos días.

    Cuando Facebook o Twitter vetan opiniones, cierran cuentas o demás acciones respecto a un posteo de un usuario, hacen editorial y dejan de ser neutrales. ¿ por qué editorializan se preguntarán? la respuesta es simple, con esas acciones de permitir/vetar se produce la opinión. Y la opinión no es neutral.

    Sin embargo,  aún existe el otro argumento, el que subraya: «son empresas privadas, pueden hacer lo que quieran, cuando uno accede firma términos y condiciones».

    Pues bien, la idea del contrato de adhesión, porque esto es lo que uno hace cuando pone «I agree» al colocar sus datos en cualquiera de estas plataformas, significa que uno acepta lo que venga, no hay posibilidades de discusión para modificar alguna cláusula o discutir algunos artículos. Se pone el gancho y voilá, estamos adentro. Si cuento con los dedos de la mano quienes han leído eso, me sobran dedos. No importa, el asunto es que siempre, siempre, al final, cualquier contrato debe tener para ambas partes un sentido de justicia, donde ambos ganan. Es pasar de una situación menos satisfactoria a una mejor. Acción humana.

    Ahora bien, entendiendo lo anterior, la empresa brinda acceso «gratuito» y el user brinda primeramente sus datos y luego contenido, luego contactos, y así van creciendo estas redes. Lo «gratuito» no es tal, dado que lo más valioso es la persona que entrega contenido; en fin, para no dar tanta vuelta, el «producto» termina siendo uno. Cuando uno da «like» o cuando uno cuenta algo en esa plataforma social (que reitero, no es propiedad de uno el famoso muro, es de los dueños de esa red), se genera una ganancia para los accionistas de esa compañía. Eso podría ser en definitiva el intercambio final, datos por servicio, aún cuando los términos y condiciones digan lo que digan.

    Cuando la compañía decide cancelar unilateralmente ese servicio, se alteran los términos de ese contrato, se produce un desequilibrio y en cualquier instancia de la vía civil o comercial, uno podría demandar tal situación. Y aquí nos encontramos que será inútil, porque esa compañía podrá ser demandada, pero finalmente la demanda será desestimada por la 230 famosa. Aquí cabe aclarar que mientras la 230 permanece incólume frente al free speech, los «términos y condiciones» impuestos por cada plataforma cambian a cada rato sin que el «user » pueda hacer algo. Me dirán, «puede salirse», es cierto. Pero no es tan fácil salirse sin costos para el user, pérdidas de contactos, incluso memorias de negocios, dado que hoy muchos negocios se hacen por allí, etc, etc. Y si ese costo pudiese ser demandado, reitero, no habría problemas.

    Entonces, no es tan cierto que este asunto es sobre una empresa privada y se pide regulación para la misma. Al contrario, lo que se pide es que se siga cumpliendo con la 230, que es un reflejo de la autoregulación que las mismas empresas pioneras se dieron (no éstas nuevas, que surgieron gracias o al amparo de esa 230). Si eso no se hace, lo que sí entonces va a suceder es que se regule, más tarde o más temprano, y nos vayamos a una red de redes controlada y mientras la controlen los «buenos», no pasa nada, pero parafraseando a Popper, debemos tener instituciones para que cuando gobiernen los malos, no nos hagan daño, o hagan el menos posible.

    Por último, lo maravilloso del mercado, es que habrá muchas soluciones que encuentren una respuesta más adecuada a los usuarios. También otra enseñanza es que nunca, nunca, hay almuerzo gratis. Si el pago somos nosotros, quizás es hora de reflexionar y buscar soluciones descentralizadas. Así comenzó Bitcoin, así habrá muchas más soluciones de pago, de comunicaciones o de intercambios más equilibrados.

    Unos consejos no solicitados, pero ahi van: utilicen soluciones que tengan mejores protecciones para su privacidad. Tor, Brave, incluso Firefox son mejores que Google. Signal en lugar de whatsapp, protonmail en lugar de gmail. Alojen sus webs en servidores por fuera de AWS, (ya incluso por una cuestión ética en esta última), hay millones de proveedores de hosting en el mercado. Y si van a salirse de Facebook, les aconsejo que vayan a el sector de settings, luego ingresen a Your FB information, y de ahi, acceden a Download your info y se bajan a su disco toda su información guardada ahi desde el día que se afiliaron. Facebook igual ya tiene una copia suya de toda su vida, pero al menos usted la recuperará para una futura migración a otro lado. Aquí les dejo unas capturas de pantalla sobre cómo se hace. Espero les sea útil.

    No se trata hoy de Trump, se trata de libertad lo que estamos discutiendo. La defensa es para que a futuro, no seamos nosotros mismos víctimas de una cancelación.

  • Un exchange de criptomonedas obtiene una victoria contra el regulador bancario en Chile

    El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile (TDLC) falló a favor de la casa de cambio de criptomonedas Buda.com en una derrota para las entidades Banco Itaú y BancoEstado, que vienen confrontándose legalmente desde 2018, después de que cerraran las cuentas corrientes del exchange de Bitcoin y otras monedas digitales, y basándose ahora en el caso de la estafa con criptomonedas de la empresa fantasma Terra Finance.

    Buda.com un exchange de criptomonedas latinoamericano con sede en Chile que opera actualmente en 4 países de la región (Chile, Argentina, Perú y Colombia). La plataforma funciona como una casa de bolsa, ya que permite hacer intercambios en un mercado poblado por otros usuarios, bajo la modalidad de trading o intercambios rápidos.

    El conflicto entre las entidades bancarias y el exchange Buda.com inició en 2018, cuando ambas partes se vieron las caras ante el TDLC en Chile. Por un lado, las entidades acusaban a la casa de cambio de criptomonedas de servir para «perpetuar fraudes» y por el otro la casa de cambio se defendió al alegar que se aplica las regulaciones pertinentes. La acusación del banco fue presentada nuevamente por Itaú ante el TDLC en febrero de 2020 y reitarada en septiembre del año pasado, citando un caso de suplantación de identidad y fraude por 26.000 dólares.

    El banco afirma que el dinero de una de sus clientes fue transferido sin autorización a una cuenta de Buda en el propio banco. «Durante los últimos días de febrero de 2020 y valiéndose de datos bancarios falsificados de la cliente, una cuenta de email falsa, y de una copia digital de su cédula de identidad, se transfirieron $ 20 millones (de pesos o 26.000 dólares) desde su cuenta corriente a la plataforma Buda.com, donde se creó un perfil de usuario a nombre de esta persona y  posteriormente se adquirieron criptomonedas».

    Una vez detectado el fraude el cliente formalizó la denuncia ante el Ministerio Público, mientras que los bancos apuntaron contra Buda.com al decir que el exchange no cuenta con sistemas eficaces de cumplimiento regulatorio. Las dos entidades justificaron su decisión al mencionar la estafa que afectó ahora a cuatro clientes más de Buda.com, a los que le fueron sustraídos casi $ 100 millones por parte de la empresa fantasma Terra Finance.

    “Buda está permitiendo indirectamente el uso de  los sistemas de Itaú por otros exchanges de criptomonedas, de reconocido riesgo, sin que pueda hacer nada al respecto”, acusó Itaú Chile. Sin embargo, el TDLC resolvió rechazar las solicitudes.

    “Los nuevos antecedentes presentados no desvirtúan la presunción grave del derecho que se reclama o de los hechos denunciados en la demanda”, señaló la resolución del Tribunal.  “La banca no ha logrado presentar antecedentes suficientes para desestimar la presunción grave de hechos atentatorios contra la libre competencia que el Tribunal determinó para otorgar la medida cautelar a favor de Buda.com”, afirmó el jefe legal de la empresa, Samuel Cañas.

    Por su parte, el cofundador y CEO de Buda.com, Guillermo Torrealba, agregó que al juicio aún le falta un año para culminar según los abogados y que, para esta decisión, Buda.com contó con los votos de 4 jueces de un total de 5, sumándose así un voto más de los magistrados con respecto al fallo anterior.

  • El Banco Central de las Bahamas habilitó el Sand , su moneda digital y primera en el mundo de este tipo

    Las Bahamas, ese conjunto de más de 300 islas y pequeños  islotes, ha tomado la iniciativa mundial en el lanzamiento de una moneda digital, el Sand. Incluso superaron a China, que ha estado probando una moneda digital en ciudades seleccionadas, pero no ha realizado aún un despliegue oficial.

    “Sand Dollar está disponible en todo el país. El Sand Dollar está habilitado desde hoy. Comuníquese con estas instituciones financieras autorizadas y supervisadas por el Banco Central de las Bahamas para obtener más detalles.” Con estas palabras, el Banco Central de las Bahamas, en una publicación de Facebook el 21 de Octubre pasado, alertó a sus casi 400.000 residentes repartidos en sus islas, del lanzamiento de la moneda digital del banco central del país.

    El Banco Central de Bahamas lanzó la moneda digital basada en tokens diciendo que tiene el potencial de impulsar la actividad económica y, por extensión, la inclusión financiera, ya que a partir del endurecimiento de las políticas KYC y AML, el gobierno de las Bahamas consideró que buena parte de la población quedaba marginada del sistema. El lanzamiento del mes pasado se produjo en un momento en que las Bahamas había estado respondiendo al impacto de varias tormentas que destruyeron los medios de vida y los negocios de gran parte de su población que vive en las islas exteriores. Las Bahamas ha encontrado una forma innovadora para que sus ciudadanos, extendidos a lo largo de la cadena de islas, tengan servicios financieros confiables, incluso sin una sucursal bancaria.

    Según el esquema publicado por el Banco Central de las Bahamas, el Sand Dollar es una moneda fiduciaria digital, no una criptomoneda: «Una moneda fiduciaria digital no sería una ‘moneda criptográfica’ en ningún sentido que se parezca a los instrumentos privados existentes. Sería un pasivo identificable del Banco Central de las Bahamas, equivalente en todos los aspectos al papel moneda. Su valor sería el mismo que el de la moneda existente. La moneda digital tampoco sería una moneda estable, o una moneda paralela, en el sentido de que no derivaría ningún valor separado de las reservas externas que respaldan los pasivos a la vista del Banco Central.».

    Su lanzamiento no ha pasado desapercibido en el mundo de la innovación de la moneda digital del banco central (CBDC). La Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) apoya estos movimientos ya que su misión es promover el acceso a servicios financieros de calidad para las poblaciones más pobres. La Alianza señala el papel de CBDC en la aceleración de la digitalización para las economías emergentes y en desarrollo en medio de COVID-19.

    Algunos otros países del Caribe también han estado probando monedas digitales en su entorno de pruebas regulatorio, con socios designados en el sector financiero que permiten a sus bancos centrales establecer el marco regulatorio para la eficiencia y salvaguardar los intereses de los consumidores. Se considera que las CBDC aprovechan características simples para ayudar a los grupos con bajos niveles de alfabetización, algo que está muy en línea con los esfuerzos en el Caribe.

    El año pasado, durante las reuniones en Nassau, Bahamas, los miembros del grupo de trabajo de servicios financieros digitales de AFI acordaron explorar los vínculos relevantes entre las monedas digitales y la inclusión financiera. El optimismo es alto en Nassau y el director de soluciones electrónicas del banco central, David Chen, expresó su esperanza de que el Sand y las políticas relacionadas crearán un efecto dominó y proporcionarán vínculos claros y evidencia para la inclusión financiera, para que otros países puedan seguir su ejemplo.

    Las CBDC han sido un tema candente este año; China, por ejemplo, parece estar cerca de lanzar su yuan digital, que en los últimos días ha visto su mayor prueba pública. Otros, como Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea, están analizando sus respectivos lanzamientos de CBDC.

    En la primera fase del lanzamiento de Bahamas, los actores del sector privado, como los bancos y las cooperativas de crédito, preparan los controles de cumplimiento para las billeteras personales y empresariales para respaldar el Sand. El dólar de arena está respaldado 1: 1 al dólar de las Bahamas (BSD), que, a su vez, está vinculado al dólar estadounidense.

    Las billeteras digitales estarán protegidas con seguridad de autenticación de múltiples factores y estarán basadas en dispositivos móviles, atendiendo al 90% de la población con teléfonos inteligentes.

    A partir de junio de 2018, el Proyecto Sand Dollar tenía como objetivo facilitar la inclusión financiera de los residentes repartidos por el estado isleño escasamente poblado, algunos de los cuales han sido aislados de los servicios bancarios.

    “Muchos de los residentes de esas islas más remotas no tienen acceso a la infraestructura de pagos digitales ni a la infraestructura bancaria. Realmente tuvimos que adaptar el esfuerzo y la solución a lo que necesitamos como nación soberana ”, explica Chaozhen Chen, subgerente de eSolutions en el Banco Central de las Bahamas.

    La introducción de la moneda digital reduciría, al mismo tiempo, la incidencia de la falsificación, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas basadas en efectivo, según Cleopatra B Davis, directora del Departamento Bancario del Banco Central. Entonces, como parte de una prueba piloto el año pasado, el Banco Central emitió un total de 48,000 Sands en las islas más pequeñas de Exuma y Abaco, las cuales tienen una población combinada de menos de 25,000 personas.

    El éxito del proyecto piloto significó, por lo tanto, que la emisión nacional del Sand permitiría a todos los bahameños usar sus teléfonos inteligentes para pagar bienes y / o servicios con cualquier comerciante que tenga una billetera electrónica aprobada por el banco central en su dispositivo móvil. Desde 2017, aproximadamente el 90 por ciento de los bahameños usan un teléfono móvil, dijo blockchain.newsreport.

    Liderando el Caribe

    Mientras tanto, otros bancos centrales del Caribe se están preparando para introducir sus propias monedas emitidas por el Estado.

    El mes pasado, el Banco Central del Caribe Oriental (ECCB) reveló que se estaba acercando al lanzamiento de su propio CBDC, DCash, para su uso en esa unión monetaria. DCash se puede usar para enviar y recibir fondos, pagar bienes y servicios y realizar transacciones comerciales de una manera más segura, rápida y económica, según se describe en un comunicado de prensa del ECCB.

    El ECCB está llevando a cabo una prueba con DCash en Antigua y Barbuda, Granada, Saint Kitts and Nevis y Santa Lucía con su socio, el desarrollador de moneda digital Bitt, con sede en Barbados.

    “A medida que la ‘eliminación de riesgos’ (de-risking) global por parte de los bancos estadounidenses continúa obstaculizando las relaciones con los bancos corresponsales, particularmente en el Caribe, los beneficios de una CBDC son cada vez más evidentes, especialmente en relación con los no bancarizados y los sub-bancarizados. Con interacciones progresivas y acuerdos entre jurisdicciones, el Caribe ciertamente tiene el potencial de ser un actor notable en la evolución de CBDC. Un campo de pruebas regional podría resultar invaluable para futuros lanzamientos a escala global. Será interesante ver cómo se desarrollan estas iniciativas, especialmente si las colaboraciones regionales comienzan a ganar terreno.” nos advierte Tracey Walker, senior financial consultant at Cartan Group LLC.

    Por ahora, Bahamas ya dio el primer paso hace un mes y continúa hacia adelante.