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Seis estados más, uno de ellos Panamá, firman el instrumento multilateral BEPS de la OCDE

OECD-meeting-24-Jan-2018

Otros seis países han firmado el instrumento multilateral BEPS, lo que les permite enmendar rápidamente sus tratados de doble imposición para incorporar las recomendaciones presentadas por la OCDE como parte de su Plan de Acción en cuanto al tratamiento BEPS (sigla en inglés y referida como erosión de la base fiscal y traslado  de los beneficios) . De acuerdo al Plan formulado por la OCDE, los tres pilares sobre los que descansa son: dotar de coherencia a aquellas normas de Derecho interno que abordan actividades transfronterizas; reforzar las exigencias de actividad sustancial en los actuales estándares internacionales para así establecer la conexión entre los tributos y el lugar de realización de las actividades económicas y de creación de valor y; mejorar la transparencia y seguridad jurídica para empresas y administraciones.

Barbados, Costa de Marfil, Jamaica, Malasia, Panamá y Túnez firmaron el acuerdo el 24 de enero, con lo que el número total de signatarios asciende a 78. Además, Argelia, Kazajstán, Omán y Swazilandia han dicho que tienen la intención de firmar la Convención y varias otras jurisdicciones están trabajando activamente hacia la firma para junio de 2018, dijo la OCDE.

Hasta ahora, cuatro jurisdicciones -Austria, la Isla de Man, Jersey y Polonia- han ratificado la Convención, que entrará en vigor tres meses después de que una quinta parte de las jurisdicciones deposite su instrumento de ratificación.

“La firma de hoy de la convención multilateral es otro paso importante hacia la actualización de las normas tributarias internacionales a través de la rápida implementación del paquete BEPS”, dijo el Secretario General de la OCDE, Angel Gurria. “Más allá de salvar a los signatarios de la carga de renegociar miles de tratados tributarios bilateralmente, la convención resulta en más certeza y previsibilidad para las empresas, y un sistema tributario internacional que funciona mejor para el beneficio de nuestros ciudadanos“.

La Convención, desarrollada a través de negociaciones inclusivas que involucran a más de 100 países y jurisdicciones, tiene como objetivo permitir a los países incorporar rápidamente las enmiendas propuestas en sus tratados tributarios sin tener que renegociar los tratados bilateralmente, un proceso que probablemente tomaría una década.

Los cambios que se introducirán en los tratados incluyen la introducción de medidas para evitar desajustes híbridos, que permitan a los contribuyentes reclamar de forma inapropiada deducciones dobles por el mismo ingreso o conseguir la doble no imposición. También establece enmiendas para abordar el abuso de los tratados, para solucionar las lagunas en las normas de los establecimientos permanentes y para mejorar la cooperación de los países para resolver las disputas de doble imposición. En cuanto a la resolución de disputas, los países pueden optar por ofrecer un arbitraje vinculante obligatorio. Según la OCDE, 28 jurisdicciones se han comprometido a hacerlo.

“BEPS está privando a los países de preciados recursos para hacer despegar el crecimiento, abordar los efectos de la crisis económica global y crear más y mejores oportunidades para todos. Pero por encima de esto, BEPS ha erosionado la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad del sistema tributario mundial. Las medidas que presentamos hoy representan los cambios más fundamentales en las normas fiscales en casi un siglo: pondrán fin a la doble no imposición y facilitarán una mejor alineación de la fiscalidad con la actividad económica y la creación de valor. Cuando estas medidas sean implementadas en su totalidad, las estrategias de  planificación tributaria inspiradas en BEPS resultarán ineficientes“, había sostenido previamente Angel Gurría,al inicio del lanzamiento del paquete BEPS,  al que ahora adhiere Panamá y le dejará por delante la revisión de la normativa específica con respecto al tratamiento de las empresas multinacionales establecidas en el país, especialmente las instaladas a partir de la ley SEM del 2007.

¿Será ésta una de las medidas que Panamá tenía previstas para no ser incluída en las listas negras y que permitieron su rápida salida al siguiente tono gris?

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