Cuando los investigadores recuperamos la caja negra de una aeronave siniestrada, no buscamos culpables sino causas que permitan evitar tragedias futuras. Rastreamos la cadena de errores silenciosos que se fueron acumulando mucho antes del siniestro. Si abrimos hoy la caja negra de la República de Panamá, descubriremos que nuestra crisis actual no nació con la última asamblea corrupta ni con la dictadura de 1972. El fallo estructural viene remachado en nuestra cultura desde hace siglos.
En el mundo occidental moderno, la libertad civil se construyó sobre un principio elemental: todo ser humano es dueño legítimo de sí mismo, de su tiempo, de su conciencia y del fruto de su trabajo. De esa autopropiedad nace el derecho natural a la propiedad privada y el deber correlativo de hacerse responsable de su propia existencia. Sin embargo, en Hispanoamérica —y de manera muy particular en el Istmo— se implantó exactamente el diseño opuesto.
Desde la llegada de la Corona española, nuestra tierra fue concebida no como un espacio para que ciudadanos libres crearan riqueza, sino como un corredor de tránsito controlado por monopolios reales, concesiones estatales y mercantilismo extractivo. Bajo aquel sistema, muy pocos prosperaba por mérito propio al margen del poder; se prosperaba mediante el favor, la licencia o el privilegio otorgado desde arriba. Al declararnos independientes, cambiamos de bandera y de gobernantes, pero jamás sustituimos el sistema operativo centralista. Simplemente reemplazamos al virrey por el caudillo de turno.
El golpe de gracia jurídico llegó en 1941. Mientras el mundo ardía bajo el auge de los totalitarismos europeos, Panamá promulgó una Constitución que abandonó el liberalismo clásico de 1904 para abrazar el corporativismo estatal. Inspirada en las corrientes autoritarias de la época, aquella carta magna introdujo la idea de que la propiedad privada estaba subordinada a una vaga «función social» definida por los gobernantes. Esa semilla estatista germinó luego en la Constitución de 1946 y alcanzó su expresión más extrema en 1972, cristalizando en normas como los artículos 282 y 284, que facultan al Estado para intervenir, dirigir o suplantar cualquier actividad económica del mercado.
El resultado de esta ingeniería institucional ha sido devastador para nuestra psicología colectiva. Cuando la ley convierte derechos inherentes en “cupos”, el ciudadano deja de verse como un individuo soberano y aprende a comportarse como un súbdito peticionario.
Sobre ese terreno fértil echó raíces nuestra clase política depredadora. Comprendieron muy pronto que un pueblo al que se le ha extirpado el sentido de propiedad sobre sí mismo es fácil de comprar con sus propios recursos. Así perfeccionaron el círculo vicioso del clientelismo: el Estado asfixia la iniciativa privada con trámites, impuestos y regulaciones arbitrarias, empobrece a la población y luego aparece como el gran benefactor repartiendo subsidios, bolsas de comida y empleos improductivos en la planilla estatal.
Hemos normalizado una perversión moral en la que el parasitismo se disfraza de «justicia social» y la dependencia se celebra como una conquista. Pero este modelo tiene fecha de caducidad matemática. Ningún aparato burocrático puede sostener indefinidamente a una mayoría improductiva expropiando el esfuerzo de una minoría cada vez más reducida, un fenómeno de decadencia institucional que hoy ya muestra grietas alarmantes tanto en Europa como en unos Estados Unidos cada vez menos unidos.
Ahora, con ese fuselaje corroído por la dependencia y los controles de vuelo bloqueados por el estatismo, estamos entrando de lleno en la turbulencia de la Singularidad Exponencial. En la tercera y última entrega analizaremos cómo ejecutar la maniobra de corrección de rumbo sin estrellarnos contra el caos social.
Nota: Parte 2/3 de una serie de ensayos sobre los cambios de ruta de la realidad sociopolítica panameña que debemos efectuar si queremos evitar que se accidente la nave estatal.


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