Panamá llegó a figurar entre las veinte economías más liberales del mundo. A comienzos del siglo XXI, décadas de estabilidad monetaria, apertura comercial, flexibilidad financiera y fiscalidad baja hicieron del istmo uno de los destinos de inversión más populares de América. Sin embargo, esa ventaja se ha perdido en los últimos años, dando como resultado una progresiva pérdida de competitividad que amenaza la prosperidad futura del país.

Para entender mejor lo ocurrido, echemos un vistazo al Índice de Libertad Económica. Esta publicación nació en los años 90, después de que Milton Friedman sugiriese la posibilidad de clasificar a los países según su grado de apertura al mercado. La propuesta del Premio Nobel de Economía fue respondida por el Instituto Cato, de Estados Unidos, y el Instituto Fraser, de Canadá.

Ambas organizaciones hicieron un monumental esfuerzo para estudiar la evolución de la libertad económica desde 1975 hasta nuestros días. Gracias a ese ejercicio sabemos que, hace ahora cuatro décadas, la economía panameña era la cuarta más abierta del mundo, con una nota de 7 puntos sobre 10.

Sin embargo, la evolución en las décadas siguientes no solo no sirvió para consolidar un avance hacia las primeras posiciones del ranking, sino que apuntaló una progresiva pérdida de dinamismo y flexibilidad. En 1980, Panamá cae al octavo puesto del ranking, mientras que en 1990 se desplomó hasta el número quince de la tabla, con 6,3 puntos sobre un total de 10.

Si avanzamos hasta 2016, el último año estudiado por Cato y Fraser, encontramos que Panamá está ahora en las últimas posiciones del top treinta. El país centroamericano ha llegado a caer fuera del “top cincuenta” y, aunque ha mejorado levemente sus resultados, figura en un decepcionante puesto 27, después de años de malas políticas económicas.

El informe, punto por punto

Centrándonos en la categoría del informe que se refiere al tamaño del gobierno, la nota que recibe Panamá es de 7,4 puntos. Puede parecer un resultado digno, pero no hay que olvidar que, apenas hace una década, este indicador rondaba los 8,5 puntos. Por tanto, el aumento del gasto público y de los impuestos tiene un efecto perjudicial para la evaluación general de la economía panameña. Especialmente dañino es el efecto de los impuestos directos (renta, seguro social, etc.), donde el Índice de Libertad Económica apenas otorga a Panamá un total de 4 puntos sobre 10.

Tampoco hay avances en lo tocante a la calidad institucional. La nota de 2016 es de 5,24 puntos sobre 10, prácticamente igual que la calificación obtenida hace una década. Panamá suspende en áreas tan dispares como las que miden la independencia judicial, la neutralidad en las cortes, el cumplimiento efectivo de los contratos, etc. La protección de la propiedad sí logra el aprobado, pero con una nota de apenas 6,37 puntos.

Mucho mejor es la calificación que recibe la apertura comercial: 8,7 puntos sobre 10. No obstante, si desglosamos este resultado, llegamos a algunas conclusiones preocupantes. Quizá la más respetable es que el control y las restricciones a los inversores extranjeros han hecho que el pilar dedicado a medir estas cuestiones haya caído hasta apenas 7,7 puntos. Las crecientes restricciones que ha aprobado el gobierno bajo presión de organismos internacionales imponen numerosas trabas y limitaciones a la llegada de capital foráneo.

La regulación es otro punto problemático. Panamá recibe solo 6,9 puntos en este indicador, sobre todo por las dificultades que enfrentan las empresas a la hora de contratar (5,05 puntos) y de operar (6,54 puntos). Especialmente preocupante es que el coste de las obligaciones tributarias reciba una nota de 5,33 puntos. Un país que antaño destacaba por sus impuestos bajos y sus facilidades para hacer negocios ha terminado recibiendo calificaciones muy decepcionantes en las áreas que miden estos asuntos.

Al menos la estabilidad monetaria cotiza al alza y arroja una nota de 9,7 puntos. Sin embargo, si se siguen introduciendo trabas que golpean la entrada y salida de capitales, la dolarización terminará resintiéndose.

Poner fin al entreguismo

Es cierto que Panamá ha sufrido en las últimas décadas una fuerte presión por parte de organismos como la OCDE. Sin embargo, también es cierto que otros gobiernos han enfrentado choques similares y han conseguido blindar e incluso mejorar su libertad económica. Desde los años 70 hasta hoy, Irlanda ha dado ejemplo a la hora de bajar impuestos y reducir trabas a la inversión extranjera, pero también ha enseñado al mundo lo importante que es defender la soberanía fiscal como baza de competencia económica. Si el Tigre Celta hubiese actuado como Panamá, su ventaja tributaria se habría esfumado hace años y su milagroso crecimiento económico jamás habría tenido lugar.

El entreguismo de las autoridades panameñas es preocupante. Una economía que antaño se colocaba a la cabeza de América Latina en libertad económica no puede plegarse sin más ante todo tipo de requisitos intervencionistas que reducen el atractivo del país como centro financiero internacional. Es imposible mantener al istmo como un “hub” de inversiones adaptado a los tiempos modernos si no existe una estrategia de país volcada en recuperar las ventajas perdidas.

Para consolidar esa agenda de futuro, es fundamental que el gobierno panameño sirva a los intereses de los panameños y no a la voluntad de los burócratas de la OCDE. Partiendo de esa base, habrá que reformar el código tributario, recuperar la defensa de la privacidad inversora, apostar por nuevas tecnologías como blockchain y consolidar una alianza con países que juegan un rol similar en la economía mundial. Ese es el camino de la libertad, que es también el de la prosperidad.