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Categoría: Marcos Regulatorios

  • “Costo Neutro”: ¿Puerta trasera a la pérdida de la neutralidad del Canal?

    ¿Puede Panamá compensar el pago de peajes de buques estadounidenses como parte de una fórmula de “costo neutro” sin comprometer su marco jurídico internacional.?

    La política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se caracteriza por un enfoque abiertamente transaccional, donde el poder duro reemplaza al poder blando como herramienta diplomática. Su lema “Make America Great Again” se traduce en una agresiva renegociación de tratados, una visión utilitaria de las relaciones internacionales y el desprecio por instituciones multilaterales que limitan los intereses estratégicos de Washington.

    Trump ha dejado claro que su doctrina “America First” no reconoce obligaciones globales si no se traducen en beneficios tangibles y unilaterales para Estados Unidos. En esa lógica caben propuestas como la compra de Groenlandia, su proyecto inmobiliario en la Franja de Gaza, el intento de apoderarse de las tierras raras de Ucrania y su amenaza de retomar el control del Canal de Panamá, bajo el argumento de que “fue un regalo de EE.UU. que no está siendo debidamente respetado”.

    En ese contexto, la propuesta de implementar un esquema de “costo neutro” entre Panamá y Estados Unidos para el tránsito de buques de guerra estadounidenses por el Canal genera una legítima preocupación nacional e internacional. Bajo este mecanismo, los peajes que deberían ser pagados por dichas embarcaciones serían compensados indirectamente por Panamá mediante la prestación de servicios de seguridad por parte de Estados Unidos.

    Aunque la medida podría presentarse como parte de la cooperación bilateral en defensa del Canal, su implementación violaría el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá de 1977, tanto desde una interpretación jurídica como desde su práctica histórica. Veamos por qué:

    Violación del Principio de Neutralidad

    1. Igualdad de condiciones (Artículo II): El Tratado exige que el Canal esté abierto “a los buques de todas las naciones en condiciones de entera igualdad”, lo que abarca no solo el acceso físico, sino también las condiciones económicas, operativas y administrativas. Cualquier esquema que beneficie económicamente a una nación sobre otras rompe este equilibrio.

    2. Prohibición de exenciones (Artículo III): Establece que todos los buques, incluidos los militares, deben pagar peajes, sin discriminación por bandera, tipo o carga. Un esquema de “costo neutro” que compense solo a EE.UU. equivale a una exención disfrazada, incompatible con el texto y el espíritu del tratado.

    3. Condiciones de cooperación (Artículo V): El tratado sí permite la cooperación en defensa entre Panamá y EE: UU., pero establece dos límites clave:

    • Dicha cooperación no puede estar vinculada a temas tarifarios ni dar lugar a contraprestaciones económicas relacionadas al tránsito.

    • Toda cooperación debe ser transparente y no generar privilegios operativos o financieros para una nación en particular.

    Riesgo de discriminación y conflicto internacional

    Aceptar un esquema de “costo neutro” exclusivo con Estados Unidos implicaría una ventaja económica para una sola potencia y podría provocar reclamos por trato desigual de parte de otras naciones con presencia naval en la región como China, Rusia, Francia o Reino Unido. La neutralidad no es solo una obligación para Panamá, sino un compromiso multilateral frente a la comunidad internacional.

    Un trato preferencial, aunque sea indirecto, puede abrir la puerta a:

    • Demandas internacionales por violación de principios de igualdad.

    • Represalias diplomáticas o económicas.

    • La erosión del prestigio y la credibilidad del régimen de neutralidad, que Panamá ha logrado consolidar con esfuerzo desde que asumió el control del Canal.

    En resumen, Panamá no puede compensar el pago de peajes de buques estadounidenses como parte de una fórmula de “costo neutro” sin comprometer su marco jurídico internacional. Cualquier arreglo que implique reembolsos, créditos cruzados, condonaciones implícitas o contraprestaciones por servicios de seguridad debe ser evaluado con extrema cautela, pues puede interpretarse como una subvención encubierta, trato preferencial hacia una potencia específica, o corresponsabilidad operativa prohibida en los tratados.

    La única vía jurídicamente aceptable para una cooperación en materia de seguridad entre Panamá y Estados Unidos es que se realice fuera del régimen tarifario del Canal y mediante acuerdos bilaterales autónomos, ya sea de carácter diplomático, financiero o institucional que no interfieran con las reglas de neutralidad.

    El Canal de Panamá es más que una infraestructura: es un símbolo de soberanía, legalidad y equidad. Su neutralidad no debe ser moneda de cambio en ninguna transacción.

  • IDAAN Agua y Mercado

    Estimado lector ¿me puedes decir el nombre del número 0.0035? No lo busques que ya lo hice por ti y, por mí también; pero me extiendo un poco más en mi cuento: El número 1 en palabra es uno; digamos un dólar; 0.1 es un décimo de dólar o 10 centavos; 0.01 es dos centésimas o dos centavos y, 0.0035 es tres mil quinientos cincuenta diezmilésimas de centavo. ¿A qué va todo ello? Pues que si el 99.99% de nuestros compatriotas no saben decir el nombre o monto en dólares que cobra el IDAAN por un galón de agua, entonces bien podemos ir despertando a la inmensa realidad del jaleo socioeconómico en que nos encontramos; y prosigo con mi excursión de una lúgubre realidad.

    A lo que voy es al enorme grado de las distorsiones de realidades que nos colocan en una situación socioeconómica precaria en Panamá; y uso el tema del agua disque subsidiada del IDAAN como ejemplo. Y digo “disque subsidiada. ¿Qué sentido tiene pagar por agua potable para depositar en ella nuestra caca, lavar autos, el patio, bañarnos, fregar platos y tanto más? ¡No tiene sentido! ¿O sí? En realidad, sí lo tiene, pero es una colección de sentidos de desgobierno y corrupción.

    ¿Cuánto cuesta un galón de agua potable en el comercio en Panamá?: el Xtra vende a $2.66 el galón de “Agua Purísima”; el 99 agua Bambito Manantial a $3.65, y por allí deambulan esos arrieros. Pero… curioso que tantos paguen esos precios cuando el IDAAN vende agua potable a $0.0035 el galón o $6.29 el metro cúbico. ¿Será que muchos no confían de la calidad de agua del IDAAN? Que yo sepa, la gente no se anda enfermando por beber agua IDAAN. Hay más enredo en todo ello.

    En Costa Rica el consumo por hogar es la mitad que en Panamá… ¿por qué? Porque la gente paga más por ello y, por tanto, la despilfarran menos. Dice la AI que en Las Cumbres el 47% del agua se pierde en roturas de tuberías. Curioso que hoy los vecinos mandan vídeo de dos nuevos ríos IDAAN en media calle.

    ¿No sería mucho más conveniente, lógico, económico y cuerdo que el IDAAN dispensara agua no potable? Y no digo agua sucia sino “no potable”. ¿Tienes idea de cuanto del agua que le compras al IDAAN es para bebértela? Sólo el uno %. Pero… ¿cuanto nos cuesta repartir agua a $0.0 035 para usarla en retretes y tal? El IDAAN la vende a B/0.0035 el galón pero… ¿Cuánto gasta para producir el galón? Apuesto qué ni los del IDAAN saben. Si operas una empresa así, quiebra; pero ¿el gobierno no? Coman ese cuento.

    Somos botaratas y, hoy que ni calles ni escuelas podemos reparar, seguimos con gastos vergonzosos. Cada ser humano consume unos 3 litros de agua por día. El litro de agua más caro anda por los $0.77; pero si se da un gran aumento de la demanda en la compra de agua embotellada el precio bajaría en grande; en EE.UU. en 2023 estaba en $1.44 el galón. Pero pueden existir otras alternativas.

    Saldría más económico filtrar el agua no potable del IDAAN; pero creo lo mejor sería que el gobierno deje de ser empresario que vende de todo, ya que para eso no es ni sirve y se viola el principio de subsidiaridad; que nos advierte que una organización de orden superior no debe hacer por una de orden inferior lo que la inferior puede y debe hacer por cuenta propia; so pena de se anulada y convertida en sociedad de servidumbre.

  • Cripto en Argentina: ¿Regulación o Contradicción?

    La reciente regulación argentina sobre criptomonedas ha generado un intenso debate en torno a su impacto en la libertad digital y el ecosistema cripto del país. La Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió la Resolución General 1058/2025, que establece un marco normativo para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs), imponiendo requisitos de registro, ciberseguridad y prevención de lavado de dinero.

    Detalles de la nueva regulación

    La normativa exige que todos los PSAVs se inscriban en un registro oficial para operar legalmente en Argentina. Además, impone requisitos prudenciales relacionados con la custodia segura de activos virtuales y la segregación de cuentas, con el objetivo de proteger a los usuarios y garantizar la transparencia en el mercado.

    Asimismo, se establecen obligaciones en materia de ciberseguridad y prevención de lavado de dinero, buscando mitigar riesgos asociados a actividades ilícitas y fortalecer la confianza en el ecosistema cripto.

    Desarrollo histórico de las criptomonedas en Argentina

    Argentina ha sido uno de los países latinoamericanos con mayor adopción de criptomonedas. Factores como la inestabilidad económica, la alta inflación y las restricciones cambiarias han llevado a muchos argentinos a buscar refugio en activos digitales. En 2023, Argentina ocupó el puesto 15 en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas, consolidándose como el segundo mercado más grande de América Latina después de Brasil.

    Además, según datos de la CNV, existen más de 10 millones de cuentas de criptoactivos abiertas en el país, equiparando la cantidad de cuentas en el mercado de capitales tradicional.

    Análisis desde una perspectiva liberal

    Desde una óptica liberal, la intervención estatal en el mercado de criptomonedas es percibida como una restricción a la libertad individual y al libre mercado. Los liberales suelen abogar por la mínima intervención gubernamental, promoviendo la autorregulación y la competencia como mecanismos para garantizar la eficiencia y la innovación.

    La obligatoriedad de registro y los requisitos impuestos por la CNV se interpretan como barreras de entrada que limitan la competencia y la diversidad en el ecosistema cripto. Además, la imposición de normativas estrictas desalientan la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, contraviniendo principios liberales fundamentales.

    Coherencia del gobierno argentino con sus postulados libertarios

    El gobierno argentino actual se ha identificado con posturas libertarias, promoviendo la reducción del tamaño del Estado y la desregulación de mercados. Sin embargo, la implementación de esta regulación sobre criptomonedas parece contradecir esos principios, al aumentar la intervención estatal en un mercado que, por naturaleza, busca la descentralización y la autonomía.

    Esta aparente incoherencia podría interpretarse como una respuesta a presiones internacionales para alinearse con estándares globales de regulación financiera, o como una medida para proteger a los consumidores en un mercado aún incipiente y volátil. No obstante, desde una perspectiva libertaria, estas justificaciones no son suficientes para legitimar una intervención que limita la libertad individual y la autorregulación del mercado.

    Impacto en el desarrollo del ecosistema cripto en Argentina

    La regulación podría tener efectos tanto positivos como negativos en el ecosistema cripto de Argentina. Por un lado, la formalización del mercado y la implementación de medidas de seguridad podrían aumentar la confianza de inversores institucionales y usuarios, fomentando una adopción más amplia y segura.

    Por otro lado, las restricciones y obligaciones impuestas podrían desalentar a pequeños emprendedores y startups, limitando la innovación y la diversidad en el mercado. Además, existe el riesgo de que actores internacionales vean a Argentina como un mercado menos atractivo debido a la carga regulatoria, lo que podría ralentizar el crecimiento del sector.

    Qué esperar?

    La nueva regulación argentina en cripto representa un intento de equilibrar la protección al consumidor y la integridad del mercado con la promoción de la innovación y la libertad económica. Sin embargo, desde una perspectiva liberal, esta medida podría considerarse un retroceso, al aumentar la intervención estatal en un mercado que prospera en la descentralización y la autonomía.

    La coherencia del gobierno argentino con sus postulados libertarios se ve cuestionada por esta regulación, evidenciando las complejidades y desafíos de aplicar principios ideológicos en la práctica gubernamental. El impacto real de esta normativa en el desarrollo del ecosistema cripto en Argentina dependerá de su implementación y de la capacidad del mercado para adaptarse a las nuevas condiciones sin perder su esencia innovadora y disruptiva.

  • Euro Digital: El Gran Hermano Financiero en Marcha

    El Banco Central Europeo (BCE), bajo la dirección de Christine Lagarde, planea lanzar un euro digital en octubre de 2025. Este proyecto, conocido como Moneda Digital de Banco Central (CBDC, por sus siglas en inglés), ha generado intensos debates, especialmente desde una perspectiva libertaria, debido a preocupaciones sobre la privacidad, el incremento del control gubernamental y la posibilidad de implementar sistemas de puntuación crediticia similares a los utilizados en regímenes totalitarios.

    Pérdida de privacidad y aumento de la vigilancia

    Uno de los pilares fundamentales del pensamiento libertario es la defensa de la privacidad individual. La introducción de una CBDC erosionará significativamente este derecho. A diferencia del dinero en efectivo, que permite transacciones anónimas, una moneda digital emitida por el banco central registra cada transacción en tiempo real. Esto proporcionaría a los gobiernos y autoridades financieras una visión detallada de los hábitos de gasto de cada ciudadano, abriendo la puerta a nuevas formas de control y monitoreo.

    El cruce de datos: el fin de la privacidad financiera

    La posibilidad de que los gobiernos crucen información entre declaraciones de impuestos, hábitos de consumo y comportamiento bancario no es nueva. Sin embargo, hoy en día, esta fiscalización todavía tiene barreras burocráticas y operativas que dificultan un control total. Con la adopción de una CBDC, estas barreras se desvanecerían, permitiendo que los gobiernos tengan acceso total y en tiempo real a la actividad financiera de cada ciudadano.

    • Impuestos y evasión/elusión fiscal: Los gobiernos podrían identificar automáticamente cualquier transacción sospechosa de evasión o elusión fiscal, eliminando el efectivo como refugio de operaciones informales. Si bien el combate a la evasión podría considerarse un objetivo legítimo según la posición ideológica de los diversos gobiernos, el problema es que este nivel de control llevaría a una capacidad sin precedentes para fiscalizar hasta los gastos más cotidianos de los ciudadanos, lo que terminará derivando en un uso arbitrario del poder, como lo señalamos desde la esfera liberal.
    • Control sobre el consumo: Se podrían establecer restricciones sobre qué productos pueden comprarse con la CBDC. Por ejemplo, bajo el argumento de proteger la salud pública, un gobierno podría impedir la compra de alcohol, tabaco o ciertos alimentos. En momentos de crisis energética, podrían limitarse los gastos en gasolina o electricidad, todo bajo un sistema de automatización donde el ciudadano ni siquiera podría apelar la decisión.
    • Restricciones políticas: En regímenes autoritarios, el uso de una moneda digital permitiría a los gobiernos sancionar económicamente a opositores políticos. Una CBDC podría programarse para impedir que ciertos individuos accedan a sus fondos o realicen transacciones específicas, replicando mecanismos de censura financiera ya vistos en algunos casos con bloqueos bancarios a disidentes.
    • Puntuación crediticia y social: Con acceso total a los hábitos de gasto y transacciones, los gobiernos podrían implementar sistemas de crédito social al estilo chino. Las personas que gasten en productos o servicios considerados «no prioritarios» podrían ver limitadas sus oportunidades de crédito. Incluso la afiliación a ciertas asociaciones o el apoyo a movimientos políticos contrarios al gobierno podrían influir en la capacidad de una persona para obtener financiamiento o acceder a determinados servicios.

    Facilidad para la emisión monetaria y riesgos inflacionarios

    Otro aspecto preocupante es la facilidad con la que los gobiernos podrán emitir moneda digital sin restricciones. Sin las limitaciones físicas del dinero en efectivo, los bancos centrales tendrán una herramienta más para monetizar déficits fiscales sin necesidad de impresión de billetes, lo que conduce indefectiblemente a una inflación descontrolada. Desde una perspectiva libertaria, esto representa una afrenta a la estabilidad económica y al poder adquisitivo de los ciudadanos, erosionando el valor de sus ahorros y salarios.

    Reacción de los legisladores y fallos en sistemas existentes

    Las preocupaciones sobre el euro digital no son exclusivas del ámbito libertario. Recientemente, legisladores europeos han expresado dudas sobre la viabilidad del proyecto, especialmente después de fallos en sistemas de pagos del BCE como T2, lo que genera escepticismo sobre la capacidad del banco central para gestionar una infraestructura digital sin comprometer la seguridad y estabilidad financiera.

    La implementación de una CBDC como el euro digital representa un cambio significativo en la forma en que interactuamos con el dinero y el sistema financiero. Si bien podría ofrecer ventajas como la eficiencia en pagos y una mayor inclusión financiera, también es una seria invasión sobre la privacidad, una vía fácil de acceso al control gubernamental y la amenaza real sobre la estabilidad económica. La capacidad de los gobiernos para cruzar datos de consumo, impuestos y actividad bancaria sin restricciones nos conducirá a una era de vigilancia financiera sin precedentes, donde la autonomía económica de los ciudadanos estará constantemente en riesgo. Antes de su adopción, es crucial un debate exhaustivo, un reto a los gobiernos europeos que se desenmascaren los verdaderos riesgos y el nulo aporte de valor a los ciudadanos que cada vez necesitan más que se les garantice que los valores de libertad y privacidad sean protegidos y defendidos en la era digital.

  • Costa Rica lanza su primer ETF Bitcoin: ¿Puede Panamá imitarlo?

    El 22 de febrero de 2025, Costa Rica marcó un hito financiero al lanzar su primer fondo cotizado en bolsa (ETF) basado en Bitcoin, una iniciativa liderada por el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) a través de su gestora de inversiones, BN Fondos. Este movimiento posiciona al país como pionero en Centroamérica al ofrecer a sus ciudadanos acceso a inversiones en criptomonedas mediante el sistema bancario tradicional.

    Detalles del ETF Bitcoin en Costa Rica

    El ETF Bitcoin de BN Fondos permite a los inversionistas costarricenses exponerse al rendimiento de Bitcoin sin la necesidad de gestionar directamente criptomonedas, eliminando así la complejidad de manejar billeteras digitales o claves privadas. Con una inversión mínima de $100, este fondo está diseñado para ser accesible tanto para pequeños ahorristas como para grandes inversionistas. Además, las inversiones se realizan en dólares estadounidenses, brindando una opción adicional para diversificar portafolios en una moneda fuerte.

    Pablo Montes de Oca, gerente general de BN Fondos, destacó la importancia de este lanzamiento: «Nos entusiasma presentar estos nuevos Fondos de Inversión tan innovadores y ser pioneros en el mercado costarricense». Este ETF no solo ofrece una nueva alternativa de inversión, sino que también representa un paso significativo hacia la modernización y digitalización del sector financiero costarricense.

    Contexto Regulatorio en Costa Rica

    Aunque Costa Rica no cuenta con una legislación específica que regule las criptomonedas, la constitución y el código civil del país permiten cualquier actividad que no esté expresamente prohibida por la ley. Esto significa que, en ausencia de una prohibición explícita, los costarricenses pueden poseer y comerciar con criptomonedas. Sin embargo, la introducción de un ETF respaldado por una entidad financiera estatal como el BNCR ofrece una capa adicional de confianza y seguridad para los inversionistas, al operar bajo un marco regulado y supervisado.

    Posibilidades para Panamá

    La iniciativa costarricense plantea la pregunta de si Panamá está en condiciones de seguir un camino similar. Panamá ha mostrado interés en el ámbito de las criptomonedas; en 2021, la Asamblea Nacional discutió un proyecto de ley para regular el uso de criptoactivos y fomentar la innovación financiera. Aunque el proyecto generó debate y atención mediática, su avance ha sido lento, y hasta la fecha no se ha implementado una regulación específica que permita el lanzamiento de productos financieros como un ETF de Bitcoin. Por otro lado, y siguiendo el razonamiento jurídico de Costa Rica, Panamá no prohibe expresamente este tipo de productos, por lo que también regiría el principio de «todo aquello que no está expresamente prohibido, está permitido».

    Para que Panamá pueda introducir un ETF de Bitcoin similar al de Costa Rica, sería necesario:

    1. Promover su Marco Regulatorio: Al igual que su país hermano Costa Rica, Panamá no necesita establecer leyes y regulaciones que definan el estatus legal de las criptomonedas y los productos financieros asociados. La seguridad jurídica a los inversionistas y a las instituciones financieras se las otorga la misma Constitución Nacional y en este sentido, podría empujarse una clara, concisa y ágil regulación para que los Bancos puedan estar más cómodos y protegidos ante el desafío de Bitcoin. Sin embargo, no es necesario.
    2. Participación de Entidades Financieras: Involucrar a bancos y gestoras de fondos locales que estén dispuestos a desarrollar y ofrecer productos basados en criptomonedas, llevando a cabo una autoregulación honesta y sustentable.
    3. Educación e Información: Fomentar la educación financiera entre la población para que los potenciales inversionistas comprendan los riesgos y beneficios asociados con las inversiones en criptomonedas.

    Aunque Panamá cuenta con un sector financiero robusto y una posición geográfica estratégica, es cierto que la ausencia de un marco regulatorio específico solicitado por el mainstream financiero para las criptomonedas, limita la posibilidad de lanzar productos como un ETF de Bitcoin en el corto plazo. No obstante, la experiencia de Costa Rica podría servir como modelo y estímulo para que Panamá avance en la integración de activos digitales en su mercado financiero, siempre y cuando se desarrollen las regulaciones propias, la confianza y las estructuras necesarias para garantizar la seguridad y confianza de los inversionistas. Y además, animarse a hacerlo.

  • Las guerras comerciales atentan contra el multilateralismo, alientan la volatilidad de los mercados y generan incertidumbre

    Trump escala posiciones en sus declaraciones de guerra comercial y recién ha empezado su segundo mandato. Ante la protesta del gobierno colombiano por las condiciones de deportación de sus ciudadanos, el 47º presidente estadounidense respondió con un furibundo anuncio de 25 % de aranceles (lo que obligó a Petro a echar atrás sus exigencias). Contra Canadá y México, sus vecinos y socios comerciales, acaba de firmar una subida arancelaria también del 25 %. ¿Las razones? Según Trump, el coladero que son sus fronteras para el paso de drogas e inmigrantes ilegales. A China le ha impuesto, por ahora, un 10 % arancelario. Pero la promesa electoral fue de un 60 %. Las guerras comerciales son, en el siglo XXI, uno de los instrumentos estratégicos más controvertidos en el ámbito de las relaciones internacionales.

    La economía, un factor geoestratégico

    Los aranceles han sido utilizados históricamente para proteger las industrias locales y equilibrar las balanzas comerciales. No obstante, su empleo actual va más allá de su propósito original.

    Estas políticas han transformado las dinámicas económicas globales, reconfigurando cadenas de suministro y mercados, e impactando profundamente en las estructuras geopolíticas, sociales y financieras.

    Competitividad y fortaleza tecnológica

    El uso contemporáneo de las guerras comerciales responde a una lógica más compleja y multifacética. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los aranceles impuestos por los últimos gobiernos han buscado tanto limitar la competitividad de China como preservar la supremacía tecnológica y económica estadounidense.

    Esta estrategia, sin embargo, no se limita a un enfrentamiento bilateral. Estados Unidos también ha impuesto barreras comerciales a socios tradicionales como la Unión Europea y Canadá. Así, las alianzas tradicionales se han convertido en secundarias frente al objetivo unilateral de maximizar beneficios.

    Esta política ha sido justificada bajo argumentos de seguridad nacional, un recurso legal que ha generado tensiones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que desafía los principios de no discriminación y multilateralismo que han sustentado el sistema comercial global desde mediados del siglo XX.

    Los impactos de estas políticas repercuten tanto en las relaciones entre gobiernos como, de manera directa, en los consumidores y productores.

    Aranceles y economía doméstica

    La implementación de aranceles sobre productos provenientes de China, como bienes tecnológicos y equipos manufacturados, ha hecho aumentar sus precios en mercados como el estadounidense.

    Como ocurre siempre que los bienes se encarecen, esto ha perjudicado especialmente a los sectores más vulnerables de la población, al exacerbar las desigualdades económicas y afectar a su poder adquisitivo.

    Muchas empresas, para mantener su competitividad, han optado por relocalizar sus operaciones en países como Vietnam, Malasia o México, lo que conlleva costes de transición y adaptación.

    Regionalización contra el proteccionismo

    A nivel global, las guerras comerciales han desencadenado un fenómeno de regionalización, con el surgimiento de instrumentos como el Acuerdo para la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), liderado por China y firmado por países de Asia y Oceanía, y el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), suscrito por países de las costas del Pacífico de Asia y Latinoamérica. Con estos acuerdos, los países firmantes buscan contrarrestar los efectos de las políticas proteccionistas estadounidenses.

    Desde 2019 Estados Unidos mantiene el bloqueo a la elección de nuevos miembros del Órgano de Apelación de la OMC. Esto ha debilitado su capacidad de resolver disputas y ha incrementado la incertidumbre y la posibilidad de que las tensiones comerciales se intensifiquen.

    Si bien la regionalización obliga a revisar la sostenibilidad del sistema multilateral de comercio, en este contexto de inestabilidad e incertidumbre los países buscan alternativas que les garanticen estabilidad económica. Aunque estas soluciones refuercen la fragmentación del comercio global.

    Guerra comercial y geopolítica

    El impacto de las guerras comerciales también se manifiesta en la esfera geopolítica. La rivalidad entre Estados Unidos y China, impulsada en parte por los aranceles y las restricciones tecnológicas, redefine las alianzas internacionales.

    Por un lado, países como Japón y Corea del Sur han estrechado lazos con Estados Unidos para contrarrestar la influencia china.

    Por otro, economías emergentes en América Latina, como México y Brasil, hacen frente a presiones para alinearse con uno de estos bloques, lo que limita su capacidad de maniobra y autonomía en el escenario global.

    En Europa, las tensiones con Estados Unidos han llevado a la Unión Europea a preparar nuevos aranceles y a fortalecer las regulaciones para proteger sus industrias estratégicas, como la automotriz y la tecnológica.

    Incertidumbre y volatilidad

    Si bien la fijación de aranceles puede ofrecer a los países que los aplican beneficios inmediatos en términos de ingresos fiscales o influencia política, sus costos sociales y económicos pueden ser enormes.

    Las guerras comerciales afectan a los flujos de bienes y servicios, pero también a la estabilidad financiera.

    Las tensiones comerciales aumentan la volatilidad de los mercados bursátiles, afectan las decisiones de inversión y debilitan las perspectivas de crecimiento económico global.

    La incertidumbre generada por el proteccionismo obliga a las empresas a adaptarse a un entorno cambiante e impredecible. Las guerras comerciales han evidenciado la fragilidad de las cadenas de suministro globales, la importancia de diversificar fuentes de producción y la necesidad de fortalecer instituciones multilaterales que promuevan un comercio justo y equitativo.

    ¿Qué hacer?

    La solución va más allá de eliminar aranceles o revertir políticas proteccionistas: se necesita un enfoque más estratégico y resiliente. Esto implica fomentar la cooperación internacional para abordar las tensiones comerciales, reformar los mecanismos de resolución de disputas de la OMC y promover la relocalización de cadenas de suministro hacia regiones más estables.

    Los países que aplican aranceles también deben considerar el impacto de esta medida en las familias. El aumento de los precios debe obligar a tomar medidas que mitiguen el aumento de las desigualdades sociales y protejan a los sectores más vulnerables.

    Las guerras comerciales del siglo XXI reflejan un equilibrio complejo entre la protección de los intereses nacionales y la preservación de la estabilidad global. La clave para avanzar radica en adoptar un enfoque basado en la cooperación y la sostenibilidad que, además de los beneficios económicos inmediatos, también tome en cuenta el bienestar colectivo y la cohesión internacional a medio y largo plazo.The Conversation

    Armando Alvares Garcia Júnior, PDI. Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja

    Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

  • El Salvador Cede al FMI Cambios Clave en la Ley Bitcoin

    El Salvador ha dado un giro significativo en su política de adopción de Bitcoin, cediendo ante las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para asegurar un préstamo de 1.4 mil millones de dólares, haciendo cambios claves en la Ley Bitcoin. Esta decisión marca un cambio drástico desde que el país se convirtió en el primer estado del mundo en aceptar Bitcoin como moneda de curso legal en 2021.

    Contexto de la Reforma

    La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, aprobó rápidamente una reforma a la Ley Bitcoin, que ha estado vigente desde septiembre de 2021. Esta reforma fue impulsada por la necesidad de cumplir con los requisitos del FMI, que ha expresado su preocupación por los riesgos asociados con el uso de criptomonedas en la economía del país. Con 55 votos a favor y solo 2 en contra, los legisladores eliminaron la obligación para las empresas de aceptar Bitcoin, convirtiendo su uso en algo voluntario.

    Cambios Clave en la Ley Bitcoin

    Los cambios introducidos en la ley son significativos:

    • Aceptación Voluntaria: Las empresas ya no están obligadas a aceptar Bitcoin como forma de pago, lo que representa un cambio fundamental respecto a la legislación anterior.
    • Eliminación del Rol Estatal: Se suprime el papel del gobierno en la promoción y facilitación del uso de Bitcoin, lo que incluye la eliminación de referencias a la criptomoneda como moneda de curso legal.
    • Limitaciones en el Uso: Las transacciones con Bitcoin ahora se limitarán a interacciones entre ciudadanos y empresas privadas, excluyendo a las instituciones públicas.

    Estos cambios reflejan una respuesta directa a las preocupaciones del FMI sobre la estabilidad financiera y la integridad económica del país. El organismo internacional había advertido sobre los riesgos asociados con la volatilidad del Bitcoin y había instado al gobierno salvadoreño a reconsiderar su política.

    Implicaciones Económicas

    El acuerdo con el FMI no solo proporciona un alivio financiero inmediato, sino que también abre las puertas a otros préstamos y financiamiento por parte de instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se estima que el acuerdo podría desbloquear hasta 3.5 mil millones de dólares adicionales en financiamiento para El Salvador. Sin embargo, este cambio también refleja una realidad más amplia sobre la adopción de criptomonedas en El Salvador. A pesar de ser pionero en la adopción de Bitcoin, encuestas recientes indican que aproximadamente el 92% de la población no utilizó Bitcoin para transacciones durante 2024. Esto sugiere que la aceptación y uso real de la criptomoneda han sido limitados entre los ciudadanos.

    Reacciones y Futuro

    La reacción a estos cambios ha sido mixta. Mientras que algunos sectores ven esto como una medida necesaria para estabilizar la economía del país, otros critican al gobierno por retroceder en su ambiciosa agenda de innovación financiera. Stacy Herbert, directora de la Oficina Nacional de Bitcoin, ha afirmado que aunque Bitcoin seguirá siendo considerado un activo legal, su uso se limitará principalmente a inversiones privadas. Además, se ha anunciado que la billetera gubernamental Chivo Wallet será «vendida» o «descontinuada», lo que pone fin a uno de los principales mecanismos estatales para facilitar transacciones en Bitcoin.

    La reforma a la Ley Bitcoin en El Salvador representa un cambio significativo en la estrategia económica del país y una clara respuesta a las presiones internacionales. Al hacer que el uso de Bitcoin sea voluntario y limitar el papel del estado, El Salvador busca equilibrar sus ambiciones innovadoras con las realidades económicas y las exigencias impuestas por el FMI. Este desarrollo plantea preguntas sobre el futuro del Bitcoin en el país y su capacidad para cumplir con sus objetivos económicos sin depender excesivamente de esta criptomoneda.

  • Bitcoin como estrategia de reserva centralizada

    En sus orígenes, Bitcoin fue concebido, de acuerdo a su white paper,  como una alternativa revolucionaria al sistema financiero tradicional. Diseñado para ser un medio de intercambio descentralizado, seguro y accesible para todos, el proyecto inicial buscaba empoderar a los usuarios, eliminando la necesidad de intermediarios como bancos o instituciones financieras. Sin embargo, a medida que Bitcoin ha ganado aceptación global, su narrativa parece haberse desplazado hacia un propósito diametralmente opuesto: convertirse en una herramienta de estrategia de reserva centralizada, como los grandes bancos.

    Un ejemplo reciente de este fenómeno es la incursión del banco más grande de Italia, Intesa Sanpaolo, en el mercado de Bitcoin. Con una historia de más de 440 años, la institución anunció la compra de 11 bitcoins, equivalentes a aproximadamente 1 millón de euros. Aunque esta adquisición fue presentada como un “test”, es un reflejo de cómo Bitcoin está siendo absorbido por el sistema financiero tradicional que originalmente buscaba desafiar.

    De herramienta disruptiva a activo especulativo

    El movimiento de Intesa Sanpaolo no es un caso aislado. En Europa, bancos como BPCE en Francia y Commerzbank en Alemania también han mostrado interés en integrar criptomonedas en sus operaciones. Esto ocurre en un contexto donde el precio de Bitcoin se ha disparado, alcanzando máximos históricos de más de 108.000 dólares en diciembre de 2024, impulsado por la aprobación de ETFs al contado en Estados Unidos y una regulación más favorable bajo la administración de Donald Trump.

    Sin embargo, este auge también ha consolidado a Bitcoin como un activo especulativo y una reserva de valor, alejándose de su utilidad como medio de pago. Esto ha sido fomentado por la entrada de grandes actores financieros que utilizan Bitcoin para satisfacer la demanda de sus clientes más sofisticados, tal como mencionó Carlo Messina, CEO de Intesa Sanpaolo. En sus declaraciones, Messina fue claro al advertir a los pequeños inversores que se mantuvieran alejados de las criptomonedas, subrayando los riesgos inherentes de este mercado.

    La paradoja de la centralización

    El objetivo inicial de Bitcoin era otorgar a los individuos el control de sus finanzas a través de un sistema sin intermediarios. Paradójicamente, la entrada de instituciones como Intesa Sanpaolo transforma este concepto en su antítesis: un activo controlado y gestionado por las mismas estructuras centralizadas que Bitcoin buscaba desbancar.

    Por ejemplo, la adquisición de Bitcoin por parte de Intesa no responde a una estrategia para promover su uso como moneda transaccional, sino como una herramienta para diversificar y proteger las reservas de la institución. Además, el banco señala que esta incursión estará estrictamente limitada y orientada a clientes con alto nivel de conocimiento sobre los riesgos del mercado. Este enfoque excluye a la mayoría de los usuarios comunes, reafirmando la brecha entre la promesa inicial de inclusión financiera y la realidad actual.

    Implicaciones futuras

    La absorción de Bitcoin por parte del sistema financiero tradicional plantea preguntas críticas sobre su futuro. ¿Puede Bitcoin mantener su esencia descentralizada cuando los bancos y las grandes instituciones controlan una porción significativa de su mercado? Además, ¿cuál es el impacto en su narrativa de libertad financiera si su uso se restringe a los propósitos especulativos y de reserva?

    A medida que las instituciones centralizadas integran Bitcoin, también surgen preocupaciones sobre la regulación. Los gobiernos podrían aprovechar la entrada de grandes actores financieros para ejercer mayor control sobre las criptomonedas, algo que iría en contra de los principios fundamentales de Bitcoin.

    Reflexión final

    La evolución de Bitcoin de una herramienta descentralizada a un activo gestionado por bancos centrales y corporaciones es un rejemplo de cómo las innovaciones tecnológicas pueden ser cooptadas por las estructuras que pretendían transformar. Si bien la adopción por parte de instituciones como Intesa Sanpaolo puede ser vista como un signo de legitimación, también representa una desviación significativa de los ideales que dieron origen a Bitcoin. La pregunta que queda es si esta transformación enriquecerá o empobrecerá el potencial disruptivo de la criptomoneda.

  • El Estado y el Mercado

    Nuevamente y a riesgo de ser cansón, a fin de explicarme con mayor claridad, les reitero que el “estado” somos todos los que vivimos en una república supuestamente democrática. Hago énfasis en ello ya que lo común es ver la cantidad de personas a todos los niveles que hablan y escriben del “estado” para referirse al gobierno. ¡No!, el gobierno no es el estado y el estado no es el gobierno. Por lo señalado es que suelo hablar de “los gobiernos del estado”; para dar a entender que el pueblo en constitución ha creado los organismos gubernamentales a los cuales delega la función de cumplir con lo dispuesto en constitución; es decir, aquello que nos constituye; que, lastimosamente, en Panamá no tenemos ya que lo que tenemos y llamamos “constitución” no es tal cosa, ya que lo que constituye en la corrupción.

    El estado y el mercado somos todos o, más bien dicho, el mercado es lo que hacemos todos cuando intercambiamos bienes y servicios en comunión de supervivencia. Mi nieto compraba pastillas en el súper y las revendía en la escuela a una pequeña ganancia; eso es mercado, igual que todo el resto de la actividad mercantil; incluyendo la parte que los gobiernos han invadido.

    Pero son muchos los que vilipendian al mercado. ¿Qué hay detrás de ello? Detrás de ello hay una variedad de razones tétricas; comenzando por el hecho de que quienes controlan los gobiernos del estado buscan acaparar la mayor cantidad de poder y fortuna posible, y, a tal fin, inculcan de maneras trapicheras en la población la errada creencia de que lo que hacen favorece el pueblo. ¡Qué ingenuidad! Y obvio que el pueblo necesitado se lo traga. Me refiero al ‘estado profundo’; es decir, el monstruo en que se convierten los gobiernos cuando la comunidad no los mantiene encadenados a una sana constitución; que como dije, no tenemos. Más aún, bien podemos decir que en Panamá no hay constitución sino prostitución.

    El mercado, por su naturaleza, sólo crece, florece y fructifica en una sociedad que goza de libertad; libertad para poder salir adelante en un mundo de carencias. No existe gobierno que pueda coordinar tamaña y compleja actividad, pero eso es exactamente lo que tantos intentan hacer; pero no como su objetivo primordial sino luego de que se llenan los bolsillos, lo cual es como la pedofilia, que el padre o el cura usa su posición y poder para satisfacer sus más bajos instintos, aunque en ello prostituya a sus dependientes.

    Los pederastas gubernamentales que viven ebrios de poder los vimos en su gloria durante el COVID, nombrando “expertos” que desde sus púlpitos de grandeza recomendaron encerrar a toda la jauría pueblerina disque para salvarnos. También hasta para puyarnos con agujas hasta por la viña de los ojos. Detrás de todo ello estaba y está el estado profundo que se alimenta de la población; en su afán rechaza la libertad.

    En resumen, hablo de la hiper centralización gubernamental; que en Panamá desde la misma constitución se entromete en nuestras vidas y el mercado cuando en artículos como el 284 dice que el estado puede intervenir en toda empresa en función de un interés social que por ningún lado queda definido.

    Pero, tristemente, el proceso centralista o socialista, contrario al mercado, es destructivo de la sociedad productiva al quitar a unos y luego entregar miserias a otros. Vean no más el caso de la hija de Hugo Chávez cuya fortuna se calcula en $4,197,000,000 -cuatro mil, ciento noventa y siete millones, mientras gran parte del pueblo se dio a la fuga y el resto yace en la miseria.

  • «Operator», la Nueva Era de los Agentes Autónomos de IA

    La inminente llegada de «Operator», el agente de inteligencia artificial de OpenAI, promete marcar un hito en la automatización personal. Este software, diseñado para realizar tareas complejas con mínima supervisión, como programar código o gestionar viajes, está programado para su lanzamiento en enero del 2025. Sin embargo, más allá de la emoción por sus capacidades, su aparición plantea profundas preguntas sobre el futuro de la relación entre humanos y máquinas.

    La automatización al alcance de un clic
    La idea detrás de «Operator» es seductora: delegar tareas repetitivas y tediosas a una inteligencia artificial, liberando tiempo y recursos para concentrarse en actividades más importantes. Al igual que herramientas similares de Microsoft y Anthropic, el enfoque de OpenAI no solo busca optimizar procesos, sino también explorar nuevos usos prácticos que redefinan la utilidad de los agentes de IA en el día a día.

    Sam Altman, CEO de OpenAI, afirmó recientemente que los avances más revolucionarios en el campo de la inteligencia artificial no vendrán de modelos más complejos, sino de agentes autónomos que realicen tareas completas por nosotros. Este paradigma supone un cambio radical en cómo entendemos la tecnología: ya no se trata solo de generar respuestas o resolver preguntas, sino de tomar decisiones autónomas en nuestro nombre.

    ¿Avance o dependencia peligrosa?
    Aunque la promesa de «Operator» y herramientas similares es tentadora, no está exenta de riesgos. La creciente autonomía de los agentes plantea serias preocupaciones éticas y prácticas. ¿Hasta qué punto podemos confiar en que estos sistemas tomarán decisiones alineadas con nuestros intereses? Y más importante aún, ¿qué sucede cuando estos agentes tienen acceso a nuestros datos más sensibles para ejecutar tareas?

    El desafío ético es significativo. La posibilidad de que «Operator» y otros agentes actúen con una independencia que comprometa la privacidad o tome decisiones erróneas no es un escenario remoto. Estas tecnologías avanzan rápidamente, pero su autoregulación y los controles necesarios para garantizar un uso seguro y ético a menudo quedan rezagados.

    Un paso hacia la automatización total, pero con cautela
    La llegada de «Operator» refleja un cambio inevitable en la tecnología: la integración de herramientas que no solo asisten, sino que actúan por nosotros. Si bien el potencial para revolucionar sectores enteros y simplificar nuestras vidas es evidente, es fundamental abordar los riesgos asociados con esta autonomía.

    El éxito de «Operator» no dependerá solo de sus capacidades técnicas, sino también de las medidas de OpenAI para garantizar que los usuarios mantengan el control sobre sus datos y decisiones. En esta carrera hacia la automatización, debemos recordar que el verdadero progreso reside en equilibrar la innovación con la responsabilidad ética.

    El lanzamiento de «Operator» marca un punto de inflexión en cómo interactuamos con la inteligencia artificial. La pregunta ya no es si las máquinas pueden hacer más por nosotros, sino si estamos preparados para las implicaciones de dejarlas hacerlo.