Categoría: Marcos Regulatorios

  • El mito del gobierno protector

    ¿Gobierno protector o estado controlador? A veces la promesa de protección solo encubre un exceso de poder.

    La niñera haitiana de B.K. Marcus le dijo, “entre al auto,” un viejo sedán que paró cuando la niñera hizo señas. Marcus quedó alarmado porque el auto carecía de identificación, y le dijo a la niñera, “pensé que íbamos a tomar un taxi.” “Este es un taxi,” respondió la niñera empujando a Marcus adentro. “Pero no parece taxi,” susurró Marcus. “Sr. Marcus, los taxi oficiales no entran a estos barrios; este es un taxi gitano”. Luego, al leer los medio y escuchar la radio me percaté que nuestra niñera me había empujado en una versión del mercado negro; esa que en Panamá llamamos “pirata”. ¡Qué lindo!, ¿no? Si no pagas coima, eres pirata. Lo cierto es que esa fue la primera experiencia de Marcus con este modo de transporte en un gueto de Nueva York en 1970, cuando sólo era niño.

    Hoy día el Marcus adulto se pregunta: “¿Cómo es que ahora uso Uber y otros gitanos sin pensarlo dos veces?” ¿Cómo es que prefiero un transporte gitano sin cupo a los taxis municipales? Es asunto de experiencia, cuenta Marcus. La tecnología ahora permite efectuar arreglos de tú a tú entre ciudadanos a través de enlaces que garantizan una seguridad y confianza que jamás podrán proveer esos cupos logrados por medio de coimas. El conductor de Uber tiene mucho más incentivo para satisfacer a su cliente los demás; entre otras porque su calificación y gratificación depende de ello. No se trata de un cartel de políticos y sus compinches sino de arreglos voluntarios entre ciudadanos.

    Quien tiene un cupo no se preocupa por la calidad de su servicio porque cuenta con un monopolio; al menos hasta la aparición de lo que llaman “competencia desleal”, pero sin señalar a quienes deben esa lealtad. ¿Será al cliente o a quienes les patrocinan la coima? El conductor de Uber no conduce como desquiciado porque de inmediato ello se reflejará en su calificación y no le llamarán.

    Pero esto no es sólo asunto de los taxis sino de todos esos servicios de licenciamiento mediante los cuales el llamado Estado dice protegernos. ¿En realidad creemos en esa protección? Antes de comprar la carne en palito, ¿le pides al vendedor que te muestre el certificado de salud? ¿Cuántas veces le ha pedido a un médico que le muestre su “licencia” o doctorado? ¿Usted escoge al médico por su licencia o por su reputación? ¿Porque tiene un papel o porque ha demostrado que sabe curar?

    Los gobiernos no sólo se desbocan en tamaño sino en funciones, alegando que es para protegernos. Tú que me lees ¿de verdad crees que los cupos de taxi son herramienta de seguridad? ¿El MEDUCA educa? ¿En quien confías la seguridad de lo que comes en un restaurante, en el MINSA o en el dueño del restaurante? O como me dijo el dueño de una gran aerolínea: “A quien más le interesa la seguridad de mis aviones es a mí”. En fin, los pilotos no sólo cuidan a los pasajeros sino a su propio rabo.

    La moraleja es que está bueno el culantro, pero no tanto. Los gobiernos estatales tienen su función, pero hay que ver hasta dónde. El tema de fondo es el de la subsidiaridad, esa que nos advierte que se peca tanto por defecto que por excesos. Debemos estar atentos a cuando las funciones de los gobiernos del estado se desbocan, pues más allá de cierto punto el intervencionismo se convierte en el problema y no la solución.

    Los gobiernos no están para fregarle la vida al buen emprendedor sino para poner en jaque al juega vivo.

  • Un nuevo capítulo post Brexit: del distanciamiento al reencuentro

    El 19 de mayo de 2025 se selló un acuerdo histórico entre el Reino Unido y la Unión Europea que marca un giro auspicioso en sus relaciones tras años de tensiones post-Brexit. Este nuevo entendimiento, que abarca áreas clave como comercio, pesca, defensa y movilidad juvenil, no solo apunta a superar heridas abiertas, sino también a trazar una hoja de ruta común hacia una cooperación más madura y pragmática.

    Del desencuentro a la reconstrucción

    Desde que el Reino Unido concretó su salida de la UE en 2020, las relaciones bilaterales se vieron atravesadas por desencuentros, burocracia y desconfianza mutua. Pero con el paso del tiempo y el peso de la realidad geopolítica, ambas partes reconocieron que el aislamiento no era una opción sostenible. Así, este nuevo acuerdo no revierte el Brexit, pero sí representa una aproximación más sensata: una manera de convivir sin renunciar a la soberanía, pero aceptando la interdependencia.

    Los pilares del acuerdo

    Comercio y regulación sanitaria.
    Uno de los avances más celebrados es la eliminación de los controles fronterizos sobre productos agroalimentarios británicos destinados a la UE, gracias a un nuevo acuerdo veterinario. Esto armoniza normativas sanitarias, facilita el comercio y podría inyectar hasta £9.000 millones anuales a la economía británica, reduciendo trabas que afectaban a productores y consumidores por igual.

    Pesca: pragmatismo sobre el orgullo.
    El pacto extiende por 12 años el acceso mutuo a zonas pesqueras, una cuestión especialmente simbólica y conflictiva desde el referéndum de 2016. Aunque algunos sectores pesqueros británicos ven esto como una concesión, el acuerdo garantiza previsibilidad y sostenibilidad para ambos bloques.

    Defensa y seguridad compartida.
    El Reino Unido se reincorpora parcialmente al sistema de defensa europeo a través del fondo “Safe”, con acceso a un presupuesto de €150.000 millones para innovación y seguridad. En un contexto donde EE. UU. reduce su implicancia en la seguridad europea, este giro es estratégico para ambas partes.

    Movilidad y juventud: puentes para el futuro.
    Se restablece la participación del Reino Unido en el programa Erasmus y se lanza un esquema de movilidad juvenil para facilitar intercambios de estudiantes y profesionales jóvenes. Además, los ciudadanos británicos podrán volver a usar e-gates al ingresar a la UE, agilizando el tránsito y reduciendo la fricción en los viajes.

    Ciudadanos en el centro

    Para los ciudadanos británicos, este acuerdo significa recuperar muchas facilidades perdidas post Brexit: acceso a programas educativos, menos burocracia para viajar y mayores oportunidades laborales en Europa. Para los europeos, se mantiene el acceso a recursos y mercados británicos, además de contar con un aliado activo en materia de defensa y cultura.

    Una lectura ética y política del momento

    En un tiempo donde el cortoplacismo político ha primado, este acuerdo podría interpretarse como un ejemplo alentador de visión a largo plazo. Hoy por hoy, en muchas sociedades, la ética, la libertad y los valores republicanos no se valoran tanto como el beneficio inmediato que ofrece el pragmatismo político. Sin embargo, este nuevo pacto muestra que la cooperación estratégica, basada en principios compartidos y no solo en la urgencia del momento, puede generar beneficios reales y duraderos.

    Una nueva era sin nostalgia

    Este acuerdo no implica un retorno al pasado ni una marcha atrás en el Brexit. Se trata, más bien, de una adaptación madura a una realidad compleja, en la que ni la confrontación ni la autosuficiencia total resultaron viables. Reino Unido y la UE, tras años de incertidumbre, eligen post Brexit, una relación menos ideológica y más funcional. Un nuevo capítulo comienza —y esta vez, con los ciudadanos en el centro.

  • Reino Unido y su ofensiva contra la privacidad: criptomonedas bajo vigilancia total desde 2026

    A partir del 1 de enero de 2026, el Reino Unido, en una clara ofensiva contra la privacidad, exigirá que todas las plataformas de criptomonedas reporten información detallada sobre cada transacción de sus clientes, incluyendo datos personales y fiscales, monto de las operaciones, tipo de criptoactivo y la naturaleza de la operación. Esta iniciativa, impulsada por la agencia fiscal británica (HMRC), busca, según el discurso oficial, combatir la evasión fiscal y proteger al consumidor.

    Pero detrás de este lenguaje burocrático se esconde un avance directo contra la privacidad financiera y la autonomía individual. En la práctica, estas medidas suponen un sistema de vigilancia masiva sobre las finanzas personales, transformando a cada exchange en un brazo ejecutor del Estado fiscal. El incumplimiento por parte de las plataformas resultará en sanciones económicas que buscan forzar la obediencia del sector privado a esta nueva lógica de control.

    ¿Qué diferencias hay con MiCA?

    A simple vista, la medida británica guarda semejanzas con el Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) de la Unión Europea, que también establece marcos regulatorios para emisores y proveedores de servicios relacionados con criptomonedas. Sin embargo, hay diferencias clave: MiCA busca generar un marco normativo uniforme para facilitar la innovación, mientras que la política del Reino Unido se enfoca casi exclusivamente en el control fiscal. No hay aquí un intento de equilibrio regulatorio: se trata de control puro y duro, en nombre de una supuesta “protección” que nadie ha solicitado.

    MiCA al menos reconoce que hay una dimensión económica que puede potenciarse si se proporciona seguridad jurídica. En cambio, el enfoque del Reino Unido criminaliza de antemano cualquier uso anónimo o privado de criptomonedas. Bajo este nuevo régimen, cada transacción será tratada como sospechosa por defecto.

    La traición al espíritu de Satoshi

    Lo que está en juego no es simplemente una nueva capa de compliance para los exchanges. Es, en términos ideológicos, un ataque frontal a las ideas que motivaron el nacimiento de Bitcoin. El white paper de Satoshi Nakamoto, publicado en 2008, proponía una red descentralizada, resistente a la censura, sin intermediarios ni confianza en autoridades centrales. Una red entre pares, donde los individuos son plenamente responsables de su dinero y sus decisiones.

    Bitcoin fue creado como respuesta al abuso de poder de los bancos centrales y gobiernos tras la crisis financiera de 2008. No vino a pedir permiso. Vino a desintermediar. A ofrecer una alternativa para quienes no quieren participar en un sistema financiero basado en deuda, inflación crónica y vigilancia.

    Estas nuevas regulaciones suponen lo contrario: reinstaurar el control estatal mediante la cooptación de actores privados, socavando la privacidad, criminalizando la autonomía financiera y asfixiando el uso libre de una tecnología que, por diseño, nació para estar fuera de su alcance.

    Libertad no es “equilibrio”

    Hablar de “buscar un equilibrio” entre libertad e intervención estatal es asumir una premisa falsa: que el Estado tiene derecho a controlar todas las formas de intercambio humano por defecto. Pero Bitcoin propone otra cosa: una relación libre, voluntaria, sin coacción. Nadie está obligado a aceptar Bitcoin. No es de curso forzoso. Por eso la idea de que el Estado debe “proteger al usuario” es absurda: ¿protegerlo de qué? ¿De sí mismo?

    El usuario de Bitcoin es, en esencia, un adulto responsable. La arquitectura misma de la red asume que cada persona es capaz de cuidar su clave privada, validar sus transacciones y asumir las consecuencias de su uso. Esa concepción —profundamente libertaria— es incompatible con la idea de que una burocracia puede vigilar cada movimiento por nuestro bien.

    Lo que está ocurriendo no es nuevo. Es una vieja historia: cada vez que aparece una tecnología que escapa al control estatal, el Leviatán reacciona. La descentralización es, para los Estados, una amenaza existencial. Y como no pueden destruir la tecnología, buscan domesticarla mediante normativas coercitivas, sanciones, vigilancia y miedo.

    Pero Bitcoin no necesita pedir permiso. Su código sigue funcionando. Su red sigue creciendo. Y cada persona que decide custodiar sus claves, validar sus bloques y operar fuera del sistema, mantiene viva la promesa de una libertad que no se negocia.

  • Reino Unido dice NO al Bitcoin como reserva estratégica

    La reciente decisión del Reino Unido de no establecer una reserva nacional de Bitcoin ha generado un debate significativo, especialmente desde una perspectiva libertaria. Esta postura se alinea con una visión conservadora que prioriza la estabilidad económica y la regulación prudente sobre la adopción de activos digitales volátiles.

    Emma Reynolds, Secretaria Económica del Tesoro británico, afirmó que seguir el ejemplo de Estados Unidos en la acumulación de Bitcoin «no es el plan para nosotros», indicando que tal enfoque «no es apropiado para nuestro mercado» . Esta declaración refleja una cautela respecto a la volatilidad inherente de las criptomonedas y una preferencia por mantener la integridad del sistema financiero tradicional.

    Desde una perspectiva libertaria, esta decisión puede interpretarse como un reconocimiento de los principios fundamentales de la descentralización y la soberanía individual que sustentan las criptomonedas. Al abstenerse de institucionalizar la tenencia de Bitcoin, el gobierno británico evita centralizar un activo diseñado para operar fuera del control estatal, lo que podría considerarse coherente con una visión que valora la autonomía del individuo sobre la intervención gubernamental.

    Sin embargo, esta postura también ha sido objeto de críticas por parte de líderes de la industria y defensores de las criptomonedas, quienes argumentan que el Reino Unido está perdiendo una oportunidad estratégica para fortalecer su posición en la economía digital emergente. Freddie New, jefe de políticas de Bitcoin Policy UK, señaló que el gobierno británico posee actualmente alrededor de 61,245 BTC, valorados en más de £4 mil millones, principalmente adquiridos a través de incautaciones relacionadas con actividades delictivas . New argumenta que estos activos podrían utilizarse para financiar programas públicos o como una reserva estratégica, en lugar de ser liquidados.

    Además, el Reino Unido está explorando el uso de la tecnología blockchain para la emisión de deuda soberana, lo que indica una disposición a adoptar innovaciones tecnológicas sin comprometer la estabilidad financiera . Esta estrategia sugiere que, aunque el gobierno británico es cauteloso respecto a la acumulación de criptomonedas, reconoce el potencial de la tecnología subyacente para mejorar la eficiencia y transparencia de sus operaciones financieras.

    En contraste, Estados Unidos ha adoptado una postura más proactiva, con iniciativas para establecer una reserva nacional de Bitcoin, argumentando que podría servir como cobertura contra la inflación y fortalecer la posición del dólar en el mercado global . Esta divergencia de enfoques refleja diferencias fundamentales en la percepción y gestión de las criptomonedas entre ambas naciones.

    La respuesta tajante del Reino Unido sacude la fantasía de una carrera entre potencias occidentales por atesorar Bitcoin como si fuera el nuevo oro digital. Si el entusiasmo por la adopción estadounidense alimentó la ilusión de un efecto dominó inevitable, la decisión británica introduce un contrapeso lúcido: no hay consenso, ni fe ciega, en que Bitcoin sea el ancla financiera del futuro. Cada país está escribiendo su propia historia en esta nueva era monetaria, y no todos están dispuestos a seguir el mismo guion.

  • Skype: adiós a la primer gran disrupción digital nacida en libertad

    Este 5 de mayo se cierra un capítulo en la historia de la tecnología: Microsoft desconectará oficialmente el servicio clásico de Skype. Para muchos, será apenas el fin de una aplicación. Pero para quienes miramos el mundo desde la libertad y la innovación, Skype fue mucho más: fue una rebelión contra el statu quo de las telecomunicaciones globales. Y su origen en Estonia no es casualidad.

    Skype nació en 2003, desarrollado por tres programadores estonios —Ahti Heinla, Priit Kasesalu y Jaan Tallinn— en colaboración con los empresarios Niklas Zennström (Suecia) y Janus Friis (Dinamarca). Pero su historia no puede separarse del contexto único que hizo posible su creación: la radical apertura económica de Estonia tras liberarse del yugo soviético.

    Apenas recuperada su independencia en 1991, Estonia estaba devastada económicamente. Entonces, un joven de 32 años, Mart Laar, llegó al poder con un único libro de cabecera: Free to Choose, de Milton Friedman. Aplicó reformas impensables: impuesto plano o Flat tax, privatización inmediata, la reducción drástica del aparato estatal y libertad comercial plena, inspirándose abiertamente en las ideas de Milton Friedman y F.A. Hayek. En menos de una década, Estonia pasó de la ruina a convertirse en la primera sociedad digital del mundo.

    La apuesta era audaz y contracultural en un ex país soviético. Pero funcionó. Estonia se convirtió en el país más digitalizado del mundo exsoviético, con infraestructura tecnológica avanzada, acceso universal a Internet y un ecosistema fértil para la innovación. Skype fue la primera gran flor de ese jardín liberal.

    Skype, fue la muestra concreta del potencial de la libertad. En un mundo dominado por los monopolios telefónicos y tarifas internacionales prohibitivas, Skype ofreció algo revolucionario: llamadas gratuitas a cualquier parte del mundo, sin intermediarios, sin fronteras, sin permisos.

    Más que una aplicación, fue un acto de desobediencia creativa. La industria de las telecomunicaciones tembló. Los gobiernos empezaron a preguntar cómo regular lo que no podían controlar. Y millones de personas comenzaron a hablar con familiares, clientes y colegas a través de una plataforma que, con una conexión modesta, hacía posible lo que antes costaba una fortuna.

    Skype no solo anticipó el fenómeno de las llamadas VoIP, sino que sentó las bases de muchas de las plataformas actuales de comunicación, desde Zoom hasta WhatsApp. Fue pionero en cifrado, en interoperabilidad, y en demostrar que el software podía democratizar algo tan esencial como la conversación humana.

    Fue vendido a eBay en 2005 por $2.6 mil millones, y luego a Microsoft en 2011 por $8.5 mil millones. A partir de entonces, comenzó un proceso de transformación y pérdida de relevancia, eclipsado por nuevos actores. Pero su impacto ya estaba hecho.

    Lo esencial es no olvidar lo que hizo posible a Skype: un entorno de libertad, desregulación y confianza en el individuo. No nació en una incubadora estatal ni fue producto de un plan quinquenal. Fue una creación espontánea nacida en un país libre. Estonia fue libre, por decisión política valiente. Skype fue posible, por esa libertad. Que no lo olvidemos: cuando se permite a las personas crear sin trabas, el mundo cambia.

    Skype fue la primera gran disrupción digital de este siglo. Fue el hijo directo de una Estonia libre. Su legado seguirá vivo mientras las personas éticas continúen difundiendo las ideas de la libertad.

  • “Costo Neutro”: ¿Puerta trasera a la pérdida de la neutralidad del Canal?

    ¿Puede Panamá compensar el pago de peajes de buques estadounidenses como parte de una fórmula de “costo neutro” sin comprometer su marco jurídico internacional.?

    La política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se caracteriza por un enfoque abiertamente transaccional, donde el poder duro reemplaza al poder blando como herramienta diplomática. Su lema “Make America Great Again” se traduce en una agresiva renegociación de tratados, una visión utilitaria de las relaciones internacionales y el desprecio por instituciones multilaterales que limitan los intereses estratégicos de Washington.

    Trump ha dejado claro que su doctrina “America First” no reconoce obligaciones globales si no se traducen en beneficios tangibles y unilaterales para Estados Unidos. En esa lógica caben propuestas como la compra de Groenlandia, su proyecto inmobiliario en la Franja de Gaza, el intento de apoderarse de las tierras raras de Ucrania y su amenaza de retomar el control del Canal de Panamá, bajo el argumento de que “fue un regalo de EE.UU. que no está siendo debidamente respetado”.

    En ese contexto, la propuesta de implementar un esquema de “costo neutro” entre Panamá y Estados Unidos para el tránsito de buques de guerra estadounidenses por el Canal genera una legítima preocupación nacional e internacional. Bajo este mecanismo, los peajes que deberían ser pagados por dichas embarcaciones serían compensados indirectamente por Panamá mediante la prestación de servicios de seguridad por parte de Estados Unidos.

    Aunque la medida podría presentarse como parte de la cooperación bilateral en defensa del Canal, su implementación violaría el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá de 1977, tanto desde una interpretación jurídica como desde su práctica histórica. Veamos por qué:

    Violación del Principio de Neutralidad

    1. Igualdad de condiciones (Artículo II): El Tratado exige que el Canal esté abierto “a los buques de todas las naciones en condiciones de entera igualdad”, lo que abarca no solo el acceso físico, sino también las condiciones económicas, operativas y administrativas. Cualquier esquema que beneficie económicamente a una nación sobre otras rompe este equilibrio.

    2. Prohibición de exenciones (Artículo III): Establece que todos los buques, incluidos los militares, deben pagar peajes, sin discriminación por bandera, tipo o carga. Un esquema de “costo neutro” que compense solo a EE.UU. equivale a una exención disfrazada, incompatible con el texto y el espíritu del tratado.

    3. Condiciones de cooperación (Artículo V): El tratado sí permite la cooperación en defensa entre Panamá y EE: UU., pero establece dos límites clave:

    • Dicha cooperación no puede estar vinculada a temas tarifarios ni dar lugar a contraprestaciones económicas relacionadas al tránsito.

    • Toda cooperación debe ser transparente y no generar privilegios operativos o financieros para una nación en particular.

    Riesgo de discriminación y conflicto internacional

    Aceptar un esquema de “costo neutro” exclusivo con Estados Unidos implicaría una ventaja económica para una sola potencia y podría provocar reclamos por trato desigual de parte de otras naciones con presencia naval en la región como China, Rusia, Francia o Reino Unido. La neutralidad no es solo una obligación para Panamá, sino un compromiso multilateral frente a la comunidad internacional.

    Un trato preferencial, aunque sea indirecto, puede abrir la puerta a:

    • Demandas internacionales por violación de principios de igualdad.

    • Represalias diplomáticas o económicas.

    • La erosión del prestigio y la credibilidad del régimen de neutralidad, que Panamá ha logrado consolidar con esfuerzo desde que asumió el control del Canal.

    En resumen, Panamá no puede compensar el pago de peajes de buques estadounidenses como parte de una fórmula de “costo neutro” sin comprometer su marco jurídico internacional. Cualquier arreglo que implique reembolsos, créditos cruzados, condonaciones implícitas o contraprestaciones por servicios de seguridad debe ser evaluado con extrema cautela, pues puede interpretarse como una subvención encubierta, trato preferencial hacia una potencia específica, o corresponsabilidad operativa prohibida en los tratados.

    La única vía jurídicamente aceptable para una cooperación en materia de seguridad entre Panamá y Estados Unidos es que se realice fuera del régimen tarifario del Canal y mediante acuerdos bilaterales autónomos, ya sea de carácter diplomático, financiero o institucional que no interfieran con las reglas de neutralidad.

    El Canal de Panamá es más que una infraestructura: es un símbolo de soberanía, legalidad y equidad. Su neutralidad no debe ser moneda de cambio en ninguna transacción.

  • IDAAN Agua y Mercado

    Estimado lector ¿me puedes decir el nombre del número 0.0035? No lo busques que ya lo hice por ti y, por mí también; pero me extiendo un poco más en mi cuento: El número 1 en palabra es uno; digamos un dólar; 0.1 es un décimo de dólar o 10 centavos; 0.01 es dos centésimas o dos centavos y, 0.0035 es tres mil quinientos cincuenta diezmilésimas de centavo. ¿A qué va todo ello? Pues que si el 99.99% de nuestros compatriotas no saben decir el nombre o monto en dólares que cobra el IDAAN por un galón de agua, entonces bien podemos ir despertando a la inmensa realidad del jaleo socioeconómico en que nos encontramos; y prosigo con mi excursión de una lúgubre realidad.

    A lo que voy es al enorme grado de las distorsiones de realidades que nos colocan en una situación socioeconómica precaria en Panamá; y uso el tema del agua disque subsidiada del IDAAN como ejemplo. Y digo “disque subsidiada. ¿Qué sentido tiene pagar por agua potable para depositar en ella nuestra caca, lavar autos, el patio, bañarnos, fregar platos y tanto más? ¡No tiene sentido! ¿O sí? En realidad, sí lo tiene, pero es una colección de sentidos de desgobierno y corrupción.

    ¿Cuánto cuesta un galón de agua potable en el comercio en Panamá?: el Xtra vende a $2.66 el galón de “Agua Purísima”; el 99 agua Bambito Manantial a $3.65, y por allí deambulan esos arrieros. Pero… curioso que tantos paguen esos precios cuando el IDAAN vende agua potable a $0.0035 el galón o $6.29 el metro cúbico. ¿Será que muchos no confían de la calidad de agua del IDAAN? Que yo sepa, la gente no se anda enfermando por beber agua IDAAN. Hay más enredo en todo ello.

    En Costa Rica el consumo por hogar es la mitad que en Panamá… ¿por qué? Porque la gente paga más por ello y, por tanto, la despilfarran menos. Dice la AI que en Las Cumbres el 47% del agua se pierde en roturas de tuberías. Curioso que hoy los vecinos mandan vídeo de dos nuevos ríos IDAAN en media calle.

    ¿No sería mucho más conveniente, lógico, económico y cuerdo que el IDAAN dispensara agua no potable? Y no digo agua sucia sino “no potable”. ¿Tienes idea de cuanto del agua que le compras al IDAAN es para bebértela? Sólo el uno %. Pero… ¿cuanto nos cuesta repartir agua a $0.0 035 para usarla en retretes y tal? El IDAAN la vende a B/0.0035 el galón pero… ¿Cuánto gasta para producir el galón? Apuesto qué ni los del IDAAN saben. Si operas una empresa así, quiebra; pero ¿el gobierno no? Coman ese cuento.

    Somos botaratas y, hoy que ni calles ni escuelas podemos reparar, seguimos con gastos vergonzosos. Cada ser humano consume unos 3 litros de agua por día. El litro de agua más caro anda por los $0.77; pero si se da un gran aumento de la demanda en la compra de agua embotellada el precio bajaría en grande; en EE.UU. en 2023 estaba en $1.44 el galón. Pero pueden existir otras alternativas.

    Saldría más económico filtrar el agua no potable del IDAAN; pero creo lo mejor sería que el gobierno deje de ser empresario que vende de todo, ya que para eso no es ni sirve y se viola el principio de subsidiaridad; que nos advierte que una organización de orden superior no debe hacer por una de orden inferior lo que la inferior puede y debe hacer por cuenta propia; so pena de se anulada y convertida en sociedad de servidumbre.

  • Cripto en Argentina: ¿Regulación o Contradicción?

    La reciente regulación argentina sobre criptomonedas ha generado un intenso debate en torno a su impacto en la libertad digital y el ecosistema cripto del país. La Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió la Resolución General 1058/2025, que establece un marco normativo para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs), imponiendo requisitos de registro, ciberseguridad y prevención de lavado de dinero.

    Detalles de la nueva regulación

    La normativa exige que todos los PSAVs se inscriban en un registro oficial para operar legalmente en Argentina. Además, impone requisitos prudenciales relacionados con la custodia segura de activos virtuales y la segregación de cuentas, con el objetivo de proteger a los usuarios y garantizar la transparencia en el mercado.

    Asimismo, se establecen obligaciones en materia de ciberseguridad y prevención de lavado de dinero, buscando mitigar riesgos asociados a actividades ilícitas y fortalecer la confianza en el ecosistema cripto.

    Desarrollo histórico de las criptomonedas en Argentina

    Argentina ha sido uno de los países latinoamericanos con mayor adopción de criptomonedas. Factores como la inestabilidad económica, la alta inflación y las restricciones cambiarias han llevado a muchos argentinos a buscar refugio en activos digitales. En 2023, Argentina ocupó el puesto 15 en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas, consolidándose como el segundo mercado más grande de América Latina después de Brasil.

    Además, según datos de la CNV, existen más de 10 millones de cuentas de criptoactivos abiertas en el país, equiparando la cantidad de cuentas en el mercado de capitales tradicional.

    Análisis desde una perspectiva liberal

    Desde una óptica liberal, la intervención estatal en el mercado de criptomonedas es percibida como una restricción a la libertad individual y al libre mercado. Los liberales suelen abogar por la mínima intervención gubernamental, promoviendo la autorregulación y la competencia como mecanismos para garantizar la eficiencia y la innovación.

    La obligatoriedad de registro y los requisitos impuestos por la CNV se interpretan como barreras de entrada que limitan la competencia y la diversidad en el ecosistema cripto. Además, la imposición de normativas estrictas desalientan la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, contraviniendo principios liberales fundamentales.

    Coherencia del gobierno argentino con sus postulados libertarios

    El gobierno argentino actual se ha identificado con posturas libertarias, promoviendo la reducción del tamaño del Estado y la desregulación de mercados. Sin embargo, la implementación de esta regulación sobre criptomonedas parece contradecir esos principios, al aumentar la intervención estatal en un mercado que, por naturaleza, busca la descentralización y la autonomía.

    Esta aparente incoherencia podría interpretarse como una respuesta a presiones internacionales para alinearse con estándares globales de regulación financiera, o como una medida para proteger a los consumidores en un mercado aún incipiente y volátil. No obstante, desde una perspectiva libertaria, estas justificaciones no son suficientes para legitimar una intervención que limita la libertad individual y la autorregulación del mercado.

    Impacto en el desarrollo del ecosistema cripto en Argentina

    La regulación podría tener efectos tanto positivos como negativos en el ecosistema cripto de Argentina. Por un lado, la formalización del mercado y la implementación de medidas de seguridad podrían aumentar la confianza de inversores institucionales y usuarios, fomentando una adopción más amplia y segura.

    Por otro lado, las restricciones y obligaciones impuestas podrían desalentar a pequeños emprendedores y startups, limitando la innovación y la diversidad en el mercado. Además, existe el riesgo de que actores internacionales vean a Argentina como un mercado menos atractivo debido a la carga regulatoria, lo que podría ralentizar el crecimiento del sector.

    Qué esperar?

    La nueva regulación argentina en cripto representa un intento de equilibrar la protección al consumidor y la integridad del mercado con la promoción de la innovación y la libertad económica. Sin embargo, desde una perspectiva liberal, esta medida podría considerarse un retroceso, al aumentar la intervención estatal en un mercado que prospera en la descentralización y la autonomía.

    La coherencia del gobierno argentino con sus postulados libertarios se ve cuestionada por esta regulación, evidenciando las complejidades y desafíos de aplicar principios ideológicos en la práctica gubernamental. El impacto real de esta normativa en el desarrollo del ecosistema cripto en Argentina dependerá de su implementación y de la capacidad del mercado para adaptarse a las nuevas condiciones sin perder su esencia innovadora y disruptiva.

  • Euro Digital: El Gran Hermano Financiero en Marcha

    El Banco Central Europeo (BCE), bajo la dirección de Christine Lagarde, planea lanzar un euro digital en octubre de 2025. Este proyecto, conocido como Moneda Digital de Banco Central (CBDC, por sus siglas en inglés), ha generado intensos debates, especialmente desde una perspectiva libertaria, debido a preocupaciones sobre la privacidad, el incremento del control gubernamental y la posibilidad de implementar sistemas de puntuación crediticia similares a los utilizados en regímenes totalitarios.

    Pérdida de privacidad y aumento de la vigilancia

    Uno de los pilares fundamentales del pensamiento libertario es la defensa de la privacidad individual. La introducción de una CBDC erosionará significativamente este derecho. A diferencia del dinero en efectivo, que permite transacciones anónimas, una moneda digital emitida por el banco central registra cada transacción en tiempo real. Esto proporcionaría a los gobiernos y autoridades financieras una visión detallada de los hábitos de gasto de cada ciudadano, abriendo la puerta a nuevas formas de control y monitoreo.

    El cruce de datos: el fin de la privacidad financiera

    La posibilidad de que los gobiernos crucen información entre declaraciones de impuestos, hábitos de consumo y comportamiento bancario no es nueva. Sin embargo, hoy en día, esta fiscalización todavía tiene barreras burocráticas y operativas que dificultan un control total. Con la adopción de una CBDC, estas barreras se desvanecerían, permitiendo que los gobiernos tengan acceso total y en tiempo real a la actividad financiera de cada ciudadano.

    • Impuestos y evasión/elusión fiscal: Los gobiernos podrían identificar automáticamente cualquier transacción sospechosa de evasión o elusión fiscal, eliminando el efectivo como refugio de operaciones informales. Si bien el combate a la evasión podría considerarse un objetivo legítimo según la posición ideológica de los diversos gobiernos, el problema es que este nivel de control llevaría a una capacidad sin precedentes para fiscalizar hasta los gastos más cotidianos de los ciudadanos, lo que terminará derivando en un uso arbitrario del poder, como lo señalamos desde la esfera liberal.
    • Control sobre el consumo: Se podrían establecer restricciones sobre qué productos pueden comprarse con la CBDC. Por ejemplo, bajo el argumento de proteger la salud pública, un gobierno podría impedir la compra de alcohol, tabaco o ciertos alimentos. En momentos de crisis energética, podrían limitarse los gastos en gasolina o electricidad, todo bajo un sistema de automatización donde el ciudadano ni siquiera podría apelar la decisión.
    • Restricciones políticas: En regímenes autoritarios, el uso de una moneda digital permitiría a los gobiernos sancionar económicamente a opositores políticos. Una CBDC podría programarse para impedir que ciertos individuos accedan a sus fondos o realicen transacciones específicas, replicando mecanismos de censura financiera ya vistos en algunos casos con bloqueos bancarios a disidentes.
    • Puntuación crediticia y social: Con acceso total a los hábitos de gasto y transacciones, los gobiernos podrían implementar sistemas de crédito social al estilo chino. Las personas que gasten en productos o servicios considerados «no prioritarios» podrían ver limitadas sus oportunidades de crédito. Incluso la afiliación a ciertas asociaciones o el apoyo a movimientos políticos contrarios al gobierno podrían influir en la capacidad de una persona para obtener financiamiento o acceder a determinados servicios.

    Facilidad para la emisión monetaria y riesgos inflacionarios

    Otro aspecto preocupante es la facilidad con la que los gobiernos podrán emitir moneda digital sin restricciones. Sin las limitaciones físicas del dinero en efectivo, los bancos centrales tendrán una herramienta más para monetizar déficits fiscales sin necesidad de impresión de billetes, lo que conduce indefectiblemente a una inflación descontrolada. Desde una perspectiva libertaria, esto representa una afrenta a la estabilidad económica y al poder adquisitivo de los ciudadanos, erosionando el valor de sus ahorros y salarios.

    Reacción de los legisladores y fallos en sistemas existentes

    Las preocupaciones sobre el euro digital no son exclusivas del ámbito libertario. Recientemente, legisladores europeos han expresado dudas sobre la viabilidad del proyecto, especialmente después de fallos en sistemas de pagos del BCE como T2, lo que genera escepticismo sobre la capacidad del banco central para gestionar una infraestructura digital sin comprometer la seguridad y estabilidad financiera.

    La implementación de una CBDC como el euro digital representa un cambio significativo en la forma en que interactuamos con el dinero y el sistema financiero. Si bien podría ofrecer ventajas como la eficiencia en pagos y una mayor inclusión financiera, también es una seria invasión sobre la privacidad, una vía fácil de acceso al control gubernamental y la amenaza real sobre la estabilidad económica. La capacidad de los gobiernos para cruzar datos de consumo, impuestos y actividad bancaria sin restricciones nos conducirá a una era de vigilancia financiera sin precedentes, donde la autonomía económica de los ciudadanos estará constantemente en riesgo. Antes de su adopción, es crucial un debate exhaustivo, un reto a los gobiernos europeos que se desenmascaren los verdaderos riesgos y el nulo aporte de valor a los ciudadanos que cada vez necesitan más que se les garantice que los valores de libertad y privacidad sean protegidos y defendidos en la era digital.

  • Costa Rica lanza su primer ETF Bitcoin: ¿Puede Panamá imitarlo?

    El 22 de febrero de 2025, Costa Rica marcó un hito financiero al lanzar su primer fondo cotizado en bolsa (ETF) basado en Bitcoin, una iniciativa liderada por el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) a través de su gestora de inversiones, BN Fondos. Este movimiento posiciona al país como pionero en Centroamérica al ofrecer a sus ciudadanos acceso a inversiones en criptomonedas mediante el sistema bancario tradicional.

    Detalles del ETF Bitcoin en Costa Rica

    El ETF Bitcoin de BN Fondos permite a los inversionistas costarricenses exponerse al rendimiento de Bitcoin sin la necesidad de gestionar directamente criptomonedas, eliminando así la complejidad de manejar billeteras digitales o claves privadas. Con una inversión mínima de $100, este fondo está diseñado para ser accesible tanto para pequeños ahorristas como para grandes inversionistas. Además, las inversiones se realizan en dólares estadounidenses, brindando una opción adicional para diversificar portafolios en una moneda fuerte.

    Pablo Montes de Oca, gerente general de BN Fondos, destacó la importancia de este lanzamiento: «Nos entusiasma presentar estos nuevos Fondos de Inversión tan innovadores y ser pioneros en el mercado costarricense». Este ETF no solo ofrece una nueva alternativa de inversión, sino que también representa un paso significativo hacia la modernización y digitalización del sector financiero costarricense.

    Contexto Regulatorio en Costa Rica

    Aunque Costa Rica no cuenta con una legislación específica que regule las criptomonedas, la constitución y el código civil del país permiten cualquier actividad que no esté expresamente prohibida por la ley. Esto significa que, en ausencia de una prohibición explícita, los costarricenses pueden poseer y comerciar con criptomonedas. Sin embargo, la introducción de un ETF respaldado por una entidad financiera estatal como el BNCR ofrece una capa adicional de confianza y seguridad para los inversionistas, al operar bajo un marco regulado y supervisado.

    Posibilidades para Panamá

    La iniciativa costarricense plantea la pregunta de si Panamá está en condiciones de seguir un camino similar. Panamá ha mostrado interés en el ámbito de las criptomonedas; en 2021, la Asamblea Nacional discutió un proyecto de ley para regular el uso de criptoactivos y fomentar la innovación financiera. Aunque el proyecto generó debate y atención mediática, su avance ha sido lento, y hasta la fecha no se ha implementado una regulación específica que permita el lanzamiento de productos financieros como un ETF de Bitcoin. Por otro lado, y siguiendo el razonamiento jurídico de Costa Rica, Panamá no prohibe expresamente este tipo de productos, por lo que también regiría el principio de «todo aquello que no está expresamente prohibido, está permitido».

    Para que Panamá pueda introducir un ETF de Bitcoin similar al de Costa Rica, sería necesario:

    1. Promover su Marco Regulatorio: Al igual que su país hermano Costa Rica, Panamá no necesita establecer leyes y regulaciones que definan el estatus legal de las criptomonedas y los productos financieros asociados. La seguridad jurídica a los inversionistas y a las instituciones financieras se las otorga la misma Constitución Nacional y en este sentido, podría empujarse una clara, concisa y ágil regulación para que los Bancos puedan estar más cómodos y protegidos ante el desafío de Bitcoin. Sin embargo, no es necesario.
    2. Participación de Entidades Financieras: Involucrar a bancos y gestoras de fondos locales que estén dispuestos a desarrollar y ofrecer productos basados en criptomonedas, llevando a cabo una autoregulación honesta y sustentable.
    3. Educación e Información: Fomentar la educación financiera entre la población para que los potenciales inversionistas comprendan los riesgos y beneficios asociados con las inversiones en criptomonedas.

    Aunque Panamá cuenta con un sector financiero robusto y una posición geográfica estratégica, es cierto que la ausencia de un marco regulatorio específico solicitado por el mainstream financiero para las criptomonedas, limita la posibilidad de lanzar productos como un ETF de Bitcoin en el corto plazo. No obstante, la experiencia de Costa Rica podría servir como modelo y estímulo para que Panamá avance en la integración de activos digitales en su mercado financiero, siempre y cuando se desarrollen las regulaciones propias, la confianza y las estructuras necesarias para garantizar la seguridad y confianza de los inversionistas. Y además, animarse a hacerlo.