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Categoría: Politica y Actualidad

  • Guy Sorman sostiene que Trump, va de fracaso en fracaso

    En su artículo “Trump, de fracaso en fracaso”, publicado originalmente en ABC y retomado en medios como El Almendrón, el economista y pensador francés Guy Sorman traza un balance crítico de la presidencia de Donald Trump tras un año de su elección. Lejos de adherirse a la retórica triunfalista que el propio Trump suele emplear, Sorman presenta una mirada crítica y fundamentada en resultados concretos, poniendo en cuestión la eficacia de las políticas y el impacto real de su gestión sobre la economía, la democracia y la política exterior estadounidense.

    Desde el inicio, Sorman sostiene que Trump —quien proclama ser “el mejor presidente de la historia de Estados Unidos”— ha acumulado fracasos palpables en elementos que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos. Como ejemplo, el autor menciona la subida del precio del café, producto emblemático del consumo estadounidense, tras la imposición de aranceles elevados a las importaciones de Brasil. Sorman utiliza esta anécdota para ilustrar que las políticas proteccionistas de Trump no han producido los beneficios prometidos, sino que han generado incertidumbre y volatilidad en sectores clave como el comercio y la agricultura, donde el empleo y la producción se han resentido.

    Un punto central de la crítica de Sorman es que la economía estadounidense, aunque muestra crecimiento en términos agregados, lo hace gracias al dinamismo empresarial y a su liderazgo en tecnologías avanzadas, más que por las decisiones de la Casa Blanca. Esto sugiere que los beneficios observados no se deben al mando presidencial, sino al mercado y a los empresarios que operan independientemente del entorno político. En cambio, la imposición variable de aranceles y la hostilidad hacia la inmigración, según Sorman, están debilitando sectores como la construcción y la agricultura, elevando el desempleo y deteriorando la estabilidad de las cadenas de producción.

    Más allá de la economía, Sorman también aborda la erosión de las instituciones democráticas bajo el liderazgo de Trump. Afirma que el Estado de derecho, durante años considerado un pilar de la democracia estadounidense, se ha visto debilitado. Señala que el Departamento de Justicia, tradicionalmente independiente, ha sido utilizado como instrumento político para perseguir adversarios, y que la ampliación del uso del derecho de gracia —como en el caso de los indultos a participantes del asalto al Capitolio de enero de 2021— refleja una preocupante falta de respeto por la justicia imparcial.

    En ámbitos internacionales, Sorman destaca fracasos significativos en política exterior. Trump se jactó de haber alcanzado acuerdos de paz y haber terminado conflictos, pero la realidad muestra conflictos persistentes y relaciones deterioradas con aliados europeos. La negociación de un alto el fuego en Ucrania, por ejemplo, se describe como débil y sin avances sustantivos, mientras que la política hacia América Latina carece de foco y resultados claros.

    Asimismo, Sorman cuestiona la coherencia de la estrategia global de Trump, especialmente su aparente volatilidad en temas clave como comercio y alianzas. Más que una visión estratégica, el autor sugiere que las decisiones parecen responder a estados de ánimo o preferencias personales, lo que genera desconfianza y una mayor aversión de actores internacionales a involucrarse con la economía estadounidense.

    Finalmente, Sorman califica a Trump como un “accidente” en la historia estadounidense: un líder cuya prioridad personal por la gloria y el enriquecimiento propio ha eclipsado los intereses de la población y el fortalecimiento de instituciones democráticas. Según este análisis, incluso muchos de los seguidores de Trump, divididos y desencantados, se darían cuenta de que las promesas transformadoras no se han traducido en realidades que mejoren su calidad de vida.

    En conjunto, el artículo de Sorman presenta una crítica sustantiva y argumentada sobre los resultados de la presidencia de Trump: un tablero de fracasos más que de logros, especialmente cuando se evalúan con criterios económicos, institucionales y de política exterior. Este enfoque invita a reflexionar sobre la eficacia de liderazgos centrados más en la retórica personal que en políticas coherentes y sustentables.

  • Venezuela, Cuba y Nicaragua ante su mayor crisis: ¿se derrumbarán los autoritarismos del Caribe?

    Los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba han sobrevivido a todo tipo de sanciones, crisis económicas y presiones sociales a lo largo de la historia. Aunque cada uno tiene su propia dinámica, están interconectados por alianzas políticas, económicas y de seguridad que refuerzan su resistencia. La incógnita es si este modelo se derrumba o encuentra nuevas formas de supervivencia.

    Estos países, dominados por el desorden institucional, han sido evaluados como territorios sin democracia ni libertades civiles. En el Democracy Index 2024, de la Economist Intelligence Unit (EIU), aparecen clasificados como regímenes autoritarios, en los niveles más bajos del ranking global.

    El Rule of Law Index señala que Cuba permanece asfixiada por un partido único, sin pluralismo político, y que Nicaragua se caracteriza por una justicia partisana, persecución a la oposición y concentración de poder en el Ejecutivo.

    En conjunto, estos regímenes encarnan violaciones sistemáticas de derechos humanos, ausencia de garantías democráticas y un Estado de derecho reducido a escombros. Al entrelazarse, proyectan una advertencia para la región sobre el declive del ideal democrático.

    El ocaso de la liga autoritaria

    Durante años, Venezuela sostuvo a Cuba y Nicaragua con petróleo subsidiado y acuerdos de cooperación que amortiguaron el colapso de sistemas inviables. Cuba ha sido soporte estratégico del poder venezolano, controlando seguridad e inteligencia, esfuerzo ahora concentrado a mantener la servidumbre sobre su propio pueblo, a un paso de la rebelión.

    Nicaragua sirvió de aliado y palanca internacional mientras el sandinismo simulaba su naturaleza de régimen forajido. Esta interdependencia ha tejido un bloque que reproduce el mismo patrón: represión de la disidencia, manipulación electoral, proscripción de prensa y medios de comunicación libres.

    Por otra parte, los indicadores del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2024 de la CEPAL revelan una vulnerabilidad económica inédita. El cierre de 2025 marca la mayor debilidad común en dos décadas: Cuba proyecta una caída del PIB de -1,5 % en 2025 y un crecimiento ínfimo de 0,1 % en 2026, acompañado de crisis energética y colapso del turismo.

    En Venezuela se vive una inflación desbordada y la zozobra de un pueblo privado de servicios básicos, que sobrevive con pensiones y salarios inferiores a un dólar mensual.

    Entre apoyos dudosos y confrontación directa

    Rusia y China han sido pilares externos del autoritarismo latinoamericano, aunque con enfoques distintos. Moscú ofrece respaldo militar y diplomático, limitado hoy por las sanciones y el desgaste económico de la guerra en Ucrania. Pekín privilegia un apoyo pragmático mediante inversiones estratégicas que permite la captura de recursos y mercados.

    Estados Unidos, por su parte, manifiesta su confrontación con un masivo despliegue militar y operaciones de seguridad en el Caribe, bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico. Ante Nicaragua, impone sanciones contra sus funcionarios y acrecienta denuncias de violaciones de derechos humanos.

    La depauperación extrema del pueblo cubano hace insostenible la narrativa que justifica el fracaso comunista como consecuencia del embargo impuesto desde 1962.

    El detonante regional

    En Venezuela, la crisis humanitaria, el colapso económico y la migración masiva hacen insostenible la situación. El conflicto trasciende las fronteras nacionales y se proyecta en el plano global.

    En este contexto, resulta claro que Estados Unidos no depende del petróleo venezolano para sostener su economía ni su seguridad energética: con una producción cercana a 13,6 millones de barriles diarios en 2025, se mantiene como uno de los mayores productores mundiales. En contraste, Venezuela apenas alcanza entre 956 000 y 1 132 000 barriles diarios, una caída dramática frente a los más de 3 millones que producía en los años noventa.

    La infraestructura petrolera venezolana está devastada: refinerías deterioradas y una capacidad de extracción reducida convierten a la industria en un símbolo de decadencia, más que en un activo estratégico. Entonces, las acciones de Estados Unidos no se explican como disputa por el control del petróleo venezolano.

    Escenarios bajo otra lógica

    Se detecta el interés del presidente estadounidense, Donald Trump, por activar una crisis internacional monitorizada, una narrativa de seguridad nacional que se proyecta en lo interno y sirve de justificación para medidas de dudosa constitucionalidad.

    Las elecciones al Congreso se celebrarán el 3 de noviembre de 2026, con la renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 cargos de gobernador, una posibilidad de desequilibrio político que Trump quiere bloquear. Partiendo de una deriva autoritaria de esa administración y un cambio de política exterior que no tiene retroceso, se plantean varias posibilidades:

    • Ruptura inminente: el desconocimiento de los resultados electorales cerró la vía negociada. La juramentación de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero abrió un proceso de quiebre que pudo haberse contenido con una transición política. La presión norteamericana, mediante ataques selectivos contra infraestructuras vinculadas al narcotráfico, podría precipitar un derrumbe del régimen, con una primera fase marcada por la anarquía y la violencia. Luego, se instalaría un gobierno amparado por la legitimidad de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 28 de julio de 2024.
    • Transición militar-constituyente: la falta de credibilidad de los negociadores dificulta un acuerdo. Nicaragua y Cuba enfrentarían presiones internas similares. Bajo un momento constituyente, factores militares podrían asumir el control y, con apoyo externo, canalizar una fuerza constituyente hacia una restauración democrática.
    • Continuidad autoritaria: la ausencia de consenso de los factores políticos y la eventual neutralización de Estados Unidos permitiría la supervivencia de los autoritarismos. Se consolidarían alianzas regionales y se intensificaría la represión interna para mantener el poder –panorama improbable considerando el interés de la administración Trump por justificar su dinámica con la crisis caribeña–.

    Transición incierta, coste seguro

    La definición depende de una combinación de factores. La interconexión entre Venezuela, Nicaragua y Cuba convierte cualquier ruptura en un fenómeno regional. El papel de Estados Unidos, Rusia y China es decisivo: sin un acuerdo entre ellos, la transición será altamente conflictiva.

    Lo cierto es que la crisis actual no se vincula con la seguridad energética, sino que está determinada con la política interna estadounidense y la estrategia de Trump. Lo que considero inexorable es que el precio de esta guerra de autoritarismos lo seguirá pagando, en última instancia, el pueblo venezolano.The Conversation

    Tulio Alberto Álvarez-Ramos, Profesor/Investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Jefe de Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello

    Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

  • Palantir y el espejismo de la seguridad: una advertencia desde la frontera orwelliana

    Hay nombres de empresas que parecen concebidos en una novela de ciencia ficción. Palantir es uno de ellos. En la obra de Tolkien, los palantiri eran piedras de visión: artefactos que permitían ver cualquier rincón del mundo, pero siempre a riesgo de perder la voluntad frente a quien controlara el cristal.
    En nuestra realidad, Palantir Technologies cumple un papel inquietantemente parecido.

    Durante años, esta compañía se ha presentado como una constructora de “software para decisiones complejas”. No recopilan datos —dicen—, solo proporcionan la infraestructura para que otros lo hagan mejor. A simple vista, parece una promesa de eficiencia. Pero en el trasfondo, se perfila un cambio profundo en la relación entre ciudadanos, gobiernos y empresas tecnológicas: un desplazamiento silencioso hacia un modelo donde la vigilancia deja de ser excepcional y se convierte en arquitectura.

    Cuando todos los datos conversan entre sí

    Palantir se especializa en integrar información dispersa: bases de datos policiales, registros migratorios, historiales médicos, cuentas fiscales, patrones de consumo, contactos, ubicaciones. Lo que antes eran islas, su software lo convierte en un archipiélago perfectamente conectado.
    Y cuando todos los datos “hablan”, lo hacen sobre nosotros.

    El problema no es solo tecnológico. Es político, ético y, sobre todo, humano. La posibilidad de correlacionar cada movimiento, cada decisión, cada vulnerabilidad individual configura un poder que ningún Estado democrático debería delegar —y mucho menos sin supervisión transparente. Las herramientas que prometen revelar terroristas también pueden identificar manifestantes, periodistas incómodos o comunidades enteras consideradas “de riesgo” por algoritmos sin rostro.

    Un sistema capaz de verlo todo no es neutral. Es una tentación.

    El matrimonio peligroso entre gobiernos y corporaciones

    Las asociaciones público-privadas que impulsan este tipo de tecnología han sido vendidas como alianzas pragmáticas: el Estado obtiene herramientas de última generación, la empresa obtiene contratos millonarios.
    Pero ¿quién protege al ciudadano en medio de esa negociación?

    Cuando un gobierno externaliza su capacidad de vigilancia a un actor privado, ocurre algo preocupante: la soberanía se terceriza. Los contratos son opacos, las auditorías escasas, el escrutinio público casi nulo. El poder se desplaza hacia quienes controlan la tecnología, no hacia quienes controlan el voto.

    Las democracias modernas se construyen sobre equilibrios delicados: separación de poderes, transparencia, control judicial, prensa libre. La introducción de plataformas de análisis masivo de datos puede romper ese equilibrio sin ruido, sin violencia, sin que la ciudadanía siquiera note que se ha cruzado un umbral.

    Porque la vigilancia del siglo XXI no grita. Apenas susurra.

    El retrovisor orwelliano

    En 1984, Orwell imaginó un mundo donde la vigilancia era total y explícita: cámaras, micrófonos, pantallas omnipresentes. Lo inquietante de nuestra época es que no hace falta esa teatralidad. Basta con que los datos se acumulen, se integren y se procesen bajo lógicas que nadie comprende del todo.

    El Gran Hermano ya no necesita mirar: basta con que los sistemas predigan.

    ¿Quién decide qué es sospechoso? ¿Quién corrige los errores del algoritmo? ¿Quién garantiza que un perfil de riesgo no se convierta en sentencia antes del juicio? ¿Quién se responsabiliza cuando una vida es condicionada por datos mal interpretados?

    La respuesta, demasiadas veces, es: nadie en particular.

    La última línea de defensa

    Quizá el mayor peligro no sea Palantir como empresa, sino nuestra complacencia colectiva: la aceptación pasiva de que la seguridad justifica cualquier intromisión, de que la eficiencia es más importante que la libertad, de que “si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer”.

    Ese es el primer paso hacia la erosión de derechos que costaron siglos de lucha.

    La tecnología no es el enemigo. La opacidad sí. La ausencia de límites legales también.
    La idea de que “el fin justifica los medios”, aplicada al manejo de datos, es una pendiente resbaladiza hacia un futuro donde la privacidad es un recuerdo.

    Por eso es indispensable exigir transparencia total en los contratos, auditorías independientes, evaluación de impacto en derechos humanos y un debate público real sobre qué tipo de sociedad queremos construir.

    El dilema no es técnico. Es moral.

    Porque si permitimos que la infraestructura de vigilancia crezca sin control, llegará el día en que miremos atrás y descubramos que la línea entre democracia y distopía se cruzó sin que nos diéramos cuenta.

  • Acción de Gracias: Una celebración de la cooperación voluntaria

    La festividad de Acción de Gracias suele recordarse por sus imágenes de mesas abundantes, reuniones familiares y un momento de pausa para expresar gratitud. Sin embargo, desde una perspectiva libertaria, esta celebración adquiere un significado aún más profundo: es un homenaje a la cooperación voluntaria, a la solidaridad espontánea entre individuos libres y al poder transformador de la empatía frente a la coerción y la brutalidad.

    El origen histórico más difundido de Acción de Gracias suele centrarse en los peregrinos y los pueblos indígenas que compartieron alimentos y conocimientos para sobrevivir. Más allá de mitificaciones, lo esencial es reconocer que ese encuentro representa un principio fundamental: las sociedades prosperan cuando las personas eligen colaborar libremente, no cuando se imponen unas a otras mediante la fuerza. Los peregrinos no sobrevivieron gracias a un edicto, un impuesto o una orden centralizada, sino gracias al intercambio de saberes, la ayuda mutua y la solidaridad de quienes decidieron tender la mano sin esperar nada a cambio.

    Desde el pensamiento libertario, Acción de Gracias es el ejemplo de que la cooperación voluntaria es más fuerte y más sostenible que cualquier forma de imposición estatal o social. La libertad individual no solo permite crear, producir e innovar; también crea las condiciones para que florezcan la empatía y el consenso. Cuando las personas se relacionan como iguales, sin amenazas ni coerciones, las decisiones se toman con mayor responsabilidad y las relaciones se construyen sobre una base de respeto mutuo.

    La solidaridad auténtica no nace de un decreto. No puede planificarse desde arriba ni forzarse mediante obligaciones artificiales. Surge de la identificación humana, del reconocimiento de que todos enfrentamos desafíos y que compartir fortalezas nos enriquece a todos. Agradecer es, en cierto sentido, un acto libertario, pues implica reconocer la agencia de los demás: sus acciones libres, sus decisiones voluntarias, su esfuerzo ofrecido sin exigir sumisión o reciprocidad obligatoria.

    Hoy, en un mundo donde las tensiones políticas, ideológicas y culturales parecen multiplicarse, recuperar este espíritu es más necesario que nunca. La brutalidad —física, económica o discursiva— se infiltra cuando se pierde la voluntad de escuchar, de comprender y de buscar acuerdos sin recurrir a la fuerza. La tradición de Acción de Gracias puede servir como un antídoto: un momento para volver a mirar al otro como un aliado potencial, no como un adversario; para recordar que la cooperación funciona mejor cuando se basa en el respeto y en la libertad.

    Del mismo modo, la gratitud nos invita a reflexionar sobre cómo construimos nuestras comunidades. Las redes de apoyo, los proyectos compartidos, el emprendimiento y las iniciativas sociales nacen de personas que deciden unirse para crear valor. Esa es la esencia de una sociedad viva y libre. En Acción de Gracias, reconocemos no solo lo que hemos recibido, sino la importancia de cuidar esos espacios de libertad que permiten que tales relaciones florezcan.

    Celebrar Acción de Gracias es celebrar la capacidad humana de convivir sin dominar, de colaborar sin imponer, de agradecer sin condiciones. Es una invitación a seguir construyendo un mundo donde la empatía y el consenso sean más fuertes que la imposición y la violencia, donde cada gesto de solidaridad sea un acto libre que reafirme nuestra humanidad compartida.

  • Reduflación: Qué es, por qué ocurre y cómo afecta al consumidor

    En los últimos años, el término reduflación ha ganado protagonismo en los debates económicos y en las conversaciones cotidianas. Aunque para muchos puede sonar novedoso, describe un fenómeno que se ha vuelto cada vez más común: pagar lo mismo —o incluso más— por un producto que trae menos cantidad. Esta práctica, que suele pasar desapercibida, tiene implicaciones profundas en la economía doméstica y en la percepción de los precios por parte de los consumidores.

    ¿Qué es la reduflación?

    La reduflación es una estrategia utilizada por algunas empresas en contextos de inflación o aumento de costos. Consiste en reducir el tamaño, peso o cantidad de un producto sin modificar su precio, o bien aumentando el precio de forma menos evidente. En esencia, el consumidor paga lo mismo, pero recibe menos. Esta táctica permite a las compañías enfrentar el incremento en los costos de producción sin provocar un impacto tan visible como lo sería un aumento directo en el precio.

    Orígenes del concepto

    El término tiene sus raíces en la palabra inglesa shrinkflation (de shrink, encoger, y inflation, inflación). Surgió para describir un fenómeno observado especialmente a partir de la década de 1970, cuando varias economías enfrentaban presiones inflacionarias significativas. A medida que los costos subían, las empresas buscaban formas creativas de mantener sus márgenes sin alienar a los consumidores. Recortar cantidad —pero no precio— se convirtió en una solución discreta y eficaz.

    Con el tiempo, este fenómeno se ha globalizado, adoptando nombres distintos en diversos países hispanohablantes: reduflación, infladecimiento o inflación encubierta.

    Ejemplos comunes de reduflación

    La reduflación se presenta principalmente en productos de consumo masivo, especialmente aquellos en los que el consumidor no suele revisar con detalle el peso neto. Algunos ejemplos típicos incluyen:

    • Snacks y galletas: Una bolsa que antes contenía 200 gramos ahora trae 170 gramos, pero mantiene el mismo precio.
    • Productos de higiene personal: Champús o geles que reducen su contenido de 400 ml a 350 ml.
    • Chocolate y dulces: Barras que disminuyen unos gramos o cambian su forma para ocultar la reducción.
    • Cereales y alimentos en caja: Envases del mismo tamaño exterior pero con menor contenido interior gracias a un mayor “espacio de aire”.
    • Papel higiénico: Rollos con menos hojas o más delgadas.

    En muchos casos, el envase conserva dimensiones similares, por lo que la reducción es difícil de detectar a simple vista.

    Por qué ocurre la reduflación

    Las causas principales incluyen:

    1. Aumento en los índices de la inflación.
    2. Incremento en los costos logísticos, especialmente en transporte y energía.
    3. Presión competitiva: las empresas temen que subir precios cause pérdida de clientes.
    4. Estrategias de marketing que buscan mantener productos dentro de rangos psicológicos de precio.

    Impacto en el consumidor y el mercado

    Aunque legal, la reduflación puede generar una sensación de engaño. Contribuye a una inflación percibida mayor, ya que el consumidor nota que sus compras rinden menos pese a pagar lo mismo. Además, dificulta la comparación de precios entre productos y marcas.

    Cómo detectar la reduflación

    • Revisar el peso neto y compararlo con versiones anteriores.
    • Observar variaciones en el diseño del envase.
    • Comparar el precio por unidad de medida (por gramo o mililitro), información que muchos comercios ya exhiben.

    La inflación disfrazada, un deber detectarla

    La reduflación es una respuesta empresarial a la inflación y al aumento de costos, pero también representa un desafío para la transparencia y la confianza del consumidor. Con una mayor conciencia y hábitos de compra críticos, es posible reducir su impacto en la economía doméstica.

  • La culpa no es del inmigrante: es del sistema

    La discusión sobre el inmigrante suele nublarse con emociones, prejuicios y simplificaciones. Pero si realmente queremos entender qué pasa —y qué no pasa— lo primero es recordar un principio básico de pensamiento crítico: correlation is not causation.
    Es decir: que dos cosas ocurran juntas no significa que una cause la otra.

    En fenómenos complejos, como la economía, la seguridad o la movilidad social, no existe una única causa suficiente. Siempre hay múltiples variables interactuando al mismo tiempo. Y adjudicarle toda la responsabilidad a un solo grupo —por ejemplo, los inmigrantes— no solo es conceptualmente incorrecto: es políticamente funcional, porque desvía la atención de quienes sí diseñan la estructura de incentivos de una sociedad.

    Argentina, Chile, Panamá o los Estados Unidos, son un caso ejemplar. Estos países fueron construidos por olas migratorias que buscaban libertad, trabajo, paz y la posibilidad de “hacerse la América”. Y lo lograron —no porque el continente fuera perfecto, sino porque el marco institucional permitía a cada persona trabajar, arriesgar, emprender y prosperar sin esperar subsidios ni protecciones especiales.

    Ese punto es clave: el inmigrante histórico venía detrás de libertades, no detrás de beneficios. No buscaba refugiarse en un Estado paternalista, sino en un sistema que lo dejara desarrollar su propio destino.

    El problema contemporáneo es distinto, y no por culpa del inmigrante. Si un país ofrece acceso irrestricto a bienes y servicios financiados con impuestos locales —sin requisitos claros de residencia, aportes o integración— la responsabilidad es de la política pública, no del individuo que responde racionalmente a los incentivos disponibles. Lo mismo ocurre con los temores que hoy circulan sobre religión, violencia o choques culturales: imputar colectivamente delitos, valores o intenciones a millones de personas que migran es tan irracional como injusto. La evidencia global muestra que la inmensa mayoría migra para trabajar, estudiar, escapar de regímenes opresivos o simplemente buscar una vida más segura. La violencia no “viene” con una nacionalidad, ni con una religión; emerge cuando los Estados fallan en asegurar justicia, garantizar la paz y hacer observar las reglas, que deben ser claras para todos.

    El error no está en abrir las puertas, sino en no fijar condiciones transparentes y parejas para quienes entran y para quienes ya están dentro. Criminalizar al migrante es siempre más fácil que admitir fallas estructurales —pero es, además, profundamente equivocado. Por eso, cuando alguien afirma que “la inmigración genera costos”, habría que corregir la frase: no es la inmigración; es la mala política migratoria.

    Si una reglamentación incumple la Constitución o crea beneficios que generan distorsiones, la solución no es cerrar la puerta a quienes vienen a trabajar, sino corregir la norma, ordenar el sistema y alinear incentivos.

    Culpar al inmigrante por aprovechar un marco institucional mal diseñado es tan absurdo como culpar al consumidor por comprar productos en oferta. Las personas —locales o extranjeras— actúan siguiendo su interés. Los incentivos los define el Estado.

    Además, la evidencia global contradice la narrativa simplista de que “los inmigrantes cuestan y no aportan”. La comunidad india en Estados Unidos, por ejemplo, duplica el ingreso medio del país, domina sectores de alta tecnología y registra el promedio de IQ y nivel educativo más alto en segunda generación. Este dato no es necesario para un argumento libertario —que se basa en la igualdad de derechos, no en coeficientes intelectuales—, pero sí desmonta el prejuicio de que solo algunos grupos “valen la pena”. Hostigar a alguien que produce, programa, trabaja y general valor en la sociedad no solo es moralmente miserable: es económicamente suicida.

    Si queremos mejorar, empecemos por el diagnóstico correcto: los problemas no vienen de afuera. Vienen de un sistema roto que nadie quiere arreglar.

  • Salario Mínimo Constitucional es Enemigo del Mercado

    Desde el Artículo 65, la Constitución de Panamá se declara enemiga del mercado cuando garantiza salario mínimo (SM) y participación en las ganancias de las empresas

    Para los politicastros, la manera fácil de cumplir con los mandatos constitucionales de gobierno, si es que eso les interesa, la encontraremos en la ‘coerción vs el intercambio voluntario’. Es así ya que es mucho más fácil gobernar coercitivamente, particularmente cuando la mayor parte de la población prefiere los gobiernos regalones; lo cual es mucho más fácil que andar predicando el amor por el trabajo, el ahorro y la inversión. Y, a pesar de que la mayoría proclama su sentimiento al decir cosas como: “robó, pero le dio al pueblo” o, “no a la privatización”; lo típico es que culpe al mercado o a los ricos de sus penurias.

    Por ejemplo, ya desde el Artículo 65 la Constitución de Panamá se declara enemiga del mercado cuando garantizan salarios mínimos (SM) y participación en las ganancias de las empresas; lo cual no sólo no es compatible con una libertad de mercado, sino que ni siquiera conviene los más necesitados. El Artículo 65 es una norma constitucional de carácter comunista, pues niega el derecho a la propiedad. Pero, lo más curioso es que jamás se han atrevido a cumplir con dicha legislación.

    Y así sigue nuestra constitución violando las normas que rigen un mercado sano y productivo; tal como vemos en el siguiente artículo, el 66, el cual dice que “la ley establecerá la manera de ajustar periódicamente el SM del trabajador”. Semejante norma es contraria al mercado pues ya lo que decide la remuneración no es, necesariamente, el buen rendimiento del empleado sino la magnanimidad del legislador. Y peor es que viola la libertad, destruye el empleo formal promoviendo la informalidad o peor, al desempleo.

    No más vean lo que me dijo una curiosa fuente por allí:

    “Cada vez que sube el SM, se destruye empleo formal. Entre el 2010 y 2024 el salario mínimo real subió un 68% (MEF) la informalidad pasó de 38% a 47% (INEC, ago. 2025) el desempleo juvenil (15 a 29) pasó a 34.2%, el más alto de Latinoamérica 183,000 jóvenes ni estudian ni trabajan (los ninis).

    El que gana $686 en la Región 1 no es el mesero sino el que logró sobrevivir al aumento. Los otros 3 que despidieron están manejando UBER o vendiendo minutos. El SM diferenciado es un chiste cruel (Decreto 9 de 2023:

    Actividad

    		 Región 1

    (grande)

    		 Región 2

    (pequeña)

    		 Diferencia
    Peón agropecuario $481 $336 -30%
    Mesero(a) $686 $449 -35%
    Construcción (ayudante) $792 $492 -38%

    A todo ello muchas empresas no logran absorber el costo y terminan en quiebra.

    Casos reales:

    • Zona Libre de Colón: 42 empresas cerraron tras aumento 2024 → 2,800 empleos perdidos
    • Bananeras de Puerto Armuelles: redujeron 1,200 plazas y ahora contratan por “tarea” (pagan $12/día, por debajo del mínimo)
    • Restaurantes Panamá: 68% subieron precios 12-18% (encuesta CAPAC 2025)
    País Política SM Desempleo 2025 Informalidad
    Singapur NO existe SM nacional 2.1% 13%
    Suiza Solo por cantón y profesión 2.4% 8%
    Dinamarca Solo por convenios colectivos 2.8% 11%
    Panamá 96 tasas diferentes rígidas 12.8% 47.8%

    La solución que nadie quiere pero que convertiría a Panamá en uno de los países más ricos del mundo sería respetar la libertad de mercado; que los salarios fuesen pactados entre empleadores y empleados; mientras que el gobierno podría actuar en contra de explotación. Tal medida generaría en 5 años:

    • 250,000 nuevos empleos formales (CEPAL)
    • Caída de un 28 a 30% o más en la informalidad
    • El salario promedio subiría 22% dada la competencia (caso Chile 2018)

    En resumen, a quien protege el SM es a los burrócratas corruptos y a los malos sindicalistas.

  • El Salvador registra documentos oficiales en la blockchain

    El Salvador registra documentos oficiales en la blockchain

    El Salvador vuelve a colocarse en el centro de la conversación global sobre innovación tecnológica y gobierno digital. Tras haber sido el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, ahora el gobierno de El Salvador ha dado un paso más allá: comenzó a registrar documentos oficiales en la blockchain de Bitcoin, marcando un precedente en la integración de tecnologías descentralizadas dentro del aparato estatal.

    La iniciativa, anunciada por la Oficina Nacional del Bitcoin (ONBTC) y la empresa estadounidense Simple Proof, utiliza el protocolo OpenTimestamps, desarrollado por el ingeniero Adam Back (figura histórica en la comunidad de Bitcoin), para “sellar” los documentos con marcas de tiempo inmutables. De esta manera, El Salvador se convierte en el primer país en usar la blockchain de Bitcoin como infraestructura de certificación pública y verificación documental.

    ¿Cómo funciona el sistema?

    El método no almacena los documentos originales ni información personal en la blockchain. En su lugar, genera un hash criptográfico —una huella digital única— del archivo, la cual se registra en una transacción dentro de la red Bitcoin.

    Cada bloque de la cadena, que se produce aproximadamente cada diez minutos, actúa como un sello de tiempo universal, garantizando que ese documento existía en ese momento y que no ha sido modificado desde entonces.

    Según Carlos Toriello, CEO de Simple Proof, esto permite una verificación pública y descentralizada sin comprometer la privacidad: “Por primera vez, los gobiernos pueden registrar su trabajo directamente, sin depender de intermediarios ni de sistemas cerrados”.

    Este enfoque ofrece dos ventajas clave:

    1. Privacidad total — ningún dato sensible se expone en la cadena.
    2. Verificabilidad universal — cualquier persona puede confirmar que un documento fue emitido oficialmente, sin tener que confiar en una autoridad central.

    Primeros usos oficiales: educación y certificación

    El primer uso práctico se aplicó a los certificados del programa educativo CUBO+, impulsado por la ONBTC, que ofrece formación avanzada sobre Bitcoin, Lightning Network y tecnologías financieras. Cada diploma emitido tiene un hash registrado en la blockchain, y cualquier persona puede verificar su autenticidad mediante un explorador público.

    Algunos egresados optaron por hacer visible su nombre, mientras que otros eligieron el anonimato; sin embargo, todos comparten la posibilidad de demostrar que su título es legítimo y verificable en cualquier momento.

    La ONBTC y Simple Proof ya trabajan en proyectos piloto con otros ministerios del gobierno para extender el sistema a documentos administrativos, legales y académicos. Aunque aún no se han publicado cifras oficiales sobre el costo del proyecto ni su calendario de expansión, se espera que en 2025 y 2026 más entidades públicas adopten esta metodología.

    Beneficios institucionales y sociales

    Este sistema ofrece múltiples beneficios para el Estado y la ciudadanía:

    1. Transparencia y confianza pública
      Al registrar documentos de forma inmutable, el gobierno refuerza la credibilidad institucional y reduce el riesgo de manipulación, falsificación o pérdida de información.
    2. Resguardo histórico y digital
      Los archivos públicos enfrentan el peligro de deterioro físico y obsolescencia tecnológica. Con blockchain, cada registro queda respaldado permanentemente, sin depender de un servidor central.
    3. Protección contra el fraude y la desinformación
      En un contexto donde la inteligencia artificial facilita la creación de falsificaciones digitales, la posibilidad de verificar en segundos la autenticidad de un documento resulta vital para mantener la integridad informativa.

    Desafíos técnicos y sociales

    No obstante, el proyecto también enfrenta desafíos significativos. Primero, aunque la blockchain garantice la inmutabilidad del hash, la vinculación entre el documento original y su huella requiere estrictos controles: si un archivo es alterado antes de su registro, el hash se vuelve inútil como prueba de autenticidad.

    Segundo, la usabilidad ciudadana: verificar un documento en la blockchain puede resultar complejo para el público general, por lo que será necesario diseñar interfaces simples y campañas de alfabetización digital.

    Tercero, la institucionalización del sistema. Para que la iniciativa no quede en un experimento aislado, se necesita que todos los ministerios adopten la misma infraestructura y estándares de registro.

    Contexto regulatorio y evolución de la política Bitcoin en El Salvador

    El proyecto se desarrolla en un entorno regulatorio en evolución. El Salvador fue pionero en declarar Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, mediante la Ley Bitcoin, impulsada por el presidente Nayib Bukele. Sin embargo, en 2025 se aprobó una reforma que eliminó la obligatoriedad de aceptar Bitcoin como medio de pago, manteniendo su estatus legal, pero de uso opcional.

    Esto refleja una maduración en la estrategia tecnológica del país: en lugar de centrarse exclusivamente en la adopción monetaria, el gobierno busca aplicar la infraestructura de Bitcoin como herramienta para la digitalización y la transparencia administrativa.

    El Salvador frente al mundo: comparaciones internacionales

    Aunque El Salvador es pionero en usar la blockchain de Bitcoin para documentos estatales, otros países han explorado soluciones similares con diferentes grados de descentralización.

    Estonia: el referente de la administración digital

    Estonia es considerada el modelo más avanzado de gobierno electrónico, con su plataforma X-Road que conecta casi todos los servicios públicos en línea. Aunque a menudo se asocia con blockchain, los expertos señalan que no emplea una blockchain pública, sino una infraestructura criptográfica centralizada con funciones similares de seguridad y trazabilidad.
    Esto demuestra que “ser digital” no siempre significa “usar blockchain”, y que la descentralización completa no siempre es necesaria para garantizar transparencia.

    Georgia y Suecia: registros de propiedad

    En Georgia, el gobierno implementó un sistema basado en blockchain para registrar propiedades y transacciones inmobiliarias, en colaboración con la empresa Bitfury.
    En Suecia, la Autoridad Catastral probó un sistema similar, registrando títulos de propiedad mediante blockchain para reducir costos y fraudes notariales.
    Estos casos muestran que la tecnología puede ser útil en áreas donde la verificación pública y la trazabilidad tienen alto valor social y económico.

    Factores de éxito y obstáculos globales

    De la comparación internacional se desprenden tres lecciones clave:

    1. El éxito no depende sólo de la tecnología, sino de la gobernanza institucional que la acompaña.
    2. Los marcos legales y la interoperabilidad son esenciales: sin reconocimiento jurídico, el valor probatorio del registro blockchain puede ser cuestionado.
    3. La capacitación y la adopción social son determinantes: sin educación digital, la herramienta pierde su propósito ciudadano.

    Una apuesta ambiciosa hacia la era de la transparencia descentralizada

    El proyecto del gobierno de El Salvador de registrar documentos oficiales en la blockchain de Bitcoin representa un salto tecnológico audaz, tanto por su componente técnico como simbólico. No se trata sólo de digitalizar la administración, sino de anclar la confianza del Estado en una red descentralizada global.

    El camino no está exento de desafíos —tecnológicos, institucionales y educativos—, pero su potencial es enorme. Si se consolida, El Salvador podría convertirse en el primer país del mundo donde los documentos oficiales sean verificables por cualquier persona, en cualquier momento, a través de la blockchain de Bitcoin.

    Una promesa que, de cumplirse, redefiniría el concepto mismo de transparencia gubernamental en la era digital.

  •  Larry Fink habla sobre los “activos del miedo” y por qué importa

    En la reciente conferencia Future Investment Initiative (FII) en Arabia Saudita, Larry Fink, CEO de BlackRock, señaló que tanto el oro como las criptomonedas están dejando de ser meros instrumentos de inversión para convertirse en “activos del miedo”. La afirmación, lejos de ser un simple capricho, aporta luz sobre cómo las grandes instituciones ven el actual entorno financiero global: con incertidumbre monetaria, deuda creciente y un sistema fiduciario bajo presión.

    El oro y su caída simbólica

    Tradicionalmente, el oro ha sido considerado el refugio por excelencia: una reserva de valor cuando las divisas se debilitan, cuando los gobiernos imprimen o cuando los mercados tiemblan. Pero Fink observa una señal inquietante: el precio del oro ha experimentado una caída por debajo del umbral simbólico (por ejemplo, por debajo de USD 4.000 la onza). Esa caída pone en evidencia que incluso los activos “seguros” no lo son tanto cuando el miedo sistémico se filtra en los mercados. Fink explica que los flujos hacia oro y criptomonedas se comportan más como indicadores de ansiedad institucional que como simples refugios.

    Criptomonedas: de especulación a diversificación institucional

    En paralelo, Fink ha hablado de las criptomonedas —especialmente de Bitcoin— como algo más que activos de alto riesgo: las describe como “no malos activos”, y les concede un lugar similar al del oro.  Según él, el hecho de que grandes actores ahora contemplen las criptos refleja un cambio: la diversificación ya no es solo hacia más oro o más bonos seguros, sino hacia nuevas clases de activos que podrían responder al debilitamiento de los sistemas fiduciarios tradicionales.

    ¿Por qué importa para el panorama global?

    Tres consideraciones clave emergen de lo que Fink plantea:

    1. Deuda y riesgo soberano: En un mundo donde los gobiernos acumulan deuda, imprimen moneda o recurren a políticas expansivas, los activos tradicionales pierden parte de su atractivo relativo. Fink lo resume como una “moneda del miedo” en que muchos buscan refugio fuera de lo tradicional.
    2. Monedas fiduciarias cuestionadas: Si el dólar, el euro o el yen sufren depreciaciones o intervenciones masivas, los inversores institucionales comienzan a explorar opciones más allá de lo estatal. El oro y las cripto emergen en ese contexto.
    3. Cambio estructural en inversión institucional: Que BlackRock —gestora de más de 10 billones de dólares en activos— declare que las criptomonedas “tienen un lugar” y que el oro está recibiendo flujos por “miedo”, marca una transición en la forma en que entiende el riesgo global.

    Qué debemos observar

    Para quienes siguen los mercados globales, las declaraciones de Fink sugieren lo siguiente:

    • Cuidado con la idea de que existe un “refugio seguro absoluto”. Los entornos de alta incertidumbre pueden afectar hasta los activos considerados más sólidos.
    • Observar la entrada de capital institucional en criptomonedas: más allá del precio, el hecho de que actores tradicionales cambien de mentalidad es relevante.
    • Atender las señales macro-económicas: inflación, déficits fiscales, política monetaria y geopolítica tienen un papel directo en por qué los inversores buscan “alternativas”.

    Larry Fink nos pone frente a un mensaje claro: los hábitos de inversión tradicionales están cambiando porque el sistema financiero global está bajo tensión. El oro ya no brilla con luz propia como antes, y las criptomonedas están dejando de ser solo apuestas para convertirse en parte del debate serio sobre diversificación institucional. En un mundo donde “refugio” ya no significa lo mismo, estará en manos de inversores e instituciones adaptar sus estrategias al nuevo paisaje que Fink describe.

  • Cuando los Gobiernos se Desbocan

    Las noticias que a diario nos llueven buscan, más que nada o en buena medida, la sensación que crea y atrae audiencia. Lastimosamente, detrás de muchas noticias que cubren eventos noticiosos están los eventos que las generaron, tal como en su momento fue el drama del SARS-COVID-2; el cual, hoy día, como que ya no resuena y resulta muy lastimoso y perjudicial ya que el daño creado por la reacción politiquera en la forma que los gobiernos manejaron el COVID estará con nosotros creando problemas sociales y económicos por muchos años. Y, lo que vale resaltar es cuando los gobiernos se desbocan, mejor dicho, de los desgobiernos, ya que llamar “gobierno” a las medidas tomadas para y durante el COVID es una barbaridad.

    El daño producido a la comunidad no fue sólo los negocios afectados, los trabajos perdidos, la educación atropellada y tal sino otros daños que subyacentes que la población ni ve ni entiende; comenzando por gobiernos que sin más ni menos violaron derechos de libertad consagrados en la constitución alegando que nos están cuidando. Si así me vas a cuidar, mejor no me cuides. Y los daños subyacentes van por el lado de lo económico, que es un tema muy poco entendido por la inmensa mayoría. Abordemos el asunto a ver si entendemos.

    El mayor daño económico se dio con el gobierno gringo cuyas acciones para salvarnos del COVID ha dejado otros daños que podrían ser peores que el COVID. Y esas afectaciones también venían de arrastre desde el colapso económico inmobiliario del 2008, que fue creado por gobiernos anteriores como medida para crear casas para todos; y habría que ver quienes son “todos”.

    El desbarajuste económico tuvo consecuencias que afectaron a muchos y grandes sectores que, según la politiquería del momento, eran ‘demasiado grandes para dejar que colapsaran’. ¡Qué lindo!, y los chiquitos a Patacón. ¡Por supuesto!, que tal medida fue una avenida que favorecía más corrupción y desbarajustes futuros. Lo digo sin ambages (rodeos): ‘Las quiebras de negocios son elemento necesario del crecimiento económico’. ¿Qué sentido tiene salvar a la gran empresa que no supo o sabe tener éxito? Y… ¿qué implica ese “salvar”? Allí es dónde la puerca tuerce el rabo.

    Uno de los elementos fundamentales de una pujante economía está en lo que se conoce como “destrucción creativa”; es decir, que cuando algo no funciona, debemos dejar que quiebre, que ya vendrá otros que sí saben y no cometerán los mismos errores u horrores. En resumen, no hay mayor motivación o incentivo al buen emprendimiento que el pánico al fracaso. Si la empresa grandota quiebra, es una empresa; pero si la disque “salvan”, es probable que estemos “salvando” a algo que no funciona y eso no afectará a una empresa sino al resto de la comunidad, porque la estamos “salvando” con valiosos recursos de la comunidad.

    El meollo del tema que les abordo es el de la metichería de los políticos y malos empresarios compinches en lo que no es asunto de políticos ni de gobiernos; los cuales están allí para evitar las trampas y no como ocurre a diarios ‘para hacer las trampas’. Eso no es “libre comercio” ni tampoco es “capitalismo”, ni comunismo o socialismo, es ¡corrupción!

    En Panamá este puede ser el caso de MiBus y el Metro. Empresas gubernamentales que se ven lindas y todo el mundo las celebra y defiende, pero… ¿son buenas? ¿Son sostenibles? Yo opino que no, pero esas preguntitas nadie se las hace y no sabremos la respuesta hasta el día en que colapsen. Ayer me dijo una empleada que veía en MiBus con mucho miedo porque parecía que el mismo se iba a desarmar. Amanecerá y veremos…