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Categoría: Politica y Actualidad

  • Guerra silenciosa en alta mar: ¿cómo operan los barcos fantasma?

    A simple vista podría parecer un petrolero más. Tenía el casco oxidado, bandera extranjera y una ruta aparentemente comercial. Nada que llamara la atención en un océano por el que navegan decenas de miles de buques cada día. Sin embargo, el 7 de enero de 2026 Estados Unidos interceptó y detuvo el petrolero Marinera (antes conocido como Bella 1) en aguas del Atlántico Norte durante la operación “Lanza del Sur”, que culminó tras varias semanas de seguimiento.

    No fue una inspección rutinaria ni un problema administrativo. Estados Unidos lo abordó porque las autoridades lo consideran parte de una red de transporte que evade sanciones internacionales y opera fuera de los controles habituales del comercio marítimo.

    Flotas en la sombra

    Se trataba de un barco encuadrado en lo que expertos llaman “barcos fantasma” o “flotas en la sombra”. Esto es, petroleros que, aunque figuran en registros oficiales, cambian de nombre, de bandera y de propietario con frecuencia para ocultar su actividad real y sortear sanciones económicas.

    Este tipo de buques aparece y desaparece de los sistemas de seguimiento, realiza transferencias de carga en alta mar y suele estar asociado al transporte de crudo procedente de países sometidos a embargos, como Venezuela e Irán.

    Estamos viviendo días de gran intensidad informativa. Así que la noticia de la detención ha acaparado titulares, aunque casi siempre presentada como un episodio aislado del pulso geopolítico entre Estados Unidos y los países sancionados. Y esto puede resultar engañoso.

    Una flota paralela al margen de la ley

    El problema no es este petrolero concreto, sino la normalización de una flota paralela que opera desde hace años al margen de las reglas del comercio global y que solo aflora cuando uno de estos buques es interceptado, se hunde o provoca un incidente. Los barcos fantasma no son una excepción ni una anomalía: son el síntoma de un sistema marítimo que tolera la opacidad como parte de su funcionamiento.

    El término suena a película de aventuras fantástica. Pero la realidad, como en casi siempre en estas comparaciones cinematográficas, es mucho más prosaica y peligrosa. Estos buques existen porque el sistema marítimo internacional lo permite. Las banderas de conveniencia, pensadas en origen para facilitar el comercio, se han convertido en una herramienta perfecta para diluir responsabilidades.

    Registrar un barco en determinados países implica menos controles, menos preguntas y una enorme dificultad para saber quién está realmente detrás. Cuando a eso se le suma un entramado de empresas pantalla y aseguradoras opacas, el resultado es un buque que navega legalmente, pero fuera del radar político.

    Las vías alternativas del petróleo

    En los últimos años, este tipo de flota ha crecido de forma silenciosa al calor de las sanciones internacionales. Así, por ejemplo, cuando se bloquean las exportaciones de petróleo de un país, el crudo no desaparece. Busca caminos alternativos. Y esos caminos, cada vez más, pasan por petroleros que no figuran en las rutas habituales, que realizan transferencias de carga en alta mar y que aparecen y desaparecen de los sistemas de seguimiento como si el océano se los tragara.

    La operación estadounidense de estos días apunta precisamente a eso. No es un gesto aislado ni improvisado: es un aviso. Un mensaje de que Washington está dispuesto a perseguir esas rutas invisibles y a tratar el mar como un espacio donde también se hacen cumplir las sanciones. También significa que el océano ya no es un territorio neutro. Es un escenario más de la confrontación económica y geopolítica global.

    ¿Esto es algo nuevo? Ni mucho menos. En los últimos años hemos visto casos que, en su momento, parecieron episodios confusos y hoy encajan mejor en este patrón que se describe. Uno de los más llamativos por su relevancia internacional ocurrió en pleno conflicto en Siria. En los meses finales del régimen de Bashar al-Assad, cuando el control del territorio se desmoronaba y la atención internacional estaba puesta en el frente terrestre, un buque se hundió en el Mediterráneo en circunstancias nunca del todo aclaradas. Diversas informaciones periodísticas apuntaban a que estaba siendo utilizado para sacar material militar del país, aprovechando el caos del momento.

    Y no es un caso aislado o que ocurre únicamente al calor de los conflictos militares: también se reportan en toda la UE. Nunca hay una confirmación oficial concluyente. No son barcos de guerra, no van escoltados por fragatas ni figuraban en comunicados oficiales. Son, en apariencia, un buque comercial más. Y, sin embargo, sus hundimientos o interceptaciones revelan hasta qué punto los barcos civiles pueden convertirse en piezas clave de operaciones estratégicas cuando los Estados necesitan moverse rápido y sin dejar rastro.

    Sistemas que emiten señales incompletas

    Esa falta de confirmación oficial tiene también una explicación técnica concreta. El control del tráfico marítimo se apoya en sistemas como el AIS, un transpondedor que emite de forma continua la identidad, posición y rumbo de los buques. En condiciones normales es una herramienta básica de seguridad, pero en estos casos se convierte en una vía de ocultación. El sistema puede apagarse durante tramos sensibles o emitir señales incompletas, haciendo que el barco “desaparezca” de los mapas de seguimiento.

    A ello se suma el uso de transferencias de carga barco a barco en alta mar (operaciones conocidas como ship-to-ship) que permiten mezclar o redistribuir mercancías lejos de puertos y autoridades. Combinadas con cambios frecuentes de nombre, bandera y propietario legal, estas técnicas hacen que un buque siga siendo visible en los registros formales, pero que su carga sea prácticamente imposible de rastrear con certeza.

    Ahí es, precisamente, donde los barcos fantasma dejan de ser una curiosidad técnica para convertirse en un problema político de primer orden. Facilitan la evasión de sanciones e introducen un nivel de opacidad que desestabiliza el sistema internacional.

    Cuando no se sabe quién transporta qué, ni bajo qué autoridad real navega un buque, la rendición de cuentas desaparece, y con ella la capacidad de prevenir accidentes, conflictos o desastres ambientales, denunciados por numerosas organizaciones como The Ocean Foundation.

    Distorsión de precios y competencia desleal

    Obviamente, estos barcos no operan en el vacío. Afectan al mercado energético, distorsionan precios y generan competencia desleal frente a operadores que sí cumplen las normas. También ponen en riesgo a las tripulaciones, que trabajan en condiciones precarias y, en caso de incidente, quedan abandonadas a su suerte en un limbo jurídico.

    Y su existencia mina la credibilidad de las sanciones internacionales, que pierden eficacia cuando siempre hay una ruta alternativa dispuesta a sortearlas.

    Por eso la detención de un petrolero no es una anécdota. Es una fotografía de algo mucho más grande. De una economía sumergida que navega sobre el agua aprovechando vacíos legales y la dificultad de vigilar millones de kilómetros cuadrados de océano. De una guerra silenciosa que no se libra con misiles, sino con contratos opacos, registros lejanos y transpondedores apagados.The Conversation

    Paula Lamo, Profesora e investigadora, Universidad de Cantabria

    Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

  • Propaganda, populismo y legitimidad: entre el relato y la realidad

    La propaganda política no es un residuo del siglo XX ni un fenómeno excepcional asociado únicamente a regímenes totalitarios sangrientos. Por el contrario, constituye un instrumento recurrente en sistemas políticos contemporáneos, especialmente allí donde la legitimidad del poder no descansa primordialmente en resultados institucionales, sino en la adhesión emocional de la ciudadanía. La diferencia fundamental no radica en la existencia o no de comunicación política —inevitable en cualquier gobierno—, sino en el rol que esta ocupa: informar sobre hechos o sustituirlos mediante un relato.

    Desde una perspectiva clásica, la propaganda moderna se caracteriza por la simplificación deliberada de la realidad, la repetición sistemática de consignas y la apelación a emociones primarias antes que a argumentos racionales. Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del Tercer Reich, fue explícito al respecto: la propaganda debía ser simple, reiterativa y orientada al éxito político, no a la verdad. Si bien el contexto histórico ha cambiado radicalmente, la lógica subyacente permanece sorprendentemente vigente.

    En el presente, los populismos —tanto de izquierda como de derecha— exhiben una dependencia estructural del relato. Este relato suele organizarse en esquemas binarios (pueblo/élite, patriotas/traidores, nosotros/ellos) que reducen la complejidad política y permiten movilizar apoyo constante. La necesidad de mantener ese clima emocional explica por qué los gobiernos populistas requieren una producción ininterrumpida de propaganda: la narrativa debe renovarse, amplificarse y defenderse permanentemente frente a cualquier fisura que la realidad introduzca.

    Aquí resulta pertinente el aporte de Jeremy Bentham en su Tratado de los sofismas políticos. Bentham identifica mecanismos retóricos diseñados no para refutar argumentos, sino para bloquear el juicio crítico: apelaciones a la inevitabilidad (“no hay alternativa”), al miedo, al bien común abstracto o a la autoridad técnica incuestionable. Estos sofismas cumplen hoy la misma función que en el siglo XIX: desactivar la evaluación racional de las decisiones de poder.

    En paralelo, pensadores como Dwight Macdonald señalaron el rol de los intelectuales y comunicadores en la racionalización del poder. Racionalizar no implica justificar explícitamente el autoritarismo, sino traducir decisiones políticas en un lenguaje técnico, moral o histórico que las vuelva aceptables, incluso cuando erosionan libertades o instituciones. De este modo, el poder deja de ser evaluado normativamente y pasa a ser administrado como una fatalidad inevitable.

    El entorno digital ha intensificado estos procesos. Las redes sociales y los algoritmos de visibilidad favorecen mensajes simples, emocionales y polarizantes. Los trending topics, los videos épicos y las campañas de alta carga simbólica no son meros instrumentos de difusión, sino dispositivos de construcción de realidad. La centralidad del relato se convierte así en un indicador de fragilidad institucional: cuanto más necesita un gobierno reafirmar su legitimidad mediante propaganda, menos puede apoyarse en resultados verificables.

    El contraste aparece al observar administraciones cuya estabilidad no depende de la exaltación permanente ni de la movilización emocional continua. Gobiernos con instituciones sólidas, división de poderes efectiva y políticas públicas de largo plazo tienden a comunicar menos y hacer más. En estos casos, la legitimidad se construye a partir de reformas estructurales, previsibilidad normativa, crecimiento sostenido, reducción de la pobreza o mejora en servicios públicos. La comunicación existe, pero no reemplaza a la realidad: la acompaña.

    Esto no implica idealizar modelos ni negar errores. Implica reconocer una diferencia cualitativa: la propaganda es central cuando el poder necesita ser creído; es secundaria cuando el poder puede ser verificado. En sistemas políticos maduros, el relato no precede a los hechos, sino que los sigue.

    En definitiva, la proliferación de propaganda no es una señal de fortaleza, sino de dependencia. Cuando un gobierno necesita narrarse constantemente a sí mismo para sostener su autoridad, es porque carece de un anclaje suficiente en resultados institucionales duraderos. La verdadera prueba de legitimidad no está en la eficacia del mensaje, sino en la capacidad del Estado para producir bienes públicos reales sin recurrir a una narrativa subyugadora.

  • Interés falso, crisis real

    Interés falso, crisis real es la expresión que mejor sintetiza el conflicto reavivado en enero de 2026 entre Donald Trump y la Reserva Federal. Esta vez, el choque no fue solo retórico. Jerome Powell afirmó que el Departamento de Justicia (bajo la administración Trump) llegó a amenazar con una acusación penal vinculada a su testimonio sobre la renovación de la sede de la Fed, y calificó el movimiento como un “pretexto” para forzar a la autoridad monetaria a recortar tipos “más y más rápido”.

    En paralelo, Trump reforzó públicamente su preferencia por condiciones crediticias más laxas. El episodio más llamativo ocurrió el 10 de enero de 2026, cuando pidió un tope del 10% a la tasa de interés de las tarjetas de crédito durante un año (a partir del 20 de enero), sin detallar el mecanismo legal para imponerlo; el anuncio movió mercados y golpeó acciones de emisores y bancos.

    Presionar a la Fed es una mala idea (aunque “bajar tasas” suene popular)

    Para la tradición libertaria y, en particular, para la Escuela Austríaca, el problema no es solo “Trump vs. Powell”, sino el incentivo permanente a manipular el precio más importante de la economía: el tipo de interés. El interés no es un botón tecnocrático; es un precio intertemporal que coordina ahorro, inversión y consumo (la señal que conecta la preferencia temporal de millones de personas con los planes de empresas y bancos).

    Cuando una autoridad (o un poder político influyente sobre ella) empuja artificialmente las tasas a la baja, se distorsiona esa señal. En términos misesianos, el crédito barato no crea recursos reales: solo redistribuye y reordena decisiones. Ludwig von Mises advertía que la expansión del crédito no respaldada por ahorro real induce una prosperidad aparente que termina en ajuste: el auge se sostiene mientras el crédito se expande; cuando se frena, aparecen pérdidas y liquidaciones. Esa es la columna vertebral de la Teoría Austríaca del Ciclo Económico (Mises–Hayek): tasas artificialmente bajas → proyectos de inversión más “largos” y arriesgados (“malinvestment”) → choque con la realidad de recursos escasos → recesión/reestructuración.

    Dicho de forma menos académica: si el interés se “abarata” por presión política, se invita a empresas y hogares a endeudarse como si el ahorro abundara, aunque no sea cierto. El resultado típico no es bienestar sostenible, sino burbujas, asignación errónea de capital y, al final, un ajuste que castiga especialmente a quienes llegan tarde: trabajadores y pequeños ahorristas.

    El vínculo con inflación, empobrecimiento y “devaluación” del salario y del ahorro

    El relato popular suele presentar “bajar tasas” como un regalo: hipotecas más accesibles, consumo más fácil, bolsas contentas. La mirada austríaca pregunta: ¿a costa de qué?

    1. Efecto Cantillon (distribución desigual): el dinero nuevo (o el crédito creado) no entra parejo a la economía. Beneficia primero a quienes reciben el crédito antes (sector financiero, grandes deudores, Estado), mientras que los precios empiezan a subir antes de que los salarios del trabajador promedio se ajusten. Resultado: cae el salario real y se erosiona el ahorro.

    2. Inflación como fenómeno monetario: para los austríacos, la inflación es, en esencia, expansión de dinero/crédito; la suba de precios es el síntoma. Si el entorno político empuja a “dinero barato” y facilidades crediticias, se alimenta el riesgo de más expansión monetaria (directa o indirecta), con pérdida de poder adquisitivo.

    3. Empobrecimiento por incertidumbre y ciclos: los booms inducidos por crédito distorsionan la estructura productiva. El ajuste posterior destruye empleo y capital mal asignado. En ese vaivén, el trabajador paga dos veces: primero con encarecimiento del costo de vida, luego con inestabilidad laboral y estancamiento salarial.

    Por eso, desde esta óptica, la independencia del banco central no es un tecnicismo: es un dique imperfecto contra el uso político del dinero. Lo que narró Powell —amenazas y un clima de intimidación para conseguir recortes— se interpreta como un paso más hacia una política monetaria subordinada al ciclo electoral.

    ¿Y el tope a tasas de tarjetas? Popular, pero profundamente intervencionista

    La propuesta de Trump de capar al 10% las tasas de tarjetas de crédito añade otra capa al mismo impulso: si el crédito es caro, se ordena por decreto que sea barato. Pero, para un austríaco, un precio tope no elimina el riesgo ni el costo del capital: lo desplaza.

    • Si obligas a prestar barato en un segmento de alto riesgo (tarjetas), los intermediarios tienden a racionar crédito, subir comisiones, reducir límites o expulsar a los perfiles más vulnerables hacia opciones peores.

    • La tasa, guste o no, es información: refleja morosidad esperada, costo de fondeo y regulación. “Bajarla” por orden no hace que esas realidades desaparezcan.

    Además, el mensaje político combinado —presionar a la Fed por recortes y, a la vez, anunciar topes de tasas privadas— refuerza la percepción de que el objetivo es forzar una relajación financiera general, aun a costa de distorsionar señales y contratos.

    El atajo del “dinero barato” y su factura social

    Desde una perspectiva libertaria/austríaca, el problema de fondo no es si Powell “cede” o si Trump “gana” el pulso, sino el principio: intervenir el mercado financiero manipulando tasas —por presión política o por mandato— altera el mecanismo de coordinación que permite planificar a largo plazo. La aparente bonanza del crédito fácil suele pagarla el ciudadano común con inflación, pérdida del salario real, ahorros licuados y un ciclo de auge y caída que redistribuye riqueza hacia quienes están más cerca del grifo del crédito.

    En otras palabras: cuando el precio del tiempo (el interés) se politiza, la economía deja de guiarse por preferencias reales y pasa a guiarse por objetivos de corto plazo. Y la cuenta, tarde o temprano, llega al supermercado, al alquiler y a la libreta de ahorro del trabajador.

  • El Mal de la Infraestructura es el Mal del Inframundo Político

    El término “infraestructura” nos llega del francés de por allá por 1875, que se refería a las estructuras que “infra”, es decir, lo que está por debajo; que en su momento particularmente referido a la ingeniería ferroviaria, al subgrado o base debajo de los polines y rieles. Hoy día el término “infraestructura” tiene varias acepciones, pero en este escrito es el conjunto de elementos, dotaciones o servicios para el buen funcionamiento de un país, ciudad u organización. En ello, mi escrito apunta a la causa de los graves problemas de los proyectos de infraestructuras gubernamentales que suelen fallar por una combinación de complejos factores y paso a apuntar algunos.

    Aunque el mal de las infraestructuras gubernamentales es variado y extenso, para mí el principal comienza o se da cuando los gobiernos del estado se toman para sí actividades de infraestructura que no debería, ya que no son propias de gobierno o la gobernanza; y una de ellas es la educación; tema sobre el cual escribí un libro intitulado “Educación ¿Estatal o Particular? ¿Cree el lector que “¿educar” es “gobernar?”; y disculpen que ponga tantas comillas, pero la respuesta de la pregunta va ligada al verdadero sentido de las palabras.

    Entre las causas más comunes, basadas en estudios y análisis globales:

    • Sobrecostos y subestimación presupuestaria — Los costos reales suelen superar en un 20-50% (o más) los estimados iniciales debido a riesgos no previstos, inflación o cambios en el alcance.
    • Retrasos en ejecución — Causados por problemas en expropiaciones, permisos ambientales, burocracia excesiva o lentitud administrativa.
    • Mala planificación y objetivos poco claros — Alcance mal definido, falta de estudios de viabilidad realistas o alineación insuficiente con necesidades reales.
    • Corrupción y opacidad — En licitaciones, adjudicaciones o ejecución, lo que genera elefantes blancos o proyectos abandonados.
    • Falta de recursos o restricciones irrazonables — Insuficiencia de financiamiento, personal calificado o tiempo adecuado.
    • Gestión deficiente de riesgos — No anticipar impactos ambientales, sociales, políticos o técnicos.
    • Falta de liderazgo y comunicación — Entre “stakeholders” (interesados), contratistas y gobiernos, lo que provoca descoordinación.

    Y lo grave es que cuando todo lo anterior es producto de los gobiernos metidos en dónde no deben meterse; es decir, en actividades que no son gobernar, entonces el problema lo sufren todos los ciudadanos. Pero si la mayoría de las actividades de infraestructura provienen del sector privado, fracasarán algunas empresas, pero quien paga el pato no es toda la nación.

    En el caso anterior está el caso del desarrollo de los ferrocarriles en los EE.UU., o el Ferrocarril de Panamá, que fueron tremendos éxitos en costos y operación. Pero la terminal aérea de Tocumen en la década de los 70 que originalmente fue cotizada en 21 millones terminó costando más de 80. Y ni hablar del Metro de Panamá que costó entre $120-137 millones el kilómetro en comparación al metro de Bogotá que estuvo entre $5 y 10 millones el kilómetro. Y lo que más me disgusta es que cuando señalo estas cifras, me contestan sandeces tales como: “Bueno, Bennett, es que las calles de Panamá son muy angostas…” ¡Por favor! Al precio de Metro podríamos haber cambiado todas las calles.

    Lo cierto es que las infraestructuras gubernamentales se aíslan de retroalimentación, disciplina y rendición de cuentas. Los gobiernos y sus politicastros no ven al mundo con gafas de cálculos económicos que es típico de obras carentes que no nacen de intercambios voluntarios sino de torcidas ambiciones. Son como el NODUCA que como todos somos dueños, nadie lo cuida. Como decía Heraclio: “La mayoría de personas viven dormidas aún cuando despiertan”.

  • Irán: advertencia para quienes aún son libres

    Desde finales de 2025, Irán volvió a mostrar un patrón que se repite cuando el Estado concentra poder y anula libertades: una crisis económica que deriva en protesta social, y una respuesta gubernamental que prioriza el control antes que la reforma. Las protestas —según múltiples reportes— arrancaron a fines de diciembre de 2025 y escalaron durante la primera semana de enero, con un disparador visible: la devaluación, inflación y el deterioro del poder adquisitivo, que transformaron reclamos económicos en consignas abiertamente políticas.

    La reacción del régimen fue igual de reveladora. El jefe del poder judicial advirtió que no habría “clemencia” contra quienes apoyen el “desorden” o colaboren con “enemigos”, enmarcando la disidencia como traición y no como un derecho. En paralelo, hubo reportes de muertos y detenciones masivas. Esto importa para una mirada libertaria porque el eje, como siempre advertimos, no es “izquierda vs. derecha”, sino individuo vs. aparato: cuando el gobierno se reserva la facultad de definir qué pensamiento es aceptable, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser administrado.

    A esa olla a presión interna se le suma un frente externo que también tiende a endurecer al Estado. En el cierre de 2025, el conflicto alrededor del programa nuclear y la supervisión internacional siguió tenso: la Junta del OIEA/IAEA aprobó una resolución instando a Irán a cumplir salvaguardias, y hubo cruces por inspecciones y “condiciones” posteriores a ataques a instalaciones en 2025. La dinámica “amenaza externa → securitización interna” suele reforzar a los sectores más coercitivos: se expande la vigilancia, se criminaliza la protesta y se justifica la excepcionalidad permanente. Dicho simple: la política del miedo es el fertilizante del Leviatán.

    ¿Hay una ventana para recuperar derechos individuales?

    Sí, pero no por arte de magia ni por un “día de furia” que reemplace una élite por otra. Una perspectiva libertaria pone el foco en qué instituciones limitan el poder y qué prácticas devuelven agencia a las personas.

    1. El quiebre de la obediencia económica. Cuando bazares cierran, gremios informales paran, y redes comerciales se coordinan, el ciudadano deja de ser átomo aislado y pasa a ser actor. Este tipo de protesta, nacida del bolsillo, suele ser más transversal que la protesta identitaria: une a quien quiere rezar en paz, a quien no quiere rezar, a quien quiere estudiar, a quien sólo quiere que su salario no se derrita. Para el liberal clásico, esa transversalidad es oro: la libertad no se “concede”; se ejerce.

    2. El límite moral a la teocracia. La fusión entre religión y gobierno casi siempre termina mal, no porque la religión sea “el problema”, sino porque el poder político convierte la fe (que es íntima) en herramienta de disciplina. Cuando el Estado define virtud por decreto, la espiritualidad se vuelve policía y la política se vuelve dogma. En ese punto, el disidente ya no es un ciudadano: es un “hereje”, un “agente”, un “corruptor”. Esa lógica produce resultados pésimos: censura, castigo ejemplar, y una sociedad donde la hipocresía reemplaza a la convivencia.

    3. El riesgo trágico del cambio. Los procesos de liberación suelen traer violencia y sacrificio, y la mayoría de las veces pagan los inocentes. La historia lo muestra una y otra vez: cuando un régimen no reconoce derechos, empuja la disputa hacia el terreno más oscuro. Por eso, si uno aprecia la libertad de verdad, no debe romantizar la sangre. El objetivo razonable es reducir el costo humano: ampliar desobediencia civil, proteger redes de ayuda, documentar abusos, y sostener demandas claras (debido proceso, fin de detenciones arbitrarias, libertad de expresión y asociación). Incluso observadores que monitorean el ciclo de protestas señalan que el nivel de movilización es amplio y que la represión puede escalar.

    La lección para nuestros países

    Irán no es un caso aislado ni un territorio “exótico” en la historia de la opresión política: es un espejo peligroso de lo que ocurre cuando la combinación entre gobierno absoluto y autoridad religiosa tiene poder para dictar comportamientos privados y públicos. La historia contemporánea iraní ofrece un relato claro de la erosión de derechos básicos que, en otras épocas no tan lejanamente, existieron en un grado mayor.

    Antes de la Revolución Islámica de 1979, las grandes ciudades iraníes —especialmente Teherán— mostraban una sociedad relativamente abierta en el contexto regional. En muchos ámbitos urbanos, era común que las mujeres asistieran a la universidad, trabajaran fuera del hogar, vistieran ropa occidental moderna —incluso con faldas cortas — y participaran libremente en la vida pública. Ese era un patrón creciente de modernización social que coexistía con tradiciones culturales diversas. Aunque no se puede idealizar una historia compleja, la libertad de elección personal —en educación, empleo, vestimenta o estilos de vida— era notablemente mayor que la que vendría después.

    Con la instauración de la República Islámica bajo el liderazgo del ayatollah Jomeini, el Estado adoptó una doctrina donde la moral religiosa pasó a ser política de Estado. El velo obligatorio, la segregación por género en ciertas áreas, y el control sobre la conducta social se transformaron de normas culturales a imposiciones coercitivas. Ese cambio no fue gradual y voluntario; fue legal, sancionado y aplicado con fuerza coercitiva, incluso con la policía de la moral encargada de supervisar el cumplimiento de códigos de vestimenta y comportamiento.

    Un caso que marcó profundamente esa dinámica —y que debería ser una advertencia para cualquier país que no valore la libertad individual— fue el de Mahsa Jina Amini, una joven iraní de 22 años. En septiembre de 2022, Amini fue detenida por la llamada “policía de la moral” en Teherán por supuestamente no llevar el hiyab (velo) “correctamente”. Testigos indicaron que fue golpeada durante la detención y murió tres días después bajo custodia policial. Su muerte desencadenó protestas masivas en todo el país bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad” exigendo justicia y el fin de las leyes autoritarias de vestimenta. La represión de esas protestas resultó en cientos de muertos y miles de arrestos, y fue condenada como un uso excesivo de la fuerza por observadores internacionales.

    Casos como el de Amini (y de otras manifestantes, como Hadis Najafi y Asra Panahi, también asesinadas durante las protestas) se convirtieron en símbolos de la resistencia popular ante un Estado que pretende imponer un ideal moral por la fuerza.

    Lo que estos hechos enseñan es que la libertad no puede darse por sentada. Donde el gobierno tiene prerrogativas para decidir cómo debe vestir una mujer, qué puede decir o qué comportamientos son aceptables, el espacio de autonomía individual se reduce como una piel que se contrae. La consecuencia habitual —no extraordinaria— es que las protestas y movimientos civiles emergen, exigiendo derechos que se creían básicos, y cuando el aparato estatal responde con violencia, estas demandas se radicalizan. El resultado es sangre, sacrificios y una generación marcada por la experiencia de represión.

    La advertencia para nuestros países es clara: cuando se empieza a normalizar que el Estado tenga autoridad sobre decisiones íntimas (vestimenta, moral, expresión), se abre la puerta a la erosión de libertades que se creían firmes. Aunque las razones para ello se presenten como “seguridad”, “moral” o “bien común”, la historia muestra que el resultado más común es la ampliación del poder coercitivo del Estado a expensas de la autonomía individual. Ese proceso rara vez se detiene una vez iniciado, y revertirlo implica costos humanos, sociales y culturales elevados.

    Si hay una lección política y ética que el caso iraní ofrece a los pueblos de todo el mundo es una llamada de atención: proteger la libertad individual es una responsabilidad activa, no una garantía automática. Cuando se defiende la facultad de elegir, de pensar distinto, de vestir como uno elige, se defiende el fundamento de una sociedad abierta; cuando se permite que el Estado invada esas esferas personales, el camino hacia la opresión ya ha comenzado.

  • La Importancia de los Pelé del Mundo

    Cuando me refiero a los “Pelé” o Ronaldo del mundo, a lo que apunto es hacia esas personas que tienen talentos productivos y que logran desarrollarlos aportando al resto de la comunidad. Esta idea o enfoque me llegó al leer un artículo del 5 de enero ppd., de Andrés Ignacio Pozuelo en el sitio del Instituto Liberal en Cartago, Costa Rica, en el cual Pozuelo destaca el impacto socioeconómico de la migración del talento humano de Venezuela a causa de una ideología que yo describo como “diabólica” y propia del Anticristo.

    ¿Y por qué del “Anticristo”? Pues, porque los mensajes que nos trajo Jesús al mundo fueron los mensajes propios de la Naturaleza del Universo que es la del planeta. Hay diversas maneras de explicar y sacar a relucir el asunto, y una de ellas es señalando la diferencia entre la ley del hombre en comparación con la ley natural o de la naturaleza universal.

    La tendencia humana pérfida, para mí, es el elemento clave en ello; y la clave está en el vocablo “perfidia” cuya etimología está compuesta de dos pedazos: 1) es “per”, prefijo que tiene un sentido peyorativo o desfavorable que se refiere a lo que está más allá o que está en detrimento de, algo excesivo y destructivo; y 2) el sufijo “fides” que significa “fe”, “confianza”, “lealtad”. En otras palabras, la perfidia de no reconocer y tener fe en la Naturaleza de la Creación, y paso a ampliar lo señalado.

    Tomemos como ejemplo la Constitución de Panamá, la cual es ley creada no a partir de la naturaleza humana sino a partir de la naturaleza de la corrupta visión politiquera humana. El elemento clave aquí es que la ley no la debemos inventar sino descubrir. Por ejemplo, no hay que inventar el no matar, robar, fornicar, y tal. Pero, si nos vamos, por ejemplo, al Artículo 284 de nuestra Constitución, este establece que:

    El Estado intervendrá en toda clase de empresas… para los siguientes fines… regular… tarifas… servicios… precios… eficacia… calidad… coordinar los servicios y la producción…” y añado yo que también podría el “Estado”, quien sea que se tal sujeto, entrar a las alcobas nupciales a regular la fecunda cópula.

    ¿Cree el lector que el 284 proviene de la Ley Natural, del Creador de Cielo y Tierra? Obviamente que no, el 284 se origina en la pérfida tendencia humana de revelarse contra el Creador de Cielo y Tierra.

    Hablo de “Pelé” y “Ronaldo” porque son ejemplos de personas que han logrado destacarse y ser productivos, igual que tantas otras personas de las cuales depende el bienestar de la población. ¿O cree el lector que el sano y próspero desarrollo de Venezuela saldría de las fauces sangrientas de un Chávez o un Podrido… eee… digo, Maduro?

    El problema fatal con los dictadores pérfidos es que es muy difícil dictar imbecilidades a una comunidad ilustrada; y, por tanto, así es que nacen constituciones como la que padecemos en Panamá o nacen instituciones como el NODUCA, que es un instrumento que asegura una población mansa a los intereses bastardos de terribles autoridades.

    Y lo peor es que cuando sale un presidente que no tiene el alma podrida, le resulta casi imposible enderezar el rumbo de las cosas debido a que ya gran parte de la estructura gubernamental está infectada de tanta perfidia; tal como está la fábrica de botellas, o instituciones como la ATTT que de autoridad sólo tiene el nombre. El presidente Mulino tendrá que convertirse en mago para sacar adelante a Panamá.

  • Tiranía, pasividad y el espejismo del salvador externo

    Los acontecimientos ocurridos entre el 2 y 3 de enero de 2026, en torno a la extracción de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, han generado una avalancha de interpretaciones, conjeturas y celebraciones apresuradas. Sin embargo, conviene hacer una aclaración básica: no somos analistas de inteligencia ni contamos con información privilegiada. Todo aquello que exceda lo oficialmente confirmado es, en el mejor de los casos, especulación. Y precisamente por eso resulta más productivo concentrarnos en lo que sí sabemos con certeza: cómo se construye una tiranía y cuál es el rol que juegan las sociedades en ese proceso.

    Una tiranía no aparece de un día para otro. No irrumpe como un rayo en cielo despejado. Se edifica lentamente, casi siempre con la complacencia —cuando no con el aplauso— de una ciudadanía que vota y luego se desentiende. Que delega su responsabilidad cívica en el acto electoral y se retira a la comodidad de la vida privada, mientras las instituciones se erosionan, la prensa es hostigada y el poder se vuelve cada vez más opaco y concentrado.

    La pasividad frente al nepotismo, la falta de rendición de cuentas, los discursos violentos contra el disidente y la degradación del debate público es el terreno fértil sobre el cual florece el autoritarismo. Especialmente grave es el silencio de las élites ilustradas: una población educada que calla, que se vuelve cínica o relativista, y que acepta atropellos porque el gobierno se autodefine “pro-mercado”, olvidando que el mercado sin derechos individuales es sólo un reparto de privilegios entre amigos del poder.

    Cuando el deterioro ya es evidente y algunos deciden levantarse, el desenlace suele ser trágico. Los pocos que resisten terminan convertidos en mártires, no sólo por la brutalidad del régimen, sino también por la cobardía de quienes eligieron no acompañar. El caso de Óscar Pérez, asesinado en 2018 tras rebelarse contra el régimen chavista, es un recordatorio incómodo de esa verdad.

    La historia ofrece advertencias claras. Thomas Jefferson lo expresó sin eufemismos: El árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos: es su fertilizante natural. Creer que la libertad se conserva por inercia es una ilusión peligrosa.

    En este contexto, la salida de Maduro del poder puede ser vista como una buena noticia, pero no debería celebrarse sin matices. El derecho internacional público, consensuado tras la Segunda Guerra Mundial, lleva tiempo siendo vulnerado, y normalizar su violación sólo porque el resultado nos resulta conveniente es un precedente preocupante. La excusa de criminalizar la droga, ha servido reiteradamente como ley-garrote: un instrumento legal flexible que permite intervenir donde, por otros medios, estaría vedado.

    Estados Unidos no actúa movido por un repentino fervor democrático. Tampoco por una necesidad energética inmediata. La clave está en la geopolítica: China ha ocupado, mediante financiamiento y préstamos, un espacio que Washington descuidó durante décadas en América Latina. El llamado “patio trasero” se convirtió en zona de disputa estratégica, y Venezuela es una pieza central en ese tablero.

    El problema de fondo, sin embargo, no es externo. Cada intervención extranjera refuerza el riesgo moral de sociedades que esperan un salvador cuando la situación se vuelve insostenible. Mientras exista la expectativa de que alguien más resolverá el problema, no habrá incentivos reales para construir ciudadanía responsable, límites al poder y cultura institucional.

    Venezuela es una advertencia. La tragedia que vive hoy comenzó con decisiones complacientes, toleradas por una mayoría que confundió procedimientos con democracia y votos con libertad. Así se construyó a tiranía chavista. Ojalá esta experiencia sirva como lección para el resto de la región. Madurar como sociedad implica abandonar la lógica del amo benevolente y asumir, de una vez, que la libertad no se delega ni se importa: se defiende todos los días.

  • ¿Qué es la Asistencia Social?

    Escribir enfocando temas como el de la pregunta del título de este escrito tiene sus altibajos; y comienzo por los bajos. Debido a que son temas poco o mal abordados en los medios tradicionales, una mitad de la población no los conoce o entiende y la otra… si acaso los entiende la desatiende. ¿Y por qué habrían de desatender temas tan importantes como el de la “asistencia social”? Por variedad de razones; pero quizá las más relevantes son: 1) criticar la asistencia social no es popular; 2) no saben qué hacer al respecto, particularmente en el ámbito politiquero y así se menea la tamborera.

    Pero, para entrarle al tema por la puerta principal, que sería la del verdadero significado de la frase “asistencia social”, se trata de “programas de ayuda económica o servicios para personas en necesidad.” Y, de salida, entramos en el laberinto de la realidad y del entendimiento; es decir: ¿cómo y por qué quedan tantos atrapados en necesidad de asistencia; y entonces viene la palabrita “social”. ¿Qué es eso de “asistencia social?”

    Para un político bien puede ser la oportunidad de subir y quedarse sembrado en puestos de disque “autoridad” que le redundan en gratificaciones $$$. Y digo “disque autoridad” ya que la verdadera “autoridad” resuelve y no usa su “autoridad” para pelechar. Y voy al meollo del asunto: Que la verdadera asistencia social debería apuntar a lograr que la gente no requiera asistencia social económica; y ello por muchas razones de peso:

    1. La verdadera asistencia social no debería ser un fin en sí misma, sino un medio temporal para empoderar a las personas y comunidades, fomentando su autosuficiencia.
    2. El verdadero asistencialismo no crea más dependencia y miseria; detrás de lo cual hay razones económicas, sociológicas y tal. Si lo haces mal, terminas creando una dependencia crónica.
    3. Cuando personas faltas de motivación logran supuestos subsidios, pierden el des superación, creando patrones intergeneracionales, con familias enteras estancadas en una cultura de servilismo.
    4. El villano es el clientelismo electoral; en dónde, por ejemplo, legisladores en vez de legislar facilitando el emprendimiento hacen lo contrario. Por algo en Panamá la formalidad va en picada y la informalidad en ascenso.
    5. El mal asistencialismo genera corrupción que desvía recursos productivos en actividades improductivas. No más hay que ver los millardos que se han descubierto en los EE.UU., de fondos de supuesto asistencialismo que han terminado enriqueciendo a malandrines y otros han ido aparar a Somalia.

    Estos son apenas unos apuntes de efectos terribles del mal asistencialismo, que promueva dependencia prolongada o permanente, erosionando la autoestima; y ni hablar que crea división de clases.

    La verdadera asistencia social no debe venir de arriba hacia abajo, no es un asunto gubernamental; es decir, de los políticos hacia Tío Pueblo, sino que quien verdaderamente está en posición de asistir es el “prójimo”; ese que estando “próximo” y conoce al necesitado le puede ayudar.

    Es terrible que los supuestos políticos crean que su función es andar confiscando y repartiendo para quedarse con el filete. Y el enorme problema y reto es ver cómo salimos de ese lodazal de maleantería política que lo hemos establecido como cosa buena.

    La parranda de llamados “subsidios” siempre tiende a ir en aumento, pero ya llegará el momento en que sea insostenible y quienes pagarán son nuestros hijos.

    En fin, más prueba que en Minnesota que han defraudado con el programa de “asistencia social” por más de $9 mil millones y viene mucho más; dinero que ha ido a bolsillos políticos y peor, a parar en grupos terroristas islámicos. Si allá llueva, por acá no escampa.

  • Salario mínimo y empleo “mínimo” 

    Cada vez que se anuncia un ajuste al salario mínimo, el debate se enciende con la misma promesa: “subir el piso” para mejorar la vida de quienes menos ganan. Suena noble. Pero la pregunta incómoda sigue allí: ¿la norma realmente eleva el bienestar de los trabajadores más vulnerables o, en la práctica, termina cerrándoles la puerta del empleo formal?

    En Panamá, el salario mínimo no es una cifra única, sino un mosaico de tasas: se fija por región, actividad económica y tamaño de empresa, y se revisa al menos cada dos años. Eso no es un detalle técnico; es el corazón del problema. Cuando el Estado define precios —y el salario es un precio: el de la hora de trabajo— inevitablemente afecta decisiones de contratación, horarios, inversión y, sobre todo, supervivencia de negocios pequeños. El Decreto Ejecutivo del 10 de enero de 2024 formalizó ese esquema por hora y por categorías en todo el país.

    El marco reciente lo ilustra bien. En 2025, la propia mesa tripartita reconocía que el sistema vigente comprende 59 tasas para 74 actividades, y hablaba de un salario mínimo promedio alrededor de B/.636.80 mensuales; además, admitía que aún estaban en fase técnica sin cifras propuestas, revisando informalidad, mipymes y comportamiento del mercado laboral.  Ese punto es crucial: si el diagnóstico incluye informalidad y fragilidad empresarial, un aumento mal calibrado puede acelerar lo que se quiere evitar.

    Y, sin embargo, el proceso cerró con humo blanco. El 10 de diciembre de 2025, el Ministerio de Trabajo informó un “consenso histórico” entre trabajadores, empleadores y gobierno: nuevas tasas que regirán desde el 16 de enero de 2026, con ajustes descritos como escalonados y con ejemplos de incrementos de entre B/.9.50 y B/.15 mensuales en ciertos rubros y regiones.  Medios que citan despacho de EFE resumieron el resultado como aumentos de US$10 a US$15 al mes, también con entrada en vigor el 16 de enero de 2026.

    Ahora bien: incluso cuando el aumento es “moderado”, el impacto no se reparte parejo. En el mercado hay empresas holgadas y empresas al límite. Las primeras absorben costos o los trasladan con más facilidad; las segundas recortan turnos, frenan contrataciones o cierran. En esa transición, los primeros en quedar fuera suelen ser los de menor productividad inicial: jóvenes sin experiencia, trabajadores con baja escolaridad, personas con discapacidad, y quienes necesitan horarios flexibles. La ley, que pretendía ayudar, termina actuando como filtro.

    A esto se suma una realidad que hoy día ya nadie discute: la automatización avanza. Cuando el costo legal de contratar sube, la máquina compite mejor. No por maldad del empresario, sino por aritmética. Un incremento pequeño puede ser la gota que justifique el autoservicio, la cocina semiautomatizada o el reemplazo de tareas rutinarias.

    El objetivo debería ser que más gente gane más, sí, pero a través de productividad, formación, reducción de trabas y formalización, no solo por decreto. Si el salario mínimo se convierte en “empleo mínimo”, el precio lo pagan, paradójicamente, quienes menos margen tienen para esperar. Y esa es la ironía que Panamá debería vigilar muy de cerca en 2026.

  • Minería, propiedad y responsabilidad: una crítica al subsuelo estatal

    Desde un punto de vista liberal, la discusión sobre la minería suele desviarse hacia cifras agregadas: cuánto aporta al PIB, cuántos empleos genera o cuántos ingresos fiscales produce. Ese enfoque utilitarista, aunque común, elude la pregunta central: ¿con qué derecho se decide sobre el subsuelo y quién asume moralmente los daños que pueden producirse? En minería, esta omisión no es accidental, sino estructural. Cuando el subsuelo pertenece al Estado, la relación moral básica —persona, propiedad y responsabilidad— es reemplazada por una relación política: ciudadano, permiso y poder.

    El caso panameño sigue siendo ilustrativo precisamente por cómo se entrelazan decisiones judiciales, disputas políticas y una noción difusa de propiedad. La mina Cobre Panamá, una de las mayores del mundo, permanece sin operación productiva desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato que habilitaba su explotación. A diciembre de 2025, la mina continúa cerrada, sin reapertura autorizada, con actividades limitadas a mantenimiento, preservación ambiental y gestión de riesgos. El gobierno ha impulsado una auditoría integral independiente, cuyos primeros resultados preliminares comenzaron a conocerse a fines de este 2025 y cuyo informe final está previsto para inicios de 2026. Paralelamente, el diálogo entre el Estado y la empresa operadora, First Quantum Minerals, se mantiene abierto pero condicionado, sin que exista aún una decisión definitiva sobre reapertura, rediseño del proyecto o cierre permanente.

    Más allá del desenlace, el conflicto revela un problema moral profundo en la minería: la despersonalización de la responsabilidad que genera el régimen de propiedad estatal del subsuelo. Cuando el recurso “es de todos”, en los hechos no es de nadie en particular. Las comunidades cercanas a la mina no son propietarias, sino administradas. No otorgan consentimiento; apenas son informadas. Y cuando aparece un riesgo ambiental —afectación del agua, del suelo o de la salud— no existe un responsable claramente identificable frente a víctimas concretas, sino una cadena de permisos, excepciones y autoridades que diluyen la rendición de cuentas.

    Desde una ética liberal, esto es problemático. La libertad no consiste en autorizar actividades mediante decretos, sino en respetar el principio de no dañar a terceros y asumir plenamente las consecuencias cuando ese daño ocurre. El estatismo del subsuelo rompe esa simetría moral: quien decide no es quien sufre, y quien explota no responde directamente ante quienes cargan con el riesgo.

    Por eso, una salida libertaria no exige prohibir la minería ni idealizar la naturaleza, sino re-moralizar el sistema, acercando decisión y responsabilidad a las personas afectadas. Existen soluciones inteligentes de cooperación que no dependen de un Estado central omnipotente. Por ejemplo, acuerdos de servidumbre ambiental exigibles entre operadores y comunidades vecinas, donde se reconozcan límites claros de no-daño y obligaciones automáticas de reparación. O fideicomisos locales de garantía, financiados por la empresa mientras dure la actividad, administrados con participación ciudadana y liberados sin litigios cuando se verifiquen incumplimientos ambientales.

    Asimismo, el monitoreo ambiental con control comunitario y datos abiertos puede sustituir parte de la desconfianza política por verificación directa. No se trata de más burocracia, sino de más control por quienes viven con las consecuencias. Incluso mecanismos de arbitraje local o jurados vecinales permitirían resolver conflictos sin escalar cada desacuerdo al plano nacional, donde todo se vuelve ideológico y binario.

    El debate minero en Panamá —y en América Latina— no se resolverá preguntando si la minería “conviene” o no. La pregunta moral correcta es otra: ¿quién decide legítimamente sobre un territorio y quién responde cuando algo sale mal? Mientras el subsuelo siga siendo estatal, esas respuestas seguirán siendo evasivas. Paradójicamente, sólo allí donde la propiedad es clara puede hablarse de una protección genuina de las personas y del ambiente; los permisos políticos, en cambio, diluyen la culpa y vuelven moralmente opaca a la minería.