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Categoría: Politica y Actualidad

  • La Presidencia como agencia de eventos. Lecciones para la JMJ. 

    Hay una falacia económica que se conoce como “lo que se ve y lo que no se ve”. En el siglo XIX Frederic Bastiat la expuso como el resultado de que la gente muchas veces se enfoca en los beneficios visibles de un evento o una política pero no ve los costos ocultos del mismo. Por ello, una de las cosas de las cuales los políticos abusan es de decir que “logré X o Y evento para mi país”.

    La gente no se acuerda de la orgía de corrupción que el gobierno de Lula trajo para Brasil al llevar a cabo una Copa del Mundo y una Olimpíada en dos años. En los Estados Unidos es peor, en un sistema de ligas deportivas cartelizado, los alcaldes y gobernadores se atreven a decir que trajeron X o Y franquicia de su liga deportiva a su estado sin ningún reparo, claro que usando el dinero de los contribuyentes.

    En otras palabras estos mega eventos, sean deportivos (lo que usualmente son) o sean religiosos (algo ya poco usual) suelen terminar en mega pérdidas reales para los países que los hacen a largo plazo.

    Son ejemplos modernos del Pane et Cicus romano. Más que cualquier otra cosa.

    Muchas veces los políticos usan eventos como las Olimpiadas o la Copa del Mundo de Fútbol o en los Estados Unidos construir estadios con fondos públicos para equipos privados con la misma excusa, “vamos a mejorar el turismo”. Bueno, el problema de estos eventos organizados con fondos públicos es que éstos tienen que salir de algún lugar. Porque los estados trabajan con fondos limitados. El dinero que se usa en prestar una cosa ya no se puede usar en otra. Lo mismo pasa con el tiempo.

    El dinero que se usa para organizar el evento se obtiene de los impuestos y es menos dinero que se destina a otras actividades estatales como campañas de vacunación masivas, fumigaciones contra los mosquitos, mejorar las calles, agilizar los procesos judiciales, mejorar el patrullaje y la seguridad, mejorar las escuelas públicas.  El tiempo también se pierde; este tiempo perdido en las empresas no turísticas durante el evento y la baja de la productividad en las empresas no turísticas durante los días que las personas no puedan movilizarse fácilmente a sus lugares de trabajo entre otros problemas, es una pérdida que no se recupera.

    En otras palabras, el estado al apoyar un evento específico crea ganadores artificialmente en la industria del turismo a costa de crear perdedores en otros lugares. Hay estudios tras estudios económicos en muchos países que demuestran que las bonanzas de estos eventos temporales, deportivos o en el caso de la JMJ, religiosos, no contribuyen en la recaudación fiscal y son menores en ingresos a los recursos gastados por el estado en los mismos. Y las ganancias en el sector turismo se balancean con las pérdidas en otros sectores.

    El comité organizador de la JMJ reporta que espera recaudar 41 millones en concepto de impuestos o tasas, relacionadas con la JMJ; la pregunta sería, ¿cuánto significa ésto versus cuánto dinero de los impuestos de todos ha recibido la Iglesia Católica durante los últimos 4 años y cuánto dinero se ha gastado el gobierno directamente en su parte de la organización del evento? Por ejemplo los gastos de hospedar a los mandatarios extranjeros y sus comitivas. ¿Cuánto costará cada mochila del peregrino? ¿Y lo gastos hospitalarios a cuánto ascenderán? Está claro que el gran ganador sería el sector turístico, que se encuentra deprimido y tendría un respiro a costas del evento. Pero la experiencia demuestra que estas ventajas se balancean con las cosas que se tenían que hacer en otros sectores durante estos últimos años pero que no se hicieron.

    Moraleja, cuando un político se ufana de haber conseguido X o Y evento para un país, o traer X o Y liga deportiva a una ciudad es porque éste no es económicamente rentable; si lo fueran, la Iglesia o la empresa privada lo hubieran organizado por sí mismos sin necesidad de fondos públicos. Estamos seguros por ejemplo que si la JMJ se hubiera organizado en los Estados Unidos o Francia, salvo en el tema de la seguridad, que es función del Estado, no sale un centavo de los impuestos para el evento… por algo no se hizo allá. Si gobernar bien un país es organizar eventos, bueno Grecia y el Brasil de Lula y Odebretch serían ejemplos de buenos gobiernos.

     

  • La nueva trampa fiscal: los umbrales para sustentar la evasión fiscal.

    El gobierno, tras las presiones externas, sobre todo las del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, busca penalizar la evasión fiscal. Como el clamor de penalizar la evasión fiscal no sale de la sociedad panameña sino de presiones externas, el gobierno ha tenido que hacer una maroma política para hacer la ley más potable. Penalizar la evasión fiscal por encima de los 300 mil dólares. O sea para los evasores que ganen más de un millón de dólares al año.

    Algo similar se hizo con el contrabando, penalizándolo hasta cierto nivel, pero por debajo de este nivel la evasión fiscal y el contrabando siguen siendo faltas administrativas. En el 2015 el contrabando fue penalizado, siempre y cuando la cuantía del contrabando sea mayor de los 500 mil dólares. Ahora se busca penalizar la figura de la evasión fiscal por umbrales similares. Nótese que en ambos casos se debe más a presiones externas ya que el gobierno no ha hecho todo lo que pudo para mejorar la recaudación tributaria sin tener que penalizar la evasión. Las presiones externas se deben a que si la evasión es delito en Panamá, los fiscales extranjeros podrán pedir a sus colegas panameños que se investigue penalmente a los que usan a Panamá para evadir impuestos en sus países.

    Esto plantea al gobierno varios problemas: el primer problema es que como el proyecto no tiene apoyo local, sino que se debe por presiones extranjeras, tiene un costo político cuando nos aproximamos a un año electoral. Obviamente si los diputados buscan réditos políticos, no va a ser penalizando la evasión fiscal. El gobierno por lo tanto, por ahora busca presentarlo como un tema de que es solo para las personas que ganan más de un millón de dólares. Pero esto presenta varias aristas. Una de ellas es que las personas que ganan más de un millón de dólares pueden pagar abogados y contadores para crear estructuras que les permitan eludir impuestos, o sea, tomar medidas legales que no son delito para pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Así que dudamos de la efectividad para castigar a los evasores que menciona el proyecto.

    El segundo problema es de arquitectura jurídica y va a llevar a aplicar tarde o temprano la norma que penaliza la evasión fiscal a todo el mundo.

    Estamos hablando de las figuras de error de prohibición y de error de tipo.

    En la teoría finalista del delito, el error de prohibición recae sobre el carácter y la entidad del injusto del actor. En el caso de la evasión fiscal, el injusto recae sobre la capacidad una empresa de hacer lo que debe hacer, maximizar utilidades, así que lo más razonable para cualquier empresario serio es que busque maneras de bajar los impuestos, dentro de la legalidad, al mínimo legalmente requerido.

    El problema es que la Dirección General de Ingresos puede tener otra opinión sobre las actividades realizadas para pagar impuestos, y esta opinión puede ser malintencionada, como ya lo demostró un ex director de la DGI y como lo ha demostrado el IRS norteamericano. Las autoridades fiscales pueden y son de hecho usadas para perseguir a enemigos políticos. Lo cual nos lleva a una situación donde el imputado puede que honestamente crea que no ha hecho nada malo, pero las autoridades fiscales creen que sí, y éstas son las que de hecho califican el tipo penal. El que se verifique o no un tipo penal depende ahora de las autoridades administrativas. Aquí tenemos un problema de error de prohibición. Y un delito sin víctimas claras. Porque se trata de una persona que toma medidas para salvaguardar su propio patrimonio, pero que es obligada a desprenderse del mismo bajo presión de una autoridad política, y que es penalizado por no querer hacerlo. Obviamente este desprendimiento forzado es en nombre del bien común y la cosa pública, porque si no lo fuera así, sería llamado robo.

    Pero contamos con un precedente funesto, y es que la tendencia a hacer al estado más pesado, y más brutal sobre la vida cotidiana de las personas ya llegó a Panamá. Uno de los grandes triunfos de la Ilustración en el Siglo XVIII fue la eliminación de la cárcel por deudas; ahora se hace cada vez más legalista que las deudas con el estado se paguen con cárcel.

    Lo que nos lleva al error de tipo y su solución no es buena. Cabe preguntarnos por qué la evasión fiscal se convierte en delito más arriba de los 300 mil o el contrabando más arriba de los 500 mil. Un candidato de un partido de izquierdas, de esos que Nietzsche llamó, las “tarántulas de la igualdad” o los “buscadores de justicia/vengativos encubiertos” se podrá preguntar, ¿por qué 300 mil es delito y 299, 999.99 es falta administrativa? ¿Qué diferencia hace un centavo sobre si un hecho es un delito o una falta? La solución clara va a ser extender el tipo penal a todas las conductas similares, independientemente de la cuantía. Cuando ya se tiene un pie adentro, mejor se mete todo el cuerpo.

    Total, cuando se tipifica el robo no se especifica la cuantía. Así que una vez penalizada la evasión fiscal, el umbral mágico de los 300 mil dólares se va a ir erosionando gradualmente hasta hacerse universal.

    Al final, hasta no declarar una entrada de 100 dólares va a estar penalizado. Y todos viviremos con un contador y un abogado tributario en el fast dial del teléfono.

    Una vez tipificada deficientemente la evasión penal, la solución de estos errores de tipicidad es expandir el tipo penal y hacerlo universal eliminando la cuantía. Después de todo, hablamos de un tipo penal y no de un proceso civil. Este va a ser el resultado final.

    Por esto, el endulzarnos con que la norma no se nos va a aplicar a todos los mortales, es sólo una medida temporal política, ya que el tipo penal estaría en el Código y solo quedaría el solucionar el tema de la cuantía… Y lo más probable es que sea para bajarla. Sólo es cuestión de tiempo.

    Esto es lo que está en juego al final.

  • Índice de Competitividad Fiscal, lecciones para Panamá

    A menudo evaluamos los sistemas impositivos de uno u otro país fijándonos en cuánto recaudan los gravámenes en relación con el tamaño de la economía. Estudiar la presión fiscal nos permite entender el peso de la carga impositiva, pero no nos dice nada sobre la estructura del sistema impositivo. Y es que, aunque la recaudación sea la misma, es importante saber cómo se obtiene, puesto que muchos sistemas tributarios generan recursos públicos de forma ineficiente y compleja, en comparación con otros modelos en los que las distorsiones son menores.

    Para estudiar mejor la calidad de las reglas impositivas, la Tax Foundation de Estados Unidos ha creado el Índice de Competitividad Fiscal, una publicación anual para la que se consideran 40 factores distintos y con la que se evalúan los códigos tributarios de los treinta y cinco países miembros de la OCDE. Este 2018, el informe viene firmado por Scott Hodge, Kyle Pomerleau y Daniel Bunn, tres de las figuras más importantes del think tank más influyente del mundo en asuntos fiscales.

    Los autores del informe destacan que un código fiscal bien diseñado “es fácil de obedecer por parte de los contribuyentes y ayuda a recaudar fondos públicos sin obstaculizar en demasía el desarrollo económico”. Por el contrario, un código mal estructurado “es costoso, distorsiona la toma de decisiones y causa perjuicios duraderos”.

    El principio de neutralidad es vital para ganar atractivo fiscal. “Un código tributario competitivo minimiza el impacto que tienen las tasas de impuestos sobre las decisiones de los trabajadores y las empresas, sobre todo en un mundo tan globalizado como el actual”, explican los autores. En esta línea, los autores del informe recuerdan que las reglas impositivas “no deben elegir ganadores o perdedores, castigar a una actividad frente a otra, favorecer el consumo frente al ahorro, etcétera”.

    Tras analizar cuatro decenas de parámetros, los técnicos de la Tax Foundation concluyen que los sistemas fiscales más competitivos de la OCDE son los de Estonia (100 puntos), Letonia (86 puntos), Nueva Zelanda (83 puntos), Luxemburgo (80,5 puntos) y Países Bajos (77,5 puntos). También por encima de los 70 puntos nos encontramos con Suiza (77), Suecia (75) y Australia (77,2).

    En el extremo opuesto de la tabla aparecen Portugal (48,2 puntos), Polonia (47,7 puntos), Italia (46,9 puntos) o Francia (41,4 puntos). Sus sistemas fiscales son, a juicio de la Tax Foundation, los menos competitivos de la OCDE. El caso galo es especialmente preocupante, puesto que este es el quinto año consecutivo en el que Francia aparece en la última posición del listado.

    Estados Unidos, por el contrario, es el país que más ha mejorado su puntuación desde la última edición del informe. La calificación de 61,5 obtenida en el ranking de 2018 supera en seis puntos el resultado del pasado año y permite una mejora  suficiente para ascender cuatro puestos en la lista, hasta el número 24. Las reformas tributarias impulsadas por Donald Trump parecen haber tenido un buen efecto en el atractivo fiscal del país norteamericano.

    Panamá y el reto de la competitividad fiscal

    Desde el punto de vista panameño, la nueva edición del informe debe invitar a una reflexión profunda. Ahora mismo, las economías de la OCDE están ejerciendo más presión que nunca sobre los refugios fiscales que se encuentran fuera de sus fronteras. Al mismo tiempo, los países ricos están reformando sus sistemas fiscales para ganar atractivo y captar inversión que, en las últimas décadas, se había desviado hacia centros financieros como el propio istmo.

    Hay, por tanto, un doble reto encima de la mesa. Por un lado, aumenta la presión regulatoria contra Panamá. Por otro lado, se reduce la ventaja fiscal de Panamá frente a los países de la OCDE. Semejante escenario exige reformas de calado, orientadas a recuperar el pulso perdido.

    Ya hemos explicado anteriormente que Panamá ha caído del puesto 4 al número 27 del Índice de Libertad Económica. Aunque el país sigue siendo uno de los bastiones capitalistas de América Latina, su atractivo global se ha visto disminuido de forma notable.

    Algo similar es lo que se desprende del informe Doing Business, elaborado por el Banco Mundial para medir la facilidad con la que se puede hacer negocios en los distintos países del globo. Este ranking deja a Panamá en un mediocre puesto 79 y penaliza especialmente la complejidad del sistema fiscal, donde el istmo apenas figura en el puesto 180.

    Panamá tiene que plantear una estrategia de cuatro puntos si quiere recuperar el terreno perdido:

    • Reforma del código tributario. Siguiendo los principios enumerados en el Índice de Competitividad Fiscal, el gobierno debe mandar un mensaje claro a los mercados, eliminando las reglas impositivas actuales y diseñando el código más sencillo de toda América.
    • Freno a los excesos de la OCDE. Para contener el proteccionismo tributario con el que están actuando los países ricos, el gobierno debe tejer una alianza con otros centros financieros internacionales y así defender conjuntamente su soberanía fiscal y regulatoria.
    • Giro a la libertad económica. Con ánimo de recuperar el liderazgo perdido, Panamá debe analizar punto por punto qué puede hacer para volver a ser una de las economías más abiertas del mundo.
    • Valor tecnológico añadido. Los centros financieros internacionales del siglo XXI no se entienden sin la apuesta por el blockchain, las criptodivisas y otras innovaciones que facilitan los flujos de capitales y recuperan parte de la libertad perdida en los últimos años. La meta última debe ser convertir a Panamá en el hub por excelencia de la tecnología financiera.

  • La Competitividad y el Registro Público panameño.

    Las sociedades panameñas están de capa caída, el número de sociedades panameñas viene decreciendo desde hace ya varios años de picos de casi 36 mil sociedades inscritas en el 2014 se ha caído a menos de mil por mes, cuando antes se inscribían hasta 6 mil al mes . Las firmas de abogados están despidiendo personal. Y se dedican a vender sociedades en otras jurisdicciones, incluyendo los Estados Unidos.

    Ante todo esto el gobierno está en una disyuntiva, por un lado ha hecho todo lo que la OCDE y el GAFI le han pedido, por el otro, las sociedades panameñas caen y siguen cayendo y los negocios se van a otras jurisdicciones. También se ven los depósitos bancarios.

    El gobierno está en una etapa de plena negación. Por ejemplo, el director del registro público habla de que Panamá adoptó normas internacionales para hacer el sistema panameño más competitivo, y depurarse. Bueno, el tema con la competitividad es que las normas para depurar el sistema sean aplicables a todos por igual. Si un país adopta ciertas normas pero los demás no, están en desventaja a la hora de luchar por clientes que sin duda se irán a los países con normas más ventajosas.

    La competitividad no se logra cumpliendo con normas burocráticas de la OCDE; se logra ofreciendo la plaza más atractiva a los clientes. Y acá es donde está el problema. Ciertas normas han sido redactadas de manera tan burocrática que solo parecen beneficiar a las empresas de contabilidad internacional asociadas con la OCDE.

    La manera como se ha manejado el tema de los agentes residentes y las responsabilidades de los mismos de rendir cuentas han hecho que tener una sociedad panameña sea demasiado caro, aún para hacer negocios locales en Panamá. Es mejor cerrarlas o dejarlas inactivas que abrir sociedades nuevas.

    La actuación del gobierno durante los Panama Papers tampoco ayuda; en lugar de decir lo injusto que era que se escogiera el nombre Panama Papers pese a que la mayoría de las sociedades involucradas no eran de nuestra jurisdicción, se tornó en una cuestión vergonzante de la cual mejor no hablar. Vamos, antes las filtraciones del HCBC o de la Unión de Bancos Suizos eran las filtraciones de estas empresas; después de los Panama Papers, las filtraciones eran los “Paradise Papers”, no los Bermuda Papers ni los Singapore Papers. En cambio, los papeles de Mossack y Fonseca eran los Panama Papers pese a que la mayoría de las sociedades involucradas lo eran en British Virgin Island (BVI). Uno de los argumentos de peso que se debió usar fue éste, pero nunca se usó; en su lugar, nuestros funcionarios parecían venados en las luces de un auto, dando excusas a cada momento y firmando lo que les pusieran enfrente.

    Hasta se nombró una comisión formada por personas vinculadas a Soros y la OCDE para dar “recomendaciones” que terminó en otro escándalo cuando estas recomendaciones excedían con creces lo que solicitaba la OCDE. Y esto ha seguido, el daño a la reputación de Panamá como plaza continúa, pese a las medidas que tomamos para ser más “competitivos” o sea, no para atraer clientes, sino para no figurar en las listas negras de la OCDE o de la Unión Europea. El problema es que a cada medida que cumplimos para salir de una lista, suelen añadir otra nueva constantemente para ponernos en una nueva lista. Porque en el fondo lo que busca la OCDE no es eliminar ni el lavado de dinero, ni la financiación del terrorismo, ni las armas de destrucción masiva, ni la evasión fiscal, sino la mera idea de la competencia fiscal en sí, o sea que los países atraigan inversiones y dineros de todo el mundo ofreciendo un régimen fiscal atractivo.

    En tanto el gobierno no defienda el derecho soberano a hacer esto, a competir, y no entienda que para atraer inversiones se tiene que tener un régimen atractivo, no vamos a ser competitivos. Porque si ser competitivos significa nada más salir de las listas negras de la OCDE y hacer las sociedades panameñas más caras en tiempo y dinero, pues apaga y vámonos.

    Lo que se ha venido haciendo post Panama Papers es venir tratando de evitar salir de las listas negras y grises, adoptando más requisitos que las hacen más caras, lentas de constituir y por lo tanto poco atractivas a nuestras sociedades, sin ninguna garantía de que no nos sigan imponiendo otros requisitos, y de que la imagen de la plaza Panamá mejore, y con ello la imagen de las sociedades panameñas. En pocas palabras, nuestras sociedades son ahora más caras, pero nuestra imagen internacional no mejora.

    Lo cual nos lleva a otro tema; uno de los pocos atractivos que tenía Panamá como plaza era la opacidad de nuestras sociedades, ahora ese atractivo ha desaparecido. Y no hemos tratado de construir otros atractivos distintos. No tenemos un sistema judicial rápido y confiable que haga atractivo tener sociedades en Panamá en caso de pleitos, así que mejor se las hace en una jurisdicción británica o norteamericana, tampoco tenemos las ventajas migratorias de Austria y ciertas islas del Caribe.

    Las licitaciones en Panamá tienen una larga sombra de corrupción que favorece a las empresas de países donde pagar coimas en el extranjero es legal, como China y Brasil, y hace poco atractivo a las empresas alemanas y norteamericanas licitar. La visita de Pompeo a Panamá tuvo que ver bastante con eso. Añada a esto los intentos de imponer controles de capitales por razones xenofóbicas como los impuestos a las remesas o demagógicas como el 7% a las transferencias bancarias, y el mensaje que se manda al público es que no tengan cuentas en bancos panameños, y no se invierta en Panamá.

    En otras palabras, mientras no busquemos atractivos para la plaza, por más que cumplamos las normas de la OCDE, vamos a ver como nuestras sociedades siguen desapareciendo y los activos líquidos de los bancos se van a Miami y Puerto Rico. Si no tomamos medidas para defender la imagen y la soberanía del país, no controlamos la corrupción y mejoramos la justicia y tomamos medidas populistas y demagógicas para terminar de matar al herido, no esperemos milagros.

    El Director del Registro Público debe tener en claro que hacer las cosas más caras y burocráticas para evitar los chantajes de la OCDE y la EU, no es hacer al país más competitivo, de la misma manera que tomar medidas en Venezuela para evitar que te secuestren, es ser más competitivo. En ambos casos es un aumento del costo de hacer negocios y nada más.

  • El Muro de Berlín fiscal.

    Bueno, lo que hemos venido diciendo y el gobierno no aprende, lamentablemente se cumple. Cuando se cumple un requisito con la OCDE o la Unión Europea, no hay que preocuparse, siempre se va a exigir otro nuevo. Cuando no es el intercambio automático de información, el fin de las acciones al portador, o BEPS, van a venir siempre con otro reclamo. Creo que a estas alturas no se trata solo de evitar el lavado de dinero o la financiación del terrorismo o las armas de destrucción masiva, o de evitar la evasión fiscal, sino que ahora se trata de evitar de manera pura y dura toda forma de competencia fiscal.

    La nueva iniciativa de la OCDE amenaza con castigar a las residencias fiscales, o peor, a las nacionalidades tipo pasaporte dorado para aquellas personas que deseen escapar de los infiernos fiscales. Los países de la OCDE quieren ser como el infernal Hotel California, se puede hacer el checkout cuando se quiera, pero no se puede ir de allí. En otras palabras, si no se quiere vivir en un infierno fiscal, la OCDE no quiere que se tenga el derecho de emigrar a otro país y aún más, nacionalizarse allá.

    Aparte de tratar a sus propios ciudadanos como activos, de una manera muy similar a Cuba o Colombia, que aunque se nacionalice de otro país, cuando un cubano va a Cuba o un colombiano viaja a Colombia, se le trata y se le exige como si todavía fuera un nacional del país del cual emigró, la OCDE está creando de hecho, una especie de Muro de Berlín fiscal. Diciéndole a los que quieran escapar del infierno, “no puedes irte”.

    La OCDE ahora arremete contra los países que hacen fácil a los inversionistas adquirir la nacionalidad en esos lugares; pero no sólo eso, arremete a los países que dan la residencia fiscal a los inversionistas. Eso sí, mientras no se sea miembro de la OCDE como los Estados Unidos, con su visa E 2, donde se invierte cierta cantidad de dinero, y bueno, se tiene visa de residente permanente fiscal. O Austria con su pasaporte Dorado donde le otorgan la ciudadanía a los inversionistas con pocos millones de inversión. Algo que en Panamá es bastante difícil ya que el proceso de tener residencia permanente y el de ser ciudadano son muy distintos.

    Pero eso no le importa a la OCDE, pronto estaremos en otra de sus listas, porque ahora en nombre de luchar contra la evasión fiscal, lo cual siempre ha sido una forma de proteccionismo, la OCDE muestra intenciones de decirle a los estados quiénes pueden ser sus residentes o sus ciudadanos.

    El informe de la OCDE, que no llega a ser lista negra pero es seguro que para allá va, deliberadamente confunde los esquemas de residencias fiscales pagadas con los esquemas de residencia migratoria por inversiones, que como hemos visto son prácticas que países como los Estados Unidos, Irlanda o Austria, practican. Pero nosotros somos los malos. Y esto es lo que pasa con una Cancillería que no existe.

    Pareciera que no existe ningún interés en defender el derecho de Panamá a decidir quiénes son sus inmigrantes y sus ciudadanos. Y el derecho de Panamá a atraer inversiones en el mercado global.

    Porque en el fondo la OCDE no solo busca evitar la evasión fiscal; busca realmente establecer un proteccionismo fiscal para evitar que la gente no lleve sus dineros de manera legal a otros países, impidiendo inclusive que la gente vote con los pies y emigre económica y físicamente a lugares donde la voracidad del Estado tenga límites. Un Muro de Berlín fiscal. Esta es una medida para que las economías menos competitivas de la OCDE no vean cómo sus activos, perdón, sus ciudadanos, emigren a economías más competitivas. Claro que por ahora nos incluyen a nosotros y no a los Estados Unidos con su visa E2, porque hasta los burócratas de la OCDE saben que no es buena idea provocar a Donald Trump. Por ahora se meten con nosotros, porque saben que nosotros no tenemos un gobierno con voluntad de defendernos.

     

  • Legisladores de Wyoming, Estados Unidos, preparan la creación de cryptobancos.

    Dado que las regulaciones son una de las razones principales por las que los bancos comerciales tradicionales le dan a Bitcoin un tratamiento discriminatorio, los senadores y representantes estatales de Wyoming están considerando una solución legislativa al problema.

    Los legisladores en el ‘Estado de la igualdad’ están trabajando en una legislación que permitiría la creación de un banco de criptomoneda para atender las necesidades de la industria criptográfica en el estado. Durante una reciente reunión del grupo de trabajo de blockchain, las partes interesadas discutieron un proyecto de ley que vería que las ‘instituciones de depósito con fines especiales’ reciban un tratamiento regulatorio eficaz. El grupo de trabajo de blockchain está formado por senadores y representantes estatales, así como por personal técnico, incluida la defensora de blockchain y veterana de Wall Street Caitlin Long.

    Tal banco criptográfico facilitaría a las empresas disruptivas operar en el estado, ya que actualmente son rechazadas por las instituciones financieras tradicionales. ‘Si un banco se da cuenta de alguna manera de que está tratando con una moneda criptográfica o blockchain de cualquier manera, las cuentas de una persona pueden cerrarse de inmediato. En mi opinión, los bancos son discriminatorios para ciertas empresas ‘, dijo el legislador del estado de Wyoming y copresidente del comité de blockchain, Tyler Lindholm R-Sundance, a Star Tribune en una entrevista.

    El legislador, también copresidente del comité de blockchain del gobierno, ve grandes oportunidades de negocios para los bancos en Wyoming, siempre y cuando se consideren ‘instituciones especiales de depósito’. Últimamente, los gobiernos han estado procurando la legalización de la tecnología blockchain para impulsar a las empresas, ya que prevén las enormes ventajas que ofrece la tecnología de libro mayor descentralizado. Además de la transparencia para las transacciones en curso, también elimina la necesidad de un árbitro externo o un administrador de contabilidad para cada nivel de las transacciones.

    En el último proyecto de ley, Lindholm y su equipo proponen un nuevo tipo de institución, que es diferente a los bancos tradicionales y permite la apertura y operación de cuentas bancarias específicamente para la criptomoneda. Dichas cuentas serán reguladas por el gobierno o las agencias designadas por el gobierno. Actualmente, en los bancos tradicionales, las empresas que trabajan con clientes de criptomonedas o que pagan por los servicios en esta moneda no fiduciaria están sujetas a revisiones innecesarias y procesos anormales. Por lo tanto, para satisfacer la demanda de instituciones de tipo ‘banco’ específicas de cifrado, Lindholm y su panel están fomentando la creación de estas instituciones de la nueva era.

    El enfoque especial de esta propuesta legislativa es que el nuevo banco tendrá una ideología de ‘cooperativa’ y la propiedad, las operaciones y el seguro serán la prerrogativa de los ‘miembros’. Solo las empresas establecidas podrán convertirse en miembros del banco, con un monto mínimo de $ 5,000 que se permitirá el almacenamiento con el banco. El banco blockchain estará en manos de miembros que serán votados por una junta compuesta por profesionales de la industria.

    Los legisladores de Wyoming tienen como referencia para aprender las leyes de otros países, incluidas las regiones comerciales que han adoptado tecnologías blockchain como Malta, Suiza, Japón, Estonia, Corea del Sur y Rusia para la integración en el comercio general.

    En esencia, la tarea del banco sería facilitar las transacciones y el almacenamiento de activos digitales y moneda tradicional para las empresas de criptomoneda, permitiéndoles participar en un mundo donde las monedas fiduciarias aún gobiernan y los bancos dudan de atender a las empresas de bitcoin. Y mientras los bancos tradicionales operan sobre una base de reserva fraccionaria, se requerirá que el banco criptográfico de Wyoming se asegure de mantener una relación de criptomoneda a fondos líquidos del 100%, esencialmente convirtiéndolo en un ‘depósito de dinero’ o una ‘institución de transferencia’. ”

    Esta reserva obligatoria de valor equivalente se considera una medida para prevenir el lavado de dinero y el fraude. Además, cualquier pérdida inesperada causada por el banco criptográfico no estaría cubierta por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de los Estados Unidos, que cubre todos los riesgos que enfrentan los clientes bancarios en el sector tradicional. Dichos bancos no tendrán el poder de emitir préstamos y estarán sujetos a la autoridad reguladora de la División Bancaria de Wyoming.

    La legislatura estatal de Wyoming también promulgó a principios de este año una ley que exime a los mineros de la criptomoneda y a las startups de blockchain de pagar impuestos a la propiedad. ‘Estamos creando una ley que estas personas  han estado buscando’, dijo Lindholm. «Han estado buscando esto en la SEC, en la FDIC … pero aún no lo han hecho. Esto es lo que estamos haciendo en Wyoming, informando a estas compañías que estamos abiertos para los negocios «.

  • Cuentos Chinos, el caso de Zambia

    Ahora que esta de moda que los gobiernos irresponsables y gastadores se endeuden con los chinos porque ya no pueden endeudarse con los banqueros con el aval del Fondo Monetario Internacional, será bueno que veamos el ejemplo de otros países como Paquistán, Siri Lanka, Somalia, las Maldivas, y Venezuela para darnos cuenta que endeudarse con China es aún peor que endeudarse con los socios del FMI. El FMI nos va a pedir por ejemplo que penalicemos la evasión fiscal, pero los Chinos nos van a pedir la soberanía que tanto nos ha costado.

    El caso de Zambia es típico. El país contrajo deudas tan grandes que no puede pagar, por lo que está cediendo la titularidad de sus infraestructuras de transporte y energía, sus canales de televisión y el poder sobre la minería a empresas chinas como garantía de pago.

    La cadena de televisión ZNBC ahora pertenece a China. Zambia debe a China proyectos de construcción que le cuestan el 15% del presupuesto. Los chinos pueden decomisar activos si no se cumplen con los pagos. La deuda publica de Zambia pasa del 54% del PIB. Al final muchos países Europeos han suspendido los créditos y ayudas a Zambia porque sospechan que pueden ser usadas para pagar deudas.

    El partido de oposición de Zambia ha logrado victorias, el PF ha hecho suyo el discurso anti chino.

    Sin embargo en el gobierno se enamoró también del dinero chino. Ahora existen los rumores de que el Aeropuerto Internacional, un canal de televisión y la compañía eléctrica están en la mira del gobierno Chino. El gobierno niega estos rumores. China ha invertido mas de dos mill millones de dólares en Zambia, en minería, vivienda, servicios y agricultura. El Fondo Monetario advierte que el país se encuentra en riesgo de sufrir un estrés por la deuda. Sin embargo el gobierno lo niega.

    Según el gobierno se trata de una campaña para romper la amistad de Zambia con el gobierno chino usando el tema del Colonialismo como excusa. Que el espectro de la deuda se usa como excusa para crear miedo a un nuevo colonialismo. Y que los que practicaron el colonialismo antes no tienen derecho a criticar a los chinos.

    Chinese President Xi Jinping (2nd R) poses for photos with Zambian President Edgar Lungu (2nd L) at a welcome ceremony in Beijing, capital of China, March 30, 2015. (Xinhua/Rao Aimin)

    Los críticos dicen que los chinos tienen todo el derecho del mundo a invertir en Zambia, como cualquier otro inversor extranjero, pero que los acuerdos con el gobierno tienen que ser conocidos y transparentes.

    Los chinos dicen que sus objetivos no son coloniales, que China nunca ha sido ni será un país colonialista. Pero está claro que hay algo anormal. Un prestamista normal presta el dinero y luego se sienta a esperar que se le pague con intereses; no le dicen cómo se deben operar sus negocios o en qué debe trabajar para que se le pague, y los chinos hacen precisamente esto. Toman las decisiones financieras críticas en las empresas a las que les prestaron. O piden concesiones territoriales estratégicas.

    Y es aquí donde está la precaución para Panamá. No se trata de ser paranoicos con los chinos, sino mas bien precavidos. China tiene sus intereses y en el caso de Panamá tenemos los nuestros. Los chinos nunca han sido colonialistas en el pasado, esto no implica que no puedan serlo en el futuro.

    Cuando alguien ofrece dinero con términos demasiado ventajosos, para proyectos dudosos económicamente hablando, podemos decir que podemos caer en una trampa.

    Como ciudadanos debemos exigir al gobierno transparencia en las relaciones con el gobierno chino y con cualquier otro gobierno. Y en el tema de los terrenos de la embajada, ya empezamos mal, cediendo un puesto estratégico en la entrada del Canal a un país que no se ha comprometido a respetar la neutralidad del mismo.

     

  • Regulaciones excesivas podrían perjudicar a la tecnología blockchain, asegura el ex Presidente Clinton

    ¿Qué dice el ex-presidente Bill Clinton sobre la «locura» de la criptografía?

    El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, expresó durante la conferencia sobre Ripple (XRP) que es necesario evitar “las regulaciones excesivas a las nuevas tecnologías, como la blockchain”.

    Según diversas fuentes, Clinton recibió su primer Bitcoin (BTC) en 2016 en una conferencia en Washington, D.C., cuando el empresario de capital de riesgo y tecnología Matthew Roszak le obsequió al ex presidente un Bitcoin (BTC) de regalo. Y se ha convertido en un entusiasta de la tecnología.

    Tras un discurso de apertura en la conferencia anual de Ripple, Swell, en San Francisco el día de ayer, 1 de octubre , Clinton habló con Gene Sperling, quien fue su asesor económico de 1996 a 2001, donde cubrió una amplia gama de temas, desde política exterior y cuestiones culturales hasta la inversión y la banca en cadenas de bloques y criptomonedas. Clinton dijo:

    «Todo este asunto de la cadena de bloques tiene el potencial que tiene sólo porque es aplicable a través de las fronteras nacionales [y] grupos de ingresos». Las permutaciones y posibilidades son asombrosamente grandes». Pero podríamos arruinarlo todo con políticas de identidad negativas y políticas económicas y sociales.

    Por su parte, durante la etapa de preguntas y respuestas de la conferencia, Clinton dio algunas declaraciones sobre el panorama de ciberseguridad que enfrenta actualmente los EE.UU; sin embargo, uno de los temas más relevantes que mencionó fue sobre las sobrerregulaciones que el gobierno ha estado emitiendo. En este sentido, destacó lo siguiente:

    Necesitamos ser capaces de identificar las deficiencias y peligros, pero no podemos permitir que se apliquen las regulaciones más antiguas a las tecnologías nuevas. […] Terminarán asesinando a la gallina de los huevos de oro.

    Comparando blockchain con el auge de Internet comercial en la década de 1990, Clinton dijo que el principal desafío para avanzar en la tecnología es prevenir el abuso por parte de malos actores, sin aplastar su potencial económico. ‘No desea el fraude al consumidor, no desea financiar empresas delictivas y, desde luego, no quiere que sea más fácil realizar ataques severos por parte de terroristas’, dijo Clinton. ‘Ese es el reto de cada nueva tecnología’. En el evento, el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, anunció que RippleNet, su producto blockchain, admite transacciones comerciales transfronterizas que, de lo contrario, pueden demorar días e incurrir en altas comisiones cambiarias.

    Ripple ha estado invirtiendo esfuerzos durante los últimos meses por posicionarse en el mercado y, además, dejar una huella en materia regulatoria. Aunque la participación de Clinton no llega de sorpresa, pues fue anunciada el pasado julio, incluso se declaró un ávido seguidor de las nuevas tecnologías.

    Tal como lo señaló Clinton, otros entusiastas, como Frank Abagnale, comparten la noción que la blockchain propiciará grandes cambios en la sociedad futura; y todo apunta a la relevancia de sus opiniones sobre la Blockchain, pues con la implementación de esta tecnología, los robos bancarios o hackeos serían casi imposibles o, por lo menos, se verían radicalmente reducidos.

    La funcionalidad transfronteriza, que utiliza el XRP de criptomoneda, ya está en uso por varios bancos y corporaciones globales. Las compañías que utilizan la funcionalidad de pagos transfronterizos de Ripple, apodada XRapid, dijeron que se habían sometido a pruebas piloto que usaban la tecnología y habían firmado contratos para mover los pilotos a la producción comercial. En la actualidad, el sistema de pagos Ripple está en uso en 40 países.

  • Panamá, del puesto 4 al número 27 en el Índice de Libertad Económica

    Panamá llegó a figurar entre las veinte economías más liberales del mundo. A comienzos del siglo XXI, décadas de estabilidad monetaria, apertura comercial, flexibilidad financiera y fiscalidad baja hicieron del istmo uno de los destinos de inversión más populares de América. Sin embargo, esa ventaja se ha perdido en los últimos años, dando como resultado una progresiva pérdida de competitividad que amenaza la prosperidad futura del país.

    Para entender mejor lo ocurrido, echemos un vistazo al Índice de Libertad Económica. Esta publicación nació en los años 90, después de que Milton Friedman sugiriese la posibilidad de clasificar a los países según su grado de apertura al mercado. La propuesta del Premio Nobel de Economía fue respondida por el Instituto Cato, de Estados Unidos, y el Instituto Fraser, de Canadá.

    Ambas organizaciones hicieron un monumental esfuerzo para estudiar la evolución de la libertad económica desde 1975 hasta nuestros días. Gracias a ese ejercicio sabemos que, hace ahora cuatro décadas, la economía panameña era la cuarta más abierta del mundo, con una nota de 7 puntos sobre 10.

    Sin embargo, la evolución en las décadas siguientes no solo no sirvió para consolidar un avance hacia las primeras posiciones del ranking, sino que apuntaló una progresiva pérdida de dinamismo y flexibilidad. En 1980, Panamá cae al octavo puesto del ranking, mientras que en 1990 se desplomó hasta el número quince de la tabla, con 6,3 puntos sobre un total de 10.

    Si avanzamos hasta 2016, el último año estudiado por Cato y Fraser, encontramos que Panamá está ahora en las últimas posiciones del top treinta. El país centroamericano ha llegado a caer fuera del “top cincuenta” y, aunque ha mejorado levemente sus resultados, figura en un decepcionante puesto 27, después de años de malas políticas económicas.

    El informe, punto por punto

    Centrándonos en la categoría del informe que se refiere al tamaño del gobierno, la nota que recibe Panamá es de 7,4 puntos. Puede parecer un resultado digno, pero no hay que olvidar que, apenas hace una década, este indicador rondaba los 8,5 puntos. Por tanto, el aumento del gasto público y de los impuestos tiene un efecto perjudicial para la evaluación general de la economía panameña. Especialmente dañino es el efecto de los impuestos directos (renta, seguro social, etc.), donde el Índice de Libertad Económica apenas otorga a Panamá un total de 4 puntos sobre 10.

    Tampoco hay avances en lo tocante a la calidad institucional. La nota de 2016 es de 5,24 puntos sobre 10, prácticamente igual que la calificación obtenida hace una década. Panamá suspende en áreas tan dispares como las que miden la independencia judicial, la neutralidad en las cortes, el cumplimiento efectivo de los contratos, etc. La protección de la propiedad sí logra el aprobado, pero con una nota de apenas 6,37 puntos.

    Mucho mejor es la calificación que recibe la apertura comercial: 8,7 puntos sobre 10. No obstante, si desglosamos este resultado, llegamos a algunas conclusiones preocupantes. Quizá la más respetable es que el control y las restricciones a los inversores extranjeros han hecho que el pilar dedicado a medir estas cuestiones haya caído hasta apenas 7,7 puntos. Las crecientes restricciones que ha aprobado el gobierno bajo presión de organismos internacionales imponen numerosas trabas y limitaciones a la llegada de capital foráneo.

    La regulación es otro punto problemático. Panamá recibe solo 6,9 puntos en este indicador, sobre todo por las dificultades que enfrentan las empresas a la hora de contratar (5,05 puntos) y de operar (6,54 puntos). Especialmente preocupante es que el coste de las obligaciones tributarias reciba una nota de 5,33 puntos. Un país que antaño destacaba por sus impuestos bajos y sus facilidades para hacer negocios ha terminado recibiendo calificaciones muy decepcionantes en las áreas que miden estos asuntos.

    Al menos la estabilidad monetaria cotiza al alza y arroja una nota de 9,7 puntos. Sin embargo, si se siguen introduciendo trabas que golpean la entrada y salida de capitales, la dolarización terminará resintiéndose.

    Poner fin al entreguismo

    Es cierto que Panamá ha sufrido en las últimas décadas una fuerte presión por parte de organismos como la OCDE. Sin embargo, también es cierto que otros gobiernos han enfrentado choques similares y han conseguido blindar e incluso mejorar su libertad económica. Desde los años 70 hasta hoy, Irlanda ha dado ejemplo a la hora de bajar impuestos y reducir trabas a la inversión extranjera, pero también ha enseñado al mundo lo importante que es defender la soberanía fiscal como baza de competencia económica. Si el Tigre Celta hubiese actuado como Panamá, su ventaja tributaria se habría esfumado hace años y su milagroso crecimiento económico jamás habría tenido lugar.

    El entreguismo de las autoridades panameñas es preocupante. Una economía que antaño se colocaba a la cabeza de América Latina en libertad económica no puede plegarse sin más ante todo tipo de requisitos intervencionistas que reducen el atractivo del país como centro financiero internacional. Es imposible mantener al istmo como un “hub” de inversiones adaptado a los tiempos modernos si no existe una estrategia de país volcada en recuperar las ventajas perdidas.

    Para consolidar esa agenda de futuro, es fundamental que el gobierno panameño sirva a los intereses de los panameños y no a la voluntad de los burócratas de la OCDE. Partiendo de esa base, habrá que reformar el código tributario, recuperar la defensa de la privacidad inversora, apostar por nuevas tecnologías como blockchain y consolidar una alianza con países que juegan un rol similar en la economía mundial. Ese es el camino de la libertad, que es también el de la prosperidad.

  • Cuidado con la trampa de la deuda china

    Un viejo dicho chino dice que si le prestas dinero a los pobres serán tus esclavos para siempre. Sri Lanka, Paquistán, Montenegro, las Islas Maldivas, Djibouti y Venezuela son países que han caído en la trampa de la deuda china. La trampa de la deuda china funciona de esta manera.

    China presta dinero para proyectos económicos poco viables, a gobiernos que no tienen crédito de la banca occidental porque son proyectos poco viables económicamente hablando. Estos préstamos, como son muy arriesgados son contratados a intereses elevados. Luego cuando el gobierno falla, China pide concesiones portuarias que pueden tener algún uso militar y comercial a cambio con condiciones ventajosas. Este ha sido el modus operandi en estos países. Es una manera mucho más agresiva de hacer las cosas que lo que hacen las potencias occidentales a través del FMI y el Banco Mundial. Por lo menos los occidentales disimulan y no piden concesiones territoriales y navales. Solo políticas y económicas. China no tiene paciencia para esto. Le sobra el dinero y está ansiosa de ser una potencia. Es hacer más o menos lo que hacían Francia e Inglaterra en el siglo XIX. Solo que China por ahora no invade a los deudores.

    Panamá, de la mano del afortunadamente gobierno saliente, se ha lanzado de manera poco transparente a ofrecer cosas a los chinos y a pedirle cosas a los chinos. Una de las megaobras que más llama la atención es el ferrocarril, que típicamente el gobierno actual, estatista a morirse quiere que sea estatal, no privado y financiado con préstamos de China. Panamá tiene que saber una cosa, los Chinos son comerciantes natos, y los cuentos chinos se pagan caro. Mucho cuidado con estas ofertas brujas. Veamos los casos en los cuales quienes creen en cuentos chinos han terminado en la esclavitud del deudor y el control chino de partes estratégicas del país.

    La iniciativa de la cinta y el camino de China (Belt and Road) busca recrear la ruta de la Seda de China a Europa, por tierra a través del Asia Central y Rusia al estilo de Marco Polo o por mar vía el Canal de Suez y el Cabo de Hornos. El problema es el método, muchos de los países necesitan dinero para hacer su parte de la ruta, sean carreteras o sean puertos; China presta el dinero, pero con intereses garantizados bastante elevados. Y cuando los países no pueden pagar, los chinos piden cesión de territorio a 99 años o bases militares.

    China está jugando a un ajedrez naval. Salvo en el caso de Montenegro, Paquistán, Sri Lanka y las Maldivas son lugares estratégicos con respecto a la India. Un rival militar potencial de la India y con la cual China tiene conflictos. La invasión del Tibet y las aventuras chinas en estos países tienen como objeto rodear militarmente a la India a largo plazo. La presencia China en Djibouti tiene como objeto bloquear la presencia de militares de la OTAN en el cuerno de África. La presencia China en Nicaragua, Panamá y Venezuela puede servirles para controlar el sur del Caribe y poder mover recursos de Sudamérica sin interferencia norteamericana. Esto explica la entrada de Colombia en la OTAN y trae augurios pésimos para la neutralizad del Canal, algo que nuestro gobierno parece querer ignorar olímpicamente. Una cosa es que los puertos estén manejados por empresas chinas civiles y la otra es que se ceda al gobierno chino territorio para poner una embajada a orillas del Canal. Este es un patrón que se ha seguido en varios otros países. Y todavía no nos han prestado plata.

    Caso Sri Lanka. En el 2010 los Chinos prestaron 1.5 millardos para hacer un puerto, que no tuvo éxito, así que los chinos obtuvieron una concesión por leasing por 99 años. Esto no tiene a los indios muy felices. Pese al supuesto uso civil de los puertos.

    Caso Pakistán. Este le debe China 6 mil millones de dólares, China le cobró un interés elevado garantizado por el gobierno paquistaní. Pakistán le pagó en parte con un puerto de aguas profundas y una base militar. Ahora China rodea a la India por el Occidente y por el Sur.

    Caso Las Maldivas. Una deuda que llega al 100 del GDP, y que eventualmente China quedará por cobrar en dinero, o en tierras, cerca de la India.

    Caso Montenegro. Una autopista a ninguna parte. Que ha endeudado a Montenegro y que todavía no puede pagar sin endeudarse más. La deuda vs PIB de Montenegro llega al 80%. Todavía no sabemos que pedirá China.

    Caso Djibouti. Los chinos tomaron el control de un puerto de Contenedores, cerca del acceso a las bases navales de la OTAN. En la entrada del Mar Rojo donde está el canal de Suez.

    Caso Venezuela. El gobierno, sin dinero e imprimiendo dinero del aire, recurre cada vez más a dar en garantía sus recursos mineros y petroleros a China a cambio de préstamos que los Chinos saben que no podrán pagar.

    Malasia iba por el mismo camino, hasta que un cambio de gobierno de votantes molestos por la influencia china suspendió dos tercios de los contratos chinos, pidiendo la cancelación de los proyectos. El proyecto más familiar es el ferrocarril financiado por un banco estatal Chino. Un ferrocarril que costaba más de lo publicado y que iba a meter a Malasia en un serio problema de deuda. Esto nos debe encender varias luces amarillas de cautela. Porque a nosotros también nos han ofrecido un tren………..

    Soy un creyente en que Panamá debe tener relaciones cordiales con el país más poblado de la Tierra y la segunda economía del mundo, pero los panameños tenemos la tendencia de ser como esas mujeres que se divorcian de un marido abusivo para caer en las manos de otro marido abusivo. Salimos de Madrid para caer en Bogotá, de Bogotá para caer en Washington y ahora queremos salir de Washington para caer en las manos de Beijing. Lo ideal es aprender a ser independientes.

    El problema es que tenemos una administración totalmente autista, inmune a las opiniones y omisiones del mundo exterior hasta que éstas no conlleven amenazas directas contra las personas que tienen el poder, sólo en ese caso reconsideran o reculan.

    Ya metimos la pata con la embajada, ahora toca mirar con lupa lo del tren.