La discusión sobre el presupuesto de la Asamblea Nacional para 2027 ofrece una oportunidad para hablar de algo más importante que una cifra grande.

La Asamblea solicitó US$176,6 millones para el próximo año. El Ministerio de Economía y Finanzas recomendó US$97 millones. Es decir, existe una diferencia cercana a US$80 millones entre lo que el Legislativo considera necesario y lo que el Ejecutivo entiende razonable asignarle. De los US$176,6 millones solicitados, aproximadamente US$166,9 millones corresponden a funcionamiento.

Una diferencia de ese tamaño merece explicación.

Pero el problema se vuelve más interesante cuando se observa lo ocurrido durante 2026.

La Asamblea comenzó el año con un presupuesto aprobado de US$98,7 millones. Para julio, después de distintas modificaciones presupuestarias, ya había aumentado a US$146,4 millones, casi US$48 millones adicionales. Y ahora la presidenta de la institución, Shirley Castañedas, sostiene que necesita US$68 millones más para completar el año, destinados, según explicó, a obligaciones como salarios, cuotas pendientes de la Caja de Seguro Social, décimo tercer mes y otros compromisos.

Eso podría llevar el presupuesto efectivo de 2026 por encima de los US$200 millones.

La pregunta, entonces, no debería ser simplemente si la Asamblea “gasta demasiado”. Debería ser otra:¿por qué una institución cuyo presupuesto original era de US$98,7 millones puede terminar necesitando más del doble para completar el mismo ejercicio fiscal?

El problema no es necesariamente gastar más

Una lectura seria debe evitar el reflejo de considerar sospechoso cualquier aumento presupuestario.

Hay gastos que aparecen durante el año.

Hay edificios que necesitan mantenimiento.

Hay obligaciones laborales.

Hay deudas acumuladas.

Hay inversiones que pueden justificarse.

Y una Asamblea Nacional necesita recursos suficientes para legislar, investigar, fiscalizar al Ejecutivo y sostener técnicamente el trabajo de sus diputados.

Una democracia barata no necesariamente es una buena democracia. El problema surge cuando el aumento del gasto no viene acompañado por una explicación igualmente extraordinaria.

Si una institución necesita casi duplicar aquello que originalmente presupuestó, la primera pregunta institucional debería ser qué cambió entre enero y septiembre.

¿Aparecieron obligaciones imprevistas?

¿El presupuesto inicial estaba mal elaborado?

¿Se incorporaron nuevas funciones?

¿Se subestimó deliberadamente el gasto?

¿O simplemente se está financiando durante el año una estructura que nunca quedó reflejada adecuadamente en el presupuesto aprobado?

Cada respuesta conduce a un problema diferente, pero alguna respuesta tiene que existir.

La planilla ocupa el centro de la discusión

La Asamblea registra actualmente alrededor de 3.712 funcionarios permanentes y eventuales, con un costo mensual de aproximadamente US$7,3 millones en salarios. Desde el inicio de la nueva presidencia legislativa, el 1 de julio, ingresaron 456 funcionarios, con un costo adicional de unos US$676.000 mensuales según la información publicada.

El dato por sí solo tampoco prueba malgasto; una institución puede reemplazar personal, reorganizar equipos o incorporar perfiles necesarios. Lo relevante es que todavía no se conoce suficientemente qué funciones desempeñan esas personas, dónde están asignadas ni bajo qué criterios fueron contratadas.

Ese es el punto en el que una cuestión administrativa se convierte en un problema institucional.

En el sector privado, una empresa puede contratar cuantos empleados quiera mientras sean sus propietarios quienes asuman el costo. En el Estado ocurre algo distinto ya que quien decide contratar no paga la factura con su patrimonio, la pagan ciudadanos que no participaron en la decisión.

Por eso el estándar de justificación debe ser mayor, no menor; no basta con demostrar que una persona está trabajando. Hay que poder explicar por qué ese puesto debe existir, qué función pública realiza y por qué el contribuyente debe financiarlo.

Public Choice en su expresión más sencilla

James Buchanan y la Escuela de Public Choice enseñaron algo profundamente incómodo para la visión romántica del Estado: los políticos y funcionarios no dejan de tener intereses propios cuando ingresan al sector público.

También responden a incentivos; buscan poder, construyen coaliciones, distribuyen beneficios, protegen estructuras o intentan maximizar presupuestos. Nada de eso significa que todos sean corruptos. Significa simplemente que las instituciones deben diseñarse suponiendo que quienes las integran son seres humanos normales, no administradores angelicales del interés general.

La expansión presupuestaria de una institución política debe analizarse desde ese punto.

Un diputado puede obtener beneficios políticos directos incorporando personal, distribuyendo puestos o aumentando recursos disponibles para su entorno. El costo, en cambio, se dispersa entre millones de contribuyentes. El beneficio está concentrado, el costo está disperso. Es uno de los incentivos clásicos que explican por qué el gasto público tiende a crecer.

Una Asamblea que fiscaliza debe aceptar ser fiscalizada

Hay además una contradicción difícil de ignorar.

Durante semanas, la Comisión de Presupuesto ha interrogado a ministerios, instituciones autónomas y empresas públicas. Ha preguntado por salarios, consultorías, dietas, vehículos, planillas, inversiones y contrataciones. Ese ejercicio es saludable, precisamente para eso existe el Poder Legislativo.

Pero cuando llegó el turno de la propia Asamblea, algunos medios describieron una fiscalización considerablemente menos incisiva. La institución solicitó US$176,6 millones, de los cuales alrededor de US$145 millones corresponderían a servicios personales, mientras seguían abiertas preguntas sobre cientos de contrataciones recientes y recursos adicionales para terminar 2026.

Éste es quizás el aspecto más importante del episodio. La legitimidad de quien fiscaliza depende en gran medida de su disposición a someterse al mismo estándar.

Una Asamblea que exige transparencia al Ejecutivo no puede considerar impertinente que se le pregunte por sus propias contrataciones. Una Comisión que cuestiona la planilla de un ministerio debería hacerlo con idéntico rigor cuando analiza la planilla del Legislativo. No se trata de atacar a la Asamblea, se trata precisamente de fortalecerla.

Los US$25 millones y el peor mecanismo posible: el silencio

A la discusión se agregó otro episodio.

El MEF avaló un traslado de US$25 millones adicionales para funcionamiento de la Asamblea. El trámite generó cuestionamientos porque podía avanzar mediante la figura del silencio administrativo sin una sustentación pública detallada ante la propia Comisión de Presupuesto.

Más tarde, Castañedas aclaró que la solicitud total formulada por la Asamblea era de US$68 millones y sostuvo que los US$25 millones no resultaban suficientes para cubrir las obligaciones pendientes.

Aquí el monto es casi secundario, el problema es el procedimiento.

El silencio administrativo puede tener sentido para impedir que la burocracia paralice indefinidamente determinados trámites, pero utilizarlo para aprobar movimientos multimillonarios de recursos públicos constituye, como mínimo, una anomalía conceptual.

El presupuesto público debería funcionar exactamente al revés: cuanto mayor sea el monto, mayor debe ser la explicación. No menor.

También hay una cuestión de planificación

Existe además un problema menos espectacular pero quizás más importante.

Si una institución aprueba un presupuesto de US$98,7 millones y meses después necesita US$68 millones adicionales, su capacidad de planificación financiera merece ser examinada.

El presupuesto no es simplemente un límite impuesto desde fuera, es un instrumento de gestión: obliga a prever ingresos, necesidades, salarios, compromisos, inversiones y contingencias.

Una desviación extraordinaria entre presupuesto inicial y gasto final puede revelar problemas de disciplina, pero también puede revelar algo previo: que el presupuesto nunca fue una representación realista de la estructura que se pretendía financiar.

En cualquiera de los dos casos hay algo que corregir.

Porque cuando las modificaciones presupuestarias se convierten en rutina, el presupuesto aprobado pierde parte de su significado; el ciudadano observa una cifra en enero que guarda poca relación con la que finalmente se ejecutará en diciembre.

Y entonces la discusión presupuestaria se vuelve parcialmente ficticia.

La transparencia debería llegar hasta el último puesto

Aquí podría hacerse una reforma relativamente sencilla.

La Asamblea debería publicar, en formato abierto y actualizable, una base completa de su estructura laboral.

Nombre del cargo.

Unidad o despacho al que pertenece.

Función.

Fecha de contratación.

Tipo de contrato.

Salario.

Costo total anual.

Sin necesidad de revelar información personal protegida.

De esa manera el ciudadano podría conocer qué está financiando.

También deberían publicarse de forma comprensible todas las modificaciones presupuestarias durante el año, mostrando:

presupuesto original;

presupuesto modificado;

monto ejecutado;

justificación de cada traslado;

y fuente de los recursos adicionales.

No hacen falta nuevas oficinas para hacerlo. Hace falta información.

La transparencia más efectiva no consiste en crear otro organismo encargado de controlar al organismo que controla al organismo anterior; consiste en permitir que periodistas, organizaciones civiles, universidades y ciudadanos puedan mirar directamente.

El problema de fondo no son los US$176 millones

Panamá tiene desafíos fiscales mucho mayores.

Pensiones.

Salud.

Infraestructura.

Agua.

Deuda.

Educación.

Los US$176,6 millones solicitados por la Asamblea no determinarán por sí solos la sostenibilidad fiscal del país.Por eso sería un error convertir esta discusión en un ejercicio populista de señalar salarios individuales o afirmar que cerrando el Legislativo se arreglan las cuentas públicas. No es así. La importancia del caso es institucional.

La Asamblea es precisamente el órgano encargado de autorizar cómo se utiliza el dinero que el Estado obtiene de los ciudadanos.

Por eso su propia administración debería constituir un ejemplo particularmente alto de previsibilidad, austeridad razonable y transparencia, no porque los diputados deban trabajar sin recursos,sino porque administran recursos ajenos.

El mejor argumento contra el malgasto no es la austeridad

Desde una perspectiva liberal, el objetivo tampoco debería ser reducir el presupuesto de la Asamblea por el simple placer de mostrar una cifra menor. Eso confundiría austeridad con eficiencia.

La pregunta correcta es mucho más exigente: ¿qué necesita una Asamblea moderna para cumplir bien sus funciones constitucionales?

Se financia eso, lo demás debe justificarse.

Si hacen falta buenos abogados, economistas, especialistas presupuestarios y técnicos capaces de controlar al Ejecutivo, probablemente valga la pena pagar por ellos.

Si existen puestos cuya única explicación es la tradición política, el clientelismo o la conveniencia partidaria, entonces no importa que su costo individual sea pequeño. Sobran.

El liberalismo no exige un Estado incompetente. Exige un Estado limitado a funciones justificables y capaz de realizarlas bien.

Antes de pedir US$176 millones

La diferencia entre los US$97 millones recomendados por el MEF y los US$176,6 millones solicitados por la Asamblea podría incluso resultar defendible.

Tal vez la Asamblea tenga argumentos técnicos suficientes para demostrar que el MEF subestimó seriamente sus necesidades.

Pero entonces corresponde presentarlos.

Programa por programa.

Puesto por puesto.

Proyecto por proyecto.

Y explicando además por qué una institución que comenzó 2026 con US$98,7 millones podría terminar necesitando más de US$200 millones para completar el año.

No debería resultar ofensivo pedir esa explicación. Es exactamente la explicación que la propia Asamblea exige al resto del Estado.

La verdadera prueba de transparencia institucional comienza cuando el fiscalizador ocupa la silla del fiscalizado.

Y quizá ésta sea la pregunta más simple que debería responderse antes de aprobar un solo balboa adicional: ¿qué recibe concretamente el ciudadano panameño a cambio de esos US$176,6 millones que no podría recibir con US$97 millones?

Si existe una buena respuesta, que se financie. Si no existe, el problema no es el presupuesto, es que alguien está pidiendo al contribuyente que pague por algo que todavía no ha conseguido justificar.