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Etiqueta: burocracia

  • De COVID, economía y vulnerables

    Vale la pena destacar y comentar el mensaje de la presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas -APEDE 20 de agosto- sobre la urgente necesidad de liberar la paralización económica, Elisa Suárez de Gómez; quien pide y destaca que “luego de mucha insistencia, que se haya iniciado el proceso de reapertura de la economía y la flexibilidad de la movilidad de los ciudadanos». Sin embargo, a la presidente de la APEDE le parece que al proceso de reapertura le falta celeridad; considerando que van cinco meses de estancamiento, a lo cual yo agrego, “y acumulación del peligroso daño socioeconómico”.

    Elisa Suárez inclusive habla de “garantizar la estabilidad social”; llamado que debe llevarnos a la reflexión. Como dijo un comentarista estadounidense en estos días: “Tendemos a olvidar lo frágil que es la paz social.” ¿Acaso la historia no lo advierte con regularidad?

    Más allá, Suárez habla de “la necesidad de reducir los niveles de burocracia…” esa que yo suelo llamar “burrocracia”. Si tan sólo los panameños supiésemos el daño que causa a todos esa complicación y lentitud excesiva en la realización de las gestiones gubernamentales, particularmente en las que depende la administración de un estado. Peor aún, es que gran parte de la ciudadanía celebra la burrocracia y desdeña el emprendimiento y la ejecución.

    Suárez también se refiere a la “digitalización” que está caracterizando ese “nuevo normal” en que estamos entrando. Pero va más allá y señala con gran tino al decir: “Lo que no podemos es digitalizar lo que no sirve.” Detrás de esta advertencia hay mucho que no se dice y que deberíamos entender. Y es que el malandar del estado profundo y su cuarto poder ha caminado tanto por oscuros pasillos que ya no puede encontrar la salida. Son tantos los que creen que un nuevo presidente puede sacarnos adelante y cambiar la corrupción. ¡Es ingenuo! Si la ciudadanía no toma conciencia y exige la reducción del estado exagerado, no queda otra salida más que las muy tristes del colapso.

    Sin embargo, y la vida está llena de “sin embargos”, debo discrepar con un comentario que hizo Suárez al sentenciar que “…todo el apoyo a los más vulnerables empieza por la generación de ingresos fiscales…”; lo cual debo rechazar enérgicamente, dado que, precisamente, la vulnerabilidad de los vulnerables ha sido creada por el gobierno exagerado, desviado y corruptor. A diferencia de la actividad productiva liderada por inversionistas y ejecutivos por todo el país, lo único que puede hacer el estado para coadyuvar y abrir escapes a la vulnerabilidad, es circunscribir su actividad a lo que es propio de la gobernanza; y lo que vemos en Panamá está años luz de ello. Es el estado que ha creado la vulnerabilidad y dar más fondos fiscales sería contribuir a semejante crimen.

    Felicito a la presidente de la APEDE por sus enfoques iniciales y también cuando termina haciendo llamado a la libertad de empresa. El problema es que esa libertad de empresa resulta ser igual y opuesta al tamaño e intervencionismo estatal.

  • ¡Ojo!, con pedir protección al zorro del gallinero

    La semana pasada publiqué un escrito acerca de como el intervencionismo central conlleva serias consecuencias económicas y sociales; y, como me ocurre muy a menudo, un amigo de Facebook comentó su preocupación en cuanto a que en la ausencia intervencionista gubernamental, tío pueblo quedaría a “la merced del mal empresario”. Como suele ser, el amigo no está falto de un pedazo de la razón; es decir, que existen problemas con los precios que se elevan. Pero lo que pocos ven, son las verdaderas causas de la elevación de precios, que son muchas y sólo les dejo con algunas.

    Comencemos por señalar que a través de la historia los precios de los productos, incluyendo los alimentos, han ido en disminución. Hace unos 100 años la gente vivía en un estado de desnutrición, particularmente en los países poco desarrollados. Pero hoy, cualquiera que transita por las calles de nuestro Panamá verá cantidad de gente que de flaca no tiene nada. Es más, la obesidad se torna en problema social de salud. En síntesis, hoy los alimentos resultan unas 8 veces más económicos que hace 100 años. Y las razones deberían ser obvias, pues los métodos de hoy permiten una producción mucho mayor a menor esfuerzo y costo. En todo caso, sí existen problemas, pero debemos conocerlos.

    La pregunta a responder es: ¿Tío pueblo está a merced de los malos empresarios o…?; y en el “o” es está el tuétano. El asunto es enredado, pero si damos un paseo por la cadena de producción y suministros, encontraremos cosas muy curiosas a la que pocos ponen atención. De salida, al uso del nombrecito “empresario”. Empresario somos todos los que emprendemos la aventura de ganarnos el pan. El agricultor que siembra, sus jornaleros, el transportista y quienes le ayudan a cargar, y toda la gran lista de intermediación, hasta llegar a los sitios de venta. Estas cosas no las ve tío pueblo, al que sólo le importa el precio y culpar al empresario, sin discriminar en su enojo.

    Pero, pregunto: ¿Acaso todo el costo de mantener al brontosaurio gubernamental no entra en los precios de la comida? ¿O es que no te lo habías imaginado? ¿Sabes cuántas botellas pululan los pasillos de la burrocracia central? Más allá de los costos burrocráticos, que entran en escena, están los costos que deben capear los empresarios para cumplir con la lluvia de normas gubernamentales, muchas de las cuales no tienen ni pie ni cabeza. Y ni hablar de la corruptela institucionalizada.

    Ahora, vayamos al final de este cuento, al momento en que pides ayuda al Chapulín gobierno. ¿Crees que nuestra clase política está allí para resguardarte contra los malos empresarios? ¿O, no te has dado cuenta que están más bien para hacer mancuerna con ellos? Me queda clarísimo el recuerdo de mi abuelo George F. Novey, quien rehusaba hacer negocios con el estado porque  «quien con chuecos se asocia, chueco es y chueco queda».

    Años más tarde sus ejemplos saldrían a flote cuando me tocó ir a un ministerio a poner una queda contra un sub director que nos extorsionaba en la Novey. ¡Uy!, qué mal, me dijo el ministro, y al torcido lo cambiaron de puesto. ¡Por favor!, vayamos dejando la inocencia, la envidia y el odio irracional a un lado y, aprendamos para qué está el gobierno, qué servicios le son indelegables prestarnos y a elegir a gente honesta en consecuencia; porque, por lo que he visto a mis 77 años, son demasiados los que se identifican con los deshonestos que abusan del abultado sistema.

  • Despropósito del licenciamiento

    Uno de los fenómenos poco comprendidos en la vida no sólo es lo difícil de entender lo simple, sino el que aún las cosas más básicas que uno da por aprendidas y sentadas siguen guardando aspectos fundamentales que no se descubren sino a través del tiempo y de nuestro nivel de experiencia e insistencia con la cual regresamos a revisar que uno más uno es igual a 2. Tal es el caso del licenciamiento en general. Y para ilustrar me valgo de una pregunta: ¿Cuál es el propósito de una licencia?: sea esta de conducir, de tener o portar armas, para el expendio de alimentos o para hacer una manicure y mucho más. Pregunte a un amigo a ver si sabe.

    Al investigar el tema de la perniciosa práctica del licenciamiento prostituido, me encuentro con otros colegas del pensamiento crítico que han deambulado por estos laberintos. Uno de ellos, mi tocayo John Hood (nada que ver con Robin), dijo en 1992 que “cuando el gobierno establece los estándares de calidad, dichos estándares están, más que nada, dictados por las presiones políticas”; aunque yo no diría “políticas” sino politiqueras o hasta rastreras.

    Ello me trae a mente, una vez más, el caso de nuestra llamada “Autoridad Marítima” que visitó un día a los clubes náuticos para exigir que quienes conducían embarcaciones de placer tenían que tener licencia para dicho placer. Y, para obtener la licencia tenían que pasar un curso dictado en dos noches. La primera noche un iluminado funcionario se pasó un par de horas explicando las razones del hundimiento del Titanic. Ya ni recuerdo la “clase” de la segunda noche. Lo que sí recuerdo es que el “curso” costó $400.

    O el caso del gas especial para asesinar a las polillas y comejenes en los muebles, que no se vende sin receta y la receta cuesta $500.

    También están las licencias de los doctores, abogados y, en Panamá, hasta las estilistas; que, en el caso de los EE.UU. llegan a más de 1,000 clases de licencias. Como ya señalé, si le preguntas a 100 personas acerca de la razón del licenciamiento, no sería raro que el 99% las ignore. Por ejemplo, cuando pregunto por el propósito del cupo para taxis, la respuesta típica va más o menos así: “Es un ardid para la coima de cocotudos”.

    Pero más allá de todo lo señalado existe otra razón que subyace al licenciamiento, que es la fiscal, lo cual es deleznable; ya que las licencias jamás deben tener un cometido fiscal dado que ello contradice el propósito fundamental que supone el licenciamiento.

    Pero lo absurdo del licenciamiento no parece tener límites. Está el caso de Illinois en los EE.UU., en dónde los requerimientos para lograr una licencia de plomero maestro eran superiores a quienes aplicaban a una de cirujano. O en Oregón, en dónde se aumentaron de 1,500 horas de entrenamiento a 2,500 para obtener una licencia de cosmetología. Y así podemos seguir con más y más ejemplos que elevan la estupidez a grado de sublimemente inverosímil.

    Hay estudios que demuestran que la calidad y seguridad se ven mermadas por el licenciamiento prostituido. Luego, a causa de la elevación de los precios en servicios, los consumidores se ven forzados a buscar a personal no idóneo o se electrocutan intentando hacer de electricistas. Y, como siempre, a fin de cuentas, los más afectados son los menos pudientes.

    Es de suponer que la licencia es un instrumento de la seguridad y la calidad; lo cual, a su vez, supone que los ciudadanos no podemos cuidarnos por cuenta propia. Desafortunadamente poco recapacitamos en que se trata de un esfuerzo compartido o una delegación parcial y no total.

    Curiosamente, en la España histórica se requería licencia para tener y portar cuchillos. Y había que diferenciar entre un cuchillo de mantequilla, uno de carne o vegetales y uno diseñado para matar humanos. Supongo que igual podríamos exigir que todo boxeador profesional debía tener y portar licencia para deambular por las calles con sus puños.

    A ver qué hacemos en un futuro muy próximo cuando portemos anteojos capaces de disparar rayos invisibles… ¿necesitaremos licencia para andar con lentes?

  • La planilla como botín político

    Panamá no tiene estado de derecho y eso, definitivamente, perjudica nuestra institucionalidad; sin embargo, ello tiene ciertas ventajas, porque es mejor una institucionalidad incierta como la que tenemos que una mala institucionalidad. Tener una planilla de mandarines inamovibles que cobran sin trabajar como en ciertos países o en ciertas instituciones de nuestro país como la Caja del Seguro Social, no es bueno para la sociedad.

    En Panamá la planilla es vista descaradamente como un botín político. Se pagan las campañas nombrado a los activistas de los partidos en el Estado, independientemente de su competencia. Los salarios en el Estado para muchos profesionales son mucho mejores de los que ganarían en la empresa privada, trabajando mucho menos. Eso ha creado toda una clase media aspiracional que vive de ver a quien conocen y a quien se pegan para estar en el gobierno. Y a un gobierno en el cual hay un exceso de funcionarios con salarios muy elevados para sus calificaciones y utilidad real. Esto ha hecho que pese a la supuesta austeridad, la planilla siga y siga aumentando de nuevo gobierno en nuevo gobierno.

    Por otro lado, esta falta de vincular el salario a la capacidad y liberar a las personas de cualquier responsabilidad por su desempeño en el cargo, ya que lo que importa es su desempeño en la campaña, también hace que los funcionarios sean incompetentes en sus cargos o peor, corruptos; y esto afecta a todos los ciudadanos que dependen del buen desempeño de la administración pública.

    Por otro lado, tenemos ciertas ventajas. Una sociedad con una administración pública demasiado estable, con funcionarios nombrados por exámenes de oposiciones, como el la China de los Emperadores con sus mandarines confucianos o países como España o Francia donde se debe superar las oposiciones para entrar en la administración pública o graduarse en las Altas Escuelas, trae también sus problemas. Una sociedad en la cual los trabajos mejores pagados no son los más productivos, sino los trabajos en la administración pública, que se financian de los impuestos y tasas que pagan las personas productivas, no es una sociedad sana. Porque significa que las personas van a dedicar sus mejores esfuerzos no para emprender, no a producir bienes y servicios, sino para colocarse en un puesto donde se vive de lo que otros producen. Y es una mentira que un grupo cada vez más pequeño y sobrecargado de personas que pagan impuestos va a poder mantener una mayoría de funcionarios.

    Sencillamente como notó Bastiat, el Estado es la ficción de que todo el mundo puede vivir de los demás. No sé si todo el mundo puede vivir de los demás, pero los funcionarios, brinden servicios necesarios como la seguridad, justica, salubridad o no, viven de los impuestos que paga la gente productiva. Por lo tanto, su número debe ser limitado.

    En ese aspecto el buen gobierno debería seriamente pensar en revivir el programa de retiro voluntario de funcionarios del gobierno de Guillermo Endara. Porque tras las dos administraciones pasadas, el gasto público y la planilla se ha disparado. En su lugar, parece que primero tiene que seguir la tendencia a seguir nombrando y nombrando, para pagar deudas políticas a un partido que ha estado 10 años fuera de la planilla, con el riesgo de que llegue un momento en que el presupuesto del estado sea solo planilla y las inversiones tengan que financiarse con deuda. La tendencia parece ser ésa, austeridad solo en inversiones y servicios, en planilla no tanto. Esperamos que sea una tendencia pasajera.

  • El rentismo y la inflación legislativa

    Los honorables diputados quieren trabajar; ya saben que no pueden demorarse dos meses en montar una comisión. Ya saben que los negocios de las partidas circuitales están parados y, de reiniciarse, lo harán bajo la lupa del ciudadano. Así que tienen que justificar sus salarios, los de su personal y los de sus recomendados en el gobierno central y entidades autónomas. Por esa razón las comisiones ya están listas, en lugar de demorarse los dos meses en constituirse como era la costumbre.

    Ahora los honorables diputados tienen que asistir y trabajar; y por lo menos eso es lo que están haciendo. En los tres primeros meses del nuevo gobierno se han presentado más de 200 proyectos de Ley… El problema es que los mismos reflejan una tendencia a una expansión sin precedente del poder regulatorio del estado sobre los particulares. Los proyectos tendientes a desregular y agilizar los trámites son la minoría. Ojalá todos los proyectos fueran como el presentado por el Diputado Raúl Hernández con la intención de revitalizar las Sociedades de Responsabilidad Limitada, para favorecer el emprendimiento y de paso, crear un sistema de sociedades que permita aminorar el efecto sobre los emprendimientos comerciales, al que las presiones de la OCDE y el GAFI sobre las sociedades anónimas han llevado a aumentar sus costos, especialmente el de los agentes residentes.

    Desgraciadamente la mayoría de los trámites legislativos están en otra dirección. La de aumentar regulaciones y con ella aumentar costos (y burocracia y al final corrupción). Lo vemos en varias tendencias. En la cruzada xenofóbica de cierta diputada contra los extranjeros, cuyo objetivo final es encarecer los trámites migratorios y reinstaurar el dominio de los abogados sobre los trámites migratorios cuando la tendencia mundial es que éstos se hagan sin abogado. Lo vemos en los intentos del gremio de los taxistas, el producto de un lucrativo negocio de los políticos que es la venta de cupos expedidos por la ATTT, de regular a Uber fuera del mercado de las personas que pagan en efectivo, y seguramente después del mercado en general, ya que son competencia de los taxistas en general y de los taxis de turismo en especial. El resultado, seguramente, será fortalecer el gremio de los taxistas a expensas del ciudadano panameño que necesita un transporte selectivo más seguro, cómodo y confiable que el que los taxistas deseen ofrecer; y demorará la introducción de nuevas tecnologías al transporte público, aumentando una imposible y costosa dependencia del automóvil privado. Luego tenemos la propuesta de un diputado de obligar a la empresa privada a tener los cajeros llenos a todas horas para evitar que haya filas. Eso sin importar que probablemente la razón por las cuales ciertos negocios no pueden llenar todas las cajas aún en horas pico es económica y una ley así al final cargaría estas cajas vacías al consumidor y tendría como efecto la reducción de las cajas disponibles en los negocios. Seguramente el diputado se ufanará de crear empleos, a costa de encarecerle la vida a todos.

    Luego tenemos el tema de los mensajeros en moto. A la xenofobia anti inmigrante se une el querer aplicar legislaciones imposibles en un clásico problema del huevo y la gallina. Existen servicios de transporte de alimentos, con entrega a domicilio de restaurantes, pero para muchos es muy caro tener mensajeros para entregas, así que surgen plataformas como Uber eats y Apetito 24 o Glovo, que hacen entrega de alimentos a domicilio. Esto ha disparado las opciones de comprar comida a domicilio que antes dominaban unas cuantas franquicias de comida rápida. Como a los panameños no les gusta andar en moto, y mucho menos como trabajadores independientes porque consideran esto un trabajo peligroso, así que en un patrón típico de los movimientos migratorios a nivel mundial, los extranjeros típicamente agarran los trabajos que los nacionales no desean, como ser mensajero en moto. Y acá viene el problema.. el MINSA desea que los mensajeros en moto ahora tengan carnet de salud, pero para tener un carnet de salud, necesitan un contrato de trabajo, que no van tener porque la mayoría de los mensajeros en moto son trabajadores independientes; estos trabajadores trabajan por comisión y no son asalariados, por lo tanto, no pueden sacar el permiso de trabajo que les pide el MINSA y por último, el mercado ha premiado a estas soluciones solicitando cada vez más sus servicios y por eso funciona; la solución es cambiar la reglamentación pero el tema es si los diputados quieren. Hay unos que quieren, presentando proyectos para regular el trabajo domiciliario, pero los sindicatos que no quieren trabajos independientes pagados por trabajo realizado y no asalariados pagados por hora, se oponen.

    El principal problema de la actual inflación legislativa no es que los diputados trabajen, sino que para quién trabajan. ¿Trabajan para el público en general y su derecho a elegir un transporte efectivo o para el gremio de los taxistas?. ¿Trabajan para los arrendadores de espacio de oficinas y los sindicatos o trabajan para las personas que deciden usar plataformas tecnológicas para trabajar de manera independiente y para los panameños que adquieren más opciones a domicilio de esta manera? ¿Trabajan para crear puestos de inspectores estatales a expensas del consumidor de los negocios particulares? ¿Trabajan para los gremios de abogados o para tener una política migratoria y de emprendimientos saludable?

    Muchos liberales piensan que el socialismo es el principal problema y enemigo del liberalismo; es cierto que con Hugo Chávez el socialismo es un problema porque los socialistas latinoamericanos no aprendieron nada de la Unión Soviética y de Cuba y esperan repetir el modelo. Pero en América Latina el principal enemigo del liberalismo ha sido el mercantilismo, capitalismo prebendario o capitalismo de amigos. Este es el que ha impedido que el liberalismo se afiance en la región y ha dado al capitalismo una mala imagen que aprovechan los socialistas. El usar al estado para crear y extraer rentas de otros a expensas del libre mercado y del bienestar común. Y ésta búsqueda de creación de rentas es a la que apuntan muchos de los actuales diputados en su gobiernito.

  • Los vicios de la acreditación

    Acreditación puede referirse a aquello que merece crédito, consideración o reconocimiento. En sentido simple, la acreditación no es más que un documento que brinda testimonio de algo; tal como el haber pasado por una universidad, aunque poco haya calado en proceso. Pero, como bien señalan algunos, “como uno de tantos tentáculos gubernamentales, la acreditación no es más que un proceso de colonización y control”. Y, precisamente, una de las conclusiones de un estudio llevado a cabo por Goethals Consulting Corp., y patrocinado por la embajada británica en Panamá, sentenció que el MEDUCA se preocupa mucho más en acreditar los claustros educativos que en lograr resultados acreditables.

    Procurar acreditación no es igual que procurar educación. Si el MEDUCA se dedicara a acreditar los resultados, otro gallo cantaría en los predios educativos y en el país. Y lo mismo ocurre con los educadores, incluso aquellos que estando acreditados no educan. Se paga por la acreditación y no por la capacitación. Según parece, el educar con resultados da pereza; mientras que acreditar es fácil, y terminas con un pergamino que puedes colgar en una pared o que sirve para que el MEDUCA te aumente el salario, sin que tengas que mejora la forma de educar.

    Hoy día, en que la información anda suelta por las redes cibernéticas, la acreditación pierde sentido y surge la necesidad de nuevas formas de dar crédito y confiabilidad. Desafortunadamente los gobiernos aún siguen siendo la principal barrera evolutiva en su trastocado intento y objetivo de acreditar aquello que mucho mejor acredita el mercado. El problema es que los gobiernos o sus gobernantes, esos que “prosperan” en aquello que bien apodó el presidente Trump de los EE. UU. como “the swamp”, que traduce bien a barrizal o estercolero político, poco gustan delegar a la actividad ciudadana o mercado y mucho colocar allí dónde pueden alcanzar.

    Si verdaderamente queremos salir del lodazal de nuestro fatídico sistema educativo gubernamental, y aún el privado, en buena medida viciado por una intervención gubernamental, ya va siendo hora de admitir que no se trata de nuevos parches sino de cambios radicales. Uno de esos cambios radicales es el de tratar la educación como tratamos a otros servicios y productos del mercado que se basan en resultados y no en acreditaciones clientelistas.

    Pero los estereotipos contrarios a la acumulación de riqueza económica bien lograda desatienden la realidad que existe en esos agentes cuya éxito económico y divergencia con el estercolero les permite abrir nuevas trochas de desarrollo. Como bien lo decía Ayn Rand al hablar de la creación de riqueza, que la creación de nuevas sociedades se logra mejor por los caminos descentralizados. Esto no quiere decir que se trata de anarquía, ya que los liberales definitivamente no somos anárquicos; lo que creemos es en aquello de “es buen culantro, pero no tanto…” simplemente reemplacen “culantro” por “gobierno”.

    En fin, no es sólo asunto de acreditación para lograr empleos, sino de la creación de actividades productivas con valor agregado para toda la humanidad. No es asunto de acreditación sino de creación; esa que poco se encuentra en estancos aposentos de gobiernos desmedidos.

  • El fenómeno del licenciamiento

    En esencia, el licenciamiento es la pervertida estrategia diseñada para intervenir desde el poder central improductivo, en la actividad y producción económica de los sectores productivos, dejando por fuera a los sectores improductivos; precisamente porque son “improductivos”. Y al poner “improductivo” entre comillas, lo hago con el propósito de referirme a esos sectores que no le representan ingresos ladinos al rey y a los compinches del rey.

    Buen ejemplo de un licenciamiento pérfido es aquel licenciamiento diseñado para excluir los precios competitivos más bajos y así aumentar los ingresos de los grupos privilegiados a través de esquemas de clientelismo parásito; a la vez que logran más ingresos fiscales para alimentar al estado obeso y desmedido.

    En los EE. UU. está el caso de una persona que invitó a otra para hacerle las uñas, y escogió a propósito hacerlo frente a las oficinas de la agencia de cosmetología de la ciudad, en dónde fue arrestado por cometer el horrendo crimen de hacerle las uñas sin licencia. ¿Desde cuándo y cómo es que instauramos gobiernos para evitar que los ciudadanos pudiesen ganarse la vida? Si fuese el caso, todos los vendedores ambulantes en nuestras calles deberían ser arrestados y multados. No se hace porque no es posible hacerlo; y no por falta de ganas de hacerlo.

    El caso de las manicures es obvio, pero hay una inmensa cantidad de otros casos en dónde no es tan obvio y absurdo. La realidad es que el acto de licenciamiento en Panamá nos llegó cuando aramos la finca del rey de España conocida como Castilla de Oro. Nadie podía llevar a cabo comercio dentro de la finca del rey si éste no le daba licencia para ello. Pero, de inmediato surgió el mercado informal, particularmente en los arrabales fuera de la ciudad amurallada de San Felipe; lo cual llevó a la creación de una ley que prohibía a los negros la buhonería. Hoy día nada ha cambiado sino los nombres. Tenemos el taxi pirata que funciona si la licencia que ahora llamamos “cupo”; y nadie sabe el propósito del cupo; salvo el de la coima, que si no se paga no se obtiene el cupo. A nadie que le he preguntado la razón del cupo me contesta que tendría motivos de seguridad.

    La realidad es que la licencia gubernamental que supone ser para protegernos no hace tal cosa, y más bien es el instrumento de una estafa. Es algo análogo a los controles que dificultan o entorpecen a los ciudadanos probos la tenencia y porte de armas de fuego para su defensa. Las autoridades alegan que nos están protegiendo, lo cual es falso; entre otras razones, porque las autoridades y sus policías no tienen el don de la ubicuidad y en la mayoría de los casos llegan a la escena del crimen luego que los malhechores se han ido. ¿Se imagina usted que hiera o mate a un asaltante con un arma sin licencia? Quien estaría en aprietos es quien usa su derecho inalienable de defender su vida o propiedad. En el fondo se trata de gobiernos que temen a los ciudadanos probos. O, gobiernos que tienen negocios de contrabando de armas y quieren aumentar los precios de las mismas.

    El incentivo natural del ciudadano que busca ser retribuido por su servicio es la ganancia lograda en virtud de un buen producto o servicio dado con atención y esmero. La pregunta es si ¿acaso el licenciamiento gubernamental agrega algo sustantivo a ello? O lo podemos ver por otro lado; el que estemos acostumbrando a la población a depender de una inexistente o ineficaz protección gubernamental, mientras que vamos perdiendo nuestra capacidad crítica. Algo así como: “No, yo no necesito protegerme porque para eso está el estado y su policía?

    De ser por el licenciamiento Thomas Edison no hubiese podido ser certificado como ingeniero, o Abraham Lincoln no hubiese podido practicar leyes. O peor, Albert Einstein no podría haber enseñado clases de ciencia en una secundaria.

    La realidad del licenciamiento es que no sólo encarece las cosas sino que es instrumento de la corrupción. El que hayamos aceptado mansamente que creamos el gobierno para que nos conceda permiso para comerciar es más que absurdo. Para lo que sí son buenos los burócratas gubernamentales, y ni hablar los burrócratas, es para crear más y mejores formas de coartar nuestras libertades, encarecerlo todo, y crear una inmensa economía informal. Y… menos mal que gozamos de dicha economía informal; pues, de lo contrario, ser pobre sería mucho más trágico.

  • Tecnología blockchain para luchar contra la corrupción en Perú

    Perú podría comenzar a utilizar la tecnología blockchain para luchar contra la corrupción a nivel gubernamental. Esta hecho ocurre pocas semanas después de la noticia del suicidio del ex presidente del país, Alan García. Días después, otro ex presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, fue sentenciado a tres años de prisión por el mismo esquema de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht. Aunque los países desarrollados no están considerando de momento la tecnología blockchain para reducir la corrupción en sus países, los latinoamericanos parecen estar comenzando a implementar diferentes sistemas de tecnología de contabilidad distribuida (DLT) para reducir la corrupción.

    Así, el gobierno de Perú anunció recientemente que se había asociado con la startup de blockchain Stamping.io y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir un sistema de contratación por acuerdos totalmente transparentes. Esto permitiría que los procesos se almacenaran y procesaran completamente a través de un libro mayor inmutable. La idea es crear un sistema de verificación para los contratos gubernamentales que sea inmune a la manipulación de datos, las entregas y recepciones no autorizadas, o cualquier otro procedimiento fraudulento que pueda otorgar un contrato a una entidad sin la documentación adecuada.

    Además, la startup de blockchain ha creado una plataforma que registrará los pedidos de compras y licitaciones de PerúCompras, la agencia gubernamental que regula las compras electrónicas en el país, en la cadena de bloques de la cadena LAC. LAC-Chain es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se creó para promover un ecosistema de cadena de bloques en América Latina y el Caribe. Cuenta con una red de nodos basada en Quorum, un protocolo de código abierto desarrollado por JPMorgan con tecnología Ethereum. Los nodos permitidos serán verificables utilizando el sitio web Stamping.io. El cofundador de esta compañía, José Zárate Sousa, explicó que ya está mostrando signos de un crecimiento muy rápido. Hay algunos días en los que registra más de 500 y 1.000 pedidos. Por lo tanto, LAC-Chain podría convertirse en una de las redes de blockchain más grandes y activas de la región.

    Desde que la noticia comenzó a difundirse por todo el país, el interés en la cadena de bloques entre las empresas locales ha aumentado. Más allá de una herramienta para combatir la corrupción, las empresas locales pueden verse atraídas por la capacidad de la tecnología para mejorar la eficiencia en los procesos administrativos. Por lo que hay otros efectos positivos además de reducir la corrupción. Será posible aumentar la eficiencia y reducir los costos del proceso administrativo en su conjunto. Se espera que los tiempos de procesamiento se reduzcan en un 80%.

    La firma también está tratando de llegar a nuevos mercados en la región, incluidos Chile, Ecuador y Colombia, por lo que esta tecnología pronto podría estar expandiéndose en toda la región y podría ayudar a estos países a mejorar sus procesos y eficiencia. Mientras tanto, también en Argentina, la tecnología blockchain ya la ha adoptado la Provincia de Córdoba para aumentar la eficiencia del gobierno y reducir la burocracia.

     

  • El Banco Asiático de Desarrollo trata de reducir las consecuencias involuntarias de las reglas contra el lavado de dinero.

    El Banco Asiático de Desarrollo (ADB por sus siglas en inglés) lanzó el martes su primera tarjeta de puntaje Trade Finance, la “Trade Finance Scorecard”, una nueva herramienta para abordar las brechas de mercado derivadas de las consecuencias no deseadas de las medidas globales para combatir el lavado de dinero y el terrorismo.

    La herramienta de diagnóstico ofrece una calificación de entre 1 y 10 en toda la industria para evaluar cómo se están implementando una serie de elementos de regulación efectiva para hacer frente al lavado de dinero. El objetivo principal es actuar como un barómetro aproximado para saber qué áreas de regulación están teniendo consecuencias imprevistas o no deseadas, con vistas a desbloquear fondos para pequeñas empresas en mercados emergentes.

    «Evitar que criminales y terroristas exploten el sistema financiero global es de suma importancia», dijo Steven Beck, Jefe de Comercio y Financiamiento de la Cadena de Suministro del ADB. «Pero estas regulaciones también pueden socavar el empleo y el crecimiento de las pequeñas empresas y los países en desarrollo. Esta nueva tarjeta de puntuación abrirá un canal de diálogo entre las partes interesadas para ayudar a prevenir el crimen y el terrorismo a la vez que se financia el crecimiento y la creación de empleos», dijo Beck.

    Los puntajes se asignan en dos niveles. En primer lugar, a nivel macro, para identificar las características de la regulación efectiva que podría fortalecerse. En segundo lugar, a nivel micro transaccional, para resaltar los desafíos específicos que pueden abordarse en el corto plazo, y en lugar de centrarse en bancos individuales, empresas o países, es una calificación general.

    Esta tarjeta de puntaje se basa en los comentarios de los líderes y reguladores de la industria y complementará las herramientas existentes. Las contribuciones al cuadro de mando provinieron del Grupo de Acción Financiera Internacional, la Asociación de Banqueros para Finanzas y Comercio, la Junta de Servicios Financieros, el FMI, la Cámara de Comercio Internacional, el Instituto de Finanzas Internacionales y la OMC.

    El cuadro de mando se centra en la interpretación, la implementación y el cumplimiento de las regulaciones ALD. Existen siete criterios: coherencia, alineación de riesgos, codiseño, comunicación, tecnología/datos, aplicación y control de calidad.

    «Los puntajes son ilustrativos y direccionales», dijo Beck, haciendo hincapié en la necesidad de tener «mejores formas de abordar estos problemas, y vemos el cuadro de mando como el inicio de un proceso de participación en este tema tan complejo».

    Con esta medida, el ADB ha experimentado un crecimiento del 45% en el valor en dólares y en el volumen de negocios en su programa de financiamiento al comercio en los últimos 18 meses. Esto a menudo se debe a la falta de alternativas bancarias comerciales.

    Durante la última década, los bancos se han sentido cada vez más atemorizados por el miedo a fuertes multas impuestas por los reguladores por facilitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esto ha llevado a un agotamiento de los fondos de los mercados emergentes, donde el riesgo de los préstamos se percibe como mayor.

    En septiembre de 2015 , la Comisión Bancaria de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) publicó su encuesta comercial que encontró que «casi el 46% de los bancos encuestados cancelaron relaciones corresponsales debido al costo o la complejidad del cumplimiento, mientras que el 70% de los encuestados fue debido a los requisitos AML/KYC «.

    Una encuesta de 2017 de la Corporación Financiera Internacional (CFI) encontró que el 72% de los bancos en todo el mundo están notando el impacto de la reducción de riesgos, y esa cifra llega al 80% en algunos mercados emergentes.

    En su informe más reciente, el ADB estimó que la brecha de financiamiento al comercio fue de US $1.5bn en 2016, y que el 40% de ese monto se generará en los países en desarrollo de Asia.

    El Programa de Financiamiento al Comercio (TFP) de ADB cierra las brechas del mercado al proporcionar garantías y préstamos a más de 200 bancos asociados para respaldar el comercio, ayudando a empresas de toda Asia a participar en actividades de importación y exportación. En 2017, el TFP financió 4.5 mil millones de dólares en comercio a través de 3.505 transacciones. Su apoyo financiero se complementa con talleres y seminarios periódicos para aumentar el conocimiento y la experiencia en productos de financiación del comercio, lucha contra el blanqueo de capitales y gestión de riesgos.

    «El viaje de mil millas comienza con un paso», dice Beck. «Este es un tema increíblemente importante y la gente tiene miedo de hablar al respecto. Esta es una herramienta de diagnóstico útil que nos ayuda a examinar mejor las consecuencias involuntarias, pero también proporciona un canal para el compromiso.”

    Él describe la iniciativa del cuadro de mando como «fluido», diciendo que el siguiente paso es un taller que se realizará a principios de la próxima semana, que tratará de refinar la metodología y el propósito de estas herramientas.

  • Sobre la corrupción

    Como últimamente han habido sonados casos de peculado en nuestra región, es de interés hacer un alto en el camino y meditar sobre las causas de este fenómeno.

    Según el diccionario, corromper es alterar, descomponer cambiando la naturaleza de una cosa volviéndola mala. Pero una cosa es la corrupción en el sector privado y otra bien distinta es la que ocurre en el contexto de los aparatos estatales. No es para nada que unas personas sean mejores que otras, se trata de incentivos diferentes.

    Lo propio se cuida de un modo distinto respecto a lo que pertenece a los demás. De allí es que a partir de Garret Hardin nos referimos a «la tragedia de los comunes»: lo que es de todos en definitiva no es de nadie, lo cual en realidad ya había sido estudiado desde Aristóteles al criticar la propiedad colectiva. La forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma si las cuentas las paga el que consume que si las abona un tercero por la fuerza.

    Es por lo dicho que el historiador decimonónico Acton ha consignado el célebre adagio en cuanto a que «el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente». De esto se desprende la virtud de la empresa privada: busca beneficios, situación que logra si da en la tecla con los gustos y preferencias de la gente e incurre en quebrantos si se equivoca en ese objetivo. El cuadro de resultados muestra los éxitos y fracasos en el contexto de marcos institucionales que protegen derechos que son siempre superiores y anteriores a la existencia de los gobiernos.

    Desde luego que este proceso no tiene lugar cuando los llamados empresarios se alían con el poder al efecto de obtener privilegios siempre a expensas de la gente, especialmente la más necesitada. Aquellos son en verdad ladrones de guante blanco que en lugar de robar al vecino a mano armada lo hacen a través de los políticos en funciones.

    Cuanto más se aparta el gobernante del tronco central de un sistema republicano de Justicia y seguridad, mayores son las oportunidades de corrupción. Cuanto más extendido el poder político en faenas que no le atañen, mayores espacios se abren para las corrupciones lo cual infecta a los clientes del sector privado donde no pocos al vislumbrar una posibilidad de prosperar a través de una coartada indecente proceden en consecuencia en lugar de transpirar para competir y satisfacer necesidades del prójimo.

    Y no es que en el sector privado no se produzcan corrupciones, es que la naturaleza del problema es sustancialmente distinta. En primer lugar lo absorben los dueños de su propio peculio y no lo trasladan compulsivamente sobre los patrimonios de otros. En segundo término, están presentes fuertes incentivos para llevar a cabo auditorias más rigurosas que las politizadas donde no están en juego los propios ingresos.

    Conviene reiterar que cuando se declama que el Estado debe hacer tal o cual cosa es el vecino el que se hace cargo coactivamente. Es del caso repetir que el Estado nada tiene que no lo haya detraído del fruto del trabajo ajeno.

    Como queda dicho, cuanto más pesado el organigrama gubernamental mayores los resquicios para usar el poder discrecional. La cantidad inmensa de ministerios, secretarias, subsecretarias, direcciones y demás parafernalia no solo obstaculizan las actividades legítimas y creativas sino que naturalmente se traducen en mayores cargas tributarias, endeudamientos públicos y manipulaciones monetarias.

    La maraña de impuestos constituye un fenomenal palo en la rueda para la producción y, por ende, consume capital que a su vez afecta salarios e ingresos en términos reales.

    Un ejemplo de este despropósito es el impuesto progresivo. Como es sabido, los gravámenes pueden ser proporcionales, lo cual significa que cada uno se hace cargo en proporción al objeto imponible según sean sus gastos o su patrimonio. En cambio, el tributo progresivo, como su nombre lo indica, grava progresivamente el objeto imponible. En este último caso el peso en definitiva recae sobre los ingresos marginales ya que la progresividad contrae las inversiones que es precisamente lo que permite elevar salarios. Esta situación irrevocable implica que el impuesto progresivo sea regresivo.

    En segundo lugar, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, es decir, las ubicaciones que la gente estableció en los supermercados y afines con sus compras y abstenciones de comprar. Por último, el impuesto progresivo es un castigo progresivo a la eficiencia.

    La mayor productividad se traslada inexorablemente a los bolsillos de los más necesitados a través de las tasas de capitalización. Esa es la diferencia entre vivir en un país rico y uno del tercer mundo («un mundo de tercera», como decía Cantinflas). La riqueza no es un proceso estático que invita a pelearse por tajadas de la misma torta, es un proceso dinámico que genera muchas tortas si los que se esfuerzan pueden producir sin las interferencias estériles de los aparatos estatales.

    Dado al avance de la peste del nacionalismo xenófobo en Europa y ahora en Estados Unidos, el esperpento del socialismo del siglo XXI en Venezuela y del comunismo en la isla-cárcel cubana y algunas otras tentaciones que es de esperar quedan en la nada, es del caso prestar atención a la tradición de pensamiento liberal que es nada más y nada menos que el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, sin que los megalómanos impongan sus caprichos personales y así evitar corrupciones alarmantes y permitir que los marcos institucionales civilizados castiguen debidamente los peculados.

    En este sentido, debe abandonarse esa caricatura grotesca de «neoliberalismo» que es una etiqueta con la que no se identifica ningún intelectual serio. Mario Vargas Llosa alude al tema al escribir: «Me considero liberal y conozco a muchas personas que lo son y a otras muchísimas más que no lo son. Pero, a lo largo de una trayectoria que comienza a ser larga, no he conocido todavía a un neoliberal».

    Artículo aparecido originalmente en El Pais.