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El rentismo y la inflación legislativa

Los honorables diputados quieren trabajar; ya saben que no pueden demorarse dos meses en montar una comisión. Ya saben que los negocios de las partidas circuitales están parados y, de reiniciarse, lo harán bajo la lupa del ciudadano. Así que tienen que justificar sus salarios, los de su personal y los de sus recomendados en el gobierno central y entidades autónomas. Por esa razón las comisiones ya están listas, en lugar de demorarse los dos meses en constituirse como era la costumbre.

Ahora los honorables diputados tienen que asistir y trabajar; y por lo menos eso es lo que están haciendo. En los tres primeros meses del nuevo gobierno se han presentado más de 200 proyectos de Ley… El problema es que los mismos reflejan una tendencia a una expansión sin precedente del poder regulatorio del estado sobre los particulares. Los proyectos tendientes a desregular y agilizar los trámites son la minoría. Ojalá todos los proyectos fueran como el presentado por el Diputado Raúl Hernández con la intención de revitalizar las Sociedades de Responsabilidad Limitada, para favorecer el emprendimiento y de paso, crear un sistema de sociedades que permita aminorar el efecto sobre los emprendimientos comerciales, al que las presiones de la OCDE y el GAFI sobre las sociedades anónimas han llevado a aumentar sus costos, especialmente el de los agentes residentes.

Desgraciadamente la mayoría de los trámites legislativos están en otra dirección. La de aumentar regulaciones y con ella aumentar costos (y burocracia y al final corrupción). Lo vemos en varias tendencias. En la cruzada xenofóbica de cierta diputada contra los extranjeros, cuyo objetivo final es encarecer los trámites migratorios y reinstaurar el dominio de los abogados sobre los trámites migratorios cuando la tendencia mundial es que éstos se hagan sin abogado. Lo vemos en los intentos del gremio de los taxistas, el producto de un lucrativo negocio de los políticos que es la venta de cupos expedidos por la ATTT, de regular a Uber fuera del mercado de las personas que pagan en efectivo, y seguramente después del mercado en general, ya que son competencia de los taxistas en general y de los taxis de turismo en especial. El resultado, seguramente, será fortalecer el gremio de los taxistas a expensas del ciudadano panameño que necesita un transporte selectivo más seguro, cómodo y confiable que el que los taxistas deseen ofrecer; y demorará la introducción de nuevas tecnologías al transporte público, aumentando una imposible y costosa dependencia del automóvil privado. Luego tenemos la propuesta de un diputado de obligar a la empresa privada a tener los cajeros llenos a todas horas para evitar que haya filas. Eso sin importar que probablemente la razón por las cuales ciertos negocios no pueden llenar todas las cajas aún en horas pico es económica y una ley así al final cargaría estas cajas vacías al consumidor y tendría como efecto la reducción de las cajas disponibles en los negocios. Seguramente el diputado se ufanará de crear empleos, a costa de encarecerle la vida a todos.

Luego tenemos el tema de los mensajeros en moto. A la xenofobia anti inmigrante se une el querer aplicar legislaciones imposibles en un clásico problema del huevo y la gallina. Existen servicios de transporte de alimentos, con entrega a domicilio de restaurantes, pero para muchos es muy caro tener mensajeros para entregas, así que surgen plataformas como Uber eats y Apetito 24 o Glovo, que hacen entrega de alimentos a domicilio. Esto ha disparado las opciones de comprar comida a domicilio que antes dominaban unas cuantas franquicias de comida rápida. Como a los panameños no les gusta andar en moto, y mucho menos como trabajadores independientes porque consideran esto un trabajo peligroso, así que en un patrón típico de los movimientos migratorios a nivel mundial, los extranjeros típicamente agarran los trabajos que los nacionales no desean, como ser mensajero en moto. Y acá viene el problema.. el MINSA desea que los mensajeros en moto ahora tengan carnet de salud, pero para tener un carnet de salud, necesitan un contrato de trabajo, que no van tener porque la mayoría de los mensajeros en moto son trabajadores independientes; estos trabajadores trabajan por comisión y no son asalariados, por lo tanto, no pueden sacar el permiso de trabajo que les pide el MINSA y por último, el mercado ha premiado a estas soluciones solicitando cada vez más sus servicios y por eso funciona; la solución es cambiar la reglamentación pero el tema es si los diputados quieren. Hay unos que quieren, presentando proyectos para regular el trabajo domiciliario, pero los sindicatos que no quieren trabajos independientes pagados por trabajo realizado y no asalariados pagados por hora, se oponen.

El principal problema de la actual inflación legislativa no es que los diputados trabajen, sino que para quién trabajan. ¿Trabajan para el público en general y su derecho a elegir un transporte efectivo o para el gremio de los taxistas?. ¿Trabajan para los arrendadores de espacio de oficinas y los sindicatos o trabajan para las personas que deciden usar plataformas tecnológicas para trabajar de manera independiente y para los panameños que adquieren más opciones a domicilio de esta manera? ¿Trabajan para crear puestos de inspectores estatales a expensas del consumidor de los negocios particulares? ¿Trabajan para los gremios de abogados o para tener una política migratoria y de emprendimientos saludable?

Muchos liberales piensan que el socialismo es el principal problema y enemigo del liberalismo; es cierto que con Hugo Chávez el socialismo es un problema porque los socialistas latinoamericanos no aprendieron nada de la Unión Soviética y de Cuba y esperan repetir el modelo. Pero en América Latina el principal enemigo del liberalismo ha sido el mercantilismo, capitalismo prebendario o capitalismo de amigos. Este es el que ha impedido que el liberalismo se afiance en la región y ha dado al capitalismo una mala imagen que aprovechan los socialistas. El usar al estado para crear y extraer rentas de otros a expensas del libre mercado y del bienestar común. Y ésta búsqueda de creación de rentas es a la que apuntan muchos de los actuales diputados en su gobiernito.

About the author

Ricardo Soto

Ricardo Soto Barrios, abogado, especialista en políticas públicas, egresado de la Universidad Santa María la Antigua. Políticamente liberal, ha participado en muchos proyectos donde se analizan las políticas públicas de Panamá desde un punto de vista liberal y se proponen alternativas. Ha trabajado en la Policía Nacional de Panamá, el Ministerio de Gobierno, y AMPYME, además de ejercer la práctica privada.

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