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  • Cuando el presupuesto deja de significar lo que dice

    Cuando el presupuesto deja de significar lo que dice

    Un presupuesto público debería ser algo más que una gran tabla de números aprobada una vez al año. Debería ser un compromiso.

    Cuando el Estado dice que destinará determinada suma a salud, educación, infraestructura o justicia, el ciudadano debería poder asumir que esos recursos fueron asignados para esa finalidad y no simplemente estacionados allí hasta que otra institución los necesite.

    Por eso lo ocurrido esta semana que pasó en la Asamblea Nacional merece atención.

    La Comisión de Presupuesto aprobó traslados por US$32,1 millones adicionales para la Asamblea, incluyendo US$17,1 millones provenientes del Ministerio de Salud y US$1 millón del Ministerio de Educación. De los recursos procedentes del Minsa, alrededor de US$16,3 millones se destinarían a personal transitorio del Legislativo. Parte de los fondos provenientes de Meduca financiarían dietas.

    Eso no significa automáticamente que se hayan quitado medicamentos de un hospital o pupitres de una escuela. Sería irresponsable afirmarlo sin conocer qué partidas concretas estaban disponibles, cuál era su nivel de ejecución y qué gasto dejó efectivamente de realizarse, pero la ausencia de ese dramatismo no vuelve irrelevante lo ocurrido; pero nos plantea una pregunta bastante más profunda: si el dinero aprobado para una finalidad puede terminar financiando otra completamente distinta, ¿qué significa realmente aprobar un presupuesto por finalidad?

    El dinero es fungible. El compromiso político no debería serlo

    Desde el punto de vista contable, el dinero es fungible, es decir, un dólar es igual a otro dólar.

    Si una institución tiene recursos que no utilizará, puede parecer racional trasladarlos hacia otra que enfrenta obligaciones pendientes; en una empresa privada, eso ocurre continuamente.

    Una compañía puede reducir el presupuesto de marketing y trasladarlo a producción. Son sus propietarios quienes asumen las consecuencias. Pero el presupuesto público es diferente, ese dinero no pertenece al ministerio. Tampoco pertenece al ministro. Ni siquiera pertenece al Gobierno; proviene de ciudadanos que fueron obligados legalmente a entregarlo.

    Y ha sido autorizado para determinadas finalidades mediante un proceso político. Por eso la pregunta no puede limitarse a: “¿Había dinero disponible?”, sino también debe ser: “¿para qué había sido autorizado?”. La diferencia es republicana antes que contable.

    Un presupuesto sirve precisamente para limitar discrecionalidad

    Desde una perspectiva liberal, una de las funciones fundamentales del presupuesto es poner límites al poder. El Ejecutivo no debería poder gastar cualquier cantidad en cualquier cosa simplemente porque considere conveniente hacerlo. Debe presentar un plan, el Legislativo lo discute, se establecen partidas. Y luego corresponde ejecutar dentro de esos límites.

    Si durante el año las asignaciones pueden modificarse con demasiada facilidad, el presupuesto empieza a perder una de sus funciones principales. Sigue siendo un instrumento contable, pero deja de ser un verdadero límite político.

    La pregunta ya no es qué aprobó la Asamblea al comenzar el año, sino qué termina negociándose mes a mes mediante traslados, créditos extraordinarios y modificaciones presupuestarias. Y eso cambia completamente el balance institucional.

    La ironía de que el beneficiario sea la propia Asamblea

    En este caso existe además una particularidad difícil de ignorar !!! El órgano que aprueba el presupuesto es precisamente el que está recibiendo los recursos adicionales. La Asamblea comenzó 2026 con un presupuesto aprobado cercano a US$95 millones. Después de modificaciones y nuevos traslados, los recursos disponibles se aproximan ya a US$193 millones, según los cálculos publicados esa semana. Prácticamente el doble!. Eso no demuestra que cada dólar adicional sea innecesario, ya que puede haber obligaciones legítimas, salarios pendientes o puede haber compromisos laborales que efectivamente deben honrarse.

    Pero una desviación de semejante magnitud entre presupuesto original y recursos finalmente utilizados exige una explicación proporcionalmente extraordinaria. ¿Estaba mal elaborado el presupuesto inicial?, ¿Aparecieron obligaciones nuevas?, ¿Creció sustancialmente la planilla?, ¿Se subestimaron gastos conocidos?, ¿O se sabía desde el comienzo que el presupuesto aprobado no reflejaba el verdadero costo de funcionamiento?. Cada alternativa plantea un problema distinto, pero ninguna debería resolverse simplemente trasladando dinero y continuando.

    El problema no es Salud contra Asamblea

    También sería un error convertir esto en una competencia emocional: “¿Qué es más importante, un hospital o un diputado?”. Ese tipo de argumento produce aplausos, pero poco análisis. Un país necesita hospitales. Y también necesita un Poder Legislativo.

    Una república no funciona sin una Asamblea capaz de legislar, fiscalizar al Ejecutivo, aprobar presupuestos y representar políticamente a los ciudadanos; entonces la cuestión no es si la Asamblea merece recursos, los merece; la cuestión es cuántos necesita y por qué.

    Y, sobre todo, si esos recursos deben provenir de partidas originalmente asignadas a otras instituciones sin que exista una explicación pública suficientemente detallada de por qué dejaron de necesitarse allí.

    Presupuesto versus ejecución

    Aquí aparece otro problema habitual de las finanzas públicas. Los gobiernos suelen celebrar cuánto dinero asignaron a una política; pero asignar no es ejecutar.

    Un ministerio puede recibir US$100 millones y utilizar US$70 millones. Los US$30 millones restantes pueden reflejar eficiencia o incapacidad para ejecutar; o proyectos retrasados, licitaciones fallidas o simplemente una estimación presupuestaria excesiva. Esas situaciones no son equivalentes.

    Por eso, antes de trasladar fondos desde una institución, deberíamos conocer al menos tres cosas: cuánto recibió; cuánto ejecutó; y por qué quedó dinero disponible. Sin esa información, el traslado puede terminar premiando precisamente la mala ejecución.

    Una institución incapaz de utilizar sus recursos pierde fondos, la otra que excedió su presupuesto los recibe. El incentivo resultante es perverso.

    El problema de los incentivos

    Public Choice vuelve a ser útil aquí.

    Cada organismo público tiene incentivos para maximizar su presupuesto. Un presupuesto mayor significa más puestos, más programas, más capacidad política y mayor influencia institucional. Al mismo tiempo, pocas instituciones quieren devolver dinero porque temen que recibirán menos el año siguiente. Por eso aparece la conocida carrera de final de ejercicio para gastar aquello que queda disponible. “Úsalo o piérdelo.”

    El mecanismo de traslados puede añadir otro incentivo problemático; si una institución sabe que siempre existe la posibilidad de obtener recursos adicionales durante el año, la disciplina del presupuesto inicial se debilita. ¿Por qué ajustar seriamente el gasto a la asignación aprobada si posteriormente pueden pedirse decenas de millones adicionales?. No hace falta corrupción. alcanza con incentivos mal diseñados.

    Las partidas deberían tener memoria

    Una reforma razonable sería introducir mayor trazabilidad; cada dólar trasladado debería conservar una especie de “memoria presupuestaria”. El ciudadano debería poder abrir una plataforma y ver:

    Partida original: Ministerio de Salud.
    Monto: US$17,1 millones.
    Finalidad original: determinada actividad o programa.
    Nivel de ejecución: X%.
    Razón de disponibilidad: proyecto terminado, ahorro, retraso, cancelación, etc.
    Nuevo destino: Asamblea Nacional.
    Finalidad nueva: personal transitorio u otra obligación.
    Justificación: documento completo.
    Fecha de aprobación: tal día.
    Votación: quién aprobó y quién rechazó.

    Eso convertiría un traslado presupuestario en una decisión auditable.

    Hoy muchas veces tenemos que reconstruir esos movimientos mediante periodistas, documentos dispersos y declaraciones posteriores. No debería ser necesario.

    Y hay un problema adicional de forma

    La aprobación de estos traslados tuvo además una circunstancia que deteriora innecesariamente la confianza.

    Los diputados habían sido convocados para una hora determinada, pero la sesión comenzó aproximadamente una hora antes. Algunos integrantes de la propia Comisión llegaron cuando parte de los traslados ya había sido aprobada. La transmisión institucional tampoco funcionó normalmente.

    Puede haber explicaciones inocentes como errores de coordinación, problemas técnicos o confusión administrativa. Pero las formas importan; especialmente cuando se está moviendo dinero público.

    Una república no debería depender de que creamos que no hubo intención de ocultar nada. Debería funcionar de manera que ocultar sea difícil.

    La transparencia no consiste en poder pedir el documento

    Hay una diferencia importante entre información disponible e información accesible.

    Un Gobierno puede decir: “todo está en el expediente.”. Eso no basta. El ciudadano no debería necesitar ser abogado, auditor o periodista de investigación para averiguar de dónde salieron US$32 millones y hacia dónde fueron.

    La información pública moderna debería estar diseñada para ser entendida.

    Monto.

    Origen.

    Destino.

    Motivo.

    Responsable.

    Eso es transparencia.

    Publicar miles de páginas en PDF y considerar cumplida la obligación legal es técnicamente publicidad, pero no necesariamente rendición de cuentas.

    Un principio liberal: quien quiere gastar más debe explicar más

    Hay una regla sencilla que podría mejorar enormemente el proceso presupuestario: la carga de la prueba debe recaer sobre quien solicita recursos adicionales, no sobre quien pregunta.

    Si la Asamblea necesita US$32 millones más, corresponde explicar por qué. Y si necesita US$68 millones, también.

    Si finalmente necesita duplicar prácticamente el presupuesto original, la explicación debería ser especialmente detallada. El contribuyente no debería tener que demostrar que el gasto es innecesario, es el Estado quien debe demostrar que es necesario, porque existe una asimetría fundamental: la Asamblea puede votar, pero el contribuyente no puede negarse a pagar.

    Precisamente por eso quien posee poder coercitivo tiene también una obligación superior de justificación.

    El dinero público no existe

    Margaret Thatcher utilizó una frase que sigue siendo útil:

    “No existe tal cosa como dinero público; sólo existe dinero de los contribuyentes.”

    Más allá de quién la haya pronunciado, la idea importa. Cuando decimos que “el Minsa transfirió US$17 millones a la Asamblea”, utilizamos un lenguaje que puede ocultar la verdadera naturaleza de la transacción; el Minsa no produjo esos recursos, la Asamblea tampoco. Proceden de personas: los trabajadores, empresarios, consumidores, ahorradores. Cada balboa utilizado por el Estado tuvo previamente un uso alternativo en manos privadas. Por eso gastar no debería ser moralmente sospechoso, pero sí institucionalmente exigente.

    Esto no es austeridad por austeridad

    Una visión liberal seria tampoco debería caer en la obsesión de que todo presupuesto menor es automáticamente mejor. Una Asamblea con US$50 millones que legisla mal puede resultar mucho más cara para la sociedad que otra con US$100 millones y excelente capacidad técnica.

    Una ley mala puede destruir muchísimo más valor que el costo completo del Poder Legislativo, por eso la pregunta correcta no es: “¿cómo hacemos para gastar menos?”, es «¿qué funciones legítimas debe cumplir esta institución y cuánto cuesta hacerlas bien?”

    Después se financia eso, pero no se empieza por el monto disponible y luego se buscan razones para utilizarlo.

    El presupuesto como contrato republicano

    El presupuesto debería funcionar como una especie de contrato político anual entre gobernantes y gobernados.

    No un contrato privado, naturalmente, pero sí un compromiso público: esto pensamos recaudar; esto pensamos gastar; estas son nuestras prioridades; y estos son los límites que aceptamos. Las circunstancias pueden cambiar, por supuesto. Ningún presupuesto puede prever todas las emergencias, por eso existen mecanismos de modificación.

    Pero cuanto más fácil sea alterar el contrato durante el año, menor valor tendrá el contrato original. Y si las modificaciones terminan siendo tan grandes que duplican el presupuesto de una institución, entonces no estamos frente a un ajuste marginal. Estamos frente a otro presupuesto.

    La pregunta que debería hacerse antes de cada traslado

    Antes de aprobar un movimiento de dinero entre instituciones deberían responderse públicamente cuatro preguntas: ¿Por qué sobra en el origen?, ¿Por qué falta en el destino?, ¿Cuándo se supo que faltaría?, ¿Qué cambiará para evitar que vuelva a ocurrir?

    Esas cuatro preguntas permitirían distinguir un ajuste legítimo de un problema estructural de planificación. Y permitirían algo todavía más importante: aprender. Porque un presupuesto no debería servir únicamente para gastar durante doce meses, sino que principalmente debería producir información que mejore el siguiente.

    El problema no son los US$32 millones

    US$32 millones son relevantes, pero tampoco determinan las finanzas públicas de Panamá. El verdadero problema es institucional, ya que una democracia liberal depende de límites previsibles al poder. El presupuesto es uno de ellos.

    Si las asignaciones aprobadas pueden cambiar sustancialmente sin que el ciudadano entienda claramente por qué, el límite se vuelve poroso. Y cuando quien recibe el dinero adicional es precisamente el órgano encargado de autorizar y fiscalizar el gasto público, el estándar debería ser todavía mayor.

    La respuesta no es prohibir los traslados, sino obligarlos a soportar algo mucho más incómodo: luz. Toda. Antes, durante y después, porque la transparencia presupuestaria no consiste simplemente en saber cuánto gastó el Estado cuando el año ya terminó, sino en poder seguir el dinero mientras se mueve. Y, sobre todo, poder preguntar en cada movimiento: si este balboa fue aprobado para una cosa y terminó pagando otra, ¿quién tomó esa decisión, por qué la tomó y dónde quedó registrada su responsabilidad?

    Cuando esas respuestas son fáciles de encontrar, tenemos presupuesto. Cuando no lo son, tenemos apenas números que el poder puede reorganizar.

  • ¿Quién es Dueño de Ti?

    ¿Quién es Dueño de Ti?

    La respuesta parece obvia, casi ridícula por su simplicidad: el dueño de ti eres tú. Eres el soberano absoluto de tu cuerpo, de tu pensamiento, de tu obra y de tus acciones. Este principio de auto propiedad es la raíz de donde brota todo lo demás que está inscrito en la misma Creación y que tan difícil responsabilidad nos fue adjudicada. Si eres dueño de tu mente y de tu esfuerzo, inevitablemente eres dueño de lo que produces. De allí deviene, de forma natural e inalienable, el derecho a la propiedad privada.

    Nuestra Constitución comienza declarando estos derechos fundamentales con gran elocuencia, pero tropieza y se contradice en el camino. Lo más grave no es solo la incoherencia jurídica, sino cómo este virus ideológico ha permeado en la sociedad panameña. Hoy, un lema común resuena desde las calles hasta los gremios empresariales que cacarean libertades, pero actúan con debilidades: «no a la privatización». Hemos satanizado la palabra hasta el punto de olvidar que privatizar es, simplemente, validar lo que es estrictamente tuyo.

    Esta fobia a lo individual ha engendrado una costumbre morbosa en nuestro andamiaje legal y social: una burrocracia asfixiante diseñada para hacernos creer que el Estado nos otorga el permiso de existir y vivir.

    Cuando fui director en las empresas Novey, contábamos con un ejército de abogados y mensajeros dedicados exclusivamente a lidiar con el monstruo estatal. Era un escudo divino. Pero al dejar atrás los recursos de los grandes capitales, la realidad golpea de frente: hoy, para el ciudadano de a pie, cumplir con la normativa gubernamental es una tarea imposible. La consecuencia directa está a la vista de todos: a «Tío Pueblo» no le queda más remedio que refugiarse en el emprendimiento informal para poder sobrevivir. Menos mal que existe la informalidad, porque el diseño estatal está hecho para ahogar la iniciativa privada.

    Y no perdamos de vista que las vilipendiadas “escuelas rancho” son negocios informales, a veces de una persona o familia y otras de la misma comunidad que no encuentra solución en el NODUCA.

    En semejante realidad surge la incógnita de ¿cómo podemos defendernos contra aquellos que en sus vidas no aprendieron de moralidad y en el desespero por subsistir y descollar revierten a la violencia en contra de la propiedad ajena. Buena parte de la solución está en la educación; pero, lastimosamente esa también ha sido secuestrada y tergiversada por torcidos intereses centralistas. Y lo torcido llega a tal extremo que hasta gran parte del sector privado, por acto u omisión, apoya el empobrecedor monopolio educativo estatal; ese que ha invadido la esfera de lo privado que pertenece a la familia, al igual que en tantas otras actividades propias del mercado.

    De qué sirve un MEDUCA que no enseña desde la juventud las realidades de propiedad, comenzando por la propia. De allí nace que una gran parte de la población busca resolver sus necesidades por la vía estatista; a tal punto que llegan argüir que los subsidios y tal son “derechos” de propiedad. Que quitarle al productivo para dar al improductivo es lo correcto. O peor, de justificar tomar las cosas por la vía coercitiva; el asalto, la trampa, el robo, engaño y la mentira.

    Al marchar ciegamente contra «lo privado» y aplaudir el exceso de regulaciones, la población marcha contra su propia soberanía. Si el derecho a lo tuyo, a tu negocio y a tu legítima defensa se debilita, la respuesta a la pregunta inicial deja de ser obvia. Si tú no eres tu propio dueño debido a un papel vencido o a un trámite imposible, ¿de quién eres propiedad entonces?

  • Contratación directa, competencia y república

    Contratación directa, competencia y república

    En materia de contratación pública conviene evitar dos simplificaciones igualmente malas: la primera consiste en suponer que toda contratación directa es corrupción. Y la segunda, en asumir que basta con que una contratación directa sea legal para considerarla institucionalmente saludable.

    Ninguna de las dos cosas es cierta.

    La Ley de Contrataciones Públicas panameña contempla procedimientos excepcionales y de emergencia por una razón evidente: hay circunstancias en las que el Estado no puede esperar meses mientras se desarrolla una licitación ordinaria. Una carretera colapsada, una inundación, un puente inutilizado o una emergencia sanitaria pueden exigir una respuesta inmediata.

    El problema comienza cuando aquello diseñado para resolver situaciones extraordinarias empieza a convertirse en una forma habitual de comprar. Y los datos recientes del Ministerio de Obras Públicas justifican precisamente esa discusión.

    Una investigación de La Estrella de Panamá, basada en registros de Panamá Compra, encontró que entre julio de 2024 y junio de 2026 el MOP adjudicó 276 contratos directos por aproximadamente US$363 millones. La cifra supera los US$225 millones contratados mediante mecanismos similares durante todo el quinquenio anterior. Eso no prueba corrupción, pero sí obliga a hacer preguntas.

    La competencia no es un trámite burocrático

    A veces hablamos de licitaciones públicas como si fueran simplemente un procedimiento administrativo pesado que retrasa las obras.

    Desde nuestra perspectiva liberal y habiendo sido los responsables del diseño de Panama Compras en 2006, consideramos que su función económica es bastante más importante que un mero tablón de anuncios. Fomenta la competencia y permite descubrir información que el funcionario no posee.

    ¿Cuánto cuesta realmente una carretera?, ¿Cuál es la mejor solución técnica?, ¿Qué empresa puede realizarla más rápido?, ¿Quién ofrece mejores garantías?, ¿Existe una tecnología menos costosa?, ¿Cuánto margen puede reducir un proveedor para obtener el contrato?. No hay una oficina pública capaz de conocer de antemano todas esas respuestas, precisamente ese conocimiento aparece cuando distintos oferentes compiten.

    Hayek explicó precisamente ese problema: el conocimiento relevante para organizar la actividad económica está disperso entre millones de personas. El mercado no funciona porque alguien posea toda la información, sino porque permite que la información dispersa se revele mediante precios, ofertas y decisiones.

    Una licitación competitiva intenta introducir una pequeña parte de ese mecanismo dentro de la contratación estatal, claro que no reproduce un mercado perfecto, pero permite algo fundamental: que el funcionario no tenga que decidir por sí solo cuánto debería costar aquello que está comprando. Cuando se elimina la competencia, se pierde esa referencia.

    La contratación directa tiene un costo incluso cuando nadie roba

    Éste es el punto que con frecuencia desaparece cuando la discusión se reduce a “hubo corrupción” o “no hubo corrupción”. Puede no haber un solo sobre, una sola coima ni un solo funcionario deshonesto y aun así producirse una mala asignación de recursos.

    Si el Estado contrata directamente a una empresa por US$10 millones y una licitación competitiva habría producido una oferta equivalente por US$8 millones, el contribuyente perdió US$2 millones aunque nadie haya cometido un delito.

    La corrupción es una forma extrema de malgasto, pero no es la única.

    La ausencia de competencia puede generar precios mayores, peores condiciones contractuales, soluciones técnicamente inferiores y dependencia repetida de un número reducido de proveedores.

    Por eso una política anticorrupción seria no debería concentrarse solamente en perseguir al funcionario que recibe dinero ilegal. Debería construir instituciones que reduzcan las oportunidades para que una decisión pública dependa de la discrecionalidad individual. La mejor investigación penal es la que nunca hace falta porque el procedimiento hizo difícil capturar la decisión.

    Cuando lo previsible se convierte en emergencia

    Existe además una distinción esencial entre urgencia y falta de planificación. Una inundación imprevisible puede justificar una contratación inmediata, pero el mantenimiento periódico de una carretera, difícilmente.

    Una estructura destruida inesperadamente puede constituir una emergencia. Una obra incluida desde antes en el Plan Estratégico de Gobierno merece una explicación mucho más exigente si posteriormente se adjudica mediante procedimiento excepcional.

    La investigación periodística ha señalado precisamente que algunas obras contratadas por vías excepcionales ya figuraban entre proyectos previstos en la planificación gubernamental.

    Eso no demuestra que la contratación sea ilegal, pero cambia la pregunta: si la necesidad ya se conocía, ¿qué acontecimiento extraordinario impidió licitar?, porque una emergencia no puede definirse simplemente como aquello que el Gobierno necesita ejecutar rápido dado que si así fuera, prácticamente toda obra pública podría convertirse en excepcional.

    Los gobiernos siempre tienen prisa; los ciudadanos llevan años esperando carreteras; los ministros tienen períodos limitados y los presidentes quieren inaugurar obras antes de terminar sus mandatos.

    Precisamente por todo eso las reglas existen antes de que aparezca la urgencia política.

    El argumento de la eficiencia merece ser tomado en serio

    También hay que escuchar al MOP.

    Panamá tiene una red vial con déficits acumulados y comunidades que llevan años esperando soluciones. El propio ministerio ha anunciado una cartera muy amplia de inversiones y sostiene que determinados procedimientos excepcionales permiten ejecutar con mayor velocidad. La administración también ha desarrollado numerosas licitaciones ordinarias: a finales de 2025 informó que de 35 proyectos estructurados para licitación, 26 habían sido licitados y 20 adjudicados.

    Por tanto, no corresponde construir la caricatura de un ministerio que no licita nada.

    Además, el contralor Anel Flores ha defendido que muchos contratos cuestionados respondieron a emergencias relacionadas con inundaciones y daños producidos por el agua. Anunció un arqueo y un informe para explicar las contrataciones a la ciudadanía. Es una explicación que merece ser evaluada con los expedientes delante y la respuesta republicana no es presumir culpabilidad, pero debe exigir evidencia.

    El contralor no debería defender: debería auditar

    Aquí aparece, sin embargo, una cuestión institucional delicada: el papel de la Contraloría no consiste en ser abogado defensor del ministerio cuestionado y tampoco en actuar como fiscal mediático.

    Su función es mucho más valiosa precisamente porque debería estar situada fuera de ambas posiciones. Su rol es controlar, verificar, comparar, documentar y publicar conclusiones.

    Cuando el contralor responde a cuestionamientos periodísticos diciendo que “el morbo impera”, corre el riesgo de desplazar la discusión desde los datos hacia las intenciones de quienes preguntan. No hace falta interpretar maliciosamente al contralor para señalar el problema.

    Por eso, una institución de control gana autoridad cuando puede decir «este contrato estuvo correctamente justificado»; o «éste otro no»; señalar que «en éste había emergencia o en éste la causal utilizada no se sostiene»; «estos precios fueron razonables o éstos excedieron referencias comparables».

    Eso es lo que el ciudadano necesita; la confianza republicana no consiste en creer en las personas. Consiste en poder comprobar sus actos.

    Las empresas tampoco tienen derecho adquirido a contratar con el Estado

    Otro elemento que complica la discusión es que entre las empresas que continúan obteniendo contratos públicos figuran algunas vinculadas en el pasado a casos de corrupción, entre ellas compañías cuyos representantes admitieron pagos ilícitos en el caso Blue Apple.

    Aquí también hay que mantener la cabeza fría.

    Si una empresa cumplió una sanción, no está legalmente inhabilitada y participa en una licitación abierta ofreciendo las mejores condiciones, no debería ser excluida arbitrariamente por razones reputacionales. El Estado de derecho funciona también para quienes tienen mala reputación.

    Pero una contratación directa cambia el análisis.

    Cuando una empresa con antecedentes problemáticos obtiene contratos porque ganó frente a diez competidores bajo reglas transparentes, existe una disciplina externa, pero cuando obtiene la contratación mediante selección excepcional, el grado de justificación requerido debería ser mayor.

    No porque deba presumirse nuevamente culpable, sino porque el Estado está prescindiendo precisamente del mecanismo que permitiría demostrar que ésa era la mejor opción disponible.

    Concentración empresarial y captura

    La investigación también señala una concentración significativa de contratos en un grupo relativamente reducido de empresas. La concentración tampoco prueba por sí misma corrupción ya que puede haber empresas grandes que ganen con frecuencia porque tienen maquinaria, experiencia, capacidad financiera y equipos técnicos que otras no poseen.

    Pero Public Choice nos obliga a mirar un riesgo distinto.

    Cuando unas pocas empresas dependen fuertemente del gasto estatal y un ministerio depende a su vez de unas pocas empresas capaces de ejecutar sus obras, comienza a formarse una relación bilateral muy particular: los proveedores adquieren incentivos para invertir recursos en relaciones políticas; los funcionarios adquieren incentivos para trabajar repetidamente con proveedores conocidos porque reducen incertidumbre y facilitan la ejecución y con el tiempo puede aparecer una especie de mercado cerrado. No hace falta una conspiración, los incentivos bastan.

    Y ésa es precisamente la razón por la cual la competencia debe ser protegida institucionalmente, incluso frente a funcionarios honestos y empresas técnicamente capaces.

    El cronómetro también puede ser una herramienta de corrupción

    Existe una forma particularmente sutil de degradar la contratación pública: planificar tarde.

    Supongamos que una administración conoce desde hace un año que una obra debe comenzar en octubre. No inicia la licitación a tiempo, llega septiembre y entonces declara que no puede esperar seis meses porque la obra es urgente. Formalmente, la urgencia existe, pero fue producida administrativamente. Ese mecanismo debería ser especialmente vigilado.

    Una buena ley anticorrupción no debería preguntar solamente si “¿Había urgencia el día en que se adjudicó?”; debería preguntar también: “¿Cuándo conoció el Estado la necesidad y qué hizo desde entonces?”. La diferencia es enorme y la mala planificación termina convirtiéndose en una vía legítima para evitar competencia. Y cuanto peor administra una institución sus tiempos, mayor discrecionalidad obtiene. Exactamente el incentivo contrario al que deberíamos crear.

    Publicar todo, incluso cuando la ley permita no competir

    La solución no consiste en prohibir las contrataciones directas, eso sería imprudente y el Estado necesita capacidad para reaccionar ante emergencias reales.

    La reforma correcta consiste en hacer que contratar directamente sea más transparente que licitar, precisamente porque falta el control competitivo. Cada contratación excepcional debería publicar de manera sencilla y estandarizada la obra; el monto; la empresa; la causal legal invocada; el hecho concreto que produjo la urgencia; la fecha en que la Administración conoció la necesidad; las empresas que podrían haber prestado el servicio; la metodología utilizada para determinar que el precio era razonable; los contratos anteriores del mismo proveedor y la comparación del precio con obras equivalentes.

    Además debería existir una auditoría posterior obligatoria para contratos que superen determinado monto. No necesariamente para detener la obra, pero para verificarla después, ya que la emergencia justifica rapidez, pero no la opacidad.

    El precio de referencia importa

    Panamá podría además fortalecer sistemas de comparación.

    Si el MOP contrata cien kilómetros de mantenimiento vial en distintas provincias, debería existir una base pública que permita comparar costos por kilómetro ajustados por tipo de obra, terreno, materiales y dificultad; eso ayudaría a identificar anomalías sin necesidad de acusar a nadie.

    ¿Por qué una obra cuesta 40% más que otra técnicamente semejante?. Puede existir una explicación perfectamente legítima, pero alguien debería explicarla. Así los datos convierten la sospecha en una pregunta técnica, mejora el control y protege también al funcionario honesto.

    Transparencia no significa paralizar al Gobierno

    Éste es quizás el punto más importante. Panamá necesita infraestructura, entre otras, necesita reparar carreteras, puentes, agua. Necesita ejecutar.

    Una política anticorrupción mal diseñada puede ser tan perjudicial como la ausencia de controles si logra que ningún funcionario quiera firmar nada por temor a terminar investigado años después. Por eso, el objetivo no debe ser producir un Estado aterrorizado, sino uno predecible con reglas claras, plazos razonables, procedimientos rápidos, competencia siempre que sea posible y excepciones cuando sean necesarias. Y trazabilidad absoluta cuando se utilicen. La eficacia y la transparencia no son enemigos y una administración profesional debería poder ofrecer ambas.

    La república no funciona con confianza personal

    El Gobierno de José Raúl Mulino ha mostrado en distintas áreas una conducción profesional y relativamente sobria. Sería injusto interpretar automáticamente cualquier cuestionamiento administrativo como evidencia de corrupción gubernamental. Pero ése tampoco puede ser el estándar.

    Las instituciones republicanas existen precisamente porque ningún gobierno debería pedirnos que confiemos en su profesionalismo, ni siquiera uno que consideremos profesional.

    Hoy puede gobernar una administración prudente, mañana otra. Las reglas tienen que funcionar para ambas.

    Madison comprendió el problema hace más de dos siglos: si los hombres fueran ángeles no necesitaríamos gobierno, y si quienes gobernaran fueran ángeles tampoco necesitaríamos controles. No son ángeles, ni los de este Gobierno ni los del anterior ni los del próximo. Por eso controlamos.

    No pedir confianza: ofrecer evidencia

    El MOP puede tener una explicación perfectamente razonable para buena parte de esos US$363 millones. Algunas obras probablemente respondieron a emergencias reales, otras quizá consiguieron buenos precios, algunos proveedores pueden haber sido simplemente la opción técnicamente disponible. Si así fue, el informe anunciado por la Contraloría debería demostrarlo contrato por contrato, no mediante declaraciones generales.

    Eso sería bueno para el Gobierno, para el MOP, para las empresas y para los ciudadanos, porque en una república sana una investigación periodística no debería obligar al Estado a cerrar filas. Precisamente debería activar exactamente el mecanismo contrario: abrir los expedientes.

    La pregunta fundamental no es si confiamos las personas o ni siquiera si confiamos en este Gobierno. La pregunta liberal y republicana es mucho más exigente: ¿podría funcionar correctamente este mismo sistema si mañana lo administraran personas en quienes no confiamos absolutamente nada?. Si la respuesta es no, hay que cambiar el sistema, porque la mejor política anticorrupción no consiste en esperar funcionarios honestos, sino en construir instituciones en las que incluso un funcionario deshonesto tenga poco margen para hacer daño.

  • Gobernar y Producir no son Compatibles

    Gobernar y Producir no son Compatibles

    Gobernar no es producir. El Estado panameño es dueño de importantes recursos naturales. Eso no lo convierte en un organismo productivo eficiente, ni lo obliga a actuar como tal. La tentación de expandir el rol productivo del gobierno —desde el Canal, la educación y los servicios públicos hasta las tiendas de comestibles— se presenta como pragmatismo o justicia social. En realidad es una confusión de roles. Cuando el gobierno se mete a producir, no multiplica la riqueza: reasigna recursos según criterios políticos y debilita los mecanismos que sí la crean.

    La pregunta no es si el Estado “debe” ser dueño de ciertas cosas, sino si conviene a la población que se meta a ser empresario. Ahí la evidencia histórica y la lógica de los incentivos son claras: los gobiernos no son organismos productivos. Pretender que lo sean tiene un costo que, tarde o temprano, paga la sociedad.

    El socialismo lo que produce con eficacia es el totalitarismo, tiranía, pillaje y pobreza. Pero no produce moralidad ni el empuje de superación personal que surge cuando uno trabaja en lo que es suyo, y no de un “Estado” que nadie sabe exactamente qué es ni dónde se encuentra.

    En Panamá hemos visto cómo el socialismo sembrado en la Constitución, y que ha estado de metiche durante toda nuestra historia, genera una falsa solidaridad que osamos llamar subsidios.

    Hace no tanto tiempo, luego del derrumbe del Muro de Berlín, muy pocos se atrevían a defender el socialismo o el comunismo. Pero han pasado los años y las cosas se olvidan. Hoy son demasiados los que ven el capitalismo o al empresario como un explotador y al “Estado” como salvador. Es absurdo, particularmente cuando nadie sabe con claridad quién es el Estado.

    Hay una realidad en lo que alegan los socialistas sobre la propiedad privada de los medios de producción: suponen que bajo ese régimen los ricos prosperan mientras el pueblo languidece. La evidencia histórica muestra lo contrario. El capitalismo ha sacado de la pobreza a más personas que cualquier otro sistema. Basta mirar las empresas e inversiones de Elon Musk: en ellas trabajan cerca de 160.000 personas de forma directa. Y eso sin considerar el amplio mercado y la cadena de valor que toda esa gente genera, mueve y sostiene.

    Son demasiados los que llaman “capitalismo” a lo que tenemos en Panamá, cuando en realidad no pasa de ser una mala caricatura de él. El caso panameño es ilustrativo: nuestra Constitución establece un guacho entre el verdadero capitalismo y el enredado socialismo.

    Más allá de la simple visión sobre la propiedad de los medios de producción, hay otras realidades que debemos tener presentes: las realidades morales de la naturaleza humana y de los derechos del individuo. La propiedad de los recursos y el lucro de la producción tienen que lograrse por la vía pacífica. Cosa que no ocurre en Panamá cuando los gobiernos crean más impuestos para financiar la vagabundería que típicamente hacen y llaman gobernar. El verdadero capitalismo requiere moralidad. Requiere que los intercambios sean voluntarios.

    En este mundo hay personas dotadas, como Elon Musk, que son fábricas de producción. A la NASA le cuesta unos 370 millones de dólares ir y regresar a la Estación Espacial Internacional; los vehículos de SpaceX lo hacen por alrededor de 70 millones. Comparemos eso —no en cantidad, sino en calidad y costo— con lo que hace el Metro o MiBus en Panamá.

    El emprendedor actúa con el propósito de satisfacer al cliente. ¿Acaso eso hace el NODUCA?

  • “Soluciones” Impuestas: arrear

    “Soluciones” Impuestas: arrear

    No puedo más que insistir en que no es asunto de arrear sino de liderar mediante sanos principios y buenos ejemplos. Y por allí me parece escuchar algún centralista paternalista y condescendiente que me dice algo como: “Sí, Bennett, lo que no entiende es que eso puede funcionar con una población educada. Aquí no queda otra más que arrear.” Lo cual dicho de otra manera sería: “Aquí, no queda otra que regalar pescado y no enseñar a pescar”.

    ¿De veras?, que simplemente nos quedamos así bajo la esperanza e ilusión de que en algún futuro lejano e incierto lograremos cultura y educación? ¿Acaso no existirán formas de enderezar un poco más rapidito los caminos del servilismo? ¡Claro que hay!; pero, educar al pueblo no apetece nuestra cultura partitocrática parasitaria, de políticos para quienes el gobierno es el negocio. Tirar por borda ingentes esfuerzos de adoctrinamiento en las aulas del NODUCA y tal es impensable. Un pueblo en servidumbre es esencial para el gallinero lleno de gallinas y posturas.

    “Y dígame, don Bennett”: ¿Cuáles son esas formas de enderezar malos caminos en el Panamá de los “¿…viejos senderes retorcidos que el pie, desde la infancia, sin tregua recorrió…?” Habría que recurrir a la utopía de sanos principios que deberían quedar grabados en la constitución y llevados a la práctica política y gubernamental.

    ¿Se imaginan como sería si uno de los Diez Mandamientos dijese algo cómo?: “No es malo mentir si es para regir.” Artículo 91 de nuestra constitución: “…los padres de familia tienen el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos.” ¡Qué magnanimidad!, que la constitución nos conceda un derecho que existe más allá de la misma. ¿Qué buscaban los constitucionalistas con eso? Queda claro en la primera parte del Artículo 91, en dónde el estado y sus políticos se abrogan la “organización y dirección de la educación.” ¿Qué tal nos va con eso?

    La peor ley es la imposible de cumplir. El ejemplo ridículo y absurdo sería una ley que prohíbe respirar. Y, sin embargo, mucha de nuestra Constitución y sus reglamentos van por esos laberintos caminos. Y menos mal, pues de aplicarse sería trágico; como trágica ha sido la creación del NODUCA.

    He sacado a relucir lo anterior en aquellos momentos del COVID, que nos mueve a mirar con mayor detenimiento esas políticas de encierro dictadas con la supuesta finalidad de resguardarnos del virus. Pero, lo que no sabíamos entonces ni ahora, es que el más virulento de los virus se llama “gobierno desbocado”, que es el creador de la peor anarquía.

    Igual ocurre con el NODUCA, creado para educarnos… en la servidumbre será; que es como salvar a un náufrago aventándole un ancla. Papa dios no nos puso grilletes de control sino que nos permitió acceso al fruto del bien y del mal; diciendo: “Creced y multiplicaos como las estrellas del cielo”. Pero para “crecer” hace falta ser libre.

    Para cuidar al ganado se le encierra en corrales, pero no al ser humano. Pero— ¿cómo cambiar el desordenado apetito de quienes se creen reyes? La encerrona sólo alargó el proceso natural de una infección que no termina sino con la inmunización del rebaño. Sólo había que resguardar a los vulnerables; cosas que, en muchos casos, no se hizo, como en ciertos hogares para ancianos.

    Aprender no es fácil. Allí les dejo otro caso histórico que saca a relucir la mentalidad centralista burrocrática, que es mi caricatura de ocasión. Muestra un histórico y verdadero edicto gubernamental supuestamente dirigido a evitar que los caballos se asustasen cuando pasaban los primeros automotores. Parte de la historia dejada en olvido. ¿Tal vez por pena?

  • ¿Quién Podrá Defendernos?

    ¿Quién Podrá Defendernos?

    «Y ahora, ¿ quién podrá defendernos ?» se preguntaba el «Chapulín Colorado» y me lo pregunto ahora, cuando hemos delegado en extremo a los gobiernos del estado nuestra seguridad, ya sea física como social y económica. Llevo años advirtiendo al respecto, pero cae en saco roto, ya que el mal caminar a través del tiempo se vuelve mal hábito. Hoy, preparando este escrito consulté con la IA encontrando lo siguiente:

    «Panamá es uno de los países con las estructuras más centralizadas de la región. Esto genera un «cuello de botella» tal como el de la seguridad vial en Panamá Oeste, deficiencias de salud en provincias dependen de decisiones tomadas en una oficina en la capital, lejos del contexto del problema «.

    Pero, nuestra seguridad es asunto de «corresponsabilidad», no de delegación excedida a las instituciones estatales. Debemos delegar en su justa medida y en aquello que es delegable; pues más allá las cosas toma mal rumbo, tal como atraer a los pillos y malandros que aman hacerse pasar por «autoridad» cuando en realidad son calamidad.

    En 1849 Gustavo de Molinari advirtió lo que nadie se había atrevido antes:

    «Si los mercados libres producen mejores alimentos, mejor ropa y mejores viviendas, ¿por qué no una mayor seguridad?»

    O como diría yo:

    «¿Por qué delegar a agencias políticas aquello que mejor podemos hacer nosotros mismos?».

    Recién la Defensoría del Pueblo en Panamá, señaló que las fallas en salud y seguridad no son sólo falta de recursos, sino estructurales y operativas. Desde el siglo antepasado, Gustavo Molinari advertía que los gobiernos del estado suelen monopolizar privilegios y derechos, creando servicios centrales que mejor pueden ser provistos por el mercado o, en cierta proporción, por autoridades locales; ya que mientras más alejas al proveedor del consumidor el servicio se degrada, quedando al servicio de bastardos intereses, tal como ocurrió en Venezuela.

    Al decir, «nuestra seguridad», la palabra «nuestra» grita realidad. Las personas son las más interesadas en su seguridad. Pero, no sólo interesadas, sino responsables y potencialmente eficaces. Por ejemplo, ¿hasta dónde podemos delegar a la ATTT cuando quien va al volante somos nosotros? Hay cosas que corresponden y puede hacer la ATTT y otras que no. ¿Te has puesto a pensar que los sobresaltos o policías muertos son prueba fehaciente del fracaso de la ATTT?

    Molinari giraba a favor del orden voluntario; ya que la policía, así como las demás entidades gubernamentales no van al volante de tu vida. Y, veamos que la seguridad, en todas sus manifestaciones, debe ir en contracorriente con la libertad. La seguridad es algo cultural y educacional; cualidades que no andan muy bien en nuestro patio, debido a que le hemos dado riendas sueltas a zorros del gallinero, al tal punto que mal cuidan a las gallinas ya que están atareados engullendo posturas y aves de corral.

    Nuestra seguridad depende de una «asociación voluntaria» que sólo prospera en libertad. Si el libre emprendimiento no sirve, ¿crees que servirán las exageradas y corruptas instituciones de nuestro desgobierno? Los comunistas creen que sí.

    Goethals Consulting, autora de gccviews.com, logró un gran aporte de la embajada británica en Panamá para llevar a cabo un estudio de la educación privada para los pobres en Panamá; encontrando que la educación privada superaba lejos al NODUCA en muchos sentidos. Dicho estudio fue publicado en Mexico e ignorado en Panamá; lo cual nos lleva a la pregunta: ¿Por qué ignoramos realidades?

    En resumen, los humanos somos seres sociales que nos asociamos de forma natural; en otras, por la naturaleza. La verdadera «ciencia social» es la económica, que es la acción humana; lo que hacemos los humanos para poner la paila y vivir con seguridad.

  • ¿Los Panameños logramos la Independencia en 1903?

    ¿Los Panameños logramos la Independencia en 1903?

    ¿Será cierto que Panamá, desde Pedraria, luego con la Gran Colombia, la Fiebre de Oro a través del Istmo y el período que desembocó la Guerra de los Mil días, logró una verdadera independencia en 1903? ¿De qué o de quienes nos independizamos? O… ¿no sería que hemos ido saltando de una a otra dependencia; antes exógenas y hoy endógenas? ¿Y, qué es una verdadera independencia? Analicemos el asunto lo más desapasionadamente posible.

    Existe verdadera independencia cuando los ciudadanos pueden ejercer libremente sus actividades económicas sin trabas ni tutelaje permanente de los gobiernos del Estado, es decir, de las autoridades gubernamentales que reciben el poder solo por delegación popular. Y, esto no lo invento yo; lo establece nuestra Constitución en su Artículo 282, al menos en su inicio, al declarar que el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. Lastimosamente, luego del punto y coma, nuestra Constitución comete el disparate contradecir por completo lo dicho en la primera parte del Artículo al dictaminar que el Estado podrá:

    “orientarla, dirigirla, reglamentarla, reemplazarla o crearla» según considere necesario.”

    De esta manera, lo que comienza como una declaración de libertad económica se transforma, en la práctica, en una amplia habilitación para la intervención estatal.

    Pero, la pregunta que aflora de semejante dislate o desvarío es inevitable: ¿Acaso se trató de un simple error o fue el reflejo de una tendencia socialista deliberada por parte del o los constitucionalistas que la redactaron? Muchos creen que el sesgo socialista fue de la Dictadura Militar pero no lo creo; ya la Constitución del 47 tomaba esa inclinación. Nuestros “militares” no eran socialistas sino fascistas; muchos que terminaron ricachones.

    De lo anterior se deduce que nuestra realidad se ha caracterizado por una gobernanza grotesca, que ha mantenido sumidos en la pobreza: a gran parte de los rabiprietos; a buena parte de la clase media; y a no pocos rabiblancos. El arte del pillaje está en la intervención en gobiernos del Estado metidos hasta las coronillas en todo aquello que debería ser exclusivo de los actores del mercado. Nuestros “gobiernos” montaron monopolios en actividades mercantiles como educación, el transporte, la energía, la recolección de basura el agua potable y más.

    Y, aunque muchos panameños no pagan impuestos directos, ¡vaya si no los pagan indirectos! Gran parte de los fondos que genera toda esa actividad mercantil monopolizada, en lugar de usarse para promover un verdadero mercado libre gestionado por la comunidad, terminan financiando la rapiña de los piratas que supuestamente nos han gobernado.

    Existe una verdadera independencia cuando los ciudadanos pueden ejercer libremente sus derechos humanos en actividades económicas y demás, sin trabas excesivas. Los gobiernos, la gobernanza, debe respetar el principio de subsidiaridad; de no regalar pescado sino de enseñar o permitir la buena pesca. Así lo parece reconocer en su primera parte, el Artículo 282 de nuestra Constitución, al establecer que:

    “El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares;”

    Hasta ahí, el texto respeta a la población. Sin embargo, después del punto y coma, el mismo artículo da un giro que diluye esa primacía:

    “El Estado podrá «orientarla, dirigirla, reglamentarla, reemplazarla o crearla» según considere necesario.”

    De esta manera, lo que comienza como una declaración de libertad económica se transforma en norma que consagra la discrecionalidad interventora y empobrecedora. En este artículo queda patente la naturaleza de élites cuyos intereses personales superan por mucho los del pueblo; ese que permanece maniatado a través de estrategias de pillaje.

    ¿De verás sigues creyendo que en 1903 nos independizamos? Tal vez de Colombia, pero… llamar independencia a lo que tenemos es autoengaño.

  • El individuo por encima del Estado: la amenaza a la libertad en tiempos del veredicto Storm

    Desde una perspectiva libertaria, la máxima de Jorge Luis Borges, “Creo que con el tiempo mereceremos que no haya gobiernos”, refleja una esperanza fundamentada más en la maduración moral humana que en el rechazo simplista del Estado. No es un capricho literario, sino una aspiración profunda: llegar a un futuro donde las personas sean lo suficientemente civilizadas para convivir sin estructuras coercitivas.

    Esta idea cobra fuerza en un contexto donde el Estado, por su propia naturaleza expansiva, parece más una amenaza que una garantía. Como sostiene el fallo reciente contra Storm, el Estado no siempre está al servicio del individuo. Al contrario, cuando ampara o amplía su aparato coercitivo, pone en riesgo las libertades fundamentales.

    Los valores libertarios descansan en la convicción de que el individuo posee derechos inalienables: vida, libertad, propiedad y que éstos deben estar protegidos frente a cualquier invasión del poder estatal. El Estado, en cambio, por definición, tiende a priorizar los propios intereses de una mayoría circunstancial ejerciendo el gobierno, expandir su control y reglamentar las acciones de los ciudadanos aunque sea bajo el velo del “bien común”.

    El veredicto contra Storm, que destruye, sin matices, el ejercicio genuino de esas libertades, confirma esta peligrosa dinámica. La justicia, en este caso, se convierte en herramienta de represión. El Estado actúa como acusador, juez y verdugo, sin distinción entre roles ni contrapesos efectivos. El individuo, así, queda subordinado a una máquina estatal rígida y deshumanizada.

    Por eso, afirmar que “el gobierno no es tu amigo” no es una frase retórica vacía: es reconocer que la protección real de la libertad está en los límites que los ciudadanos imponen desde su autonomía. La verdadera defensa de los derechos surge cuando el Estado reconoce su rol limitado y cede el protagonismo al individuo responsable.

    Pero esto no implica caer en el nihilismo. El objetivo no es abolir el Estado hoy, sino replantear su naturaleza. Requiere reglas mínimas, claras y concretas, donde el poder estatal sea transparente, accountable y subsidiario. Un Estado que cumpla funciones imprescindibles: seguridad, justicia, defensa, sin invadir los espacios del individuo.

    La cita borgiana, entonces, ilumina una senda esperanzadora: mereceremos un futuro sin gobiernos, no porque los despreciemos, sino porque habremos alcanzado un grado de civilización tal que ya no los necesitaremos para convivir con respeto, ética y responsabilidad individual.

    Mientras tanto, el fallo contra Storm pone en evidencia cuánto queda por recorrer. La libertad no es una concesión estatal: es un activo que es anterior al estado, son derechos self-evident por el mero hecho de ser seres humanos, derechos fundamentales que debemos defender y resguardar con firmeza. El individuo debe velar por sus derechos siempre ante cualquier forma de autoridad que los desmerezca. Y nunca pedir permiso por ejercerlos siempre que respetemos a los mismos derechos en nuestros semejantes.

    Este fallo contra Storm refuerza una enseñanza clara: el individuo no debe delegar su soberanía en un Estado con intereses propios de quienes gobiernan. Debe vigilar, cuestionar y, sobre todo, actuar libremente. Los libertarios compartimos la convicción de que el Estado no es nuestro amigo; reconocerlo no es derrotismo, sino una advertencia necesaria para defender lo que realmente importa.

  • El Estado y el Mercado

    Nuevamente y a riesgo de ser cansón, a fin de explicarme con mayor claridad, les reitero que el “estado” somos todos los que vivimos en una república supuestamente democrática. Hago énfasis en ello ya que lo común es ver la cantidad de personas a todos los niveles que hablan y escriben del “estado” para referirse al gobierno. ¡No!, el gobierno no es el estado y el estado no es el gobierno. Por lo señalado es que suelo hablar de “los gobiernos del estado”; para dar a entender que el pueblo en constitución ha creado los organismos gubernamentales a los cuales delega la función de cumplir con lo dispuesto en constitución; es decir, aquello que nos constituye; que, lastimosamente, en Panamá no tenemos ya que lo que tenemos y llamamos “constitución” no es tal cosa, ya que lo que constituye en la corrupción.

    El estado y el mercado somos todos o, más bien dicho, el mercado es lo que hacemos todos cuando intercambiamos bienes y servicios en comunión de supervivencia. Mi nieto compraba pastillas en el súper y las revendía en la escuela a una pequeña ganancia; eso es mercado, igual que todo el resto de la actividad mercantil; incluyendo la parte que los gobiernos han invadido.

    Pero son muchos los que vilipendian al mercado. ¿Qué hay detrás de ello? Detrás de ello hay una variedad de razones tétricas; comenzando por el hecho de que quienes controlan los gobiernos del estado buscan acaparar la mayor cantidad de poder y fortuna posible, y, a tal fin, inculcan de maneras trapicheras en la población la errada creencia de que lo que hacen favorece el pueblo. ¡Qué ingenuidad! Y obvio que el pueblo necesitado se lo traga. Me refiero al ‘estado profundo’; es decir, el monstruo en que se convierten los gobiernos cuando la comunidad no los mantiene encadenados a una sana constitución; que como dije, no tenemos. Más aún, bien podemos decir que en Panamá no hay constitución sino prostitución.

    El mercado, por su naturaleza, sólo crece, florece y fructifica en una sociedad que goza de libertad; libertad para poder salir adelante en un mundo de carencias. No existe gobierno que pueda coordinar tamaña y compleja actividad, pero eso es exactamente lo que tantos intentan hacer; pero no como su objetivo primordial sino luego de que se llenan los bolsillos, lo cual es como la pedofilia, que el padre o el cura usa su posición y poder para satisfacer sus más bajos instintos, aunque en ello prostituya a sus dependientes.

    Los pederastas gubernamentales que viven ebrios de poder los vimos en su gloria durante el COVID, nombrando “expertos” que desde sus púlpitos de grandeza recomendaron encerrar a toda la jauría pueblerina disque para salvarnos. También hasta para puyarnos con agujas hasta por la viña de los ojos. Detrás de todo ello estaba y está el estado profundo que se alimenta de la población; en su afán rechaza la libertad.

    En resumen, hablo de la hiper centralización gubernamental; que en Panamá desde la misma constitución se entromete en nuestras vidas y el mercado cuando en artículos como el 284 dice que el estado puede intervenir en toda empresa en función de un interés social que por ningún lado queda definido.

    Pero, tristemente, el proceso centralista o socialista, contrario al mercado, es destructivo de la sociedad productiva al quitar a unos y luego entregar miserias a otros. Vean no más el caso de la hija de Hugo Chávez cuya fortuna se calcula en $4,197,000,000 -cuatro mil, ciento noventa y siete millones, mientras gran parte del pueblo se dio a la fuga y el resto yace en la miseria.

  • Economistas y Gobiernistas no Conjugan

    Como bien lo señala nuestra constitución en su artículo 282: “El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares…”, lo cual no es sólo cierto sino fundamental; lastimosamente luego de un punto y coma la constitución se contradice agregando que el Estado hará lo que le venga en gana con la economía, lo cual demuestra con plena claridad el alma totalitaria de la clase gobernante en nuestro hermoso istmo.

    ¿Y cómo no va la economía a ser asunto de los particulares si su principio central y fundamental es ser el medio para mejorar el bienestar humano a título personal y de la familia, mediante la apropiación de bienes de consumo?: comida, ropa, cobija, casa, y tanto más; cosas cuya producción o captación no corresponde a los gobiernos del estado ya que para eso no son. Quien no se da cuenta de la enormidad de la faena de procurar y producir todos los bienes de consumo, bienestar y deleite humano está desasociado de la realidad; que es la carencia y cada quien sabrá lo que necesita, más no el gobierno.

    Los gobiernos comunistas en Rusia intentaron dictar la producción y fue inmenso fracaso; tanto así que cuando el gobierno ponía en venta los productos, tal como hace el IMA en Panamá, no tenían como determinar los precios y para ello usaban los catálogos de la Sears. El meollo del asunto y a riesgo de ser cansonamente repetitivo: el juego es para los jugadores y no para los gobernadores, cuya función es el arbitraje. Lástima que ni saben ni pueden arbitrar por estar ocupados en el pillaje.

    Los gobiernos del Estado no son el pueblo sino organismos creados por el pueblo para desempeñar una función de arbitraje. Y, ojalá no fuese necesario tener árbitros. ¿Acaso cuando joven no jugaste algún partido sin árbitro, que si uno hacia trampa los otros le caían a pelonera?

    Lo otro que se les escapa a casi todos es que el pueblo o la población es una masa amorfa o informe -sin forma; es decir, que carece de personalidad y carácter propio. Pero no así los gobiernos del pueblo o estado, que son, supuestamente, organizaciones piramidales con mando y jurisdicción. Los gobiernos tienen propósito, pero el pueblo, carente de personalidad y en conjunto no tiene propósito sino en su cultura; y eso, en Panamá, nos abre una Caja de Pandora. Bien lo dijo Bastiat:

    “El estado es la gran entidad ficticia mediante la cual todos buscan vivir a costillas de los demás.”

    Y precisamente eso es lo que debe evitar la población; el caer en semejante ficción que conduce al servilismo. Prueba de ello la tenemos en las narices; vale decir, en el crecimiento desbocado del tamaño de los gobiernos, en los cuales tantos buscan acomodo partidario.

    Y, por otro lado, está la naturaleza humana que no podemos extinguir así no más. Me refiero a que, a cada presidente, ministro, diputado, y tal, siendo humano, que busca mejorar su condición personal, le será más que difícil separar esas inclinaciones de su tarea como autoridad. Pero no sólo están las autoridades gubernamentales sino todo el ensamble del funcionariado que fácilmente se convierten en las rémoras de los gobiernos convertidos en tiburones de rapiña. El instinto de las entidades gubernamentales es crecer y crecer.

    En fin, gran cantidad de economistas se han integrado al estado profundo en la función de consejeros y promotores del estado regalón. Estos amiguitos del centralismo se la pasan inventando argumentos mafá que promueven el crecimiento desmedido del aparato gubernamental. Y… como preguntó uno por allí: “¿Cuál es la diferencia entre un economista y un viejo senil? El economista es el que tiene la calculadora en mano.