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Etiqueta: Panama

  • Salud y la CSS. Confundiendo las cosas.

    Uno de los más grandes problemas de la Caja del Seguro Social es que se confunden los términos y muchas veces se hacen confusiones de misiones y funciones, y no se toman en cuenta las alternativas para tener un verdadero sistema de seguridad social y al mismo tiempo un verdadero sistema de saludo público. Un gran problema de la Caja del Seguro Social es que administra dos programas muy distintos. El programa de Invalidez, Vejez y Muerte por un lado, y por el otro maneja un sistema de salud pública estatal pero que no es para todos, sino para los asegurados y sus beneficiarios.

    Los problemas del sistema de invalidez, vejez y muerte son harto conocidos. La informalidad y la falta de mecanismos idóneos para integrar a los trabajadores independientes, la morosidad empresarial, que suele terminar en gestiones de cobro fallidas, en cuentas donde funcionarios cobran debajo de la mesa por no cobrar, en tasas punitivas tan altas que hacen difícil a los deudores llegar a arreglos de pagos con la Caja del Seguro Social aunque quisieran. Y aunque todo esto se arreglara, sigue existiendo un déficit actuarial que no se puede cubrir sin aumentar la edad de jubilación y sin cortar beneficios a largo plazo.

    Hablemos del segundo problema, el sistema de salud. El principal problema, que presenta problemas hasta de constitucionalidad, es que el Estado Panameño maneja dos sistemas de salud distintos. El Ministerio de Salud, y la Caja del Seguro Social. Esto crea una duplicidad de funciones. Y la idea de que el Estado por un lado tiene que velar por la salubridad de todos los panameños y por el otro, administra una Entidad de Salud Pública especial solo para asegurados y beneficiarios.

    Varios galenos se dieron cuenta en su momento de esta incongruencia. Uno fue José Renán Esquivel en los años 1970s. Bajo el lema “salud igual para todos” creó el Sistema Integrado de Salud. El problema es que al hacerlo hizo una mezcla del Seguro Social, financiado por lo asegurados con el Ministerio de Salud, pagado por impuestos directos. Al final las cuotas de los asegurados se convirtieron en otro impuesto directo más. Y esto aumentó la sangría de la Caja del Seguro Social.

    En los 2000, durante el gobierno de Martin Torrijos se discutió la idea de crear un sistema nuevo de Salud Pública, que eliminara la duplicidad entre los sistemas estatales. La idea, traída del sistema español, cubano, británico y canadiense, era la de un sistema de salud totalmente público, con subsidio por el lado de la oferta. O sea, vas y te atiendes, y muchos servicios clave son gratuitos y los más opcionales tienen un copago simbólico. El problema de este sistema es que requiere un cuantioso financiamiento por parte del Estado. Y cuando el Estado entra en inevitables periodos de austeridad, el sistema colapsa. Además tiende a estimular el sobre uso de los recursos médicos.

    Al final, Martín Torrijos decidió no hacer nada, pero la duda de que si en Panamá se puede hacer algo mejor, quedó allí.

    Y sí, podemos hacer algo mejor… Para empezar, veamos el Seguro de Salud. El Seguro de Salud no necesariamente implica que el asegurador tenga que prestar el mismo el servicio médico, como hace la Caja del Seguro Social, las EPS colombianas o algunas clínicas privadas. Un seguro de salud es simplemente un seguro de salud, igual a uno privado pero administrado por el Estado. En otras palabras, el asegurado debería ser capaz de poderse atender con cualquier clínica afiliada, y el seguro les paga.

    Y me preguntarán, bueno y si es así, por qué no le dices a la gente que tengan un seguro privado y punto. La respuesta la encontramos en los Estados Unidos. Los seguros privados tienden a aumentar la prima con la edad; mientras más vieja y enferma es la persona, más elevada, y más difícil es pagarla. Los seguros privados tienden a no asegurar condiciones preexistentes. Así que las personas pierden coberturas si tienen que cambiar de proveedores.

    Los seguros privados no dan mucha atención a los cuidados médicos preventivos, que son los que ayudan a cortar los gastos futuros, y no pueden costearse daños catastróficos. Por todas estas razones, los seguros privados, pese a su conveniencia, no pueden garantizar una cobertura total de la salubridad pública a la población. Y la población cubierta obtiene un sistema caro y desigual. Es necesaria la existencia de un sistema estatal de salud pública por estas razones. El problema es cómo manejarlo. Para eso tenemos que dividir el problema en varias partes, a saber:

    1- El sistema primario. El sistema primario tiene un carácter preventivo. Su misión se combina con otras dos misiones del estado relacionadas: la salubridad de los espacios públicos y la seguridad pública. Esto no es una función lucrativa para los gremios médicos por ejemplo. Andar evitando que la gente se enferme y prevenir accidentes es un tema que tiene que asumir el Estado. El sistema de salud cubano, por ejemplo, está lejos de ser la maravilla que muchos piensan que es. Pero su gran logro, y un logro que a la larga sale bastante económico, ha sido evitar que la gente se enferme en primer lugar. Un sistema primario, de vacunaciones, ayudas alimentarias, campañas de prevención de enfermedades y accidentes, campañas de control de la natalidad, controles médicos anuales, puede prevenir muchas enfermedades a largo plazo. Al final sale mucho más económico que pagar para curarlas. Por eso muchos sistemas de salud modelos, el cubano, los escandinavos, en realidad tienen un pilar de prevención muy fuerte que hace que los demás pilares del sistema de salud salgan más baratos al final. Pero está claro que esta etapa corresponde principalmente al Estado, aunque sin excluir las opciones de acudir a médicos privados. Total, si estás pagando un servicio con tus impuestos, pero eliges pagarlo de nuevo, es problema del ciudadano al elegir. Pero el sistema es principalmente estatal, con epidemiólogos, médicos generales y familiares, pediatras, geriatras, nutricionistas, ginecólogos.

    2- El sistema secundario de salud: Este es donde encontramos las consultas a especialistas, los tratamientos más especializados, las cirugías obligatorias (las electivas, como muchas cirugías plásticas, deben ser objeto de la medicina privada totalmente), los medicamentos más allá de las vacunas.
    Es aquí donde el seguro médico, tanto estatal como el privado que las personas decidan contratar entran en juego. La Caja del Seguro Social, podría ceder sus servicios médicos al MinSA creándose un Sistema Nacional de Salud, y los asegurados, con su carnet del seguro podrían atenderse en ese sistema sin copagos o con copagos pequeños, o en clínicas privadas que se hayan afiliado al sistema, con el pago de sus copagos. Tal y cual lo haría un seguro privado. Las personas que no tienen ningún seguro privado, o estatal, pueden atenderse en el sistema nacional de salud, tras el pago de un copago, tal y cual lo vienen haciendo en el Hospital Santo Tomás. En otras palabras el rol del estado sería el de subsidiar la demanda, actuando como asegurador de los gastos médicos. En otras palabras un verdadero seguro médico universal, tal y cual existe en Japón o Suecia.

    3- El sistema terciario de salud, que se encarga de las enfermedades crónicas terminales, las incapacidades permanentes que impiden trabajar, los cánceres, accidentes y otras enfermedades que ponen en peligro la vida de las personas y son demasiado caras de tratar. Existe una buena razón por la cual estos gastos tienden a ser asumidos por el estado; simplemente son demasiado caros para las aseguradoras privadas. Los copagos suelen ser tan altos que inclusive personas de ingresos altos arriesgan la quiebra económica para poder sobrevivir. Esta es una de las razones por la cuales la gente tiende a terminar demandando algún tipo de asistencia estatal. Además, en caso de guerras o graves catástrofes públicas, el Estado, como último garante de la seguridad, debe disponer de medios que le permitan atender a la población en estas circunstancias, y un sistema estatal para situaciones catastróficas es ese medio. Todos los países serios lo tienen.

    Por lo tanto, la creación de un sistema nacional de salud pública, bajo la supervisión del Ministerio de Salud que integre los servicios médicos de la Caja del Seguro Social y del MinSA, la creación de un Seguro Médico Estatal, como un programa de la CSS, todo esto sin excluir la existencia de la medicina privada deben ser parte de la discusión panameña en el tema de la salud. Y este es el momento de retomar el debate dejado de lado en el 2006.

  • ¿Realmente las sanciones económicas ayudan a tumbar dictaduras?

    El mes pasado se cumplieron 30 años de la invasión que derrocó a Manuel Antonio Noriega en Panamá y dejó una herida abierta, como conmemorar los muertos de la invasión. Las cientos de víctimas inocentes cuyo único delito fue estar en el lugar equivocado en el peor momento y los que murieron peleando por una Patria definida por los que reprimieron a un Pueblo, luego de robarse dos elecciones.

    Los que vivimos esa época, recordamos cómo la invasión fue el final de una película en cámara lenta… donde desde 1987, Noriega y el PRD tomaban las peores decisiones cada vez que tenían la oportunidad, y los gringos hacían lo mismo por su lado, hasta meterse en el callejón sin salida donde la única opción era la militar. Porque antes hubo muchas opciones, pero el camino se fue cerrando en un baile letal de dos partes. Y uno de los cierres fue la toma de sanciones económicas por parte de los Estados Unidos.

    Porque el Panamá que salía periódicamente a las calles en 1987, en 1988 estuvo curiosamente silencioso, aún durante el olvidado intento de golpe del 16 de Marzo de 1988. Las calles estuvieron desiertas… Las sanciones económicas impuestas en la segunda mitad de 1987, hicieron que la economía decayera tanto que muchos jóvenes al final, emigraron; que la gente pensara menos en protestar y más en ver como conservaban su trabajo y pagaban la renta. Las sanciones desactivaron a la calle. Los negocios privados se enfriaron así que la gente pasó a depender más aún de los cheques del gobierno.  Bueno, las sanciones no provocaron en 1941 que Japón abandonara China, sino que atacara a los Estados Unidos. Las sanciones comerciales no derribaron al gobierno comunista de Cuba. Las sanciones comerciales en Venezuela han más bien desactivado la calle, no han acelerado la caída de Maduro, que ahora puede usar la comida para ganar obediencias. Las sanciones comerciales han radicalizado y escalado más a Irán.


    Un periodista gringo entrevista a una joven universitaria en Irán. Está sorprendido por el amigable tratamiento que le da la gente de Irán. La joven le dice al periodista “las peleas las arman los gobiernos, no la gente”. Esto es cierto. Y en países donde hay algún nivel de economía privada, no dependiente del Estado, nada perjudica más a una dictadura de que la economía no dependa de ellos, que florezca, porque eso le da independencia a los ciudadanos frente al poder. Nada ayuda más a una dictadura que hacer que la gente dependa del estado para vivir y pensar. Por eso las sanciones que limitan al turismo ayudan a las dictaduras, porque fortalecen el dominio de las narrativas de las dictaduras. Cuando hay contacto persona a persona, es más improbable que el monopolio del estado sobre lo que pasa afuera de sus fronteras se mantenga. Lo mismo pasa con el comercio. Hayek lo dijo en su momento, “donde no pasan las mercancías, terminan pasando las balas”. El comercio mata dos pájaros de un tiro, permite que la gente viva de sus propios medios y permite que la gente tenga contacto con otras personas.

    Por lo tanto, las sanciones hechas de manera general, ayudan a las dictaduras. Últimamente se está dando una modalidad más limitada, las sanciones focalizadas en los líderes, y empresas estatales. Lo hemos visto en el caso de Rusia, Venezuela, Cuba e Irán. El problema es que aún así, en las dictaduras la mayoría de las empresas son estatales, el peso del estado en la economía suele tener consecuencias políticas. Una de las razones por las cuales los países petroleros suelen ser dictaduras.

    Así que las sanciones estatales terminan afectado a toda la economía.

    Por lo tanto, la herramienta de sanciones económicas, suelen apuntalar a los dictadores, no a  derribarlos. Además les permiten usar el nacionalismo como arma. Y eso lo vimos muy bien en 1988 en Panamá.

  • El salario mínimo viola derechos de propiedad

    Tanto los comunistas como los socialistas no creen en los derechos de propiedad, comenzando por el derecho de cada persona a su propio cuerpo y vida, así como las vidas de sus hijos. Cuando los politicastros toman control del salario de tus empleados, pierdes control de tu negocio y ningún burrócrata saldrá a pagarte una ganancia mínima.

    La inmensa mayoría de las empresas son pequeñas y nadie te garantiza contra la quiebra. Sin embargo, de ellas dependen la mayoría de los trabajos. ¿Verdaderamente crees que un burrócrata sabrá cuánto debes pagar a tus colaboradores? La economía de un país no es asunto de tripas sino de corazón; y, en especial, del corazón de que pone en riesgo todos sus ahorros para montar un negocio. Las dificultades y riesgo de montar empresas es tal que de cada 10 empresas que abren, a los diez años sólo subsiste una; y muchas de esas quiebras se deben a obstáculos burrocráticos.

    Y, por “obstáculos”, no sólo hablo de controles de precio sino de leyes perversas e incumplibles; muchas de las cuales emanan no a través del proceso legislativo formal sino por intermedio del cuarto poder del estado constituido por todos esos funcionarios que se pasan todo el día ingeniándose para ver cómo le hacen la vida imposible a quienes montan empresas. Unos porque quieren justificar sus puestos y otros porque quieren facilitar coimas.

    Más tristes son las mismas asociaciones empresariales que caen en el rejuego demagógico. Muchos del sector empresarial se sientan en una mesa tripartita (empresa/laboral/gobierno), aduciendo que es con el fin de llegar a un acuerdo laboral de salario mínimo. La cruda realidad es que lo más probable es que están allí para figurar; ya que jamás llegan a un acuerdo y el gobierno de turno se lleva el supuesto triunfo.

    La Prensa, citando a la ministra de trabajo, Doris Zapata, dice que: “…busca impactar en la reactivación de la economía.” Y no dudo que así será. Lo que queda por ver es la clase de impacto. La economía no es algo que se puede manejar por control remoto.

    Si los votantes creen que un aumento del Salario Mínimo ayuda a los trabajadores, entonces los politicastros tendrán un incentivo para agregar demagogia al caldo. El verdadero Salario Mínimo es cero; es decir, será lo que recibirán los que no logren trabajo. Si aumentas el precio de un producto o servicio, bajará el consumo. O, como ocurre hoy día más y más, que los emprendedores comenzarán a contratar robots.

    Pero el Salario Mínimo por dictamen estatal no sólo afecta lo que pagan los empleadores sino quienes lograrán empleo o quienes lo pierden. Probable es que el trabajador habilidoso salga favorecido y no así el joven sin experiencia.

    Y como se ha dicho tantas veces: Si un aumento de 0.20 es tan bueno, por qué no uno de $20.00? Absurdo creer que el Salario Mínimo es como los letreros de velocidad en las calles; que pueden ser dictados al capricho de burrócratas.

    A fin de cuentas, el tema de fondo es si queremos socialismo o empresarialismo. El socialismo es totalitarismo y el empresario creen en la libre empresa. Simplemente, no podemos legislar eso que llaman “salario de vida”, que es lo que necesita la gente para poner la paila en casa, igual que no podemos dictar cuanta yuca sembrará el agricultor para alimentar a su familia. La economía no queda sujeta a las leyes de los gobiernos sino de acción de los particulares; como bien lo señala nuestra constitución.

    Y, como dice el título de este escrito, el Salario Mínimo viola lo que ni el Creador optó por violar; vale decir, dar al ser humano la libertad para hacer el bien o a equivocarse; ya que sin ello ni siquiera somos humanos.

  • Apertura del juego político.

    Se inicia el 2020 y el presidente se dirigió a la Asamblea Nacional. Una nota importante con carácter algo subjetivo. Por un lado, está bien de que nuestro presidente deja de referirse a sí mismo en tercera persona. Aunque el discurso, lleno de referencias a sí mismo, “yo pienso”, “yo siento”, “yo hice”, “yo dispuse”, deja claro que existe cierta inseguridad en la persona del Presidente, que lo obliga a tener que dejar claro en la Asamblea Nacional, de que él es el que manda y tiene la última palabra en su gestión. El discurso fue en partes un reitero de sus discursos de campaña y una rendición de cuentas de la gestión ya hecha en los primeros cinco meses de gobierno.

    Para empezar, se deja claro lo que todos sabemos pero no se ha reiterado lo suficiente. Los panameños tenían hace 10 años un país que debía 11 mil millones de dólares, y ahora tienen un país que debe más de 30 mil millones de dólares. La enormidad de los sucedidos es aterradora y es lamentable que los medios no la destaquen más. El gobierno de Ricardo Martinelli endeudó más en 5 años que en 106 de vida republicana, dejó un país con el doble de deuda del que heredó de Martin Torrijos. Y se pasea por las calles gozando de la admiración popular, y es muy probable que pueda correr en el 2024 para presidente, con buenas posibilidades de ganar. Su sucesor, Juan Carlos Varela, añadió casi 10 millones de deuda más. Hoy los panameños deben tres veces lo que debían 10 años antes. Laurentino Cortizo también declaró lo que todos sabemos, que el desempleo ha aumentado en los últimos años, pero fuera de programas de obras públicas para reactivar la economía y crear empleos temporales, no se habló de reformar el Código de Trabajo o las leyes de salario mínimo. De hecho el gobierno no ha podido resistirse a la práctica de subir bianualmente el salario mínimo, aunque sea de manera simbólica con un pequeño aumento del 3%. En un año donde la economía está recesiva, se debió hacer docencia sobre no subir el salario mínimo.

    El presidente resalta las carencias que heredó del gobierno anterior. El lastre de la inseguridad, que viene decayendo desde el 2006. El lastre de la educación pública, lastre eterno desde los años 70s del siglo pasado. El lastre del Seguro Social, el cual promete no privatizar, aunque seguro tendrá que hacer reformas duras y urgentes en el tema de la edad de jubilación y en el tema de los servicios médicos. Reformas en las cuales no se quiso entrar en detalle, salvo el no privatizar y la carta de las buenas intenciones de lo que se desea de los servicios médicos. Las respuestas en temas como la seguridad y la educación siguen siendo iguales de vagas. Ya es un hábito de los políticos, cuando se habla de políticas públicas, hablar vagamente como si se estuviera en campaña o dejar las cosas a un futuro gran dialogo… el problema es que los políticos son electos para dar soluciones concretas. Lo que significa que tienen que atreverse a proponer políticas públicas concretas. Dejar el tema de las reformar constitucionales o de la Caja del Seguro Social en manos de un diálogo futuro, son dar directrices; es dejar que quienes quieren pescar en río revuelto y usar la demagogia lo hagan. Y esos personajes no son precisamente amigos del presidente.

    Luego estamos en el tema del agro. Laurentino Cortizo ha tenido durante toda su carrera política una preocupación constante por el agro. Eso es visible en quienes lo conocen. Lo único malo es que por ahora es más de lo mismo, más FECI, más subsidios como la compra de jamones por parte del Estado. Los gobiernos PRD se caracterizan por sus programas de obras públicas y las mejoras a la administración pública (y éste parece seguir) pasando leyes, nombrando magistrados, y saneando las cuentas pendientes del Estado.

    Mi crítica al discurso es que fuera de reiterar las promesas de campaña y dando muestras del trabajo que se hace para cumplirlas, no se mencionan los retos pendientes globales regionales.

    La recesión global, el aumento del proteccionismo y las guerras comerciales, cómo vamos a balancear los negocios perdidos por las listas negras y grises de la OCDE, GAFI, con la creación de otros negocios.

    En otras palabras, siguen muchas interrogantes pendientes del período Varela. Laurentino Cortizo hizo bien en recordarle a los presentes lo malo que fue el gobierno anterior. Pero no ha tomado medidas con la suficiente rapidez para establecer mundial y nacionalmente una diferencia fundamental con su predecesor, que devuelva la confianza tanto al inversionista como al consumidor de que las cosas han cambiado y Nito Cortizo no es Juan Carlos Varela. En este sentido tal vez el carácter conciliador y prudente del nuevo presidente actúan en su contra.

  • Crisis de la Organización Mundial de Comercio: Impacto para Panamá

    La fecha de 10 de diciembre de 2019 pasará a la historia como el día en que la Organización Mundial de Comercio (OMC), con sede en Ginebra, perdió el poder de hacer cumplir las reglas del comercio internacional derivadas de los acuerdos multilaterales. En esa fecha, el mandato de dos de los tres jueces restantes (el mínimo establecido para que sus decisiones tengan efecto), del Órgano de Apelación de la OMC expiró. Las esperanzas de que fuesen reemplazados se vieron frustradas tras 12 años de sistemático veto a todos los nombramientos por parte de Estados Unidos.

    La consecuencia inmediata de esta crisis es que las catorce disputas llevadas ante la OMC y que se encuentran en instancia de apelación quedarán en el limbo. Una de ellas es la de Panamá en su conflicto con Colombia en torno a los aranceles impuestos a los textiles y calzados provenientes de la Zona Libre de Colón.

    El Órgano de Apelación, al cual comúnmente se le denomina la “Corte Suprema” del comercio internacional, compuesto por un panel de siete jueces era la última instancia en el sistema de resolución de controversias entre los países miembros. Este sistema de solución de diferencias fortalecía particularmente la voz de las economías pequeñas y medianas. Las violaciones por parte de estados poderosos de las normas existentes de la OMC podían ser sancionadas efectivamente.

    Estados Unidos, es uno de los países que más hizo uso del mecanismo de arbitraje. Es el Órgano  de Apelación que el pasado octubre, por ejemplo, falló a su favor en el contencioso entre Airbus y Boeing, dos meses después de haber autorizado a este país a aplicar contramedidas contra la Unión Europea (UE) por valor de 7.500 millones de dólares en este mismo conflicto comercial.

    Antes de Donald Trump, las administraciones de Bush y Obama ya habían bloqueado las designaciones de jueces a manera de protesta por la manera como opera la OMC. Entre los reproches que Estados Unidos le hace a las OMC, es que le limita la capacidad a este país para combatir las prácticas comerciales injustas de China y otros países. Los líderes mundiales se han comprometido con reformar la institución pero no logran alcanzar un consenso sobre el contenido de dicha reforma en un contexto caracterizado por desafíos complejos para el sistema comercial internacional y crecientes tensiones entre ciertas potencias comerciales, lo cuales han dado como resultado la proliferación de medidas y contramedidas que ahora pesan sobre el desarrollo comercial y hacen que las negociaciones sobre el futuro de la OMC sean más difíciles.

    El panorama actual es incierto. “Este es un escenario de pérdida para todos que agravará el contexto económico global”, lamentó el Director General, Roberto Acévedo, añadiendo que frente a esta situación, los países podrían optar por «medidas temporales» o «mecanismos alternativos», pero siempre en el contexto del sistema de solución de disputas, que es visto como el único que puede ofrecer un trato equitativo a un país pequeño en litigio contra una potencia comercial. Acevedo reconoció también que el riesgo de que los países pierdan confianza y tomen medidas unilaterales está presente, pero advirtió de que esto aumentaría la incertidumbre, lo que a su vez redundaría en menos inversiones, menos crecimiento económico y menos creación de empleo.

    La “ley de la Selva” o el poder del más fuerte, corre el peligro de regir el comercio mundial en los próximos años, en particular con respecto a los conflictos que oponen los Estados Unidos a potencias como China o la Unión Europea. Los expertos coinciden en señalar que si bien la globalización actual apunta a que haya una apertura más completa de los países y del comercio internacional, el nuevo paradigma de los intercambios se va a centrar en el futuro en una mayor regionalización de las transacciones y en la construcción de bloques concretos. De hecho, los grandes grupos regionales ya están en proceso de organizarse para tener un peso económico.

    La UE manifestó que “no apoyará ni condonará un sistema de relaciones económicas basadas en el poder.” En espera de encontrar una solución satisfactoria para todos los 164 miembros de la OMC, la UE, Noruega y Canadá exploran la posibilidad de crear un mecanismo de arbitraje alternativo. Se espera que a esta iniciativa se sumen China y otros países en desarrollo tales como Argentina, Brasil, Chile, Turquía.  Por su parte, Suiza se moviliza con otros 59 países desarrollados y en desarrollo para asegurar el éxito de la próxima Conferencia Ministerial de la OMC en junio de 2020 en Kazajistán.

    Los trabajos y debates en los que participe Panamá en el seno de la OMC en Ginebra son vitales para el país, pues lo que resulte tendrá incidencia en la economía panameña. Panamá es una economía que ha prosperado gracias al comercio internacional, de manera que debe con fuerza apoyar el multilateralismo y toda propuesta que ofrezca instrumentos funcionales y transparentes para hacer frente a los desafíos actuales de una economía con una multiplicidad de retos y oportunidades.

  • Pisando realidades educativas

    Nuevamente sale a relucir lo que ya conocemos a cansancio; que el sistema educativo en Panamá es perverso. Y para no ser discordes con la trayectoria de incompetencia imperante, los comentarios noticiosos, junto con los de las llamadas “autoridades” educativas, insisten en llover sobre mojado.

    Que si Panamá “ocupó la posición número 71 entre 79 países. No necesitábamos las pruebas Pisa para despertar a lo consabido. Más allá, las noticias abundan a cansancio sobre puestos, porcentajes y tonterías. Lo que no sale en las noticias son las causas profundas de semejante drama.

    A todo esto, las máximas “autoridades” del NODUCA, nos reaseguran que ya todo está analizado y que esos hallazgos favorecen a nuestro sistema educativo. Esta noche tendré pesadillas en torno a ello.

    Otros medios noticiosos acusan a “la brecha económica”. ¡Ajá! ¿Será que si cerramos la brecha por el camino de Cuba Venezuela en problema se supera? ¿Aún no saben que el NODUCA despilfarra más que las escuelas privadas para terminar con peores resultados? Si seguimos por la vía de la “condición socioeconómica” el problema se torna más tétrico, ya que es harto improbable que podamos superar lo socioeconómico por la ruta en que vamos.

    Hablar de “erradicar la desigualdad desde los lugares de enseñanza…” es bobería superlativa. En otras palabras, y como ya señalé, por esa vía el problema no tiene solución. Y “hacer un llamado para que ayuden a mejorar la calidad del sistema educativo” es irreal y vergonzoso.

    En síntesis, todo el reportaje noticioso y los comentarios de las autoridades, tanto públicas como privadas, llueven sobre mojado sin decir nada. Entonces, veamos algo de lo que no dicen.

    En su momento, la ministra Lucy Molinar, dijo una verdad que ha pasado agachada. Dijo en una reunión en la APEDE que “el problema de la educación es que está politizada”. Es decir, sintetizó toda la patología en una sola oración.

    Decir qué “el sistema está politizado” significa que el “sistema”, si es que sistema es, está manejado por una institución política (el gobierno). Pero más aún, una institución política que responde a intereses de gremios educativos gubernamentales sindicados ¿Y si eso no es politizado…? Abundemos en el tema.

    El gobierno político no está para hacer o reemplazar al ciudadano en las actividades que son propias del ciudadano, y no del estado. El gobierno está para proteger al consumidor contra estafas. Pero, cuando el gobierno o los panameños decimos que “los ciudadanos no servimos para educar, y debemos recurrir al Chapulín político gubernamental para que nos que se ocupen de “educar” a nuestros hijos… ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que los ciudadanos somos una retahíla de inútiles que dependen del sistema político gubernamental para que venga y nos limpie el traserito.

    Insistir en lo consabido, de que el sistema no sirve, es absurdo. Y, si logramos entender esto, entonces debemos pasar al siguiente plano; el de preguntarnos ¿Qué es lo que sí sirve? Y ¿por dónde emprendemos el camino de recuperación?

    Lo que sí sirve es devolver al ciudadano su sagrado derecho a escoger. En el caso que nos ocupa, sería a escoger no sólo dónde educamos a nuestros hijos, sino cómo los educamos; y no que los presupuestos lleguen directamente a través del NODUCA, a escuelas que no responden ante los padres sino… ¿ante…? Creo que sería ‘ante nadie’.

    Lo ideal es cerrar las escuelas del NODUCA, y brindar al ciudadano los recursos necesarios para coadyuvar con su educación. Pero como eso no es ‘políticamente potable’, entonces sugiero pongamos a las escuelas del NODUCA competir de tú a tú con las privadas. Que el dinero llegue a los centros académicos estatales o privados vía los clientes… eee… digo, los padres de familia; a ver si no canta otro gallo.

  • El fetiche de la Constituyente Originaria

    El difunto Carlos Rangel dijo una frase lapidaria, “En América Latina se ha elevado la mentira a nivel constitucional”.  Veámoslo así. Los Estados Unidos en sus 200 años de existencia, sólo han tenido una sola Constitución, con algunas enmiendas. El Reino Unido no tiene constitución escrita, aunque sí tiene actos constitucionales, leyes especiales que la tradición les ha dado mayor jerarquía que otras leyes. Lo mismo pasa con Nueva Zelanda e Israel. En cambio, notaba Rangel, el fetichismo de los abogados y leguleyos latinoamericanos, por el Contrato Social de Rousseau, y las constituciones perfectas como la solución desde arriba de los problemas políticos y sociales han generado muchas Constituciones. Rangel llama esta tendencia, “las Repúblicas de Papel”, y decía que los latinoamericanos no entendían para qué rayos se hace una Constitución.

    En el Reino Unido, la Carta Magna, y el Bill of Rights, eran limitaciones del poder del soberano sobre las vidas y libertades de los gobernados. En América Latina las constituciones son más bien legitimaciones del poder del Estado sobre los ciudadanos. Básicamente las nuevas constituciones surgen más que todo, cuando un nuevo gobernante busca legitimar a nivel constitucional a la coalición de fuerzas que lo llevó al poder. Si fuera por tener constituciones perfectas ya deberíamos haber creado la Constitución Perfecta hace rato. Total, la Constitución latinoamericana más antigua es la de Haití, del 9 de mayo de 1801 (un documento excepcional, porque la isla aún era colonia francesa y reconocía esa dependencia; pero creaba, sin embargo, una república con división de poderes, proclamaba los derechos del hombre y del ciudadano e incluía algo impensable en el continente de aquella época: declaró la libertad de los esclavos, abolió toda servidumbre, proclamó la igualdad social y la de todos ante la ley);Venezuela, del 21 de diciembre de 1811; Quito, del 15 de febrero de 1812; y México (Apatzingán), del 22 de octubre de 1814. Significa que en más de 200 años de vida independiente los países han tenido varias constituciones, en muchos casos más de 10. En los últimos años, Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador han tenido nuevas constituciones. Ninguna región del mundo ha tratado de tener la Constitución perfecta y fracasado tantas veces como en Latinoamérica. Las repúblicas de Papel solo terminan siendo repúblicas de papel, porque la constitución no escrita de la gente que le ponga límites al poder no existe en la región. Constituciones no escritas serían impensables, además el positivismo jurídico imperante y el contractualismo rousseniano lo harían imposible.

    Esto es agravado por la tendencia dominante a las llamadas constituciones sociales, como la mexicana de 1917 y la de Weimar de 1919. Estas marcan una tendencia importante.

    Primero, antes de estas, las constituciones tenían dos asuntos, una carta de derechos individuales que fijaban límites a la acción estatal sobre las personas, y una carta que estructura los poderes del Estado y sus balances y contrapesos. Las constituciones sociales, además, incluyen los llamados derechos sociales y los derechos humanos de tercera generación o derechos difusos. A diferencia de los derechos individuales, que son normas estrictas de no hacer para el estado, los derechos sociales y de tercera generación suelen ser normas más vagas, que imponen o justifican conductas expansivas del Estado sobre la sociedad. Para garantizar educación, salud gratuita y vivienda digna, por ejemplo, el estado debe tomar recursos de unas personas y entregarlas a otras. O imponer coactivamente regulaciones a grupos de personas. Esto ha logrado que las constituciones sociales no sean incompatibles con estados autoritarios. La Constitución Mexicana de 1917 fue la sustentación del régimen del Partido Revolucionario Institucional por 60 años. La Constitución de Weimar llevó poco a poco a los nazis al poder, los cuales nunca cuestionaron sus aspectos sociales, aunque sí eliminaron todas sus garantías individuales. Así que una constitución social no es incompatible con una dictadura. Mas bien la legitimiza, como pasó con la Constitución Panameña de 1972, surgida en medio de una dictatura.

    Por lo tanto, la vía de cambiar regularmente de Constituciones ha fracasado en garantizar tanto el desarrollo como la estabilidad política de Latinoamérica.

    ¿Entonces por qué el fetiche de la constituyente originaria?

    Primero, el contractualismo de Rousseau, que establece que el Estado debe ser producto del contrato social que represente una Voluntad General, donde la Constituyente Originaria debe ser la ilustre ágora, donde todas las tendencias, grupos étnicos, élites, intereses, regiones del país deben estar representadas. Donde mágicamente, producto de una discusión socrática y el diálogo, se van a llegar a consensos que harán que salga un nuevo contrato social que mágicamente sea la piedra angular de una nueva pirámide del Kelsen, que logre refundar el andamiaje político del país, y con el país.

    Segundo, la herencia del positivismo jurídico de Kelsen, quien recordemos que tuvo que exiliarse de Alemania cuando la República de Weimar cayó en manos de los nazis. Para que el sistema jurídico sea perfecto, la Constitución su piedra angular tiene que serlo, y el derecho escrito es el derecho y punto. Nada de normas tradicionales o derechos naturales. Todo es producto de una construcción social. Y la sociedad constituyente no tiene límites. Una constituyente originaria por lo tanto no debe tener límites. Nada de reformar graduales esos son despectivamente llamados “parches”, nada de constituyentes paralelas porque el Estado sigue existiendo y este no puede estar por encima de la Voluntad Popular.

    Una constituyente originaria es literalmente un golpe de estado, pues los poderes existentes del Estado no pueden estar por encima de la Voluntad general del pueblo, lo que deja la interrogante de qué va a pasar en el país los meses o años que duren una constituyente originaria. O sea que por ese período vamos a tener un Estado y una pirámide de Kelsen descabezados con la paralización del país.

    La otra gran interrogante sobre una Constituyente Originaria es que esta representa a la Voluntad General. El problema es que no hay manera de garantizar que los constituyentes representen de hecho la voluntad general. Porque no sabemos cómo los vamos a elegir todavía, las sirenas de constituyente originaria hablan mucho de llegar a la misma, pero curiosamente, dan muy pocos detalles de cómo vamos a elegir a los constituyentes, cómo van a deliberar, por cuánto tiempo, cómo se van a aprobar los resultados, y qué cosas quieren incluir en la nueva constitución. Y eso, curiosamente, huele a estafa, porque cuando te presentan algo como bueno sin mostrarte los detalles o la letra menuda, es porque te quieren estafar.

  • Significantes vacíos, el camino de la Constituyente

    El Populismo adora los significantes vacíos. Un significante vacío es una acción simbólica que se presenta como la resolución de grandes problemas nacionales, que traen grandes esperanzas pero que al final no significa nada. No hay que presentar nada, solo vender ilusión y esperanza. Las reformas constitucionales y peor aún, la Constituyente Originaria, se han venido usando como significantes vacíos. O sea, igual que el Muro de Trump, que crea ilusión de poder lograr que los Estados Unidos blancos anglosajones se desvinculen de los vecinos del sur de piel parda, pero que nunca se hará, sólo se vende la ilusión y la esperanza de que así será si los malos no dejan de impedirlo, o el embargo a Cuba, que vende a los cubanoamericanos la ilusión del fin del comunismo en Cuba, pero que en realidad solo sirve para que el partido Republicano logre sus votos en el estado crucial de Florida, porque si los gringos realmente quisieran acabar con el comunismo en Cuba lo hubieran intentado en los años noventa. Y es más conveniente que los comunistas sigan en Cuba a que se vayan. Todos estos son significantes vacíos. El embargo es para lograr votos en Florida, no para tumbar a l comunismo en Cuba.

    Y el mayor significante vacío que tiene la política panameña es la idea de la Constituyente Originaria.

    La izquierda desde siempre, varios insignes catedráticos de derecho constitucional, y muchos abogados que juran que serán los nuevos padres refundadores de la Patria, están vendiendo desde hace décadas la idea de que parchar, o sea, hacer cambios graduales a una Constitución, es mala; que en realidad, es mejor que Panamá tenga una constitución nueva cada 20 años como otros países latinoamericanos, más y cuando nuestra constitución fue producto de un Contrato Social falso, porque fue impuesta por una dictadura militar. En un principio tienen razón, pero la Constituyente se convierte en un significante falso cuando se empieza a vender como la gran panacea a los problemas nacionales. ¿Mejorar la educación? Constituyente. Mejorar la salud? pues Constituyente Originaria. Que la misma reciba los regalos que quiero en Navidad, ¡Constituyente originaria ya!

    La Constituyente se convierte en un significante falso cuando se presenta como la gran panacea a los problemas nacionales. Cuando se debate que se quiere llegar a la Constituyente originaria porque mágicamente van a salir de allí las respuestas a los grandes problemas nacionales, y no se debate el cómo se va a hacer una constituyente originaria. Tampoco se discute qué se desea poner en una constitución que no pase de cartas al niño Dios y normas programáticas, que hablen mucho de la República de Papel ideal que queremos, y no de la arquitectura del Estado para que funcione bien, especialmente el tema espinoso del balance de poderes. No se dice cómo se va a impedir que la clase política actual, que ya dio muestras en estas reformas de lo que realmente quiere en una constitución, no logre imponer sus clones en una constituyente, y que en lugar de la República de Papel progre que desea la izquierda y los abogados constitucionalistas, terminemos con una constitución que sea un manifiesto a los valores teocráticos conservadores y a un estado abusivo y todopoderoso.

    Porque una constituyente es una ola de grillos y un salto al vació. Todo el mundo espera que salga su constitución soñada, pero resulta que los sueños de unos no son los sueños de otros y la constitución puede terminar siendo el resultado de los sueños de otros. Panamá puede terminar mucho más dividido y paralizado que antes.

    En otras palabras, la Constituyente, para que no sea un significante vacío, debe ser vista como un medio y no un fin en sí. Si queremos refundar el Estado Panameño, entonces es hora de discutir qué estado queremos, no esperar a la Constituyente para iniciar las discusiones. Mientras no sea haga esta discusión, la Constituyente será un significante vacío y quien usa la Constituyente como significante vació es un demagogo. Hay que tener cuidado con lo que se desea porque se puede conseguir.

    Llegar a una Constituyente originaria es fácil, que salga una buena constitución que realmente ayude al país es más difícil. Felices fiestas patrias.

  • De Omar 5% a Beto 7% a …… 10%?

    El impuesto a la transferencia de bienes no es algo nuevo; fue introducido por los militares en 1977. Como todos los impuestos, éstos rara vez bajan o desaparecen, sino que de hecho tienden a subir. Para los estándares latinoamericanos, el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles de Panamá es bajo, concretamente se mantuvo en el 5% por el espacio de 33 años hasta que Alberto Vallarino lo subió al 7%. Comparémoslo con el de nuestros vecinos, donde Costa Rica paga 13%, Colombia y México pagan 16%. Chile se acerca al 19% y Argentina y Uruguay pasan el 20% del valor de transferencia del bien inmueble.

    Hay vientos que dado el desmadre fiscal del gobierno anterior, que acumuló déficits por 5 años, y no supo que es un presupuesto balanceado, y al alto nivel de evasión fiscal, que llega al 40%, algunas personas están o han recomendado al gobierno subir el ITBM, por lo menos al 10%.

    El gobierno de Varela, que a falta de criterios buenos sobre cómo manejar una economía, según algunas fuentes prefirió contratar consultores, como los del Consejo Interamericano de Administradores Tributarios (CIAT), de los cuales recibió la recomendación de elevar el ITBMS al 10%, y extender su cobertura; afortunadamente, el propio gobierno, que no tenía estómago para las medidas de austeridad, tampoco las tenía para subir impuestos.

    Para el CIAT, Panamá tenía la anomalía de tener las tasas más bajas de la región, donde la media mundial es del 15%. Por lo tanto, recomendaba subirlo y extenderlos a rubros como alimentos secos y crudos o libros, que por ahora están exentos. El gobierno de Varela, rechazó la propuesta, no tanto por razones intelectuales, sino de costo político. De hecho niega que la consultoría se haya realizado en primer lugar.

    El problema del impuesto es el siguiente: es un impuesto al consumo, o sea que quienes más consumen, sea en precio o en cantidades, sean los que más pagan. En otras palabras los ricos serían las personas que tienen más dinero para consumir, los que tienen que pagar más este impuesto. Eso haría el impuesto ético de no ser por lo siguiente: una persona rica consume muchas cosas suntuarias, cuyo consumo puede suprimir sin afectar su calidad de vida, y por ejemplo usar estos ingresos para ahorros o inversiones. Una persona más pobre en cambio, tienen que consumir lo que necesita para vivir, y no puede medir su gasto, además le es mucho más difícil ahorrar porque le quedan pocos excedentes. Por lo cual, si bien paga menos ITBMs, lo hace en una mayor proporción de sus ingresos. Además, el ITBMS va a afectar a toda la cadena de comercialización de muchos productos, por lo cual al subir el precio del producto por haber subido el impuesto, hace que suba el precio del producto base en el siguiente eslabón de la cadena, y así sucesivamente, lo cual trae un efecto inflacionario. De nuevo, esto afecta más a los ricos, pero también a los pobres, que a diferencia de los ricos, tienen menos dinero para gastar, y lo peor, para ahorrar. El efecto para muchos es regresivo.

    Para muchos economistas keynesianos, castigar el consumo no es bueno en momentos de recesión económica. Para muchos economistas austroliberales o neoclásicos, castigar la capacidad de ahorro e inversión de la gente tampoco es buena idea en un recesión.  Subir el ITBMs en medio de una desaceleración económica por lo tanto no es una buena idea.

    Entonces ¿qué hacer?…Bueno, para empezar, la evasión fiscal, según el Ministerio de Economía y Finanzas es del 40%. El MEF propone medios tecnológicos para disminuir la evasión. La impresora fiscal y la factura electrónica son dos de los medios propuestos. Pero también es cierto que inscribirse, pagar impuestos, aclarar dudas, y solucionar el tema de pagar impuestos en Panamá, es caro y complejo, tanto en tiempo como en dinero. Así que no es subir impuestos para recaudar más; cuando en realidad es mejor fiscalizar impuestos y hacer más barato pagarlos. Tan barato que el costo de estar al día en los impuestos sea mucho menor que el costo de evadir impuestos.

    Y luego está el tema de ¿para qué pagamos impuestos? Cuando la gente ve abusos con el uso de los fondos del Estado, y vemos pruebas de eso en los medios diariamente, cuando la gente ve corrupción e impunidad, mucha gente se va a preguntar sobre la racionalidad de pagar impuestos elevados para alimentar al monstruo. O sea, nadie paga impuestos con gusto si sabe que gran porcentaje de éstos serán para que conocidos políticos sostengan su nivel de vida (muy diferente al que cuando ingresaron a la misma).

    Lo que nos lleva a tema de la Curva de Laffer. La curva de Laffer nos enseña dos cosas, hay una curva de efectividad en el cobro de un impuesto, esta varía de país en país, y de cultura en cultura, así como del tipo de impuesto concreto, en la cual, una vez la tasa del impuesto pasa de cierto nivel, la recaudación del impuesto tiende a caer, porque la gente empieza a evadir o simplemente no puede pagarlo. La percepción del uso que el Estado da al impuesto también ayuda, si la gente lo ve como corrupto, evade más aún, porque no quiere alimentar a un monstruo. La otra cosa que nos enseña la curva de Laffer y es algo más reciente, es que es cierto que bajar impuestos “estimula el consumo” si uno es Keynesiano o promueve el ahorro y la inversión. Y ésto puede llevar a un aumento del PIB a largo plazo.

    En una región donde las cargas fiscales están entre las más altas del mundo, tener impuesto bajos ha sido una bendición para Panamá. Y esperemos que sigamos así. No creo que consultores de otros países mucho menos desarrollados que el nuestro nos deban dar consejos sobre qué hacer en el tema económico.

     

  • Suiza va por el oro, perdón, por las cripto

    Pues sí, mientras acá parece que el gobierno fuera por Varela 2.0, porque el gobierno entrante no ha marcado una diferencia importante entre las políticas propias y la de su predecesor, y parecemos vivir en un impasse, otros países se mueven para adaptarse al reto doble de las regulaciones GAFI/OCDE y a las nuevas tecnologías como las criptomonedas para permanecer competitivos. Suiza es un país con  buen sistema de servicios, y un sistema que quiere permanecer competitivo en el futuro en lugar de esperar que le dicten más y más regulaciones hasta que quiebre, que es lo que parece quiere el sistema Panameño.

    Una de las noticias más importantes es que Suiza ahora ha otorgado licencias bancarias a dos bancos para que operen como bancos de criptomonedas. Y ahora queda demostrar que se puede trabajar banca de criptomonedas de manera que se cumpla con las legislaciones internacionales. Algo que los suizos confían en que se puede. Suiza está adecuando su legislación bancaria para adecuarse a las nuevas tecnologías bancarias. Por algo Facebook lanzó su moneda en Suiza.

    Y cuidado, porque en el estado de Wyoming, en el corazón de los Estados Unidos, también se trabaja en la misma legislación. Los legisladores de Wyoming tienen como referencia para aprender las leyes de otros países, incluidas las regiones comerciales que han adoptado tecnologías blockchain como Malta, Suiza, Japón, Estonia, Corea del Sur y Rusia para la integración en el comercio general.

    En esencia, la tarea del banco de criptomonedas sería facilitar las transacciones y el almacenamiento de activos digitales y moneda tradicional para las empresas de criptomoneda, permitiéndoles participar en un mundo donde las monedas fiduciarias aún gobiernan y los bancos dudan de atender a las empresas de bitcoin. Y mientras los bancos tradicionales operan sobre una base de reserva fraccionaria, se requerirá que el banco criptográfico de Wyoming se asegure de mantener una relación de criptomoneda a fondos líquidos del 100%, esencialmente convirtiéndolo en un ‘depósito de dinero’ o una ‘institución de transferencia’. ”

    La tecnología blockchain permite hacer las transacciones más baratas y rápidas. Pero políticamente las criptomonedas son problemáticas ya que sacan de los estados, sobre todo de los Estados Unidos, el control del sistema monetario internacional y las transacciones. Por eso no podemos quedarnos atrás.

    Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo, como referentes principales y liderando el cambio, están trabajando en integrar las criptomonedas en sus sistemas bancarios. No pueden darse lujo de quedarse atrás, algo que aparentemente Panamá si puede.

    El Banco de Inglaterra ve la posibilidad de que así como el dólar reemplazó a la Libra como moneda hace 100 años, el dólar será reemplazado en las próximas décadas por las criptomonedas. Posiblemente por ahora, ninguna criptomoneda ni el Renmimbi puedan estar en condiciones de reemplazar al dólar. Pero es posible que una criptomoneda adoptada por varias naciones lo pueda hacer. Y por lo tanto, la banca panameña debe estar preparando a asumir el tema como propio o cerrar la puerta al futuro.