En 2019, en medio del cambio de gobierno en Panamá, surgió un debate entre quien escribe y un amigo liberal, que iba mucho más allá de la eliminación de retenes policiales. La discusión apuntaba a una cuestión de fondo: ¿qué sucede cuando el Estado adquiere facultades que restringen derechos individuales bajo el argumento de la seguridad, la administración o la eficiencia?

La preocupación expresada era que los retenes no representaban simplemente un mecanismo de control vehicular, sino una inversión del principio jurídico fundamental según el cual un ciudadano libre no debe justificar permanentemente su inocencia ante el poder.

La lógica liberal clásica sostiene que el Estado debe tener motivos concretos para intervenir sobre una persona. Cuando ocurre lo contrario —cuando se detiene a ciudadanos al azar para verificar documentos o detectar posibles infracciones administrativas— se produce un cambio sutil pero importante: el individuo deja de ser considerado libre por defecto y pasa a estar bajo sospecha permanente.

La cuestión no era solamente legal. Era moral e institucional.

El costo oculto de la burocracia

Otro aspecto señalado en aquella conversación era la tendencia de los gobiernos a medir únicamente los ingresos fiscales que generan determinadas regulaciones, ignorando los costos que esas mismas regulaciones imponen a la sociedad.

Tomemos un ejemplo sencillo. La renovación periódica de placas, permisos o certificaciones puede representar una fuente de ingresos para el Estado. Sin embargo, rara vez se contabiliza el tiempo perdido por millones de ciudadanos, las horas laborales desperdiciadas, los desplazamientos innecesarios, las filas, los trámites y la energía económica que se desvía desde actividades productivas hacia el simple cumplimiento burocrático.

Desde la economía institucional, estos costos reciben el nombre de costos de transacción. Son reales, aunque no aparezcan en ningún presupuesto oficial.

El resultado es paradójico: una medida que parece recaudar dinero puede terminar destruyendo más riqueza de la que genera.

La corrupción visible y la invisible

Cuando se habla de corrupción, la mayoría piensa en sobornos, contratos amañados o desvío de fondos públicos.

Sin embargo, existe una forma más profunda y menos visible de corrupción: aquella que queda incorporada a las propias reglas del sistema.

Cuando una estructura institucional permite discrecionalidad excesiva, controles arbitrarios o intervenciones permanentes sobre la vida cotidiana de los ciudadanos, se crean incentivos para el abuso incluso aunque no existan funcionarios particularmente corruptos.

No se trata únicamente de personas corruptas.

Se trata de instituciones que facilitan comportamientos corruptos.

Por eso el problema rara vez está en el agente de menor rango. La pregunta relevante es quién diseñó las reglas, quién las mantiene y quién se beneficia de ellas.

El silencio social

Quizás la observación más dura del intercambio fue la referida a la complicidad social.

Las restricciones a la libertad rara vez avanzan únicamente por decisión gubernamental. También necesitan la indiferencia de buena parte de la sociedad.

Empresarios que prefieren adaptarse antes que cuestionar.

Medios de comunicación que consideran ciertos abusos como algo normal.

Ciudadanos que aceptan pequeñas restricciones porque creen que afectan a otros.

Gradualmente se instala una cultura donde la defensa de los derechos individuales deja de ser una prioridad y pasa a verse como una molestia o una excentricidad.

La consecuencia es que las instituciones dejan de servir como límites al poder y comienzan a funcionar como herramientas de administración de la obediencia.

La lección

La discusión de 2019 sigue siendo relevante porque plantea una pregunta que trasciende a Panamá y a cualquier gobierno particular.

La verdadera prueba de una sociedad libre no es cuánto poder tiene un gobernante bien intencionado, sino cuánto poder se le impide ejercer cuando aparecen gobernantes menos virtuosos.

Las libertades individuales rara vez desaparecen de golpe. Normalmente se erosionan mediante pequeñas excepciones, trámites aparentemente inocentes y controles que la sociedad acepta porque parecen razonables en el corto plazo.

Y cuando finalmente se percibe el costo acumulado, muchas veces la maquinaria institucional ya está funcionando por inercia.

Como advertía Hayek, el peligro para la libertad no suele llegar disfrazado de tiranía abierta, sino de administraciones convencidas de que saben mejor que los ciudadanos cómo deben vivir sus vidas.