En los debates diarios sobre las políticas públicas en Panamá, es común escuchar llamados a una “mejor gobernanza”. Pocas palabras se usan con tanta frecuencia y se comprenden tan poco. La gobernanza no es simplemente otro nombre para las acciones del gobierno. Mientras que la gobernanza —el conjunto de mecanismos que permiten a los seres humanos coordinar su vida social y resolver pacíficamente sus conflictos— ha existido desde que las personas comenzaron a vivir juntas, el Estado moderno es una invención histórica relativamente reciente.

Lejos de ser una simple continuación de formas antiguas de autoridad, el Estado, como explica Agustín Toptschij, se define por su reclamo de soberanía: se posiciona como la fuente última del derecho, sin reconocer ninguna autoridad superior. Esta autonomía institucional, más que cualquier política concreta, le otorga una lógica predatoria. Poco a poco, tiende a absorber o subordinar otras instituciones —la familia, la empresa privada, la educación, agua, transporte, energía, otras más y hasta la alimentación. También las asociaciones civiles y las tradiciones locales— bajo la justificación del “bien común”.

En Panamá, un país bendecido con ventajas geográficas y una economía dolarizada que ya demuestra los beneficios de limitar la soberanía monetaria, esta distinción resulta especialmente relevante. No tenemos que elegir entre orden y libertad. Necesitamos recuperar las ricas posibilidades de la gobernanza que no dependen de la expansión permanente de la jurisdicción del Estado.

Esta lógica predatoria no es, necesariamente, fruto de la mala intención de gobernantes individuales, sino de la naturaleza misma del Estado soberano moderno. Al declararse fuente última del derecho, tiende inevitablemente a expandir su jurisdicción. Cada problema social —la inseguridad, la educación deficiente, los desequilibrios económicos— se convierte en pretexto para absorber más funciones que antes eran gestionadas por la sociedad civil, las familias o el mercado.

En Panamá vemos este fenómeno con claridad. La dolarización ha sido un poderoso límite a la soberanía monetaria y nos ha dado mayor estabilidad que muchos países vecinos. Pero, en general observamos la tendencia expansiva: regulaciones que complican la vida de la pequeña y mediana empresa, un sistema de pensiones que genera inquietud sobre su sostenibilidad, y una burocracia que crece mientras la confianza en las instituciones públicas disminuye. No se trata solo de “mal gobierno”. Se trata de un modelo que concentra poder y debilita la sociedad.

Frente a esto, es necesario recuperar las posibilidades de una gobernanza que no dependa de la expansión permanente e indecente de los entes en que se han convertido nuestros gobiernos estatales. La historia y la experiencia contemporánea ofrecen ejemplos esperanzadores:

1. En el ámbito económico: La dolarización misma es un gran ejemplo de gobernanza sin soberanía monetaria plena. De igual forma, la competencia entre jurisdicciones (como los regímenes especiales en zonas francas o el hub logístico) demuestra que la apertura y la competencia reguladora pueden generar mejores resultados que la planificación central.
2. En seguridad: Donde la policía estatal enfrenta limitaciones, la seguridad privada, los sistemas de vigilancia comunitaria y las tecnologías de prevención han mostrado eficacia. El reto es regularlos sin ahogarlos.
3. En educación y bienestar: Familias, iglesias, fundaciones y empresas ya demuestran capacidad de ofrecer servicios de calidad. En lugar de estatizarlos, deberíamos facilitar su expansión mediante vales, desregulación y mayor libertad de elección.
4. En resolución de conflictos: La arbitración comercial y los mecanismos privados de solución de disputas suelen ser más rápidos y menos costosos que los tribunales estatales saturados.

La verdadera cuestión no está en tener más “Estado” y sus gobiernos en nuestras vidas, pues hay mejores formas. Un orden basado en la soberanía ilimitada del aparato estatal o uno construido sobre múltiples centros de autoridad y responsabilidad personal.

Panamá, por su historia y posición estratégica, tiene una oportunidad única para liderar un modelo de gobernanza más humilde y eficaz. Reducir la voracidad del Estado no significa caos, sino liberar el enorme potencial creativo y cooperativo de la sociedad. Es hora de pasar de la gobernanza estatista a una gobernanza verdaderamente social.