Hay historias sobre Corea del Norte que parecen escritas para una novela de espionaje. Esta, sin embargo, ocurrió en GitHub, Zoom, ChatGPT, billeteras cripto y escritorios virtuales. Resulta que dos investigadores de ciberseguridad, Mauro Eldritch y Heiner García, crearon una empresa que no existía. La llamaron Ballena Azul LTD. Construyeron una página web, una identidad corporativa, documentación, un supuesto protocolo DeFi y hasta una historia empresarial suficientemente convincente como para parecer una startup más del ecosistema cripto.

Después hicieron algo todavía más extraño: contrataron a tres desarrolladores que sospechaban formaban parte de una red norcoreana dedicada a infiltrarse como trabajadores remotos en empresas occidentales. Los supuestos infiltrados creían haber entrado en una empresa y en realidad habían entrado en un laboratorio.

Durante semanas, sus ordenadores virtuales fueron observados dentro de entornos controlados de ANY.RUN. Los investigadores pudieron registrar archivos abiertos, conexiones, herramientas utilizadas, cuentas, wallets, VPN y parte de la infraestructura desde la que operaban.

La operación tiene algo de comedia, pero detrás de ella hay una de las expresiones más inquietantes del totalitarismo contemporáneo. Y también una extraordinaria lección sobre la libertad.

El trabajador que no era quien decía ser

Ballena Azul se presentó como una startup DeFi que trabajaría con grandes tenedores de criptomonedas.

Era un cebo casi perfecto.

Los investigadores contactaron con un reclutador vinculado, según su investigación, a Famous Chollima, denominación utilizada en inteligencia de amenazas para una estructura relacionada con operaciones norcoreanas de trabajadores informáticos. El objetivo habitual de estas redes no consiste necesariamente en entrar rompiendo una contraseña.

Es mucho más sencillo.

Consiste en conseguir que la empresa les abra la puerta por caminos normales: Currículum, entrevista, contrato,usuario, contraseña, GitHub, repositorios y sistemas internos. El atacante deja de parecer atacante porque figura en Recursos Humanos.

Según la investigación, tres personas fueron incorporadas a Ballena Azul utilizando identidades que presentaban inconsistencias importantes. Uno afirmaba residir en Texas mientras entregaba una licencia de California y una cuenta bancaria de Nueva York. Otro presentó documentación cuya metadata indicaba manipulación mediante Google Gemini. Un tercero proporcionó una licencia aparentemente auténtica perteneciente a otra persona.

Después recibieron escritorios virtuales para trabajar. Ahí empezó la parte interesante.

Instalaron herramientas de acceso remoto, comprobaron direcciones IP, utilizaron VPN, accedieron a cuentas personales y recurrieron repetidamente a herramientas de inteligencia artificial. ChatGPT apareció como asistente de programación y redacción; Gemini, según los investigadores, había sido utilizado incluso para alterar documentación.

Pero cometieron un error magnífico; uno de ellos sincronizó su cuenta de Google con la máquina que le había proporcionado la empresa, solo que aquella máquina pertenecía a los investigadores.

De pronto, quienes pretendían observar desde dentro comenzaron a ser observados.

Esto no era una leyenda urbana

Conviene separar la parte divertida de la historia del problema real.

El Departamento de Justicia estadounidense lleva años documentando operaciones en las que ciudadanos norcoreanos obtienen trabajos remotos utilizando identidades falsas o robadas. En junio de 2025 informó de esquemas que habían conseguido empleo en más de cien empresas estadounidenses, apoyados incluso por redes de intermediarios y las llamadas laptop farms: ordenadores físicamente situados en Estados Unidos pero manejados remotamente desde el extranjero.

En otro proceso, cuatro ciudadanos norcoreanos fueron acusados de obtener empleos tecnológicos mediante identidades falsas y posteriormente robar más de 900.000 dólares en activos digitales de dos empresas. Uno de los acusados habría modificado el código fuente de contratos inteligentes para apropiarse de unos 740.000 dólares.

El Tesoro estadounidense elevó todavía más la dimensión del asunto en marzo de 2026: estimó que estas redes de trabajadores tecnológicos generaron casi 800 millones de dólares durante 2024, recursos vinculados posteriormente al financiamiento de los programas armamentísticos del régimen norcoreano.

Por eso Ballena Azul es interesante, porque no descubre que Corea del Norte utiliza trabajadores tecnológicos para conseguir divisas. Eso ya estaba documentado. Lo extraordinario es poder observar uno de esos mecanismos desde dentro.

Pero hay una pregunta anterior a la ciberseguridad

¿De quién es el trabajo de una persona?

Para un liberal, la respuesta debería ser obvia.

De esa persona.

Su inteligencia le pertenece.

Su tiempo le pertenece.

El fruto de su trabajo le pertenece.

Y precisamente por eso el aspecto más aberrante de esta historia no comienza cuando alguien utiliza una identidad falsa para infiltrarse en una empresa occidental. Comienza mucho antes, cuando un Estado considera que sus ciudadanos son recursos productivos a su disposición.

El gobierno norcoreano no inventó solamente una sofisticada industria de fraude internacional. Construyó primero una sociedad donde la autonomía individual prácticamente desapareció.

Naciones Unidas ha documentado durante años restricciones extremas a la libertad de expresión, asociación, movimiento, privacidad y acceso a la información, además del empleo institucionalizado del trabajo forzado. En 2024, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas describió precisamente el trabajo forzado en Corea del Norte como un fenómeno institucionalizado por el Estado.

Por eso conviene resistir una tentación.

Es fácil mirar las imágenes de estos jóvenes delante de una webcam y pensar simplemente: ahí están los malos.

Quizá algunos lo sean.

Quizá algunos participen conscientemente de operaciones criminales.

Pero sabemos demasiado poco sobre el grado de libertad real con el que actúan como para convertir automáticamente a cada uno de ellos en encarnación del régimen que los utiliza. Y ahí aparece una distinción esencial para cualquier filosofía verdaderamente liberal: el Estado norcoreano y los norcoreanos no son la misma cosa.

Confundirlos sería aceptar precisamente la ficción colectivista que sostiene al régimen. El individuo no es su gobierno.

El totalitarismo convierte personas en infraestructura

Hay una expresión especialmente reveladora utilizada en los informes estadounidenses: el gobierno norcoreano se apropia de una parte muy considerable de los salarios generados por estos trabajadores en el exterior. Es decir, un programador consigue un empleo, produce código y una empresa paga por ese trabajo. Sin embargo, el fruto de su trabajo termina siendo absorbido por la maquinaria estatal.

Visto desde la teoría liberal, estamos ante una versión tecnológicamente sofisticada de algo antiquísimo. La expropiación del individuo por el poder.

El trabajador deja de ser una persona que intercambia voluntariamente su conocimiento por dinero y se convierte en un activo económico de una organización política.

Es difícil encontrar una representación más clara de la diferencia entre trabajo libre y trabajo administrado. En una sociedad libre, una persona programa porque alguien desea contratarla y ambos aceptan las condiciones. En una sociedad totalitaria, el conocimiento de esa persona puede convertirse en una exportación del Estado, donde uno produce y el otro decide el destino del producto.

Y entonces aparece Bitcoin

Aquí la historia se vuelve incómoda también para quienes amamos las criptomonedas.

Corea del Norte utiliza activos digitales. Eso es cierto.

Los utiliza para mover fondos, evadir controles financieros y lavar dinero procedente tanto de operaciones informáticas como de robos. El Tesoro estadounidense ha identificado direcciones de Bitcoin, Ethereum y Tron relacionadas con algunas de estas redes. Pero de allí se desprende con frecuencia una conclusión equivocada:“Entonces las criptomonedas son el problema”.

No.

Sería equivalente a concluir que internet es culpable porque los espías utilizan internet. O que el dólar es totalitario porque una dictadura cobra en dólares.

Bitcoin no pregunta por la moralidad de quien transmite una transacción. Precisamente ésa es una de sus propiedades fundamentales.

Una red monetaria neutral no distingue entre el disidente que intenta sacar sus ahorros de una dictadura y el agente de esa dictadura que intenta mover fondos.

La neutralidad tiene un precio. Pero su alternativa también.

Porque para construir un sistema capaz de impedir anticipadamente cualquier utilización indebida habría que construir una autoridad capaz de decidir quién puede transmitir valor y quién no.

Y entonces habríamos solucionado el problema del autoritarismo creando otro.

Libertad no significa ingenuidad

Nada de esto implica que una empresa tenga la obligación de contratar a alguien que falsifica su identidad. La libertad contractual funciona en ambas direcciones. Quien contrata tiene exactamente el mismo derecho a conocer con quién está contratando que el trabajador a decidir para quién trabaja. Utilizar una identidad robada no constituye un ejercicio de libertad: es fraude.

Robar criptomonedas o acceder engañosamente a propiedad ajena tampoco es ejercer la libertad, porque el principio liberal no consiste en tolerar cualquier conducta, sino en distinguir con enorme precisión entre libertad y agresión.

Una persona puede usar una VPN, puede proteger su privacidad o cobrar en Bitcoin. También puede trabajar remotamente desde cualquier lugar del planeta y utilizar un seudónimo si la contraparte lo acepta. Nada de eso, por sí mismo, viola los derechos de nadie.

El problema aparece cuando existe engaño destinado a obtener acceso a propiedad ajena, suplantación de identidad, robo o incumplimiento deliberado de las condiciones bajo las cuales otra persona aceptó contratar. Ahí termina el intercambio voluntario.

El peligro de aprender la lección equivocada

Los propios investigadores recomiendan reforzar controles de identidad, realizar verificaciones periódicas, formar a reclutadores y vigilar determinados patrones tecnológicos.

Tiene sentido.

Una empresa privada debe protegerse. Pero aquí también conviene colocar un límite liberal.

La respuesta a Corea del Norte no puede ser convertir cada contratación remota en un interrogatorio estatal y cada usuario de una VPN en un sospechoso.

No deberíamos destruir las herramientas que protegen a millones de personas porque también las utilicen delincuentes.

La criptografía protege al disidente.

La VPN protege al periodista.

El cifrado protege al ciudadano.

Bitcoin permite transferir riqueza sin pedir autorización.

La inteligencia artificial permite trabajar a quien antes no habría podido hacerlo.

El trabajo remoto permite que un programador nacido en un país pobre venda su capacidad intelectual a una empresa situada a diez mil kilómetros.

Todas esas tecnologías reducen una característica que históricamente ha favorecido al poder: la necesidad de pedir permiso.

Naturalmente también pueden ser utilizadas por quien pretende dañarnos; la libertad siempre contiene ese riesgo.

Una sociedad absolutamente segura frente al mal uso de la libertad tendría que eliminar buena parte de la libertad misma.

Ballena Azul ganó porque podía experimentar

Y aquí quizá esté la ironía más hermosa de toda la historia.

¿Cómo fueron descubiertos los presuntos agentes de uno de los Estados más centralizados del planeta?

No mediante un Ministerio Mundial de Verificación Digital ni una identidad obligatoria universal o la abolición del anonimato. Los descubrieron unos investigadores independientes que tuvieron una idea disparatada: crear una empresa falsa y dejar que los infiltrados entraran.

Construyeron una web, se inventaron personajes, programaron infraestructura y los escritorios virtuales. Improvisaron reuniones e introdujeron fallos deliberados. Observaron comportamientos, compartieron información con otros investigadores. Es decir: experimentaron descentralizadamente y sin un plan maestro.

Algo profundamente hayekiano ocurrió allí.

Frente a una organización jerárquica y centralizada apareció conocimiento distribuido. Personas diferentes poseían pequeñas piezas de información: una dirección IP, una wallet, una metadata, un historial de navegador, una herramienta de acceso remoto, una identidad inconsistente. Ninguna pieza explicaba todo, pero juntas comenzaron a hacerlo. El conocimiento que permitió descubrir la operación no estaba concentrado en una autoridad omnisciente, estaba disperso.

Exactamente como ocurre en una sociedad libre.

La batalla real

Por eso Ballena Azul no es solamente una historia sobre hackers. Es una pequeña parábola política.

En un extremo tenemos un Estado que reclama la vida económica de sus ciudadanos, controla su movimiento, restringe brutalmente la información que reciben y dirige recursos humanos hacia sus propios objetivos.

En el otro tenemos una sociedad abierta llena de defectos, desorden, anonimato, criptomonedas, empresas privadas, investigadores independientes y tecnologías que cualquiera puede utilizar, incluso sus enemigos.

La primera parece ordenada, la segunda parece caótica.

Pero sólo una permite que alguien tenga una idea que nadie autorizó. Y ese detalle importa muchísimo. El liberalismo nunca prometió un mundo sin delincuentes, sin estafadores, espías o dictadores. Prometió algo mucho más modesto y muchísimo más importante: que ningún hombre debería disponer arbitrariamente de la vida de otro. Que el conocimiento debe poder circular y la propiedad tiene dueño. Que el intercambio debe ser voluntario y el poder necesita límites.

Y que el individuo existe antes que el Estado.

Quizá ésa sea la enseñanza más incómoda de Ballena Azul. No debemos defender la libertad porque sólo vaya a ser utilizada por buenas personas; si ésa fuera la condición, la libertad sería imposible.

La defendemos precisamente porque nadie debería tener el poder de decidir previamente quién merece utilizarla. Después castigamos el fraude, perseguimos el robo, protegemos la propiedad y responsabilizamos al agresor.

Pero no entregamos nuestras libertades como precio por sentirnos seguros.

Porque si para combatir a una dictadura necesitamos copiar su principio fundamental, que alguien desde arriba decida quién puede trabajar, comunicarse, ocultar su identidad, mover su dinero o utilizar determinada tecnología, quizá hayamos ganado la operación de ciberseguridad y perdido algo bastante más importante, que la libertad no es una herramienta del sistema.

Es el límite que le imponemos al sistema.