En 2019, en medio del cambio de gobierno en Panamá, surgió un debate entre quien escribe y un amigo liberal, que iba mucho más allá de la eliminación de retenes policiales. La discusión apuntaba a una cuestión de fondo: ¿qué sucede cuando el Estado adquiere facultades que restringen derechos individuales bajo el argumento de la seguridad, la administración o la eficiencia?
La preocupación expresada era que los retenes no representaban simplemente un mecanismo de control vehicular, sino una inversión del principio jurídico fundamental según el cual un ciudadano libre no debe justificar permanentemente su inocencia ante el poder.
La lógica liberal clásica sostiene que el Estado debe tener motivos concretos para intervenir sobre una persona. Cuando ocurre lo contrario —cuando se detiene a ciudadanos al azar para verificar documentos o detectar posibles infracciones administrativas— se produce un cambio sutil pero importante: el individuo deja de ser considerado libre por defecto y pasa a estar bajo sospecha permanente.
La cuestión no era solamente legal. Era moral e institucional.
El costo oculto de la burocracia
Otro aspecto señalado en aquella conversación era la tendencia de los gobiernos a medir únicamente los ingresos fiscales que generan determinadas regulaciones, ignorando los costos que esas mismas regulaciones imponen a la sociedad.
Tomemos un ejemplo sencillo. La renovación periódica de placas, permisos o certificaciones puede representar una fuente de ingresos para el Estado. Sin embargo, rara vez se contabiliza el tiempo perdido por millones de ciudadanos, las horas laborales desperdiciadas, los desplazamientos innecesarios, las filas, los trámites y la energía económica que se desvía desde actividades productivas hacia el simple cumplimiento burocrático.
Desde la economía institucional, estos costos reciben el nombre de costos de transacción. Son reales, aunque no aparezcan en ningún presupuesto oficial.
El resultado es paradójico: una medida que parece recaudar dinero puede terminar destruyendo más riqueza de la que genera.
La corrupción visible y la invisible
Cuando se habla de corrupción, la mayoría piensa en sobornos, contratos amañados o desvío de fondos públicos.
Sin embargo, existe una forma más profunda y menos visible de corrupción: aquella que queda incorporada a las propias reglas del sistema.
Cuando una estructura institucional permite discrecionalidad excesiva, controles arbitrarios o intervenciones permanentes sobre la vida cotidiana de los ciudadanos, se crean incentivos para el abuso incluso aunque no existan funcionarios particularmente corruptos.
No se trata únicamente de personas corruptas.
Se trata de instituciones que facilitan comportamientos corruptos.
Por eso el problema rara vez está en el agente de menor rango. La pregunta relevante es quién diseñó las reglas, quién las mantiene y quién se beneficia de ellas.
El silencio social
Quizás la observación más dura del intercambio fue la referida a la complicidad social.
Las restricciones a la libertad rara vez avanzan únicamente por decisión gubernamental. También necesitan la indiferencia de buena parte de la sociedad.
Empresarios que prefieren adaptarse antes que cuestionar.
Medios de comunicación que consideran ciertos abusos como algo normal.
Ciudadanos que aceptan pequeñas restricciones porque creen que afectan a otros.
Gradualmente se instala una cultura donde la defensa de los derechos individuales deja de ser una prioridad y pasa a verse como una molestia o una excentricidad.
La consecuencia es que las instituciones dejan de servir como límites al poder y comienzan a funcionar como herramientas de administración de la obediencia.
La lección
La discusión de 2019 sigue siendo relevante porque plantea una pregunta que trasciende a Panamá y a cualquier gobierno particular.
La verdadera prueba de una sociedad libre no es cuánto poder tiene un gobernante bien intencionado, sino cuánto poder se le impide ejercer cuando aparecen gobernantes menos virtuosos.
Las libertades individuales rara vez desaparecen de golpe. Normalmente se erosionan mediante pequeñas excepciones, trámites aparentemente inocentes y controles que la sociedad acepta porque parecen razonables en el corto plazo.
Y cuando finalmente se percibe el costo acumulado, muchas veces la maquinaria institucional ya está funcionando por inercia.
Como advertía Hayek, el peligro para la libertad no suele llegar disfrazado de tiranía abierta, sino de administraciones convencidas de que saben mejor que los ciudadanos cómo deben vivir sus vidas.
Durante años, una de las frases más repetidas por Michael Saylor fue simple y directa: «never sell» o su traducción “Nunca vendas tu Bitcoin”. Esa narrativa convirtió a Strategy (la antigua MicroStrategy) en una especie de vehículo institucional para apostar por Bitcoin, acumulando más de 843.000 BTC y transformándose en el mayor tenedor corporativo del mundo.
Por eso la noticia de esta semana que termina generó tanto ruido.
La compañía anunció la venta de 32 BTC por aproximadamente 2,5 millones de dólares, su primera venta significativa desde 2022. Aunque la cantidad representa apenas el 0,004% de sus reservas totales, el mercado reaccionó con nerviosismo y las acciones de Strategy cayeron más de un 6% tras conocerse la operación.
Sin embargo, desde nuestra perspectiva, quizás la pregunta correcta no sea si Strategy vendió demasiado, sino si alguna vez tuvo sentido creer que jamás vendería.
El problema del culto al HODL
Bitcoin nació como dinero. Y el dinero, por definición, sirve para intercambiar valor.
La cultura HODL ha sido extraordinariamente útil durante los primeros años de adopción porque ayudó a construir una base de usuarios resistentes a la volatilidad. Pero convertir el «never sell» en un dogma absoluto puede llevar a errores de análisis.
Las empresas no son monjes bitcoiners.
Son organizaciones que administran capital, deuda, dividendos y obligaciones financieras.
Strategy explicó que los fondos obtenidos serán utilizados para cumplir compromisos asociados a sus acciones preferentes. Es decir, la venta no fue motivada por una pérdida de confianza en Bitcoin, sino por necesidades operativas y financieras.
Desde un punto de vista empresarial, eso parece bastante razonable.
Lo verdaderamente importante
La noticia no es que Strategy vendió 32 BTC.
La noticia es que el mercado descubrió que las reservas de Bitcoin no son completamente intocables.
Durante años, muchos inversores asumieron que Strategy funcionaba como una especie de agujero negro que absorbía Bitcoin y jamás lo devolvía al mercado. Esa percepción contribuyó a crear una prima de valoración sobre la compañía y alimentó el famoso «Saylor premium».
Ahora esa premisa está siendo puesta a prueba.
Y eso obliga a evaluar el modelo con mayor realismo.
Una mirada libertaria
Los críticos del ecosistema suelen interpretar esta venta como una prueba de que Bitcoin no funciona como reserva de valor.
La conclusión es apresurada.
Lo que demuestra la operación es exactamente lo contrario: Bitcoin es un activo suficientemente líquido y valioso como para que una empresa pueda utilizarlo cuando necesita capital.
Eso es lo que hacen las compañías con cualquier activo de tesorería.
Venden una parte cuando necesitan financiar operaciones o cumplir obligaciones.
No hay herejía económica en ello.
De hecho, sería extraño que una empresa con más de 60.000 millones de dólares en Bitcoin jamás utilizara una pequeña fracción de esos recursos cuando las circunstancias lo justifican.
El verdadero examen para las tesorerías Bitcoin
La discusión de fondo es otra.
Durante los últimos años surgió una nueva categoría de empresas: las llamadas «Bitcoin Treasury Companies», firmas cuya estrategia consiste en emitir acciones, deuda o instrumentos financieros para acumular Bitcoin.
Mientras Bitcoin sube, el modelo parece brillante.
La pregunta relevante es qué ocurre cuando llegan mercados bajistas prolongados, quién toma las decisiones y quién paga los costos cuando se equivoca.
Si el precio de Bitcoin permanece años sin apreciarse significativamente, muchas de estas empresas deberán demostrar que pueden sostener sus obligaciones sin depender exclusivamente de nuevas emisiones de deuda o capital.
Tampoco convierte a Strategy en una empresa menos bitcoiner.
Lo que sí hace es recordar algo que el mercado a veces olvida: incluso las compañías más convencidas de Bitcoin viven en el mundo real. Y en el mundo real, la diferencia entre una estrategia sólida y una narrativa es que la primera puede sobrevivir cuando cambian las condiciones.
Precisamente ahora comienza la prueba más interesante para Strategy: demostrar que una empresa construida alrededor de Bitcoin puede generar valor no solo cuando el precio sube, sino también cuando deja de hacerlo.
No puedo más que insistir en que no es asunto de arrear sino de liderar mediante sanos principios y buenos ejemplos. Y por allí me parece escuchar algún centralista paternalista y condescendiente que me dice algo como: “Sí, Bennett, lo que no entiende es que eso puede funcionar con una población educada. Aquí no queda otra más que arrear.” Lo cual dicho de otra manera sería: “Aquí, no queda otra que regalar pescado y no enseñar a pescar”.
¿De veras?, que simplemente nos quedamos así bajo la esperanza e ilusión de que en algún futuro lejano e incierto lograremos cultura y educación? ¿Acaso no existirán formas de enderezar un poco más rapidito los caminos del servilismo? ¡Claro que hay!; pero, educar al pueblo no apetece nuestra cultura partitocrática parasitaria, de políticos para quienes el gobierno es el negocio. Tirar por borda ingentes esfuerzos de adoctrinamiento en las aulas del NODUCA y tal es impensable. Un pueblo en servidumbre es esencial para el gallinero lleno de gallinas y posturas.
“Y dígame, don Bennett”: ¿Cuáles son esas formas de enderezar malos caminos en el Panamá de los “¿…viejos senderes retorcidos que el pie, desde la infancia, sin tregua recorrió…?” Habría que recurrir a la utopía de sanos principios que deberían quedar grabados en la constitución y llevados a la práctica política y gubernamental.
¿Se imaginan como sería si uno de los Diez Mandamientos dijese algo cómo?: “No es malo mentir si es para regir.” Artículo 91 de nuestra constitución: “…los padres de familia tienen el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos.” ¡Qué magnanimidad!, que la constitución nos conceda un derecho que existe más allá de la misma. ¿Qué buscaban los constitucionalistas con eso? Queda claro en la primera parte del Artículo 91, en dónde el estado y sus políticos se abrogan la “organización y dirección de la educación.” ¿Qué tal nos va con eso?
La peor ley es la imposible de cumplir. El ejemplo ridículo y absurdo sería una ley que prohíbe respirar. Y, sin embargo, mucha de nuestra Constitución y sus reglamentos van por esos laberintos caminos. Y menos mal, pues de aplicarse sería trágico; como trágica ha sido la creación del NODUCA.
He sacado a relucir lo anterior en aquellos momentos del COVID, que nos mueve a mirar con mayor detenimiento esas políticas de encierro dictadas con la supuesta finalidad de resguardarnos del virus. Pero, lo que no sabíamos entonces ni ahora, es que el más virulento de los virus se llama “gobierno desbocado”, que es el creador de la peor anarquía.
Igual ocurre con el NODUCA, creado para educarnos… en la servidumbre será; que es como salvar a un náufrago aventándole un ancla. Papa dios no nos puso grilletes de control sino que nos permitió acceso al fruto del bien y del mal; diciendo: “Creced y multiplicaos como las estrellas del cielo”. Pero para “crecer” hace falta ser libre.
Para cuidar al ganado se le encierra en corrales, pero no al ser humano. Pero— ¿cómo cambiar el desordenado apetito de quienes se creen reyes? La encerrona sólo alargó el proceso natural de una infección que no termina sino con la inmunización del rebaño. Sólo había que resguardar a los vulnerables; cosas que, en muchos casos, no se hizo, como en ciertos hogares para ancianos.
Aprender no es fácil. Allí les dejo otro caso histórico que saca a relucir la mentalidad centralista burrocrática, que es mi caricatura de ocasión. Muestra un histórico y verdadero edicto gubernamental supuestamente dirigido a evitar que los caballos se asustasen cuando pasaban los primeros automotores. Parte de la historia dejada en olvido. ¿Tal vez por pena?
La reciente adjudicación a Renfe del estudio de viabilidad para el futuro puente ferroviario sobre el Canal de Panamá ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la historia reciente del país. A primera vista, la idea parece irresistible: conectar Ciudad de Panamá con David mediante una línea ferroviaria moderna, integrar regiones históricamente aisladas y fortalecer la posición estratégica de Panamá como centro logístico continental.
Sin embargo, la verdadera discusión no debería girar en torno a la espectacularidad de la obra ni a la velocidad de los trenes. La pregunta central es otra: ¿estamos ante una inversión capaz de generar valor económico real o ante un megaproyecto cuya rentabilidad aún no ha sido demostrada?
Desde una perspectiva liberal clásica, ambas posibilidades siguen abiertas.
Más que un tren de pasajeros
Uno de los errores más frecuentes al analizar el proyecto es imaginarlo exclusivamente como un tren para transportar pasajeros entre Panamá y David.
Si ese fuera el único objetivo, las dudas serían considerables.
Panamá tiene poco más de cuatro millones de habitantes, una densidad poblacional relativamente baja fuera del área metropolitana y una extensa red vial que ya conecta ambos extremos del país. En ese contexto, justificar una inversión multimillonaria únicamente por el ahorro de algunas horas de viaje resultaría difícil.
Pero el proyecto parece perseguir una ambición mucho mayor.
La clave está en la logística.
Panamá no es un país cualquiera. Su principal activo económico es su posición geográfica. Durante más de un siglo, el Canal ha permitido que mercancías de todo el mundo crucen entre océanos. Sin embargo, el Canal mueve barcos, no cadenas logísticas completas.
El transporte moderno ya no depende exclusivamente de una infraestructura aislada. Los grandes centros logísticos globales combinan puertos, ferrocarriles, carreteras, almacenes, zonas francas y centros de distribución en sistemas integrados.
Rotterdam, Hamburgo o Singapur no son exitosos únicamente por sus puertos. Lo son porque han desarrollado ecosistemas logísticos completos alrededor de ellos.
Esa parece ser la visión detrás del tren Panamá–David.
El verdadero valor del puente ferroviario
En este contexto, el puente ferroviario sobre el Canal deja de ser simplemente una obra de ingeniería llamativa.
Se convierte en una pieza esencial.
Sin un cruce ferroviario eficiente entre ambas riberas, la integración logística nacional quedaría fragmentada. Con él, sería posible conectar puertos del Pacífico y del Atlántico, zonas logísticas, centros de carga y futuras conexiones regionales con Costa Rica y Centroamérica.
Un contenedor podría ingresar por un puerto, trasladarse rápidamente por ferrocarril, almacenarse, redistribuirse o continuar su recorrido hacia otros destinos sin depender exclusivamente del transporte por carretera.
Esa es precisamente la lógica del transporte multimodal que domina el comercio internacional moderno.
Y aquí aparece el argumento más sólido a favor del proyecto.
No necesariamente transportar pasajeros.
Transportar carga.
La pregunta que aún no tiene respuesta
Sin embargo, reconocer el potencial logístico no implica asumir automáticamente que el proyecto sea económicamente viable.
La historia está llena de infraestructuras técnicamente impresionantes que nunca lograron justificar su costo.
Los defensores del proyecto suelen mencionar beneficios esperados: desarrollo regional, empleo, integración territorial, atracción de inversiones y crecimiento económico.
Todo eso puede ocurrir.
Pero también puede no ocurrir en la magnitud esperada.
La diferencia entre ambas posibilidades depende de algo mucho menos emocionante que las ceremonias de inauguración: los números.
¿Cuántos contenedores utilizarán realmente el sistema?
¿Cuánto tráfico se desviará desde el transporte por carretera?
¿Cuál será el ahorro logístico efectivo para las empresas?
¿Cuál será la demanda de pasajeros?
¿Cuánto costará mantener la infraestructura?
¿Cuánto riesgo de sobrecostos existe durante la construcción?
Hasta el momento, las respuestas definitivas todavía no son públicas.
Y precisamente por eso conviene mantener una prudencia razonable.
El problema de los incentivos públicos
Aquí aparece una preocupación clásica del pensamiento liberal. Como suele señalar Thomas Sowell, «la cuestión fundamental es quién paga por las decisiones equivocadas».
Cuando una empresa privada financia una infraestructura, arriesga capital propio. Si calcula mal la demanda, pierde dinero.
No se trata de cuestionar la buena fe de quienes impulsan el proyecto.
Se trata de reconocer que los incentivos son distintos.
Por eso la transparencia resulta indispensable.
Los ciudadanos deberían poder conocer los estudios completos de demanda, los escenarios de riesgo, las proyecciones financieras y los mecanismos de financiación antes de comprometer miles de millones de dólares en recursos públicos.
Una oportunidad que debe superar una prueba económica
Desde una mirada liberal clásica, sería un error descartar automáticamente el proyecto por su magnitud. También sería un error aprobarlo únicamente porque suena prometedor.
La posición más razonable probablemente se encuentre entre ambos extremos.
Panamá posee condiciones excepcionales para convertirse en uno de los principales centros logísticos del hemisferio. Un corredor ferroviario moderno, integrado al Canal, a los puertos y a la red regional de transporte, podría reforzar significativamente esa ventaja competitiva.
Pero las ventajas potenciales no sustituyen a la evidencia económica.
La ingeniería demostrará si el puente puede construirse.
Los estudios logísticos determinarán si puede utilizarse.
Y solo un análisis financiero riguroso permitirá saber si los beneficios superan realmente los costos.
Hasta que esos números sean públicos, el entusiasmo puede ser legítimo.
Pero el escepticismo también. Y probablemente ambos sean necesarios para tomar una buena decisión.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lo dijo con una sonrisa en el Reagan National Economic Forum: «Simplemente agarramos las billeteras. Algunos de ellos podrían estar escribiendo su contraseña ahora mismo sin saber que ya no tienen nada.» No era un chiste. Era una declaración de poder. Y debería hacernos pensar a todos.
La operación, bautizada pomposamente como Operation Economic Fury, comenzó en marzo de 2025. En pocas semanas escaló de 344 millones de dólares incautados, a 500 millones, y ahora a casi 1.000 millones. Una multiplicación que no habla de éxito militar sino de algo mucho más inquietante: de qué tan fácil resulta barrer fondos cripto cuando tienes los recursos del Estado más poderoso del planeta.
«Agarramos las billeteras. Algunos podrán estar escribiendo su contraseña ahora mismo sin saber que ya no tienen nada.» — Scott Bessent, Secretario del Tesoro de EE.UU.
El problema no es Irán
Seamos honestos: el régimen de los Ayatolás es opresivo, corrupto y represivo con su propio pueblo. Nadie aquí defiende a Teherán. Pero el debate sobre si Irán merece sanciones es exactamente la trampa en la que no debemos caer. Lo que importa es el precedente técnico y filosófico que acaba de quedar establecido.
Durante años, la narrativa pro-cripto incluía un argumento que todos repetíamos: «Bitcoin es incautación-resistente. Si controlas tus llaves, controlas tus fondos.»Hoy sabemos que esa afirmación requiere un asterisco enorme: siempre y cuando el Estado no logre identificar las wallets, presionar a los exchanges intermediarios, o acceder a las claves mediante operaciones de inteligencia. Y cuando el Estado en cuestión es Washington, sus capacidades son formidables.
¿Cómo se hizo?
Bessent no explicó los métodos, y probablemente nunca lo hará. Pero las hipótesis son pocas: intercepción de claves privadas mediante operaciones de inteligencia humana o cibernética, presión sobre exchanges centralizados que custodiaban los activos, o cooperación forzada de intermediarios financieros. En cualquier caso, la lección es la misma: la descentralización técnica no equivale a inmunidad política.
Irán mismo entendió esto a medias. Mientras Washington confiscaba sus reservas cripto, Teherán diseñaba un plan para monetizar el Estrecho de Ormuz cobrando en Bitcoin: una plataforma llamada Hormuz Safe para seguros marítimos digitales. La ironía es brutal: intentaban construir una nueva fuente de ingresos cripto mientras perdían la anterior por el mismo flanco.
Lo que esto revela sobre la custodia
Si tus fondos estaban en un exchange con KYC que tiene presencia en jurisdicciones amigas de Washington, ya estabas expuesto. No hay novedad ahí. Lo preocupante es la escala y la velocidad: mil millones en pocas semanas, con el Secretario del Tesoro jactándose en televisión. El Estado no solo puede hacerlo; lo hace con orgullo y lo publicita.
Para quienes creemos en la soberanía individual sobre el dinero, esto es una señal de alarma clara. La autocustodia real —hardware wallets, multisig, sin exposición a exchanges regulados— sigue siendo la única barrera técnica relevante. No es perfecta. Pero es la diferencia entre tener un activo y tener una promesa.
La descentralización técnica no equivale a inmunidad política. La autocustodia real sigue siendo la única barrera relevante.
El elefante en la sala
Bessent cerró su intervención con otra frase memorable: «Están al final de su Tether financieramente.» . Un juego de palabras con la stablecoin que nadie en la sala pareció notar, o que todos prefirieron ignorar. Porque si alguien debería estar nervioso con esta demostración de fuerza, es precisamente el ecosistema de stablecoins centralizadas que, por diseño, tiene un interruptor de apagado.
Tether, USDC, y sus equivalentes son convenientes. Son líquidos. Son el puente entre el mundo cripto y el financiero tradicional. Y son, en última instancia, controlables. Ese es el trade-off que el mercado elige cada día al preferir la comodidad sobre la soberanía.
El mapa ha cambiado
No existe el dinero mágico que ningún Estado pueda tocar. Existe el dinero más difícil de tocar, que requiere disciplina técnica, conocimiento y voluntad de asumir fricciones que la mayoría prefiere evitar. Bitcoin bien custodiado sigue siendo el activo más resistente a la confiscación que existe. Pero «bien custodiado» tiene un precio de entrada en conocimiento y responsabilidad.
Lo que Washington acaba de demostrar no es que cripto falló. Es que la promesa de soberanía financiera no viene por defecto: se construye, wallet por wallet, clave por clave, con la misma atención que uno pondría en cualquier otro bien verdaderamente irremplazable. El resto es ilusión.
Colombia amaneció este lunes con dos nombres tatuados en su destino inmediato: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Los resultados de la primera vuelta del 31 de mayo de 2026 no solo definen quiénes disputarán la presidencia el 21 de junio; trazan una frontera profunda entre dos visiones de Estado que difícilmente podrían ser más antagónicas. Con una abstención históricamente baja para una primera vuelta y más de 20 millones de votos emitidos, Colombia habló alto y con una claridad inquietante: el centro no existe.
Lo que ocurrió ayer no fue únicamente una elección. Fue la certificación de que la polarización que Gustavo Petro instaló en el imaginario político colombiano ha dado a luz a su propio espejo: una ultraderecha populista que adopta el mismo lenguaje emocional, la misma retórica de salvación nacional y el mismo desprecio por los matices que caracteriza a los extremismos bien conocidos en la región. El uribismo tradicional fue desplazado. Paloma Valencia, con apenas un 7%, representa el cadáver político de la derecha moderada. El futuro se dirimirá entre dos proyectos que, desde una perspectiva liberal clásica, generan inquietudes legítimas aunque de naturaleza muy distinta.
«La primera vuelta ha confirmado que Colombia no tiene un candidato de centro viable para el balotaje. Es la primera vez en la historia reciente del país que los dos extremos del espectro se enfrentarán solos.»— Análisis de Mundiario, 1 de junio de 2026
I. Abelardo de la Espriella: el outsider que sorprendió
Abogado penalista nacido en Montería, conocido por defender a figuras públicas y empresarios en procesos judiciales complejos, De la Espriella construyó su candidatura sobre el movimiento Defensores de la Patria desde finales de 2025. Su ascenso fue meteórico y su victoria en primera vuelta, con más de diez millones de votos, es políticamente significativa: logró penetrar en feudos de la Costa Caribe donde el Pacto Histórico esperaba dominar. Su fórmula vicepresidencial, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, aporta credencial técnica a una campaña que en lo demás ha apostado por la confrontación visceral.
Su programa, bautizado como «El Milagro de los Nunca», propone una reducción del Estado en un 40% en cuatro años, un ajuste fiscal de 70 billones de pesos, rebajas tributarias para estimular la inversión privada, y un crecimiento anual del 7% «al estilo de Corea del Sur». En materia de seguridad, promete construir diez megacárceles privadas en la selva siguiendo el modelo del presidente Bukele de El Salvador, retomar la fumigación aérea con glifosato de 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos, y recuperar en noventa días el control de zonas dominadas por grupos armados bajo lo que denomina una «Pax Romana».
Desde una óptica liberal minarquista, la propuesta económica de De la Espriella tiene un atractivo superficial: reducir el Estado, bajar impuestos, liberar el mercado. Sin embargo, es necesario distinguir con precisión entre liberalismo y populismo de derecha. El primero confía en las instituciones, el Estado de derecho y los límites del poder ejecutivo. El segundo utiliza el lenguaje del mercado libre como legitimación retórica mientras concentra poder discrecional en el ejecutivo, debilita los contrapesos judiciales y moviliza emocionalmente a las masas contra un enemigo interno.
Advertencia — Radicalización institucional
La promesa de suspender los efectos de la JEP por decreto presidencial, la referencia al «estado de excepción» como instrumento de gobierno y el modelo Bukele de detención masiva sin garantías procesales son incompatibles con el liberalismo clásico. Un Estado mínimo que tortura o encarcela sin juicio no es minarquista: es autoritario. La diferencia no es cosmética; es constitutiva. Colombia ha pagado un precio histórico enorme por la concentración de poder ejecutivo. De la Espriella, pese a su retórica pro-mercado, no ofrece garantías institucionales convincentes.
II. Iván Cepeda: la continuidad con otro rostro
Senador del Pacto Histórico, hijo de un senador asesinado por el paramilitarismo, exiliado, estudioso del derecho internacional humanitario, Cepeda representa la continuidad ideológica del proyecto Petro con mejores modales institucionales. Su programa, «El poder de la verdad», tiene 433 páginas y habla de cuatro «revoluciones»: agraria, social, ética y política. Propone redistribución masiva de tierras, 30.000 kilómetros de vías terciarias, ampliación del programa Colombia Mayor de tres a cinco millones de beneficiarios, la creación de un Banco del Pueblo para erradicar la pobreza monetaria y una transición energética que abandone la dependencia del petróleo.
Cepeda no es Petro, aunque lo prolonga. Es más disciplinado intelectualmente, menos dado a los estallidos autoritarios y más respetuoso de las formas democráticas. Sin embargo, su programa se lee, como han observado analistas de Cambio Colombia, «más como un manifiesto político que como un plan técnico de gobierno». La sostenibilidad fiscal de propuestas como ampliar Colombia Mayor, financiar créditos agrarios al 2% y crear múltiples fondos estatales nuevos depende de una reforma tributaria que el Congreso colombiano ha demostrado históricamente ser incapaz de aprobar en sus versiones más ambiciosas.
«El bloque social de Cepeda es real: campesinos, indígenas, afrodescendientes, sindicatos y jóvenes. Pero gobernar para ese bloque sin dañar el tejido productivo requiere una destreza fiscal que su programa aún no demuestra con claridad.»— Análisis comparativo, Razón Pública · Mayo 2026
III. ¿Cuál gobierno puede mejorar Colombia?
Esta pregunta, formulada con honestidad desde una perspectiva liberal minarquista, obliga a reconocer algo incómodo: ninguno de los dos finalistas representa un ideal liberal. Ambos proponen un Estado activo y potencialmente intervencionista, aunque en distintas áreas y con distintos riesgos para las libertades civiles.
El caso para una preferencia condicionada por Cepeda
Si la pregunta se reduce a instituciones, Colombia requiere un gobierno que respete el Estado de derecho, la independencia judicial y las libertades de prensa. El historial de Cepeda como defensor de derechos humanos, la ausencia de amenazas al sistema judicial y su menor predisposición al discurso de «estado de excepción» lo hacen preferible desde el ángulo de las garantías institucionales básicas. Un liberal clásico puede oponerse a su programa económico, pero puede al menos confiar en que las cortes seguirán funcionando y los periodistas no serán intimidados sistemáticamente.
El caso para una preferencia condicionada por De la Espriella
Si la pregunta se centra en economía y seguridad fiscal, De la Espriella tiene propuestas en el papel más compatibles con un Estado más pequeño y una economía de mercado. Su fórmula vicepresidencial, Restrepo, es un economista serio. El combate frontal al narcotráfico, si se ejecuta dentro del marco legal, podría reducir una de las principales fuentes de violencia e inestabilidad que impide el desarrollo. Un liberal pragmático podría apostar por su gestión económica mientras espera que las instituciones contengan sus instintos más autoritarios.
IV. El fracaso del centro y la lección que nadie aprende
Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín y candidato del centro ilustrado, fue eliminado. Paloma Valencia, con propuestas moderadas de centroderecha, quedó en un distante tercer lugar. El mapa electoral colombiano de 2026 confirma lo que ya insinuaba 2022: la polarización no es un accidente sino una estrategia rentable. Tanto el petrismo como su contraparte de ultraderecha se benefician de un electorado que vota por miedo al otro, no por amor a su candidato.
Para quienes creen en el liberalismo clásico —en la limitación del poder, en los derechos individuales, en el mercado libre dentro de un Estado de derecho robusto— Colombia ofrece hoy un menú de opciones profundamente insatisfactorio. Lo que resta antes del 21 de junio es observar con atención si alguno de los dos finalistas es capaz de moderar su discurso, construir coaliciones hacia el centro y ofrecer garantías institucionales suficientes para gobernar un país que no puede permitirse más experimentos ideológicos de alta temperatura.
V. Implicaciones para Panamá
Para la República de Panamá, las elecciones colombianas tienen consecuencias directas y concretas. El Tapón del Darién, el narcotráfico transnacional, los acuerdos de cooperación bilateral y la política exterior regional son áreas donde el próximo gobierno colombiano tendrá un impacto inmediato en los intereses panameños.
Con De la Espriella — Oportunidades
Mayor cooperación militar en el Darién: la estrategia «Pax Romana» implica presión sobre el Clan del Golfo, principal controlador del tráfico migratorio
Alineación ideológica con el gobierno de Mulino: coincidencia en política de mano dura migratoria y antinarcóticos
Probable acercamiento a Washington: relaciones más fluidas con EE.UU. facilitarían el trilateral Panamá-Colombia-EE.UU. para control del Darién
Reducción potencial del flujo migratorio si la fumigación y el combate al Clan del Golfo reducen las rentas criminales
Con De la Espriella — Amenazas
Riesgo de «balcanización» del combate: operaciones de fuerza bruta sin coordinación pueden desplazar flujos migratorios sin eliminarlos
Si usa decreto presidencial para suspender la JEP, podría tensionar acuerdos de paz que mantienen ciertos corredores controlados
Su estilo confrontacional puede generar inestabilidad interna en Colombia con efectos regionales
Fumigación aérea masiva puede afectar ecosistemas transfronterizos del Darién
Con Cepeda — Oportunidades
Continuidad del proceso de paz puede reducir zonas de conflicto armado en áreas limítrofes
Política exterior más activa en foros multilaterales: mayor coordinación regional en gestión migratoria
Enfoque en desarrollo rural colombiano podría reducir causas profundas de emigración
Relaciones diplomáticas más estables con Venezuela podrían facilitar la gestión regional de flujos migratorios
Con Cepeda — Amenazas
Continuación de la «Paz Total» implica negociación con el Clan del Golfo, que mantiene control del Darién como fuente de renta
Posible distanciamiento de Washington en materia de seguridad, debilitando la cooperación trilateral
Si la economía colombiana deteriora, aumenta la presión migratoria interna hacia el norte
Tensión con el gobierno Mulino si Cepeda adopta posiciones más cercanas a Venezuela o Nicaragua
En términos estructurales, el principal interés de Panamá es que Colombia tenga un gobierno capaz de ejercer soberanía efectiva sobre el Darién y de cooperar con seriedad en el combate al Clan del Golfo. Por este criterio específico, un gobierno de De la Espriella ofrece más retórica de acción inmediata; un gobierno de Cepeda ofrece más estabilidad a largo plazo si sus diálogos de paz producen resultados. Ninguno garantiza la solución definitiva de un problema estructural que lleva décadas.
VI. Lo que viene antes del 21 de junio
La campaña de segunda vuelta será probablemente la más tensa que Colombia ha vivido en décadas. Cepeda necesita convencer a los votantes de Fajardo, Valencia y otros candidatos del centro y centroderecha para alcanzar mayoría. De la Espriella parte con ventaja numérica pero enfrenta el desafío de que su voto duro tiene techo conocido y que el voto de miedo puede actuar en su contra tanto como a su favor.
Los colombianos que votaron ayer por candidatos eliminados tienen ahora la palabra más importante. La decisión que tomen en las próximas tres semanas no solo determinará quién gobierna Colombia hasta 2030, sino que enviará una señal sobre si la democracia colombiana es capaz aún de producir gobiernos que respeten las reglas del juego, las libertades fundamentales y la separación de poderes.
Desde esta orilla analítica, la preocupación no es ideológica sino institucional. Colombia merece un gobierno que administre bien el Estado, no que lo use como arma. Que reduzca la violencia sin convertirse en violencia. Que amplíe libertades, no que las suspenda en nombre de la seguridad. Ninguno de los dos finalistas ha demostrado todavía ser ese gobierno. La segunda vuelta es la última oportunidad para convencer.
Nota editorial: Este análisis fue elaborado el 1 de junio de 2026, horas después del cierre del preconteo oficial. Los datos electorales provienen de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. Las evaluaciones programáticas se basan en los planes de gobierno registrados ante el Consejo Nacional Electoral, declaraciones públicas de campaña y análisis de El Tiempo, El Espectador, Semana, La Silla Vacía, Razón Pública, Bloomberg Línea, CNN en Español e Infobae.
Perspectiva declarada: Este análisis adopta una perspectiva liberal minarquista: favorable a la limitación del poder estatal, al Estado de derecho, a las libertades civiles y económicas, y crítica tanto del autoritarismo de derecha como del populismo de izquierda. Esta perspectiva no es neutral; es transparente.
Hay actos que la mente financiera convencional es incapaz de procesar. Actos que solo tienen sentido cuando uno ha comprendido verdaderamente para qué fue creado Bitcoin. El pasado 25 de mayo de 2026, una entidad desconocida envió exactamente 107,1302 BTC —unos 8,5 millones de dólares al precio de hoy— a la dirección de quema más célebre de toda la red: 1111111111111111111114oLvT2. Para siempre. Sin vuelta atrás. Y el mundo financiero se rasgó las vestiduras.
El Acto
Cinco transacciones. Confirmadas todas en el mismo bloque, el número 950.962, a las 13:59 UTC. Coordinadas con precisión quirúrgica, pagando el doble de la tarifa estándar para garantizar su inclusión. Con un parámetro de locktime que sugiere planificación deliberada, no un error de dedo. Alguien lo hizo a propósito.
La dirección receptora, 1111111111111111111114oLvT2, es lo que en el ecosistema se conoce como una vanity address: fue construida intencionalmente sin clave privada. No existe nadie en el universo que pueda mover esos fondos. Son matemáticamente irrecuperables. Ese Bitcoin está muerto. Y ahora el saldo total destruido en esa dirección asciende a 807 BTC, el equivalente a unos 59 millones de dólares. Un cementerio de satoshis que crece en silencio.
Lo más revelador: esas monedas habían dormido durante 12 años. Fueron adquiridas cuando Bitcoin cotizaba por debajo de 600 dólares. Su portador vio cómo su inversión subía un 12.700%. Y las quemó.
La Histeria de los Expertos
Observen cómo reacciona el sistema cuando no comprende.
Los analistas de Galaxy Research barajaron explicaciones que revelan más sobre su propia cosmovisión que sobre el evento mismo: tax loss harvesting, actividad ilícita, error de un agente de inteligencia artificial… El analista de ETFs de Bloomberg, Eric Balchunas, habló de «agente IA descontrolado», secuestro, o razones fiscales. Conor Grogan, de Coinbase, apostó por el error de una plataforma de custodia al mover fondos de almacenamiento en frío.
Toda la inteligencia del ecosistema, movilizada, para no considerar la posibilidad más obvia: que alguien simplemente eligió hacerlo.
El único que rozó la verdad fue Adam Back, CEO de Blockstream y uno de los pocos que recibió correos del mismísimo Satoshi en los albores de este experimento. Back tuiteó escuetamente: «¿recompensa cuántica accidental?» — señalando que la clave pública de esa dirección es matemáticamente derivable, y que un ordenador cuántico suficientemente potente podría, en teoría, reclamar esos fondos algún día. Un enigma dentro del enigma.
Lo Que el Sistema Financiero No Puede Concebir
El dinero fiat no puede ser destruido voluntariamente con propósito. No existe tal acto en su gramática. Puedes quemarlo físicamente, sí, pero el banco central simplemente imprime más. El acto carece de consecuencias reales. Carece de peso ontológico.
Bitcoin sí tiene ese peso.
Cuando alguien quema Bitcoin, ocurre algo único en la historia monetaria: la oferta global se reduce de forma permanente, verificable e irreversible. El protocolo no miente. La cadena no perdona. No hay apelación posible. Ningún banco central puede deshacer la transacción. Ningún juez puede ordenar su reversión. Ningún gobierno puede confiscarlo para redistribuirlo.
El dinero que Satoshi diseñó tiene un límite de 21 millones de unidades. Es escaso por diseño, no por decreto. Cada moneda quemada no desaparece en la nada —sigue existiendo en el libro mayor para siempre, como testimonio del acto— sino que se sustrae de la circulación real, beneficiando marginalmente a cada uno de los restantes poseedores del activo. Es, en cierto sentido, el acto filantrópico más puro que puede hacer un bitcoiner: enriquecer a todos los demás sin pedir nada a cambio, sin intermediarios, sin aplausos.
Las Teorías Que Merecen Atención
Más allá del ruido, hay hipótesis que merecen considerarse con seriedad:
La hipótesis de la coerción. Un análisis en X señaló que el locktime presente en las transacciones podría ser una medida de protección: «puede ser una defensa ante recompensas bajo coacción». Si alguien te amenaza con violencia para que entregues tus claves, habrías preconfigurado el protocolo para que, transcurrido cierto tiempo sin movimiento, los fondos se destruyan automáticamente. Es la versión digital de la pastilla de cianuro diplomática. Libertad radical en su forma más oscura.
La hipótesis del difunto. Otra voz sugirió que «puede significar que alguien ya no está entre nosotros y no tenía herederos». El locktime apuntaría a un mecanismo de herencia-muerte: si el propietario fallece sin transmitir sus claves, las monedas se autodestruyen antes que caer en manos del Estado mediante procesos sucesorios.
La hipótesis ideológica. La más hermosa y la más incomprendida. ¿Y si alguien, simplemente, quiso enviar un mensaje? ¿Demostrar que el dinero libre es también el dinero que puede morir libre? ¿Que la soberanía absoluta incluye la soberanía sobre la destrucción?
La hipótesis cuántica. Adam Back no bromeaba del todo. La dirección 1111... tiene una estructura matemática que la hace técnicamente vulnerable a ataques cuánticos futuros. Quizás el donante, lejos de destruir sus monedas, las depositó como una recompensa para el primer ser —humano o artificial— capaz de romper la criptografía de curva elíptica de Bitcoin. Una prueba de fuego para el futuro de la red.
El Precedente Histórico
Esta no es la primera vez que ese cementerio acoge monedas ilustres. En 2014, el protocolo Counterparty quemó más de 2.131 BTC allí mismo para lanzar su red, en lo que fue la primera gran proof-of-burn de la historia. El proyecto Stacks (entonces llamado Blockstack) quemó 40 BTC en septiembre de 2015 para registrar un espacio de nombres. La dirección es, en palabras de los analistas de CoinTribune, «una especie de cementerio simbólico de la red Bitcoin».
Ahora alguien ha añadido su lápida.
Una decisión incontestable
Los bancos centrales del mundo imprimen billones sin preguntarle a nadie. Los gobiernos confiscan fortunas invocando leyes escritas por ellos mismos. Los intermediarios financieros cobran comisiones por el mero acto de custodiar lo que ya es tuyo.
Y el diseño de Bitcoin es precisamente para que ninguno de ellos tuviese la última palabra.
El desconocido que quemó 107 BTC el 25 de mayo de 2026 ejerció algo que el sistema monetario tradicional nunca ha concedido a ningún individuo en la historia: el derecho soberano e irrevocable de decidir qué hacer con su propio dinero, incluyendo destruirlo.
No lo entenderán. No pueden entenderlo. Pero la cadena lo registró. Y la cadena nunca miente.
La dirección de quema acumula hoy 807 BTC —unos 59 millones de dólares— que pertenecen al fuego. Para siempre.
El Financial Times publicó esta semana una investigación que, según sus autores, debería inquietarnos: las barreras de seguridad integradas en modelos de inteligencia artificial (IA) de código abierto —como los de Meta o Google— pueden desactivarse en menos de diez minutos, sin hardware especializado y con herramientas disponibles en cualquier repositorio público. El resultado: sistemas que acceden a información sobre armas, malware o sustancias peligrosas. La reacción refleja predecible ha sido exigir más regulación. Pero antes de que los legisladores se lancen a una nueva cruzada prohibicionista, conviene hacer algunas preguntas incómodas.
El espejismo del control en el punto de origen
La lógica regulatoria dominante sitúa el problema en la fase de desarrollo: si las empresas construyen modelos más seguros, el daño queda contenido. Es una intuición comprensible pero profundamente errónea cuando se aplica a software de código abierto. Una vez que los pesos de un modelo se distribuyen libremente por internet —como ocurre con Llama de Meta o Gemma de Google—, el código se convierte en un bien público irreversible. Regularlo en origen es tan efectivo como haber intentado prohibir Linux o el protocolo BitTorrent. Los expertos citados en el propio reportaje lo admiten sin rodeos: «Es poco probable que los gobiernos puedan impedir que actores decididos accedan o modifiquen modelos una vez que sus pesos se encuentren ampliamente replicados online.»
«Regular el código abierto en origen es tan efectivo como haber intentado prohibir Linux o el protocolo BitTorrent.»
Esta no es una posición radical. Es simplemente la realidad técnica y económica de cómo funciona la distribución digital. Y sin embargo, los marcos regulatorios que se están construyendo —el AI Act europeo, los enfoques emergentes en el Reino Unido y Estados Unidos— siguen apostando mayoritariamente por controles sobre los desarrolladores originales, como si el resto de la cadena no existiese.
Los costos invisibles de la prohibición
El debate sobre la seguridad de la IA tiende a contabilizar sólo los riesgos de la tecnología y a ignorar por completo los costos de su supresión. Pero esos costos existen y son enormes. Los modelos de código abierto democratizan el acceso a la IA (inteligencia artificial): médicos rurales en países sin infraestructura tecnológica, periodistas en regímenes autoritarios, investigadores académicos sin presupuesto para APIs comerciales, pequeños emprendedores que compiten con gigantes corporativos. Todos ellos dependen de sistemas que ninguna empresa cerrada les ofrecería en igualdad de condiciones. Cuando los reguladores hablan de «restringir los modelos de código abierto de alto riesgo», rara vez mencionan a estos usuarios. Sus costos no aparecen en los informes del Financial Times.
La alternativa cerrada tampoco es el paraíso de la seguridad que sus defensores proclaman. Los modelos propietarios de OpenAI, Anthropic o Google son igualmente vulnerables a los llamados «jailbreaks», sometidos a presiones comerciales que a menudo priorizan el lanzamiento sobre la auditoría, y opacos por definición: nadie puede examinar sus pesos, sus sesgos ni sus fallos. La seguridad que ofrecen es en gran medida una seguridad de marca, no una garantía técnica verificable.
Dónde tiene sentido actuar
La perspectiva liberal no implica ingenuidad ante los riesgos reales. Implica precisión en el diagnóstico y proporcionalidad en la respuesta. Los expertos del propio artículo apuntan en la dirección correcta cuando señalan que la regulación sería «más efectiva si se enfocara en el despliegue, la distribución y el uso dañino en el mundo real», en lugar de en la capa de desarrollo. Eso es razonable. El abuso concreto de un modelo —ya sea para fabricar malware, generar desinformación o diseñar armas— puede perseguirse mediante el derecho penal existente, sin necesidad de crear nuevos cuerpos burocráticos que supervisen el entrenamiento de modelos como si fuese enriquecimiento de uranio.
Del mismo modo, los estándares de transparencia sobre el uso real de estos sistemas en infraestructuras críticas —salud, energía, justicia— son razonables y justificables. Lo que no lo es es construir un régimen de licencias y restricciones previas que, en la práctica, sólo podrán cumplir las grandes corporaciones tecnológicas con ejércitos de abogados, mientras los actores pequeños y los investigadores independientes quedan excluidos del ecosistema. Eso no es seguridad. Es la captura regulatoria de siempre con un barniz de ingeniería de sistemas.
El conocimiento no se regula: se gestiona
Hay una tensión irresuelta en el corazón de este debate: los mismos actores que más se beneficiarían de restricciones al código abierto —las grandes empresas de IA propietaria— son quienes más recursos tienen para influir en el diseño de esa regulación. No es una teoría conspirativa; es la dinámica habitual de cualquier mercado regulado. El resultado casi invariable es lo que los economistas llaman «barreras de entrada disfrazadas de bien público».
El conocimiento técnico, una vez distribuido, no puede devolverse a la caja. La historia de internet, de la criptografía, del software libre, lo demuestra sin excepción. Los modelos de IA de código abierto son ya parte del paisaje tecnológico global, y ninguna directiva emanada de Bruselas o Washington va a cambiar ese hecho. Lo que sí pueden hacer los gobiernos es invertir en educación digital, en marcos de responsabilidad civil claros para el mal uso demostrado y en investigación pública sobre seguridad. Eso requiere menos retórica de emergencia y más paciencia institucional. Virtudes, hay que reconocerlo, escasas en temporada electoral.
El Papa León XIV ha publicado, el 25 de abril de 2026, su primera encíclica, Magnifica Humanitas, dedicada a la defensa del ser humano en la era de la inteligencia artificial. Entre los asistentes al acto de presentación estaba Christopher Olah, cofundador de la estadounidense Anthropic. Su intervención dejó una idea provocadora: interactuar debidamente con la IA es una cuestión más humana y religiosa que tecnológica.
¿Qué relación puede tener una tradición espiritual milenaria con la revolución del aprendizaje máquina?
La apuesta humana de la IA
La respuesta se remonta a finales de 2020, cuando los hermanos Dario y Daniela Amodei abandonaron OpenAI junto a quince científicos clave –incluido el propio Olah– para fundar Anthropic. Según explicó el propio Dario Amodei en una entrevista en 2024, no compartían la visión de Sam Altman, CEO de OpenAI, en materia de seguridad. Para ellos, ante la inevitable escala que alcanzarían estos modelos, el verdadero reto no era comercial, sino crucialmente humano: dominar a la IA y ponerla a nuestro servicio.
El primer problema que querían afrontar los fundadores de Anthropic era el del exceso de adulación. Para crear modelos de lenguaje como GPT se requiere una fase de entrenamiento donde se utiliza una técnica de aprendizaje por refuerzo que se basa en la retroalimentación humana. Esto significa que el objetivo de la IA nunca es llegar al fondo de la cuestión o generar la solución perfecta sino conseguir la mejor calificación posible por parte de sus evaluadores humanos. Y es por ello que surge la adulación como estrategia para tener contentos a los usuarios, aunque ello implique inventar o exagerar lo que convenga.
La IA Constitucional de Anthropic
La solución que desde Anthropic propusieron a esto es la llamada IA Constitucional. Consiste en “inculcar” una serie de principios fijos e inquebrantables, una constitución, en el modelo como base de su entrenamiento, de manera que primen la honestidad y la modestia por encima del espectáculo y la satisfacción del usuario.
Pero de poco sirven las normas o valores éticos si no tenemos garantías de que la IA vaya a respetarlas en la práctica. Por ello el segundo problema que abordaron los creadores de Claude es el de la falta de alineamiento.
Los objetivos de la IA rara vez coinciden con los nuestros y en ocasiones ocurre que esta es capaz de mentir o replicar sesgos cognitivos con tal de darnos una respuesta satisfactoria, aunque en realidad le falte información o incluso tenga constancia de que las cosas no son como nos está diciendo.
Por su naturaleza, una IA casi siempre es capaz de darnos una “explicación” plausible y convincente de los razonamientos que le han llevado hasta su respuesta. Pero ¿cómo podemos saber que internamente la IA está alineada con nuestros objetivos, que busca de forma sincera lo mismo que nosotros?
Un detector de mentiras para la IA
En la tecnológica americana lo han llamado “interpretabilidad mecanicista” y es algo así como una técnica para “leer el pensamiento” de la máquina mediante una especie de detector de mentiras informático. El objetivo es asegurarse de que los valores de esos billones de parámetros de las neuronas artificiales implicadas en el sistema se corresponden con aquello que buscamos, de manera que lo que “diga” la IA coincida con lo que “piensa”.
Este inflexible blindaje ético no ha tardado en generar fricciones geopolíticas. Recientemente, la Administración Trump vetó el uso de Claude en las agencias federales tras la negativa de Anthropic a suavizar las restricciones morales de sus modelos, que impedían al Pentágono usar su tecnología para el desarrollo de armamento autónomo.
Precisamente por el peso de estas decisiones, a finales de marzo de 2026 Anthropic organizó en su sede de San Francisco un inusual seminario donde reunió a 15 destacados líderes y teólogos cristianos junto a sus propios investigadores. Se trataba de buscar asesoramiento externo para el desarrollo del “espíritu”, del comportamiento ético y moral, de sus próximos modelos. Como Olah declaraba en su intervención, el impacto social de la IA ha alcanzado una dimensión tan profunda que exige trascender los límites de la propia tecnología.
Guiar la conciencia de la máquina
En definitiva, el rastro que conecta los pasillos del Vaticano con los supercomputadores de Silicon Valley no es la ingeniería, sino la antiquísima necesidad humana de descifrar y guiar la conciencia. Esta confluencia demuestra que, cuanto más autónomos se vuelven nuestros artefactos, más debemos ahondar en nuestras raíces para humanizarlos.
Esta revolución, como todas las grandes transiciones de la humanidad, nos impulsa, tal como concluye la encíclica papal, a un doble compromiso: “una profundización de la investigación científica; por otra, un ejercicio de discernimiento moral y espiritual”.
Esta mañana nuestra chef y mayordoma, al verme caminar hacia nuestro mirador selvático me alertó: “Tenga cuidado, Sr. Bennett, que ahora que la rama del árbol de mango se bajó, entre sus hojas hay un nido de… ¿abejas serán? Le tomé foto con el celular y agrandé la imagen… ¡nop!, son avispas; de manera que consulté con la IA quien me obsequió un mundo de conocimientos de fábula; de esa fábula que está a nuestro alrededor, en nuestros patios y tal, y que pasamos por alto e inconsecuente. Nuevamente ¡nop!, está lejos de “inconsecuente” y es penoso que no lo veamos. Adentrémonos a ese mundo de maravillas.
El asunto es que nuestra pasarela cubierta con lajas de piedra conduce a nuestro mirador selvático, a dónde a diario voy a meditar y hablar con Madre Natura.
De salida, como soy fan de las abejas, avispas, abejorros y de la naturaleza en general, al ver que el nido estaba justo sobre nuestra pasarela empedrada; y allí, entre las nuevas hojas primaverales de verde claro del mango, había un curioso nido o colmena.
Y sí, en esta época, pasado abril y entrando en mayo, es nuestra primavera que decimos no tenemos; pero… ¡vaya si no la tenemos! Otra cosa es que no la vemos y que llamemos invierno a nuestros veranos y veranos a nuestros inviernos. El asunto es que todo ello me lanzó en una aventura de investigación de la naturaleza; entre la cual no sólo están las avispas, abejas, árboles, sino también los humanos, que somos parte de circo o… “círculo” o anillo de la vida.
Chat GPT me dijo que eran “avispas papeleras”, también conocidas como cartoneras, de la subfamilia Polistinae, de regiones tropicales; que construyen su nido con celdas hexagonales bajo el paraguas protector de una hoja doblada. Les llaman “papeleras” pues con saliva y hojas secas trituradas construyen su hogar de papel. Y mi mente vagabunda me llevó a explorar la palabra “avispa”, con la cual forme el título de este artículo.
Avispas, naturaleza y la gestión de la escasez.
La palabra “avispa” viene del latín vespa, que tomó la inicial “a” debido a la influencia analógica con la palabra “abeja”. El nombre ha evolucionado a partir del indoeuropeo, tal como el lituano vapsà y el prusiano wobse. Es curioso que el latín vespa y sus derivados vespula y vespillo o vispillo, designen a los enterradores y oficios fúnebres de cremación; en particular de los pobres que solían hacer sus entierros al anochecer.
Pero… a todo esto, en la foto principal verán que las hojas del mango obstruyen el paso al mirador; lo cual no era así hace unas semanas. ¿Por qué habría de bajarse la rama del mango?; lo cual me llevó a formular una hipótesis, que luego me la confirmó la AI. Durante el inicio nuestra época seca invernal, nuestros árboles, como el mango, algarrobo y otros tantos, cambian a hojas con pocas estomatas, estructuras que controlan la transpiración, para no botar el agua escasa de la temporada seca. Al llegar la primavera, los árboles vuelven y cambian con hojas nuevas con cantidad de estomatas que transpiran agua o savia absorbida desde las raíces. Y, resulta que el galón de agua pesa 3.76 kg o 8.24 libras; y al llenarse todas las hojas del árbol provocan que las ramas se doblen con el peso.
En fin, las avispas de papel no son agresivas, pero si le meto la cabeza se emberracan y pican. La AI me explicó como mudar el nido o subir la rama y ahora tendré que ver como resuelvo.
Chat GPT me dijo que eran “avispas papeleras”, también conocidas como cartoneras, de la subfamilia Polistinae, de regiones tropicales; que construyen su nido con celdas hexagonales bajo el paraguas protector de una hoja doblada. Les llaman “papeleras” pues con saliva y hojas secas trituradas construyen su hogar de papel. Y mi mente vagabunda me llevó a explorar la palabra “avispa”, con la cual forme el título de este artículo.