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Categoría: Marcos Regulatorios

  • Las tres reformas para el día después. Parte III. Lineamientos para una reforma tributaria

    Un breve repaso por el origen de los impuestos, nos conduce a la primera idea que los impuestos son el producto de la “potestad tributaria del Estado”, con el objetivo de financiar sus gastos, que inicialmente fueron militares o de defensa.

    Más adelante en el tiempo,  con el surgimiento del estado de bienestar,  el impuesto pasó a ser una de las formas más robustas de redistribuir recursos para sostener la provisión de los bienes públicos necesarios para la iniciativa privada y comunitaria, comúnmente conocidos como salud, educación, carreteras, etc. En la sociedad más moderna, los impuestos se aplican para prevenir consecuencias sociales y económicas por el daño a la salud humana y por ello la política pública de usar los impuestos  para cambiar el patrón de consumo, desincentivándolo, como el impuesto al alcohol, azúcar o sal, etc.

    Cada vez que se plantea una posible reforma tributaria, es importante tener  en cuenta estas ideas principales de cómo funcionan los impuestos en una sociedad hoy día, porque las resistencias a las mismas provienen dependiendo de cómo cada uno sitúa su visión del mecanismo de los impuestos.

    Con la irrupción del Covid-19, se pusieron en la superficie una serie de debilidades estructurales del país que necesitan una urgente Reforma. Ya me he referido en dos artículos previos a las reformas en materia laboral y respecto a la desburocratización del estado. Hoy me refiero a la Tributaria, porque las dos reformas anteriores no podrían sustentarse sin tener una correlación con el recaudo necesario del gobierno para financiar una estructura moderna, flexible y dejar en poder del ciudadano más dinero para invertir en proyectos necesarios para la reactivación económica.

    Sumado a lo anterior, una reforma tributaria es vital para cumplir con las directrices internacionales como las surgidas desde la OCDE, sin sacrificar la soberanía del país en materia de impuestos. Uno de los elementos claves es mantener el equilibrio entre cumplir y a su vez ser competitivos. La única alternativa es que la ley sea única y uniforme para todo el país, sin diferencias entre zonas, industrias y geografía. Evitar el ring fencing.  Y para ello, se debería pensar en un Flat Tax, o un sistema dual: un impuesto corporativo para las empresas y uno sobre el ingreso para personas físicas y uno al consumo general para todos. Hay muchos más modelos, pero la idea de estas propuestas es someterlas a discusión, no que queden en un paper.

    El Flat Tax o sistema de tarifa plana impositiva, consiste en una tasa igual para todos, para todos los que tienen ingresos por encima de cierta cifra, que puede ser de diferentes niveles dependiendo del país. Por ejemplo, en Rusia y en Ucrania, esta tasa es de 13%, pero en Serbia es de 14%, en Eslovaquia de 19% y en Hong Kong de 15%. Las hay más altas, como en Latvia, de 25% o la misma Estonia, aunque la meta de ellos es del 20 %. El impuesto de tarifa plana es lo opuesto al sistema de impuesto múltiple que depende del monto de ingresos y del origen del ingreso, sean personas físicas o jurídicas.

    La esencia del sistema está formada por:

    Una tasa reducida. El objetivo de este tipo de impuesto es promover a la actividad económica, dado que los impuestos son literalmente un costo más. ¿Qué monto de tasa determinar? La respuesta más razonable es que nadie pague más impuestos de los ahora pagados, la tasa más baja en el sistema múltiple, debería ser la del impuesto único.

    Deducciones mínimas. Las leyes fiscales suelen estar repletas de sistemas de deducciones y situaciones especiales, las que bajo el nuevo sistema deben anularse totalmente. Piensen lo que se gasta hoy día en especialistas legales, contables, días enteros perdidos para encontrar facturación que respalde las deducciones, que si es deducible, que si no, que si hay excepción……una telaraña de aclaraciones y papeleos que hacen que los pagadores de impuestos deban utilizar su escaso tiempo en ello en lugar de dedicarse a producción de su empresa. En un sistema puro no habría deducciones. La idea central es la simplificación y por eso las deducciones deberían ser mínimas (quizás gastos de salud, por ejemplo) y serían también simples por diseño.

    Ingresos mínimos. Dependiendo de las circunstancias de cada nación, el Flat Tax establece un nivel por encima del cual ya se paga impuesto, eximiendo a los niveles bajos de ingresos. Lo que se gane por encima de ese ingreso mínimo sí estará sujeto al impuesto único; en la primera fase de la implementación es necesario tener estos niveles
    mínimos para incentivar a las personas de bajísimos recursos que puedan comenzar a capitalizarse, pero una vez logrados estos ingresos, el incentivo de sencillez de pago y bajo monto debe ser suficiente para que la ponderación de permanecer en el estado de pobreza sea menor al incentivo de ingresar a la formalidad con lo que ello significa en términos de crecimiento.

    Sencillez. Con una sola tasa y deducciones inexistentes o mínimas, el sistema de impuesto único se torna sencillo en extremo y la simplicidad debe ser un aliciente para el pago. Ya dejan de tener sentido las excusas de la complejidad, de necesidad de contratar especialistas y asesores. En Estonia, las declaraciones se realizan en media
    hoja y con la comodidad de poder realizarlo desde cualquier computador.

    Neutralidad. Bajo un sistema complejo de impuestos, la ley distorsiona la realización de inversiones haciendo que algunas de ellas se realicen solamente por motivos de beneficios fiscales y no por criterios de mercado. El impuesto único evita eso al hacer que dejen de tenerse consideraciones fiscales en criterios de inversión. Este tema, como señalé más arriba, es fundamental para seguir manteniendo competitividad internacional sin necesidad de colisionar con la OCDE.

    Promoción económica. Un sólo impuesto, bajo y sencillo, es un incentivo económico que promueve la inversión y la apertura de nuevos negocios, además de la reinversión en negocios existentes. Quita la incertidumbre de cambios fiscales impredecibles e invita a la inversión nacional y extranjera. Fomenta claramente la competencia de jurisdicciones, que no es más que la competencia entre gobiernos o países para la atracción de inversiones. De hecho, Alemania, Francia y España, por sólo citar algunos ejemplos están sufriendo la emigración masiva de sus industrias a países con impuestos planos y leyes laborales flexibles.

    Elimina impuesto sobre ahorro e inversión. Las personas no pagan impuesto por los intereses que reciben de sus ahorros. A su vez, las empresas descuentan como gasto el total de la inversión en terrenos, maquinaria y equipos en el momento en que se efectuó (depreciación instantánea).

    Elimina doble tributación. Las utilidades sólo tributan una vez, en la empresa. Por lo tanto, las personas no pagan impuestos por los dividendos que reciben porque éstos corresponden a utilidades que ya pagaron impuestos. También se elimina la tributación a las ganancias de capital de las personas o empresas por inversiones que tengan en acciones. Por definición, una ganancia de capital equivale al aumento en el valor presente de los flujos de utilidades futuras después de impuestos. En consecuencia, exigir pago de impuestos a la ganancia de capital es una doble tributación (Dan Mitchell).

    Por supuesto que siempre habrá resistencia al cambio, especialmente en sectores con intereses creados que se opondrán a tales reformas y preferirán un sistema de impuestos múltiples pero a la vez coexistiendo con sistemas de subsidios, deducciones, excepciones y demás. Entre ellos se podrían citar:

    • Grupos de interés: Si, por ejemplo, una industria o sector posee un tratamiento fiscal favorable que les hace pagar pocos impuestos, es natural que ese sector se oponga a la tasa única y que realicen acciones de presión sobre los legisladores para impedirlo.
    • Legisladores y el mismo gobierno opuestos. Por razones ideológicas, muchos legisladores o miembros del Poder ejecutivo se opondrían al sistema único de impuestos, quizás con buena intención consideran que se puede manipular a la economía por medio de tributos que incentivan algunas actividades y desincentivan otras.
    • Impacto en ingresos gubernamentales. Si bien a la larga el impuesto único elevará los ingresos del gobierno al aumentar la cobertura (pagan todos) y reducir la evasión, en el corto plazo podrá tener un impacto en los ingresos, haciéndolos quizá menores. Sin embargo, una correcta adecuación de sus funciones y planilla, definitivamente contribuirá a mantener estables los ingresos y por otro lado, existen causas que en principio parecen comportarse en forma extraña, pero generan un efecto contrario y que son:
      • Una reducción de tasa a las personas de ingresos altos podrá crear la idea de que pagarán menos los ricos, pero al quitar las deducciones es muy probable que terminen pagando montos mayores.
      • La ampliación de la base fiscal podrá hacer que muchos individuos paguen menos impuestos en términos absolutos, pero que lo hagan más personas, con un resultado neto de mayores ingresos, o quizá iguales.
      • El incentivo económico producirá mayor actividad y necesariamente mayores ingresos fiscales.
    • Visión de corto plazo. Si predomina la visión de corto plazo del gobierno se evitarán los beneficios del largo plazo, que son los más importantes. Es una posibilidad real que los gobernantes por presiones de popularidad rechacen cambios de beneficio general futuro. Cuando Mat Laar, ex Premier de Estonia inició el cambio, todos sus asesores económicos le dijeron, “realizar el cambio es imposible, es como caminar sobre agua”, pues bien, él dijo que iba a hacerlo y caminó sobre el mar y hoy, a poco más de 20 años, no sólo han salido de la pobreza más absoluta, sino que han reconvertido su precaria y deficiente economía agraria en un moderno país de servicios.

    El mecanismo del Flat Tax genera en las conductas de las personas los incentivos a:

    • Entrar a la legalidad por parte de personas en la economía informal.
    • Pagar impuestos correctamente.
    • Reducir el tiempo dedicado a calcular impuestos.
    • Reducir a la burocracia encargada de revisar las declaraciones de impuestos.
    • Reducir la evasión fiscal.
    • Elevar el número de personas que pagan impuestos.
    • El Flat Tax es una opción casi obligada para los países con economías emergentes/avanzadas como Panamá.
    • Su implementación sería realmente beneficiosa para todos, especialmente para los más pobres.

    A modo de resumen, los siguientes puntos  expresan las ideas principales del escenario y reforma tributaria planteadas.

    • Una reforma impositiva como la previamente planteada es numéricamente posible, según algunos estudios realizados por la firma Goethals Consulting.
    • La modificación impositiva por sí misma, mirando únicamente los números, no afecta de manera directa el desempeño de la economía Panameña, dado que la reforma desde el punto de vista únicamente numérico estudia la factibilidad de un cambio en el método de recaudación y no un cambio en la participación del estado en el mercado. Sí se considera que una propuesta de simplificación impositiva de esta magnitud puede ser una buena oportunidad para promover cambios y mejoras que permitan un crecimiento mayor o más sólido de la economía panameña.
    • El planteo de modificación impositivo sí produce efectos positivos “indirectos” sobre el desempeño de la economía Panameña.

    o             Eliminación de distorsiones y impositivas al centrarse la recaudación en un número sensiblemente inferior de cantidad de impuestos. Especialmente al eliminarse los impuestos indirectos. Esto puede contribuir a eliminar efectos adversos como desvíos de comercio.

    o             Disminución de costos de transacción tanto para el contribuyente como para el ente recaudador de impuestos generando recursos extras que se volverán al mercado como demanda u ahorros en lugar de financiar costos de transacción impositivos.

    En un viejo artículo, cuando el actual Senior de Impuestos en EY,  Jeffrey Owens , era el Director de Impuestos en la OCDE, explicaba los pros y contras de un Flat Tax, manteniendo una posición objetiva sobre el mismo y más inclinado a observar positivamente la evolución del mismo, admitiendo  que en Rusia, el aumento había sido monumental al año siguiente de implementado el Flat Tax, los ingresos personales aumentaron un 26% en términos reales, y en un quinto como porcentaje del PIB de Rusia.

    Actualmente, el influyente Senador de Italia , Mateo Salvini, clama por la implementación de un Flat Tax como una reforma necesaria para reducir la evasión y derrotar la burocracia post Covid.

    Las naciones con Flat Tax atraen empleo y capital desde los países con sistemas laborales inflexibles y con altos impuestos. Si no hacemos una reforma de este tipo, seguramente otras jurisdicciones captarán la tan necesitada inversión en tiempos de post Covid.

  • Impuestos para las actividades online?

    Si algo caracteriza la actividad mercantil online o “economía gig”, es la prevalencia de contratación a corto plazo o informal, en oposición a la formal o del trabajo permanente. Y, en tal sentido, hoy me movió a atacar las teclas de mi ordenador un artículo publicada en nuestra revista online, GCC Views, intitulado, “La OCDE publica avances sobre la imposición tributaria a las actividades online”. Como diría Mafalda: “¡Ah la gran flauta!” Y es que el desespero de gobiernos por mantener a flote brutales burrocracias no tiene límites. Y, sin embargo, persiste ese mercado informal panameño que sobrepasa el 40% de la actividad económica; mientras que, en otros lares, tal como en Zimbawe, se estima que el 90% de la economía es informal.

    Pero más interesante aún es que la economía gig o del “camarón”, como dicen en Panamá, está migrando online; es decir, que el online se está convirtiendo en una vía de escape a la pobreza, al tiempo que gobiernos y partes del sector formal se sienten amenazados y buscan intervención. Es más, y a pesar de los esfuerzos gubernamentales, OCDE y quien sabe quién más, los trabajos formales son incapaces de absorber los 122 millones de africanos que buscan salir de la pobreza.

    Pocos o nadie chistaría si la actividad gubernamental fuese ¡productiva! Pero por ahora no he encontrado a nadie que me diga que no se puede reducir el tamaño del gobierno, al menos, en un 50%. Yo propongo que puede ser en 80% o más. Y es que la dificultad de administrar con menos está en hacerlo mejor; y es allí donde duerme la langosta, en cuevas arrecifes sumergidas en oscuras profundidades.

    El artículo de GCC Views también informa que empresas como Booking.com, Etsy y Uber, apoyan la propuesta fisgona impositiva. ¿¡Cómo!? ¡Ho!, ya entiendo, es que una vez que un operador del mercado coloca su bandera en una porción del mismo, ya deja de luchar por la libertad de competencia y se vuelca a defender “su territorio” aprovechando ese clientelismo que fascina a demagogos. Es el caso no sólo de gobiernos sino de sindicatos y sindigarcas que defienden sus “conquistas”. Y, a todo ello, al rayo con los de más abajo.

    Pero lo que muchos no ven es que otro nombre para el “gig economy” es “capitalismo” o “libre mercado”. Y es que cuando Juancho Pueblo se baja de su auto Lyft, Uber o El Bote, luego de una carrera, lo hace cuando y porque le provoca. O está el caso del africano que se enteró del servicio de empatar a arrendadores con arrendatarios por medio de plataformas como Airbnb y se le ocurrió ofrecer su casa, mientras él se mudaba a una tolda; lo cual le resultó más que beneficioso.

    O está el caso de Jumia J-Force, en África, que le está llevando el comercio electrónico a quienes no tienen Internet. Esta empresa está presente en 16 países, permitiendo la entrega de más de 8 millones de paquetes al año; y logra en promedio unos 500 millones de clics al día. Pero… como toda esta economía naciente queda fuera del control y el intervencionismo, hay que atajarla.

    Podría escribir volúmenes más sobre esto, añadiendo cosas vitales, tal como en Panamá, en dónde la mayoría de las empresas han aprendido a usar la contabilidad como instrumento fiscal y no administrativo. Al parecer los impuestos son más importantes que la producción de riqueza. Luego no sabemos por qué tantas no subsisten.

  • La OCDE publica avances sobre la imposición tributaria a las actividades online

    La OCDE ha publicado los comentarios que ha recibido sobre la propuesta de un marco de Reglas Modelo para plataformas de economía gig y compartida (sharing economy) para que informen sobre las actividades de sus usuarios, para apoyar a las autoridades fiscales para garantizar la recaudación de impuestos.

    La consulta, lanzada en febrero de 2020, arrojó 20 respuestas, incluso de Booking.com, Etsy y Uber. Estos proveedores de servicios digitales en general apoyaron las propuestas de la OCDE en esta área, instando a los países  a adoptarlos para que los minoristas enfrenten un conjunto uniforme de reglas para todas sus operaciones en todo el mundo.

    Además de las Reglas Modelo, el Foro de la OCDE sobre Administración Tributaria ha desarrollado un Código de Conducta para proporcionar información y apoyo a los usuarios (freelancers, vendedores, etc) sobre sus obligaciones tributarias y minimizarles las cargas que conlleva el cumplimiento. Este Código de Conducta está destinado a complementar las Reglas Modelo, en particular en los casos en que los usuarios no están sujetos a la presentación de informes según las Reglas Modelo, por ejemplo, porque las transacciones están fuera del alcance o la jurisdicción no ha implementado las Reglas Modelo.

    En su respuesta a la consulta, Booking.com instó a la OCDE a que ‘se debe considerar cuidadosamente si las Reglas Modelo crean un desequilibrio en la igualdad de condiciones que existe actualmente en el mercado de plataformas. Cumplir con las Reglas Modelo debe imponerse por igual entre todos los jugadores del mercado y al final no debe ser que solo las plataformas más grandes soporten la carga ‘.

    Booking manifestó que ‘Basándose en experiencias prácticas con la proliferación de legislación similar a BEPS unilateral y multilateral, las Reglas Modelo y los procesos regulatorios deberían ubicarse en el contexto legal más amplio de las normas y legislación existentes a nivel nacional y multinacional (incluidas las normas que protegen los derechos de contribuyentes y normas de privacidad) ‘.

    En la presentación de Uber, Francois Chadwick, Jefe Global de Impuestos, dijo: ‘Creemos que las acciones emprendidas son de hecho un paso en la dirección correcta y tienen el potencial de conducir a resultados positivos para los usuarios, las autoridades fiscales y las plataformas’.

    Su presentación alentó a la OCDE a considerar las reglas de información que tendrían los ingresos de un usuario de la plataforma desglosados ​​en sus componentes. Sostuvo que: ‘Las Reglas Modelo relacionadas con los sectores de Transporte  de Pasajeros requieren que los Operadores de Plataforma entreguen la información, pero la información no proporcionará a las autoridades fiscales una imagen completa de los ingresos obtenidos por el  nuevo contribuyente. Por ejemplo, las Reglas Modelo solamente requieren que los Operadores de Plataforma compartan información de ingresos en Servicios Relevantes (o en un componente de servicio relevante), lo que excluiría elementos de ingresos como incentivos de socios (pagados por plataformas) y otras fuentes de ingresos como la publicidad ‘.

    ‘Nuestras líneas de negocio siempre buscan identificar nuevas fuentes de ingresos para los vendedores dentro de las plataformas. Para una prueba futura y lograr el objetivo del cumplimiento tributario simplificado, las Reglas Modelo deben considerar un enfoque más holístico para garantizar que todos los componentes de los ingresos se consideren como ya realizados en varios países. Las Reglas Modelo pueden necesitar considerar un enfoque más granular que considere la naturaleza, la fuente y el tipo de pago ‘.

    Uber también dijo que ‘el régimen de informes sugerido por la OCDE debería aplicarse por igual a todas las plataformas, mercados y jugadores similares’.

    ‘Para lograr un campo de juego nivelado, es importante comprender los matices de cada sector gig de economía compartida (incluidos sus modelos de negocio, métodos de pago, competencia con la economía tradicional, puntos de datos reunidos, oportunidades de aplicación)’, dijo Uber. ‘La economía gig es más variada de lo que parece al principio y sería difícil aplicar un único conjunto de reglas a todos los jugadores en los múltiples sectores. De hecho, preferiríamos que las reglas de la OCDE prevean un enfoque específico del sector. Esto permitiría que las Reglas Modelo impongan diferentes reglas más adecuadas para un sector en particular ‘.

    En su presentación, Uber instó a que ‘cuando las Reglas Modelo entren en vigencia, se debe introducir una ‘cláusula de extinción’ que revocaría otras obligaciones similares de intercambio de datos’.

    Como vemos, la OCDE sigue firme en gravar todas las actividades realizadas sobre plataformas tecnológicas y cada vez avanza más en el objetivo. De a poco, los freelancers, como traductores, programadores y muchas profesiones que pueden prestarse con un sólo click y totalmente online, serán informadas por las mismas plataformas a las respectivas autoridades tributarias de cada país donde se preste el servicio. Y esta información se vuelve vital en estos tiempos donde Corona virus mediante, el trabajo online se ha posicionado como una rápida salida laboral para muchas personas, que pasarán de ser empleados a pequeños empresarios contribuyentes.

  • Suiza se vuelve más competitiva a partir de su nueva reforma tributaria.¿Panamá debería hacer lo mismo?

    El 19 de mayo del pasado año, los votantes suizos aprobaron la Ley Federal de Reforma Fiscal y Financiamiento AHV (TRAF) que entró en vigor el 1 de enero de 2020. Considerada la tercera reforma importante del sistema de impuestos corporativos suizo, se puede argumentar que esta reforma es la de mayor alcance en sus implicaciones, dado su impacto en la fundación del sistema tributario suizo y su significativa reducción en las tasas impositivas cantonales.

    En Suiza hay varios tipos de impuestos y se cobran a nivel federal, cantonal (estado federado) y comunitario. La reforma fiscal prevé la abolición de los regímenes fiscales privilegiados a nivel cantonal (régimen de sociedades de cartera, mixtas y domiciliarias), la introducción de un «patent box regime»(las cajas de patentes permiten al gobierno suizo cobrar impuestos más bajos sobre los beneficios obtenidos de productos patentados) , una súper deducción de I+D y exenciones a efectos del impuesto sobre el capital.

    Además, la legislación tributaria aprobada ajustará la tributación de dividendos para individuos, el principio de contribución de capital y el sistema de crédito fiscal de suma global. Estos son los cambios más significativos:

    Impuestos de sociedades. Las empresas deberán pagar tasas impositivas más bajas en 2020 que en muchos cantones suizos. Las tasas efectivas de impuestos corporativos en todo el país en la mayoría de los cantones y municipios ahora estarán entre 12 y 15% (incluido el impuesto corporativo federal). En algunos cantones, como Zurich y Argau, la tasa efectiva se mantiene en 19.7 y 18.6% respectivamente. Si bien algunos de los cambios son modestos, otros son significativos: en la ciudad de Ginebra, por ejemplo, la tasa impositiva bajó del 24,16% al 13,99%. Los privilegios fiscales que se aplican a las sociedades de cartera, mixtas, principales y domiciliarias se eliminarán, ya que no cumplen con el derecho internacional.

    Impuesto sobre derechos de patente. Para alentar la investigación y el desarrollo, se reducirán los impuestos sobre las patentes y otros derechos similares. La reforma fiscal incluye instrumentos para promover la actividad empresarial en el área de investigación y desarrollo (I+D). Específicamente, los contribuyentes pueden solicitar una caja de patentes (incentivo fiscal). Según este acuerdo, las ganancias netas de las patentes se tienen en cuenta en el cálculo de la ganancia neta imponible en la proporción de los gastos calificados de I+D con respecto a los gastos totales de I+D por patente. Se aplica una reducción del 90%, aunque los cantones pueden elegir una tasa de descuento más baja.

    Además, los cantones tendrán la oportunidad de proporcionar una deducción adicional de no más del 50% por los gastos de I+D realizados por el contribuyente directamente o por un tercero en relación con el negocio del contribuyente.

    Dividendos. Se ha incrementado los impuestos sobre los dividendos de las participaciones individuales. El nivel federal se ha establecido en un 70%, mientras que el nivel cantonal variará, pero será de al menos el 50%. También hay un cambio en lo que se conoce como el umbral de transposición, que se había establecido en un 5%. El monto apropiado para gravar una transposición de acciones ahora se calculará con el producto de las ventas, menos el valor nominal y las reservas de contribución de capital.

    Ajuste del impuesto sobre el capital. A diferencia de la Confederación, los Cantones imponen un impuesto sobre el capital a las personas jurídicas además del impuesto sobre la renta. Este impuesto se basa en el capital propio de la empresa. Dado que la mayoría de los cantones permitieron una tasa de impuesto sobre el capital reducido para los estatutos fiscales especiales, TRAF autoriza a los cantones a proporcionar reducciones en el impuesto sobre el capital. Estas reducciones se refieren al capital social de una empresa vinculado al capital atribuible a participaciones calificadas, patentes y derechos similares, así como a préstamos intragrupo.

    Deducción por autofinanciamiento. Los cantones con una tasa combinada de impuestos corporativos cantonales, municipales y otros de al menos 13.5% también pueden introducir una deducción de intereses nocionales sobre el capital de garantía (deducción autofinanciada o «deducción de intereses nocionales»), también conocida como «Lex Zürich» en la medida en que ya que esta disposición ha sido hecha a medida para el Cantón. El capital social de seguridad es la porción del capital social que excede el capital social requerido para la actividad comercial a largo plazo. La tasa de interés se calculará en función de la tasa pagada en bonos federales a 10 años.

    Ecualización fiscal y refinanciamiento AHV. La TRAF también incluye medidas para reequilibrar la igualación fiscal entre el nivel federal y el cantonal, de modo que la compensación financiera federal para los Cantones se haya vuelto más alta. Principalmente por razones políticas y la aceptabilidad de la reforma debido al rechazo del primer borrador, TRAF también incluye una medida para refinanciar el AHV (seguro de vejez y sobrevivientes) al aumentar las contribuciones de empleadores y empleados por unos pocos puntos porcentuales.

    Impuestos mínimos y máximos. Por último, la desgravación fiscal máxima otorgada en virtud de las nuevas medidas está limitada a nivel cantonal. La reducción de impuestos, basada en el cuadro de patentes, la deducción de gastos de I+D y la deducción de intereses nocionales, no puede exceder el 70% de los ingresos antes de la pérdida de impuestos y la deducción de los descuentos. Los cantones son libres de elegir una tasa de descuento más baja. Esto les brinda flexibilidad en la forma en que responden y les permite tener en cuenta las características específicas de su propio sistema tributario.

    Como vemos, la TRAF proporciona a los cantones un margen de maniobra significativo para una diversidad de medidas fiscales, logrando incorporar el impuesto de sociedades suizo a los estándares impositivos modernos y a las posiciones de sus socios económicos al tiempo que ha permitido a Suiza permanecer a la vanguardia del panorama del impuesto de sociedades europeo gracias a las diversas medidas fiscales descritas anteriormente.

    Esta reforma tributaria de calado, que ha iniciado recientemente a regir, coloca a Suiza, especialmente post Covide, en una posición claramente ventajosa frente al resto de jurisdicciones como Panamá, que compiten por los escasos recursos globales de inversión. La legislación introduce un régimen competitivo de impuestos corporativos que tiene en cuenta los requisitos de la agenda BEPS de la OCDE y es totalmente aceptado a nivel internacional. Ellos comenzaron primero, no hay mucho tiempo para pensar y actuar en consecuencia.

  • Las tres reformas para el día después. Parte II. Lineamientos para una reforma laboral

    La pandemia, pero especialmente el lockdown draconiano, está generando ya mismo, graves dificultades económicas para mantener el régimen ya no de crecimiento, sino de estabilidad económica. En mi anterior artículo, hice un planteo sobre las tres reformas necesarias para enfrentar el día después. Ya me he referido  en la primer parte a la Desburocratización del Gobierno y paso a explicar a continuación la II Reforma, referida al ámbito laboral.

    La globalización de la competencia y el aumento del desempleo, deben movilizar al gobierno a buscar un gran consenso entre trabajadores (hoy mayormente desempleados), sindicatos y empresas para comenzar la senda reformista en materia laboral. La segunda gran reforma es necesaria si queremos ser atractivos en la oferta de “marcos institucionales” al mundo y evitar una caída catastrófica en nuestros indicadores, y por ende, la inversión, sea local o extranjera. De continuar la persistencia de este rígido sistema, pensado en y para un contexto diferente, no sólo será un obstáculo para la creación de empleo, sino que además  dificultará la adaptación de las condiciones de trabajo al cambio organizacional y tecnológico que se avecina post pandemia.

    La regulación laboral panameña es de las más rígidas de la región. En el plano de las relaciones individuales de trabajo se destaca el privilegio a los contratos por tiempo indefinido y la fijación de fuertes indemnizaciones al despido. Sumado a ello la profusa y detallada regulación de las condiciones de trabajo por medio de leyes de carácter general. En el plano de las relaciones colectivas, el monopolio legal de la representación sindical y la negociación  colectiva centralizada en torno de grandes sectores de actividad, como puertos, aviación, construcción, etc.  Adicionalmente, los altos costos extra-salariales resultantes de las contribuciones obligatorias de las empresas y los trabajadores con destino principal al régimen de seguridad social y al sostenimiento de los servicios de salud provistos por la Caja del Seguro Social.

    Comparativamente en la región, de acuerdo al informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Medición del Costo del Trabajo A salariado en América Latina y el Caribe, Panamá sólo es superada por Bolivia, en rigidez regulatoria y costo laboral por despidos combinados. A nivel regulatorio, sólo es superada por Venezuela y por Chile, pero en Chile el costo asociado es menor, lo mismo que Venezuela.

    Con respecto al costo no salarial/ PIB, Panamá (51 %) se sitúa por encima de las dos medias regionales también (49,5 %). Con respecto a los costos no salariales asociados al trabajo, Panamá sólo es superada por Argentina que tiene el nivel máximo de la región. Y con respecto al indicador de PIB por trabajador, Panamá tiene un indicador superior a la media de la región, sin embargo, Trinidad y Tobago tiene  casi el doble de aporte al PIB  debido al costo salarial que se sitúa por debajo de la media.

    La tarea por delante es mover a Panamá a cuadrantes verdes, por debajo de la media. ¿Por dónde comenzar? Planteando los lineamientos de una real y efectiva flexibilidad laboral (nuevas formas de contratos flexibles), la disminución de los costos laborales (reducción del costo de los despidos y la baja de las cargas patronales en materia de pago de indemnizaciones) y la libre elección o afiliación sindical.

    «Trabajo esclavo, precariedad laboral, derechos inalienables, neoliberalismo,  explotación», son parte de un extenso diccionario folklórico dominado por el sindicalismo y un ala progresista que hace callar a cualquiera que quiera demostrar que hace tiempo ya que el Estado empleador terminó reemplazando un auténtico mercado laboral que no funciona (debido a las restricciones laborales) llenándolo de empleados improductivos, culpables entre otras cosas, del crónico déficit fiscal. El sector privado panameño genera cada vez menos empleos por la rigidez, la litigiosidad, la conflictividad y los altos costos que forman este verdadero cepo laboral definido por los propios sindicatos en la mayor parte de los casos. Prueba de ello es la necesidad de establecer Contratos Ley especiales para cada inversión extranjera que quiere establecerse en el país. Una excepción a la vara común que deben soportar sobre todo pequeñas y medianas empresas, así como los noveles emprendedores de esta era tecnológica.

    Los lineamientos básicos de una Reforma deberían concentrarse en menos contratos. El actual Código, con cantidad de modalidades de contratación debe reducirse a pocas y efectivas fórmulas, sean los contratados nacionales o extranjeros. La libertad sindical, esto es, afiliarse o no, aportar o no, o la cantidad de sindicatos, debería quedar garantizado.

    Por el lado de los costos laborales,

    • En cuanto a las remuneraciones, se debería poder pactar con la empresa desde la estructura, oportunidades y hasta la forma de pago.
    • El monto de los salarios no debería ser inferior al de los mínimos legales a la fecha. Los incrementos salariales que se fijen es potestad de cada empresa y deberían ajustarse a las pautas de productividad, eficiencia y racionalidad.
    • La extensión de las vacaciones, las formalidades, los requisitos y oportunidades de goce, el tiempo y el pago, las debería fijar cada empresa.
    • El sistema de licencias los debería definir cada empresa.
    • La jornada de trabajo, debe poderse cambiar la duración y ser definida por cada empresa, de acuerdo a sus necesidades.
    • Las mayores horas trabajadas se deben pagar como las tradicionales horas extras.
    • En cuanto a las indemnizaciones, se podrá definir por empresa la extensión y modalidades para el preaviso y montos de las indemnizaciones por despido.

    Es necesario reducir el impuesto al trabajo; ningún país que se pretende competitivo, puede mantener las cargas sociales que tiene Panamá.  Y tenemos que hacer un enorme esfuerzo para invertir en la capacitación de la gente, no de los sindicatos o sus afiliados solamente.

    Ello nos lleva a otra reforma en conjunto a paralela a ésta, que es abordar el sistema de seguridad social en cuasi quiebra y fuertemente desacreditado en la opinión pública.

    Desde que se estableciera como sistema de carácter  nacional y basado en la solidaridad inter-generacional ,el  régimen previsional no fue modificado sustancialmente hasta mediados de los años 2000. El proyecto en elaboración estaba inspirado en la reforma chilena de 1980 y se proponía sustituir en el largo plazo el antiguo sistema público de reparto por otro de capitalización individual. Al ser una reforma a medias, tres pilares, quedó pendiente lo importante del sistema chileno, que es fundamental, que estos fondos son administrados por gestores privados de pensión.

    Esta reforma previsional según el modelo chileno reviste de un fuerte valor simbólico (reconocer que los aportes al sistema son privados pero contradictoriamente administrados por el sector público), al tiempo que ofrece a los empresarios, sindicatos y  banqueros, nuevas oportunidades de negocios a través de los fondos privados de pensión. ¿dije sindicatos? sí, sindicatos ingresando en negocios que tradicionalmente han sido manejados por banqueros o empresas administradoras de fondos.

    La  administración de los fondos de capitalización pueden quedar a cargo de sociedades constituidas a ese único fin, pero la recaudación de los aportes y para vencer la resistencia inicial, seguiría a cargo del Estado, que luego los  giraría a cada entidad. El Fondo de Jubilaciones y Pensiones debe conformar un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de las AFP y sus bienes y derechos deben ser inembargables y destinados a generar las prestaciones establecidas por ley. Las AFP cobran comisiones libremente establecidas, a cargo de los afiliados. Las inversiones de los fondos se efectuarían según un menú definido de instrumentos de inversión, debiendo estar todas las inversiones autorizadas por la Superintendencia. Los trabajadores contarían con la opción de traspasar sus aportes capitalizados a otra AFP en tiempos a definir y para fomentar la competencia entre ellas para beneficio del empleado.

    El acceso a estos ahorros privados de largo plazo que implicaría el sistema de capitalización sería un poderoso incentivo para la reacción favorable del sector de los bancos y las entidades financieras y de seguros, creación de instrumentos de inversión diversificados, sofisticados y un mercado secundario vigoroso. Sería dinamizar el tan alicaído sector de servicios que supimos ostentar.

    Vayamos un poco a la región para ver si ha habido experiencias recientes en temas laborales. Primero, una aclaración de datos: los números presentados más arriba son los últimos disponibles, y son anteriores a la Reforma Laboral implementada por Brasil. La reforma brasilera  se produce en el 2017, con 17.082 sindicatos en contra, pero con una caída de su PIB del 3,6 %, su recesión más grave en varias décadas y un indicador de desempleo cercano al 13,1  %, que fueron lo suficientemente convincentes para que la misma fuera aprobada por amplia mayoría.

    Los principales puntos de la reforma en Brasil son  1- Prevalecen los acuerdos por empresa y a nivel individual sobre las convenciones colectivas de empresa y por actividad. Permite adaptar condiciones laborales a realidades de cada sector y empresa y fortalecer el vínculo entre costo laboral y la productividad. 2- Permite acuerdos individuales para negociar fraccionamiento de vacaciones, pautas y jornada laboral y otras condiciones de trabajo.3- Se crea la figura de trabajador autónomo o monotributista que pueda prestar servicios a un único empleador pero sin el vínculo laboral permanente. 4- Determina que la contribución a los sindicatos pasa a ser voluntaria. 5- Crea nuevos tipos de contratos de trabajo y flexibiliza los procesos de contratación. El tiempo parcial puede ser de hasta 30 hs semanales, sin hora extras o de 26 hs semanales con hasta 6 hs extras. 6- Elimina la obligatoriedad de negociar con los sindicatos despidos colectivos. 7- Se flexibilizan las condiciones de desvinculación.

    Los primeros seis meses de reforma brasileña no redujo ni amplió los empleos, aunque sí hubo enormes cantidades de despidos laborales de común acuerdo, aumentó de 805 en noviembre del 2017 a 12.256 en abril del 2018, pero simultáneamente comenzaron a emplearse miles de personas que estaban en el mercado informal (con ello, ya podían acceder al mercado formal del crédito). También ha sido muy fuerte la caída de los juicios laborales iniciados por los trabajadores, que se redujeron 46% entre noviembre de 2017 y abril de 2018 en comparación con el mismo período 12 meses antes. De acuerdo al magistrado Ives Gandra da Silva Martins Filho, magistrado del Tribunal Superior del Trabajo (TST), con la reforma laboral de Brasil se crearon 500 mil puestos de trabajo. Finalmente, la tasa de desempleo ha ido reduciéndose lentamente hasta el 11.9 estimado para este año por la Organización Internacional del Trabajo (ILO). Lastimosamente, el Covid-19 afectará seguramente el camino emprendido de la Reforma, que incluso sin esa irrupción, aún es demasiado temprano para evaluar en su verdadera dimensión.

    Consideración especial sobre el salario mínimo.

    Miremos un poco los números proporcionados por los últimos informes de la Organización Internacional del Trabajo. La parte I del Informe Mundial sobre Salarios 2017 muestra que tras la crisis financiera del periodo 2008-2009, el crecimiento del salario real mundial comenzó a recuperarse en 2010, pero se desaceleró a partir de 2012, para caer en 2015 del 2,5 por ciento al 1,7 por ciento, su nivel mínimo en cuatro años. Ello marca un menor crecimiento salarial a escala mundial. Sin embargo, cuando el índice comienza a descomponerse, los países emergentes son los que acusan el peor comportamiento y en cambio, en los países desarrollados el crecimiento salarial ascendió. Entre los países desarrollados del G-20, el crecimiento salarial real trepó del 0,2 por ciento en 2012 al 1,7 por ciento en 2015, la tasa más elevada en el último decenio. El mismo informe señala: “Buena parte de estas tendencias se explica por el crecimiento salarial más acelerado en los Estados Unidos y Alemania”. Casualmente, estos países no poseen en su legislación un salario mínimo. Mejor dicho,  no existe  en casi todos los Estados  de los Estados Unidos y, al momento de la medición, Alemania aún no había establecido el salario mínimo que introdujo Angela Merkel.

    Regresando al Informe, pero esta vez el último disponible 2018/2019, el crecimiento mundial de los salarios en 2017 no solo fue menor que en 2016, sino que registró la tasa de crecimiento más baja desde 2008, situándose muy por detrás de los niveles alcanzados antes de la crisis financiera mundial. El crecimiento mundial de los salarios en términos reales (es decir, ajustado por la inflación) disminuyó del 2,4 por ciento en 2016 a un mero 1,8 por ciento en 2017. En Europa la tendencia fue  seguir disminuyendo hasta alcanzar un crecimiento cercano a cero en el 2017 por razón del crecimiento menor de los salarios en países como Alemania y Francia, y de la disminución de los salarios reales en España e Italia. ¿Es demasiado casual atribuir este comportamiento a la introducción del salario mínimo en Alemania? Son preguntas por ahora.

     

    Aún se están analizando los efectos de la imposición del salario mínimo en Alemania, pero ya hay algunos estudios, como el de Oliver Bruttel, economista y director del centro de negocios e información para salarios mínimos en Berlín, que explicaba en un trabajo publicado en 2019 que «nuestra investigación sugiere que el nuevo umbral salarial ha llevado a un aumento significativo en los salarios por hora para aquellos que ganaron menos de 8,50 euros por hora antes de la introducción del salario mínimo. Sin embargo, este aumento en los salarios por hora no se traduce completamente en un aumento en los salarios mensuales, ya que la evidencia disponible sugiere que las horas de trabajo se han reducido al mismo tiempo».

    Este experto argumenta que incluso cuando algunas investigaciones encontraron algún efecto en el empleo, ya sea positivo o negativo, su tamaño ha sido insignificante en relación con el número total de empleos. Además, este experto añade que «como en otros países, el salario mínimo no ha ayudado a reducir la dependencia del bienestar y el riesgo de pobreza… mientras que las empresas que tuvieron que aumentar los salarios porque pagaban a algunos de sus empleados menos que el salario mínimo antes de 2015 vieron disminuir sus beneficios».

    En Europa, Dinamarca, Suiza,  Italia, Chipre, Austria, Noruega, Islandia, Finlandia y Suecia no existe un salario mínimo establecido por ley, pero los trabajadores de los países nórdicos disfrutan de unos salarios medios comparativamente más altos. En 2019, los empresarios daneses pagaron unos mínimos de 16 dólares por hora por trabajador; una de las remuneraciones por hora más alta de la UE.

    En las Américas, el salario mínimo mensual  ha aumentado en gran parte del continente en el 2020 para preservar el poder adquisitivo de la población, cerrar brechas sociales y hacer frente a la devaluación de algunas monedas. Sin embargo, tener un salario mínimo legal no va acompañado en buena parte de los casos, a la productividad del país. Por ejemplo, tomando las referencias del último estudio comparado en la región, del 2017, nos revela cifras como las siguientes: Panamá es menos productiva que Chile, pero su salario mínimo es mayor. A su vez, Trinidad y Tobago con un salario mínimo mucho menor al panameño, es considerablemente mucho más productivo que Panamá.

    Por otro lado, si el salario mínimo se fija por encima de lo que trabajadores con muy pocas habilidades o experiencia, pueden aportar al empleador, éstos continuarán sin conseguir el puesto y se verán obligados a dedicarse a algún trabajo informal. Panamá tiene un gran porcentaje,  casi 45 de cada 100 personas ocupadas, exactamente 716,113 personas, en empleos informales, según la última Encuesta del Mercado Laboral del 2019.  Nadie es informal voluntariamente. La informalidad, en todas partes del mundo, es causada por las malas leyes y el exceso de regulaciones.

    Es imposible una estrategia de mercado y competitividad internacionales manteniendo relaciones de trabajo propias de una economía intervenida o estatizada de los 70s, especialmente ahora en un escenario post pandemia  y  una  situación  de  grave  emergencia  económica. Las demoras en tomar ciertas medidas para adecuar nuestro sistema laboral, agravarían el desempleo. Este debate se funda en la necesidad de construir sistemas laborales compatibles con el objetivo de defender el empleo existente y de crear nuevos puestos de trabajo, adaptándose a los cambios y poniendo énfasis en la formación profesional.

    Posiblemente habrá grupos que se perciben perdedores de las reformas y con poder de  veto en el proceso decisorio, pero si prestan atención a lo expuesto más arriba, deberían poder transformar este escenario perdedor, en una auténtica situación de ganancia para todos, donde se logre dejar atrás la crisis por medio de la estabilización de la economía. Sino, como dijera el Premio Nobel de Economía Gary  Becker, nos sucederá que «Cuando el salario no se ajuste a la productividad, la productividad se ajustará al salario».

  • Cómo prevenir la corrupción en las compras públicas en tiempos de Pandemia

    El nuevo estudio ‘Tecnología para la integridad en tiempos de COVID-19’ del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), recomienda a los gobiernos latinoamericanos el uso de datos y nuevas tecnologías para garantizar la integridad de las compras públicas y evitar casos de corrupción durante la mitigación de la pandemia del COVID-19.

    La rápida propagación del coronavirus ha obligado a los gobiernos a realizar compras públicas urgentes de bienes y servicios como camas, medicinas y material médico. En estos procesos, la existencia de casos corrupción limitarían la efectividad e implicarían sobrecostos innecesarios que reducirían la cobertura sanitaria a miles de personas.

    La INTERPOL ya advirtió sobre mecanismos de fraude telefónico y electrónico para extraer pagos de ciudadanos alarmados por adquirir medicinas u otros insumos para prevenir el contagio. El robo de suministros disponibles, aumento de precios y reventa en los mercados negros son oportunidades que aprovechan las redes de crimen organizado, así como el aumento de productos de mala calidad y/o falsificados que ingresan al mercado.

    A partir del examen de evidencia seleccionada, este documento ilustra cómo los datos y las nuevas tecnologías habilitan controles y mecanismos de transparencia en las compras públicas para la atención de emergencias, gracias a la digitalización de procesos que maximizan la exposición de las actuaciones de gobiernos y permiten rastrear el uso de los recursos en tiempo real.

    El análisis plantea 3 ámbitos en que el abastecimiento de bienes y servicios puede proteger contra la corrupción durante la crisis sanitaria:

    1. Rendición de cuentas orientada a resultados. Garantizando el destino específico de los recursos que administran los gobiernos y las organizaciones multilaterales, así como los resultados de ese gasto en materia de contención del brote del COVID-19, es el primer paso. Existen software de código abierto como OpenRBF que administra el financiamiento basado en resultados y desempeño en los sectores de salud, educación y gobierno. OpenRBF se introdujo por primera vez en 2014, aplicado a programas de educación y prevención del VIH en Burundi. Este modelo fue adoptado por Salud Mesoamérica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al combinar aplicativos de georreferenciación sobre el progreso de la pandemia (como los desarrollados por Singapur, Nueva Zelanda y España) con el esquema de transparencia presupuestal del OpenRBF se lograría una superposición permanente entre los mapas de abastecimiento para la atención de la pandemia y los resultados para frenarla.
    2. Publicidad de la contratación directa de emergencia. En general, la publicidad en la contratación no solo permite mostrar a la ciudadanía las actuaciones del gobierno, sino maximizar el nivel de respuesta a sus solicitudes de abastecimiento. Una solución tecnológica para estos casos ya fue desarrollada por los Estados Unidos; se trata de un sistema automático de alertas de contratos con el gobierno. Ucrania también obliga a que todos los contratos de emergencia se publiquen en su totalidad, incluidas las condiciones de pago, entrega y valor, en datos abiertos. La sociedad civil ha desarrollado la herramienta DoZorro para monitorear las adquisiciones médicas y los gastos de emergencia. Esto propicia un ambiente de control desde el sector privado y desde la sociedad civil, para que la declaratoria de emergencia no resulte en manipulación indebida de precios o de condiciones de suministro.
    3. Digitalización en la agregación de demanda para los gobiernos. Un instrumento conocido en compras y contrataciones tanto para gobiernos como para organismos internacionales es el Acuerdo Marco de Precios (AMP). El AMP es un contrato entre un comprador y uno o varios proveedores, el cual detalla el bien o servicio, el precio máximo de adquisición, garantías mínimas y plazo mínimo de entrega. Los proveedores son seleccionados en un mecanismo licitatorio. Una vez allí, ellos reciben las necesidades de abastecimiento y harán sus ofertas, de modo que el comprador elige la que mejor se ajuste a su requerimiento. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (CCE) está liderando innovaciones digitales para los AMP, respondiendo así a regulaciones extraordinarias para contratar en Colombia debido a la emergencia que representa el COVID-19. La Dirección de Compra y Contratación Pública de Chile (ChileCompra) por su parte, ha ido más allá y en datos abiertos haciendo posible para los usuarios determinar la trazabilidad de los AMP para la atención de la emergencia del COVID-19.

    El poder de disuasión de los gobiernos, en la era de los datos, no está en su capacidad de sancionar, sino en su potencial para anticiparse y prevenir la corrupción. Nuevos desarrollos en las tecnologías de información y comunicaciones, acompañados de una política de datos abiertos, podrían no solo cambiar el frente de batalla de lucha contra el coronavirus, sino que, bien aplicado y apoyado por los gobiernos y organismos internacionales, dejaría la puerta abierta a una mejora en los próximos años de la adopción de políticas de integridad al incorporar estas herramientas digitales como elemento esencial de una gestión racional e informada de la crisis.

  • Las tres reformas necesarias para  el día después. Parte I. La necesaria desburocratización.

    El panorama se nos presenta sombrío. Con  todo lo optimista que uno quisiera ser y ver el vaso medio lleno, lo cierto es que  para atenuar los primeros pronósticos del Banco Mundial sobre una caída de al menos 2 puntos del PIB panameño, no hay plan estatal que pueda funcionar. Sencillamente porque una caída en los ingresos estatales de cerca del 50 %, están demostrando que no sólo la situación económica ya venía un tanto débil, sino que agravada ahora por el Covide-19, no tendrá la fortaleza suficiente para sostener por un lado la burocracia estatal y por el otro, mantener la rueda de la actividad económica girando. Doble carga para un sector privado que a raíz de la pandemia, es descubierto por primera vez por mucha gente, como el real hacedor y generador de empleos y riqueza.

    Para romper con esta situación y generar crecimiento sin trauma, se deben adecuar los “marcos institucionales”. Ellos son los que permiten que fluya la inversión en un marco de competencia de jurisdicciones cada vez más acentuada; y más ahora con la aparición del Covide-19. Los países compiten ofreciendo “marcos institucionales” para atraer los recursos cuya movilidad ha acelerado la globalización. Tanto sea para atraer recursos externos como para retener a los propios. Los países que pueden ofrecer esas condiciones reciben recursos, los que no, los expulsan (personas, capitales, ideas, innovaciones, tecnologías).

    Entonces, ¿qué deberían hacer los responsables de las políticas públicas, no sólo para alivianar al único sector productor que hoy no puede soportar la enorme carga que pesa sobre sus actividades, sino para convertir al país en un imán para las inversiones, sean locales o extranjeras?  Tres reformas. Tres reformas correctas que lograrían transformar la Pandemia, de ser una amenaza a una enorme oportunidad para el país. Tres reformas que generarían un éxito económico como pocas veces visto. Tres reformas para situar al país en pocos años en la cima de cualquier  reputado ranking global.

    Primer reforma. Desburocratización del estado.

    Las necesidades estatales no han decrecido; curiosamente, a pesar de ya lejanas privatizaciones,  de la implementación de programas de modernización de la administración pública y el espectacular crecimiento que se ha logrado en los años post invasión, el Estado sigue utilizando mayores recursos en el gasto corriente, particularmente en el pago de salarios y compensaciones. El problema es la desorganización interna de las organizaciones públicas, y, si sumamos a esta desorganización el hecho de que la cultura paternalista  y el estado visto como generador de empleo ha continuado en aumento siempre, alcanzamos a visualizar el porqué de la necesidad de que los recursos con los que se mueve el sector público tengan que ser usados con la mayor eficiencia y eficacia posible.

    Complementariamente a ello, el exceso de regulaciones es motivo de una mala calidad institucional porque involucra al Estado en actividades que no debería realizar, crea gigantescas burocracias para atenderlo, oportunidades de corrupción y desvía la atención de los funcionarios electos de cuestiones que deberían ser prioritarias.

    El enfoque analítico necesario en esta reforma debe estar centrado en redefinir el rol del Estado, en delimitar las áreas de las que debe ocuparse y en establecer la estructura con la que debería hacerlo, eliminando o redefiniendo aquellas otras en las cuales se observe que han cumplido ya, o que nunca han cumplido, el objetivo para lo cual fueron creadas. El conjunto de acciones vinculadas con esta Reforma debe estar dirigido básicamente a mejorar la calidad y cantidad de prestaciones del Sector Público a la par que disminuyendo su costo por servicio, al impacto cuali-cuantitativo sobre el personal y a una re-definición de las estructuras del aparato estatal. Estas acciones implican lograr una mayor eficiencia del gasto público, lo que implica hacer más con menos.

    Un entorno macroeconómico estable es sólo una de las condiciones del crecimiento y el desarrollo de un país, pero no es automáticamente eficaz en un contexto de instituciones débiles  y mercados altamente regulados que favorecen la corrupción.

    La denominada “productividad del sector público” influye (directa o indirectamente, en las esferas económicas y sociales) en la posición cada vez más competitiva que los países deben mantener en un mundo de mercados globalizados.

    Según el Dr. Martín Krause, autor del Índice de Calidad Institucional, es muy difícil medir la “calidad institucional” de un país ya que se trata de un concepto “cualitativo” y, además, determinado por muy diferentes variables. Existen, no obstante, una serie de indicadores comparativos que nos permiten tener una idea de lo que estamos hablando, los que abarcan una gran cantidad de variables. Pero lo que es claro es que estos indicadores reflejan la posición relativa del país, aspecto fundamental que tienen en cuenta los inversores cuando consideran tomar sus decisiones.

    Como hoy nos concentramos en la primer reforma propuesta, esta es, la desburocratización del Estado,  analizaremos el comportamiento del Doing Business del Banco Mundial, que es parte integrante del mas completo Índice de Calidad Institucional , teniendo como parámetros la mayor o menor facilidad para hacer negocios en Panamá. Tomando en cuenta la media  de acuerdo a los puestos obtenidos en los últimos 15 años (72), hemos caído unos 15 puestos en el ranking, los cuales urge recuperar para que los negocios fluyan, quieran establecerse en el país. Necesitamos muchos más negocios para generar muchos más empleos si queremos llenar el hueco del 20 % de desempleo que prevee el mismo Ministerio de trabajo luego de la Pandemia.

    Los lineamientos básicos para una reforma de este tipo pueden abordarse en dos dimensiones: A) un nivel macro/funcional: particularmente se deben remover o transformar aquellos aspectos normativos que impidan o dificulten el redimensionamiento de los planteles a la nueva estructura ágil y moderna; la reforma de las estructuras orgánico-funcionales; la conformación, fusión o disolución de organismos u empresas estatales, autónomos, descentralizados y/o desconcentrados; y los procedimientos que habiliten la posibilidad de las tercerizaciones. B) un relevamiento normativo de las misiones y funciones y sus alcances, de todos los organismos panameños, y en consecuencia de las superposiciones de competencias y funciones que presenten, tanto dentro de sí mismos como entre los diferentes Ministerios y Organismos autónomos.

    Como resultado de ello, se dispondrá de elementos para eliminar funciones superpuestas o concurrentes; fusiones de organismos y/o departamentos; y  se elimine, en todo o en parte, aquellos que puedan ser tercerizados. Se contará así con un nuevo mapa institucional ultracompetitivo del sector público panameño.

    Uno de los aspectos contemplados en esta propuesta  está constituido por la determinación de las alternativas que se abrirán a los funcionarios como consecuencia de la racionalización administrativa, la reestructuración de las funciones y la privatización de servicios  seleccionados. La adecuada respuesta a la situación planteada supone hacer compatibles las soluciones desde la perspectiva de los funcionarios afectados por el proceso de transformación y desde las necesidades de la Administración de asegurar la eficiente y satisfactoria prestación de los servicios esenciales para su funcionamiento.

    Existen distintos mecanismos a aplicar en el caso de redimensionamiento de personal de una estructura pública. Algunos operan en forma directa como regímenes de retiro voluntario de personal, jubilaciones anticipadas y retiros indemnizados. Otros procuran una salida laboral para el personal. En esta línea se podrían considerar, en general, los planes de capacitación y apoyo para reconversión de acuerdo a las necesidades del sector privado y la apertura de opciones ocupacionales a los funcionarios afectados, en servicios de apoyo que puedan ser externalizados o privatizados.

    El plan de reconversión laboral podría considerar la inserción laboral en el sector privado basada en el desarrollo de incentivos a las empresas que tomen personal proveniente del sector público por efecto de la reforma, ellos pueden ser menores cargas tributarias, pago de una parte del salario por un tiempo determinado, etc  y la generación de empleos alternativos, concebida fundamentalmente como el otorgamiento de subsidios y asistencia técnica para la conformación de micro o pequeños emprendimientos que puedan brindarle productos o servicios en forma privada al propio Estado.

    También se hará necesario , una vez redefinido el rol del estado, que el Presupuesto del mismo sea vigorizado por flujos de participación privada en áreas donde se necesita una administración más eficiente y ágil que pueda adaptarse a las necesidades de los ciudadanos.  Ello contribuirá a la  contención o reducción del gasto público. También se necesitará el establecimiento de determinadas figuras contractuales que permiten la gestión directa o indirecta de los servicios públicos como el agua o corredores, o el fomento de la competencia entre los sectores público y privado, allí donde ambos pueden concurrir  en la oferta de servicios (jubilaciones y pensiones o sistema de salud tipo Bismark). Estas medidas tienen como objetivo evitar o reducir las ineficiencias asignadas tradicionalmente a la burocratizada gestión de la Administración Pública.

    Por último, pero no menos importante, es necesario realizar una reingeniería de procesos tendiente a simplificar y agilizar los mismos en aras de hacerlos cónsonos con tecnologías  apropiadas y teniendo como eje al ciudadano. Es importante entender este último punto: si se aplica tecnología o se pretende que por poner trámites online es modernizar el estado, el error es fatal, dado que sólo se está profesionalizando o tecnologizando la burocracia, pero no se la disminuye o elimina donde sea posible.

    Concluyendo, si no comenzamos ya mismo la desburocratización del estado, no sólo no se podrá reducir el déficit fiscal que se disparará por el Covid-19, sino que peligrará cualquier calificación del país a futuro, haciendo cada vez más difícil la competitividad jurisdiccional. Si no logramos hacer competitivo al país, la inversión, local e internacional, votará  yéndose a otros países o no llegando, con la consecuente pérdida de empleos o de generación de ellos. Hay que generar señales que iremos en este sentido, que haremos una reforma que nos permita mejorar sino regresar, a los indicadores que supo ostentar Panamá.

    Me dicen que no es viable políticamente, a lo que contesto con dos respuestas. La primera, si se ha logrado el lockdown sin resistencia, el argumento de que no es viable, simplemente es inviable. Y la segunda respuesta es que es lo correcto. Y lo correcto no lo es porque muchos lo digan, o aplaudan o condenen por Twitter; es porque es lo correcto, aún cuando sea asumido en soledad.

  • Una solución rápida para la crisis del desempleo temporal en Panamá

    Existe una gran cantidad de trabajadores cuyos contratos han sido suspendidos por un tiempo determinado, en virtud de la orden de cierre de sus empleadores, como consecuencia de la emergencia nacional, producto del CORAVID 19 y reglamentado por el Decreto Ejecutivo Nro.500 del 19 de Marzo de 2020.

    Por otro lado, empresas exceptuadas del cierre obligatorio, muy en especial los supermercados y empresas de logística, están necesitadas de trabajadores adicionales para hacerle frente a la gran demanda de negocio y suplir a los trabajadores vulnerables que, muy posiblemente, se encuentren bajo alguna de las medidas permitidas para no trabajar.

    La solución diseñada que les presento, junto a la firma Morgan & Morgan, se basa en que las empresas necesitadas de personal, pueden contratar mediante acuerdos temporales, cuyo fin podría ser la conclusión de la emergencia nacional y orden de reabrir negocios, a trabajadores que se encuentran bajo el esquema de suspensión de contratos, sin percibir ingresos algunos.

    El Ministerio de Trabajo puede reglamentar esta opción que conlleva los siguientes beneficios:

    1. El trabajador suspendido sin salario, comenzará a recibir el pago por sus servicios, ya sea en efectivo o mediante sistema de vales alimenticios o cualquier otro permitido por la ley.
    2. La empresa con necesidad de contratar personal, se asegura de poder prestar el servicio eficientemente y con la seguridad de que al término de la emergencia, los contratos temporales se dan por terminados.
    3. Podría regularse el pago de beneficios económicos al finalizar cada contrato temporal.
    4. Recomiendo que los trabajadores temporales contratados sean incluidos en la planilla de la empresa contratante y declarados en el SIPE, para seguridad tanto del trabajador como de la empresa, sobre todo, en caso de un riesgo profesional.
    5. El Estado podría ahorrarse el apoyo solidario que está ofreciendo a las personas que quedan sin ingresos, ya que los trabajadores suspendidos pero contratados por un tercero estarían percibiendo ingresos.

    Operativamente, la solución presentada funcionaría de la siguiente forma: Una cadena de supermercados, que se encuentra en grave necesidad de personal temporal, se contacta con una o varias empresas que se encuentran cerradas en virtud de la orden emitida por la autoridad, con el finalidad de que ésta o éstas le faciliten nombre de trabajadores que tienen afinidad con la operación que se requiere, de manera que se les contrate temporalmente, conscientes ambos de que al final de la emergencia volverán a laborar con su  empleador suspendido, y como beneficio comenzarán a recibir salarios, lo que no están percibiendo en este momento.

    Lo importante de la reglamentación es que se estimule a las empresas a este proceso, asegurando la legalidad de la contratación temporal, sin que constituya un riesgo económico para la contratante, y la seguridad para el contratado.

    Cabe destacar que esta  Reglamentación estaría encuadrada dentro de lo previsto por el art 199 del Código Laboral de la Repúbica de Panamá.

  • «Salvemos el trabajo», ¿podríamos replicar en Panamá la iniciativa checa que está preservando el empleo en medio de la pandemia?

    Como ya hemos comentado, la Pandemia no sólo es un virus afectando la salud; afecta la economía entera, cuya manifestación más dolorosa es la pérdida de trabajos. El covid-19 hará desaparecer globalmente, solo entre abril y junio de este año, el 6,7% de las horas de empleos, lo que equivale a la pérdida de 195 millones de puestos a tiempo completo, informó la Organización Internacional del  Trabajo (OIT).  El documento prevé que la región de Latinoamérica y el Caribe pierda 14 millones de puestos de trabajo, mientras que Centroamérica verá destruidos 3 millones de empleos.

    «En términos de empleo en riesgo, en América Latina tenemos identificado que un 44% de los trabajadores lo hacen en sectores que consideramos que tienen un alto riesgo», afirma Roger Gomis, economista de la OIT y colaborador en la redacción del informe. Esta es una cifra sustancialmente más alta que la media global, situada en el 38% de la fuerza de trabajo global.

    Ante estas cifras aterradoras, las únicas medidas gubernamentales que se vislumbran por ahora son sólo paliativas, programas específicos para esos trabajadores cesantes,  realizando transferencias de efectivo para compensar los ingresos perdidos, o la provisión de bienes de primera necesidad.

    Pero ese dinero se acabará pronto, dado que se consumen de una vez,  no hay producción, o sea, un flujo que constantemente alimente el ahorro y consumo, motores de una economía sana. ¿Entonces qué?  Solo estamos separados del pánico por las estadísticas por los informes lentos de las autoridades y un Código laboral que no responde ni  a las necesidades actuales, ni a las que vendrán.  Tarde o temprano tendremos que mirar una nueva realidad ante los ojos.

    Pero esa propuesta la dejaremos para más adelante. Ahora les vamos a contar cómo lo están haciendo en República Checa, un país que no sólo es un éxito por cómo está aplanando su curva, sino porque es uno de los pocos que sólo ha disminuido un 5 % de su fuerza laboral.

    El interesante proyecto se denomina “Preservar el trabajo”  y su «contraseña» es » No pierdas a los trabajadores, sino compártelos». La iniciativa surgió del esfuerzo de unos emprendedores que se basaron en el hecho de que actualmente hay dos extremos: o las empresas tienen completamente caída su actividad por el volumen de negocios y no saben qué hacer con los empleados (hoteles, restaurantes por ejemplo) o  hay empresas que, probablemente, en forma temporal están muy necesitadas de empleados (cajeros, despachadores de mercancías, almacenadoras, etc.). El objetivo de la plataforma no sorprendería a nadie: reducir los costos de transacción y vincular mejor la oferta con la demanda.

    Esta genial idea, fue inmediatamente tomada por el Vicepresidente del Comité Económico y el Presidente del Subcomité de TIC, Telecomunicaciones y Economía Digital de la Cámara de Diputados del Parlamento de la República Checa, Martin Jiránek, del Partido Pirata.

    El objetivo es una economía compartida. El concepto: no despedir a los empleados, prestarlos a otro empresario; o mejor dicho, se la llama asignación temporal de un empleado: un acuerdo sobre el «préstamo» temporal de un empleado para trabajar con otro empleador. Un empleado en comisión de servicio sigue siendo un trabajador del empleador original, pero la empresa a la que está asignado le da el trabajo. En la práctica, un «préstamo de trabajadores» temporal funcionará para que, durante el tiempo de la asignación, el nuevo empleador le otorgue trabajos, organice, administre y controle su trabajo, así como a sus trabajadores principales. Lo importante es que se mantenga la relación laboral existente. El empleador original factura los costos salariales del empleador temporal y los sueldos de los trabajadores temporales. Esto le ahorra dinero, sin perder la inversión en sus trabajadores experimentados. Por supuesto, el empleado debe aceptar la asignación o su pase temporal al otro empleador. Las condiciones laborales y salariales de un empleado asignado temporalmente a otro empleador no deben ser peores que las de sus empleados existentes.

    La Cámara de Comercio Checa se unió a la iniciativa y pidió a las empresas que ofrezcan a sus empleados a otras empresas en lugar de despidos debido a medidas gubernamentales contra el coronavirus . Las empresas tienen una línea telefónica gratuita para la oferta y la demanda de trabajo y también pueden usar la aplicación en línea de los emprendedores, llamada WorkLinks.com. Los sindicatos y el gobierno apoyan en conjunto este proyecto surgido de la iniciativa privada y por ahora les está funcionando. Por ejemplo, el Grupo de Transporte Škoda está reclutando actualmente a través de este sistema y muchas empresas paradas les están proveyendo sus trabajadores, en una auténtica relación de ganar-ganar.

    Imaginemos ahora mismo la situación en Panamá: mientras la mayor parte de empresas relacionadas al turismo, malls, restaurantes, están cesando trabajadores, hay otras que temporalmente necesitan empleados, por ejemplo los deliveries, los supermercados online que necesitan procesar mayores pedidos ahora que la gente no puede salir. Si se pudiera “traspasar o prestar” algunos trabajadores de estas primeras compañías a que vayan a empacar, entregar, en fin, hacer logística mientras dure la crisis, o apoyar otras tareas contables o lo que se requiera, quizás habría menos desempleo temporal, mientras pensamos seriamente la necesaria reforma a futuro del Código laboral, si no queremos que realmente la crisis nos termine de hundir. Aprendamos de los que lo hacen bien. Aprendamos por ahora de los checos, que a su vez  aprendieron duramente lo que fue el comunismo, a donde juraron firmemente no regresar nunca más.

  • ¿Es malo aumentar precios durante una emergencia?

    A juzgar por las reacciones del personal gubernamental en las conferencias del Ministerio de Salud el día de ayer, que amenazaban con establecer controles de precios en la venta de productos bactericidas ante la amenaza del Corona, uno diría que sí, que aumentar precios es perverso. Pero, y los peros suelen ser interesantes, el blanco y negro puro no suelen ser típicos en la naturaleza sino las infinitas gamas de grises. En tal sentido ¿qué tal si les digo que el aumento de precios de los germicidas en tiempos de Corona tiene su lado positivo?

    Y es que las leyes que imponen irreflexivamente controles de precios durante eventos extremos tienen efectos imprevistos, e indeseables. Pero son muchas las autoridades que fácilmente se van por la ruta de lo políticamente correcto que luego resulta ser incorrecto. Las advertencias en torno a todo ello han sido dadas hace mucho tiempo, pero lastimosamente poco esmero ponemos en el estudio de la historia.

    En el caso de corona virus, lo primero que aflora son las pasiones emotivas y hasta una especie de deleite morboso ante el evento catastrófico. Yo le llamo el efecto carnaval. Sumidos en el frenesí del sensacionalismo y espanto, saltan muchos a criticar a los comerciantes que aumentan los precios de productos asediados; y a éstos les tildan de especuladores codiciosos, y hasta de crueles. Pero, lamentablemente lo típico es la reacción intestinal y no la del cerebro. Las normas económicas de libre mercado nos advierten, con sus buenas razones, que los precios en un mercado desembarazado de frágiles politicastros ofrecen información invaluable relativas a la demanda y la oferta.

    Lo que sí es cruel es que los primeros que lleguen a la tienda se lleven todo el jabón bactericida; cosa que es mucho más improbable si el precio de ese momento refleja la realidad de la demanda y la oferta. ¿Tienes idea de las complicaciones de satisfacer demandas desmedidas en momentos de crisis? Si en ese momento congelas los precios, los comerciantes no tendrán mayores incentivos para salir a reabastecer esos productos.

    Durante un huracán que deja árboles regados por calles y encima de casas ¿cómo hacen las empresas que cortan árboles para dar el servicio? Sí… tienen que salir intempestivamente a contratar más personal e invertir en más maquinaria y tal.

    La cruda realidad es que los dictámenes gubernamentales no pueden cambiar las leyes de la naturaleza, incluyendo las económicas. Una persona conocida se jactaba de haber comprado toda la existencia de productos germicidas en un súper. Consumismo frívolo o de pánico irracional.

    La única garantía de oferta de algún producto esencial depende del precio que permita la reposición en tiempos de crisis. En ese momento los precios elevados son muy éticos. Y en tal sentido exagero para ilustrar. Supongamos que el gobierno dicta una disminución de precios del jabón germicida. Simplemente los comercios no tendrán incentivo alguno por satisfacer la demanda. ¿Crees que vender cerveza durante un juego de futbol o beisbol cuesta igual que venderla en la cantina?

    Los precios controlados van a incentivar un mercado negro y muchas otras respuestas imprevistas por los burrócratas, como la escasez. Lástima me da ver a organismos empresariales respaldando semejantes medidas; ya que dan claras evidencias de no entender la economía. Eso sí es muy triste.