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Categoría: Opinión

  • ¿Realmente las sanciones económicas ayudan a tumbar dictaduras?

    El mes pasado se cumplieron 30 años de la invasión que derrocó a Manuel Antonio Noriega en Panamá y dejó una herida abierta, como conmemorar los muertos de la invasión. Las cientos de víctimas inocentes cuyo único delito fue estar en el lugar equivocado en el peor momento y los que murieron peleando por una Patria definida por los que reprimieron a un Pueblo, luego de robarse dos elecciones.

    Los que vivimos esa época, recordamos cómo la invasión fue el final de una película en cámara lenta… donde desde 1987, Noriega y el PRD tomaban las peores decisiones cada vez que tenían la oportunidad, y los gringos hacían lo mismo por su lado, hasta meterse en el callejón sin salida donde la única opción era la militar. Porque antes hubo muchas opciones, pero el camino se fue cerrando en un baile letal de dos partes. Y uno de los cierres fue la toma de sanciones económicas por parte de los Estados Unidos.

    Porque el Panamá que salía periódicamente a las calles en 1987, en 1988 estuvo curiosamente silencioso, aún durante el olvidado intento de golpe del 16 de Marzo de 1988. Las calles estuvieron desiertas… Las sanciones económicas impuestas en la segunda mitad de 1987, hicieron que la economía decayera tanto que muchos jóvenes al final, emigraron; que la gente pensara menos en protestar y más en ver como conservaban su trabajo y pagaban la renta. Las sanciones desactivaron a la calle. Los negocios privados se enfriaron así que la gente pasó a depender más aún de los cheques del gobierno.  Bueno, las sanciones no provocaron en 1941 que Japón abandonara China, sino que atacara a los Estados Unidos. Las sanciones comerciales no derribaron al gobierno comunista de Cuba. Las sanciones comerciales en Venezuela han más bien desactivado la calle, no han acelerado la caída de Maduro, que ahora puede usar la comida para ganar obediencias. Las sanciones comerciales han radicalizado y escalado más a Irán.


    Un periodista gringo entrevista a una joven universitaria en Irán. Está sorprendido por el amigable tratamiento que le da la gente de Irán. La joven le dice al periodista “las peleas las arman los gobiernos, no la gente”. Esto es cierto. Y en países donde hay algún nivel de economía privada, no dependiente del Estado, nada perjudica más a una dictadura de que la economía no dependa de ellos, que florezca, porque eso le da independencia a los ciudadanos frente al poder. Nada ayuda más a una dictadura que hacer que la gente dependa del estado para vivir y pensar. Por eso las sanciones que limitan al turismo ayudan a las dictaduras, porque fortalecen el dominio de las narrativas de las dictaduras. Cuando hay contacto persona a persona, es más improbable que el monopolio del estado sobre lo que pasa afuera de sus fronteras se mantenga. Lo mismo pasa con el comercio. Hayek lo dijo en su momento, “donde no pasan las mercancías, terminan pasando las balas”. El comercio mata dos pájaros de un tiro, permite que la gente viva de sus propios medios y permite que la gente tenga contacto con otras personas.

    Por lo tanto, las sanciones hechas de manera general, ayudan a las dictaduras. Últimamente se está dando una modalidad más limitada, las sanciones focalizadas en los líderes, y empresas estatales. Lo hemos visto en el caso de Rusia, Venezuela, Cuba e Irán. El problema es que aún así, en las dictaduras la mayoría de las empresas son estatales, el peso del estado en la economía suele tener consecuencias políticas. Una de las razones por las cuales los países petroleros suelen ser dictaduras.

    Así que las sanciones estatales terminan afectado a toda la economía.

    Por lo tanto, la herramienta de sanciones económicas, suelen apuntalar a los dictadores, no a  derribarlos. Además les permiten usar el nacionalismo como arma. Y eso lo vimos muy bien en 1988 en Panamá.

  • El salario mínimo viola derechos de propiedad

    Tanto los comunistas como los socialistas no creen en los derechos de propiedad, comenzando por el derecho de cada persona a su propio cuerpo y vida, así como las vidas de sus hijos. Cuando los politicastros toman control del salario de tus empleados, pierdes control de tu negocio y ningún burrócrata saldrá a pagarte una ganancia mínima.

    La inmensa mayoría de las empresas son pequeñas y nadie te garantiza contra la quiebra. Sin embargo, de ellas dependen la mayoría de los trabajos. ¿Verdaderamente crees que un burrócrata sabrá cuánto debes pagar a tus colaboradores? La economía de un país no es asunto de tripas sino de corazón; y, en especial, del corazón de que pone en riesgo todos sus ahorros para montar un negocio. Las dificultades y riesgo de montar empresas es tal que de cada 10 empresas que abren, a los diez años sólo subsiste una; y muchas de esas quiebras se deben a obstáculos burrocráticos.

    Y, por “obstáculos”, no sólo hablo de controles de precio sino de leyes perversas e incumplibles; muchas de las cuales emanan no a través del proceso legislativo formal sino por intermedio del cuarto poder del estado constituido por todos esos funcionarios que se pasan todo el día ingeniándose para ver cómo le hacen la vida imposible a quienes montan empresas. Unos porque quieren justificar sus puestos y otros porque quieren facilitar coimas.

    Más tristes son las mismas asociaciones empresariales que caen en el rejuego demagógico. Muchos del sector empresarial se sientan en una mesa tripartita (empresa/laboral/gobierno), aduciendo que es con el fin de llegar a un acuerdo laboral de salario mínimo. La cruda realidad es que lo más probable es que están allí para figurar; ya que jamás llegan a un acuerdo y el gobierno de turno se lleva el supuesto triunfo.

    La Prensa, citando a la ministra de trabajo, Doris Zapata, dice que: “…busca impactar en la reactivación de la economía.” Y no dudo que así será. Lo que queda por ver es la clase de impacto. La economía no es algo que se puede manejar por control remoto.

    Si los votantes creen que un aumento del Salario Mínimo ayuda a los trabajadores, entonces los politicastros tendrán un incentivo para agregar demagogia al caldo. El verdadero Salario Mínimo es cero; es decir, será lo que recibirán los que no logren trabajo. Si aumentas el precio de un producto o servicio, bajará el consumo. O, como ocurre hoy día más y más, que los emprendedores comenzarán a contratar robots.

    Pero el Salario Mínimo por dictamen estatal no sólo afecta lo que pagan los empleadores sino quienes lograrán empleo o quienes lo pierden. Probable es que el trabajador habilidoso salga favorecido y no así el joven sin experiencia.

    Y como se ha dicho tantas veces: Si un aumento de 0.20 es tan bueno, por qué no uno de $20.00? Absurdo creer que el Salario Mínimo es como los letreros de velocidad en las calles; que pueden ser dictados al capricho de burrócratas.

    A fin de cuentas, el tema de fondo es si queremos socialismo o empresarialismo. El socialismo es totalitarismo y el empresario creen en la libre empresa. Simplemente, no podemos legislar eso que llaman “salario de vida”, que es lo que necesita la gente para poner la paila en casa, igual que no podemos dictar cuanta yuca sembrará el agricultor para alimentar a su familia. La economía no queda sujeta a las leyes de los gobiernos sino de acción de los particulares; como bien lo señala nuestra constitución.

    Y, como dice el título de este escrito, el Salario Mínimo viola lo que ni el Creador optó por violar; vale decir, dar al ser humano la libertad para hacer el bien o a equivocarse; ya que sin ello ni siquiera somos humanos.

  • Apertura del juego político.

    Se inicia el 2020 y el presidente se dirigió a la Asamblea Nacional. Una nota importante con carácter algo subjetivo. Por un lado, está bien de que nuestro presidente deja de referirse a sí mismo en tercera persona. Aunque el discurso, lleno de referencias a sí mismo, “yo pienso”, “yo siento”, “yo hice”, “yo dispuse”, deja claro que existe cierta inseguridad en la persona del Presidente, que lo obliga a tener que dejar claro en la Asamblea Nacional, de que él es el que manda y tiene la última palabra en su gestión. El discurso fue en partes un reitero de sus discursos de campaña y una rendición de cuentas de la gestión ya hecha en los primeros cinco meses de gobierno.

    Para empezar, se deja claro lo que todos sabemos pero no se ha reiterado lo suficiente. Los panameños tenían hace 10 años un país que debía 11 mil millones de dólares, y ahora tienen un país que debe más de 30 mil millones de dólares. La enormidad de los sucedidos es aterradora y es lamentable que los medios no la destaquen más. El gobierno de Ricardo Martinelli endeudó más en 5 años que en 106 de vida republicana, dejó un país con el doble de deuda del que heredó de Martin Torrijos. Y se pasea por las calles gozando de la admiración popular, y es muy probable que pueda correr en el 2024 para presidente, con buenas posibilidades de ganar. Su sucesor, Juan Carlos Varela, añadió casi 10 millones de deuda más. Hoy los panameños deben tres veces lo que debían 10 años antes. Laurentino Cortizo también declaró lo que todos sabemos, que el desempleo ha aumentado en los últimos años, pero fuera de programas de obras públicas para reactivar la economía y crear empleos temporales, no se habló de reformar el Código de Trabajo o las leyes de salario mínimo. De hecho el gobierno no ha podido resistirse a la práctica de subir bianualmente el salario mínimo, aunque sea de manera simbólica con un pequeño aumento del 3%. En un año donde la economía está recesiva, se debió hacer docencia sobre no subir el salario mínimo.

    El presidente resalta las carencias que heredó del gobierno anterior. El lastre de la inseguridad, que viene decayendo desde el 2006. El lastre de la educación pública, lastre eterno desde los años 70s del siglo pasado. El lastre del Seguro Social, el cual promete no privatizar, aunque seguro tendrá que hacer reformas duras y urgentes en el tema de la edad de jubilación y en el tema de los servicios médicos. Reformas en las cuales no se quiso entrar en detalle, salvo el no privatizar y la carta de las buenas intenciones de lo que se desea de los servicios médicos. Las respuestas en temas como la seguridad y la educación siguen siendo iguales de vagas. Ya es un hábito de los políticos, cuando se habla de políticas públicas, hablar vagamente como si se estuviera en campaña o dejar las cosas a un futuro gran dialogo… el problema es que los políticos son electos para dar soluciones concretas. Lo que significa que tienen que atreverse a proponer políticas públicas concretas. Dejar el tema de las reformar constitucionales o de la Caja del Seguro Social en manos de un diálogo futuro, son dar directrices; es dejar que quienes quieren pescar en río revuelto y usar la demagogia lo hagan. Y esos personajes no son precisamente amigos del presidente.

    Luego estamos en el tema del agro. Laurentino Cortizo ha tenido durante toda su carrera política una preocupación constante por el agro. Eso es visible en quienes lo conocen. Lo único malo es que por ahora es más de lo mismo, más FECI, más subsidios como la compra de jamones por parte del Estado. Los gobiernos PRD se caracterizan por sus programas de obras públicas y las mejoras a la administración pública (y éste parece seguir) pasando leyes, nombrando magistrados, y saneando las cuentas pendientes del Estado.

    Mi crítica al discurso es que fuera de reiterar las promesas de campaña y dando muestras del trabajo que se hace para cumplirlas, no se mencionan los retos pendientes globales regionales.

    La recesión global, el aumento del proteccionismo y las guerras comerciales, cómo vamos a balancear los negocios perdidos por las listas negras y grises de la OCDE, GAFI, con la creación de otros negocios.

    En otras palabras, siguen muchas interrogantes pendientes del período Varela. Laurentino Cortizo hizo bien en recordarle a los presentes lo malo que fue el gobierno anterior. Pero no ha tomado medidas con la suficiente rapidez para establecer mundial y nacionalmente una diferencia fundamental con su predecesor, que devuelva la confianza tanto al inversionista como al consumidor de que las cosas han cambiado y Nito Cortizo no es Juan Carlos Varela. En este sentido tal vez el carácter conciliador y prudente del nuevo presidente actúan en su contra.

  • ¿Desigualdad o envidia?

    Cuando el sacrificio de Abel fue respetado por Dios y el suyo no, Caín asesinó a su hermano. Fue un asesinato de envidia (Génesis 4:3-8). Más aún, el mismo Jesucristo fue asesinado por los líderes religiosos de su día por razones de envidia. Como bien reza el proverbio 14:30, “El corazón sano es vida para el cuerpo, pero la envidia es putrefacción hasta los huesos.” Ser tentado por la envidia no es pecado, sino el permitir que semejante pasión supure y se torne destructiva. Una definición interesante del término “envidia” es la de “tristeza por el bien ajeno.” Típicamente el envidioso no se afana en mejorar su posición sino en desmejorar a quien posee lo que el envidioso desordenadamente anhela.

    ¿Alguna vez has notado lo poco que se escribe o aborda el tema de la envidia en los medios y entre la gente? ¿Te has preguntado por qué un tema humano tan fundamental no se aborda más a menudo?

    La envidia es un impulso que se anida en nuestros corazones, y que surge desde el momento en que nuestro entorno social nos lleva a la comparación. Comparar no es malo, lo malo está en anidar resentimientos y empollar los demonios que se constituyen en la fuente de otras perversiones; como la gula, pereza, avaricia, la soberbia y la ira.

    La envidia es comparación que nos impulsa a aspirar por aquello que otros poseen y que deseamos. En otras palabras, como todo en la vida, las cosas, bien usadas pueden conducir al bien y mal usadas son destructivas. Así, desde el momento en que ves en el vecino aquello que ansías para ti. puede comenzar el proceso de comparación y cuestionamiento.

    Compartir sanamente es bueno. Pero ¿qué ocurre cuando se pretende lo inalcanzable; tal como sería la búsqueda de la belleza física del vecino o la vecina? En tal situación y anidando una envidia destructiva, se ansía y hasta procura la destrucción de lo ajeno e inalcanzable. Ello, típicamente, termina con la destrucción propia; tal como en Venezuela.

    Claman el rechazo a una desigualdad que les aflige pero que no logran definir. La misma naturaleza es desigual, pero no podemos decir que sea perversa. Lo que hacemos frente a esas realidades es lo que puede ser positivo o patológico. Por ejemplo, aumentar impuestos bajo la falsa premisa de que con ello lograremos equiparar desigualdades no sólo es llevarse a engaño, sino que probablemente nos llevará al desfiladero.

    Recién, al enterarnos de que Panamá va adelante en los índices del peor rendimiento educativo, salen los sabiondos a culpar la desigualdad socioeconómica. El problema no es, en sí, la desigualdad, sino los resultados de nefastas políticas. La solución está en adoptar sanas políticas y no aquellas que sólo procuran venganza por algún mal real o imaginado.

    El gobierno estatal sólo puede ser instrumento de equiparación a través de la tutela de la vida, la libertad y la propiedad. Pretender equiparación mediante la manipulación de lo que es propio de cada quien, sólo conduce a mayor desigualdad. Más aún, hoy día que las computadoras, los teléfonos móviles y la tecnología van permitiendo que hasta los más pobres logren acceso a las mejores bibliotecas y al conocimiento en general, se abren posibilidades insospechadas.

    El mayor peligro no está en que algunos logren ventajas bien habidas, sino a que la envidia nos lleve a votar por políticas que reducen nuestro sagrado derecho de escoger y a ser libres; que es el único camino que conduce a la auténtica riqueza.

  • Pisando realidades educativas

    Nuevamente sale a relucir lo que ya conocemos a cansancio; que el sistema educativo en Panamá es perverso. Y para no ser discordes con la trayectoria de incompetencia imperante, los comentarios noticiosos, junto con los de las llamadas “autoridades” educativas, insisten en llover sobre mojado.

    Que si Panamá “ocupó la posición número 71 entre 79 países. No necesitábamos las pruebas Pisa para despertar a lo consabido. Más allá, las noticias abundan a cansancio sobre puestos, porcentajes y tonterías. Lo que no sale en las noticias son las causas profundas de semejante drama.

    A todo esto, las máximas “autoridades” del NODUCA, nos reaseguran que ya todo está analizado y que esos hallazgos favorecen a nuestro sistema educativo. Esta noche tendré pesadillas en torno a ello.

    Otros medios noticiosos acusan a “la brecha económica”. ¡Ajá! ¿Será que si cerramos la brecha por el camino de Cuba Venezuela en problema se supera? ¿Aún no saben que el NODUCA despilfarra más que las escuelas privadas para terminar con peores resultados? Si seguimos por la vía de la “condición socioeconómica” el problema se torna más tétrico, ya que es harto improbable que podamos superar lo socioeconómico por la ruta en que vamos.

    Hablar de “erradicar la desigualdad desde los lugares de enseñanza…” es bobería superlativa. En otras palabras, y como ya señalé, por esa vía el problema no tiene solución. Y “hacer un llamado para que ayuden a mejorar la calidad del sistema educativo” es irreal y vergonzoso.

    En síntesis, todo el reportaje noticioso y los comentarios de las autoridades, tanto públicas como privadas, llueven sobre mojado sin decir nada. Entonces, veamos algo de lo que no dicen.

    En su momento, la ministra Lucy Molinar, dijo una verdad que ha pasado agachada. Dijo en una reunión en la APEDE que “el problema de la educación es que está politizada”. Es decir, sintetizó toda la patología en una sola oración.

    Decir qué “el sistema está politizado” significa que el “sistema”, si es que sistema es, está manejado por una institución política (el gobierno). Pero más aún, una institución política que responde a intereses de gremios educativos gubernamentales sindicados ¿Y si eso no es politizado…? Abundemos en el tema.

    El gobierno político no está para hacer o reemplazar al ciudadano en las actividades que son propias del ciudadano, y no del estado. El gobierno está para proteger al consumidor contra estafas. Pero, cuando el gobierno o los panameños decimos que “los ciudadanos no servimos para educar, y debemos recurrir al Chapulín político gubernamental para que nos que se ocupen de “educar” a nuestros hijos… ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que los ciudadanos somos una retahíla de inútiles que dependen del sistema político gubernamental para que venga y nos limpie el traserito.

    Insistir en lo consabido, de que el sistema no sirve, es absurdo. Y, si logramos entender esto, entonces debemos pasar al siguiente plano; el de preguntarnos ¿Qué es lo que sí sirve? Y ¿por dónde emprendemos el camino de recuperación?

    Lo que sí sirve es devolver al ciudadano su sagrado derecho a escoger. En el caso que nos ocupa, sería a escoger no sólo dónde educamos a nuestros hijos, sino cómo los educamos; y no que los presupuestos lleguen directamente a través del NODUCA, a escuelas que no responden ante los padres sino… ¿ante…? Creo que sería ‘ante nadie’.

    Lo ideal es cerrar las escuelas del NODUCA, y brindar al ciudadano los recursos necesarios para coadyuvar con su educación. Pero como eso no es ‘políticamente potable’, entonces sugiero pongamos a las escuelas del NODUCA competir de tú a tú con las privadas. Que el dinero llegue a los centros académicos estatales o privados vía los clientes… eee… digo, los padres de familia; a ver si no canta otro gallo.

  • ¿Qué esperamos de los nuevos magistrados?

    El gobierno anunció nuevas magistradas, y estas se ven muy bien. Por ahora se evitó nombrar amiguetes del presidente, o militantes del partido como se rumoreaba o resignadamente se esperaba. Los candidatos a magistrado parecen todos abogadas y abogados profesionales y competentes. Los suplentes, bueno, salvo uno que otro con vínculos partidistas, parecen tener buenas calificaciones.

    Para los estándares de los gobiernos anteriores, esto es un gran avance. Significa que por primera vez se oye un reclamo de la sociedad civil, de despolitizar la corte y parar el amiguismo en la justicia. Es un buen avance, pero tenemos que ir más allá.

    Como en el sistema actual la Corte Suprema de Justicia interpreta la Constitución, ya que afortunadamente no tenemos un Tribunal Constitucional, tenemos que no sólo revisar la hoja de vida educativa de los candidatos a magistrados, y sus conocimientos sobre las ramas del derecho de las Salas de la Corte Suprema de Justicia para la cual fueron asignados, sino sus tendencias ideológicas en fallos. si han sido jueces de menor instancia, o en sus escritos académicos si no lo han sido. Esto es importante no solo para ver la probidad e independencia política de los candidatos, de lo cual existe un déficit en la Justicia Panameña, sino que más que eso, ver si por fin revertimos la tendencia histórica latinoamericana, donde la ley más que proteger a los ciudadanos individuales frente al poder, o a las minorías, la justicia, sobre todo la justicia constitucional latinoamericana, tiende a justificar el poder y sus actos, no a contenerlos y limitarlos. Y es allí donde existe un gran déficit histórico.

    En realidad, la tendencia histórica ha sido a que las Cortes Supremas de Justicia, lejos de limitar al estado, tienden a justificar sus intrusiones en los derechos individuales y limitar los derechos de propiedad. No solo en nombre del bien común sino de intereses particulares cercanos al poder.

    Sería bueno saber cuál es la postura de los candidatos a magistrados (y los ya electos) sobre temas como los retenes, el control de precios, la portación de armas, consumo de drogas, el matrimonio igualitario, la libertad de expresión y la penalización de la calumnia e injuria. Temas que afectan derechos individuales.

    También es bueno hablar de los otros derechos, los derechos sociales. ¿Cómo los ven? ¿Como justificaciones para expandir el estado con más clientelismo, o como obligaciones del Estado de garantizar el marco para que estos derechos prosperen?.

    Una ventaja del sistema actual de la Corte Suprema de Justicia es que los magistrados, aparte de ver temas constitucionales, tienen que ver el día a día judicial de sus ramas del derecho. Esto los mantiene con los pies en la tierra y los hace ver la realidad de la sociedad panameña. La propuesta de un Tribunal Constitucional muy de moda en la región, tiende a separar a los magistrados del día a día de la práctica judicial y los convierte en una especie de Olimpo jurídico, donde sólo se ven los temas constitucionales relacionados con el Estado. Al final, los Tribunales Constitucionales terminan más altamente politizados, y se convierten en una especie de legisladores mediante fallos judiciales.

    Teniendo en cuenta las ventajas del sistema actual, sería bueno aparte de ver sus conocimientos sobre las salas de la corte a la cual están destinados, saber su opinión sobre temas constitucionales.

    Por ahora, estos nombramientos, basados en méritos profesionales y académicos y no en amiguismo o sectarismo son un gran avance, pero tenemos que ir pensando más allá. Un magistrado debe ser alguien comprometido con la democracia y con los ciudadanos de a pie. Y eso solo se aprende interrogando a los candidatos en audiencias públicas y buscando su rastro de papel en escritos académicos, artículos o fallos judiciales. El sistema judicial es el punto más débil de la libertad económica panameña, es ineficiente en proteger derechos de propiedad y aplicar contratos. El sistema judicial es ineficiente en el área penal, afectando a la seguridad pública, generando impunidad, la desigualdad en los resultados dependiendo de la clase social o vínculos políticos de los imputados.

    El sistema actual es ineficiente en impartir justicia de manera rápida. El sistema de justicia administrativa tiende a ser un mero aval de las decisiones convenientes al poder. Todo el proceso en todas las ramas es predominantemente escrito, y terriblemente burocrático. No se han tomado medidas para usar todas las herramientas de la tecnología moderna, como expedientes digitales online, filmaciones y grabaciones digitalizadas de audiencias. Notificaciones automáticas online y físicas mediante pool de notificadores seleccionados por algoritmos y verificados por GPS. Todos esos avances se han implantado en países cercanos mucho más pobres, pero acá no, porque sería el fin de varios negocios privados de miembros del sistema judicial…

    El problema es que mientras tengamos los diputados que tengamos, que son representantes de intereses regionales, y no tengamos una asamblea bicameral, con una cámara superior que represente intereses nacionales, dudamos que podamos llevar nuestra selección de magistrados al siguiente nivel. Pero algo es algo, y por lo menos el actual presidente está tratando de hacer lo correcto. Un cambio fundamental con los presidentes anteriores. Y merecen aplaudirse. Porque el sistema judicial es el más cuestionado de los Poderes del Estado, y tiene una función básica que cumplir.

  • La frontera entre el impuesto justo y el impuesto ladrón

    El recaudo fiscal exagerado convierte al estado en una entidad que en muchos sentidos es criminal. Y es que más allá del diezmo (10%) el gasto estatal no mejora la condición de su gente sino todo lo contrario. Bien se ha demostrado que al rebasar el recaudo justo para el encargo constitucional comienzan a pasar muchas cosas perversas, tales como: La economía se ralentiza y el ingreso personal y familiar disminuye, con todo y la supuesta transferencia de una vana asistencia social que alegan dar los politicastros. En síntesis, existe una correlación directamente inversa entre el tamaño del gobierno y la prosperidad; es decir, a más gobierno menos prosperidad.

    En el caso de Panamá, hace rato que padecemos de un maligno neoplasma gubernamental. Y peor cuando con vamos tomando conciencia de que llega el momento en que los aumentos impositivos para alimentar al megalodón estatal termina disminuyendo el recaudo fiscal junto con el bienestar social.

    Richar W. Rahn del instituto para el crecimiento económico global, nos alerta que el aumento de impuestos, tal como el de ganancias de capital, que dependen de una inclinación o disposición de vender bienes raíces o acciones, trastoca y perjudica al país. Si aumentas semejantes impuestos terminas cambiando ciertas actividades económicas y con ello otras que no advertimos y que son económicamente perjudiciales.

    En los EE.UU. bajo el presidente Reagan con impuestos personales al 28% se recaudaba mucho más que con el 70% del presidente Carter. Es análogo a las bombas de agua, que para que funcionen hace falta cebarlas.

    Cuando joven veía las cómicas del Pato Donald y de Rico Mc Pato, que se revolcaba en montañas de monedas de oro. Esas eran y son imágenes graciosas pero falaces, ya que ningún rico cuerdo guarda el dinero así; sino lo invierte y reinvierte, con lo cual va creando más y mejor economía para todos. Lo mismo no se puede decir del gobierno desmedido.

    En los EE.UU. muchos candidatos de izquierda quieren instituir un impuesto a la riqueza, pensando que con ello van a costear sus alucinantes planes de un bienestar utópico. El problema con ello es que la riqueza no es cosa fija sino muy variable y subjetiva; y quienes lo proponen han perdido contacto con la realidad, o peor.

    Creer que el emprendedor exitoso va a seguir invirtiendo y produciendo sólo para que lleguen los diputados a disque “redistribuirlo” es la madre de la ingenuidad. Y, nuevamente, ¿será tan difícil entender que el buen emprendedor es un recuso muy escaso que, como el buen corcel de carrera, corre mucho mejor cuando se le aflojan las riendas? Que el gobierno, por su parte, tiene el encargo de tirar de las riendas de los torcidos y no a los buenos corredores. Pero triste que ni jalar las riendas de los torcidos hacen bien. Y esto último es como los perversos retenes del tránsito que, son análogos a la captura de camarones con redes de arrastre: barren con el lecho marino, trastocando el balance biológico, para capturar unos cuantos camarones.

    En resumen, es triste tener que hablar de impuesto ladrón, porque se supone que el ideal es guardar respeto por la autoridad. Pero, tristemente, la autoridad se gana y luego se mantiene con buenos ejemplos y no con esa propaganda paga que dice cosas como: “Estamos trabajando para ustedes”. No parece.

  • El ocaso del estado de derecho

    La sabiduría política, esa que no guarda parentesco con la criolla infecciosa que padecemos, sólo se logra a través de una amarga experiencia de generaciones que pagaron caro el aprendizaje. Y el deterioro de dicha sabiduría comienza con el mal uso de los vocablos a través de los cuales buscamos transmitir ideas claras y concisas. Tal es el caso de la palabra libertad o de la frase ‘estado de derecho’. El ejemplo al cual suelo recurrir a cansancio es el de ese partido político estadounidense que se autodenomina “liberal”, a pesar de que en la práctica sus políticas están lejos de ser cónsonas con una auténtica libertad y así los pueblos van perdiendo el derrotero de la prosperidad social y económica.

    ¿Qué ocurre con la comunicación humana cuando cada quien inventa nuevas y vagas definiciones a los vocablos que permiten un mejor entendimiento entre humanos? Ocurren varias cosas, tales como el que, aunque nos hablamos no nos entendemos. Y en ello vemos que los términos ya no son herramientas del entendimiento, como cuando algunos dicen ser liberales sin serlo. O decir que el neoliberalismo es una tendencia de extrema derecha, cuando en realidad es una tendencia que se inclina a la izquierda.

    Por otro lado, quienes escribimos somos criticados por el uso términos muy “rebuscados” o tal. ¿Será que debemos limitar nuestro vocabulario en vano intento por rescatar a los que van abandonando su idioma?

    En todo caso, la idea que me ocupa hoy es la del significado de la frase “estado de derecho”; frase que originalmente usaban los ingleses para referirse a la libertad, y que hoy día ha ido perdiendo no sólo definición sino preponderancia.

    Hay quienes aducen que en los antiguos pueblos de Grecia o de Roma no había libertad. Sin embargo, el asunto no es tan simple y, en todo caso, el que muchos no entendieran y respetasen los derechos humanos de sus prójimos no significa la inexistencia de esos derechos. A través de toda la historia humana, si buscamos, podremos encontrar ese remanente que entendía y procuraba la libertad. Friedrich A. Hayek cuenta del término “isonomía”, perdido en desuso, que aparecía en 1598 en la obra de John Florio, “World of Wordes”, que significa “igualdad de leyes para toda clase de personas.” También se ha usado la frase, “el gobierno de la ley,” y “estado de derecho.” O, simplemente, las reglas del juego.

    Y si nos vamos a la Grecia antigua encontramos el término “demokratia” con el sentido de un ideal político inclusivo. Lastimosamente con el pasar del tiempo los politicastros fueron degenerando el concepto, tal como hemos visto hoy día en Venezuela, en dónde gran parte de la población no acoge el mandato de la ley, sino que idolatran a un caudillo redentor que nos rescata del sufrimiento. En Panamá lo vemos con tantos que dicen que tal o cual robó, pero le dio al pueblo.

    Sepamos entonces que desde el momento en que una nación no es gobernada por una ley justa, sino por un mandatario que dicta sus propios caprichos, allí no hay libertad, y tampoco democracia.

    Más aún, el estado de derecho puede ser determinado por el tamaño del gobierno; ya que cuando un gobierno excede el tamaño acorde con su encargo, se va transformando en una especie de camaleón que se viste del color de sus propios intereses y no los de su comunidad. En Panamá, por ejemplo, cuando se reparten jamones o hasta casas, el gobierno se convierte en un árbitro de ganadores y perdedores, lo cual dista rotundo de ser estado de derecho. Lo que corresponde al estado es tutelar los derechos humanos luego de lo cual la población deja de procurar su prosperidad por cuenta propia y se sienta a esperar que el gobierno y sus torcidos politicastros resuelvan aquello que son completamente incapaces de resolver, lo cual intentan mediante la confiscación a otros que sí producen.

    Un estado de derecho, nos dijo Hayek, es aquel en dónde las reglas del juego están dadas antes del comienzo del juego. Reglas que permiten a los jugadores conocer cómo los gobernantes electos usarán los poderes coercitivos que les han sido delegados.

    Un estado de derecho es análogo a límite de velocidad en las carreteras, que es para todos. Más aún, y, a fin de cuentas, el estado de derecho es el instrumento que constriñe o limita el poder del gobierno. Tal es el caso que exige autorización de juez cuando se montan retenes, dado que se está afectando una libertad humana fundamental, la de libre tránsito.

    Y no se trata sólo del tamaño del gobierno sino de su alcance; y en dicho sentido vuelve a tomar vigencia el tema de los retenes, que las autoridades pretenden justificar en virtud de una seguridad insegura. El retén mal usado sólo da apariencia y no sustancia. Y aún más allá, todo ese malandar es una pendiente resbalosa que nos conduce a la servidumbre.

    Y al hablar de alcance también deberíamos caer en cuenta de que a medida que inflamos la ley, la vamos viciando en ambigüedades; luego de lo cual la población no sólo deja de entenderla sino de atenderla. Por algo vemos que buena parte de nuestras leyes, comenzando con la constitución, son letra muerta.

    El otro aspecto de la gobernanza desmedida en tamaño y alcance, es el de sus costos impositivos, los cuales recaen en el mismo pueblo que pretende servir, aunque tío pueblo no lo perciba. La masa pueblerina ya sumida en una ausencia de derechos, simplemente supone que mediante mayores impuestos a los “ricos”, se pueden resolver sus carencias. Y pongo el término “ricos” entre comillas, para denotar que su mismo significado es vago; ya que deja una gran área de ambigüedad.

    Y, el impuesto justo es un impuesto justo; en dónde el segundo “justo” no es de justicia sino de tamaño; es decir, aquello que cabe. El impuesto justo es el mínimo cónsono con la tarea; ya que es más económico y no promueve la evasión. A fin de cuentas y, en resumen, los impuestos son excesivos cuando el gobierno mismo es excesivo. Y lo mismo aplica al alcance del gobierno. Y ni hablar de lo que ocurre cuando los gobernantes o sus acólitos se creen expendedores de dádivas. Deleznable pretender que se es solidario o caritativo al repartir aquello que no te pertenece.

  • Jaulas de vidrio

    Jeremías Bentham, entre otras cosas, diseño un Panóptico, una cárcel donde los carceleros podían mirar a todos lados, y vigilar y castigar a todos los presos. Las utopías distópicas, por ejemplo, Nosotros, de Yeleni Zamatin, habla de una sociedad donde la vigilancia del Estado es total, donde la gente vive literalmente en casas trasparentes, donde un Estado Único, dominado por el bienhechor, hace que la gente viva en casas de cristal. George Orwell continúa a Zamatin, y el 1984, habla de una sociedad de vigilancia total, donde cada casa tiene un cuarto que transmite propaganda, pero que también permite que el estado todopoderoso vea y oiga lo que hace cada ciudadano en la calle y en sus casas. El Gran Hermano te observa es el lema omnipresente.

    Hoy, que el fascismo está fuera del poder, pero además es marginal, y que el comunismo está en muy pocos estados, pero todavía tiene sus defensores deseosos de que regresen las eras oscuras del siglo pasado, la tecnología permite a la vez vigilar y evadir la vigilancia del Estado sobre las personas. Y esto es crítico sobre todo con la proliferación de los teléfonos móviles.

    En algún momento de mi vida, un agente de la DEA me dijo que de hecho era más fácil intervenir comunicaciones en teléfonos móviles que en teléfonos de línea, que no me confiara. Recuerdo ver en las noticias cómo durante las reuniones del entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, que ese hacía que dejaran los celulares fuera de las mismas y les quitaran las baterías. Me pareció paranoia, hasta que me dijeron personas que saben, que había tecnología para usar un celular contra su propio dueño, para poder escuchar sus conversaciones, leer los mensajes de texto, voz y video. No sólo eso, sino que era posible usar un celular como micrófono y cámara sin el conocimiento de su propio dueño. Por eso Fujimori pedía no sólo que apagaran los celulares, sino que les quitaran la batería.

    Ahora nos damos cuenta de que el expresidente de Panamá Juan Carlos Varela ha sido víctima del espionaje en su teléfono móvil. Es lamentable, pero también ha sido una herramienta que tienen los ciudadanos de a pie para darse cuenta los manejos tras bastidores del poder. Lo cual nos lleva a la pregunta filosófica, ¿deben estar los funcionarios o exfuncionarios o personas políticamente expuestas a la misma protección de la intimidad que los ciudadanos de a pie o la asimetría del poder debe hacer que las protecciones hacia los derechos de los ciudadanos de a pie deban ser mayores que las de los funcionarios que tienen la facultad de vigilar y castigar. ¿Deben los custodiados tener el derecho de por lo menos poder vigilar a sus custodios?

    El caso de Julián Assange y Chelsea Manning es claro. Manning filtró informaciones clasificadas secretas sobre las guerras de Irak, Afganistán y sobre los manejos diplomáticos de las embajadas de los Estados Unidos en el Mundo. Claramente esto fue traición por parte de Manning a su deber como militar de guardar secreto, (aunque podría ser discutible si prefirió priorizar sus principios éticos sobre la libertad antes que obedecer una orden estatal), ¿pero Assange?, un ciudadano extranjero, australiano para ser exacto, con un site de internet, Wikileaks, donde publicaba todo tipo de información secreta de diversos gobiernos del mundo, exponiendo casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos porque como ciudadano extranjero, no tiene ninguna obligación legal con el gobierno de los Estados Unidos.

    Acusar a Assange de traición o de espionaje es un exabrupto. Quizás su único error verdadero fue prestarse como tonto útil de enemigos o rivales de los Estados Unidos, como Putin, por ejemplo. Lo cual hizo cuestionar la neutralidad de WikiLeaks. Pero perseguir a una persona porque publica información que otros extrajeron de otros estados es un exabrupto, los ciudadanos de terceros estados no están obligados a proteger los secretos de otros estados, sobre todo si éstos implican delitos.

    El caso Snowden es similar al de Manning, el como empleado del espionaje norteamericano tenía una obligación de guardar secreto, aunque lo que hizo, exponer el espionaje a los medios probablemente era éticamente correcto.

    Contrasta esto con el caso Watergate, donde la sede de un partido político en la oposición es espiada por funcionarios del gobierno. O con el Caso de los Panamá Papers, donde un millonario, cercano al poder político en los Estados Unidos organiza un robo de información perteneciendo a miles de personas particulares, para que luego una agencia del gobierno de los Estados Unidos, y una fundación presidida por otro millonario cercano al poder, creen un consejo de periodistas independientes, para investigar la vida privada de los clientes de Mossack y Fonseca.

    En los primeros casos, un funcionario traiciona al estado, pero ayuda a los ciudadanos siendo espiados, en el segundo, el estado espía ilegalmente a los ciudadanos para favorecer a personas en particular o mejor dicho, en palabras de Foucault, vigilar y castigar.

  • El fetiche de la Constituyente Originaria

    El difunto Carlos Rangel dijo una frase lapidaria, “En América Latina se ha elevado la mentira a nivel constitucional”.  Veámoslo así. Los Estados Unidos en sus 200 años de existencia, sólo han tenido una sola Constitución, con algunas enmiendas. El Reino Unido no tiene constitución escrita, aunque sí tiene actos constitucionales, leyes especiales que la tradición les ha dado mayor jerarquía que otras leyes. Lo mismo pasa con Nueva Zelanda e Israel. En cambio, notaba Rangel, el fetichismo de los abogados y leguleyos latinoamericanos, por el Contrato Social de Rousseau, y las constituciones perfectas como la solución desde arriba de los problemas políticos y sociales han generado muchas Constituciones. Rangel llama esta tendencia, “las Repúblicas de Papel”, y decía que los latinoamericanos no entendían para qué rayos se hace una Constitución.

    En el Reino Unido, la Carta Magna, y el Bill of Rights, eran limitaciones del poder del soberano sobre las vidas y libertades de los gobernados. En América Latina las constituciones son más bien legitimaciones del poder del Estado sobre los ciudadanos. Básicamente las nuevas constituciones surgen más que todo, cuando un nuevo gobernante busca legitimar a nivel constitucional a la coalición de fuerzas que lo llevó al poder. Si fuera por tener constituciones perfectas ya deberíamos haber creado la Constitución Perfecta hace rato. Total, la Constitución latinoamericana más antigua es la de Haití, del 9 de mayo de 1801 (un documento excepcional, porque la isla aún era colonia francesa y reconocía esa dependencia; pero creaba, sin embargo, una república con división de poderes, proclamaba los derechos del hombre y del ciudadano e incluía algo impensable en el continente de aquella época: declaró la libertad de los esclavos, abolió toda servidumbre, proclamó la igualdad social y la de todos ante la ley);Venezuela, del 21 de diciembre de 1811; Quito, del 15 de febrero de 1812; y México (Apatzingán), del 22 de octubre de 1814. Significa que en más de 200 años de vida independiente los países han tenido varias constituciones, en muchos casos más de 10. En los últimos años, Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador han tenido nuevas constituciones. Ninguna región del mundo ha tratado de tener la Constitución perfecta y fracasado tantas veces como en Latinoamérica. Las repúblicas de Papel solo terminan siendo repúblicas de papel, porque la constitución no escrita de la gente que le ponga límites al poder no existe en la región. Constituciones no escritas serían impensables, además el positivismo jurídico imperante y el contractualismo rousseniano lo harían imposible.

    Esto es agravado por la tendencia dominante a las llamadas constituciones sociales, como la mexicana de 1917 y la de Weimar de 1919. Estas marcan una tendencia importante.

    Primero, antes de estas, las constituciones tenían dos asuntos, una carta de derechos individuales que fijaban límites a la acción estatal sobre las personas, y una carta que estructura los poderes del Estado y sus balances y contrapesos. Las constituciones sociales, además, incluyen los llamados derechos sociales y los derechos humanos de tercera generación o derechos difusos. A diferencia de los derechos individuales, que son normas estrictas de no hacer para el estado, los derechos sociales y de tercera generación suelen ser normas más vagas, que imponen o justifican conductas expansivas del Estado sobre la sociedad. Para garantizar educación, salud gratuita y vivienda digna, por ejemplo, el estado debe tomar recursos de unas personas y entregarlas a otras. O imponer coactivamente regulaciones a grupos de personas. Esto ha logrado que las constituciones sociales no sean incompatibles con estados autoritarios. La Constitución Mexicana de 1917 fue la sustentación del régimen del Partido Revolucionario Institucional por 60 años. La Constitución de Weimar llevó poco a poco a los nazis al poder, los cuales nunca cuestionaron sus aspectos sociales, aunque sí eliminaron todas sus garantías individuales. Así que una constitución social no es incompatible con una dictadura. Mas bien la legitimiza, como pasó con la Constitución Panameña de 1972, surgida en medio de una dictatura.

    Por lo tanto, la vía de cambiar regularmente de Constituciones ha fracasado en garantizar tanto el desarrollo como la estabilidad política de Latinoamérica.

    ¿Entonces por qué el fetiche de la constituyente originaria?

    Primero, el contractualismo de Rousseau, que establece que el Estado debe ser producto del contrato social que represente una Voluntad General, donde la Constituyente Originaria debe ser la ilustre ágora, donde todas las tendencias, grupos étnicos, élites, intereses, regiones del país deben estar representadas. Donde mágicamente, producto de una discusión socrática y el diálogo, se van a llegar a consensos que harán que salga un nuevo contrato social que mágicamente sea la piedra angular de una nueva pirámide del Kelsen, que logre refundar el andamiaje político del país, y con el país.

    Segundo, la herencia del positivismo jurídico de Kelsen, quien recordemos que tuvo que exiliarse de Alemania cuando la República de Weimar cayó en manos de los nazis. Para que el sistema jurídico sea perfecto, la Constitución su piedra angular tiene que serlo, y el derecho escrito es el derecho y punto. Nada de normas tradicionales o derechos naturales. Todo es producto de una construcción social. Y la sociedad constituyente no tiene límites. Una constituyente originaria por lo tanto no debe tener límites. Nada de reformar graduales esos son despectivamente llamados “parches”, nada de constituyentes paralelas porque el Estado sigue existiendo y este no puede estar por encima de la Voluntad Popular.

    Una constituyente originaria es literalmente un golpe de estado, pues los poderes existentes del Estado no pueden estar por encima de la Voluntad general del pueblo, lo que deja la interrogante de qué va a pasar en el país los meses o años que duren una constituyente originaria. O sea que por ese período vamos a tener un Estado y una pirámide de Kelsen descabezados con la paralización del país.

    La otra gran interrogante sobre una Constituyente Originaria es que esta representa a la Voluntad General. El problema es que no hay manera de garantizar que los constituyentes representen de hecho la voluntad general. Porque no sabemos cómo los vamos a elegir todavía, las sirenas de constituyente originaria hablan mucho de llegar a la misma, pero curiosamente, dan muy pocos detalles de cómo vamos a elegir a los constituyentes, cómo van a deliberar, por cuánto tiempo, cómo se van a aprobar los resultados, y qué cosas quieren incluir en la nueva constitución. Y eso, curiosamente, huele a estafa, porque cuando te presentan algo como bueno sin mostrarte los detalles o la letra menuda, es porque te quieren estafar.