El anuncio de la inclusión, nuevamente de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países que presentan deficiencias estratégicas en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo ha sido recogido por la prensa europea.
El GAFI, con sede en Paris y presidido actualmente por E.E.U.U. tiene 36 miembros (34 países y dos organizaciones regionales, Comisión Europea y Consejo de cooperación del Golfo).
La presencia de Panamá en la lista de gris de GAFI no es un hecho aislado de lo acontecido el 13 de febrero pasado, cuando la CE propuso una lista negra de 23 países o territorios de “alto riesgo” de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Entre los siete nuevos nombres, figuraban Panamá, Arabia Saudita y cuatro territorios estadounidenses.
Días después, los gobiernos de la Unión Europea (UE) tumbaron formalmente la lista negra elaborada por Bruselas, aduciendo que el proceso utilizado no incentiva «activamente a los países afectados a adoptar medidas decisivas» y además no respeta el derecho de éstos a «ser escuchados», según un comunicado. El gobierno panameño rechazó la medida y llamó al embajador a consultas.
Pero en realidad, lo que propició la eliminación de la lista negra de la CE fueron las duras criticas que despertó tanto de Washington como de Riad, denunciando “una decisión políticamente motivada”. “Pienso que es bochornoso la manera como este asunto ha sido tratado “, declaró Gordon Sondland, embajador norteamericano ante la UE.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. cuestionó la eficacia de la metodología empleada, indicando a los bancos de EE.UU. que no tienen que tomar la lista en consideración ni realizar cambios generales en los protocolos de calificación interna y monitoreo. “Más allá de nuestras preocupaciones con la metodología de listado, el Departamento del Tesoro rechaza la inclusión de Samoa de EE.UU., Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. en la lista”.
Por otro lado, en Bruselas se da por seguro un fuerte ejercicio de presión diplomática a los Estados miembros durante la cumbre con la Liga Árabe en Egipto el 24 y 25 de febrero, incluida una carta firmada por el rey Salman y entregada a las delegaciones europeas en la que criticaba la «sorprendente» inclusión del reino y advertía sobre las consecuencias financieras “en el comercio y los flujos de inversiones entre el Reino y la Unión Europea», informó el Financial Times.
La iniciativa de la CE de incluir a Arabia Saudita en su lista se dio en un contexto de fuertes tensiones entre Bruselas y Riad a raíz del presunto asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashogg en el consulado del país en Turquía. Pero Francia, Reino Unido y Alemania bloquearon dicha iniciativa, la cual fue interpretado como la voluntad de estos países de no poner en riesgo sus millonarios contratos de ventas de armas. Arabia Saudita es un importante socio comercial de Francia. Según el diario francés Le Monde, que se basa en un informe del Parlamento 2018 sobre las exportaciones de armamento, «Esto es más de 11 mil millones de euros de pedidos saudíes que se han validado en nueve años, un promedio de 1,2 mil millones de euros por año».
Merece especial atención, que el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en cuyos trabajos se basó Bruselas para elaborar su listado complementado por criterios muy estrictos fijados en la Quinta Directiva anti-blanqueo de la UE y fuentes como Europol, se dijo «muy preocupado» por la lista negra de Bruselas. El presidente de GAFI, el norteamericano Marshall Billingslea indicó que “los temas de listas negras y grises hay que tratarlos con mucha precaución”. En ese entonces, ni Panamá, ni los otros países de la lista de la Comisión de la UE figuraban en la lista de GAFI.
Sin embargo, en el espacio de pocos meses, pese a los esfuerzos y compromisos asumidos con OCDE y GAFI, Panamá es la única jurisdicción incluida en una corta lista oscura, lo cual podría reducir los flujos financieros, de inversión y comerciales internacionales hacia y desde el país.
Es claro entonces, que la Comisión Europea y Francia en particular, ambos miembros de GAFI y presionados por sus poblaciones y medios de comunicación social, persisten en estigmatizarnos. Tal como lo expresó un periodista en un canal informativo de televisión francesa: “Panamá está en la mira de la comunidad internacional desde el escándalo de los Papeles de Panamá en 2016”. Esto, pese a que otros países de la región, Argentina, Venezuela y México se vieron salpicados por el escándalo pero no son listados.
Es pues, preciso ganar espacios que permitan defender los intereses nacionales, así como lanzar campañas e información pública efectiva a través de los medios internacionales tendientes a proyectar una imagen positiva del país. Esto exige un ejercicio de reflexión e introspección acerca dónde nos encontramos actualmente con respecto al panorama mundial y qué queremos proyectar al exterior.
El establecimiento de políticas, procedimientos y sistemas de anti-lavado de activos en concordancia con los estándares internacionales debe ir acompañado de una identificación y comprensión de los actores relevantes “mapeo de actores”, organismos internacionales, ONGs, países amigos y países “saboteadores”, que le permitan a Panamá posicionarse estratégicamente en la comunidad internacional y escapar de las listas. Comprender de primera mano la narrativa histórica de la crisis, la forma en que los eventos han sucedido y el contexto geopolítico presente.
