El presidente José Raúl Mulino firmó este martes el Decreto Ejecutivo N.° 19, lo llamaremos el decreto mundialista, mediante el cual ordenó el cierre de todas las oficinas públicas nacionales y municipales a partir de las 2:00 de la tarde del miércoles, para que los servidores del Estado puedan ver el debut de la Selección Nacional en el Mundial 2026. El Ministerio de Educación fue un paso más allá: suspendió también las clases vespertinas y nocturnas en colegios oficiales y privados.

Nadie discute el orgullo legítimo que genera ver a Panamá en una Copa del Mundo. Es un logro deportivo real, merecido y celebrable. Pero una cosa es que los panameños festejen —como individuos libres que son— y otra muy distinta es que el Ejecutivo convierta el entusiasmo colectivo en un decreto con fuerza de ley, que suspende procedimientos administrativos, paraliza trámites y afecta plazos legales bajo la Ley 38 de 2000. Ahí es donde la celebración termina y el análisis debe comenzar.

El tiempo del Estado no es tiempo libre

Existe una confusión conceptual que este decreto hace explícita: el supuesto de que el tiempo de los funcionarios públicos puede ser redistribuido a voluntad del Ejecutivo según las circunstancias del momento. Pero los servidores públicos son pagados por los contribuyentes para prestar servicios específicos durante horarios definidos. Cada hora que no se trabaja tiene un costo real: el ciudadano que necesitaba renovar un documento, la empresa que aguardaba una resolución, el trámite judicial que quedó suspendido. Ese costo no desaparece porque el decreto no lo mencione.

Desde una perspectiva liberal clásica, el Estado existe para garantizar condiciones mínimas de orden, seguridad y justicia —no para gestionar el estado de ánimo de la población. Cuando el Ejecutivo firma un decreto ordenando a todo el aparato burocrático pausar sus funciones para ver un partido de fútbol, no está siendo cercano al pueblo: está confundiendo su rol con el de animador social, y lo hace a expensas del contribuyente.

El populismo de la euforia

Este tipo de gestos no son neutrales. Tienen una lógica política clara: identificar al gobierno con el sentimiento popular más inmediato y visible. El presidente no pierde nada firmando ese decreto —al contrario, gana aplausos fáciles— pero la factura la pagan quienes dependen de los servicios suspendidos y quienes financian con sus impuestos cada hora improductiva del aparato estatal.

El liberalismo clásico advierte precisamente sobre este mecanismo: el uso del poder público para construir legitimidad emocional en lugar de institucional. Una administración que respeta genuinamente al ciudadano no necesita decretar que se detenga el país para parecer humana. Le basta con cumplir su función con eficiencia y dejar que cada panameño decida cómo y con quién ver el partido.

Libertad sin decreto

Nada en este análisis implica que el fútbol sea irrelevante o que la selección no merezca respaldo. Lo que se cuestiona es el mecanismo. Un Estado respetuoso de la libertad individual no necesita decretar el entusiasmo: lo permite. La diferencia no es menor. En el primer caso, el gobierno actúa como tutor que concede permiso para celebrar. En el segundo, el ciudadano es un adulto que organiza su tiempo como considera conveniente.

Si un empleado privado quiere salir temprano del trabajo para ver el partido, negocia con su empleador. Si un funcionario quiere hacer lo mismo, debería tener el mismo derecho —como individuo—, sin que el presidente de la República tenga que paralizar con un decreto toda la maquinaria del Estado para hacer posible lo que debería ser una decisión personal.

Panamá en el Mundial es motivo de alegría. Pero la alegría no necesita decreto. Y cuando el Estado empieza a legislar sobre cuándo y cómo celebrar, algo esencial sobre la relación entre el gobierno y el ciudadano se ha invertido silenciosamente.