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  • La frontera entre el impuesto justo y el impuesto ladrón

    El recaudo fiscal exagerado convierte al estado en una entidad que en muchos sentidos es criminal. Y es que más allá del diezmo (10%) el gasto estatal no mejora la condición de su gente sino todo lo contrario. Bien se ha demostrado que al rebasar el recaudo justo para el encargo constitucional comienzan a pasar muchas cosas perversas, tales como: La economía se ralentiza y el ingreso personal y familiar disminuye, con todo y la supuesta transferencia de una vana asistencia social que alegan dar los politicastros. En síntesis, existe una correlación directamente inversa entre el tamaño del gobierno y la prosperidad; es decir, a más gobierno menos prosperidad.

    En el caso de Panamá, hace rato que padecemos de un maligno neoplasma gubernamental. Y peor cuando con vamos tomando conciencia de que llega el momento en que los aumentos impositivos para alimentar al megalodón estatal termina disminuyendo el recaudo fiscal junto con el bienestar social.

    Richar W. Rahn del instituto para el crecimiento económico global, nos alerta que el aumento de impuestos, tal como el de ganancias de capital, que dependen de una inclinación o disposición de vender bienes raíces o acciones, trastoca y perjudica al país. Si aumentas semejantes impuestos terminas cambiando ciertas actividades económicas y con ello otras que no advertimos y que son económicamente perjudiciales.

    En los EE.UU. bajo el presidente Reagan con impuestos personales al 28% se recaudaba mucho más que con el 70% del presidente Carter. Es análogo a las bombas de agua, que para que funcionen hace falta cebarlas.

    Cuando joven veía las cómicas del Pato Donald y de Rico Mc Pato, que se revolcaba en montañas de monedas de oro. Esas eran y son imágenes graciosas pero falaces, ya que ningún rico cuerdo guarda el dinero así; sino lo invierte y reinvierte, con lo cual va creando más y mejor economía para todos. Lo mismo no se puede decir del gobierno desmedido.

    En los EE.UU. muchos candidatos de izquierda quieren instituir un impuesto a la riqueza, pensando que con ello van a costear sus alucinantes planes de un bienestar utópico. El problema con ello es que la riqueza no es cosa fija sino muy variable y subjetiva; y quienes lo proponen han perdido contacto con la realidad, o peor.

    Creer que el emprendedor exitoso va a seguir invirtiendo y produciendo sólo para que lleguen los diputados a disque “redistribuirlo” es la madre de la ingenuidad. Y, nuevamente, ¿será tan difícil entender que el buen emprendedor es un recuso muy escaso que, como el buen corcel de carrera, corre mucho mejor cuando se le aflojan las riendas? Que el gobierno, por su parte, tiene el encargo de tirar de las riendas de los torcidos y no a los buenos corredores. Pero triste que ni jalar las riendas de los torcidos hacen bien. Y esto último es como los perversos retenes del tránsito que, son análogos a la captura de camarones con redes de arrastre: barren con el lecho marino, trastocando el balance biológico, para capturar unos cuantos camarones.

    En resumen, es triste tener que hablar de impuesto ladrón, porque se supone que el ideal es guardar respeto por la autoridad. Pero, tristemente, la autoridad se gana y luego se mantiene con buenos ejemplos y no con esa propaganda paga que dice cosas como: “Estamos trabajando para ustedes”. No parece.

  • Rappi, la app de delivery colombiana ingresa a la industria financiera

    A principios de este año, el banco japonés SoftBank, desembolsó a la aplicación de delivery colombiana Rappi, 1000 millones de dólares, rompiendo récords de inversión inicial para la región y representando el doble de lo que la compañía había obtenido de todos sus inversores anteriores juntos. Al anunciar la financiación, SoftBank declaró que la puesta en marcha, valorada en 2.500 millones de dólares, sería responsable de «mejorar la vida de millones de personas en la región» e indica un creciente interés extranjero en la región. Uber Eats, el servicio líder de entrega de productos, enfrenta ahora una feroz competencia.

    El dinero de SoftBank ha ayudado además a Rappi a expandirse a 8 países sudamericanos. Fundada en 2015 en Colombia, Rappi opera actualmente en Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Costa Rica, asimismo, la compañía planea llegar a cerca de 100 ciudades para fin de año. Rappi inicialmente ofreció a los conductores 3.500 pesos, alrededor de $1 por cada entrega, suficiente para ganar más que el salario mínimo de Colombia de unos $8 diarios.

    Pues bien, ahora la compañía, además de su expansión geográfica, estaría trabajando en agregar servicios bancarios para sus usuarios, incluyendo préstamos, créditos y seguros. La medida abordaría la extensa población de América Latina que carece de cuentas bancarias, y a los muchos otros que desconfían de las compras en línea.

    «Queremos estar presentes en todos los quehaceres de la vida cotidiana de cada usuario. Desde una simple transacción bancaria o un mínimo requirimiento hasta cuestiones vinculadas con su auto, viajes o temas universitarios», asegura a iProUP Carlos Correa, director de nuevos negocios de Rappi. La compañía está trabajando además en personalizar la experiencia de usuario, reconociendo sus gustos y preferencias para ofrecer sólo los servicios que puedan interesarle al cliente. Soluciones a medida, con dinámicas comerciales propias de cada región.

    A partir de una plataforma que ostenta millones de visitas y por tanto, datos de usuarios cada mes, la app se ha adentrado en los servicios bancarios, primero con RappiCash, su billetera virtual y posteriormente con RappiBank, integrado a todo tipo de soluciones bancarias, para contar con su propio servicio de tarjetas de débito: Visa y un banco aliado que varía según el país, con costo cero de emisión y mantenimiento. Los usuarios más asiduos dentro del ecosistema pueden utilizar el servicio hasta diez veces al día.

    No obstante, una de las opciones más llamativas son los seguros para autos. «Conectamos a los brókers con la demanda. Con un solo clic puede sacarse el seguro, llega la póliza a tu correo y obtenés RappiCréditos para gastar en cualquiera de los otros servicios», expresa Juan Sebastián Rosso, director de asuntos públicos de Rappi.

    Simón Borrero, fundador de la compañía, también ratificó el plan de «romper los estigmas» del mercado regional: «Tenemos un complejo en América latina que hace que nos auto cataloguemos como ‘pobres’. Ponemos límites mentales y nos creemos menos que los chinos o norteamericanos. Es mentira y podemos demostrarlo».

    «En América Latina hay barreras históricas para el acceso a servicios bancarios, con un ecosistema que tiene grandes dificultades de penetración. El mercado está en busca de una mayor inclusión», expresa Rosso. «Nuestra solución brinda transacciones trazables, reducimos el uso de efectivo y mejoramos la formalidad para quienes no podían estar bancarizados», suma un vocero de la empresa.

    «Empresas como Rappi invierten en economías locales y abren oportunidades para restaurantes y emprendimientos locales. Los gobiernos deberían considerarnos como aliados. Si se hace un repaso, esto es bueno para el pueblo y la economía», reafirma Borrero. «Tenemos una estrategia de ingreso en los comercios muy agresiva: ofrecemos comisiones más bajas que el resto del mercado. Y los usuarios reciben de regalo una devolución de parte de lo que pagaron en RapiCréditos», comenta.

    «Rappi pasará a funcionar como un banco. Esto abrirá las puertas a soluciones más rápidas y económicas para comercios y usuarios, gracias al uso del Código QR, tarjetas y transferencias inmediatas, inclusive internacionales», afirmó Matías Casoy, Regional Manager de la marca.

  • El ocaso del estado de derecho

    La sabiduría política, esa que no guarda parentesco con la criolla infecciosa que padecemos, sólo se logra a través de una amarga experiencia de generaciones que pagaron caro el aprendizaje. Y el deterioro de dicha sabiduría comienza con el mal uso de los vocablos a través de los cuales buscamos transmitir ideas claras y concisas. Tal es el caso de la palabra libertad o de la frase ‘estado de derecho’. El ejemplo al cual suelo recurrir a cansancio es el de ese partido político estadounidense que se autodenomina “liberal”, a pesar de que en la práctica sus políticas están lejos de ser cónsonas con una auténtica libertad y así los pueblos van perdiendo el derrotero de la prosperidad social y económica.

    ¿Qué ocurre con la comunicación humana cuando cada quien inventa nuevas y vagas definiciones a los vocablos que permiten un mejor entendimiento entre humanos? Ocurren varias cosas, tales como el que, aunque nos hablamos no nos entendemos. Y en ello vemos que los términos ya no son herramientas del entendimiento, como cuando algunos dicen ser liberales sin serlo. O decir que el neoliberalismo es una tendencia de extrema derecha, cuando en realidad es una tendencia que se inclina a la izquierda.

    Por otro lado, quienes escribimos somos criticados por el uso términos muy “rebuscados” o tal. ¿Será que debemos limitar nuestro vocabulario en vano intento por rescatar a los que van abandonando su idioma?

    En todo caso, la idea que me ocupa hoy es la del significado de la frase “estado de derecho”; frase que originalmente usaban los ingleses para referirse a la libertad, y que hoy día ha ido perdiendo no sólo definición sino preponderancia.

    Hay quienes aducen que en los antiguos pueblos de Grecia o de Roma no había libertad. Sin embargo, el asunto no es tan simple y, en todo caso, el que muchos no entendieran y respetasen los derechos humanos de sus prójimos no significa la inexistencia de esos derechos. A través de toda la historia humana, si buscamos, podremos encontrar ese remanente que entendía y procuraba la libertad. Friedrich A. Hayek cuenta del término “isonomía”, perdido en desuso, que aparecía en 1598 en la obra de John Florio, “World of Wordes”, que significa “igualdad de leyes para toda clase de personas.” También se ha usado la frase, “el gobierno de la ley,” y “estado de derecho.” O, simplemente, las reglas del juego.

    Y si nos vamos a la Grecia antigua encontramos el término “demokratia” con el sentido de un ideal político inclusivo. Lastimosamente con el pasar del tiempo los politicastros fueron degenerando el concepto, tal como hemos visto hoy día en Venezuela, en dónde gran parte de la población no acoge el mandato de la ley, sino que idolatran a un caudillo redentor que nos rescata del sufrimiento. En Panamá lo vemos con tantos que dicen que tal o cual robó, pero le dio al pueblo.

    Sepamos entonces que desde el momento en que una nación no es gobernada por una ley justa, sino por un mandatario que dicta sus propios caprichos, allí no hay libertad, y tampoco democracia.

    Más aún, el estado de derecho puede ser determinado por el tamaño del gobierno; ya que cuando un gobierno excede el tamaño acorde con su encargo, se va transformando en una especie de camaleón que se viste del color de sus propios intereses y no los de su comunidad. En Panamá, por ejemplo, cuando se reparten jamones o hasta casas, el gobierno se convierte en un árbitro de ganadores y perdedores, lo cual dista rotundo de ser estado de derecho. Lo que corresponde al estado es tutelar los derechos humanos luego de lo cual la población deja de procurar su prosperidad por cuenta propia y se sienta a esperar que el gobierno y sus torcidos politicastros resuelvan aquello que son completamente incapaces de resolver, lo cual intentan mediante la confiscación a otros que sí producen.

    Un estado de derecho, nos dijo Hayek, es aquel en dónde las reglas del juego están dadas antes del comienzo del juego. Reglas que permiten a los jugadores conocer cómo los gobernantes electos usarán los poderes coercitivos que les han sido delegados.

    Un estado de derecho es análogo a límite de velocidad en las carreteras, que es para todos. Más aún, y, a fin de cuentas, el estado de derecho es el instrumento que constriñe o limita el poder del gobierno. Tal es el caso que exige autorización de juez cuando se montan retenes, dado que se está afectando una libertad humana fundamental, la de libre tránsito.

    Y no se trata sólo del tamaño del gobierno sino de su alcance; y en dicho sentido vuelve a tomar vigencia el tema de los retenes, que las autoridades pretenden justificar en virtud de una seguridad insegura. El retén mal usado sólo da apariencia y no sustancia. Y aún más allá, todo ese malandar es una pendiente resbalosa que nos conduce a la servidumbre.

    Y al hablar de alcance también deberíamos caer en cuenta de que a medida que inflamos la ley, la vamos viciando en ambigüedades; luego de lo cual la población no sólo deja de entenderla sino de atenderla. Por algo vemos que buena parte de nuestras leyes, comenzando con la constitución, son letra muerta.

    El otro aspecto de la gobernanza desmedida en tamaño y alcance, es el de sus costos impositivos, los cuales recaen en el mismo pueblo que pretende servir, aunque tío pueblo no lo perciba. La masa pueblerina ya sumida en una ausencia de derechos, simplemente supone que mediante mayores impuestos a los “ricos”, se pueden resolver sus carencias. Y pongo el término “ricos” entre comillas, para denotar que su mismo significado es vago; ya que deja una gran área de ambigüedad.

    Y, el impuesto justo es un impuesto justo; en dónde el segundo “justo” no es de justicia sino de tamaño; es decir, aquello que cabe. El impuesto justo es el mínimo cónsono con la tarea; ya que es más económico y no promueve la evasión. A fin de cuentas y, en resumen, los impuestos son excesivos cuando el gobierno mismo es excesivo. Y lo mismo aplica al alcance del gobierno. Y ni hablar de lo que ocurre cuando los gobernantes o sus acólitos se creen expendedores de dádivas. Deleznable pretender que se es solidario o caritativo al repartir aquello que no te pertenece.

  • Jaulas de vidrio

    Jeremías Bentham, entre otras cosas, diseño un Panóptico, una cárcel donde los carceleros podían mirar a todos lados, y vigilar y castigar a todos los presos. Las utopías distópicas, por ejemplo, Nosotros, de Yeleni Zamatin, habla de una sociedad donde la vigilancia del Estado es total, donde la gente vive literalmente en casas trasparentes, donde un Estado Único, dominado por el bienhechor, hace que la gente viva en casas de cristal. George Orwell continúa a Zamatin, y el 1984, habla de una sociedad de vigilancia total, donde cada casa tiene un cuarto que transmite propaganda, pero que también permite que el estado todopoderoso vea y oiga lo que hace cada ciudadano en la calle y en sus casas. El Gran Hermano te observa es el lema omnipresente.

    Hoy, que el fascismo está fuera del poder, pero además es marginal, y que el comunismo está en muy pocos estados, pero todavía tiene sus defensores deseosos de que regresen las eras oscuras del siglo pasado, la tecnología permite a la vez vigilar y evadir la vigilancia del Estado sobre las personas. Y esto es crítico sobre todo con la proliferación de los teléfonos móviles.

    En algún momento de mi vida, un agente de la DEA me dijo que de hecho era más fácil intervenir comunicaciones en teléfonos móviles que en teléfonos de línea, que no me confiara. Recuerdo ver en las noticias cómo durante las reuniones del entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, que ese hacía que dejaran los celulares fuera de las mismas y les quitaran las baterías. Me pareció paranoia, hasta que me dijeron personas que saben, que había tecnología para usar un celular contra su propio dueño, para poder escuchar sus conversaciones, leer los mensajes de texto, voz y video. No sólo eso, sino que era posible usar un celular como micrófono y cámara sin el conocimiento de su propio dueño. Por eso Fujimori pedía no sólo que apagaran los celulares, sino que les quitaran la batería.

    Ahora nos damos cuenta de que el expresidente de Panamá Juan Carlos Varela ha sido víctima del espionaje en su teléfono móvil. Es lamentable, pero también ha sido una herramienta que tienen los ciudadanos de a pie para darse cuenta los manejos tras bastidores del poder. Lo cual nos lleva a la pregunta filosófica, ¿deben estar los funcionarios o exfuncionarios o personas políticamente expuestas a la misma protección de la intimidad que los ciudadanos de a pie o la asimetría del poder debe hacer que las protecciones hacia los derechos de los ciudadanos de a pie deban ser mayores que las de los funcionarios que tienen la facultad de vigilar y castigar. ¿Deben los custodiados tener el derecho de por lo menos poder vigilar a sus custodios?

    El caso de Julián Assange y Chelsea Manning es claro. Manning filtró informaciones clasificadas secretas sobre las guerras de Irak, Afganistán y sobre los manejos diplomáticos de las embajadas de los Estados Unidos en el Mundo. Claramente esto fue traición por parte de Manning a su deber como militar de guardar secreto, (aunque podría ser discutible si prefirió priorizar sus principios éticos sobre la libertad antes que obedecer una orden estatal), ¿pero Assange?, un ciudadano extranjero, australiano para ser exacto, con un site de internet, Wikileaks, donde publicaba todo tipo de información secreta de diversos gobiernos del mundo, exponiendo casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos porque como ciudadano extranjero, no tiene ninguna obligación legal con el gobierno de los Estados Unidos.

    Acusar a Assange de traición o de espionaje es un exabrupto. Quizás su único error verdadero fue prestarse como tonto útil de enemigos o rivales de los Estados Unidos, como Putin, por ejemplo. Lo cual hizo cuestionar la neutralidad de WikiLeaks. Pero perseguir a una persona porque publica información que otros extrajeron de otros estados es un exabrupto, los ciudadanos de terceros estados no están obligados a proteger los secretos de otros estados, sobre todo si éstos implican delitos.

    El caso Snowden es similar al de Manning, el como empleado del espionaje norteamericano tenía una obligación de guardar secreto, aunque lo que hizo, exponer el espionaje a los medios probablemente era éticamente correcto.

    Contrasta esto con el caso Watergate, donde la sede de un partido político en la oposición es espiada por funcionarios del gobierno. O con el Caso de los Panamá Papers, donde un millonario, cercano al poder político en los Estados Unidos organiza un robo de información perteneciendo a miles de personas particulares, para que luego una agencia del gobierno de los Estados Unidos, y una fundación presidida por otro millonario cercano al poder, creen un consejo de periodistas independientes, para investigar la vida privada de los clientes de Mossack y Fonseca.

    En los primeros casos, un funcionario traiciona al estado, pero ayuda a los ciudadanos siendo espiados, en el segundo, el estado espía ilegalmente a los ciudadanos para favorecer a personas en particular o mejor dicho, en palabras de Foucault, vigilar y castigar.

  • Nuevo servicio de pago Facebook Pay permitirá el envio de dinero sin comisiones a través de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger

    Facebook acaba de anunciar Facebook Pay, un sistema de pago único que se vincula con todas las aplicaciones bajo el paraguas de FB: Messenger, Instagram, WhatsApp y, por supuesto Facebook para secciones como Marketplace. El servicio estará separado de la nueva billetera Calibra de Facebook y de la red Libra.

    Facebook Messenger ya tenía un servicio llamado Pagos que permitía a las personas enviar dinero desde sus cuentas bancarias, pero no admitía las principales tarjetas de crédito. Facebook Pay aceptará la mayoría de ellas, incluidas Visa, Mastercard, y los usuarios también pueden conectarlo a una cuenta de PayPal. Facebook afirmó que PayPal, Stripe y otros socios internacionales procesarán los pagos de Facebook Pay. Agregando un método de pago una vez, funcionará en cualquiera de las aplicaciones para las que lo habilite.

    La compañía planea comenzar a implementar Facebook Pay en Messenger y Facebook en los Estados Unidos esta misma semana. Inicialmente estará disponible para pagos de persona a persona, boletos para eventos, compras de juegos y algunas compras de páginas y negocios que operan en Marketplace, incluso para donar a recaudadores de fondos. «Con el tiempo, planeamos llevar Facebook Pay a más personas y lugares, incluso para su uso en Instagram y WhatsApp», explica Deborah Liu, vicepresidenta de mercado y comercio de Facebook. «Queremos asegurarnos de que sea realmente claro para las personas, que comprendan que estos son productos unificados». La consolidación es parte del intento de la compañía de aumentar la conciencia sobre las propiedades que posee y mostrar que es una marca consistente, según Liu.

    Facebook Pay llega solo semanas después de que una gran cantidad de compañías de pago abandonaran el proyecto Libra. PayPal, que apoya Facebook Pay, fue una de las primeras empresas en distanciarse de la Asociación Libra, la organización sin fines de lucro que supervisa la creación de la criptomoneda y su implementación.

    Facebook Pay proporcionará un historial de transacciones y detalles de pago en toda la familia de aplicaciones de Facebook, pero no será visible para el público a menos que elija compartirlo. Los datos de la tarjeta de crédito se cifrarán y los usuarios de Facebook Pay pueden optar por bloquear su cuenta con un pin. Sin embargo, Facebook declaró que los datos recopilados de las transacciones de Facebook Pay podrían usarse para futuros anuncios de interés del usuario.

    Facebook afirmó que Facebook Pay no está relacionado con los planes de la compañía para lanzar una criptomoneda. Si bien Facebook quiere que Libra sea una alternativa a los dólares estadounidenses y otras monedas nacionales en el futuro, dijo que el pago de Facebook dependerá de «la infraestructura financiera y las asociaciones existentes».

    «Facebook Pay es parte de nuestro trabajo continuo para hacer que el comercio sea más conveniente, accesible y seguro para las personas en nuestras aplicaciones», dice Liu. «Continuaremos desarrollando Facebook Pay y buscaremos formas de hacerlo aún más valioso para nuestros usuarios».

  • La India avanza a pasos enormes en sus políticas de inteligencia artificial y blockchain

    El Estado indio Tamil Nadu propone un reglamento para Blockchain e Inteligencia Artificial

    El estado del sur de India, Tamil Nadu, famoso por su arquitectura de templo de estilo dravidiano y sus extensas costas, está trabajando en una política a nivel estatal para dos tecnologías emergentes clave, blockchain e Inteligencia Artificial (IA), que están interrumpiendo en las políticas públicas y la gobernanza. A la espera de las aprobaciones, los funcionarios anticipan su lanzamiento en ocho a diez días.

    Tamil Nadu, se ha dado cuenta del potencial de la tecnología para abordar tareas complejas de una manera más eficiente e inteligente, y decidió trabajar en políticas a nivel estatal para
    su seguridad y despliegue ético.

    Tamil Nadu se convertirá en el primer Estado en emitir políticas de inteligencia artificial y blockchain en India a medida que el Estado se prepara para revisar los sistemas públicos y la gobernanza en todo el país. “Estamos trabajando en políticas separadas sobre blockchain e IA. La política de IA será quizás la primera política del mundo que aborde el uso seguro y ético de la IA», dijo Santosh Misra, CEO de la agencia de gobierno electrónico de Tamil Nadu (TNeGA).»No tenemos un criterio para medir nuestro desempeño, ya que ningún otro país ha abordado oficialmente los puntos débiles de estas tecnologías emergentes», agregó. El Estado está interesado en mantener las todas las implicaciones de Blockchain e Inteligencia Artificial bajo control, y por lo tanto, «las políticas se implementarán teniendo en cuenta la seguridad y la ética», afirmó Misra.

    Mientras tanto, el Estado ha ejecutado aplicaciones exitosas de blockchain en varios niveles de administración y gobierno. Algunos de sus logros notables incluyen la introducción de un sistema predictivo, diseñado por TNeGA, que permite que la prestación de servicios del gobierno prediga mejor los requisitos de los servicios electrónicos a sus ciudadanos y emita certificados de identidad, incluso sin que los ciudadanos lo soliciten. Otra etapa exitosa con inteligencia artificial ha sido el sistema de asistencia escolar potenciado por IA para los estudiantes, que hará un seguimiento efectivo de sus actividades y ahorrará casi 45 minutos del proceso de asistencia.

    En cuanto a la legislación vigente, Tamil Nadu no es la primera de su tipo en el país. Estados como Maharashtra, Telangana y Andhra Pradesh ya han implementado la regulación de la tecnología blockchain y el año pasado, otro estado del sur de la India, Andhra Pradesh, adoptó voluntariamente blockchain para racionalizar su sistema de propiedad de la tierra, un sector que de otro modo se ve envuelto por la corrupción institucionalizada.

    Se espera que las nuevas políticas de IA y blockchain de Tamil Nadu establezcan un nuevo precedente sobre cómo establecer un marco o pautas de trabajo estándar al implementar las últimas tecnologías a nivel de gobierno estatal. Si todo va bien, resultará ser un ejemplo de cómo el gobierno puede explotar los beneficios de la tecnología para la prestación de servicios y abordar los problemas de gobernanza, sin realizar una violación ética. Queda por ver si se adopta o no la legislación nacional blockchain en toda la India.

  • JPMorgan y la Autoridad Monetaria de Singapur desarrollan un sistema blockchain para pagos transfronterizos en múltiples monedas

    La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), el Banco Central del país, el gigante de la banca de inversión JPMorgan y la compañía de inversión estatal de Singapur Temask, anunciaron este lunes el desarrollo de un prototipo para pagos transfronterizos que permite que los pagos se realicen en diferentes monedas en la misma red. Este nuevo sistema se construyó utilizando la tecnología blockchain y se desarrolló como parte de la iniciativa Project Ubin.

    Este prototipo es parte de la quinta fase del proyecto, que comenzó en noviembre de 2016 como un esfuerzo de colaboración entre MAS y la industria de servicios financieros de Singapur para explorar la tecnología blockchain para la compensación y liquidación de pagos y valores.

    “JP Morgan está emocionado de ser un socio de infraestructura de MAS y Temasek para la Fase 5 del Proyecto Ubin. Al aprovechar nuestros aprendizajes clave al construir la Red de Información Interbancaria (IIN) y la Moneda JPM, JP Morgan está bien posicionado para apoyar el desarrollo de una red de pagos basada en blockchain y operar a escala», dijo John Hunter, jefe global de compensación e IIN en JPMorgan.

    Este proyecto lleva más de tres años en fase de desarrollo. La segunda fase del proyecto se anunció por primera vez en 2017. El enfoque original del proyecto era digitalizar el dólar de Singapur utilizando la tecnología blockchain. Después de que las pruebas iniciales demostraron ser positivas, especialmente relacionadas con los sistemas de liquidación que muestran información en tiempo real, los desarrolladores incluyeron un nuevo grupo de aplicaciones para probar con la plataforma. Ubin ahora está listo para pasar a su quinta y última etapa, que «proporcionará interfaces para que otras redes blockchain se conecten e integren sin problemas».

    El objetivo final de este sistema será emitir tokens digitales o moneda digital del banco central (CBDC). La prueba inicial reveló que la plataforma ha tenido bastante éxito y los resultados de la segunda, tercera y cuarta fases de la prueba deberían revelarse a principios de 2020, cuando el gigante tecnológico Accenture publicará el informe que incluirá los resultados de la prueba y también agregará los beneficios de la tecnología basada en blockchain y características adicionales que proporcionará la red.

    La red de pago multidivisa se está sometiendo a pruebas en la industria para ver qué tan bien se puede integrar con las aplicaciones comerciales de blockchain. Hasta la fecha, MAS ha contratado a más de 40 empresas financieras y no financieras para explorar los beneficios potenciales de la red.

    El director ejecutivo de FinTech de MAS, Sopnendu Mohanty, dijo que «cada vez hay más pruebas de que las redes de pagos basadas en blockchain pueden mejorar la eficiencia de los costos y crear nuevas oportunidades para las empresas». El MAS tiene la esperanza de que el desarrollo del prototipo alentará a otros bancos centrales a realizar pruebas similares. “Haremos públicas las especificaciones técnicas para acelerar estos esfuerzos. Esperamos conectarnos con más redes blockchain para mejorar la conectividad transfronteriza. Este será un gran paso adelante para hacer que las transacciones transfronterizas sean más rápidas, más baratas y más seguras”, dijo Mohanty.

  • Uruguay rastreará la producción de cannabis con Aeternity Blockchain

    Blockchain está revolucionando la forma en que hacemos negocios, y podría tener también grandes beneficios para la industria del cannabis. ‘Æternity’, la cadena de bloques de código abierto de próxima generación para crear aplicaciones de cifrado descentralizadas (DApp) radicada en Liechtenstein, anunció recientemente que está creando una plataforma de gestión de la cadena de suministro utilizando blockchain para el comercio de cannabis. La compañía em5prenderá la iniciativa junto con Uruguay Can, una de las principales compañías de producción de marihuana de América del Sur.

    La implementación de Æternity permite el registro y el seguimiento de las cepas de cannabis desde la semilla hasta el producto final, combinando la tecnología de IOT (Internet of Things) y blockchain para permitir la posibilidad de crear aplicaciones descentralizadas. Con estos nuevos servicios, los consumidores pueden estar seguros de que los productos que han comprado han sido controlados y cumplen con la normativa vigente.

    El CEO de Æternity Americas, Pablo Coirolo, explicó que la tecnología blockchain puede proporcionar seguridad y confianza sobre la calidad del cannabis medicinal y recreativo. Coirolo afirmó: “Queremos ser los primeros en ofrecer una solución a nivel comercial en asociación con proveedores de tecnología líderes y productores, procesadores y distribuidores de cannabis. La tecnología de Æternity es ideal para rastrear todo el proceso de producción de cannabis, desde la semilla hasta el crecimiento completo de la planta, a lo largo de toda la cadena de suministro, lo que garantiza la seguridad del consumidor y el cumplimiento de las regulaciones».

    En diciembre de 2013, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar por completo la producción y venta de marihuana. Con una población de solo 3.4 millones enclavada entre dos gigantes vecinos, Brasil y Argentina (con poblaciones de 208 y 43 millones respectivamente), Uruguay ha sido pionero en América Latina en la legalización de la marihuana tanto recreativa como medicinal. De hecho, el gobierno controla el mercado del cannabis vendiendo diferentes productos a través de farmacias en todo el país. Argentina, por ejemplo, aprobó el uso de marihuana medicinal, pero Brasil solo legalizó una marca específica para operar en el mercado.

    El informe explica que la primera fase de esta implementación entre Uruguay Can y Aeternity comenzó el mes pasado y se espera que se complete en enero de 2020, confiando en su implementación completa para la primera mitad del próximo año.

    Para el CEO de Uruguay Can, Eduardo Blasina, esta asociación con Æternity es un hito importante para la industria: «Estamos orgullosos de ser la primera empresa en Uruguay que puede garantizar la calidad de nuestros productos de manera transparente y verificable. La capacidad de rastrear la fuente y la forma en que se produce el cannabis es beneficiosa tanto para la industria del cannabis y farmacéutica como para sus consumidores y usuarios finales, quienes deberían sentirse más seguros sobre el producto que están consumiendo», agregó.

    Una demostración más de la política progresista de Uruguay son las recientes iniciativas de «democracia líquida», también apoyadas por Æternity, en el que la compañía europea se ha asociado con el Partido Digital de Uruguay para ofrecer procesos democráticos y de votación basados ​​en blockchain. Según este sistema, más ciudadanos podrán participar en el sistema político del país de manera clara y descentralizada. Este modelo también abarcaría tokens digitales y contratos inteligentes para fines de gobierno interno.

  • El fetiche de la Constituyente Originaria

    El difunto Carlos Rangel dijo una frase lapidaria, “En América Latina se ha elevado la mentira a nivel constitucional”.  Veámoslo así. Los Estados Unidos en sus 200 años de existencia, sólo han tenido una sola Constitución, con algunas enmiendas. El Reino Unido no tiene constitución escrita, aunque sí tiene actos constitucionales, leyes especiales que la tradición les ha dado mayor jerarquía que otras leyes. Lo mismo pasa con Nueva Zelanda e Israel. En cambio, notaba Rangel, el fetichismo de los abogados y leguleyos latinoamericanos, por el Contrato Social de Rousseau, y las constituciones perfectas como la solución desde arriba de los problemas políticos y sociales han generado muchas Constituciones. Rangel llama esta tendencia, “las Repúblicas de Papel”, y decía que los latinoamericanos no entendían para qué rayos se hace una Constitución.

    En el Reino Unido, la Carta Magna, y el Bill of Rights, eran limitaciones del poder del soberano sobre las vidas y libertades de los gobernados. En América Latina las constituciones son más bien legitimaciones del poder del Estado sobre los ciudadanos. Básicamente las nuevas constituciones surgen más que todo, cuando un nuevo gobernante busca legitimar a nivel constitucional a la coalición de fuerzas que lo llevó al poder. Si fuera por tener constituciones perfectas ya deberíamos haber creado la Constitución Perfecta hace rato. Total, la Constitución latinoamericana más antigua es la de Haití, del 9 de mayo de 1801 (un documento excepcional, porque la isla aún era colonia francesa y reconocía esa dependencia; pero creaba, sin embargo, una república con división de poderes, proclamaba los derechos del hombre y del ciudadano e incluía algo impensable en el continente de aquella época: declaró la libertad de los esclavos, abolió toda servidumbre, proclamó la igualdad social y la de todos ante la ley);Venezuela, del 21 de diciembre de 1811; Quito, del 15 de febrero de 1812; y México (Apatzingán), del 22 de octubre de 1814. Significa que en más de 200 años de vida independiente los países han tenido varias constituciones, en muchos casos más de 10. En los últimos años, Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador han tenido nuevas constituciones. Ninguna región del mundo ha tratado de tener la Constitución perfecta y fracasado tantas veces como en Latinoamérica. Las repúblicas de Papel solo terminan siendo repúblicas de papel, porque la constitución no escrita de la gente que le ponga límites al poder no existe en la región. Constituciones no escritas serían impensables, además el positivismo jurídico imperante y el contractualismo rousseniano lo harían imposible.

    Esto es agravado por la tendencia dominante a las llamadas constituciones sociales, como la mexicana de 1917 y la de Weimar de 1919. Estas marcan una tendencia importante.

    Primero, antes de estas, las constituciones tenían dos asuntos, una carta de derechos individuales que fijaban límites a la acción estatal sobre las personas, y una carta que estructura los poderes del Estado y sus balances y contrapesos. Las constituciones sociales, además, incluyen los llamados derechos sociales y los derechos humanos de tercera generación o derechos difusos. A diferencia de los derechos individuales, que son normas estrictas de no hacer para el estado, los derechos sociales y de tercera generación suelen ser normas más vagas, que imponen o justifican conductas expansivas del Estado sobre la sociedad. Para garantizar educación, salud gratuita y vivienda digna, por ejemplo, el estado debe tomar recursos de unas personas y entregarlas a otras. O imponer coactivamente regulaciones a grupos de personas. Esto ha logrado que las constituciones sociales no sean incompatibles con estados autoritarios. La Constitución Mexicana de 1917 fue la sustentación del régimen del Partido Revolucionario Institucional por 60 años. La Constitución de Weimar llevó poco a poco a los nazis al poder, los cuales nunca cuestionaron sus aspectos sociales, aunque sí eliminaron todas sus garantías individuales. Así que una constitución social no es incompatible con una dictadura. Mas bien la legitimiza, como pasó con la Constitución Panameña de 1972, surgida en medio de una dictatura.

    Por lo tanto, la vía de cambiar regularmente de Constituciones ha fracasado en garantizar tanto el desarrollo como la estabilidad política de Latinoamérica.

    ¿Entonces por qué el fetiche de la constituyente originaria?

    Primero, el contractualismo de Rousseau, que establece que el Estado debe ser producto del contrato social que represente una Voluntad General, donde la Constituyente Originaria debe ser la ilustre ágora, donde todas las tendencias, grupos étnicos, élites, intereses, regiones del país deben estar representadas. Donde mágicamente, producto de una discusión socrática y el diálogo, se van a llegar a consensos que harán que salga un nuevo contrato social que mágicamente sea la piedra angular de una nueva pirámide del Kelsen, que logre refundar el andamiaje político del país, y con el país.

    Segundo, la herencia del positivismo jurídico de Kelsen, quien recordemos que tuvo que exiliarse de Alemania cuando la República de Weimar cayó en manos de los nazis. Para que el sistema jurídico sea perfecto, la Constitución su piedra angular tiene que serlo, y el derecho escrito es el derecho y punto. Nada de normas tradicionales o derechos naturales. Todo es producto de una construcción social. Y la sociedad constituyente no tiene límites. Una constituyente originaria por lo tanto no debe tener límites. Nada de reformar graduales esos son despectivamente llamados “parches”, nada de constituyentes paralelas porque el Estado sigue existiendo y este no puede estar por encima de la Voluntad Popular.

    Una constituyente originaria es literalmente un golpe de estado, pues los poderes existentes del Estado no pueden estar por encima de la Voluntad general del pueblo, lo que deja la interrogante de qué va a pasar en el país los meses o años que duren una constituyente originaria. O sea que por ese período vamos a tener un Estado y una pirámide de Kelsen descabezados con la paralización del país.

    La otra gran interrogante sobre una Constituyente Originaria es que esta representa a la Voluntad General. El problema es que no hay manera de garantizar que los constituyentes representen de hecho la voluntad general. Porque no sabemos cómo los vamos a elegir todavía, las sirenas de constituyente originaria hablan mucho de llegar a la misma, pero curiosamente, dan muy pocos detalles de cómo vamos a elegir a los constituyentes, cómo van a deliberar, por cuánto tiempo, cómo se van a aprobar los resultados, y qué cosas quieren incluir en la nueva constitución. Y eso, curiosamente, huele a estafa, porque cuando te presentan algo como bueno sin mostrarte los detalles o la letra menuda, es porque te quieren estafar.

  • Europa liderará desde el 2020 un esquema de certificación global en blockchain de materias primas

    Un grupo de organismos y empresas europeas ha unido esfuerzos para crear el primer esquema de certificación global que garantice estándares consistentes de impacto ambiental, social y económico en toda la cadena de valor de las materias primas.

    CERA (Certificación de materias primas), concebida por la firma alemana de ingeniería y consultoría DMT Group, cuenta con el apoyo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, Volkswagen, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC), EIT RawMaterials, Fairphone e instituciones de investigación de todo el continente.

    DMT elaboró ​​por primera vez los planes para CERA en 2015. Los proyectos piloto que abordan la sostenibilidad en la extracción de litio y cobalto comenzarán a finales de este año. CERA también está buscando socios de proyectos piloto para su certificación de cadena de custodia, que se lanzará el próximo año.

    Gracias a CERA, cada mineral tendrá su propia certificación. CERA simplifica las cosas con cuatro certificados: su estándar de preparación evalúa «exploración y evaluación», su estándar de desempeño, «minería, procesamiento y refinación», el de cadena de custodia «productos comercializados y la explotación minera»,  y su norma de producto final «producto final y sus componentes».

    En el campo de los minerales es muy importante contar con un certificado que acredite las diferentes informaciones relacionadas con la extracción de materias primas: por ejemplo, en la ubicación geográfica de la extracción, el proceso de extracción y la calidad del ambiente de trabajo, información que es fundamental para ver y controlar las actividades de las empresas, especialmente si adoptan métodos poco ortodoxos para obtener el máximo beneficio.

    Los consumidores y los inversores presionan cada vez más a las empresas para que demuestren que los minerales se obtienen sin abusos de los derechos humanos, pero el seguimiento de las materias primas a lo largo de su viaje es un desafío. Actualmente existen al menos 40 métodos de certificación diferentes solo para la industria minera y el número aumenta exponencialmente al considerar toda la cadena de valor. Algunos son específicos de una región geográfica, proceso o preocupación humanitaria, mientras que otros abordan un solo mineral. Una barrera adicional para que funcionen las certificaciones actuales es que la mayoría de ellas son complejas, costosas e inconsistentes, dice Andreas Hucke, Director del Proyecto CERA, Jefe de Sostenibilidad de Materias Primas en DMT.

    «Esto da como resultado diferentes enfoques sobre cómo se definen la sostenibilidad y la ética de un país a otro, de mineral a mineral y de empresa a empresa», dice Hucke. “CERA resuelve el problema de la complejidad e inconsistencia de los estándares de sostenibilidad de las materias primas. Estamos orgullosos de haber desarrollado el esquema de certificación más completo que existe y del impacto positivo ético, ambiental y de sostenibilidad en el que CERA contribuirá».

    El proceso de certificación se llevará a cabo utilizando una cadena de bloques privada, mientras que su verificación y búsqueda estarán disponibles en una cadena de bloques pública. La tecnología, la misma que subyace a las transacciones de criptomonedas, proporciona un registro compartido de datos en poder de una red de computadoras individuales en lugar de una sola parte.

    En las próximas semanas, CERA identificará socios de proyectos piloto para la cadena de custodia. Los proyectos piloto formales de CERA que abordan la sostenibilidad en la exploración, extracción y procesamiento de litio y cobalto comenzarán a fines de 2019, recibiendo solicitudes a partir de 2020 y emitiendo los primeros certificados en 2021.