La caída de Jensen Huang (ahora ex CEO Nvidia) tiene todos los ingredientes de una historia demasiado atractiva para consumirla sin una buena dosis de desconfianza: relaciones extramatrimoniales, sospechas de espionaje chino, vendedores en corto, restricciones comerciales y una empresa convertida en pieza de la política internacional. Falta que alguien anuncie la adaptación a Netflix. Entretanto, conviene separar lo que sabemos de lo que distintos interesados necesitan que creamos.

Nvidia comunicó la salida de Huang como presidente, consejero delegado y miembro del consejo, efectiva desde el 11 de noviembre. Colette Kress, hasta entonces directora financiera, asumió interinamente la conducción. Termina así una etapa empresarial extraordinaria, aunque las razones últimas de esta salida todavía requieren bastante más explicación que un comunicado de transición.

La crisis venía creciendo por las informaciones sobre una relación de Huang con Alice Huang, vinculada a la empresa Megaspeed y sospechosa, según fuentes citadas por la prensa, de trabajar para la inteligencia china. Después aparecieron informaciones sobre otra relación con una ejecutiva de Nvidia que dependía de él. Son cuestiones distintas, aunque hayan terminado dentro de la misma trituradora mediática. Una sospecha de espionaje, una relación privada y un posible conflicto de intereses dentro de una empresa no son categorías intercambiables.

Hay un detalle que merece conservarse antes de que desaparezca bajo los titulares. El 8 de noviembre, el propio consejo de Nvidia anunció una investigación independiente y afirmó que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos empresariales o la seguridad nacional. También manifestó confianza en Huang. Eso no prueba que no haya ocurrido nada; establece qué decía públicamente la empresa apenas unos días antes de su salida. La investigación anunciada tampoco equivale a una conclusión de culpabilidad.

Mi desconfianza empieza cuando una historia todavía incompleta llega acompañada de un reparto de buenos y malos perfectamente terminado.

Desde una mirada libertaria, el problema más interesante es cómo una empresa que desarrolla tecnología acaba dependiendo tanto de decisiones políticas. Washington decide qué puede vender; Pekín decide qué puede comprarse. Entre ambos aparecen permisos, excepciones, intermediarios y empresarios obligados a cultivar relaciones con quienes administran las barreras.

Pedir que se elimine una prohibición comercial es perfectamente compatible con defender el mercado. Obtener un permiso particular gracias a la proximidad con el gobernante plantea otra cuestión. La diferencia está entre reclamar libertad para todos y negociar una excepción para uno mismo.

El antecedente del acuerdo anunciado en agosto de 2025 resulta revelador: según Reuters, Nvidia y AMD aceptaron entregar al Gobierno estadounidense el 15% de determinados ingresos por ventas de chips a China, en un arreglo relacionado con las autorizaciones de exportación. La información se refería, entre otros, a los H20 de Nvidia.

Cuesta no levantar una ceja. Si existe un riesgo de seguridad, corresponde explicar cómo se reduce. Cobrar un porcentaje de la operación, por sí solo, no vuelve menos peligroso un semiconductor. La seguridad nacional merece argumentos algo más convincentes que una comisión.

Y tampoco compraría sin matices la idea de que China ya no quiere chips de Nvidia.

El 5 de noviembre, Reuters informó, citando fuentes conocedoras de la situación, de unos 600.000 H200 acumulados en Hong Kong mientras Pekín demoraba las autorizaciones para importaciones a gran escala. El mismo reportaje describía demanda de las empresas chinas y la voluntad del Gobierno de limitar su dependencia tecnológica.

Esa diferencia importa mucho. Un gobierno puede querer autonomía estratégica mientras sus empresas necesitan capacidad de cálculo para competir hoy. Decir que “China no quiere comprar” borra ese conflicto y le atribuye a todo un país una única voluntad. Para quienes desconfiamos de la planificación estatal, sería una simplificación bastante curiosa.

Además, Reuters había informado en octubre de pedidos de ByteDance, Alibaba y Tencent por más de tres millones de tarjetas RTX PRO 5500, con un valor conjunto de catálogo superior a 35.000 millones de dólares. Eran pedidos sujetos a disponibilidad, no ventas ya consumadas, pero difícilmente describen indiferencia hacia Nvidia.

Luego está la pregunta incómoda: ¿hay alguien ganando dinero con este derrumbe?

Había, al menos, una apuesta bajista declarada. Culper Research publicó el 13 de mayo un informe crítico sobre la exposición de Nvidia a China. Sostenía que la demanda china seguía alimentando parte del negocio mediante intermediarios y desvíos de chips, y cuestionaba la relación de Huang con Alice Huang. La firma declaró entonces que estaba posicionada contra la acción. No está confirmado cuánto ganó ni si conservaba esa posición cuando estalló la crisis. Sus acusaciones tampoco quedan demostradas por la posterior caída del ejecutivo.

Esto exige escepticismo, pero en las dos direcciones. Quien publica una investigación mientras apuesta a la baja tiene un interés económico evidente. También lo tiene quien recomienda comprar mientras posee acciones. El interés obliga a revisar la evidencia; no permite descartarla automáticamente.

Desde una posición favorable al mercado, sería incoherente tratar al vendedor en corto como un delincuente por ganar cuando otros pierden. Puede detectar problemas que el entusiasmo colectivo prefiere ignorar. Otra cosa sería fabricar acusaciones o utilizar indebidamente información reservada. Para afirmar eso hacen falta pruebas.

Por ahora, no encontré evidencia pública suficiente para sostener que gobiernos, fondos o competidores hayan coordinado una operación para hundir Nvidia. Hay incentivos para aprovechar la crisis. La existencia de esos incentivos justifica investigar, no dar la investigación por terminada.

También merece atención el argumento económico de Culper: si parte de la demanda china ya llegaba indirectamente a Nvidia, presentar una reapertura comercial como negocio enteramente nuevo podría exagerar el crecimiento potencial. Es una hipótesis que exige contrastar destinos finales, ingresos y canales de distribución. Tiene bastante más sustancia que limitarse a contar fotografías comprometedoras.

¿Debía renunciar Huang?

Una infidelidad, por sí sola, no me parece una razón suficiente para exigir la cabeza de quien dirige una empresa. Los accionistas no contratan un modelo de virtud matrimonial. Sí tienen derecho a exigir que sus decisiones personales no introduzcan conflictos ocultos, comprometan información o deterioren los controles internos.

Si hubo una relación no declarada con una subordinada, favoritismo, ocultamiento relevante o exposición empresarial irresponsable, habría razones serias para apartarlo. Si existían riesgos inmediatos pendientes de esclarecer, una separación temporal también era una alternativa defendible. Pero la información pública disponible no permite afirmar que la renuncia definitiva fuera la única salida razonable.

El consejo puede haber conocido hechos que todavía ignoramos. También puede haber reaccionado a una presión reputacional imposible de contener. No conviene rellenar ese vacío con certeza retrospectiva.

La responsabilidad de un fundador no desaparece porque haya creado una empresa extraordinaria. Y la extraordinaria dimensión de una empresa tampoco convierte cada acusación contra su fundador en una verdad.

Lo que sí deja esta saga es una pregunta bastante menos cinematográfica: cuánto valor empresarial termina dependiendo de relaciones personales con quienes conceden permisos políticos.

Cuando eso ocurre, los accionistas tienen que evaluar los chips, los clientes, los márgenes y, además, el humor de dos gobiernos. Demasiada política dentro de un balance.

Yo seguiría mirando los hechos con un grano de sal. Y reservaría una buena parte del salero para quienes presentan la alianza entre gobiernos y grandes empresas como una garantía de prosperidad.